"HESPAÑA"
- AutorSOYHELENA
- Fecha de inicio
Dice Bertín Osborne que no votaría a Pablo Iglesias ni harto de vino.
LA JUSTICIA CONDENA A BERTÍN OSBORNE A 1 AÑO DE CARCEL Y A PAGAR 900.000€ POR DELITO FISCAL
El presentador y cantante Bertín Osborne ha sido condenado a un año de cárcel y deberá pagar a Hacienda 900.000 euros (unos 150 millones de pesetas) por un delito de alzamiento de bienes. El artista no tendrá que ponerse tras los barrotes, ya que se trata de su primera condena, pero sí deberá pagar el dinero.
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LA JUSTICIA CONDENA A BERTÍN OSBORNE A 1 AÑO DE CARCEL Y A PAGAR 900.000€ POR DELITO FISCAL
El presentador y cantante Bertín Osborne ha sido condenado a un año de cárcel y deberá pagar a Hacienda 900.000 euros (unos 150 millones de pesetas) por un delito de alzamiento de bienes. El artista no tendrá que ponerse tras los barrotes, ya que se trata de su primera condena, pero sí deberá pagar el dinero.
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Ni de hacienda te puedes fiar,hay chorizos en todos lados.Ya decía yo porque iban a zurrar a catalanes.
Una veintena de detenidos en una operación de la UCO contra inspectores de Hacienda acusados de corrupción
Sancionaban a empresas de manera irregular y después las dirigían a asesorías fiscales con las que estaban asociados para que regularizaran su situación con la Agencia Tributaria
photo_cameraAgencia Tributaria.
FECHA
16/01/19access_time 11:04
SECCIÓN
Dinero
ARCHIVADO EN
guardia civil uco agencia tributaria inspectores de hacienda
RELACIONADOS
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este martes 15 de enero una veintena de detenciones de inspectores de la Agencia Tributaria, asesores fiscales y abogados, según ha podido saber Confidencial Digital. Entre los arrestados se encuentra un alto responsable de los inspectores de Hacienda en Vigo.
La operación policial llega tras una investigación de la UCO de casi dos años de duración y apunta que una serie de inspectores de Hacienda había creado una trama corrupta en connivencia con asesorías fiscalespara beneficiarse económicamente de las sanciones que imponían.
Según explican a ECD fuentes de la investigación, el modus operandi era el siguiente. Los inspectores implicados imponían sanciones a empresas sin motivo justificado.
Después, recomendaban a las empresas sancionadas que acudieran a determinados despachos y asesorías fiscales, que podrían ayudarles a regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Los agentes de la UCO detectaron, además, que en las asesorías investigadas trabajaban inspectores de Hacienda en situación de excedencia.
De esta forma, los beneficios que recibían esas asesorías fiscales se repartían luego con los inspectores en activo que formaban la trama corrupta.
Una veintena de detenidos en una operación de la UCO contra inspectores de Hacienda acusados de corrupción
Sancionaban a empresas de manera irregular y después las dirigían a asesorías fiscales con las que estaban asociados para que regularizaran su situación con la Agencia Tributaria
photo_cameraAgencia Tributaria.
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16/01/19access_time 11:04
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RELACIONADOS
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este martes 15 de enero una veintena de detenciones de inspectores de la Agencia Tributaria, asesores fiscales y abogados, según ha podido saber Confidencial Digital. Entre los arrestados se encuentra un alto responsable de los inspectores de Hacienda en Vigo.
La operación policial llega tras una investigación de la UCO de casi dos años de duración y apunta que una serie de inspectores de Hacienda había creado una trama corrupta en connivencia con asesorías fiscalespara beneficiarse económicamente de las sanciones que imponían.
Según explican a ECD fuentes de la investigación, el modus operandi era el siguiente. Los inspectores implicados imponían sanciones a empresas sin motivo justificado.
Después, recomendaban a las empresas sancionadas que acudieran a determinados despachos y asesorías fiscales, que podrían ayudarles a regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Los agentes de la UCO detectaron, además, que en las asesorías investigadas trabajaban inspectores de Hacienda en situación de excedencia.
De esta forma, los beneficios que recibían esas asesorías fiscales se repartían luego con los inspectores en activo que formaban la trama corrupta.
