Marina, que te parece una edición especial de bragas, con un pato azul por ejemplo, o un pastel, o una peluca pelimocha, y de su venta destinamos dos céntimos para la defensa de Puchi.
Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
- AutorAl loro
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Marina, que te parece una edición especial de bragas, con un pato azul por ejemplo, o un pastel, o una peluca pelimocha, y de su venta destinamos dos céntimos para la defensa de Puchi.
He oído que en Dinamarca hay mosqueo porque el CNI español ha pasado por su territorio a la chita callando y sin ser informados.
Pues lo hariamos mucho mejor
Rajoy, en rebeldía
Todo el mundo tiene claro que el pulso del procés está acabado tal y como se formuló. Los propios independentistas catalanes lo saben
El mantenimiento de la excepcionalidad política durante mucho más tiempo sólo puede ser perjudicial para todos
Sí, el presidente de un gobierno de España podría hacer mucho por cambiar la situación. Mucho más que esconderse tras las togas
Elisa Beni
28/03/2018 - 21:47h
Rajoy en de sus rutas predilectas en sus vacaciones de Semana Santa EFE
Va siendo hora de declarar al presidente del Gobierno de España en situación de rebeldía. Rebeldía por incomparecencia, por mantener la actitud más pasiva posible ante el requerimiento político e histórico de dar una respuesta a la crisis más grave que ha atravesado en las últimas décadas nuestra convivencia como nación. Puede que un demandado sea libre en un procedimiento civil de no contestar a la demanda, pero no es de recibo que el jefe del Ejecutivo obvie la respuesta a la demanda de acción política que ya no sólo se le realiza desde dentro, sino que es un clamor en el exterior.
Escondido tras los ropones, su actitud es un oprobio para el cargo y para el país. Dos de los más prestigiosos diarios del mundo, The Times y The New York Times, le han dicho a la cara esta semana que no sólo no se dejan engañar con los argumentos que quieren convertir el problema catalán en una mera cuestión criminal, sino que es inadmisible que lo haga. No tragan. Los medios internacionales, incluido Der Spiegel, han levantado los sayones de las togas y han dejado al descubierto al Rajoy parapetado tras los jueces sin iniciativa, sin ideas, sin propuestas y que sólo ha sabido complicar más y más las tensiones buscando salvar sus trastos y no exponerse.
En Berlín siempre han quedado jueces, pero allí, como en el resto del mundo, lo que no tiene el presidente español son palmeros. Hace falta ser muy tiralevitas para pretender que la cuestión pasa exclusivamente por juzgar y encarcelar a unos señores que son unos delincuentes y me temo que en Europa aún quedan muchas cabezas lúcidas que van a plantearse las mismas cuestiones que en España analizan todos los que no están dispuestos a abandonar la razón a los pies de la emoción o, aún peor, de la devoción.
Los editorialistas norteamericanos mencionaban una cuestión que está siendo soslayada en el debate nacional, en el que han aparecido ejércitos completos de figuras jeroglíficas puestas de perfil para seguir la comitiva iniciada por el presidente. La cuestión reside en la inconveniencia de sacudirte los problemas, como el que se sacude las migas, dejando que estas ensucien el patio del vecino. Parece patente la incomodidad que debe suponer para los diversos gobiernos europeos, a cuyos territorios han llegado los ex miembros del Govern, por tener que asumir la carga política derivada de las decisiones judiciales que se produzcan, mientras Mr. Rajoy permanece ajeno a todo. Los líderes políticos europeos no están acostumbrados a comportamientos de este tenor y es lógico puesto que la suerte de Don Tancredo, la verdadera especialidad del gallego no deja de ser un lance taurino y, por tanto, demasiado español para admitir traducción.
