"HESPAÑA"


El alcalde de Valga, José María Bello, (1d) y el secretario, José Ángel Souto, al fondo.
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Fuente
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DIARIO AROUSA*
Imputado todo un Ayuntamiento del PP que llevaba 25 años ‘reuniéndose en privado’ y pagándose por ello.

En el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) por lo que llamaban ‘reuniones de coordinación’ los concejales se autoadjudicaron más de 215.000 euros.

Vie, 20 Ene 2017

El concello de Valga, en Pontevedra, lleva con gobiernos de mayorías absolutas del PP desde el año 1991. Tan absolutas que José María Bello, el alcalde, a quien en la oposición califican de “muy dictatorial”, con el apoyo de su Junta de Gobierno se consideró a partir de 1992 cualificado para comenzar a convocar unas reuniones ‘paralelas’ a las Juntas de Gobierno... naturalmente pagadas con pluses de asistencia y con dinero público.

Reuniones sólo para los concejales del PP

El asunto, aunque ya había sido criticado durante años en los plenos municipales, no fue sin embargo denunciado judicialmente por la oposición (en estos momentos el PSOE tiene 4 concejales frente a los 9 del PP) hasta el pasado año “después de que intentáramos infructuosamente durante meses que nos aclarase en los plenos las características y el contenido de esas reuniones”, dice a ELPLURAL.COM María Ferreirós, portavoz del grupo socialista en Valga.

A estas reuniones, que eran calificadas en las Juntas de Gobierno de Valga como de coordinación, tan sólo eran invitados los concejales del PP. Ni los concejales que desde 1992 ocupaban la bancada de la oposición ni, aún más sorprendente, funcionario alguno del ayuntamiento para tomar notas, dar fe o simplemente apagar y encender las luces de la sala.

Hasta ahora, cada intento de aclarar “no sólo éste, sino también otros asuntos, era como chocar contra un muro dado el carácter autoritario del alcalde, que se negaba a contestarnos y nos retiraba la palabra cuando preguntábamos”, dice Ferreirós. Hasta que el grupo socialista cambió de estrategia y comenzó a pedir oficialmente documentos.

Imputados los concejales que cobraron las dietas



Les llevó un año hacerse con una mínima documentación, pero a pesar de las resistencias del Ayuntamiento y las “miradas amenazantes” de algunos simpatizantes del PP del Concello, los concejales socialistas consiguieron suficientes papeles como para acudir al juzgado de Calda de Reis y presentar el 24 de noviembre del año pasado una demanda. La juez a la que le correspondió el caso exigió al interventor del Ayuntamiento y al secretario informes en los que preguntaba sobre la legalidad de esas reuniones, su contenido y un detallado listado de cuánto y a quiénes se pagaba por la asistencia.


Los informes de los funcionarios fueron contundentes: confirmaron que las reuniones no eran legales porque no se guardaban proporcionalidad, ya que asistían sólo concejales del PP; que se habían iniciado en 1992 y cifraban en 215.000 euros la cantidad que se había pagado en concepto de dietas a los participantes. Cantidad, insistimos, que no se ajustaba a la verdadera ya que, como reconocían los propios funcionarios, no pudieron retrotraerse más allá de 2003.

Pero la juez no se ha dejado intimidar y ha decretado una providencia con fecha 4 de enero, pero que llegaba este jueves 19 al Ayuntamiento de Valga, en el que no sólo se pide al interventor y al secretario de que informen también sobre “las personas que han venido percibiendo ingresos por asistir a las comisiones de coordinación desde el año 1992 hasta 2003”, sino que pide que se cite “a declarar en calidad de investigados (lo que antes se llamaba imputados) a los denunciados (el alcalde y los demás citados en el informe)”, y como testigos al propio interventor y al secretario.

