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pilou12
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Cristina Cifuentes acusada de Robar 2 cremas en 2011
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Hay gente que no aprende.....y la soberbia se paga tarde o temprano.
Bueno ya tiene salario ...el trabajo es lo de menos.
PORTADA
La reincorporación de Cifuentes a la Complutense ya es efectiva a efectos de salario, aunque no tiene puesto asignado
La expresidenta aparece desde este jueves en el directorio de la Complutense como parte de Gerencia del Rectorado, aunque aún no tiene puesto específico
Fuentes de la UCM aseguran que, una vez recibida la solicitud de reingreso, "el sistema te asigna automáticamente así pero no tiene destino"
En los "próximos días" la Gerencia decidirá dónde la ubica "de acuerdo a su categoría profesional y a su perfil", dicen las mismas fuentes
Sofía Pérez Mendoza Follow @Sofi_pm
10/05/2018 - 13:32h
La Complutense asigna a Cifuentes un puesto en la Gerencia del Rectorado tras solicitar su reingreso.EFE
Cristina Cifuentes ya se ha reincoporado a la Complutense. Al menos, en lo que a salario se refiere. La solicitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido un
efecto inmediato: ya empieza a acumular jornadas laborales para su próxima nómina. Sin embargo, Cifuentes no tiene aún un puesto específico asignado, a pesar de que el directorio de la institución la ubica desde este jueves en Gerencia del Rectorado.
Fuentes de la UCM aseguran a eldiario.es que esto es un "formalismo" y que aún se le debe asignar un puesto. "Una vez recibida la solicitud de reingreso, el sistema te asigna así automáticamente pero está pendiente de que la gerencia decida donde la ubica de acuerdo a su categoría profesional y a su perfil", algo que sucederá, explican las mismas fuentes, "en los próximos días".
Cifuentes estaba en situación de "servicios especiales" por excedencia por desempeño de cargo público. El miércoles pidió el reingreso a su plaza dentro del Cuerpo de Técnicos Superiores. El Estatuto del Empleado Público da
La reincorporación de Cifuentes a la Complutense ya es efectiva a efectos de salario, aunque no tiene puesto asignado
La expresidenta aparece desde este jueves en el directorio de la Complutense como parte de Gerencia del Rectorado, aunque aún no tiene puesto específico
Fuentes de la UCM aseguran que, una vez recibida la solicitud de reingreso, "el sistema te asigna automáticamente así pero no tiene destino"
En los "próximos días" la Gerencia decidirá dónde la ubica "de acuerdo a su categoría profesional y a su perfil", dicen las mismas fuentes
Sofía Pérez Mendoza Follow @Sofi_pm
10/05/2018 - 13:32h
La Complutense asigna a Cifuentes un puesto en la Gerencia del Rectorado tras solicitar su reingreso.EFE
Cristina Cifuentes ya se ha reincoporado a la Complutense. Al menos, en lo que a salario se refiere. La solicitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido un
efecto inmediato: ya empieza a acumular jornadas laborales para su próxima nómina. Sin embargo, Cifuentes no tiene aún un puesto específico asignado, a pesar de que el directorio de la institución la ubica desde este jueves en Gerencia del Rectorado.
Fuentes de la UCM aseguran a eldiario.es que esto es un "formalismo" y que aún se le debe asignar un puesto. "Una vez recibida la solicitud de reingreso, el sistema te asigna así automáticamente pero está pendiente de que la gerencia decida donde la ubica de acuerdo a su categoría profesional y a su perfil", algo que sucederá, explican las mismas fuentes, "en los próximos días".
Cifuentes estaba en situación de "servicios especiales" por excedencia por desempeño de cargo público. El miércoles pidió el reingreso a su plaza dentro del Cuerpo de Técnicos Superiores. El Estatuto del Empleado Público da
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https://www.eldiario.es/sociedad/empresa-rector-URJC_0_775172684.html
La empresa que creó el rector de la Rey
Juan Carlos amparó un máster privado
nunca impartido por el que sí se cobró
matrículas
EATC, sociedad creada por Javier Ramos y que usa gratis las instalaciones aeronáuticas de la Universidad, aparecía como colaborador de un curso privado de accidentes aéreos que ingresó matrículas aunque no se realizó
El vínculo de EATC con la Rey Juan Carlos permitió que el máster de la escuela EPSUE se presentara a los candidatos como un posgrado con el que obtendrían un título universitario
EATC debía poner material para prácticas, albergar conferencias y revisar currículos de aspirantes, según la información enviada a los futuros alumnos
EATC, la empresa presuntamente creada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos –según ha informado El País,– y a la que la institución académica cedió la gestión de sus instalaciones aeronáuticas a dedo por 25 años, participó en la organización de un máster precisamente sobre accidentes aeronáuticos promovido por una escuela privada que no llegó a materializarse a pesar de cobrar por matrículas, según ha detallado uno de los afectados. La figura de EATC, estrechamente ligada a la URJC, se tradujo en que el curso se publicitara como universitario, con un título expedido por la Universidad y con el sello de la URJC, como muestra la documentación que se hacía llegar a los candidatos.
