Junta de Andalucía: corrupción en fundaciones y pagos en prostíbulos

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Ruta por los prostíbulos pagados durante seis años con fondos públicos de la fundación Faffe

ANTONIO R. VEGA / M. MOGUER

Acudir a clubes de alterne con dinero público no fue un hecho aislado sino una rutina
. Durante seis años, el exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando José Villén Rueda, disfrutó de seis tarjetas de crédito para gastos de representación con las que se pagaban fiestas en prostíbulos. En tres de las tarjetas asignadas a este ex alto cargo de la Junta de Andalucía se contabilizaron hasta 43 abonos en cinco «locales para adultos» —como los denomina la Guardia Civil— ubicados en Sevilla, Chiclana (Cádiz) y Córdoba.

Los pagos se elevaron a 31.969 euros, a los que se suma otro en efectivo de 306 euros, y se realizaron entre el 20 de octubre de 2004 y el 23 de marzo de 2010, según revela un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El gasto en «locales donde se ejercía la prostit*ción» supuso «el mayor importe financiado con tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe», una fundación disuelta en 2011 por la Consejería de Empleo dedicada a la formación de parados.

El desglose de los gastos efectuados permite trazar una ruta por los establecimientos para adultos pagados con fondos públicos.

DON ANGELO
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Don Angelo era el club de alterne donde más veces se utilizaron las tarjetas de la Faffe. Durante la noche del 22 de marzo de 2010 y la madrugada del día siguiente, Fernando Villén, entonces director de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), realizó 15 pagos con su tarjeta opaca de representación. En algo menos de seis horas, entre las 20.57 hasta las 2.43 horas, cargó a la tarjeta hasta 14.737 euros. Acudió en cinco ocasiones más a este local ubicado muy cerca del estadio bético, el Benito Villamarín, en el capital sevillana.

En total se gastó 25.277 en este local de adultos ya clausurado. «Algo más de dos días más tarde, utilizando la misma tarjeta, se efectúan operaciones de anulación de cargos, es decir, de devolución de todos los importes cargados», detalla el atestado policial. El dueño del establecimiento declaró a la Guardia Civil que no tenía constancia de devolución alguna. Pero la información bancaria lo desmiente. A juicio de los investigadores, esta afirmación del propietario «no se ajustaría a la realidad».


TOP SHOW GIRLS

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En este burdel de Sevilla se realizaron seis abonos por importe de 2.591 euros en una sola noche entre el 17 y 18 de mayo de 2005. El domicilio social de esta empresa, llamada establecimiento Electro Dance S.L., está en la localidad pacense de Mérida. Se encuentra en la barriada de Bellavista (Sevilla).

LA CASITA
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En este local de alterne se pagó con la tarjeta en una ocasión el 8 de noviembre de 2005. Se contabilizó un gasto de 780 euros en un solo día, según revela el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El establecimiento está radicado en al calle María Fulmen de la capital sevillana. Su propietario es Ignacio Carrasco Pérez. El objeto social de la empresa que lo regenta, Restaurante I. Carrasco, son «las artes escénicas».

SALA DELUX
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El exdirector de la fundación, Fernando Villén, realizó dos abonos con su tarjeta de representación los días 7 y 9 abril de 2006, en el prostíbulo Pub La Movida, conocido como Sala Delux. Está situado en el polígono El Granadal en la calle Platino. Uno de los abonos fue de 1.120 euros y otro de 271, según la investigación policial. En total se gastaron 1.390 euros en este local de Córdoba.

BAHÍA 2

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Hasta en seis ocasiones se empleó la tarjeta de representacion de la Faffe en este club de alterne de Chiclana de la Frontera (Cádiz) entre el 11 y 12 de abril de 2008. El gasto en una sola noche ascendió a 1.930 euros. Está ubicado en la avenida del Mueble, kilómetro 3,6.