"Reuniones del PP pagadas con dinero público"

“Nosotros hemos descubierto -dice a ELPLURAL.COM María Ferreirós- que ellos mismos levantaban actas de las comisiones, y que las firmaban el alcalde y quien hacía de secretario, José Ángel Souto, su perenne mano derecha, pero claro, no sabemos si existían o no, ni quiénes de verdad asistían a ellas.., ni siquiera si se celebraban”. En realidad, los concejales de la oposición sospechan que no se trató durante 25 años sino de reuniones de los miembros del PP en el Concello que se veían y sacaban un sobresueldo (“alguno habría cobrado hasta en torno a los 30.000 euros en dietas”) a costa del dinero público. Porque, aunque la finalidad fuera pagar sobresueldos, no todo ha llegado a través de gürteles y similares.

http://www.elplural.com/politica/20...pp-que-llevaba-25-anos-reuniendose-en-privado
 
Los fiscales Anticorrupción se enfrentan de nuevo a Moix por la denuncia contra tres compañeros


Todos los fiscales presentes firmaron un escrito de apoyo frente a la orden del jefe de Anticorrupción para que un tribunal los investigue

El testimonio de un imputado bastó a Moix para apoyar la denuncia por coacciones sin recabar la versión de sus subordinados

Las 21 firmas comenzaron a estamparse el mismo día que los fiscales se opusieron a los límites de su jefe para la investigación del Canal

Pedro Águeda
75 comentarios

29/04/2017 - 20:33h
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Manuel Moix en el acto de su toma de posesión como fiscal jefe de Anticorrupción EFE

Moix pide investigar a tres fiscales del caso Pujol por coacciones a un imputado
La oposición de los fiscales Anticorrupción el 18 de abril a los límites que su jefe quería imponer a la Operación Lezo se vio acompañada de un segundo enfrentamiento simultáneo. Entre el 18 y el 20 de abril, un total de 21 fiscales Anticorrupción, todos los que se encontraban trabajando en ese periodo, firmaron la petición de amparo de sus compañeros José Grinda, Juan José Rosa y Fernando Bermejo a la Fiscalía General del Estado ante las denuncias contra ellos de unos imputados por corrupción y otros delitos de crimen organizado.

Moix había reaccionado a esas denuncias de un modo muy distinto, instando al Tribunal Superior de Cataluña a que investigara a los tres fiscales sin requerir antes la versión de sus subordinados.


La petición de amparo de los tres fiscales Anticorrupción será examinada por el Consejo Fiscal que se reúne los próximos miércoles y jueves. En esa misma reunión se analizará también el relevo del caso 3% de dos de los fiscales que piden amparo por las citadas denuncias, José Grinda y Fernando Bermejo.

A pesar de lo avanzado de las pesquisas, el jefe de Anticorrupción ha entregado el caso de la financiación irregular de CDC a dos fiscales de la delegación en Cataluña de acuerdo con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La decisión ha provocado uno de los focos del incendio que vive Anticorrupción desde prácticamente la llegada de Moix, hace apenas siete semanas.

El escrito de los tres fiscales pidiendo amparo se acompaña de otro en el que se lee: “Habiendo tenido conocimiento del escrito de solicitud de amparo al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado de nuestros compañeros Bermejo, Grinda y Rosa, mediante la firma del presente mostramos nuestro apoyo a los mismos y nos sumamos a tal solicitud”. Está firmado en Madrid, a 18 de abril de 2017, y debajo y también en la página siguiente se contabilizan 21 rúbricas de miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de entre las que destaca la teniente fiscal y número dos del organismo, Belén Suárez.

Fuentes fiscales precisan que las firmas de adhesión se estamparon entre ese 18 de abril y los dos días siguientes. Eso significa que comenzaron a recogerse el mismo día de la reunión de la Junta de Fiscales en la que Moix se encontró con un solo apoyo, una abstención y 19 votos en contra a su negativa a practicar un registro vinculado a la sociedad a través de la que opera el Canal de Isabel II en Latinoamérica.

La Fiscalía atribuye a “discrepancias técnico-jurídicas” el resultado de la votación, celebrada tras la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, algo inédito en los 13 años que Antonio Salinas, antecesor de Moix, estuvo al frente de Anticorrupción.