La empresa Escuela Politécnica Superior Europea (EPSUE) aprovechó el sistema de privatización de cursos aeronáuticos impartidos en instalaciones públicas instaurado en la Universidad Rey Juan Carlos para lanzar en 2016 un "máster universitario en investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos" en asociación con la empresa EATC. Esta última aportaría el material para las prácticas: "Colaboración y aviones para prácticas. EATC", explicaba la escuela.
Otros detalles que presentaban el curso con el aval universitario eran las referencias metodológicas que incluían "conferencias en Universidad, instalaciones de EPSUE, EATC, entre otras." Y sobre la admisión de candidatos explicaban: "Si son admitidos por el Comité Científico-Técnico de EPSUE-EATC-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid". Con esa apariencia captaba alumnado al que se informaba de que la matriculación se podía realizar on line o bien en la "Universidad Rey Juan Carlos", aunque remitía a la empresa EATC, otra relación con la sociedad que fuera creada por Ramos.
Además, en algunos de los correos electrónicos intercambiados por EPSUE y futuros alumnos, para informar sobre la disponibilidad de becas, la empresa contaba que "solo hemos podido conseguir estas [becas] dado que el precio oficial del curso son 18.000 euros y ahora los patrocinadores no ayudan mucho (...).
La empresa que creó el rector de la Rey
Juan Carlos amparó un máster privado
nunca impartido por el que sí se cobró
matrículas
EATC, sociedad creada por Javier Ramos y que usa gratis las instalaciones aeronáuticas de la Universidad, aparecía como colaborador de un curso privado de accidentes aéreos que ingresó matrículas aunque no se realizó
El vínculo de EATC con la Rey Juan Carlos permitió que el máster de la escuela EPSUE se presentara a los candidatos como un posgrado con el que obtendrían un título universitario
EATC debía poner material para prácticas, albergar conferencias y revisar currículos de aspirantes, según la información enviada a los futuros alumnos
EATC, la empresa presuntamente creada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos –según ha informado El País,– y a la que la institución académica cedió la gestión de sus instalaciones aeronáuticas a dedo por 25 años, participó en la organización de un máster precisamente sobre accidentes aeronáuticos promovido por una escuela privada que no llegó a materializarse a pesar de cobrar por matrículas, según ha detallado uno de los afectados. La figura de EATC, estrechamente ligada a la URJC, se tradujo en que el curso se publicitara como universitario, con un título expedido por la Universidad y con el sello de la URJC, como muestra la documentación que se hacía llegar a los candidatos.
La empresa Escuela Politécnica Superior Europea (EPSUE) aprovechó el sistema de privatización de cursos aeronáuticos impartidos en instalaciones públicas instaurado en la Universidad Rey Juan Carlos para lanzar en 2016 un "máster universitario en investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos" en asociación con la empresa EATC. Esta última aportaría el material para las prácticas: "Colaboración y aviones para prácticas. EATC", explicaba la escuela.
Otros detalles que presentaban el curso con el aval universitario eran las referencias metodológicas que incluían "conferencias en Universidad, instalaciones de EPSUE, EATC, entre otras." Y sobre la admisión de candidatos explicaban: "Si son admitidos por el Comité Científico-Técnico de EPSUE-EATC-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid". Con esa apariencia captaba alumnado al que se informaba de que la matriculación se podía realizar on line o bien en la "Universidad Rey Juan Carlos", aunque remitía a la empresa EATC, otra relación con la sociedad que fuera creada por Ramos.
Además, en algunos de los correos electrónicos intercambiados por EPSUE y futuros alumnos, para informar sobre la disponibilidad de becas, la empresa contaba que "solo hemos podido conseguir estas [becas] dado que el precio oficial del curso son 18.000 euros y ahora los patrocinadores no ayudan mucho (...).