A Rajoy le han llamado los potentes editorialistas extranjeros imprudente e incluso le han acusado de desear que una situación difícil se convierta en algo todavía peor. Le han dicho que su falsa firmeza es puro pánico y le han restregado su incapacidad política. A ese diagnóstico objetivo realizado desde el extranjero, habría que añadir el hecho indiscutible de que la elección del escondrijo tras las togas -debe ser una reminiscencia freudiana de su infancia- está provocando que la división y el enfrentamiento que podían haber enconado los nacionalistas dentro de Catalunya se esté trasladando ahora a los ciudadanos del resto del país. Ya no sólo por la dinámica anticatalana y por el linchamiento en la plaza que exige la venganza sobre los denominados criminales, sino por la tensa dialéctica establecida entre la opinión pública aparentemente mayoritaria y las pocas voces que se atreven a señalar al emperador y decirle que va desnudo y que las vergüenzas que muestra están a punto de destrozar los cimientos de nuestra democracia.
Rajoy está en rebelión frente a la propia idea de hacer política desde hace tiempo. A su alrededor incluso consta que hay personas inteligentes que ven con preocupación esta deriva, pero el miedo a perder el sitio en la cola del poder es demasiado poderoso. Todos callan y asienten y crean extraños argumentarios según los cuáles es imposible dialogar con aquellos que se han saltado la legalidad. Todo totalmente lógico porque, como me decía el otro día un empresario alemán: “¿ustedes, aquí en España, sólo hablan y negocian con los que piensan igual? Es que, saben, la cosa está en ser capaz de sentarse a hablar con los adversarios e incluso con los enemigos, con los amigos ya negociamos todos sin problema”. El argumento es tanto más peregrino y absurdo cuanto todos los gobiernos democráticos de este país se sentaron en algún momento con una banda terrorista. Cierto es que no el presidido por Rajoy, porque a Rajoy ya le dieron el problema resuelto.
Ahora son los norteamericanos los que ven desde el otro lado del Atlántico como la actitud de este personaje está arrastrando a otros gobiernos “a la refriega” y piden claramente que los alemanes no entreguen a Puigdemont para ser juzgado por esa rebelión fantasma. Y tienen que ser los británicos los que le insistan en que debe de hablar con sus adversarios retomando la iniciativa política que nunca debió abandonar.
Todo el mundo tiene claro que el pulso del procés está acabado tal y como se formuló. Los propios independentistas catalanes lo saben. El mantenimiento de la excepcionalidad política durante mucho más tiempo sólo puede ser perjudicial para todos. Sí, el presidente de un gobierno de España podría hacer mucho por cambiar la situación. Mucho más que esconderse tras las togas. Por cierto, para todos los que afirman que sus manos están atadas por la independencia judicial, les recordaré que el gobierno siempre mantiene en sus manos la Fiscalía y que ésta, lo mismo que dejó un día de acusar a la Infanta Cristina, podría tener que dejar de acusar de rebelión a los independentistas catalanes. No haría sino dejar de retorcer la interpretación del Código Penal.
Rajoy prefiere esconderse tras los sayones y además decirnos que no le queda otra opción. Nunca ha sido un buen intérprete de la realidad. Lo más probable, y lo mejor para todos, es que de nuevo ésta le dé de pleno en la cara.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Rajoy-rebeldia_6_754934531.html
Todo el mundo tiene claro que el pulso del procés está acabado tal y como se formuló. Los propios independentistas catalanes lo saben
El mantenimiento de la excepcionalidad política durante mucho más tiempo sólo puede ser perjudicial para todos
Sí, el presidente de un gobierno de España podría hacer mucho por cambiar la situación. Mucho más que esconderse tras las togas
Elisa Beni
28/03/2018 - 21:47h
Rajoy en de sus rutas predilectas en sus vacaciones de Semana Santa EFE
Va siendo hora de declarar al presidente del Gobierno de España en situación de rebeldía. Rebeldía por incomparecencia, por mantener la actitud más pasiva posible ante el requerimiento político e histórico de dar una respuesta a la crisis más grave que ha atravesado en las últimas décadas nuestra convivencia como nación. Puede que un demandado sea libre en un procedimiento civil de no contestar a la demanda, pero no es de recibo que el jefe del Ejecutivo obvie la respuesta a la demanda de acción política que ya no sólo se le realiza desde dentro, sino que es un clamor en el exterior.