El denunciante, detenido en la Operación Emperador
Rafael Pallardó es un empresario detenido en el caso Emperador contra el blanqueo de capitales. En su denuncia ante Anticorrupción, Pallardó asegura que el 12 de marzo de 2015 asistió a una reunión en la sede de la Fiscalía de Cataluña, en compañía de su abogado, y que durante la misma los tres fiscales denunciados le coaccionaron para que declarara que las iniciales “JP, JPM y JpMarta”, incluidas en unos correos que se le habían incautado, correspondían a Jordi Pujol y dos de sus hijos. En esos correos se instaba a Pallardó a entregar a las personas tras esas iniciales distintas cantidades de dinero.

Según la versión de Pallardó, los tres fiscales le amenazaron con retirarle las “ventajas procesales” prometidas, vinculadas a la devolución de su patrimonio y retirada de acusaciones contra personas de su entorno. El empresario asegura que el más vehemente fue Bermejo y que Rosa decidió retirarse en un momento de la discusión y seguir la reunión desde un punto alejado de la sala. Añade que él se negó a declarar que esas iniciales correspondían con los Pujol porque no era verdad. “Me sentí francamente coaccionado por cuanto que tenía miedo de perder promesas de favores procesales que me habían hecho”, escribe en su denuncia Pallardó.

En su escrito ante Anticorrupción del 28 de marzo, Pallardó también denuncia una presunta emboscada de los fiscales para que visitara a sus colegas de la Fiscalía andorrana y tuviera una charla informal con ellos. Al terminar dicha charla, asegura, se le obligó a declarar y a continuación se detuvo al consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel.

Grinda y Rosa son los fiscales de los casos Emperador y Banco de Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra. Bermejo trabajaba en aquel entonces en la causa contra los Pujol en Barcelona, ahora instruida en la Audiencia Nacional.

Con el contenido de esta denuncia, Moix firmó un decreto que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 5 de abril al apreciar indicios de delito de coacciones y contra la Administración de Justicia en sus tres subordinados. El tribunal destinatario es el TSJC porque los hechos fueron cometidos presuntamente en Cataluña y los tres fiscales están aforados.

Fuentes fiscales aseguran que las denuncias contra fiscales Anticorrupción son frecuentes, como un intento de los abogados por anular las causas contra sus defendidos. En todo caso, añaden, el fiscal jefe debería haber buscado la versión de sus subordinados antes de proponer investigarlos. “Precisamente los fiscales nos dedicamos a la contradicción”, señala una de esas fuentes.

Con la autorización de Torres Dulce y Salinas
La versión de los fiscales está en su escrito de petición de amparo a la Fiscalía General, acompañado por otro con las firmas de sus compañeros. En él, los fiscales aseguran que la reunión referida se celebró a petición del propio Pallardó y que ellos acudieron con el conocimiento y la autorización del fiscal general del Estado y del jefe de Anticorrupción en aquel momento, Eduardo Torres Dulce y Antonio Salinas, respectivamente. Al encuentro también asistieron dos abogados de la defensa de Pallardó.

Los fiscales afirman que Pallardó comenzó exigiéndoles el pago de fondos reservados a cambio de su colaboración. Cuando le trasladaron que la Fiscalía no sigue esa práctica, el empresario les instó a que “hicieran las gestiones necesarias ante El Mundo para que este medio de comunicación le hiciera el pago pretendido”. Los tres fiscales aseguran que ahí concluyó el encuentro.

Los fiscales afirman en su escrito que hay una segunda denuncia contra uno de ellos, José Grinda, formulada por Santiago Roselló, un imputado en la Operación Clotilde, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lloret de Mar vinculada a la mafia rusa. Los fiscales relacionan esta segunda denuncia al contenido de su escrito de acusación, en el que se incluye la confesión del líder de la red rusa contra Roselló.

