Ni la ha leido ni la sabe entenderla, pero la culpa quienes le apoyan. No hacia falta el estado de alarma cercenandonos nuestros derechos, éste como Maduro que se quiere perpetuar en el gobierno, sabe que encuanto termine todo le van a llover las denuncias que ya estan poniendole, esto alguien teine que pararlo para que este tirano no se aproveche de la situacion Quiere hasta finales de Junio porque sabe que asi el Parlamento se cierra Julio y Agosto y hasta mediados de septiembre no se abre y nadie le controla lasd barbaridades que estan saliendo en el BOE
Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.
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Ni la ha leido ni la sabe entenderla, pero la culpa quienes le apoyan. No hacia falta el estado de alarma cercenandonos nuestros derechos, éste como Maduro que se quiere perpetuar en el gobierno, sabe que encuanto termine todo le van a llover las denuncias que ya estan poniendole, esto alguien teine que pararlo para que este tirano no se aproveche de la situacion Quiere hasta finales de Junio porque sabe que asi el Parlamento se cierra Julio y Agosto y hasta mediados de septiembre no se abre y nadie le controla lasd barbaridades que estan saliendo en el BOE
El Supremo acumula una veintena de denuncias y querellas contra el Gobierno por su gestión del coronavirus
Los magistrados tienen sobre la mesa decisiones previas a la crisis sanitaria, la falta de material de prevención y la desescalada.
LD/Agencias
2020-05-17
https://www.libertaddigital.com/esp...el-coronavirus-1276657844/#comentarios6616943
Imagen del Consejo de Ministros celebrado durante el estado de alarma. | EFE
El Tribunal Supremo acumula a día de hoy una veintena de denuncias y querellas que distintos colectivos, particulares o asociaciones han interpuesto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por la gestión que han realizado durante los dos meses que dura el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, incluso por las decisiones previas al confinamiento.
Hasta el momento la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva estas denuncias y querellas o si impone fianzas a quienes quieren ejercer como acusación popular. Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, los magistrados aún no ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si ve indicios de delitos en las actuaciones del Ejecutivo.
Cabe recordar que desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, los juzgados y tribunales sólo realizan servicios esenciales y urgentes, tal y como declaró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que su funcionamiento está algo paralizado.
Una de las primeras acciones penales que se presentaron ante el Supremo fue la denuncia que interpuso el pasado 26 de marzo el abogado Víctor Valladares contra Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio.
Precisamente, una juez de Madrid ya investiga al delegado del Gobierno José Manuel Franco por si hubiera recibido las alertas sanitarias y las hubiera obviado para permitir las movilizaciones en la capital. La recién creada asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus ha pedido adherirse a esta denuncia, que también interpuso Valladares, y ha anunciado su intención de personarse en el Supremo si finalmente decide abrir causa.
Responsabilizan al Gobierno de las muertes
Por otro lado, los magistrados de la Sala de lo Penal tienen también encima de la mesa otras querellas que responsabilizan al Gobierno de las muertes por la pandemia de la covid-19. Así lo han hecho once abogados que, en nombre de más de 3.000 familias, acusan a Sánchez y a todos sus ministros de haber cometido un "número no determinado aún de delitos de homicido por imprudencia grave" y les culpan de las muertes por el coronavirus.
Los letrados han anunciado que están estudiando si incluyen más delitos, así como si responsabilizan también al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
También, el partido político Vox ha acudido al Supremo para querellarse contra el Gobierno por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. Afirma la formación política que las más de 20.000 muertes por coronavirus se deben a una serie de "inacciones, omisiones, ocultaciones y de falta de previsión" por parte del Ejecutivo.
Illa y Marlaska, los ministros más querellados
Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal. La mayoría son interpuestas por colectivos de sanitarios y de policías por la falta de material de protección individual, pero también se han dirigido contra ellos plataformas de afectados que rechazan sus gestiones.
Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19, que presentó a finales de marzo una denuncia contra Illa y contra los responsables del Gobierno implicados "por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país" tras publicarse en medios la adquisición de test defectuosos. Unos días después la plataforma decidió dirigirse también contra el ministro del Interior.
A esta se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -que tiene varios recursos pendientes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra decisiones del Ministerio de Sanidad adoptadas durante la pandemia-, que se ha querellado contra Salvador Illa después de que tuviera que ordenar a finales de abril la retirada inmediata de mascarillas del tipo FFP2, que fueron distribuidas en centros hospitalarios, al resultar ser defectuosas.
El CSIF también denunció al ministro por el reparto de mascarillas no homolagadas y por la falta de medios de prevención individual. Por esto mismo, el Consejo General de Enfermería de España también ha actuado contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento presentando una querella por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores por la falta de material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de varios de ellos.
Querellas contra sentimientos religiosos
Una de las asociaciones más activas contra el Gobierno ha sido Abogados Cristianos, que ha presentado ya varias querellas. La primera fue a principios de abril por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación, por lo que solicitó que el Supremo ordenara al Ejecutivo a repartir de "inmediato" material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad". Sin embargo, la Sala desestimó esta medida cautelar.
La asociación también ha llevado al Supremo al ministro del Interior por un presunto delito de prevaricación, uno de prohibición de culto y otro de interrupción de culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.
Esta querella, que fue presentada el 17 de abril, se amplió el pasado 8 de mayo contra el presidente del Gobierno, al entender que impone su "ideología anticristiana" al no permitir en la fase 1 de la desescalada que se celebren actos religiosos en el exterior.
Debido a que el desconfinamiento ha comenzado en varios territorios de España, empiezan a entrar querellas sobre las decisiones que el Gobierno toma al respecto. Así lo ha hecho el abogado Luis Vericat contra Illa por presunto un delito de prevaricación administrativa por no pasar a toda la Comunidad Valenciana a la denominada fase 1 de la desescalada.