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Así era la Faffe, una fundación de la Junta de Andalucía con gastos en prostíbulos

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo estuvo funcionando desde 2003 hasta 2011, cuando quedó integrada en el Servicio Andaluz de Empleo

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Fernando Villén, que fuera director de la Faffe, reconoció haber pagado en prostíbulos con dinero público



¿Qué es la Faffe? El nombre de este organismo está en toda las informaciones desde hace semanas al descubrirse que sus directivos estuvieron seis años pagando en prostíbulos con dinero público que venía de tarjetas opacas. Pero, ¿a qué corresponden las siglas? ¿Quién está detrás?

La Faffe es la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que se funda para gestionar los fondos públicos de formación, principalmente procedentes de Europa. Esta fundación se crea en el año 2003 y se disuelve en el año 2011, cuando queda integrada dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se hace cargo no solo de sus trabajadores, sino también de la deuda de la entidad y sus tareas. Es heredera de otra fundación dependiente del Ministerio de Trabajo que tenía la misma función.

La Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo tenía por objeto la mejora de las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos en el territorio, el fomento del empleo, la formación, el asesoramiento y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales, la Fundación busca «mejorar la empleabilidad y cualificación del capital humano y, con ello, el crecimiento de la economía andaluza». Es decir, canalizaba fondos públicos para fomentar el empleo en Andalucía.

Hasta aquí la teoría. En la práctica, la Guardia Civil sospecha que la Faffe se convirtió con el tiempo en un «sistema paralelo» de la Consejería de Empleo. El hecho es que la fundación tenía varias tarjetas opacas que los directivos usaban a discreción y en cuyos extractos se ha podido ver gastos en cinco prostíbulos de Andalucía .

Las juergas pagadas con dinero público no es el único escándalo que rodea a la Faffe. La fundación, indican desde la investigación de la causa, se convirtió además en un entramado donde colocar a personas afines al PSOE. Hasta 85 nombres de supuestos «enchufados» llegaron a estudiarse en la comisión de investigación que analizó el caso en el Parlamento Andaluz, tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Pero hay más. La sospecha de gasto de dinero público no acaba en los prostíbulos y en la colocación de familiares y afiliados. Los investigadores creen que desde esta fundación de la Junta de Andalucía también se hicieron pagos, usando las tarjetas opacas, de hoteles, viajes y clubs de lujo.

Como muestra del poderío económico de esta fundación, cabe recordar que solo entre 2007 y 2009, la Junta de Andalucía subvencionó con un total de 134,3 millones de euros a Faffe. Los más de 1.500 empleados laborales que tenía en plantilla fueron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde durante años no han tenido unas funciones definidas.
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El Gobierno de Susana Díaz oculta a la juez los movimientos de las 13 cajas de efectivo de la Faffe
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SILVIA MORENO

La socialista Susana Díaz trata de desvincularse por completo de las tarjetas black de la fundación pública Faffe, que sirvieron para costear 13 juergas en prostíbulos, con la excusa de que este escándalo ocurrió "hace diez años", mucho antes de que ella alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía en 2013.

Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz es actualmente el responsable directo de la escasa información que la Administración andaluza le está suministrando al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que tratan de determinar si hubo malversación con las subvenciones millonarias que cada año recibía la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para impartir cursos de formación a los parados.

La Junta de Andalucía lleva once meses -todo el periodo en la etapa de Susana Díaz como presidenta- ocultando a la juez que investiga este caso una información clave: los movimientos de las 13 cajas con dinero en metálico -algunas de ellas eran cajas fuertes, como se recoge en la declaración de varios testigos- que guardaba la Faffe en su sede central de Sevilla y en las gerencias del resto de provincias andaluzas.

El contenido de las cajas fuertes es fundamental para aclarar qué ocurrió con el dinero público en la fundación de la Junta destinada a formar parados, pero que terminó convertida en una auténtica agencia de colocación para familiares y allegados a dirigentes del PSOE, en la que parte de las subvenciones se empleaban en comilonas, hoteles y prostíbulos. Entre 2004 y 2010, se abonaron casi 32.000 euros en 13 juergas en burdeles con las tarjetas black de la Faffe.

