"HESPAÑA"

EXCLUSIVALAS CLOACAS DE INTERIOR

ACOSO A LA PRENSA
Amenazas de la 'brigada política' a Público: "Va a haber que hacer las cosas a las bravas"
Era el jefe de gabinete del número dos de la Policía de Jorge Fernández Díaz. Jose Ángel Fuentes Gago intentó amedrentar a este medio, como demuestran los audios, por desvelar que tras firmar un informe avalando los negocios de Villarejo, le dieron la embajada de Holanda, junto a su mujer, con unas dietas de 10.000 euros al mes cada uno, además del salario.

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José Ángel Fuentes Gago durante una rueda de prensa con dirigentes de sindicatos policiales.

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MADRID
20/03/2017 21:55 Actualizado: 21/03/2017 10:33
PATRICIA LÓPEZ/ CARLOS ENRIQUE BAYO

@patricialopezl@tableroglobal
Cuando un policía le dice a un periodista que no le gustan sus informaciones y que, si sigue así "habrá que hacer las cosas a las bravas", un escalofrío recorre la espalda del oyente. Porque en su uniforme reglamentario lleva pistola y, sobre todo, si la persona que emite la amenaza es a quien el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, había escogido para tratar con la prensa por haber sido el portavoz del Sindicato Profesional de la Policía (SPP).

También tiemblas cuando una autoridad con acceso a tu información privada, como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, asegura que es bueno que los jueces no acepten las denuncias que la cúpula policial quiere poner contra Público, porque "podremos dar los datos: La abogada Patricia López, compañera sentimental del abogado… y dirás tú, qué tiene que ver”.

Más temor entra cuando comienzas a desvelar, mediante un constante y costoso trabajo de investigación, que la mano derecha del Director Adjunto Operativo (DAO) es el hombre que introdujo al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el despacho del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para abrir procedimientos judiciales contra adversarios políticos con informaciones manifiestamente falsas y, presuntamente, obtenidas de manera alegal.

Porque Gago es además, según diferentes fuentes policiales y como han publicado otros medios, una de las personas que presuntamente viajó a Suiza con más de un millón de euros de los fondos reservados para pagar a un confidente contra Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y Jordi Pujol, expresident de la Generalitat.

Pues eso es lo que lleva soportando Público desde que en diciembre de 2014 comenzase a publicar revelaciones sobre el caso del pequeño Nicolás. Parecía de risa el affaire, pero nos ha conducido hasta el comisario José Manuel Villarejo Pérez, sus negocios para los que se sirve presuntamente de la UDEF (entre otras unidades de la Policía), sus servicios a empresarios del IBEX, la Operación Cataluña y el falso Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima).

"Si llegas a poner algún dato de ella, ya te digo yo que hubieras tenido problemas serios, pero personales".
Los problemas con el inspector jefe Fuentes Gago comenzaron en junio de 2015, con la publicación del reportaje Interior suspende de empleo y sueldo al comisario que investigaba a Villarejo. El artículo informaba sobre el cese del comisario Jaime Barrado, encargado en ese momento de la investigación sobre las amenazas a la doctora Elisa Pinto y en las que, según las denuncias de ella, el empresario Javier López Madrid se habría servido de los servicios privados del comisario Villarejo para apuñalarla a modo de advertencia.

En el penúltimo párrafo del artículo decíamos: "La otra investigación que se abrió contra el agente encubierto, la que intentaba deliberar si sus cargos de consejero y presidente de diferentes empresas eran compatibles con la investigación policial, fue encargada al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, adjunto a la DAO como Villarejo y militante de su mismo sindicato, el SPP. Hasta hubo quejas dentro de la Policía de por qué se seleccionaba a una persona de inferior rango para investigar a un comisario y por qué no se hacía a través de Asuntos Internos o de Régimen Disciplinario. Aun así se siguió adelante con el procedimiento del que Villarejo salió completamente exonerado y el inspector jefe que lo elaboró ha sido enviado con una dieta de 10.000 euros a la embajada española en Holanda, donde también trabaja su esposa".