Otros responsables públicos
El presidente del Gobierno y sus ministros no serán los únicos responsables públicos que se pueden enfrentar a una causa penal en el Supremo por sus actuaciones durante el estado de alarma, pues la Sala de lo Penal también ha recibido otras querellas contra otros aforados.
Una de ellas es la que interpuso la asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del coronavirus. La presidenta regional anunció que se querellaría contra la presidenta de la asociación por acusarla de homocidio.
Otra es la que el PSOE presentó contra la diputada de Vox, Macarena Olona, por acusar al Gobierno de practicar la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias geriátricas.
www.libertaddigital.com
Los magistrados tienen sobre la mesa decisiones previas a la crisis sanitaria, la falta de material de prevención y la desescalada.
LD/Agencias
2020-05-17
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Imagen del Consejo de Ministros celebrado durante el estado de alarma. | EFE
El Tribunal Supremo acumula a día de hoy una veintena de denuncias y querellas que distintos colectivos, particulares o asociaciones han interpuesto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por la gestión que han realizado durante los dos meses que dura el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, incluso por las decisiones previas al confinamiento.
Hasta el momento la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva estas denuncias y querellas o si impone fianzas a quienes quieren ejercer como acusación popular. Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, los magistrados aún no ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si ve indicios de delitos en las actuaciones del Ejecutivo.
Cabe recordar que desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, los juzgados y tribunales sólo realizan servicios esenciales y urgentes, tal y como declaró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que su funcionamiento está algo paralizado.
Una de las primeras acciones penales que se presentaron ante el Supremo fue la denuncia que interpuso el pasado 26 de marzo el abogado Víctor Valladares contra Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio.
Precisamente, una juez de Madrid ya investiga al delegado del Gobierno José Manuel Franco por si hubiera recibido las alertas sanitarias y las hubiera obviado para permitir las movilizaciones en la capital. La recién creada asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus ha pedido adherirse a esta denuncia, que también interpuso Valladares, y ha anunciado su intención de personarse en el Supremo si finalmente decide abrir causa.
Responsabilizan al Gobierno de las muertes
Por otro lado, los magistrados de la Sala de lo Penal tienen también encima de la mesa otras querellas que responsabilizan al Gobierno de las muertes por la pandemia de la covid-19. Así lo han hecho once abogados que, en nombre de más de 3.000 familias, acusan a Sánchez y a todos sus ministros de haber cometido un "número no determinado aún de delitos de homicido por imprudencia grave" y les culpan de las muertes por el coronavirus.
Los letrados han anunciado que están estudiando si incluyen más delitos, así como si responsabilizan también al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
También, el partido político Vox ha acudido al Supremo para querellarse contra el Gobierno por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. Afirma la formación política que las más de 20.000 muertes por coronavirus se deben a una serie de "inacciones, omisiones, ocultaciones y de falta de previsión" por parte del Ejecutivo.
Illa y Marlaska, los ministros más querellados
Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal. La mayoría son interpuestas por colectivos de sanitarios y de policías por la falta de material de protección individual, pero también se han dirigido contra ellos plataformas de afectados que rechazan sus gestiones.
Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19, que presentó a finales de marzo una denuncia contra Illa y contra los responsables del Gobierno implicados "por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país" tras publicarse en medios la adquisición de test defectuosos. Unos días después la plataforma decidió dirigirse también contra el ministro del Interior.
A esta se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -que tiene varios recursos pendientes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra decisiones del Ministerio de Sanidad adoptadas durante la pandemia-, que se ha querellado contra Salvador Illa después de que tuviera que ordenar a finales de abril la retirada inmediata de mascarillas del tipo FFP2, que fueron distribuidas en centros hospitalarios, al resultar ser defectuosas.
El CSIF también denunció al ministro por el reparto de mascarillas no homolagadas y por la falta de medios de prevención individual. Por esto mismo, el Consejo General de Enfermería de España también ha actuado contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento presentando una querella por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores por la falta de material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de varios de ellos.
Querellas contra sentimientos religiosos
Una de las asociaciones más activas contra el Gobierno ha sido Abogados Cristianos, que ha presentado ya varias querellas. La primera fue a principios de abril por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación, por lo que solicitó que el Supremo ordenara al Ejecutivo a repartir de "inmediato" material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad". Sin embargo, la Sala desestimó esta medida cautelar.
La asociación también ha llevado al Supremo al ministro del Interior por un presunto delito de prevaricación, uno de prohibición de culto y otro de interrupción de culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.
Esta querella, que fue presentada el 17 de abril, se amplió el pasado 8 de mayo contra el presidente del Gobierno, al entender que impone su "ideología anticristiana" al no permitir en la fase 1 de la desescalada que se celebren actos religiosos en el exterior.
Debido a que el desconfinamiento ha comenzado en varios territorios de España, empiezan a entrar querellas sobre las decisiones que el Gobierno toma al respecto. Así lo ha hecho el abogado Luis Vericat contra Illa por presunto un delito de prevaricación administrativa por no pasar a toda la Comunidad Valenciana a la denominada fase 1 de la desescalada.
Otros responsables públicos
El presidente del Gobierno y sus ministros no serán los únicos responsables públicos que se pueden enfrentar a una causa penal en el Supremo por sus actuaciones durante el estado de alarma, pues la Sala de lo Penal también ha recibido otras querellas contra otros aforados.
Una de ellas es la que interpuso la asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del coronavirus. La presidenta regional anunció que se querellaría contra la presidenta de la asociación por acusarla de homocidio.