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El reparto del dinero público robado en España daría a cada ciudadano 2.000 euros al año
Un informe con datos de la Comisión Europea eleva al 8 % del PIB el coste de la corrupción en el país
Una operación contra la corrupción de la Guardia CivilTONI GARRIGA | EFE
LA VOZ
07/12/2018 19:40 H
Cuatro veces lo que destina al paro, el doble de lo que invierte en educación y un 90 % de lo que presupuesta en sanidad. El Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha estimado el coste de la corrupción en los estados miembros. La corrupción hace perder a los españoles 90.000 millones de euros cada año, lo que representa el 8 % del Producto Interior Bruto (PIB). El informe, elaborado principalmente con datos de la Comisión Europea y de la oficina de estadística comunitaria, coloca a España como el sexto país con más pérdidas por corrupción de la Unión Europea (UE).
El documento destaca que los 28 Estados miembros de la UE pierden cada año 904.000 millones de euros a causa de la corrupción, incluyendo sus efectos indirectos, como la reducción de los ingresos públicos debido al fraude fiscal. Según el informe, la cifra de dinero público que se lleva la corrupción en España es cuatro veces mayor que el presupuesto anual destinado a los subsidios para desempleados (unos 19.600 millones de euros) y dos veces mayor que el dinero invertido en educación (43.000 millones).
El documento también destaca que si España repartiera todo este trasvase ilegal de fondos públicos entre sus ciudadanos, éstos recibirían un dinero extra de 1.949 euros al año.
En el conjunto de la UE, Malta encabeza la clasificación, con 725.000 millones de euros anuales perdidos a causa de la corrupción, lo que representa el 8,65 % de su PIB.
En segunda posición aparece Luxemburgo, con 687.000 millones (el 2 % de su PIB), seguido de Italia, con 237.000 millones (el 13 % de su PIB), Francia, con 120.000 millones (el 6 % de su PIB), y Alemania, con 104.000 millones (el 4 % de su PIB).
Los Estados con menos pérdidas por corrupción, en cifras absolutas, son Estonia, con 1.600 millones de euros (el 8,2 % de su PIB); Chipre, con 2.000 millones (el 8 % de su PIB); Letonia, con 3.400 millones (el 13 % de su PIB); Eslovenia, con 3.500 millones (el 8,5 % de su PIB), y Finlandia, con 3.900 millones (el 2,5 % de su PIB).
En términos relativos, Holanda es el que menos pérdidas por corrupción sufren, ya que estas representan solo el 0,76 % de su PIB (4.400 millones de euros anuales).
https://www.lavozdegalicia.es/notic...NZE0hCXXeSevAGABrENSX_V_q34gr_-ZD2FdyRRs8omuI
16 de enero a las 20:54 ·
Cuántos pufos como estos repartidos por toda España, cuántos más que no sabemos. No, el problema no es subir el salario mínimo. El problema son estas inversiones, los rescates a la banca, la evasión de capitales de las grandes fortunas. Ahí es donde hay que ir a rascar, no al bolsillo de los trabajadores.
Un informe con datos de la Comisión Europea eleva al 8 % del PIB el coste de la corrupción en el país
Una operación contra la corrupción de la Guardia CivilTONI GARRIGA | EFE
LA VOZ
07/12/2018 19:40 H
Cuatro veces lo que destina al paro, el doble de lo que invierte en educación y un 90 % de lo que presupuesta en sanidad. El Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha estimado el coste de la corrupción en los estados miembros. La corrupción hace perder a los españoles 90.000 millones de euros cada año, lo que representa el 8 % del Producto Interior Bruto (PIB). El informe, elaborado principalmente con datos de la Comisión Europea y de la oficina de estadística comunitaria, coloca a España como el sexto país con más pérdidas por corrupción de la Unión Europea (UE).
El documento destaca que los 28 Estados miembros de la UE pierden cada año 904.000 millones de euros a causa de la corrupción, incluyendo sus efectos indirectos, como la reducción de los ingresos públicos debido al fraude fiscal. Según el informe, la cifra de dinero público que se lleva la corrupción en España es cuatro veces mayor que el presupuesto anual destinado a los subsidios para desempleados (unos 19.600 millones de euros) y dos veces mayor que el dinero invertido en educación (43.000 millones).
El documento también destaca que si España repartiera todo este trasvase ilegal de fondos públicos entre sus ciudadanos, éstos recibirían un dinero extra de 1.949 euros al año.
En el conjunto de la UE, Malta encabeza la clasificación, con 725.000 millones de euros anuales perdidos a causa de la corrupción, lo que representa el 8,65 % de su PIB.
En segunda posición aparece Luxemburgo, con 687.000 millones (el 2 % de su PIB), seguido de Italia, con 237.000 millones (el 13 % de su PIB), Francia, con 120.000 millones (el 6 % de su PIB), y Alemania, con 104.000 millones (el 4 % de su PIB).