Los tres miembros de Anticorrupción ven detrás de estas dos denuncias la mano de los antiguos dueños de la BPA, Ramón e Higini Cierco, que despliegan una estrategia para anular la causa contra ellos desde el pasado verano. En Andorra han denunciado al antiguo jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y al jefe de la autoridad fiscal andorrana, Carlos Miñana. Los Cierco y Pallardó comparten abogado, Javier Iglesias, desde hace un mes, según afirman los fiscales en su escrito. El letrado asegura que no ejerce la representación de Pallardó en el caso Emperador ni en ningún otro.

http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-Moix-subordinados-Operacion-Lezo_0_638336584.html
 
La fiscalía pide cárcel para una pareja que robó comida caducada de un supermercado en Alicante


El establecimiento afectado no ha denunciado que se llevaran el contendor a un descampado, donde les sorprendió la policía

eldiariocv
04/05/2017 - 12:38h
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Gente recogiendo alimentos sobrantes en Mercamadrid en 2012 / OLMO CALVO

En un juzgado de lo Penal de Alicante se celebrará un juicio a una pareja que robó un contendor de comida caducada. Les acusa de oficio la Fiscalía sin que el supermercado afectado haya presentado denuncia, según informa el diario Levante-EMV.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2015 cuando los acusados, junto a un menor, rompieron el candado de un almacén, al que accedieron para llevarse un contenedor lleno de comida perecedera ya caducada. Fueron sorprendidos por la policía en un descampado cercano cuando intentaban hacerse con lo conseguido.

Pese a que el supermercado, según Levante-EMV, ha renunciado expresamente a reclamar nada, dado que lo sutraído estaba destinado a ir a parar a la basura, la fiscalía ha actuado de oficio y acusa a ambos, un hombre y una mujer, de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Reclama para los acusados una condena de ocho meses de cárcel.

04/05/2017 - 12:38h
 
Otro vende moral

Revilla, PP y C's rechazan pedir el cese del jefe de policía de Cantabria, condenado por torturas

El Parlamento de Cantabria rechaza una PNL que reprobaba el nombramiento de Héctor Moreno García, condenado por torturas y detención ilegal, y pedía a Interior su cese. El Partido Popular saca a Venezuela para defender el nombramiento.



El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante una visita al Parlamento en una imagen de archivo.- EFE

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
22/05/2017 17:44 Actualizado: 22/05/2017 17:44
ALEJANDRO TORRÚS

@ATorrús
El Parlamento de Cantabria no pedirá a Interior el cese de Héctor Moreno García, nuevo jefe de Policía de Cantabria que fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 e indultado por un gobierno del PP en 1998, tal y como desveló Público. La cámara ha rechazado este punto con los votos del Partido Regionalista de Cantabria, del Partido Popular y de Ciudadanos. Los motivos esgrimidos por cada uno de ellos han sido muy diferentes pero, sin embargo, han conducido al mismo resultado: el Parlamento cántabro no reprobará el nombramiento de Moreno García.

La reprobación y petición de cese a Interior había sido solicitada por parte de Podemos. El partido morado presentó una Proposición No de Ley ante la cámara que pedía la dimisión del nuevo jefe de Policía Nacional de la región. Argumentó Alberto Bolado, portavoz del partido del círculo, que los cántabros se merecen un jefe de Policía con un expediente limpio. Ni más ni menos. "En esta votación no caben medias tintas. Hoy pueden exigir al Gobierno que nombre en Cantabria un jefe de Policía capaz, democrático y humano, o pueden abstenerse o votar en contra de nuestra PNL y apoyar al PP y que vuelvan los grises", ha señalado Bolado.

Mención extraordinario merece el PP y su diputada Isabel Urrutia, que defendieron el nombramiento de Moreno García hablando de Venezuela
La petición de Podemos fue suscrita por el PSOE. Los socialistas reiteraron que una persona que aparece en los hechos probados de una sentencia en firme restregando la cabeza de dos ciudadanos inocentes por un cubo de basura no puede ser jefe de Policía. Lo hubiera hecho ayer, antes de ayer o hace 30 años. Asimismo, el socialista Del Corral ha recriminado a Interior que hubiera usado un atestado policial falseado para defender el nombramiento de Moreno García, tal y como destapó Público.

