Golpe a la 'jet set' de la caza furtiva: el marqués de Valdueza y un bisnieto de Franco, investigados

[Buha]

por abatir animales sin licencia

Golpe a la 'jet set' de la caza furtiva: el marqués de Valdueza y un bisnieto de Franco, investigados​

El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles (Madrid) y la Guardia Civil investigan una trama de caza ilegal en la que estaban involucrados algunos de los apellidos más ilustres de España​

El bisnieto de Franco (i) y el marqués de Valdueza (d). (EC Diseño)

Por
José María Olmo

21/09/2022 - 05:00

EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La Justicia y la Guardia Civil están investigando una trama de caza ilegal en la que estaban presuntamente involucrados algunos de los apellidos más ilustres de España. Los implicados abatieron decenas de corzos, machos monteses, ciervos y otras especies de alto valor natural sin disponer de las licencias públicas obligatorias y, posteriormente, manipularon los precintos de control cinegético para blanquear las capturas y poder colgar los trofeos en las paredes de sus casas sin ser descubiertos. Las diligencias se instruyen en el Juzgado número 3 de Móstoles (Madrid) y se dirigen por ahora contra 23 personas a las que se atribuye un supuesto delito contra la flora y la fauna y otro de falsedad documental.

Según ha podido confirmar El Confidencial, entre los investigados se encuentra Juan José Franco y de Suelves, bisnieto de Franco, hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y consejero delegado de Huntser, una empresa dedicada a la gestión de licencias y cotos de caza en España, África, Argentina y Rumanía que opera desde 2004. “Huntser hace realidad sus ilusiones dentro y fuera de España, seleccionando las mejores fincas”, asegura en su página web. En 2014, durante una cacería, disparó un arma por error y mató a un amigo que trabajaba en el Departamento de Informática de El Corte Inglés.

La Guardia Civil desarticula una trama de cazadores furtivos que manipulaba precintos de caza para reutilizarlos. (Guardia Civil)
También está imputado el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, uno de los mayores propietarios de cotos de caza de España, con un total de 12.980 hectáreas dedicadas al aprovechamiento cinegético. Se trata de una figura en este deporte. Fue consejero de Banco Urquijo, está casado con una hermana del exsecretario de Estado de Defensa Pedro Argüelles y compartió pupitre en Las Jarillas con Juan Carlos I. En la actualidad, preside la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, que se encarga de medir y certificar los trofeos de especies cinegéticas que se matan en territorio nacional.

Otros investigados notables son un sobrino del marqués de Valdueza, Gonzalo Ciriaco Vicente-Mazariegos Álvarez de Toledo; la empresaria Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, una aristócrata que es copropietaria de una de las armerías más conocidas de España, Serbal de los Cazadores, ubicada en el cruce de las calles Juan Bravo y Velázquez, en pleno barrio de Salamanca de Madrid; y los responsables de varias compañías especializadas en la organización de monterías y recechos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Sopié y Sabana, Recechos del Norte y Caza Sigüenza.

Foto: Guardia Civil.
Completan la lista un importante bróker financiero y de seguros, un trabajador de control interno de CaixaBank, un abogado de Madrid, varios empresarios, un exempleado de Naturgy, otro extrabajador del Santander, un veterinario con tres clínicas en pueblos de la Comunidad de Madrid, varios arrendatarios de cotos de caza y el actual poseedor del segundo trofeo de jabalí con mayor puntuación de la historia de España.

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Ávila ha liderado las pesquisas desde que comenzaron en 2021. Los agentes recibieron una información anónima que les alertó de la existencia de una taxidermia pirata en la zona de Móstoles y se desplazaron a inspeccionarla. Cuando llegaron al establecimiento, su responsable trató de esconderse, pero fue finalmente localizado en el interior del recinto. Los funcionarios encontraron 13 trofeos de corzo, un cráneo de lobo, cuatro trofeos de macho montés, un congelador con varias especies alóctonas (no autóctonas) y 123 precintos de caza manipulados. El hallazgo fue presentado públicamente en noviembre de 2021 con el nombre de operación Ro3buk, aunque la identidad de los investigados se había mantenido hasta ahora en secreto.

Foto: Guardia Civil.
Un cuaderno hallado en la taxidermia de Móstoles destapó el funcionamiento de la trama y permitió averiguar quién se ocultaba detrás de cada uno de los animales. “Para entender cómo operaba esta red, hay que tener en cuenta que los permisos de caza son limitados. Cada temporada se hace una subasta para adjudicar las piezas de caza mayor que se pueden abatir en una reserva o se asigna un número limitado de ejemplares que es posible cazar en una finca concreta”, explica a este diario uno de los agentes del Seprona que lleva el caso.