Los Estados con menos pérdidas por corrupción, en cifras absolutas, son Estonia, con 1.600 millones de euros (el 8,2 % de su PIB); Chipre, con 2.000 millones (el 8 % de su PIB); Letonia, con 3.400 millones (el 13 % de su PIB); Eslovenia, con 3.500 millones (el 8,5 % de su PIB), y Finlandia, con 3.900 millones (el 2,5 % de su PIB).
En términos relativos, Holanda es el que menos pérdidas por corrupción sufren, ya que estas representan solo el 0,76 % de su PIB (4.400 millones de euros anuales).
https://www.lavozdegalicia.es/notic...NZE0hCXXeSevAGABrENSX_V_q34gr_-ZD2FdyRRs8omuI
16 de enero a las 20:54 ·
Cuántos pufos como estos repartidos por toda España, cuántos más que no sabemos. No, el problema no es subir el salario mínimo. El problema son estas inversiones, los rescates a la banca, la evasión de capitales de las grandes fortunas. Ahí es donde hay que ir a rascar, no al bolsillo de los trabajadores.
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del 'boom económico'
El Estado cargará con el agujero de 400 millones por la Copa América de Valencia
El Gobierno asume la deuda millonaria generada por la celebración del evento en 2007 y deja la gestión futura en manos de Generalitat y Ayuntamiento.
BRUNO PÉREZ
Miércoles, 16 Enero 2019, 04:30
El Estado cargará con el agujero de 400 millones por la Copa América de Valencia. / EFE
Las arcas del Estado -los bolsillos de los contribuyentes- cargarán una vez más con la gravosa factura derivada de los delirios de grandeza tan frecuentes en los años de vino y rosas del 'boom inmobiliario'. El Gobierno acaba de incluir en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 el compromiso del Estado de asumir las deudas pendientes por valor de casi 400 millones de euros que arrastra el Consorcio Valencia 2007, la plataforma creada en su día por Gobierno Central, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia para gestionar la explotación de las infraestructuras desarrolladas con motivo de la celebración del célebre acontecimiento deportivo, singularmente las instalaciones de La Marina.
El tiempo ha demostrado que el negocio no solo no fue tan próspero como parecía sino que se convirtió en un verdadero pozo sin fondo de pérdidas. Así se admite implícitamente en las últimas cuentas presentadas por el Consorcio, las de 2017, publicadas en el BOE el último día de este año pese a estar auditadas desde el 25 de mayo de 2018 posiblemente por la existencia de una negociación abierta entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia para resolver el asunto. De hecho, la solución se alcanzó en la reunión del Consejo Rector del Consorcio del pasado 18 de diciembre.
La situación del Consorcio Valencia 2007 antes de esa reunión era desesperada. El Tesoro Público -principal acreedor del Consorcio- había acudido a la Agencia Tributaria para exigir en vía de apremio el pago de las cuotas impagadas del préstamo de 319,6 millones de euros que formalizó el ICO en febrero de 2005, con el aval del Tesoro, para afrontar la construcción de las infraestructuras necesarias para que Valencia albergara la Copa América de vela en el año 2007.
La escasez de los ingresos generados de la explotación de esas infraestructuras en los años posteriores a la celebración del acontecimiento hizo que el Consorcio incumpliera sistemáticamente el pago de las 50 cuotas programadas para reembolsar al ICO los fondos percibidos. El ICO sólo ha cobrado catorce y porque el Tesoro Público, en su condición de avalista, ha hecho frente a las mismas.
Además, el Consorcio tenía abierto un proceso judicial impulsado por el Banco Santander -como reconoce en sus últimas cuentas anuales- para exigir la devolución de 12 millones de euros, nueve millones de euros del principio y tres millones de euros en intereses, por el impago de la póliza de crédito suscrita en 2013 como cobertura por el impago del préstamos principal de 60,5 millones que le fue concedido por la entidad bancaria.
El banco, lógicamente, también exigió en su día la devolución de ese préstamo principal (en marzo de 2017) y estaba dispuesto a llevar el asunto a los tribunales si el Consorcio no atendía al pago del mismo, pero luego transfirió el préstamos al fondo Taconic Capital Advisors (TCA) en una de las operaciones de desagüe de activos tóxicos realizada en los últimos meses y el asunto quedó pendiente.
El Estado paga la cuenta...y se olvida del asunto
La solución acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat Valenciana - presidida por el socialista Ximo Puig - y con el Ayuntamiento de Valencia -cuyo alcalde es Joan Ribó, de Compromís- es que el Estado asumirá "la deuda que el Consorcio Valencia 2007 tiene frente al ICO", que según las estimaciones del Consorcio se sitúa en torno a los 370 millones de euros, informa Ep.