No le gustó que escribiéramos que iba destinado donde estaba su esposa, también agente de la Policía Nacional, a pesar de no haber puesto ni su nombre ni profesión. La respuesta de Gago a Público fue inmediata, como puede escucharse a continuación:

Gago: Es que imagínate si llega a aparecer. Si llegas a poner algún dato de ella, ya te digo yo que hubieras tenido problemas serios, pero personales. Ya te lo digo así de claro; tú y cualquiera que los ponga. Llega un momento en el que ya va a haber que hacer las cosas a las bravas, te lo digo en serio.

El intento de detención se ideó en la tarde de la Nochevieja de 2015 (un jueves) por los comisarios Eugenio Pino y José Manuel Villarejo, y se llevó a cabo el lunes 4 de enero de 2016 a primera hora de la mañana. El motivo fue un reportaje donde sacábamos la ficha del DNI del comisario Villarejo y por la que se nos acusaba de revelación de secreto.

Finalmente ha sido archivado por los tribunales. Pero la cuestión era otra. Ante la amenaza de detención transmitida a través de un abogado que la conocía, la redactora de Público acudió ese día a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pero las diligencias practicadas en aquella fecha por el más alto mando de la Policía Judicial de Madrid ni siquiera han sido enviadas todavía a los juzgados de Plaza de Castilla.

¿Así actúan siempre los mandos policiales con los periodistas cuyas informaciones les desagradan?
 
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Defensa veló cuatro féretros tras la tragedia del SAR de Canarias en 2014, pero dos estaban vacíos


“Nos mintieron hasta en el funeral: pusieron cuatro féretros, pero solo había dos cuerpos, los otros dos siguen en el mar”, denuncia Josefina Valiño, la madre de uno de los cuatro militares muertos al caer al mar un helicóptero del Ejército del Aire

El Gobierno adjudicó el rescate de la nave siniestrada por 3,2 millones de euros, pero la operación se dio por finalizada con dos cadáveres perdidos y parte del fuselaje sin extraer del fondo del mar

Teresa Cárdenes - Las Palmas de Gran Canaria
02/04/2017 - 22:56h
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Compañeros de los cuatro militares fallecidos en el accidente del SAR de 2014 portan cuatro féretros, dos de ellos vacíos. EFE/ÁNGEL MEDINA G.

El padre del sargento Jhonander: “Un general hizo firmar a mi hijo que no había visto ni oído nada”
Defensa y el Ejército del Aire velaron el 27 de abril de 2014 en la Base Aérea de Gran Canaria cuatro féretros en un funeral de homenaje a las víctimas del accidente de helicóptero que le había costado la vida a cuatro militares, cuando un Súper Puma del SAR se estrelló el 19 de marzo contra el mar durante una maniobra nocturna. En realidad, dos féretros estaban vacíos, porque nunca se pudieron recuperar los cuerpos de dos de las víctimas y por tanto no se pudo realizar autopsia alguna ni tampoco verificar la causa exacta de estos dos fallecimientos. Además de los dos cuerpos perdidos, Defensa dejó en el fondo del mar parte del fuselaje del helicóptero, pese a que la operación de rescate le iba a costar al erario público por adjudicación directa 3,2 millones de euros, informa la web especializada ATC Press.

La pérdida completa de los dos cadáveres consta en el informe técnico final de la comisión oficial de investigación de accidentes de aeronaves militares (CITAAM), que solo habla de la recuperación de restos sin especificar de estas dos personas. Tres años después, Josefina Valiño, madre de una de las víctimas de la tragedia, ha puesto el dedo en la llaga: “Nos mintieron incluso en el funeral: había dos cuerpos y nos pusieron cuatro féretros, los otros dos siguen debajo, en el fondo del mar. Que se sepa la verdad”.