Este ente público, en el que la plantilla se acercó a los 2.000 trabajadores, manejó presupuestos millonarios procedentes en gran parte de las subvenciones concedidas por la Unión Europea para cursos de formación. De hecho, las cuentas corrientes asociadas a las tarjetas black que se usaron en los prostíbulos tuvieron un saldo de 828 millones de euros.

La UCO de la Guardia Civil, que está investigando a la Faffe en el marco de las pesquisas que tramita la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, pidió, a través de un oficio fechado el 23 de mayo de 2016 y reiterado el pasado 23 de mayo de 2018, los movimientos de las cajas con dinero en efectivo.

Sin embargo, "a fecha de hoy, no se ha obtenido ninguna información al respecto" por parte de la Junta, remarca el último atestado de la Guardia Civil, en el que se detallan las 13 juergas en cinco prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba costeadas con dinero público, exactamente 31.969 euros.

La Guardia Civil pidió los movimientos de las 13 cajas de la Faffe con dinero en efectivo hace ya dos años y cinco meses, pero la juez Núñez Bolaños mantuvo su solicitud en un cajón y no le dio curso hasta el pasado 27 de noviembre de 2017, y después de que insistieran en este asunto tanto la Fiscalía como el PP, personado como acusación en la causa.

Núñez Bolaños, conocida como la juez que paró máquinas en los casos de corrupción que investigaba su antecesora la magistrada Mercedes Alaya, ha protagonizado varias polémicas, al dar carpetazo a la trama principal del fraude de la formación y ralentizar o paralizar algunas de las macrocausas que afectan a la Junta de Andalucía, como le ha reprochado hasta la Fiscalía. A principios de octubre, Bolaños abrió a regañadientes varias piezas de los ERE después de que Anticorrupción le advirtiera del riesgo de que los delitos quedaran impunes.

"Ofíciese a la Dirección General de Formación para el Empleo [de la Junta] a fin de que", conforme "al oficio de 13 de julio de 2016, se facilite a la UCO la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la mencionada caja", recoge la providencia de terminó dictando la juez Núñez Bolaños el 27 de noviembre de 2017, en la que pide -más de un año después de la solicitud de la Guardia Civil- al Gobierno andaluz los movimientos de las cajas de efectivo de la Faffe.

Además de los movimientos de las cajas, la Guardia Civil pidió a la juez que reclamara toda la documentación relacionada con la gestión de estos fondos, desde tickets a facturas pasando por estadillos o saldos. Había cuatro cajas en la sede central de la Faffe en Sevilla y las otras nueve en sus correspondientes gerencias provinciales. Nada de ello ha entregado la Junta a la juez.

La información que el Gobierno de Susana Díaz está ocultando desde hace casi un año a los investigadores es clave para poder determinar si hubo una "simulación contable" destinada a enmascarar los casi 32.000 euros que el entonces director gerente de la Faffe, Fernando Villén, gastó en cinco prostíbulos: La Casita, Don Angelo y Top Show Girls (los tres en Sevilla), el Club Bahía 2 de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y la Sala Delux de Córdoba.

Los asientos contables en el libro diario de la Faffe dan a entender que el máximo responsable de esta fundación habría devuelto el dinero que empleó en las 13 juergas en locales de alterne, ya que aparecen anotaciones como "devol. Visa F. Villén". Sin embargo, los investigadores de la UCO no creen que el dinero gastado en prostíbulos haya regresado a las arcas públicas. Existen "lógicas dudas" sobre el "ingreso dinerario a favor de la Faffe", advierte la Guardia Civil.

Las presunta devolución de los casi 32.000 euros gastados en cinco burdeles se hizo, precisamente, a través de la "caja central" de la Faffe, cuyos movimientos está ocultando la Junta desde hace casi un año. Además, en las cuentas de la fundación no figura "ningún ingreso que se corresponda con este supuesto abono", remarca el último atestado de la UCO.