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https://www.eldiario.es/madrid/Gobierno-Cifuentes-contratos-medicamentos-hospitales_0_776222597.html
El Gobierno de Cifuentes adjudicó de forma opaca cientos de
millones de euros a farmacéuticas entre 2015 y 2017
La Consejería de Sanidad usa una fórmula que alimenta la opacidad que rodea a las farmacéuticas: trocear grandes cantidades de dinero para comprar medicamentos en contratos menores no sujetos a fiscalización
Fármacos para tratar la hepatitis C, el VIH o la esclerosis múltiple son algunos de los ejemplos más cuantiosos en los hospitales, que se embolsan farmacéuticas como Gilead, Novartis o Roche
Expertos en gestión advierten de que es una práctica que implica un "uso indebido" de esta forma de contratación mientras Sanidad justifica que es la vía "más rápida" para atender necesidades
La Consejería de Sanidad se gasta cientos de millones de euros en adjudicaciones opacas a las farmacéuticas. El Gobierno regional ha empleado durante años una fórmula poco transparente que favorece la opacidad que rodea a las relaciones comerciales con estas empresas. Los hospitales públicos de la región suscriben contratos troceados del mismo medicamento cada dos, cinco o siete días, según el análisis de más de un millón de contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017. Los datos provienen de una extracción a la que ha tenido acceso eldiario.es de todos los contratos tramitados por ese procedimiento publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
El hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, firmó 431 contratos iguales –mismo medicamento (Harvoni) a la misma farmacéutica– por valor de 6,4 millones de euros en el periodo analizado, de acuerdo a estas mismas cifras. Y el Príncipe de Asturias sumó 524 por el mismo fármaco en el mismo lapso de tiempo, un fraccionamiento que da un total de más de cinco millones de euros. En estos casos el concepto está bien detallado, pero no pasa siempre. Algunos contratos analizados se limitan a una descripción del tipo "productos farmacéuticos" o "material quirúrgico".
Los troceos descritos son posibles porque la administración utiliza sistemáticamente la vía de los contratos menores, una alternativa concebida para necesidades urgentes y de importes no superiores a 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. Según las cifras analizadas, hospitales públicos como los mencionados formalizan hasta 20 contratos de un fármaco para curar la hepatitis C en el mismo día. Un gasto público que, sumado, supera el límite de importe establecido por ley hasta 2017 (ahora es 15.000).
Hospitales que adjudican cientos de contratos para comprar el mismo medicamento
Listado de farmacéuticas que han recibido decenas de adjudicaciones de contratos menores de un mismo hospital por exactamente el mismo objecto del contrato. Los datos se refieren a contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017
El Gobierno de Cifuentes adjudicó de forma opaca cientos de
millones de euros a farmacéuticas entre 2015 y 2017
La Consejería de Sanidad usa una fórmula que alimenta la opacidad que rodea a las farmacéuticas: trocear grandes cantidades de dinero para comprar medicamentos en contratos menores no sujetos a fiscalización
Fármacos para tratar la hepatitis C, el VIH o la esclerosis múltiple son algunos de los ejemplos más cuantiosos en los hospitales, que se embolsan farmacéuticas como Gilead, Novartis o Roche
Expertos en gestión advierten de que es una práctica que implica un "uso indebido" de esta forma de contratación mientras Sanidad justifica que es la vía "más rápida" para atender necesidades
La Consejería de Sanidad se gasta cientos de millones de euros en adjudicaciones opacas a las farmacéuticas. El Gobierno regional ha empleado durante años una fórmula poco transparente que favorece la opacidad que rodea a las relaciones comerciales con estas empresas. Los hospitales públicos de la región suscriben contratos troceados del mismo medicamento cada dos, cinco o siete días, según el análisis de más de un millón de contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017. Los datos provienen de una extracción a la que ha tenido acceso eldiario.es de todos los contratos tramitados por ese procedimiento publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
El hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, firmó 431 contratos iguales –mismo medicamento (Harvoni) a la misma farmacéutica– por valor de 6,4 millones de euros en el periodo analizado, de acuerdo a estas mismas cifras. Y el Príncipe de Asturias sumó 524 por el mismo fármaco en el mismo lapso de tiempo, un fraccionamiento que da un total de más de cinco millones de euros. En estos casos el concepto está bien detallado, pero no pasa siempre. Algunos contratos analizados se limitan a una descripción del tipo "productos farmacéuticos" o "material quirúrgico".