También condonará la deuda que el Consorcio Valencia 2007 mantiene con el Tesoro Público por los pagos sustanciados al ICO en su condición de avalista del Consorcio, lo que significa que la plataforma se sacudirá de un plumazo a su principal acreedor. El proyecto presupuestario precisa que "la condonación se extiende a cuantas obligaciones principales y accesorias, por recargo de apremio, intereses de demora o de cualquier otra naturaleza se deriven de la ejecución del citado aval, quedando extinguidas a todos los efectos". Lo que es una condonación de deuda en toda regla.
Finalmente la Administración del Estado se compromete también a asumir la cuantía total de los intereses devengados por los gastos financieros del Consorcio e incluye en el proyecto presupuestario de 2019 una partida de 13 millones de euros para liquidar la parte de la deuda por el préstamo del Banco Santander (ahora propiedad de TAC) que le corresponde asumir por su participación en el Consorcio.
Borrón y cuenta nueva. Básicamente, lo que pedían Generalitat y Ayuntamiento, que defendían que la gestión pública de las infraestructuras creadas con motivo de la Copa América era viable una vez se liberará a la plataforma de las cargas vinculadas a todos los fastos que rodearon la celebración del acontecimiento deportivo en 2007.
La Administración del Estado está dispuesta a cumplir con su parte y así se ha comprometido a hacerlo si prospera el proyecto presupuestario, asumiendo esos cerca de 400 millones de euros que lastraban las cuentas y el futuro del Consorcio.
Hecho esto, el Gobierno dará un paso atrás, ejercerá su derecho de separación del Consorcio Valencia 2007, según se explicita en el proyecto de Presupuestos de 2019, y únicamente exigirá que la gestión que lleven a cabo de las infraestructuras Generalitat y Ayuntamiento de Valencia se ajuste a las disposiciones actualmente vigentes de Puertos del Estado y patrimonio de las Administraciones Públicas y que se garantice el pago de las deudas pendientes con la Autoridad Portuaria de Valencia.
https://www.lainformacion.com/econo...o-millonario-copa-america-de-valencia/6489847
Noticias como ésta nunca serán portada de ningún medio de la derecha, ni de ningún canal de televisión o radio.
Esto no es importante que lo sepan los españoles
El Estado cargará con el agujero de 400 millones por la Copa América de Valencia
El Gobierno asume la deuda millonaria generada por la celebración del evento en 2007 y deja la gestión futura en manos de Generalitat y Ayuntamiento.
BRUNO PÉREZ
Miércoles, 16 Enero 2019, 04:30
El Estado cargará con el agujero de 400 millones por la Copa América de Valencia. / EFE
Las arcas del Estado -los bolsillos de los contribuyentes- cargarán una vez más con la gravosa factura derivada de los delirios de grandeza tan frecuentes en los años de vino y rosas del 'boom inmobiliario'. El Gobierno acaba de incluir en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 el compromiso del Estado de asumir las deudas pendientes por valor de casi 400 millones de euros que arrastra el Consorcio Valencia 2007, la plataforma creada en su día por Gobierno Central, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia para gestionar la explotación de las infraestructuras desarrolladas con motivo de la celebración del célebre acontecimiento deportivo, singularmente las instalaciones de La Marina.
El tiempo ha demostrado que el negocio no solo no fue tan próspero como parecía sino que se convirtió en un verdadero pozo sin fondo de pérdidas. Así se admite implícitamente en las últimas cuentas presentadas por el Consorcio, las de 2017, publicadas en el BOE el último día de este año pese a estar auditadas desde el 25 de mayo de 2018 posiblemente por la existencia de una negociación abierta entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia para resolver el asunto. De hecho, la solución se alcanzó en la reunión del Consejo Rector del Consorcio del pasado 18 de diciembre.
La situación del Consorcio Valencia 2007 antes de esa reunión era desesperada. El Tesoro Público -principal acreedor del Consorcio- había acudido a la Agencia Tributaria para exigir en vía de apremio el pago de las cuotas impagadas del préstamo de 319,6 millones de euros que formalizó el ICO en febrero de 2005, con el aval del Tesoro, para afrontar la construcción de las infraestructuras necesarias para que Valencia albergara la Copa América de vela en el año 2007.