La Faffe fue creada en enero de 2003, durante la etapa del enjuiciado por los ERE José Antonio Viera como consejero de Empleo. Se extinguió en el año 2011, pero todos los trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700. Durante los ocho años que mantuvo la actividad gestionó más de 300 millones de euros.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/15/5bbf981622601d526c8b45d4.html
 
La juez que sustituye a Núñez Bolaños extiende la investigación a todas las consejerías de la Junta por un "fondo de reptiles descomunal"


La juez Pilar Ordóñez, del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, que investiga las transferencias de financiación de todas las consejerías del Gobierno andaluz al ente público IFA (hoy IDEA), ha pedido datos de todos los fondos enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011. Así lo informaba la agencia EFE en la tarde de hoy.

El caso es realmente espectacular puesto que en el caso ERE sólo se investigaban los pagos por ayudas sociolaborales procedentes en su mayoría de la consejería de Empleo, pero ahora se investigarán todos los pagos de la Agencia Idea en todas las Consejerías de la Junta. Y esto, como es sabido, ocurre en plena precampaña electoral.

Se da la circunstancia de que la juez Pilar Ordóñez se ha hecho cargo del caso de estas transferencias mientras se resuelve la recusación del PP para apartar de la causa a la juez María Núñez Bolaños. Recuérdese que la juez Bolaños fue apartada provisionalmente del caso debido a las sospechas que el PP tenía sobre su parcialidad en el caso de la instrucción de algunos asuntos relacionados con la agencia IDEA, que era el ente pagador de los ERE mediante el mecanismo, considerado irregular por los peritos judiciales, del uso de transferencias de financiación.

Su recusación fue la consecuencia de que la juez Núñez Bolaños impusiera una fianza de 30.000 euros al Partido Popular para admitir su personación en el caso de IDEA, lo que fue considerado un exceso incluso por la Audiencia Provincial.

Posteriormente, se supo que su cuñada, María Guija, hermana de su marido Julio Guija, íntimo amigo del exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, como ella misma, trabajaba precisamente en el departamento de control de finanzas de la actual agencia IDEA, antes IFA. A pesar de este parentesco, la juez Núñez Bolaños siguió con su instrucción sin que trascendiera la relación.

Esta recusación, que ha tenido como consecuencia su apartamiento provisional del caso de la agencia IDEA, está pendiente de resolución. La juez Núñez Bolaños alegó que no tenía relación alguna con su cuñada pero la relación suscita dudas.

Como consecuencia de esta recusación, la juez Núñez Bolaños fue apartada del caso y sustituida en la instrucción por la juez Pilar Ordóñez. Se ha sabido ahora que el pasado 1 de octubre, hace quince días, la juez encargó a la Guardia Civil, como ya hiciera la juez Alaya, como fuerza investigadora de los hechos.

Además, y este ha sido el motivo del revuelo, solicita en su providencia del pasado día 1 una prueba documental que deberá ser remitida por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para que, en 45 días, "emita certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía a IFA-IDEA", desglosados por consejerías, años, programas y aplicaciones presupuestarias.

Esto es, estamos ante una investigación general de la Agencia IDEA, un elemento capital de la conocida como Administración paralela de la Junta de Andalucía, donde son contratados sus empleados al margen del procedimiento administrativo fijado para los demás empleados públicos y funcionarios.

Precisamente una de las cosas que exige la juez Ordóñez en 45 días es disponer de un "organigrama de todo el personal adscrito a la Dirección de Finanzas de IFA-IDEA, incluyendo el personal de la Unidad de Control Interno, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive, con especificación del puesto de trabajo que desempeñan y las funciones que tiene atribuidas". Ahí, naturalmente, deberá salir el nombre y funciones de la cuñada de Núñez Bolaños, María Guija.

Pide también la juez indicar el centro directivo al que corresponden, del 2000 al 2011, así como los calendarios de pagos aprobados por la Tesorería de la Junta y los documentos acreditativos de las transferencias hechas a IFA/IDEA.

En 30 días exige a la agencia IDEA que elabore y remita al juzgado "un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de las distintas consejerías de la Junta" en el mismo periodo y con el mismo desglose, excluyendo las relativas a los programas 22E y 31L (el famoso fondo de reptiles) de la Consejería Empleo cuyas transferencias de financiación se investigan en el caso ERE.