El llamamiento de Podemos y PSOE al presidente Revilla para censurar el nombramiento ha sido desoído por el líder regionalista cántabro o, al menos, por su partido. Revilla fue el primero en pedir a explicaciones a Interior tras la publicación de la condena por torturas de Moreno García por este periódico. Interior contestó 21 días tarde a esta petición y señaló, a modo de excusa, que los policías habían sido agredidos previamente. Esta versión de los hechos, curiosamente, fue refutada en los tribunales. Sin embargo, para el partido de Revilla ha sido más que suficiente.

El portavoz regionalista en esta ocasión, el diputado Pedro Hernando, ha esgrimido para justificar su negativa a la propuesta de Podemos que la competencia para tales nombramientos es del Gobierno central y que el autonómico debe acatar estas decisiones por "lealtad institucional". Asimismo, los regionalistas han justificado su decisión señalando que "no se puede pretender" que una condena judicial sea "eterna". "Ya ha cumplido la condena por la vía del indulto", ha llegado a señalar Hernando.

El mundo paralelo del Partido Popular
El rechazo del PRC ha sido compartido por el Partido Popular y por Ciudadanos, que tiene dos diputados en el Parlamento cántabro integrados en el Grupo Mixto. Los naranjas han eludido comentar el pasado del nuevo jefe de Policía y sí han señalado que "no tiene procesos judiciales abiertos" y que ya ha cumplido su "sanción". "Nuestra labor será la de estar vigilantes para que realice su labor de forma correcta y apropiada", sentenció Rubén Gómez.

El llamamiento de Podemos y PSOE al presidente Revilla para censurar el nombramiento ha sido desoído por el líder regionalista cántabro
Mención extraordinario merece el Partido Popular y su diputada Isabel Urrutia. La conservadora decidió defender el nombramiento de Moreno García hablando de Venezuela. Acusó a Podemos de defender "estados torturadores" y a los socialistas de votar junto a aquellos que defienden "países asesinos". Urrutia, en un discurso calcado a uno recientede la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, recriminó tanto a Podemos como al PSOE tener "una doble vara de medir".

Una vez terminado el turno de Venezuela, la diputada conservadora sacó a pasear el nombre de Bódalo, acusó a Podemos de simpatizar también con condenados por terrorismo de ETA y con condenados por abusos sexuales. Un todo vale para defender el nombramiento de un policía que fue condenado por torturas y cuya pena fue conmutada por el Gobierno del Partido Popular
 
La Hespaña profunda :grumpy::grumpy:

Real Madrid

Campaña en Change.org para perdonar la deuda a Cristiano Ronaldo
Un usuario de la plataforma subió esta iniciativa para que CR7 siga en el Real Madrid a toda costa
La propuesta no ha despertado demasiadas adhesiones y sí el disgusto de bastantes internautas

denuncia de la Fiscalía contra Cristiano Ronaldo por presunto fraude a la Hacienda Pública se ha puesto en marcha en Change.org una iniciativa en la que se pide que perdonen al delantero del Real Madrid su deuda con la Agencia Tributaria y no abandone el Santiago Bernabéu.

19/06/2017 14:18h
SPORT.es

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En la plataforma Change.org se suelen poner en marcha recogidas de firmas para impulsar iniciativas populares de todos los ámbitos, habitualmente con un marcado carácter social y reivindicativo.

De ahí que pueda resultar un tanto chocante que un usuario, que por otra parte firma con el curioso nickname de 'Elsi Churrero' haya iniciado la propuesta "Queremos que Cristiano se quede, el dinero nos da igual". Su intención es entregar las firmas al Gobierno de España.

No es posible asegurar tajantemente que se trate de una propuesta chusca o disparatada. Pero en todo caso, el por ahora bajo número de firmantes (318 personas) invita a pensar que no va a lograr demasiado apoyo de firmas.

En todo caso, algunos internautas que han contestado a la iniciativa han demostrado su disconformidad. Mientras que algunos la han tomado como una muestra de muy poca sensibilidad social, para otros es una broma de muy mal gusto.
 
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