El fiscal Moix es desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España

[vieira]

no se explica como es posible, que a fiscales y jueces en la más alta jerarquía del poder judicial,los tenga que elegir el ejecutivo,que gobierne de turno.Si esto es una Estado de Derecho... no se ve .Mza también ha sido reprobado por el legislativo,ha sido una vergüenza su nombramiento y su defensa a ultranza, de un sujeto inapropiado para el cargo,estamos ya hasta las cejas, ver como muchos fiscales se convierten en defensores de los imputados,como fue el caso del fiscal de la fanta.
Maza debe dimitir y el nombramiento se debe hacer por consenso,con órganos independientes de la política, por profesionales de un trabajo que requiere defender la justicia igual para todos.
Estamos avergonzados muchos, y muchísimos españoles de este espectáculo tan indecente.El pueblo está abandonado y ellos creen que esto es lo justo y necesario para ser cada día más fuertes, en su politícas rastreras.No tengo más remedio de dar por bueno lo que se coreaba en las marchas.¡¡La culpa es, del votante del PP.Por que??? por que el PP considera que ha sido absuelto por sus votantes de todos sus casos de corrupción, y se sienten seguros en avanzar en esas prácticas.

 

[pedrogoera]

gerardo tecé‏ @gerardotc Jun 1




Comienzan los casting para sustituir al jefe Anticorrupción.pic.twitter.com/BcQNfQnIGZ

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[pilou12]

ESTABA A LA VENTA POR 570.000 Y LO HA VUELTO A REBAJAR
El exfiscal Manuel Moix retira su chalet 'offshore' del mercado

¿Ha vendido el exfiscal Anticorrupción su chalet de Collado Villalba después de saberse que tenía su titularidad a través de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas?

Manuel Moix en un fotomontaje de 'Vantais'

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A.S.
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06.06.2017 – 11:39 H.
Ni encargándoselo a la mejor agencia de comunicación, el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix habría tenido una campaña tan impactante para vender el chalet de la sierra de Madrid que un día habitaron sus padres. No sabemos si ha conseguido efectuar la operación de compraventa o simplemente lo ha retirado del escaparate (y del escarnio) público que es en lo que se había convertido la web Idealista, donde esta casa de 4.623,62 metros cuadrados de parcela y 220 construidos permanecía hace más de un año anónima junto con el resto de inmuebles de Collado Villalba.

Pasó de rozar el millón de euros a venderse por 570.000 euros. Fuentes inmobiliarias aseguran a esta publicación que puede que el fiscal la esté vendiendo lejos del ruido mediático y que ha vuelto a rebajar el precio, que ahora es de 530.000 euros.



Te enseñamos por dentro la casa que Manuel Moix ha puesto a la venta por 570.000 euros
P. I.
El hasta hace unas horas fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha puesto su exclusiva vivienda a las afueras de Madrid por algo más de medio millón


En 1988 los Moix decidieron esconder mencionada propiedad montando en Panamá la sociedad Duchesse Financial Overseas. Como testaferro eligieron a una abuela panameña de hoy 93 años, Aida May Biggs, que figura en 17.539 compañías 'offshore', una singular testaferro a la que recurrió el bufete de abogados Morgan and Morgan, con el que cerraron la operación. Una operación que fue descubierta por el diario 'Infolibre' y precipitó la semana pasada la caída del jurista, que según sus propias palabras "se inmoló por el bien de la Fiscalía y el de su familia". Por ese orden.


Estos son los pasos a seguir por Anticorrupción tras la dimisión de Moix
E. BÁRCENA
Quién aprueba su cese, cuál será su próximo destino o cómo se decidirá quién es su sucesor... Así se procederá cuando el puesto se quede vacante


Barra de bar de 60 metros
No han faltado mofas en la Red por la decoración, un tanto caduca, de la casa de Moix. El fiscal presentaba su propiedad como un chalet independiente en venta en la prestigiosa urbanización Dominio de Fontenebro en Villalba con bonitas vistas a las sierra. Y detallaba que además de los metros ya mencionados tiene un despacho con chimenea de mármol, cocina de 40 m2 con chimenea y office y despensa. Moix destacaba también en el anuncio que cuenta con una bodega y una barra de bar de unos 60 metros. Ojito.

El exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix antes de su dimisión. (EFE)
Aunque la casa presenta un aspecto antiguo a falta de reforma, tiene una piscina cubierta acondicionada para agua salina, zona verde, columpios, huerto, barbacoa de obra, luces exteriores, riego automático, horno de leña, caseta de herramientas, pozas y depósitos de agua. Y fundamental: urbanización cerrada con vigilancia las 24 horas.

Sus otras propiedades, sin estridencias
El exfiscal que estaba al frente de la Operación Lezo lleva una vida sin estridencias y su otro patrimonio así lo revela. Todo está a su nombre y al de su mujer, la magistrada Begoña Fernández Dozagarat, una profesional con una brillante carrera y que saltó a los medios en 1988 cuando admitió en una sentencia pionera a dos transexuales como mujeres.

La pareja tienen dos bienes en gananciales: un piso de cien metros cuadrados con piscina y urbanización privada cerca del Tanatorio de la M-30 en Madridy otro piso de similares proporciones con una terraza de 16 metros en la zona de El Tojo, en Almería, donde Moix, su mujer y su hija acuden habitualmente a pasar sus vacaciones estivales. Ni rastro de sociedades panameñas.

Estas son las propiedades no 'offshore' que el exfiscal Manuel Moix tiene en España
A.S.
Un piso con piscina en Madrid y un apartamento de playa en Almería. Ni rastro de su polémica sociedad panameña

Destacar aquí que la nota simple del polémico chalet de Moix de la sierra de Madrid revela que en su día (29 de junio de 1987) para afrontar el pago de la propiedad se pidió una hipoteca por diez años a Caja España De Inversiones, C.A.M.P. en Madrid de 84.140 euros.

 

[IDOLO]

Querella contra Moix por tres presuntos delitos al archivar sin investigar denuncias contra Ignacio González

• La querella la ha presentado ante el Supremo la asamblea TCJ15M, a través de la asociación Contratrama. Acusan al fiscal de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según el texto al que ha tenido acceso infoLibre
• Cuando era fiscal jefe de Madrid, Moix decretó el archivo de dos denuncias en 2007 y 2009 relacionadas con la trama del campo de golf del Canal, una de las operaciones que ha llevado ahora a Ignacio González a prisión
• “El encubrimiento por parte de Moix de las operaciones presuntamente corruptas de González y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ siguiese operando durante diez años”, denuncian los querellantes

Manuel Rico

Publicada 26/06/2017 a las 20:10Actualizada 26/06/2017 a las 22:07Canal de Isabel II

• Esperanza Aguirre

• Ignacio González

• Manuel Rico

• Tribunal Supremo

• Manuel Moix

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Manuel Moix, el pasado 1 de junio tras presentar su dimisión como fiscal Anticorrupción.


Manuel Moix, que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá, se enfrenta ahora a una querella criminal. La asociación Contratrama presentó este lunes un escrito en el Tribunal Supremo acusándolo de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según consta en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.


Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.


“Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.


Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.

“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella de Contratrama, que tiene 36 páginas y que se presentó en el Supremo acompañada de una abundante documentación para probar las acusaciones.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.

La asociación querellante, Contratrama, tiene su germen en las asambleas del 15M. En 2012 se creó el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), que según se define en su web es una asamblea del 15M cuyo objetivo es “identificar y denunciar a los verdaderos responsables del colapso económico” y “mantener viva la causa procesal para llevar a las tramas delictivas financieras ante los tribunales”. En 2014, el TCJ15M decidió presentar una querella contra 26 directivos de Caja Madrid –entre ellos Miguel Blesa– por la sobretasación sistemática de los inmuebles. Y se constituyó entonces la asociación Contratrama para gestionar el crowdfunding que les permitiese afrontar la iniciativa judicial. La querella fue admitida inicialmente a trámite por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Sin embargo, seis de los querellados recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón, de forma que la querella no prosperó.

MOIX ARCHIVA LA PRIMERA DENUNCIA VECINAL


La primera actuación de Moix que denuncian los querellantes de Contratrama se produjo en 2007.