Los troceos descritos son posibles porque la administración utiliza sistemáticamente la vía de los contratos menores, una alternativa concebida para necesidades urgentes y de importes no superiores a 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. Según las cifras analizadas, hospitales públicos como los mencionados formalizan hasta 20 contratos de un fármaco para curar la hepatitis C en el mismo día. Un gasto público que, sumado, supera el límite de importe establecido por ley hasta 2017 (ahora es 15.000).
Hospitales que adjudican cientos de contratos para comprar el mismo medicamento
Listado de farmacéuticas que han recibido decenas de adjudicaciones de contratos menores de un mismo hospital por exactamente el mismo objecto del contrato. Los datos se refieren a contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017
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https://www.eldiario.es/madrid/Educacion-millones-contratos-limpieza-presupuesto_0_778672919.HTML
Cifuentes troceó millones de euros en
contratos de limpieza de colegios
después de que la justicia anulara el
concurso
La Consejería de Educación adjudicó la limpieza de colegios e institutos a tres empresas haciendo decenas de contratos menores al mes, no sujetos a concurso, que suman casi cuatro millones y medio de euros
Ocurrió entre octubre de 2016 y mayo de 2017, después de que la justicia anulara el concurso porque el presupuesto era insuficiente para cubrir costes
Educación asegura que, pese a tramitarse como contratos sin fiscalización, hubo llamadas a seis empresas y dieron el servicio a las ofertas "más ventajosas"
El Gobierno de Cristina Cifuentes repartió entre tres empresas más de cuatro millones de euros sin concurso público para que limpiaran los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El dinero se adjudicó a través de 505 pequeños contratos troceados y acumulados el primer día del mes entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Los datos provienen de un análisis a partir de t odos los contratos menores tramitados entre 2015 y 2017 y publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
Adjudicar millones en cientos de contratos
Contratos menores para la limpieza de inmuebles de la Consejería de Educación adjudicados a las tres empresas entre octubre de 2016 y mayo de 2017.
La empresa Iss Facilities firmó 98 contratos el mismo día con la administración por un valor total de 950.000 euros. Ese mismo 1 de octubre de 2016, Garbialdi, otra compañía de limpieza, firmó 22 por 211.000 euros y Limpiezas y Servicios Salamanca, 13, que sumaban 155.000. El mismo esquema se repitió los primeros de cada mes hasta mayo de 2017. En todos los casos se fragmentaron para poder tramitarse por un procedimiento de adjudicación directa, sin concurso ni publicación en los boletines oficiales. Este proceso solo puede emplearse cuando el importe es igual o inferior a 18.000 euros.
Fuentes de la Consejería de Educación enmarcan esta adjudicación de grandes cantidades a través del troceo, un procedimiento irregular, en una situación "puntual y excepcional". Según los datos analizados por eldiario.es, se produjo en el periodo que va de octubre de 2016 a mayo de 2017, justo después de que la justicia anulara el concurso público convocado para adjudicar el servicio de limpieza de los colegios e institutos de Madrid.
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno regional a suspender los pliegos porque el presupuesto ofrecido era "insuficiente" y no se ajustada "a los precios de mercado". Con el importe de licitación, dice el acuerdo fechado en 16 de noviembre de 2016, no era posible cubrir los costes laborales. "El desequilibrio económico puede ocasionar un grave perjuicio para el interés público ya que aumentan significativamente las posibilidades de ejecuciones inadecuadas de las prestaciones objeto del contrato", reza el documento que anula el concurso.
Cifuentes troceó millones de euros en
contratos de limpieza de colegios
después de que la justicia anulara el
concurso
La Consejería de Educación adjudicó la limpieza de colegios e institutos a tres empresas haciendo decenas de contratos menores al mes, no sujetos a concurso, que suman casi cuatro millones y medio de euros
Ocurrió entre octubre de 2016 y mayo de 2017, después de que la justicia anulara el concurso porque el presupuesto era insuficiente para cubrir costes
Educación asegura que, pese a tramitarse como contratos sin fiscalización, hubo llamadas a seis empresas y dieron el servicio a las ofertas "más ventajosas"
El Gobierno de Cristina Cifuentes repartió entre tres empresas más de cuatro millones de euros sin concurso público para que limpiaran los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El dinero se adjudicó a través de 505 pequeños contratos troceados y acumulados el primer día del mes entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Los datos provienen de un análisis a partir de t odos los contratos menores tramitados entre 2015 y 2017 y publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
Adjudicar millones en cientos de contratos
Contratos menores para la limpieza de inmuebles de la Consejería de Educación adjudicados a las tres empresas entre octubre de 2016 y mayo de 2017.