Josefina Valiño y Fernando Pena son los padres del capitán Daniel Pena Valiño. Su hijo era uno de los cuatro militares que viajaban y murieron en la noche del 19 de marzo de 2014 cuando el helicóptero cayó al mar después de quedarse a oscuras por un fallo en el lanzamiento de bengalas de iluminación desde un avión militar de apoyo. Muy a su pesar, Josefina Valiño adquirió protagonismo muy pocos días después del accidente, al encabezar una petición pública de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir al Ministerio de Defensa que sacara del fondo del mar los cuerpos de los cuatro militares muertos. Ahora, tres años después de la tragedia, la madre del capitán Pena Valiño censura al Ministerio de Defensa el haber “tratado de ocultar” que dos de los cuatro féretros velados el 27 de abril en la Base Aérea de Gran Canaria en realidad estaban vacíos.

“Solo queremos que se sepa la verdad”. Los padres del capitán Pena Valiño y del teniente Sebastián Ruiz Galván llevan tres años entregados a una sorda batalla para tratar de averiguar qué provocó en realidad la caída al mar del helicóptero y la muerte de cuatro de sus cinco tripulantes. Los tres están convencidos de que la investigación oficial sobre el accidente se ha encauzado para señalar supuestos errores humanos como causa principal, obviando o dejando en último plano fallos materiales que fueron determinantes para que se produjera la tragedia.

Pero ahora, Josefina Valiño da un paso más allá y señala uno de los hechos más dolorosos y traumáticos de la pesadilla que tocó vivir a estas familias entre marzo y abril de 2014: el hecho de que incluso en el funeral se velaran cuatro féretros, a pesar de que dos de ellos estaban vacíos porque durante la operación de rescate se perdieron dos cuerpos en el fondo del mar. Todo ello ante los ojos de cuatro familias en estado de shock después de un calvario de 40 días, los que pasaron entre la caída del helicóptero y el momento en que se dio por concluida la operación de rescate tras la recuperación de solo dos cuerpos y restos no especificados de los otros dos.

En su día, el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire pasaron de puntillas sobre este hecho. En la noche del 19 de marzo, con cuatro de sus cinco tripulantes atrapados en el interior, la nave se hundió hasta casi 2.400 metros de profundidad. Defensa intentó primero esquivar una operación de búsqueda para rescatar a los militares muertos. Pero la presión de los ciudadanos hizo su trabajo: decenas de miles de firmas arroparon la petición de Josefina Valiño y de Sebastián Ruiz Benítez, padre de otro de los pilotos fallecidos, para rescatar tanto los cuerpos como los restos del helicóptero, sin los cuales sería imposible investigar las causas de la tragedia. Aún así, el rescate no comenzó hasta un mes después: Defensa tardó 32 días en publicar un contrato negociado sin publicidad para adjudicar a la norteamericana Phoenix International Holding el rescate de la aeronave siniestrada por un importe de 3,2 millones de euros.

El 20 de abril de 2014, Defensa anunció a las familias que los robots submarinos de Phoenix habían localizado en el fondo del mar los cuerpos de los cuatro militares muertos atrapados en la cabina del helicóptero. Así lo acreditaron las imágenes tomadas por los robots y enviadas en tiempo real a la superficie antes y durante la operación de rescate. Pero cuando se realizó la compleja operación de extracción, solo dos cuerpos llegaron a la superficie. Los otros dos se perdieron “por desgracia” al resultar “expulsados” de la cabina durante el izado, dice el auto judicial de certificación de las muertes.

En aquel momento, la información oficial sobre el caso apuntó vagamente que de los otros dos tripulantes desaparecidos se habían recogido algunos restos, sin especificar, que habían sido trasladados para su identificación al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. La operación se dio por concluida 24 horas después, el 22 de abril de 2014. Pero a las familias aún les quedaba otra semana más de calvario mientras se procedía a la identificación de las víctimas. Para no agravar el ya atroz sufrimiento de las familias, ni siquiera los periodistas que mejor conocían el caso quisieron profundizar en los detalles más dolorosos del proceso de verificación.

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Los restos del helicóptero del SAR accidentan en 2014 EFE

Tres años después, la documentación oficial acredita que, además de los dos cuerpos rescatados, Defensa apenas pudo recuperar restos biológicos de los otros dos tripulantes fallecidos. Parte de las muestras biológicas, básicamente cabellos, fueron tomadas del amasijo de hierros en que se había convertido la cabina del helicóptero cuando éste ya había sido izado del mar el 21 de abril y los dos cadáveres ya se habían perdido en el trayecto desde el fondo. El rastreo forense en busca de pruebas de identidad se hizo también sobre otros pequeños objetos encontrados durante la búsqueda: un casco de piloto y tres guantes encontrados en el mar.