La escasez de los ingresos generados de la explotación de esas infraestructuras en los años posteriores a la celebración del acontecimiento hizo que el Consorcio incumpliera sistemáticamente el pago de las 50 cuotas programadas para reembolsar al ICO los fondos percibidos. El ICO sólo ha cobrado catorce y porque el Tesoro Público, en su condición de avalista, ha hecho frente a las mismas.
Además, el Consorcio tenía abierto un proceso judicial impulsado por el Banco Santander -como reconoce en sus últimas cuentas anuales- para exigir la devolución de 12 millones de euros, nueve millones de euros del principio y tres millones de euros en intereses, por el impago de la póliza de crédito suscrita en 2013 como cobertura por el impago del préstamos principal de 60,5 millones que le fue concedido por la entidad bancaria.
El banco, lógicamente, también exigió en su día la devolución de ese préstamo principal (en marzo de 2017) y estaba dispuesto a llevar el asunto a los tribunales si el Consorcio no atendía al pago del mismo, pero luego transfirió el préstamos al fondo Taconic Capital Advisors (TCA) en una de las operaciones de desagüe de activos tóxicos realizada en los últimos meses y el asunto quedó pendiente.
El Estado paga la cuenta...y se olvida del asunto
La solución acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat Valenciana - presidida por el socialista Ximo Puig - y con el Ayuntamiento de Valencia -cuyo alcalde es Joan Ribó, de Compromís- es que el Estado asumirá "la deuda que el Consorcio Valencia 2007 tiene frente al ICO", que según las estimaciones del Consorcio se sitúa en torno a los 370 millones de euros, informa Ep.
También condonará la deuda que el Consorcio Valencia 2007 mantiene con el Tesoro Público por los pagos sustanciados al ICO en su condición de avalista del Consorcio, lo que significa que la plataforma se sacudirá de un plumazo a su principal acreedor. El proyecto presupuestario precisa que "la condonación se extiende a cuantas obligaciones principales y accesorias, por recargo de apremio, intereses de demora o de cualquier otra naturaleza se deriven de la ejecución del citado aval, quedando extinguidas a todos los efectos". Lo que es una condonación de deuda en toda regla.
Finalmente la Administración del Estado se compromete también a asumir la cuantía total de los intereses devengados por los gastos financieros del Consorcio e incluye en el proyecto presupuestario de 2019 una partida de 13 millones de euros para liquidar la parte de la deuda por el préstamo del Banco Santander (ahora propiedad de TAC) que le corresponde asumir por su participación en el Consorcio.
Borrón y cuenta nueva. Básicamente, lo que pedían Generalitat y Ayuntamiento, que defendían que la gestión pública de las infraestructuras creadas con motivo de la Copa América era viable una vez se liberará a la plataforma de las cargas vinculadas a todos los fastos que rodearon la celebración del acontecimiento deportivo en 2007.
La Administración del Estado está dispuesta a cumplir con su parte y así se ha comprometido a hacerlo si prospera el proyecto presupuestario, asumiendo esos cerca de 400 millones de euros que lastraban las cuentas y el futuro del Consorcio.
Hecho esto, el Gobierno dará un paso atrás, ejercerá su derecho de separación del Consorcio Valencia 2007, según se explicita en el proyecto de Presupuestos de 2019, y únicamente exigirá que la gestión que lleven a cabo de las infraestructuras Generalitat y Ayuntamiento de Valencia se ajuste a las disposiciones actualmente vigentes de Puertos del Estado y patrimonio de las Administraciones Públicas y que se garantice el pago de las deudas pendientes con la Autoridad Portuaria de Valencia.
https://www.lainformacion.com/econo...o-millonario-copa-america-de-valencia/6489847
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Esto no es importante que lo sepan los españoles
HOME>ACTUALIDAD>ESPAÑA PAGA UNA PENSIÓN VITALICIA DE 75.000 EUROS A CADA EX PRESIDENTE
España paga una pensión vitalicia de 75.000 euros a cada ex presidente
España se encuentra entre uno de los tres países del mundo desarrollado que compensan de por vida a sus ex presidentes y ex ministros después de abandonar sus cargos.
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 presentados en el Congreso de los Diputados, se incluye un incremento de la partida presupuestaria destinada a las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Gobierno de España, que pasa de los 223.740 euros a 298.320 euros para así incluir en esta medida al último ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy dispondrán así, de una pensión vitalicia de unos 75.000€ euros (salvo que renuncien a ella). Además, les está permitido entrar en el Consejo de Estado donde reciben otros 100.000 euros -con dietas y pluses- de carácter vitalicio, que resultan incompatibles con el ejercicio de dirección en la empresa privada. En la actualidad, ningún ex presidente cobra dicha remuneración.