Igualmente que envíe los acuerdos de su Consejero Rector o sus máximos responsables (presidente, director general o secretario general) acordando los pagos hechos con esos fondos recibidos "y, en su caso", las resoluciones de la consejería u órganos mixtos que los ordena o del "Consejo de Gobierno que los ratifica, cuando fuese necesario", junto con los informes jurídicos y económicos preceptivos.

También da 60 días para que remita al juzgado una relación del personal de apoyo a la Intervención General de la Junta en el ente, incluyendo todo el personal interno y externo adscrito a la Intervención Delegada de Control Financiero Permanente, en el mismo periodo y con el mismo detalle de puesto y funciones de cada uno.

El PP: la corrupción tras 40 años del PSOE es endémica

Así lo ha dicho la secretaria general del PP-A, Loles López, en relación con la investigación judicial sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). En su comunicado ha recordado que en el año 2011, en el marco de la investigación del caso ERE, en la que el PP-A está personado, el PP remitió al juzgado un estudio de las transferencias de financiación de la agencia IDEA entre 2001 y 2010, que alcanzaron la cifra de 4.315 millones de euros, que equivale a cinco veces el montante global usado en el caso ERE.

"El tiempo y la Justicia, como ha ocurrido en otras ocasiones, volverán a dar la razón a las denuncias que ha venido haciendo el PP y a dejar en evidencia la corrupción sistémica de los gobiernos socialistas en Andalucía", ha manifestado López y recoge Europa Press. Ha recordado que cuando en 2016 el juzgado número 6 de Sevilla abrió diligencias por un presunto delito masivo en la financiación de la agencia IDEA, "Susana Díaz dio orden a su gobierno para salir en tromba a insultar al PP, al que acusaron de manipulación".

"Lo que tenemos ante nosotros es un fondo de reptiles descomunal, una 'caja negra' a la que llegaba dinero de todas la Consejerías para gastarlo evitando los controles y la fiscalización de la Intervención de la Junta", añade, señalando especialmente a Susana Díaz que "pasará a la historia como la presidenta que tapó la corrupción y que obstaculizó a la Justicia en sus investigaciones".

El caso llevaba dos años paralizado
La causa ya no está paralizada gracias a la juez Ordóñez y lleva camino de convertirse en un caso cinco veces más importante, desde el punto de vista del dinero público, que el de los ERE. Si el caso ERE tiene su límite en unos 850 millones de euros, el caso de la agencia IDEA, si se trata en su conjunto, puede superar los 4.300.

Precisamente fue la propia juez Núñez Bolaños la que, al referirse a las peticiones del PP sobre la instrucción, dijo que "de instruirse como insistentemente solicita el PP, podría convertirse en una causa de dimensiones" mayores que la de los ERE, en la que los "afectados" serían "personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular". O sea, del PSOE.

"Marcha lentamente", dijo la Audiencia Provincial sobre la instrucción que dirigía la juez sucesora de Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía IDEA, implicada en el caso de los ERE, el de la formación y otros. El PP afirmó sin embargo que la instrucción llevaba dos años casi totalmente paralizada en mayo de este año y calificó los hechos de un posible delito de "retardo malicioso".

Pero no fue sólo el PP el que estaba extrañado de la inacción de la juez. La propia Fiscalía denunció la parálisis de la instrucción desde octubre de 2017. Es más fue el propio fiscal del caso el que dijo en marzo que desde que Alaya abandonó la instrucción "el avance ha sido prácticamente inexistente".

https://www.libertaddigital.com/esp...ible-fondo-de-reptiles-descomunal-1276626585/
 
Que dice masterchef TEZANOS, vía encuesta electoral CIS, que gana las elecciones la susana con más porcentaje votos que los que obtuvo en las elecciones 2015.
Lo que no se sabe es que parte de la muestra de encuesta se ha hecho en los puti-clubs (n)
 
Que dice masterchef TEZANOS, vía encuesta electoral CIS, que gana las elecciones la susana con más porcentaje votos que los que obtuvo en las elecciones 2015.
Lo que no se sabe es que parte de la muestra de encuesta se ha hecho en los puti-clubs (n)

Te pongo un "me parto", pero la realidad es muy triste. Leemos ya este tipo de noticias y como el que oye llover: nada. El PSOE siempre ganara en Andalucía, porque siempre reparte un poquito del pastel, aunque la mayor parte se la queden unos cuantos. Así funciona.
Y mientras los demás aplazando pagos de impuestos. No damos para más
 
Parece que La Tiesa y el El Tieso tienen el "botín" bien guardadito.