Pero ya habían pasado más de 33 días desde el accidente y los médicos forenses señalaron que las muestras biológicas recogidas eran insuficientes para realizar un rastreo de identificación genética y que además estaban muy deterioradas. Solo quedaban pues las imágenes tomadas por los robots y los pequeños objetos recogidos en el mar. Con los guantes no se pudo realizar ninguna identificación genética. Los forenses lo advirtieron y sugirieron un estudio dactiloscópico, que finalmente realizó la unidad criminalística de la Guardia Civil. Quedaba el casco. Durante su examen forense se tomaron algunas muestras de cabello, pero lo único que resultó determinante fue que llevara una inscripción con el nombre de uno de los tripulantes. Tras ambos exámenes, se concluyó que uno de los guantes y el casco pertenecían respectivamente a cada uno de los dos tripulantes desaparecidos.

Todos los detalles fueron minuciosamente detallados por el juez togado militar que instruye la causa en un auto que dictó el 25 de abril de 2014, para certificar el fallecimiento de cuatro tripulantes. Dos días después se celebró en la Base Aérea de Gando un funeral de homenaje donde se colocaron cuatro féretros. Todas las familias afectadas estaban conmocionadas por la pérdida de sus hijos. A la conmoción se sumaba la desesperación en el caso de las dos familias de los fallecidos cuyos cuerpos se habían perdido. Pero en medio de las lágrimas y una fuerte tensión por tantos días de espera, en la Base Aérea muy pocos sabían que dos de los cuatro féretros portados por compañeros de los fallecidos estaban en realidad vacíos.

Aún así, alguien quiso sacar pecho tras la ceremonia. Una semana después de aquel funeral, el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Javier Salto Martínez-Avial, realizó una insólita declaración que exasperó a las familias. A las víctimas, dijo, se les había rendido un tributo “militarmente solemne, humanamente sensible y protocolariamente señorial”. Salto fue ascendido y nombrado poco después director técnico del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés. Cuatro meses después de su ascenso, el único superviviente del accidente de marzo de 2014, el joven sargento Jhonander Ojeda Alemán, perdía la vida junto a otros dos militares en otro accidente de un helicóptero del Ejército del Aire en Canarias, el segundo en 19 meses. Siete muertos en apenas año y medio en el 802 escuadrón del SAR en Canarias.

En una de sus escasas comparecencias públicas, los padres del capitán Pena Valiño clamaban el pasado miércoles por la búsqueda de la verdad durante una entrevista en la emisora de Intereconomía de La Coruña, donde residen. “Lo único que queremos es que se sepa la verdad y que se haga una investigación, que es lo que estamos viendo que no se ha hecho desde el primer día. Que se cuente la verdad. Había dos cuerpos y nos pusieron cuatro féretros. Los otros dos siguen debajo, en el fondo del mar. Algo que se ha tratado de ocultar y no sabemos por qué”, lamentó Valiño.

Parte de esta batalla por la verdad la libran estos padres en el Juzgado Militar que instruye la causa, donde las familias pidieron que se interrogara al general Salto para verificar si fue él quien exigió al único superviviente del primer siniestro que firmara un pacto de silencio sobre lo ocurrido en el helicóptero segundos antes del primer accidente, en la fatídica noche de marzo de 2014. Tras las públicas disculpas por el caso Yak-42 ofrecidas por la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, las familias del SAR albergaban la esperanza de que ella mostrara más sensibilidad e interés por esclarecer ambas tragedias que su antecesor, Pedro Morenés.

Solo 48 horas después de esta declaración de Josefina Valiño, el Consejo de Ministros nombraba a Javier Salto nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) a propuesta de la nueva ministra de Defensa.

[La información más completa sobre el Caso SAR 2014 la puedes encontrar en ATC Press]

02/04/2017 - 22:56h
 
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