Escondido tras los ropones, su actitud es un oprobio para el cargo y para el país. Dos de los más prestigiosos diarios del mundo, The Times y The New York Times, le han dicho a la cara esta semana que no sólo no se dejan engañar con los argumentos que quieren convertir el problema catalán en una mera cuestión criminal, sino que es inadmisible que lo haga. No tragan. Los medios internacionales, incluido Der Spiegel, han levantado los sayones de las togas y han dejado al descubierto al Rajoy parapetado tras los jueces sin iniciativa, sin ideas, sin propuestas y que sólo ha sabido complicar más y más las tensiones buscando salvar sus trastos y no exponerse.
En Berlín siempre han quedado jueces, pero allí, como en el resto del mundo, lo que no tiene el presidente español son palmeros. Hace falta ser muy tiralevitas para pretender que la cuestión pasa exclusivamente por juzgar y encarcelar a unos señores que son unos delincuentes y me temo que en Europa aún quedan muchas cabezas lúcidas que van a plantearse las mismas cuestiones que en España analizan todos los que no están dispuestos a abandonar la razón a los pies de la emoción o, aún peor, de la devoción.
Los editorialistas norteamericanos mencionaban una cuestión que está siendo soslayada en el debate nacional, en el que han aparecido ejércitos completos de figuras jeroglíficas puestas de perfil para seguir la comitiva iniciada por el presidente. La cuestión reside en la inconveniencia de sacudirte los problemas, como el que se sacude las migas, dejando que estas ensucien el patio del vecino. Parece patente la incomodidad que debe suponer para los diversos gobiernos europeos, a cuyos territorios han llegado los ex miembros del Govern, por tener que asumir la carga política derivada de las decisiones judiciales que se produzcan, mientras Mr. Rajoy permanece ajeno a todo. Los líderes políticos europeos no están acostumbrados a comportamientos de este tenor y es lógico puesto que la suerte de Don Tancredo, la verdadera especialidad del gallego no deja de ser un lance taurino y, por tanto, demasiado español para admitir traducción.
A Rajoy le han llamado los potentes editorialistas extranjeros imprudente e incluso le han acusado de desear que una situación difícil se convierta en algo todavía peor. Le han dicho que su falsa firmeza es puro pánico y le han restregado su incapacidad política. A ese diagnóstico objetivo realizado desde el extranjero, habría que añadir el hecho indiscutible de que la elección del escondrijo tras las togas -debe ser una reminiscencia freudiana de su infancia- está provocando que la división y el enfrentamiento que podían haber enconado los nacionalistas dentro de Catalunya se esté trasladando ahora a los ciudadanos del resto del país. Ya no sólo por la dinámica anticatalana y por el linchamiento en la plaza que exige la venganza sobre los denominados criminales, sino por la tensa dialéctica establecida entre la opinión pública aparentemente mayoritaria y las pocas voces que se atreven a señalar al emperador y decirle que va desnudo y que las vergüenzas que muestra están a punto de destrozar los cimientos de nuestra democracia.
Rajoy está en rebelión frente a la propia idea de hacer política desde hace tiempo. A su alrededor incluso consta que hay personas inteligentes que ven con preocupación esta deriva, pero el miedo a perder el sitio en la cola del poder es demasiado poderoso. Todos callan y asienten y crean extraños argumentarios según los cuáles es imposible dialogar con aquellos que se han saltado la legalidad. Todo totalmente lógico porque, como me decía el otro día un empresario alemán: “¿ustedes, aquí en España, sólo hablan y negocian con los que piensan igual? Es que, saben, la cosa está en ser capaz de sentarse a hablar con los adversarios e incluso con los enemigos, con los amigos ya negociamos todos sin problema”. El argumento es tanto más peregrino y absurdo cuanto todos los gobiernos democráticos de este país se sentaron en algún momento con una banda terrorista. Cierto es que no el presidido por Rajoy, porque a Rajoy ya le dieron el problema resuelto.
Ahora son los norteamericanos los que ven desde el otro lado del Atlántico como la actitud de este personaje está arrastrando a otros gobiernos “a la refriega” y piden claramente que los alemanes no entreguen a Puigdemont para ser juzgado por esa rebelión fantasma. Y tienen que ser los británicos los que le insistan en que debe de hablar con sus adversarios retomando la iniciativa política que nunca debió abandonar.