Este hecho es poco común en los países europeos. En España, la regulación vigente especifica que como mínimo se deben cotizar 15 años para recibir una pensión de mínima de jubilación, aunque se permite a algunos cargos políticos recibir pensiones sin tener que cumplir estos plazos.
En el caso de los ex presidentes del Gobierno, también tienen reconocidos otros privilegios y prebendas, como el poder designar dos puestos de trabajo a su servicio, automóvil con chófer, seguridad personal, además de la gratuidad en los viajes de las compañías de transporte terrestre, marítima y aérea en todo el Estado, según regula el Estatuto de Ex Presidentes del Gobierno, Real Decreto 405/1992 publicado en el BOE.
Por otra parte, los ex ministros reciben una compensación durante dos años tras su cese. Es decir, si han estado cuatro años en la política activa, tienen derecho a dos años de compensación. Siempre recibiendo, en cualquier caso, el 50% del tiempo que han desarrollado el cargo.
En el caso de los ex presidentes autonómicos, las cantidades varían según la Comunidad. En el caso de Cataluña, los ex president reciben una compensación económica durante cuatro años tras su cede y posteriormente cuando les llega la edad de jubilación reciben 100.000 euros anuales en concepto de pensión vitalicia. En el caso del País Vasco, el ex lehendakari recibiría una compensación de 8.000 euros y el 40% de su sueldo en el periodo de un año, y tras su jubilación recibiría la mitad de su sueldo de forma vitalicia.
Los eurodiputados también forman parte de este elenco de políticos privilegiados que a partir de los 63 años tienen garantizada una pensión de jubilación, sin necesidad de tener años cotizados. En el caso de cumplir cuatro legislaturas en activo, es decir 16 años, recibirán una pensión de 5.614 euros mensuales. Cada eurodiputado viene a contar con una asignación de unos 500.000 euros anuales entre dietas, asesorías, alojamientos, viajes y sueldo. El sueldo de cada eurodiputado ronda los 8.000 euros brutos mensuales, además de recibir 4.400 euros mensuales para gastos generales (equipos informáticos, teléfono, junto con 21.000 euros mensuales para contratar los servicios de asesores (que hasta hace poco se les permitía que fuesen familiares). Por otra parte, cobran 304 euros diarios para gastos de alojamiento y en el caso de tener que asistir a reuniones fuera de la Unión Europea se les asigna 150 euros diarios para dietas más el gasto de alojamiento. El privilegio de ser eurodiputado incluye otras prebendas como viajes gratis en avión en clase business y en primera clase si es en ferrocarril o barco. Además reciben otros 4.200 euros anuales para gastos de viaje no oficiales.
https://www.ecorepublicano.es/2019/...Ct1HlhjodsT44KoacTrfjbRZnOim0LgOms_uRKvl59cII
España paga una pensión vitalicia de 75.000 euros a cada ex presidente
España se encuentra entre uno de los tres países del mundo desarrollado que compensan de por vida a sus ex presidentes y ex ministros después de abandonar sus cargos.
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 presentados en el Congreso de los Diputados, se incluye un incremento de la partida presupuestaria destinada a las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Gobierno de España, que pasa de los 223.740 euros a 298.320 euros para así incluir en esta medida al último ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy dispondrán así, de una pensión vitalicia de unos 75.000€ euros (salvo que renuncien a ella). Además, les está permitido entrar en el Consejo de Estado donde reciben otros 100.000 euros -con dietas y pluses- de carácter vitalicio, que resultan incompatibles con el ejercicio de dirección en la empresa privada. En la actualidad, ningún ex presidente cobra dicha remuneración.
Este hecho es poco común en los países europeos. En España, la regulación vigente especifica que como mínimo se deben cotizar 15 años para recibir una pensión de mínima de jubilación, aunque se permite a algunos cargos políticos recibir pensiones sin tener que cumplir estos plazos.
En el caso de los ex presidentes del Gobierno, también tienen reconocidos otros privilegios y prebendas, como el poder designar dos puestos de trabajo a su servicio, automóvil con chófer, seguridad personal, además de la gratuidad en los viajes de las compañías de transporte terrestre, marítima y aérea en todo el Estado, según regula el Estatuto de Ex Presidentes del Gobierno, Real Decreto 405/1992 publicado en el BOE.
Por otra parte, los ex ministros reciben una compensación durante dos años tras su cese. Es decir, si han estado cuatro años en la política activa, tienen derecho a dos años de compensación. Siempre recibiendo, en cualquier caso, el 50% del tiempo que han desarrollado el cargo.