La historia tiene su origen en una información que la revista Tiempo publicó el 27 de abril de 2007, en la que desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros y la sede social en su domicilio particular, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con un trabajador en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto a otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Ignacio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros que el dueño de Tecnoconcret era socio de su hermano y de su cuñado.

Cerca de 400 vecinos del barrio de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret. El martes 29 de mayo, entró la denuncia vecinal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Y el lunes 4 de junio, el fiscal Manuel Moix dictó un decreto de archivo, en el que se afirmaba lo siguiente: “Dado que las denuncias no se sustentan en documentación de ningún tipo que acredite la no abstención y sin perjuicio del valor que tal conducta pudiera merecer, de haberse producido, esto es, simple ilícito administrativo o infracción penal, se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal”. [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].

En la querella presentada este lunes por Contratrama se destaca que el fiscal Moix archivó la denuncia sobre la trama societaria que se benefició de la adjudicación del campo de golf del Canal “sin haber realizado ni una sola diligencia de investigación y mediante un decreto de 11 líneas en el que se afirmaba que no estaba acreditada la no abstención del vicepresidente madrileño en la adjudicación, cuando era público y notorio que sí estaba acreditada, ya que así lo habían publicado los medios de comunicación después de que el propio Ignacio González compareciese para ofrecer su versión sobre lo ocurrido y hubiera admitido dicha circunstancia”.

Es más, los querellantes aseguran que ya en 2007 Moix “habría podido averiguar” cómo operaba la trama corrupta liderada presuntamente por González si hubiera investigado el asunto, porque para entonces Tecnoconcret ya había sido subcontratada para instalar el césped del campo de golf, a pesar de que carecía de “experiencia en el sector de las instalaciones deportivas”.

SEGUNDA DENUNCIA ARCHIVADA POR MOIX


La segunda actuación de Moix sobre la que ponen el foco los querellantes de Contratrama tuvo lugar en 2009.

En febrero de aquel año, el periódico Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. Por otra, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design.

Vecinos del barrio, que luchaban para que en los antiguos depósitos del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf, habían constituido la asociación Parque Sí en Chamberí. Y fue esta quien, a la vista de las informaciones, presentó una segunda denuncia contra González ante la Fiscalía de Madrid.

Como desveló infoLibre a finales del pasado mes de abril, la denuncia constaba de nueve páginas, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas y acusaba a González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.

En la denuncia se solicitaba a la Fiscalía la práctica de varias diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Y también que se solicitase a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo. El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros.

Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto de Eloy Velasco, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf. Pero en realidad Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató por 2,68 millones el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. La diferencia entre ambas cantidades es aproximadamente de 578.000 euros, que el juez Velasco considera una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.

Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado Velasco en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde noviembre de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.

Por segunda vez, el fiscal Moix archivó la denuncia contra González. En el decreto de archivo, fechado 6 de octubre de 2009, se concluye que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”. En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf. [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].

El pasado 29 de abril, infoLibre envió ocho preguntas a Manuel Moix sobre su actuación en relación con la denuncia planteada en 2009 por Parque Sí en Chamberí. El entonces aún fiscal jefe de Anticorrupción se negó a responder a las preguntas de este periódico.

La abogada de Contratrama, Liliana Pineda, plantea en esta parte de la querella lo que define como “una alternativa en todo caso demoledora” para Moix: que no hubiese solicitado en 2009 el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf, que “era la única forma de no obtener pruebas de la comisión de delitos, pero suponía un incumplimiento absoluto de sus obligaciones como fiscal”, o que sí hubiese pedido dicha información a la Agencia Tributaria, “pero una vez recibidos los datos, hubiese archivado en todo caso la denuncia. En este supuesto, además de los delitos que se mencionan en esta querella, Manuel Moix habría cometido otros delitos más graves".

LA FISCALÍA SE OPONE A UNA QUERELLA CONTRA GONZÁLEZ


Lejos de rendirse, y después de que se produjese una primera sentencia a su favor en la vía contencioso-administrativa, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó en marzo de 2010 una querella contra Ignacio González y la trama del campo de golf. Los querellantes pedían al TSJ de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de Ignacio González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret (el hermano y el cuñado del vicepresidente y José Antonio Clemente). Además, volvían a reclamar que se solicitase a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.

