Sánchez ha retrasado semanas el estado de alarma "por miedo a los nacionalistas catalanes"
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional, califica de "caótica y disparatada" la gestión del Gobierno de la crisis del Covid-19: "Cada comunidad hace lo que le da la gana"
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha rendido a las presiones para declarar el estado de alarma y ofrecer una respuesta unitaria y contundente a la crisis del coronavirus. Durante varias semanas el Ejecutivo ha preferido dosificar las medidas, a pesar de que la cifra de contagiados está disparada y sitúa a España como uno de los principales focos a nivel mundial. Según Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, la razón de este retraso es tan simple como cruda: el miedo a romper puentes con sus socios de gobierno catalanes.
“Hace semanas que debería haber declarado el estado de alarma. Italia, Francia o Bélgica nos están dando una lección en ese sentido. ¿Por qué no lo ha hecho España? Mi hipótesis, por desgracia la más probable, es que Pedro Sánchez ha tratado de evitar recentralizar la sanidad, los transportes o la seguridad por miedo a las protestas separatistas. Y esta inacción está provocando una respuesta caótica y disparatada a la crisis, con cada comunidad autónoma haciendo lo que le da la gana, sin ningún apoyo jurídico y con una falta de coordinación absoluta”.
El estado de alarma (Ley Orgánica 4/1981), en su artículo 11, afirma que se podrán “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados”, “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes” e “impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios”. Es decir, el Gobierno se sitúa por encima de las comunidades autónomas para gestionar todo el territorio y sus recursos. Y eso puede generar a partir de ahora un efecto protesta de la Generalitat, que verá temporalmente anulada su capacidad de mover los hilos en Cataluña. Algo que, según el catedrático, puede comprometer el apoyo de los grupos secesionistas al Gobierno socialista.
“No hay más que fijarse en el artículo 9 del estado de alarma para ver el problema que quiere evitar Sánchez. Dice que todas las autoridades quedarán sometidas a una única autoridad política. Esto, para la Generalitat, implica aceptar que la gestión de la crisis se recentraliza y puede abrir un debate si se demuestra que así la respuesta es más efectiva: ¿si con la centralización de ciertas competencias todo ha funcionado mejor, por qué no seguir igual?”.
Ruiz Miguel tampoco entiende que mientras en el entorno europeo se lanzan órdenes unitarias para todo su territorio, en España sean las comunidades autónomas las que durante semanas han decretado medidas de forma unilateral mientras el gobierno, simplemente, se limitaba a “recomendar” y “aconsejar” a la población. “Es una omisión de sus funciones. Las competencias de un gobierno, del legislador, no es aconsejar a la gente. Dar consejos es una cuestión moral. La política es autorizar o prohibir. O se prohiben conductas o se autorizan, pero dar recomendaciones a la población y a las comunidades autónomas es una huída de sus responsabilidades, la prueba de que no se atreve, ya sea por miedo a los gobiernos autonómicos o por incompetencia”.
Un ejemplo del descontrol que está generando la tibia respuesta del Ejecutivo son las situaciones “inconstitucionales” que se producen sin que a nadie le salten las alarmas. El mayor ejemplo es, según este catedrático de Derecho Constitucional, el confinamiento de la población de Igualada y los pueblos contiguos (70.000 habitantes) y la prohibición de entrar o salir del municipio decretada la noche de este jueves por la Generalitat. “Claramente eso no es posible sin el apoyo de un estado de alarma. La libertad de circulación es un derecho fundamental, y la gente de Igualada está viendo vulnerado ese derecho recogido en la Constitución. Se ha confinado una ciudad entera y el gobierno no ha abierto la boca. Es la muestra de un descontrol absoluto”.
Otra inconstitucionalidad, según Ruiz Miguel, es la organización de reuniones de gobierno de forma telemática. “La Constitución no lo permite, si quieren hacerlo que lo hagan por decreto ley. Si hay ministros enfermos que dimitan y den paso a ministros sanos, pero lo que no pueden hacer es saltarse la ley y tener al país pendiente de ministros enfermos", zanja el catedrático.
Sánchez ha retrasado semanas el estado de alarma "por miedo a Cataluña"
Carlos Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional, califica de caótica y disparatada la gestión del Gobierno de la crisis del Covid-19: Cada comunidad hace lo que le da la ganawww.elconfidencial.com
Otra inconstitucionalidad, según Ruiz Miguel, es la organización de reuniones de gobierno de forma telemática. “La Constitución no lo permite, si quieren hacerlo que lo hagan por decreto ley. Si hay ministros enfermos que dimitan y den paso a ministros sanos, pero lo que no pueden hacer es saltarse la ley y tener al país pendiente de ministros enfermos", zanja el catedrático.
Este es el problema cuando llevamos años tragando con " la democracia está por encima de la ley" "no vamos a cumplir leyes que nos parecen injustas" " la constitución está superada". Que luego todo es un cachondeo donde todo vale.
Los que nos quejamos, de repente y sin podernoslo explicar, nos hemos convertido en fachas.