Todo el mundo tiene claro que el pulso del procés está acabado tal y como se formuló. Los propios independentistas catalanes lo saben. El mantenimiento de la excepcionalidad política durante mucho más tiempo sólo puede ser perjudicial para todos. Sí, el presidente de un gobierno de España podría hacer mucho por cambiar la situación. Mucho más que esconderse tras las togas. Por cierto, para todos los que afirman que sus manos están atadas por la independencia judicial, les recordaré que el gobierno siempre mantiene en sus manos la Fiscalía y que ésta, lo mismo que dejó un día de acusar a la Infanta Cristina, podría tener que dejar de acusar de rebelión a los independentistas catalanes. No haría sino dejar de retorcer la interpretación del Código Penal.
Rajoy prefiere esconderse tras los sayones y además decirnos que no le queda otra opción. Nunca ha sido un buen intérprete de la realidad. Lo más probable, y lo mejor para todos, es que de nuevo ésta le dé de pleno en la cara.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Rajoy-rebeldia_6_754934531.html
La tragedia catalana: Parlament bloqueado y jueces asalvajados
Si a la judicialización de la política, que ha permitido al Partido Popular externalizar los mismos conflictos que provoca, se une ahora la politización de la justicia, incluso en el Tribunal Supremo, podemos dar por clausurada la separación de poderes y definitivamente amortizado nuestro Estado de Derecho
María Eugenia R. Palop
28/03/2018 - 21:46h
Vista del pleno del Parlament de este miércoles, donde se ha pedido la libertad de los presos y el derecho de Puigdemont, Sànchez y Turull a ser investidos EFE
Probablemente, la eventual investidura de Puigdemont, como antes la de Sánchez o Turull, supone apostar por un Parlament que no va a legislar y un Govern que no va a gobernar, dándole continuidad a esa confrontación que mantiene a Catalunya sumida en una especie de excepcionalidad permanente. Este golpear, una y otra vez, sobre la misma herida, puede generar situaciones de ingobernabilidad que sean cada vez más insostenibles y fortalecer una visión ya generalizada de caos y esterilidad que, finalmente, alimente las posiciones del Gobierno y el engorde de Ciudadanos. Con buen criterio, Iceta, al margen del PSOE, Doménech, y hasta ciertas alas de ERC, han apostado por fórmulas intermedias para abrir respiraderos que permitan superar la rígida política de bloques.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, nada puede justificar que la investidura de los procesados se haya vetado sin más, ni que puedan vulnerarse los derechos políticos de quienes legal y legítimamente están en condiciones de ocupar puestos de representación.
Que la ONU haya admitido la demanda de Puigdemont contra España por vulneración de sus derechos políticos como, antes, la de Jordi Sánchez por el mismo motivo, solicitando, en este caso, además, medidas cautelares, no prejuzga, por supuesto, el fondo del asunto, pero es algo de cuya relevancia sería totalmente absurdo dudar. El Comité de Derechos Humanos tiene ahora que estudiar si se han vulnerado los artículos 19, 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó hace décadas: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, que pueden restringirse, por ley, en aras de la seguridad nacional, y el derecho a presentarse a ocupar cargos públicos, que tiene cualquier ciudadano sin distinción. Disposiciones con las que se podría proteger la defensa pacífica de la reforma o de la ruptura del modelo constitucional, y que también recoge nuestra Constitución cuando consigna el derecho a la libertad ideológica y de expresión.
No se me escapa que estas disposiciones se refieren a particulares, de manera que si lo que sucede es que se usan las instituciones públicas representativas para romper con el orden constitucional, tales actuaciones pueden ser objeto de una persecución penal específica. El problema es que el delito de rebelión, tal como está tipificado actualmente en el Código Penal, no puede aplicarse al caso catalán, como ya han subrayado la mayor parte de los expertos que se han pronunciado sobre la materia. Por más que el juez Llarena haya retorcido la norma para apreciar violencia en la esfera psicológica interna de los procesados, contorsionando al máximo su argumentación, simplemente, no puede hacer en vía judicial lo que el Parlamento no ha querido hacer en la vía legislativa. Y lo cierto es que el supuesto de hecho del delito de rebelión no coincide con lo que los partidos independentistas y/o la Generalitat han protagonizado en torno al referéndum del 1-O o la declaración de la independencia del 27-O, menos aún, si pensamos en el caso de los Jordis. Subirse a un coche de la Guardia Civil, le pese o no al Sr. Albiol, no se parece en nada a la conducta que contempla el delito de rebelión, aunque la estrategia del Partido Popular sea la de certificar, por cualquier vía, una violencia que no hubo, articulando un relato de conexiones imposibles con barricadas, alzamientos militares y tanques callejeros.