“Cada uno de esos animales está asociado a un precinto que se coloca mediante un sencillo sistema de cierre metálico que no se puede retirar una vez utilizado. Cuando un cazador mata un macho montés o un corzo, por ejemplo, tiene que ponerle el precinto correspondiente de forma inmediata, sin mover siquiera el animal del sitio en el que ha caído”, añade el guardia civil. “La mitad del precinto se envía luego a los órganos autonómicos encargados de esta materia y la otra mitad se queda fijada a la cabeza del animal, también durante el proceso de taxidermia, para que quede constancia en todo momento de que es una pieza autorizada”.

Foto: Guardia Civil.
El primer indicio de delito fue el hallazgo de los precintos alterados en el taller de Móstoles. “Teniendo en cuenta que los precintos no deben retirarse nunca, ya fue algo llamativo. Cruzamos los datos de esos precintos con el registro interno que mantenía el taxidermista para llevar un control de sus clientes y sus trabajos, y comprobamos con qué animales y clientes correspondían”. A los 23 investigados de la pieza principal hay que sumar otras dos personas que introdujeron sin autorización en España una cotorra-ñanday, un ave de la familia de los loros originaria de Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina.

Indagaciones posteriores permitieron concluir que los involucrados en la trama utilizaban un solo precinto para cazar múltiples animales. Alteraban los sistemas de seguridad de los cierres para colocarlos y retirarlos a su antojo. Así podían ser utilizados y revendidos de forma ilimitada. En otras ocasiones, ni siquiera utilizaban el paraguas de un precinto para aparentar que se trataba de piezas legales. Abatían el número de animales que deseaban sin importarles la época del año en que estuvieran. Después, el responsable de la taxidermia desmantelada hacía la vista gorda y disecaba los animales a pesar de que carecían de licencia.

Todos los imputados han pasado ya por el juzgado de Móstoles para prestar declaración y ya se encuentran cerca del banquillo. La instrucción de la causa está a punto de concluir. La Fiscalía de Medio Ambiente ejerce la acusación. Además de un delito contra la fauna y otro de falsedad documental, algunos investigados se enfrentan a cargos adicionales.

 

[_Marta]

P. descerebrados, gentuza. Asesinos.

 

[Merche1234]

Porqué dice el artículo que " estaban" involucrados,en lugar de "están o estarían..".??
Supongo que las penas por estos temas deben ser leves,por desgracia.
Nunca entenderé el placer y afición por matar vidas.

 

[Buha]

Por lo que sé España es el paraíso para los ricos británicos desde que se prohibió allí la caza del zorro

 

[_Marta]

Por lo que sé España es el paraíso para los ricos británicos desde que se prohibió allí la caza del zorro

España tiene aún mucho trabajo por hacer. Para empezar, prohibir todas las fiestas que conlleven el sufrimiento de un animal, absolutamente todas y perseguir y castigar muy duramente a toda esta panda de asesinos.

Somos, todavía, un país muy cavernícola en según qué materias. Hay que ser no más que un pedazo de carne con ojos y el alma muy sucia para matar animales porque sí, divertirse viéndoles sufrir y presumir con ello.

 

[StarryEyes]

"En 2014, durante una cacería, disparó un arma por error y mató a un amigo que trabajaba en el Departamento de Informática de El Corte Inglés"

Poco se habla de que en 2021 hubo más de 600 víctimas por disparos "accidentales" de cazadores y que 51 de esas personas murieron. Gente que por mucho titulito y dinero que tengan en el banco no dejan de ser paletorros y estultos, muchos de ellos viejos que ni ven por dónde van y se les permite poseer armas y usarlas y esto no lo controla nadie. Para muestra, el caso del conde de Atarés, un drogradicto que mató a dos mujeres en su domicilio y que se dedicaba a disparar con una escopeta desde su casa en pleno centro de Madrid "por diversión", el muy anormal ni siquiera tenía licencia de armas y tenía un arsenal en su casa. Si es que es una vergüenza.

 

[_Marta]

"En 2014, durante una cacería, disparó un arma por error y mató a un amigo que trabajaba en el Departamento de Informática de El Corte Inglés"

Poco se habla de que en 2021 hubo más de 600 víctimas por disparos "accidentales" de cazadores y que 51 de esas personas murieron. Gente que por mucho titulito y dinero que tengan en el banco no dejan de ser paletorros y estultos, muchos de ellos viejos que ni ven por dónde van y se les permite poseer armas y usarlas y esto no lo controla nadie. Para muestra, el caso del conde de Atarés, un drogradicto que mató a dos mujeres en su domicilio y que se dedicaba a disparar con una escopeta desde su casa en pleno centro de Madrid "por diversión", el muy anormal ni siquiera tenía licencia de armas y tenía un arsenal en su casa. Si es que es una vergüenza.