Otra es la que el PSOE presentó contra la diputada de Vox, Macarena Olona, por acusar al Gobierno de practicar la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias geriátricas.
Se acumulan en el Supremo las denuncias y querellas de asociaciones y particulares contra el Gobierno por su gestión del coronavirus
El Tribunal Supremo acumula una veintena de denuncias y querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus.
www.libertaddigital.comcoxx pues eso, te estoy dando la razón
D
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Guest
Wyoming, sobre las manifestaciones contra el Gobierno: "Patriotismo sería intentar proteger a los españoles"
El Intermedio reflexionó sobre las movilizaciones en el "barrio más acomodado de Madrid" y concluyó: "Me llama la atención que se manifiesten al grito de 'libertad', como si la cuarentena fuera una imposición dictatorial en vez de una medida de protección".
Que piden? Libertad para que el virus se siga escampando en Madrid o que? Vaya sinsentido.
Yolanda Díaz retrasa hasta junio el pago de ERTES por falta de liquidez. Están planeando una Renta Mínima y no tienen pasta ni para cubrir la primera medida económica que tomaron.
La diferencia es que la renta mínima es para quien NO TRABAJA o ESTA ILEGAL y los ERTES son para los trabajadores y trabajadoras de este país. Esta claro que interesa más que la gente no trabaje y dependan de ellos.
La diferencia es que la renta mínima es para quien NO TRABAJA o ESTA ILEGAL y los ERTES son para los trabajadores y trabajadoras de este país. Esta claro que interesa más que la gente no trabaje y dependan de ellos.
Yolanda Díaz retrasa hasta junio el pago de ERTES por falta de liquidez. Están planeando una Renta Mínima y no tienen pasta ni para cubrir la primera medida económica que tomaron.
La diferencia es que la renta mínima es para quien NO TRABAJA o ESTA ILEGAL y los ERTES son para los trabajadores y trabajadoras de este país. Esta claro que interesa más que la gente no trabaje y dependan de ellos.
La diferencia es que la renta mínima es para quien NO TRABAJA o ESTA ILEGAL y los ERTES son para los trabajadores y trabajadoras de este país. Esta claro que interesa más que la gente no trabaje y dependan de ellos.
EL ESTADO ES RESPONSABLE Y TIENE EL MONOPOLIO:
JUSTICIA
SEGURIDAD Y DERECHO A LA VIDA DE LOS CIUDADANOS, POLICÍAS Y MONOPOLIO USO DE LA FUERZA
EJERCITO
ASEGURAR LA SANIDAD-SALUD DE LOS CIUDADANOS: CONTROL DE PANDEMIAS, CONTROL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, ETC
FRONTERAS
AGENCIA TRIBUTARIA
Nada de esto puede ser realizado por agencias-empresas privadas, precisamente las Naciones se organizan en Estados para controlar esto: Teoria politica, Derecho Constitucional. Lo ejerce el Poder Judicial, y Poder ejecutivo: presidentes, vicepresidentes, ministros, delegado del gobierno ESA ES LA AUTORIDAD; SI IRENE MONTERO, PABLO IGLESIAS SON AUTORIDADES
Y esta responsabilidad no se puede delegar, el "debate es salseo de gente ignorante y malvada para confundir politicamente"
No hay debate posible, es la ley y la Constitución Española y leyes de rangos inferior!!
JUSTICIA
SEGURIDAD Y DERECHO A LA VIDA DE LOS CIUDADANOS, POLICÍAS Y MONOPOLIO USO DE LA FUERZA
EJERCITO
ASEGURAR LA SANIDAD-SALUD DE LOS CIUDADANOS: CONTROL DE PANDEMIAS, CONTROL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, ETC
FRONTERAS
AGENCIA TRIBUTARIA
Nada de esto puede ser realizado por agencias-empresas privadas, precisamente las Naciones se organizan en Estados para controlar esto: Teoria politica, Derecho Constitucional. Lo ejerce el Poder Judicial, y Poder ejecutivo: presidentes, vicepresidentes, ministros, delegado del gobierno ESA ES LA AUTORIDAD; SI IRENE MONTERO, PABLO IGLESIAS SON AUTORIDADES
Y esta responsabilidad no se puede delegar, el "debate es salseo de gente ignorante y malvada para confundir politicamente"
No hay debate posible, es la ley y la Constitución Española y leyes de rangos inferior!!
Indignación con lo que dijo esta profesora durante la manifestación contra el Gobierno en Madrid
"Impresentable", han dicho en redes.
Indignación con lo que dijo esta profesora durante la manifestación contra el Gobierno en Madrid
'Impresentable', han dicho en redes.
ENTREVISTA A CARLOS CRUZADO, PRESIDENTE DE GESTHA
"Con el impuesto de solidaridad se podrían recaudar alrededor de 20.000 millones anuales"
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, propone gravar a las grandes fortunas con una tasa de entre el 1% y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros para financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia.
ISABEL GARCÍA
NUEVATRIBUNA.ES15/05/20
Nuevatribuna.es | Hemos arrancado la semana con la firma del acuerdo sobre los ERTE que establece, entre otras cuestiones, límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal al impedir que empresas radicadas en paraísos fiscales puedan acogerse a esta figura laboral. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. ¿Qué grado de afectación tendrá esta medida?
Carlos Cruzado | La medida supone un paso adelante en la estrategia para la erradicación de los territorios opacos, en cuanto pone sobre la mesa el problema y la necesidad de penalizar a las empresas con intereses en los paraísos fiscales. No obstante, lo cierto es que el efecto de esta medida va a ser muy limitado. Esta primera prohibición no afectará a las empresas españolas que tengan filiales en esos territorios, o las domiciliadas en otros países no incluidos en la lista oficial de paraísos fiscales, pero que les permite contribuir mucho menos en los países, como España, donde obtienen sus beneficios.