En fin, la primera cuestión es que no está tipificado en el Código Penal el uso que de las instituciones públicas se ha hecho en Catalunya para romper con el orden constitucional y no puede verse rebelión donde solo hubo desobediencia (más allá de la posible sedición o malversación de fondos); y la segunda cuestión, es que, aunque hubiera habido rebelión, no podría utilizarse en este momento para violar los derechos políticos de quienes no están privados de ellos por sentencia judicial firme.
Si esto es así, no puede afearse al Parlament, como lo han hecho el PSC o Ciudadanos, que haya lanzado una resolución para reclamar la libertad de los presos y el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos, arguyendo que el Parlament no ha de dar instrucciones al Poder Judicial, porque lo que está sucediendo es, precisamente, lo contrario: es el Parlament y el pueblo de Catalunya allí representado el que está sufriendo una agresión judicial que no tiene precedentes. Hace unos días, Pérez Royo afirmaba que esta agresión no podía quedar sin respuesta y que el Parlament tenía la obligación de querellarse contra el juez Llarena por no permitir que los candidatos designados por su President acudieran a la sesión de investidura constitucional, estatutaria y reglamentariamente convocada. Una querella que tendría que ser examinada sucesivamente, y en caso de ser confirmada la decisión de Llarena, por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Ya estamos acostumbrados a escuchar críticas a los jueces en boca de los partidos que ahora dicen acatar sus decisiones, en función de si tales decisiones les resultan o no favorables y acordes con el respectivo argumentario cartón-piedra que en cada ocasión contenta a sus respectivos parroquianos. Pero el problema, en estos casos, no es tanto el de la crítica como el su oportunismo, porque el respeto por las decisiones judiciales no es incompatible ni con su análisis escrupuloso ni con el cuestionamiento fundado de los procedimientos y argumentos utilizados.
En un Estado de Derecho nadie es invulnerable a la crítica, y mucho menos si los criticados son jueces a los que se les exige una exquisita independencia y una clara imparcialidad. Los jueces son institucionalmente independientes, pero no son conceptualmente autónomos. No pueden hacer o deshacer según les parezca; no son el oráculo de Delfos ni tienen ascendencia divina. Lógicamente, el Derecho, en su creación y en su aplicación, tiene un componente ideológico, y los jueces, ni son, ni pueden ser, la boca muda que pronuncia la ley; su actuación siempre es discrecional y tiene un componente parcial, pero ese componente no puede ser ni el único ni el último fundamento de una resolución, y, desde luego, no puede adolecer, en ningún caso, de signo partidario alguno. Una cosa es que la discrecionalidad judicial sea inevitable y otra, muy distinta, es que eso pueda transmutarse alegremente en pura y simple arbitrariedad.
Si a la judicialización de la política, que ha permitido al Partido Popular externalizar los mismos conflictos que provoca, se une ahora la politización de la justicia, incluso en el Tribunal Supremo, podemos dar por clausurada la separación de poderes y definitivamente amortizado nuestro Estado de Derecho.