En el caso de los ex presidentes autonómicos, las cantidades varían según la Comunidad. En el caso de Cataluña, los ex president reciben una compensación económica durante cuatro años tras su cede y posteriormente cuando les llega la edad de jubilación reciben 100.000 euros anuales en concepto de pensión vitalicia. En el caso del País Vasco, el ex lehendakari recibiría una compensación de 8.000 euros y el 40% de su sueldo en el periodo de un año, y tras su jubilación recibiría la mitad de su sueldo de forma vitalicia.
Los eurodiputados también forman parte de este elenco de políticos privilegiados que a partir de los 63 años tienen garantizada una pensión de jubilación, sin necesidad de tener años cotizados. En el caso de cumplir cuatro legislaturas en activo, es decir 16 años, recibirán una pensión de 5.614 euros mensuales. Cada eurodiputado viene a contar con una asignación de unos 500.000 euros anuales entre dietas, asesorías, alojamientos, viajes y sueldo. El sueldo de cada eurodiputado ronda los 8.000 euros brutos mensuales, además de recibir 4.400 euros mensuales para gastos generales (equipos informáticos, teléfono, junto con 21.000 euros mensuales para contratar los servicios de asesores (que hasta hace poco se les permitía que fuesen familiares). Por otra parte, cobran 304 euros diarios para gastos de alojamiento y en el caso de tener que asistir a reuniones fuera de la Unión Europea se les asigna 150 euros diarios para dietas más el gasto de alojamiento. El privilegio de ser eurodiputado incluye otras prebendas como viajes gratis en avión en clase business y en primera clase si es en ferrocarril o barco. Además reciben otros 4.200 euros anuales para gastos de viaje no oficiales.
https://www.ecorepublicano.es/2019/...Ct1HlhjodsT44KoacTrfjbRZnOim0LgOms_uRKvl59cII
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El PP y Ciudadanos bloquean la tramitación de 37 leyes de Sánchez
Los decretos leyes son las únicas normas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aseguradas
ANABEL DÍEZ
Madrid 24 DIC 2018 - 12:14 CET
La iniciativa legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez tiene un camino complicado. Por un lado, PP y Ciudadanos han convalidado algunos de los decretos leyes presentados por el Ejecutivo (Ciudadanos apoyó 11 de 16 y el PP, 9). Pero en la tramitación de las leyes ordinarias la posición es otra: los dos partidos plantean prórrogas encadenadas que impiden que las reformas que se tramitan puedan avanzar. Ha sucedido en total con 37 leyes, algunas de las más emblemáticas del Gobierno, como la eutanasia, la memoria histórica, la ley de estabilidad presupuestaria, la ley mordaza o la despenalización de los piquetes de huelga.
Los decretos leyes son las únicas normas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aseguradas. Su aprobación en el Consejo de Ministros tiene una traducción efectiva en el Congreso, ya que la mayoría parlamentaria que se creó en la moción de censura contra Mariano Rajoy suele repetirse —y, en muchas ocasiones, incluso PP y Ciudadanos han votado a favor—. A pesar de las críticas por su amplia utilización, el Gobierno sostiene que es la única forma de llevar adelante sus políticas porque, por otro lado, las leyes que quiere tramitar en el Congreso por la vía ordinaria se encuentran sistemáticamente con el bloqueo de PP y Ciudadanos, que usan el recurso a pedir prórrogas en la tramitación.
Casado afirma que los represaliados ya han sido reparados y ultima una ley contra la memoria histórica
Gobierno y Generalitat desbloquean la negociación de los Presupuestos
Algunos proyectos y proposiciones de ley llevan entre una y cinco prórrogas, pero otras han sido ya pospuestas en decenas de ocasiones. No hay posibilidad de poner límites a este encadenamiento de prórrogas porque incluso la norma que presentó el PSOE para limitar las prórrogas y que esto no ocurra ha corrido la misma suerte y no ha comenzado a tramitarse aún.
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Una vez que se desarrolló ese debate político, el grifo se volvió a cerrar y empezó la petición de prórrogas. Por tanto, aún no se ha empezado con la discusión de enmiendas ni con los trabajos de comisión, previos al pleno. No hay tapujos en el PP para reconocer que en la medida que puedan no facilitarán ni lo que llaman “contrarreformas” del PSOE a las leyes aprobadas por el PP y sus socios parlamentarios, ni la aprobación de medidas con las que no están de acuerdo.