Soy completamente radical en este tema, no admito la más mínima excusa. Prohibiría la caza, así, con todas las letras, sin paliativo alguno, sin complejos y sin temblarme la mano.

Nuna he entendido, ni voy a entender, que matar animales porque sale de los c. se considere "actividad deportiva, recreativa, de ocio" o como mierda quieran llamarlo. No lo acepto. De quienes los maltratan, ni hablo, porque me enciendo.

Me parece ATROZ.

 

[Naranja]

Estos han descubierto la pólvora ahora. Eso es algo que ha pasado toda la vida. Y que, por desgracia, seguirá pasando. Y se hace abiertamente. Nada de sociedad secretas o elitistas. Comprar un puesto en una cacería ilegal es sencillísimo.

 

[Buha]

Noticia de hoy, como siempre la "beautiful people" se sale con la suya y la causa se archiva, las leyes en España no sirven para nada cuando están implicados políticos, nietos de franco y demás gentuza la fiscalía no actúa y el caso se archiva. Es de risa que todavía no haya separación real entre justicia y política empezando pq el fiscal general del estado no sea nombrado por los políticos de turno, la consecuencia es que la manida frase de que "la justicia es independiente y respetaremos lo que decida la justicia" etc sea una gran mentira


LA FISCALÍA NO RECURRIÓ EL SOBRESEIMIENTO

El extraño archivo de una causa contra la caza furtiva que afectaba a políticos y empresarios​

Una jueza de Burgos imputó en junio de 2022 a 74 presuntos cazadores furtivos, entre ellos, alcaldes de PP y PSOE, grandes empresarios y directivos de multinacionales, pero ha archivado el caso por sorpresa sin que la Fiscalía recurra​

Imagen de los trofeos intervenidos en la operación CorCyl.

Por
José María Olmo

17/04/2023 - 05:00


La decisión de un juzgado de Burgos ha provocado sorpresa en el mundo de la caza, sobre todo, por la relevancia de los afectados y las circunstancias en las que se ha producido. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se presentó en noviembre de 2021 en una taxidermia de Zalduendo (Burgos) tras recibir una denuncia anónima que aseguraba que estaba procesando animales abatidos sin licencia. Los agentes se llevaron el libro de registro del negocio y comprobaron que algunos precintos de caza, que permiten matar un único ejemplar, habían sido utilizados presuntamente para legalizar hasta 16 trofeos.

Las indagaciones posteriores del Seprona destaparon que 258 animales cazados supuestamente sin licencia en 105 cotos de nueve provincias diferentes (Burgos, Palencia, Soria, Segovia, Cantabria, Málaga, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) habían pasado por ese establecimiento. A petición de la fiscal Nuria del Prado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, la magistrada Almudena Ovejero, acordó la imputación de los administradores de la taxidermia, Julián Burgos y su hija, Míriam Burgos, y de 72 supuestos cazadores furtivos.

La Guardia Civil bautizó el operativo con el nombre de CorCyl y convocó a los medios de comunicación en junio de 2022

La Guardia Civil bautizó el operativo con el nombre de CorCyl y convocó a los medios de comunicación en junio de 2022 para informar de los primeros resultados. Las pesquisas se habían extendido a casi toda la geografía peninsular y, aunque se detectaron ejemplares irregulares de varias especies, el grueso del engaño afectaba a corzos. La manipulación recurrente de los precintos estaba provocando, explicó entonces el Seprona, una drástica reducción de la población de ese cérvido. Cazarlo legalmente cuesta unos 2.000 euros, pero, en el mercado negro, es posible hacerlo por menos de 500.

Vídeo de la operación CorCyl

Los nombres de los implicados nunca trascendieron, pero El Confidencial ha tenido acceso ahora a la lista de investigados. En ella figuraban políticos, directivos de grandes multinacionales, grandes empresarios locales, profesionales liberales conocidos en la provincia y miembros de la nobleza.

Además de los responsables de la taxidermia, también fueron imputados el exalcalde de Nebreda (Burgos) Pedro Martín Barbero, del Partido Popular; los responsables de la finca de caza de la multinacional Cerealto Siro Foods, en Palencia, y de la finca Retortillo, de los propietarios de la revista ¡Hola!, en Burgos; Daniel Navarro Balbás, propietario de Bodegas Nabal; José Manuel Ruiz, ex responsable de Recursos Humanos de Renault España y actual directivo de Schweppes; Álvaro José Yarritu Tubilla, propietario de numerosos parques eólicos y consejero de la empresa Asfaltos y Firmes Burgaleses; Fermín López de Uralde, propietario de la armería Uralde de Vitora; Gabriel María Sansinenea Urbistondo, propietario del mítico Hotel de Londres de la playa de la Concha de San Sebastián; José Manuel Temiño, directivo de Grupo Antolín; el abogado Óscar España Mielgo; el alcalde de Villamiel de la Sierra (Burgos), Pedro Ángel Calvo García, del PSOE; Carlos María Cubillo y Jordán de Urries, directivo de Mahou-San Miguel e hijo de la marquesa de Ayerbe; el perito judicial en los juzgados de Burgos Juan Ángel Alesanco, y numerosos guardas rurales, entre otras personas.