En fin, tan peligroso es un Parlament ensimismado y bloqueado como un Poder Judicial asalvajado que desconoce la jerarquía normativa y que vulnera derechos fundamentales al amparo de argumentos claramente surrealistas y estrafalarios
https://www.eldiario.es/zonacritica...lament-bloqueado-asalvajados_6_754934544.html
Si a la judicialización de la política, que ha permitido al Partido Popular externalizar los mismos conflictos que provoca, se une ahora la politización de la justicia, incluso en el Tribunal Supremo, podemos dar por clausurada la separación de poderes y definitivamente amortizado nuestro Estado de Derecho
María Eugenia R. Palop
28/03/2018 - 21:46h
Vista del pleno del Parlament de este miércoles, donde se ha pedido la libertad de los presos y el derecho de Puigdemont, Sànchez y Turull a ser investidos EFE
Probablemente, la eventual investidura de Puigdemont, como antes la de Sánchez o Turull, supone apostar por un Parlament que no va a legislar y un Govern que no va a gobernar, dándole continuidad a esa confrontación que mantiene a Catalunya sumida en una especie de excepcionalidad permanente. Este golpear, una y otra vez, sobre la misma herida, puede generar situaciones de ingobernabilidad que sean cada vez más insostenibles y fortalecer una visión ya generalizada de caos y esterilidad que, finalmente, alimente las posiciones del Gobierno y el engorde de Ciudadanos. Con buen criterio, Iceta, al margen del PSOE, Doménech, y hasta ciertas alas de ERC, han apostado por fórmulas intermedias para abrir respiraderos que permitan superar la rígida política de bloques.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, nada puede justificar que la investidura de los procesados se haya vetado sin más, ni que puedan vulnerarse los derechos políticos de quienes legal y legítimamente están en condiciones de ocupar puestos de representación.
Que la ONU haya admitido la demanda de Puigdemont contra España por vulneración de sus derechos políticos como, antes, la de Jordi Sánchez por el mismo motivo, solicitando, en este caso, además, medidas cautelares, no prejuzga, por supuesto, el fondo del asunto, pero es algo de cuya relevancia sería totalmente absurdo dudar. El Comité de Derechos Humanos tiene ahora que estudiar si se han vulnerado los artículos 19, 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó hace décadas: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, que pueden restringirse, por ley, en aras de la seguridad nacional, y el derecho a presentarse a ocupar cargos públicos, que tiene cualquier ciudadano sin distinción. Disposiciones con las que se podría proteger la defensa pacífica de la reforma o de la ruptura del modelo constitucional, y que también recoge nuestra Constitución cuando consigna el derecho a la libertad ideológica y de expresión.
No se me escapa que estas disposiciones se refieren a particulares, de manera que si lo que sucede es que se usan las instituciones públicas representativas para romper con el orden constitucional, tales actuaciones pueden ser objeto de una persecución penal específica. El problema es que el delito de rebelión, tal como está tipificado actualmente en el Código Penal, no puede aplicarse al caso catalán, como ya han subrayado la mayor parte de los expertos que se han pronunciado sobre la materia. Por más que el juez Llarena haya retorcido la norma para apreciar violencia en la esfera psicológica interna de los procesados, contorsionando al máximo su argumentación, simplemente, no puede hacer en vía judicial lo que el Parlamento no ha querido hacer en la vía legislativa. Y lo cierto es que el supuesto de hecho del delito de rebelión no coincide con lo que los partidos independentistas y/o la Generalitat han protagonizado en torno al referéndum del 1-O o la declaración de la independencia del 27-O, menos aún, si pensamos en el caso de los Jordis. Subirse a un coche de la Guardia Civil, le pese o no al Sr. Albiol, no se parece en nada a la conducta que contempla el delito de rebelión, aunque la estrategia del Partido Popular sea la de certificar, por cualquier vía, una violencia que no hubo, articulando un relato de conexiones imposibles con barricadas, alzamientos militares y tanques callejeros.
En fin, la primera cuestión es que no está tipificado en el Código Penal el uso que de las instituciones públicas se ha hecho en Catalunya para romper con el orden constitucional y no puede verse rebelión donde solo hubo desobediencia (más allá de la posible sedición o malversación de fondos); y la segunda cuestión, es que, aunque hubiera habido rebelión, no podría utilizarse en este momento para violar los derechos políticos de quienes no están privados de ellos por sentencia judicial firme.