NT | Gestha viene señalando a los grandes grupos empresariales como uno de los principales agentes de la evasión fiscal. ¿Qué medidas sería necesario adoptar en España para poner coto a corporaciones que eluden sus impuestos? ¿Es necesaria una armonización a nivel europeo? ¿Qué pasos se han dado hasta el momento en el marco de la UE?
C.C | En lo que se refiere al fraude fiscal, desde Gestha venimos insistiendo en la necesidad de que la Agencia Tributaria desplace su lupa de los contribuyentes con nóminas, autónomos y pequeñas empresas, a las grandes empresas y fortunas. Y para este cambio de estrategia, es necesario, además de dedicar más efectivos a dicha tarea, aumentar las competencias de los Técnicos en relación con estos contribuyentes, dado que en muchos casos tenemos las manos atadas frente al gran fraude.
El traslado de buena parte de sus beneficios hacia territorios de escasa o nula tributación, que no siempre están en las listas oficiales de paraísos fiscales, es la consecuencia de dichas prácticas. Y en la tarea para paliar esta situación, sin duda es necesaria la adopción de medidas a nivel global, o al menos europeo. La UE es consciente de esta situación y hace años que viene estudiando y planteando la necesidad de adoptar medidas de armonización, pero lo cierto es que, tanto en la acción para la erradicación de los paraísos fiscales como en lo referente a dicha armonización, las decisiones se van demorando, como consecuencia de la unanimidad que requieren y la oposición de los países que ejercen una competencia fiscal a la baja, ofreciendo condiciones muy beneficiosas a las empresas transnacionales.
No obstante, a nivel interno cabe adoptar medidas para limitar los actuales beneficios fiscales que contempla la ley, así como el establecimiento de un porcentaje mínimo a pagar por las grandes compañías, que desde nuestro punto de vista tendría que estar referido al beneficio contable y no a la base imponible del impuesto.
NT | En el imaginario colectivo una buena parte de la opinión pública da por bueno aquello de que elevar la carga impositiva a grandes corporaciones provocará el ‘éxodo’ de las mismas a otros territorios con bajas cargas fiscales. ¿Existe tal riesgo?
C.C | Es difícil pensar que las grandes corporaciones vayan a renunciar a prestar sus servicios y obtener beneficios en nuestro país, aun cuando tengan que pagar impuestos de acuerdo con su verdadera capacidad económica. Otra cosa es que trasladen sus domicilios fiscales a otros territorios, como ya viene ocurriendo, y que como consecuencia de la actual configuración de los impuestos sobre sociedades, tributen en dichos territorios. Y ese es el problema al que nos referíamos antes y sobre el que nos referíamos a la necesidad de adoptar medidas de armonización.
Además, hay que recordar que el artículo 31.1 de nuestra Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, lo que no puede ser puesto en cuestión por ese supuesto riesgo de deslocalización.
NT | El Gobierno prevé una pérdida de ingresos tributarios por la crisis de la COVID-14 de cerca de 14.000 millones de euros. Gestha aboga por una reforma tributaria “completa” para taponar el “agujero” de la recaudación. ¿Qué margen hay en estos momentos para una posible subida de impuestos y que figuras impositivas sería conveniente tocar?
El impuesto sobre la renta es uno de ellos, y la necesidad de ir aproximando la tributación de los rendimientos de capital a la de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, una de las cuestiones prioritarias para acabar con la actual dualidad del impuesto. Así mismo sería necesario dotar de mayor progresividad al impuesto, mediante la incorporación de nuevos tramos para las rentas más altas, tal y como viene recomendando el Fondo Monetario Internacional, para combatir el preocupante problema del incremento de las desigualdades.
El Impuesto sobre Sociedades es el otro gran impuesto estatal que urge reformar para acabar con la injustificable diferencia entre los tipos medios efectivos de las grandes empresas y los de las pymes, paradójicamente más elevados. Y también habría que abordar una reforma de los impuestos cedidos a las CCAA, sobre todo en lo referente a los de Sucesiones y Patrimonio, dada la caída de la recaudación de los mismos, como consecuencia de la actual competencia fiscal a la baja por parte de algunas CCAA. Sería necesario establecer unos mínimos para evitar dicha situación y suprimir las exenciones como la establecida por Madrid en el impuesto sobre Patrimonio, por la que se dejan de recaudar cerca de 1.000 millones al año, beneficiando solo a los 16.000 contribuyentes con mayor capacidad económica de la Comunidad.
NT | Los empresarios siguen reclamando bajadas de impuestos para contrarrestar el parón de la economía por la crisis sanitaria. ¿Qué diferenciación habría que hacer entre pymes y autónomos y grandes grupos empresariales?
C.C | La actual crisis sanitaria y su correspondiente crisis económica está golpeando sobre todo a los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas y, por tanto, las ayudas deberán dirigirse en su mayor medida hacia dichas personas y empresas. No obstante, una vez evaluados los daños que finalmente ocasione la pandemia, será necesario conjugar dichas ayudas con otras medidas de reactivación económica, así como con las que debe conllevar la exigencia de un mayor esfuerzo para los sectores menos o nada afectados por la crisis y, desde luego, para quienes esta situación ha conllevado un incremento de sus beneficios, como así ha supuesto para quienes operan en determinados sectores.
NT | La lucha contra el fraude fiscal es uno es una de las cuestiones en las que Gestha ha venido incidiendo desde hace tiempo. ¿Cómo está afectando el estado de alarma a la economía sumergida? ¿Podemos también hablar de ‘hibernación’?