A la mayoría se les atribuía falsedad documental y un delito contra la flora y la fauna. El sumario contiene un aluvión de pruebas que vincula a cada uno de los investigados con las piezas que presuntamente habría cazado furtivamente. El libro de registro de la taxidermia guio a los agentes. Los datos de las piezas entregadas en el negocio no coincidían presuntamente con los que se habían comunicado a los registros autonómicos de caza. En ocasiones, se habían usado licencias de una temporada en años posteriores. También se encontraron cornamentas con datos supuestamente falsos o directamente sin precinto.

Se habían usado licencias de una temporada en años posteriores. También se encontraron cornamentas con datos supuestamente falsos

Sin embargo, el pasado febrero, menos de un año después del inicio del caso, la jueza dictó el sobreseimiento provisional de la causa. En un auto de apenas seis páginas en el que se repasan las presuntas ilegalidades cometidas, la magistrada expuso que, debido al alto número de intervinientes, era "imposible imputar con un mínimo de rigor a los investigados un delito de falsedad documental y mucho menos asegurar que las discordancias advertidas por los agentes obedecen a un plan intencionado urdido, quizá, con el propósito de dar salida a piezas que podrían haber sido cazadas furtivamente". En opinión de la jueza, era demasiado farragoso hacer nuevas diligencias y, en todo caso, las irregularidades detectadas respondían a simples equivocaciones. No se podía "estimar acreditado un ánimo o una intención fraudulenta de los responsables de la taxidermia".

Lo llamativo es que la jueza dictó el auto de sobreseimiento sin escuchar previamente a los funcionarios del Seprona, pero lo más extraño es que la fiscal del caso, encuadrada en la estructura de la Fiscalía de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, ni siquiera recurrió el archivo de la causa, a pesar de que había tenido conocimiento de las diligencias desde el principio. Fuentes de la Fiscalía sostienen que se "ha investigado todo lo investigable y que no hay elementos de prueba para acusar penalmente a nadie". Al no haber otras acusaciones, el caso se cerró sin que alguien se opusiera.

La misma Fiscalía de Medio Ambiente sostiene justo lo contrario en un procedimiento casi idéntico que comenzó medio año antes en el Juzgado número 3 de Móstoles (Madrid). De hecho, la causa de Burgos salió de esta otra investigación, llamada operación Ro3buck. Hay 23 investigados por cazar presuntamente animales sin precinto y llevar luego las piezas a una taxidermia de esa localidad madrileña para procesar sus pieles y esqueletos, como adelantó El Confidencial el pasado septiembre.


Quizá la única diferencia entre las dos investigaciones es que el negocio de Móstoles no estaba dado de alta en el momento de la operación de la Guardia Civil, mientras que el de Burgos lleva décadas abierto al público y trabajando con todas las autorizaciones administrativas.

Con todo, como en la causa de Burgos, la información clave de Móstoles salió del libro de registro del establecimiento. Además del propietario del negocio, la investigación se dirige contra Juan José Franco y de Suelves, bisnieto de Franco, hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y consejero delegado de Huntser, una empresa dedicada a la gestión de licencias y cotos de caza en España, África, Argentina y Rumanía; el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, uno de los mayores propietarios de cotos de caza de España, con un total de 12.980 hectáreas dedicadas al aprovechamiento cinegético; un sobrino del marqués de Valdueza, Gonzalo Ciriaco Vicente-Mazariegos Álvarez de Toledo; la empresaria Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, una aristócrata que es copropietaria de una de las armerías más conocidas de España, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, y los responsables de varias compañías especializadas en la organización de monterías y recechos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Sopié y Sabana, Recechos del Norte y Caza Sigüenza.

El próximo 24 de abril están citados a declarar en el juzgado de Móstoles los agentes del Seprona encargados de las diligencias. Fuentes jurídicas señalan que la Fiscalía está decidida a pedir el procesamiento de los investigados por las evidencias de falsedad documental y un delito contra la flora y la fauna. Los casos de Burgos y Móstoles son prácticamente calcados, pero unos investigados han tenido más suerte que otros.