El tribunal ante el que estaba aforado Ignacio González solicitó a la Fiscalía de Madrid, como es preceptivo, un informe sobre la procedencia de admitir o no a trámite la querella contra el vicepresidente madrileño. Y, por tercera vez, la Fiscalía que dirigía Manuel Moix se pronunció en contra de que se investigase la adjudicación del campo de golf. “Por los mismos hechos se presentó denuncia ante esta Fiscalía por la actual entidad querellante, lo que determinó la incoación de las diligencias de investigación nº 2/09, las cuales concluyeron en archivo tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados”, sostenía la Fiscalía, en referencia al decreto de Moix de 2009. El TSJ de Madrid, siguiendo el criterio de la Fiscalía, decidió no admitir a trámite la querella contra Ignacio González. Así lo resolvió mediante un auto fechado el 15 de junio de 2010.

Los querellantes de Contratrama también ponen en cuestión la actuación de la Fiscalía que dirigía Moix en este caso: "Llama especialmente la atención que el fiscal sostenga que dicho decreto de 2009 se archivó 'tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados'. Nada se dice de cuáles fueron esas 'diligencias esenciales', al igual que tampoco se mencionaron en el decreto de archivo dictado por Manuel Moix en octubre de 2009. Pero nadie que tenga la más mínima pericia en una investigación criminal de una trama societaria podrá negar que la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 es una diligencia esencial y básica".

"GRAVE TRASCENDENCIA SOCIAL DE LOS HECHOS"


La asociación Contratrama, en el escrito presentado este lunes ante el Supremo, considera “indudable la especial y grave trascendencia social que tienen los hechos descritos en esta querella, toda vez que existen sólidos indicios de la participación en ellos de personas con altas responsabilidades en la estructura del Estado, causando un grave perjuicio al Estado de derecho y a la percepción que tiene la ciudadanía del Ministerio Público".

La abogada Liliana Pineda considera en primer lugar que se produjo un delito de prevaricación, ya que Moix en su calidad de funcionario público y “a sabiendas” de su “injusticia” dictó resoluciones “arbitrarias” y evitó investigar los hechos que se habían denunciado ante la Fiscalía que dirigía.

En segundo lugar, entiende que Moix incurrió en una omisión de perseguir delitos, que castiga a la autoridad o funcionario que deja intencionadamente de perseguir aquellos delitos de los que tenga noticia.

Por último, sostiene que en la actuación del fiscal existió encubrimiento, ya que Moix “ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus criminales cooperadores”.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite o no a trámite la querella presentada contra Manuel Moix, que tiene la categoría de fiscal de Sala del propio TS.
https://www.infolibre.es/noticias/p...gar_denuncias_contra_gonzalez_66880_1012.html

 

[IDOLO]

'CASO MOIX'
Maza no sancionará a Moix porque entiende que ser fiscal es compatible con ser dueño de una empresa en Panamá

• La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario a Moix, forzado a dimitir como jefe de Anticorrupción después de que infoLibredesvelase que era propietario del 25% de una sociedad panameña
• El Tribunal Supremo tiene que decidir si admite a trámite una querella presentada contra Moix por tres supuestos delitos al archivar sin investigar denuncias contra Ignacio González

infoLibrePublicada 04/08/2017 a las 14:01Actualizada 04/08/2017 a las 16:52Corrupción política

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El ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix el día antes de presentar su renuncia al cargo.

EFE
La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moixal no encontrar incompatibilidades de su cargo con ser dueño de un 25% de una sociedad en Panamá.



Después de que infoLibre desvelase los intereses de Moix en Panamá, la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia del Partido Contrapoder, representado por el abogado José Luis Mazón, en el que se pedía abrir un expediente gubernativo contra Moix.


El artículo 57.7 del Estatuto de la Carrera Fiscal señala como incompatible con cargos fiscales "el ejercicio de toda actividad mercantil". Asimismo, el artículo 57.8 de esta misma ley establece que los fiscales no pueden desarrollar las "funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".