C.C | Con la situación de confinamiento y el cierre temporal de comercios y empresas que ha conllevado, podemos decir que la economía sumergida se habrá visto afectada en la misma medida que la economía formal, si bien en la medida en que la recuperación de la actividad se vaya produciendo, lo mismo ocurrirá con la economía sumergida, que volverá a los niveles anteriores a la crisis. En cuanto a la posibilidad de que repunte tras la pandemia, sobre todo en la que podemos denominar economía de subsistencia, ello dependerá de algunos factores relacionados con el nivel de desempleo que finalmente se produzca, así como de las medidas de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Es en momentos como estos en los que se evidencia en mayor medida los efectos negativos de la economía sumergida, si es que se pudiera hablar de alguno positivo, en cuanto hay muchas personas que no podrán acreditar el cese o caída de su actividad, por estar sumergida, y no podrán disponer de las ayudas que se vienen aprobando para paliar, al menos en parte tal situación.
NT | La ‘nueva normalidad’ está cambiando muchos hábitos en las relaciones sociales, como el cada vez menor uso del dinero en efectivo. ¿Qué puede suponer esto a efectos de lucha contra el fraude fiscal?
C.C | Todo lo que suponga una disminución del uso del dinero en efectivo y su sustitución por cualquier medio de pago que deja rastro, como es el de las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro similar, es obvio que conlleva la posibilidad de un mayor control. En este sentido, desde Gestha venimos planteando la necesidad de rebajar el límite actual de los 2.500 euros para las operaciones en las que intervenga un profesional o empresario a los 1.000 euros.
NT | El fraude laboral también merma las arcas del Estado. ¿Cómo valora las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la embestida de la crisis en el empleo?
C.C | La posibilidad de utilizar los ERTES en esta situación supone una medida positiva encaminada a ese objetivo, como así ha sido asumido por los agentes sociales, que esta semana firmaban junto al Gobierno el Acuerdo Social en defensa del empleo, cuya principal medida ha sido la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio, ratificada posteriormente por el Consejo de Ministros
NT | En las últimas semanas se está hablando mucho de un ‘impuesto de solidaridad’, una ‘Tasa Covid’ que grave a las grandes fortunas. ¿Cuánto se podría recaudar con esta figura fiscal?
NT | También está pendiente el impuesto sobre determinados servicios digitales actualmente en trámite parlamentario, y/o la conocida como ‘Tasa Tobin’. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado confiada en que puedan empezar a recaudarse a final de este año. ¿A qué atribuye este retraso? ¿Qué cifras de recaudación se están barajando?
NT | En materia de nuevos impuestos, la fiscalía verde abre nuevas vías de recaudación. ¿Cuál es vuestra propuesta?
C.C | Desde Gestha entendemos que es necesario abordar, dentro de la reforma fiscal pendiente, una reforma fiscal verde para hacer efectivo el principio de que quien contamina paga y establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un momento en el que tanto la Eurocámara como nuestro Gobierno han declarado la emergencia climática.
NT | ¿Veis factible prolongar el plazo de presentación de la declaración de la renta a finales de año, como habéis pedido recientemente?
C.C | La imposibilidad de poder ofrecer una cita presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria para atender a los contribuyentes que la requieren es una de las razones que nos movieron a pedir esa prórroga del plazo de cierre de la campaña hasta el 30 de septiembre. El pasado año fueron más de dos millones los que acudieron a esa cita presencial, y la mayor parte de ellos son personas de edad avanzada, que se encuentran por ello entre el grupo de mayor riesgo ante el virus. Por ello, y teniendo en cuenta la necesidad de prestar ese servicio en las mejores condiciones de seguridad para contribuyentes y trabajadores, entendimos que lo procedente era acordar dicha prórroga. De hecho, el pasado día 13 debería haber comenzado esa campaña presencial y, de momento, la Agencia Tributaria ha decidido suspenderla sin fecha, aún con el horizonte de primeros de junio, en función de la evolución de la actual crisis sanitaria. Entendemos que no solo es factible, sino necesaria, esa prórroga para atender a aquellos contribuyentes que no tienen medios o habilidades suficientes para presentar su declaración a través de la web o la app de la AEAT, o a través del programa de atención telefónica.
NT | Las dimensiones de esta crisis económica derivada de la pandemia han puesto de relieve la necesidad de fortalecer el estado de bienestar y diseñar mecanismos, como la renta mínima, que no dejen a nadie en la cuneta. En alguna de tus ‘tribunas’ en este periódico has abogado por mejorar la gestión del gasto público. ¿Qué mejoras ves al respecto y cuáles son a tu juicio las reformas inaplazables?
C.C | El control del gasto público es tan importante como el de los ingresos, y sin embargo suele pasar más desapercibido para la ciudadanía. La necesaria transparencia en la gestión es fundamental para elevar la conciencia fiscal, que en nuestro país está muy por debajo de la existente en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, sin duda, la generalizada opinión de que el despilfarro por parte de los gestores públicos, cuando no la corrupción, ha sido la norma durante muchos años, es una de las causas relacionadas con dicha laxitud de la conciencia fiscal.
Por ello, es inaplazable el establecimiento de un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes. También es necesario reforzar y ampliar el control permanente y las auditorías públicas, el establecimiento de una coordinación efectiva de los diferentes órganos de control de las distintas administraciones y acabar con la privatización de las auditorías públicas. Otra medida que también sería inaplazable sería la de implementar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de que se revistan, escapen en mayor o menor medida de los necesarios controles a los que, como consecuencia de su financiación con recursos públicos, deben someterse.