La empresa Iss Facilities firmó 98 contratos el mismo día con la administración por un valor total de 950.000 euros. Ese mismo 1 de octubre de 2016, Garbialdi, otra compañía de limpieza, firmó 22 por 211.000 euros y Limpiezas y Servicios Salamanca, 13, que sumaban 155.000. El mismo esquema se repitió los primeros de cada mes hasta mayo de 2017. En todos los casos se fragmentaron para poder tramitarse por un procedimiento de adjudicación directa, sin concurso ni publicación en los boletines oficiales. Este proceso solo puede emplearse cuando el importe es igual o inferior a 18.000 euros.
Fuentes de la Consejería de Educación enmarcan esta adjudicación de grandes cantidades a través del troceo, un procedimiento irregular, en una situación "puntual y excepcional". Según los datos analizados por eldiario.es, se produjo en el periodo que va de octubre de 2016 a mayo de 2017, justo después de que la justicia anulara el concurso público convocado para adjudicar el servicio de limpieza de los colegios e institutos de Madrid.
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno regional a suspender los pliegos porque el presupuesto ofrecido era "insuficiente" y no se ajustada "a los precios de mercado". Con el importe de licitación, dice el acuerdo fechado en 16 de noviembre de 2016, no era posible cubrir los costes laborales. "El desequilibrio económico puede ocasionar un grave perjuicio para el interés público ya que aumentan significativamente las posibilidades de ejecuciones inadecuadas de las prestaciones objeto del contrato", reza el documento que anula el concurso.
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http://cadenaser.com/emisora/2018/06/14/radio_madrid/1528995416_947506.HTML
La juez imputa a otros cuatro docentes del máster de Cristina Cifuentes
Jesús Primitivo, Elena María Pérez, Manuel Arenilla y Esther González tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes
14/06/2018 - 19:04 h. CEST
La juez del 'caso máster' ha citado como investigados a otro grupo de profesores que dieron clase en este curso que organizó el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el próximo 26 de junio. Los cuatro investigados (Jesús Primitivo, Elena María Pérez., Manuel Arenilla y Esther González) tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes.
En total, hay 14 imputados ya por este caso que investiga presuntas irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que cursó la exmandataria regional en 2012.
Según ha adelantado el diario 'El Independiente', uno de los investigados, Manuel Arenilla, ha desempeñado varios cargos en la administración pública y dirige el Instituto Nacional de Administración Pública. Por su parte, Jesús Primitivo Rodríguez figuraba entonces como el coordinador de la asignatura 'Los derechos y libertades en el ámbito autonómico y local'.
A su vez, Esther González impartió la materia 'Intervención y cooperación en el Estado autonómico y local' y Elena Pérez se encargó de la asignatura 'La inmigración en el ámbito de las competencias estatales'. Se trata de materia que aparecen en las calificaciones de la propia Cifuentes.
La juez imputa a otros cuatro docentes del máster de Cristina Cifuentes
Jesús Primitivo, Elena María Pérez, Manuel Arenilla y Esther González tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes
14/06/2018 - 19:04 h. CEST
La juez del 'caso máster' ha citado como investigados a otro grupo de profesores que dieron clase en este curso que organizó el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el próximo 26 de junio. Los cuatro investigados (Jesús Primitivo, Elena María Pérez., Manuel Arenilla y Esther González) tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes.
En total, hay 14 imputados ya por este caso que investiga presuntas irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que cursó la exmandataria regional en 2012.
Según ha adelantado el diario 'El Independiente', uno de los investigados, Manuel Arenilla, ha desempeñado varios cargos en la administración pública y dirige el Instituto Nacional de Administración Pública. Por su parte, Jesús Primitivo Rodríguez figuraba entonces como el coordinador de la asignatura 'Los derechos y libertades en el ámbito autonómico y local'.
A su vez, Esther González impartió la materia 'Intervención y cooperación en el Estado autonómico y local' y Elena Pérez se encargó de la asignatura 'La inmigración en el ámbito de las competencias estatales'. Se trata de materia que aparecen en las calificaciones de la propia Cifuentes.