Ante esto, el fiscal jefe Inspector de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena Pastor, emitió un decreto el pasado 26 de julio, en el que directamente archiva este expediente gubernativo al no encontrar motivo disciplinario alguno en los hechos denunciados, según adelantó Europa Press y confirmó después oficialmente la Fiscalía.

"No se advierte en los hechos denunciados atisbo alguno que permita incardinarlos en el tipo infractor disciplinario que pretende la denuncia, ni en ningún otro, sin que tampoco resulte procedente practicar diligencia alguna", dice el fiscal inspector.

Añade que ser el titular del 25% de una sociedad cuyo único bien es un inmueble —un chalé en Collado Villalba (Madrid), heredado de su padre—, "sin participar en ese ente no comporta la comisión de infracción disciplinaria alguna".

Maza defendió a Moix

La decisión del jefe del departamento de Inspección del Ministerio Público coincide con la opinión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha destacado en numerosas ocasiones que esta sociedad en Panamá no tiene atisbo de "ilegalidad", ni de "incompatibilidad" con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al tratarse de una herencia. "No obliga a comunicar su herencia a los superiores", precisó Maza en la rueda de prensa en la que anunció la dimisión de Moix.

Por otro lado, el fiscal Cartagena defiende que la Inspección Fiscal no está obligada a iniciar una investigación de naturaleza disciplinaria "ante cualquier queja o denuncia" para "evitar actuaciones gratuitas o innecesarias" o que "puedan comprometer públicamente su buen nombre personal y profesional sin existir para ello debida justificación".

Contra esta decisión de la Fiscalía General del Estado cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mesante la misma Inspección Fiscal o, alternativamente, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Fiscalía del Supremo tampoco investigó

La Fiscalía del Tribunal Supremo también rechazó el 26 de junio de 2017 investigar a Moix por los mismos hechos, al considerar que ser dueño de un 25% de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá no responde a ninguna "conducta corrupta".

Manuel Moix dimitió después de que infoLibre desvelase que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 en Panamá y propietaria de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba. Estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción tan sólo 87 días.

Su gestión ha estado entredicho por las diversas polémicasnacidas por sus discrepancias con otros fiscales, como los del caso Lezo, o la sustitución de los adscritos al conocido caso 3% de CDC. Esta última decisión fue revertida por su sustituto, Alejandro Luzón, poco después de llegar al cargo.

Querella pendiente en el Supremo

La que sigue pendiente de una decisión de Tribunal Supremo es la querella presentada contra Moix por el archivo de dos denuncias contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En una providencia fechada el pasado 14 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidió a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada". El Alto Tribunal tiene que decidir si admite a trámite la querella.

La querella fue presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia-15M (TCJ-15M), a través de la asociación Contratrama, y en ella se acusa a Manuel Moix de archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias. Los querellantes sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la presunta trama corrupta liderada por González. Contratrama, que aportó abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, considera que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos.

El tribunal que decidirá sobre Moix está presidido por Manuel Marchena, que también es presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a quien en ámbitos jurídicos se considera el ideólogo de algunas políticas judiciales del PP. Completan la Sala los magistrados Francisco Monterde, que actúa como ponente, y Alberto Jorge Barreiro.

En este caso se produce una circunstancia ciertamente infrecuente: la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la actuación presuntamente delictiva de uno de sus miembros, ya que Moix es ahora fiscal de Sala del propio Supremo.

"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.
https://www.infolibre.es/noticias/p..._ser_dueno_una_empresa_panama_68375_1012.html

BELLOTO04/08/17 22:44

Maza no puede sancionar al que nombró para que hiciese lo que hizo: si lo hiciera tendría que sancionarse a sí mismo. Siendo especialmente grave que cualquier fiscal anticorrupción esconda sus bienes en un paraíso fiscal, mucho más grave es entorpecer a los tribunales de Justicia en defensa de personajes corruptos, y eso es para lo que fue elegido Moix.


Bacante04/08/17 16:38

Sí señores, con un par!