NT | Por último, tras el caso abierto por la fiscalía de Suiza en relación a las cuentas del rey emérito Juan Carlos I. ¿Qué indicios de delito observas? ¿Confías en que pueda abrirse una investigación al respecto?
Estaríamos entonces ante una infracción tributaria que, previsiblemente, por la cuantía en juego podría ser constitutivo de un delito fiscal. Asimismo, y si se acreditara que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales o inversiones, podríamos estar ante la comisión de un delito de blanqueo.
A la vista de las declaraciones de Corinna Larsen y, sobre todo, tras la decisión del Rey de retirar la asignación a su padre y renunciar, en su momento, a la herencia que le pudiera corresponder, entendemos que hay indicios suficientes como para que la Agencia Tributaria abra la correspondiente investigación, como haría con cualquier otro contribuyente, lo que probaría la inexistencia de escudos fiscales.
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"Con el impuesto de solidaridad se podrían recaudar alrededor de 20.000 millones anuales"
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, propone gravar a las grandes fortunas con una tasa de entre el 1% y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros para financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia.
ISABEL GARCÍA
NUEVATRIBUNA.ES15/05/20
Nuevatribuna.es | Hemos arrancado la semana con la firma del acuerdo sobre los ERTE que establece, entre otras cuestiones, límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal al impedir que empresas radicadas en paraísos fiscales puedan acogerse a esta figura laboral. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. ¿Qué grado de afectación tendrá esta medida?
Carlos Cruzado | La medida supone un paso adelante en la estrategia para la erradicación de los territorios opacos, en cuanto pone sobre la mesa el problema y la necesidad de penalizar a las empresas con intereses en los paraísos fiscales. No obstante, lo cierto es que el efecto de esta medida va a ser muy limitado. Esta primera prohibición no afectará a las empresas españolas que tengan filiales en esos territorios, o las domiciliadas en otros países no incluidos en la lista oficial de paraísos fiscales, pero que les permite contribuir mucho menos en los países, como España, donde obtienen sus beneficios.
NT | Gestha viene señalando a los grandes grupos empresariales como uno de los principales agentes de la evasión fiscal. ¿Qué medidas sería necesario adoptar en España para poner coto a corporaciones que eluden sus impuestos? ¿Es necesaria una armonización a nivel europeo? ¿Qué pasos se han dado hasta el momento en el marco de la UE?
C.C | En lo que se refiere al fraude fiscal, desde Gestha venimos insistiendo en la necesidad de que la Agencia Tributaria desplace su lupa de los contribuyentes con nóminas, autónomos y pequeñas empresas, a las grandes empresas y fortunas. Y para este cambio de estrategia, es necesario, además de dedicar más efectivos a dicha tarea, aumentar las competencias de los Técnicos en relación con estos contribuyentes, dado que en muchos casos tenemos las manos atadas frente al gran fraude.
En cuanto a la elusión fiscal de las grandes corporaciones, los datos que año tras año publica la Agencia Tributaria sobre los tipos efectivos medios que pagan estos contribuyentes son muy elocuentes y demuestran cómo están tributando muy por debajo de los tipos nominales y también de los correspondientes a las pymes. Y esta situación es debida a la utilización de exenciones y otros beneficios fiscales contemplados por la Ley del impuesto, así como a la planificación fiscal agresiva que utilizan las empresas transnacionales, aprovechando los agujeros y diferencias en los sistemas tributarios de los distintos países en los que operan.
El traslado de buena parte de sus beneficios hacia territorios de escasa o nula tributación, que no siempre están en las listas oficiales de paraísos fiscales, es la consecuencia de dichas prácticas. Y en la tarea para paliar esta situación, sin duda es necesaria la adopción de medidas a nivel global, o al menos europeo. La UE es consciente de esta situación y hace años que viene estudiando y planteando la necesidad de adoptar medidas de armonización, pero lo cierto es que, tanto en la acción para la erradicación de los paraísos fiscales como en lo referente a dicha armonización, las decisiones se van demorando, como consecuencia de la unanimidad que requieren y la oposición de los países que ejercen una competencia fiscal a la baja, ofreciendo condiciones muy beneficiosas a las empresas transnacionales.
No obstante, a nivel interno cabe adoptar medidas para limitar los actuales beneficios fiscales que contempla la ley, así como el establecimiento de un porcentaje mínimo a pagar por las grandes compañías, que desde nuestro punto de vista tendría que estar referido al beneficio contable y no a la base imponible del impuesto.
NT | En el imaginario colectivo una buena parte de la opinión pública da por bueno aquello de que elevar la carga impositiva a grandes corporaciones provocará el ‘éxodo’ de las mismas a otros territorios con bajas cargas fiscales. ¿Existe tal riesgo?
C.C | Es difícil pensar que las grandes corporaciones vayan a renunciar a prestar sus servicios y obtener beneficios en nuestro país, aun cuando tengan que pagar impuestos de acuerdo con su verdadera capacidad económica. Otra cosa es que trasladen sus domicilios fiscales a otros territorios, como ya viene ocurriendo, y que como consecuencia de la actual configuración de los impuestos sobre sociedades, tributen en dichos territorios. Y ese es el problema al que nos referíamos antes y sobre el que nos referíamos a la necesidad de adoptar medidas de armonización.
Además, hay que recordar que el artículo 31.1 de nuestra Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, lo que no puede ser puesto en cuestión por ese supuesto riesgo de deslocalización.
NT | El Gobierno prevé una pérdida de ingresos tributarios por la crisis de la COVID-14 de cerca de 14.000 millones de euros. Gestha aboga por una reforma tributaria “completa” para taponar el “agujero” de la recaudación. ¿Qué margen hay en estos momentos para una posible subida de impuestos y que figuras impositivas sería conveniente tocar?