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https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-investigue-exclusiva-eldiarioes-Cifuentes_0_781822818.html
La Fiscalía pide a un juez que investigue el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre Cifuentes
Solicita al magistrado diligencias para identificar a quien o quiénes accedieron a la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos
El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la actuación de los periodistas de eldiario.es contra los que va dirigida la querella de Cifuentes
Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas
El juez Pedro Antonio Domínguez ya tiene encima de su mesa la posición de la Fiscalía de Madrid sobre la querella de Cristina Cifuentes contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique. El Ministerio Público ha pedido al magistrado que practique diligencias que permitan averigüar quién es la fuente o las fuentes de la exclusiva de este medio de comunicación que provocó, a la postre, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber aprobado un máster con notas falsificadas.
Esas diligencias, según han informado a eldiario.es fuentes del Ministerio Público, deben estar orientadas a averiguar quién o quienes entraron en la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos para obtener los datos con los que se elaboró la información. La Fiscalía de Madrid también quiere saber la identidad de quien hizo un pantallazo y si se trata de la misma persona o personas que supuestamente entregaron la información a los periodistas.
La querella de Cifuentes se centra en un supuesto delito de revelación de secretos, según las citadas fuentes. Así reaccionó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid a la exclusiva Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, publicada el 21 de marzo. Tres días después, Cifuentes anunció la citada querella. Lo hizo en una intervención en la sede central del Partido Popular ante sus compañeros de partido, que los periodistas pudieron seguir por plasma y sin formular preguntas.
"Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y así va a quedar acreditado. Se van a solicitar las diligencias de pruebas a efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones”, afirmó entonces Cifuentes. Como objeto de la querella señaló expresamente a Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autora de la información.
La querella fue a parar por reparto al Juzgado de Instrucción número 29, cuyo titular preguntó hace un mes a la Fiscalía sobre su admisión a trámite. La Fiscalía quiere indagar en el presunto delito de revelación de secretos cometido por los funcionarios de la Universidad aunque no aprecia, por ahora, indicios de delito en la actuación de los periodistas, según las fuentes del Ministerio Público consultadas por eldiario.es.
De "no presentado" a "notable"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presumía en su web de tener cursados dos máster, uno de ellos "en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos" de Madrid. Tal y como demostró eldiario.es con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de "No presentado" a "Notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía.
La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los correspondientes 1.586,39 euros. Según su expediente de notas, al que tuvo acceso este medio, aprobó todo ese mismo curso. Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC ( aquí puedes ver el documento ampliado) revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como "No presentado" o "-", que es lo mismo, dos materias: 'La financiación de las comunidades autónomas' y el 'Trabajo Fin de Máster'.
La exclusiva, publicada a primera hora de la mañana, tuvo respuesta de Cifuentes al acabar el día 21 a través de su cuenta de Twitter. En un vídeo mostraba los documentos que supuestamente probaban que cursó el máster. “A quienes queréis que me vaya, no me voy… me quedo”, decía enfáticamente en ese vídeo.
Esos documentos incluían el acta firmada por el tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. Dos de esas firmas se ha demostrado que son falsas. La presidenta del tribunal ha dicho a la Policía Judicial que ella nunca examinó a Cifuentes y confirmó que su firma está falsificada.
Cifuentes presentó una segunda querella contra los mismos periodistas por un presunto delito de injurias y calumnias. En el acto de conciliación del pasado 21 de mayo, Escolar y Ejerique se ratificaron en las informaciones publicadas y en su veracidad. Tres semanas después, eldiario.es sigue sin tener noticias de que Cifuentes haya decidido seguir adelante con la querella después de la comparecencia de los periodistas en el juzgado.
La Fiscalía pide a un juez que investigue el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre Cifuentes
Solicita al magistrado diligencias para identificar a quien o quiénes accedieron a la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos
El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la actuación de los periodistas de eldiario.es contra los que va dirigida la querella de Cifuentes
Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas
El juez Pedro Antonio Domínguez ya tiene encima de su mesa la posición de la Fiscalía de Madrid sobre la querella de Cristina Cifuentes contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique. El Ministerio Público ha pedido al magistrado que practique diligencias que permitan averigüar quién es la fuente o las fuentes de la exclusiva de este medio de comunicación que provocó, a la postre, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber aprobado un máster con notas falsificadas.