Díaz tiene 80,69 euros de saldo en sus cuentas, un depósito bancario de 30.000 euros y dos viviendas
ANDALUCÍA
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  • 15 NOV. 2018 12:56
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La presidenta de la Junta durante la inauguración del alumbrado navideño de Puente Genil (Córdoba) la noche del miércoles. EL MUNDO (Vídeo) // EFE (Foto)
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Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía publican sus bienes e intereses en cumplimiento de la Ley Electoral

Moreno Bonilla declara seis inmuebles, Rodríguez un saldo bancario de 4.495 y una casa y Marín cinco propiedades.

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, declara 80,69 euros de saldo total en sus cuentas bancarias, además de una vivienda de 14.212 euros de valor catastral y un depósito bancario de 30.000 euros, según se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA).

En la declaración de actividades, bienes e intereses de los candidatos a las elecciones del 2 de diciembre, que se hace para cumplir la Ley Electoral de Andalucía, Díaz también hace constar otro inmueble urbano de 5.274 euros de valor catastral y un crédito hipotecario al 50 % por valor de 89.014 euros.

El candidato del PP, Juanma Moreno, declara 9.665 euros de saldo en sus cuentas corrientes, una vivienda en Málaga de 82.874 euros y otra en Madrid al 50 % de 48.821 euros, un inmueble de 9.300 euros y otros tres inmuebles al 50 % de 17.281 en total. Moreno cuenta también con un crédito hipotecario de 8.242 euros y un plan de pensiones de 17.254 euros.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, declara un saldo bancario de 4.495 euros y una vivienda en Cádiz con un valor catastral de 16.584 euros.



Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, declara 7.496 euros de saldo bancario, un plan de pensiones de 3.768 euros y dos préstamos de 49.808 euros en total. Marín declara cinco inmuebles, entre ellos una vivienda al 50 % de 43.664 euros, un inmueble rústico al 25 % de 36.000 euros y un local al 25 por ciento de 126.000 euros.
 
El exministro Bernat Soria, un «trabajador fantasma» que ha cobrado más de un millón de euros de la Junta de Andalucía
Un informe apunta que el exministro ocultó negocios privados pese a cobrar exclusividad por su puesto público en la fundación Progreso y Salud
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@antonio_rvega
Sevilla
Actualizado:25/04/2019 11:47h
19 Bernat Soria critica el contrato con la agencia del PSPV

El exministro Bernat Soria Escoms ha cobrado más de 1,2 millones de euros desde mayo de 2009 como directivo en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, un ente adscrito a la entonces consejera de Salud y Consumo, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y candidata del PSOE al Congreso por Sevilla.

El 4 de mayo de 2009, tan sólo 27 días después de su cese como responsable de Salud y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el científico valenciano fue contratado como director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Como investigador «distinguido», no había sueldo que igualase al suyo en toda la Administración autonómica.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó la contabilidad de la fundación en el año 2010, mostró su sorpresa por sus elevadas retribuciones: 170.438 euros brutos anuales, incluyendo las nóminas, dos pagas extras y los incentivos. Eran «superiores a las establecidas en la tabla retributiva del personal directivo de 2010», según el ente fiscalizador. En la actualidad su sueldo ronda los 150.000 euros al año. Es el doble de su salario como ministro (81.155 euros anuales).