C.C | El 83% de los ciudadanos opina, según el último estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS, que los impuestos no se pagan justamente, que no pagan más quienes más tienen. Y esa percepción se corresponde con la realidad, a la vista de las posibilidades de elusión que la normativa facilita a quienes tienen mayor capacidad económica. De ello, se puede deducir la existencia de margen para una posible subida de impuestos, que lógicamente deberá recaer precisamente sobre ese sector de contribuyentes que actualmente no pagan en la medida de su capacidad. Si hablamos de impuestos, y teniendo en cuenta que, también según la opinión mayoritaria de la ciudadanía, los impuestos se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos según la renta o la riqueza de las personas y empresas, es en estos impuestos en los que habría que centrar la reforma.
El impuesto sobre la renta es uno de ellos, y la necesidad de ir aproximando la tributación de los rendimientos de capital a la de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, una de las cuestiones prioritarias para acabar con la actual dualidad del impuesto. Así mismo sería necesario dotar de mayor progresividad al impuesto, mediante la incorporación de nuevos tramos para las rentas más altas, tal y como viene recomendando el Fondo Monetario Internacional, para combatir el preocupante problema del incremento de las desigualdades.
El Impuesto sobre Sociedades es el otro gran impuesto estatal que urge reformar para acabar con la injustificable diferencia entre los tipos medios efectivos de las grandes empresas y los de las pymes, paradójicamente más elevados. Y también habría que abordar una reforma de los impuestos cedidos a las CCAA, sobre todo en lo referente a los de Sucesiones y Patrimonio, dada la caída de la recaudación de los mismos, como consecuencia de la actual competencia fiscal a la baja por parte de algunas CCAA. Sería necesario establecer unos mínimos para evitar dicha situación y suprimir las exenciones como la establecida por Madrid en el impuesto sobre Patrimonio, por la que se dejan de recaudar cerca de 1.000 millones al año, beneficiando solo a los 16.000 contribuyentes con mayor capacidad económica de la Comunidad.
NT | Los empresarios siguen reclamando bajadas de impuestos para contrarrestar el parón de la economía por la crisis sanitaria. ¿Qué diferenciación habría que hacer entre pymes y autónomos y grandes grupos empresariales?
C.C | La actual crisis sanitaria y su correspondiente crisis económica está golpeando sobre todo a los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas y, por tanto, las ayudas deberán dirigirse en su mayor medida hacia dichas personas y empresas. No obstante, una vez evaluados los daños que finalmente ocasione la pandemia, será necesario conjugar dichas ayudas con otras medidas de reactivación económica, así como con las que debe conllevar la exigencia de un mayor esfuerzo para los sectores menos o nada afectados por la crisis y, desde luego, para quienes esta situación ha conllevado un incremento de sus beneficios, como así ha supuesto para quienes operan en determinados sectores.
NT | La lucha contra el fraude fiscal es uno es una de las cuestiones en las que Gestha ha venido incidiendo desde hace tiempo. ¿Cómo está afectando el estado de alarma a la economía sumergida? ¿Podemos también hablar de ‘hibernación’?
C.C | Con la situación de confinamiento y el cierre temporal de comercios y empresas que ha conllevado, podemos decir que la economía sumergida se habrá visto afectada en la misma medida que la economía formal, si bien en la medida en que la recuperación de la actividad se vaya produciendo, lo mismo ocurrirá con la economía sumergida, que volverá a los niveles anteriores a la crisis. En cuanto a la posibilidad de que repunte tras la pandemia, sobre todo en la que podemos denominar economía de subsistencia, ello dependerá de algunos factores relacionados con el nivel de desempleo que finalmente se produzca, así como de las medidas de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Es en momentos como estos en los que se evidencia en mayor medida los efectos negativos de la economía sumergida, si es que se pudiera hablar de alguno positivo, en cuanto hay muchas personas que no podrán acreditar el cese o caída de su actividad, por estar sumergida, y no podrán disponer de las ayudas que se vienen aprobando para paliar, al menos en parte tal situación.
NT | La ‘nueva normalidad’ está cambiando muchos hábitos en las relaciones sociales, como el cada vez menor uso del dinero en efectivo. ¿Qué puede suponer esto a efectos de lucha contra el fraude fiscal?
C.C | Todo lo que suponga una disminución del uso del dinero en efectivo y su sustitución por cualquier medio de pago que deja rastro, como es el de las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro similar, es obvio que conlleva la posibilidad de un mayor control. En este sentido, desde Gestha venimos planteando la necesidad de rebajar el límite actual de los 2.500 euros para las operaciones en las que intervenga un profesional o empresario a los 1.000 euros.
NT | El fraude laboral también merma las arcas del Estado. ¿Cómo valora las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la embestida de la crisis en el empleo?
C.C | La posibilidad de utilizar los ERTES en esta situación supone una medida positiva encaminada a ese objetivo, como así ha sido asumido por los agentes sociales, que esta semana firmaban junto al Gobierno el Acuerdo Social en defensa del empleo, cuya principal medida ha sido la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio, ratificada posteriormente por el Consejo de Ministros
NT | En las últimas semanas se está hablando mucho de un ‘impuesto de solidaridad’, una ‘Tasa Covid’ que grave a las grandes fortunas. ¿Cuánto se podría recaudar con esta figura fiscal?
C.C | De aprobarse tal medida, podrían recaudarse alrededor de 20.000 millones anuales. Consistiría en un recargo de solidaridad entre el 1 y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros, incluidas las acciones y participaciones en sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes inmuebles, que podría aplicarse al menos durante dos años, con la finalidad de financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia. La aplicación de esta medida debería ir acompañada necesariamente de un eficaz control tributario de los grandes patrimonios, para evitar su elusión.