Esas diligencias, según han informado a eldiario.es fuentes del Ministerio Público, deben estar orientadas a averiguar quién o quienes entraron en la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos para obtener los datos con los que se elaboró la información. La Fiscalía de Madrid también quiere saber la identidad de quien hizo un pantallazo y si se trata de la misma persona o personas que supuestamente entregaron la información a los periodistas.
La querella de Cifuentes se centra en un supuesto delito de revelación de secretos, según las citadas fuentes. Así reaccionó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid a la exclusiva Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, publicada el 21 de marzo. Tres días después, Cifuentes anunció la citada querella. Lo hizo en una intervención en la sede central del Partido Popular ante sus compañeros de partido, que los periodistas pudieron seguir por plasma y sin formular preguntas.
"Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y así va a quedar acreditado. Se van a solicitar las diligencias de pruebas a efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones”, afirmó entonces Cifuentes. Como objeto de la querella señaló expresamente a Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autora de la información.
La querella fue a parar por reparto al Juzgado de Instrucción número 29, cuyo titular preguntó hace un mes a la Fiscalía sobre su admisión a trámite. La Fiscalía quiere indagar en el presunto delito de revelación de secretos cometido por los funcionarios de la Universidad aunque no aprecia, por ahora, indicios de delito en la actuación de los periodistas, según las fuentes del Ministerio Público consultadas por eldiario.es.
De "no presentado" a "notable"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presumía en su web de tener cursados dos máster, uno de ellos "en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos" de Madrid. Tal y como demostró eldiario.es con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de "No presentado" a "Notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía.
La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los correspondientes 1.586,39 euros. Según su expediente de notas, al que tuvo acceso este medio, aprobó todo ese mismo curso. Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC ( aquí puedes ver el documento ampliado) revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como "No presentado" o "-", que es lo mismo, dos materias: 'La financiación de las comunidades autónomas' y el 'Trabajo Fin de Máster'.
La exclusiva, publicada a primera hora de la mañana, tuvo respuesta de Cifuentes al acabar el día 21 a través de su cuenta de Twitter. En un vídeo mostraba los documentos que supuestamente probaban que cursó el máster. “A quienes queréis que me vaya, no me voy… me quedo”, decía enfáticamente en ese vídeo.
Esos documentos incluían el acta firmada por el tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. Dos de esas firmas se ha demostrado que son falsas. La presidenta del tribunal ha dicho a la Policía Judicial que ella nunca examinó a Cifuentes y confirmó que su firma está falsificada.
Cifuentes presentó una segunda querella contra los mismos periodistas por un presunto delito de injurias y calumnias. En el acto de conciliación del pasado 21 de mayo, Escolar y Ejerique se ratificaron en las informaciones publicadas y en su veracidad. Tres semanas después, eldiario.es sigue sin tener noticias de que Cifuentes haya decidido seguir adelante con la querella después de la comparecencia de los periodistas en el juzgado.
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https://www.eldiario.es/politica/Cristina-Cifuentes-presenta-declarar-master_0_786371419.html
Cifuentes deja plantada por "motivos de
salud" a la jueza, que manda un forense a su casa
La expresidenta madrileña estaba citada por la jueza a las 9.00, pero su defensa ha presentado un escrito en el que alega motivos de salud para no acudir
La magistrada ha ordenado que un forense judicial visite a Cifuentes durante la mañana en su domicilio
Cristina Cifuentes no se ha presentado a su citación como imputada por el Caso Máster por "motivos de salud", informan fuentes jurídicas. Aunque la expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba citada este martes a las 9.00, su defensa ha presentado un escrito en el que alega estas razones para no presentarse ante la jueza Carmen Rodríguez Medel. La reacción de la magistrada ante este imprevisto ha sido ordenar que un forense visite a Cifuentes en su domicilio.
Cifuentes ha vuelto a ser citada para declarar el próximo 23 de julio, según ha podido saber eldiario.es. Este mismo martes tendrá que acreditar ante el profesional enviado por la jueza a su domicilio que realmente está enferma. Una cita en la que estará presente la abogada de la exlíder del PP madrileño.
Tres meses después de que eldiario.es destapase el escándalo que acabó con su carrera política, estaba previsto que la expresidenta madrileña acudiese a los juzgados a declarar en una investigación que ha acumulado multitud de evidencias que prueban la falsedad del posgrado. También tendrá que responder por los movimientos que se produjeron para tratar de conseguirle una coartada con la que salir al paso de la información sobre el máster.