Tampoco hay intención de facilitar que se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no tenga la última palabra en la aprobación del techo de gasto. Esta ley ya ha sufrido 10 prórrogas, por lo que la norma vigente propiciará que esta semana el Senado rechace la senda de déficit que el Congreso aprobó el pasado jueves.
Por 44 veces ha sido prorrogada la proposición de ley para incluir la obligación de registrar diariamente el horario de entrada y salida de los trabajadores para evitar la situación actual en la que muchos empleados hacen muchas más horas que las que el empresario declara.
Las reformas en el ámbito de las leyes del Código Penal llevan especial retraso. La paralización de la proposición de ley para derogar el plazo máximo para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal acaba de tener un efecto inmediato. El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, se ha beneficiado de la limitación a seis meses de la instrucción de las causas penales aprobada por su partido en 2015.
Transcurridos los seis meses sin tomarle declaración por parte del juez y la tardanza de la fiscalía en pedir la ampliación del plazo de investigación, ha sido absuelto. “Esto sí que es un indulto llevado a cabo por Pablo Casado y Albert Rivera”, clama en sentido metafórico el secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas. Las leyes detenidas no son todas de inspiración propia sino que muchas tienen la firma originaria de Unidos Podemos, del PNV y del Grupo Mixto, en el que está el PDeCAT.
La modificación en el Código Penal de los artículos que afectan a los piquetes de huelga es una de las propuestas que inició el partido que lidera Pablo Iglesias, y que va ya por la prórroga número 57. La derogación de aspectos de la llamada ley mordaza es otra de las normas que espera turno para su desarrollo.
La petición de urgencia no siempre se aprueba por la mayoría que conforma el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, pero incluso aunque así sea, estos grupos tienen mecanismos para posponer el comienzo de la tramitación. Y todo dentro de las normas del Reglamento cuya reforma también está parada.
De momento esto ocurre con la proposición de ley “sobre bebés robados en el Estado español” que está pendiente del informe de la ponencia sobre si la ley debe o no tener carácter orgánico. Más y más peticiones de aclaraciones, como el caso citado, que retrasan la tramitación. Y todo es legal. Esta proposición fue tomada en consideración el 20 de noviembre.
Desde el 26 de junio hay en el Congreso una proposición de ley, aprobada por el pleno, para la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado de menores por parte de sus progenitores en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, impulsada por Podemos. La prórroga se ha pedido ya 14 veces. Diez ampliaciones tiene la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables por pobreza energética, que tiene el visto bueno para empezar a andar desde el 18 de septiembre.
Las prórrogas de muchas de estas leyes culminan este miércoles. Si vuelven a solicitarse no volverán a plantearse hasta el mes de febrero al ser enero vacación mes inhábil en el Congreso.
REFORMAS QUE NO AVANZAN
Estas son algunas de las leyes que el Gobierno no consigue tramitar:
Ley de eutanasia. El pleno del Congreso la aprobó el 25 de octubre y desde entonces su regulación ha sido prorrogada 14 veces.
Ley de estabilidad presupuestaria. Ha sufrido 10 prórrogas. La norma vigente propiciará que esta semana el Senado rechace la senda de déficit aprobada por el Congreso.
Obligación de registrar las horas trabajadas. Esta propuesta ha sido prorrogada 44 veces.
Derogación del plazo máximo para instruir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La paralización de esta proposición de ley tuvo un efecto inmediato en la absolución del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP. Su partido ha pedido 58 prórrogas del plazo de enmiendas.
Despenalización de los piquetes de huelga. Esta propuesta que impulsó Podemos va ya por la prórroga número 57.
‘Ley mordaza’. La derogación de algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana es otra de las normas que espera turno para su desarrollo.
Ley sobre bebés robados en el Estado español. PP y Ciudadanos han logrado posponer el comienzo de tramitación de esta norma, que está pendiente del informe de la ponencia sobre si debe o no tramitarse como ley orgánica.
Ley de permisos y prestaciones para el cuidado de menores. Esta proposición de ley, impulsada por Podemos, está a la espera desde el 26 de junio. La prórroga se ha pedido ya 14 veces.
Solución habitacional en casos de pobreza energética. En este caso la proposición de ley tiene el visto bueno para empezar a andar desde el 18 de septiembre.
https://elpais.com/politica/2018/12...2PIY1nzXqUoKpZ94Q8WsphzSKYhzuci0nbVKPQ8j91Zik
Suele pasar cuando intentas gobernar cuando nadie te ha elegido
¡Ostras! Los que le eligieron mediante moción de censura, es decir, los diputados, ¿No nos representan cuando les votamos?
Huyyyy ¡Cuantas mentes golpistas hay por España!