NT | También está pendiente el impuesto sobre determinados servicios digitales actualmente en trámite parlamentario, y/o la conocida como ‘Tasa Tobin’. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado confiada en que puedan empezar a recaudarse a final de este año. ¿A qué atribuye este retraso? ¿Qué cifras de recaudación se están barajando?
C.C | La irrupción de la pandemia y la consiguiente paralización de las actividades ha influido sin duda en dicho retraso, si bien es cierto que la polémica con respecto a la implementación de dichos impuestos unilateralmente, antes de la decisión que pueda adoptarse por la OCDE o la UE en relación con la tributación de las empresas digitales, también hay que tenerla en cuenta. Hay que recordar que las amenazas de responder con mayores aranceles a los países europeos que establezcan el impuesto, por parte de la administración Trump, supusieron la congelación del impuesto ya aprobado en Francia hasta final de este año.
NT | En materia de nuevos impuestos, la fiscalía verde abre nuevas vías de recaudación. ¿Cuál es vuestra propuesta?
C.C | Desde Gestha entendemos que es necesario abordar, dentro de la reforma fiscal pendiente, una reforma fiscal verde para hacer efectivo el principio de que quien contamina paga y establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un momento en el que tanto la Eurocámara como nuestro Gobierno han declarado la emergencia climática.
Ante la celebración en Madrid del COP25, el pasado mes de diciembre, GESTHA propuso crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año en España y reducirlas en torno al 3%. De esta manera, nuestro país compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea. En concreto, planteamos una batería de medidas en la fiscalidad medioambiental europea para lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65 países, entre los que figura España junto al resto de los países más desarrollados de Europa como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción Climática.
NT | ¿Veis factible prolongar el plazo de presentación de la declaración de la renta a finales de año, como habéis pedido recientemente?
NT | Las dimensiones de esta crisis económica derivada de la pandemia han puesto de relieve la necesidad de fortalecer el estado de bienestar y diseñar mecanismos, como la renta mínima, que no dejen a nadie en la cuneta. En alguna de tus ‘tribunas’ en este periódico has abogado por mejorar la gestión del gasto público. ¿Qué mejoras ves al respecto y cuáles son a tu juicio las reformas inaplazables?
C.C | El control del gasto público es tan importante como el de los ingresos, y sin embargo suele pasar más desapercibido para la ciudadanía. La necesaria transparencia en la gestión es fundamental para elevar la conciencia fiscal, que en nuestro país está muy por debajo de la existente en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, sin duda, la generalizada opinión de que el despilfarro por parte de los gestores públicos, cuando no la corrupción, ha sido la norma durante muchos años, es una de las causas relacionadas con dicha laxitud de la conciencia fiscal.
Por ello, es inaplazable el establecimiento de un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes. También es necesario reforzar y ampliar el control permanente y las auditorías públicas, el establecimiento de una coordinación efectiva de los diferentes órganos de control de las distintas administraciones y acabar con la privatización de las auditorías públicas. Otra medida que también sería inaplazable sería la de implementar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de que se revistan, escapen en mayor o menor medida de los necesarios controles a los que, como consecuencia de su financiación con recursos públicos, deben someterse.
NT | Por último, tras el caso abierto por la fiscalía de Suiza en relación a las cuentas del rey emérito Juan Carlos I. ¿Qué indicios de delito observas? ¿Confías en que pueda abrirse una investigación al respecto?
C.C | Al margen del debate sobre la amplitud de la inviolabilidad del Rey, sobre el que los constitucionalistas tienen distintas posiciones, lo que no es cuestionable es que desde el momento de su abdicación, en junio de 2014, esa inviolabilidad cesó. Por tanto, si se demostrara que con posterioridad a dicha fecha el Rey emérito posee un patrimonio fuera de España y no lo ha incluido en el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, incurriría en la correspondiente responsabilidad prevista por la Ley. La consecuencia es que se considera como un incremento de patrimonio no justificado y se imputa en el último ejercicio no prescrito, que sería el año 2015.
Estaríamos entonces ante una infracción tributaria que, previsiblemente, por la cuantía en juego podría ser constitutivo de un delito fiscal. Asimismo, y si se acreditara que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales o inversiones, podríamos estar ante la comisión de un delito de blanqueo.
A la vista de las declaraciones de Corinna Larsen y, sobre todo, tras la decisión del Rey de retirar la asignación a su padre y renunciar, en su momento, a la herencia que le pudiera corresponder, entendemos que hay indicios suficientes como para que la Agencia Tributaria abra la correspondiente investigación, como haría con cualquier otro contribuyente, lo que probaría la inexistencia de escudos fiscales.
"Con el impuesto de solidaridad se podrían recaudar alrededor de 20.000 millones anuales"
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, propone gravar a las grandes fortunas con una tasa de entre el 1% y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros para financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia.
www.nuevatribuna.esEn antena 3 Matias Prats y la otra entrevistando a Iglesias. La parte "dura" de entrevista la ha llevado Matías. Las 3 respuestas han sido irse por los cerros de Ubeda, culpar al pp y decir que las comunidades autónomas tienen la culpa de las muertes en residencias cuando en la misma pregunta se le indicaba que con el mando único el gobierno era quien tomaba el control.....Luego han comenzado las preguntas suaves de la otra periodista: 1° pregunta sobre la tasa de reconstrucción: Iglesias dice que la gente que tiene un millón de euros están deseando compartirlos y ser solidarios, como los sanitarios... ante semejante broma o mentira, no he seguido viendo.