Si esto es así, no puede afearse al Parlament, como lo han hecho el PSC o Ciudadanos, que haya lanzado una resolución para reclamar la libertad de los presos y el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos, arguyendo que el Parlament no ha de dar instrucciones al Poder Judicial, porque lo que está sucediendo es, precisamente, lo contrario: es el Parlament y el pueblo de Catalunya allí representado el que está sufriendo una agresión judicial que no tiene precedentes. Hace unos días, Pérez Royo afirmaba que esta agresión no podía quedar sin respuesta y que el Parlament tenía la obligación de querellarse contra el juez Llarena por no permitir que los candidatos designados por su President acudieran a la sesión de investidura constitucional, estatutaria y reglamentariamente convocada. Una querella que tendría que ser examinada sucesivamente, y en caso de ser confirmada la decisión de Llarena, por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Ya estamos acostumbrados a escuchar críticas a los jueces en boca de los partidos que ahora dicen acatar sus decisiones, en función de si tales decisiones les resultan o no favorables y acordes con el respectivo argumentario cartón-piedra que en cada ocasión contenta a sus respectivos parroquianos. Pero el problema, en estos casos, no es tanto el de la crítica como el su oportunismo, porque el respeto por las decisiones judiciales no es incompatible ni con su análisis escrupuloso ni con el cuestionamiento fundado de los procedimientos y argumentos utilizados.
En un Estado de Derecho nadie es invulnerable a la crítica, y mucho menos si los criticados son jueces a los que se les exige una exquisita independencia y una clara imparcialidad. Los jueces son institucionalmente independientes, pero no son conceptualmente autónomos. No pueden hacer o deshacer según les parezca; no son el oráculo de Delfos ni tienen ascendencia divina. Lógicamente, el Derecho, en su creación y en su aplicación, tiene un componente ideológico, y los jueces, ni son, ni pueden ser, la boca muda que pronuncia la ley; su actuación siempre es discrecional y tiene un componente parcial, pero ese componente no puede ser ni el único ni el último fundamento de una resolución, y, desde luego, no puede adolecer, en ningún caso, de signo partidario alguno. Una cosa es que la discrecionalidad judicial sea inevitable y otra, muy distinta, es que eso pueda transmutarse alegremente en pura y simple arbitrariedad.
Si a la judicialización de la política, que ha permitido al Partido Popular externalizar los mismos conflictos que provoca, se une ahora la politización de la justicia, incluso en el Tribunal Supremo, podemos dar por clausurada la separación de poderes y definitivamente amortizado nuestro Estado de Derecho.
En fin, tan peligroso es un Parlament ensimismado y bloqueado como un Poder Judicial asalvajado que desconoce la jerarquía normativa y que vulnera derechos fundamentales al amparo de argumentos claramente surrealistas y estrafalarios
https://www.eldiario.es/zonacritica...lament-bloqueado-asalvajados_6_754934544.html
P
paulino
Guest
DESAFÍO INDEPENDENTISTA
La Asamblea de Portugal niega que exista "represión política" en Cataluña
El Parlamento luso tumba una iniciativa del Partido Comunista que pedía condenar la "deriva autoritaria del Gobierno" en el conflicto separatista.
La Asamblea de Portugal niega que exista "represión política" en Cataluña
El Parlamento luso tumba una iniciativa del Partido Comunista que pedía condenar la "deriva autoritaria del Gobierno" en el conflicto separatista.
El y la mayoria de los españoles
No es nieve es una mujer argelina en una playa.. Alguien puede estar conforme con ello
Última edición:
O
Ondina
Guest
La buena señora ha sido condenada asimismo por difundir propaganda / cooperar con el PKK (a saber, claro, como le haya tocado el Llarena de turno...)
Me apuesto a que en España le había caído una pena superior a 7 años por delitos equivalentes (injurias a la Corona y colaborar con ETA). Puede que el doble jeje. El Estado franquista es molto franquista.
A Puigi le quieren meter 30 años por "rebelión" (por votar a favor de la Republica / pasarse al Estado franquista por el arco de triunfo), un hombre pacifico que no sabe lo que es un acto / palabra violenta. Treinta años por votar. Turquía parece una democracia avanzada en comparación.
Última edición por un moderador:
Pero si no sabemos que voto porque lo hizo a escondidas
A escondidas tengo que amarte,
a escondidas, como un cobarde,
O
Ondina
Guest
lo llaman "rebelión" lol
a presidir la redacción y votación de una declaración / resolución política sin efectos legales sobre el futuro de Cataluña.
Última edición por un moderador:
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