Un informe jurídico-laboral encargado por la fundación pública a la asesoría privada PwC Tax & Legal Services S.L., al que ha tenido acceso ABC, revela que Soria tenía negocios privados al margen de su dedicación como científico estrella de la Junta durante los mandatos de tres presidentes andaluces distintos, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Esa actividad privada, incompatible con la paga de 5.000 euros anuales que cobra en concepto de exclusividad, puede costarle un puesto tan rentable económicamente, según se desprende del informe jurídico de 17 páginas consultado por ABC, que apunta a «un conflicto de intereses y una transgresión de la normativa de incompatibilidades y de la buena fe contractual».

Soria, que tiene abierto desde el 8 de enero pasado un expediente informativo en la fundación donde ha estado trabajando desde 2009, tiene vinculación con seis sociedades. Con anterioridad, gozó de otro contrato de alta dirección en la fundación desde agosto de 2005 hasta su aterrizaje en el Ministerio en el año 2007. Cinco de las empresas comparten domicilio en las mismas calles del pueblo sevillano de Bollullos de la Mitacion y Alicante.

Montero, entonces consejera de Salud, lo repescó como investigador estrella 27 días después de cesar como ministro
El asesor jurídico que firma el informe pone el foco en dos empresas donde «la exclusividad parece claramente conculcada». La primera es Andalucell S.A., dedicada al asesoramiento en terapia celular y sin actividad desde 2016, de la que fue administrador único y propietario desde julio de 2015. La segunda es Alirober Consulting S.L., cuya denominación es una acrónimo de Alicante-Rovira-Bernat, que tiene «similar objeto» que la fundación pública donde trabaja.

El exministro es apoderado y su hija, Bárbara Soria Juan, administradora única desde agosto de 2015. Su madre y pareja del antiguo político también trabaja en la fundación de la Junta. Alirober, que cerró 2017 con unas pérdidas de 24.315 euros y no tiene empleados, «tiene intereses directos vía acciones en compañías privadas de Sevilla». Esta sociedad posee a su vez el 35% de las acciones de Newbiotechnic S.A., y es dueña del 45% de la mercantil Biotech Business Internacional S.L.

La hija, administradora
El informe concluye que «parece claro que se ha diseñado una estructura para sortear los impedimentos legales de incompatibilidad, de modo que Bernat Soria no es administrador sino su hija, pero él es el apoderado de la sociedad». Aunque formalmente no ocupa un cargo, «puede llegar a hacer exactamente lo mismo que un administrador». Como consecuencia, considera que su participación en sociedades con la misma actividad que la entidad de la Junta, «no comunicada» por él, «supone quebranto de la buena fe contractual» entre la fundación y Soria.

El asesor jurídico recomienda a Progreso y Salud abrir un pliego de cargos contra el exministro que puede concluir con la rescisión del contrato. Además de su actividad privada, Soria suscribió otro acuerdo como investigador en un proyecto con la entidad Rexgenero Biosciencies y participa en un proyecto de investigación «financiado por el Instituto de Salud Carlos II de Madrid», del que es beneficiaria la fundación Jiménez Díaz, vinculada a otro grupo sanitario privado. El informe aconseja aclarar si se ha producido un «conflicto de intereses efectivo» en este último caso.

ABC intentó ayer sin éxito recabar la opinión de Bernat Soria a través de la fundación Progreso y Salud.

¿Un trabajador fantasma?
El actual consejero de Salud, Jesús Aguirre, anticipó que en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había descubierto «muchos trabajadores fantasma» de la época de los gobiernos socialistas. «Hay más de los que yo esperaba, pero estamos trabajando en averiguar dónde están», advirtió el 29 de marzo durante un desayuno informativo de Europa Press. El informe jurídico encargado por la Fundación Progreso y Salud considera «difícilmente conciliable» la «profusa actividad privada» de Soria con su «trabajo a tiempo completo en la fundación». «Desde luego, el flujo de información o la lealtad y buena fe pueden haber sido, al menos, puestas en cuestión. Resulta sintomático que Soria nunca haya solicitado permiso o haya informado de sus actividades a la fundación», pone de relieve el estudio.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...ros-junta-andalucia-201904242257_noticia.html
 
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