La coartada de Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación documental, se fue desmontando desde el principio, cuando se demostró que el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) era falsa. O cuando la Universidad dijo que no había rastro de ese trabajo ni del tribunal que la evaluó. Este lunes un profesor, el que hasta ahora defendía que la expresidenta había ido a clase y sus notas eran verdaderas, ha terminado por hundir la defensa de Cifuentes.
Cifuentes deja plantada por "motivos de
salud" a la jueza, que manda un forense a su casa
La expresidenta madrileña estaba citada por la jueza a las 9.00, pero su defensa ha presentado un escrito en el que alega motivos de salud para no acudir
La magistrada ha ordenado que un forense judicial visite a Cifuentes durante la mañana en su domicilio
Cristina Cifuentes no se ha presentado a su citación como imputada por el Caso Máster por "motivos de salud", informan fuentes jurídicas. Aunque la expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba citada este martes a las 9.00, su defensa ha presentado un escrito en el que alega estas razones para no presentarse ante la jueza Carmen Rodríguez Medel. La reacción de la magistrada ante este imprevisto ha sido ordenar que un forense visite a Cifuentes en su domicilio.
Cifuentes ha vuelto a ser citada para declarar el próximo 23 de julio, según ha podido saber eldiario.es. Este mismo martes tendrá que acreditar ante el profesional enviado por la jueza a su domicilio que realmente está enferma. Una cita en la que estará presente la abogada de la exlíder del PP madrileño.
Tres meses después de que eldiario.es destapase el escándalo que acabó con su carrera política, estaba previsto que la expresidenta madrileña acudiese a los juzgados a declarar en una investigación que ha acumulado multitud de evidencias que prueban la falsedad del posgrado. También tendrá que responder por los movimientos que se produjeron para tratar de conseguirle una coartada con la que salir al paso de la información sobre el máster.
La coartada de Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación documental, se fue desmontando desde el principio, cuando se demostró que el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) era falsa. O cuando la Universidad dijo que no había rastro de ese trabajo ni del tribunal que la evaluó. Este lunes un profesor, el que hasta ahora defendía que la expresidenta había ido a clase y sus notas eran verdaderas, ha terminado por hundir la defensa de Cifuentes.
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https://www.eldiario.es/sociedad/Rey-Juan-Carlos-comision-Casado_0_786372271.HTML
El rector de la Rey Juan Carlos era
miembro de la comisión que vigilaba
convalidaciones como las de Casado
Aunque no lo ha dicho ante los medios ni ante la jueza, Javier Ramos fue nombrado en 2005 miembro de la Comisión de Posgrado de la URJC para impulsar los másteres
Esa comisión era a su vez la máxima responsable de las convalidaciones de los alumnos, aunque la universidad no ha contestado si el rector continuaba en ella en 2008, cuando el político del PP estudió el máster
El rector de la URJC, Javier Ramos
El rector confiesa que habló tres veces con la mano derecha de Cifuentes antes de comparecer
El rector declaró este jueves ante la jueza de instrucción del Caso Cifuentes como testigo y hay preguntas que no contestó por no conocer o no recordar los hechos o la normativa, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Además, al parecer se contradijo y la propia jueza le tuvo que rectificar algunos detalles. Por ejemplo, preguntado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la regulación que aplicaba en el máster de Pablo Casado, la máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos no contestó nada en concreto. No dio una respuesta clara sobre si el alumno tenía que hacer Trabajo Fin de Máster o no según la normativa vigente, tampoco sobre convalidaciones.
Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es y tal y como demuestran las actas oficiales, Javier Ramos era uno de los miembros a los que la universidad encargó desarrollar la oferta de posgrado y que era el órgano competente en las convalidaciones: fue nombrado parte de la Comisión de Posgrado en un consejo de Gobierno de la URJC el 3 marzo de 2005, que es el año en el que las universidades españolas adoptaron los másteres (antes solo existía la carrera y el doctorado).
La composición de la comisión de Posgrado en la que participó el actual rector
Ramos aparece como uno de los cinco miembros de ese comité experto nombrado con el objetivo de encarrilar la puesta en marcha de los posgrados oficiales de la URJC y también vigilar las equivalencias de asignaturas. En aquel entonces, Javier Ramos era vicerrector para el Desarrollo de la Ingeniería y las Telecomunicaciones, un cargo que dejó ese mismo año, cuando fue nombrado director de la escuela de Telecomunicaciones. No queda claro si, pese a dejar de ser vicerrector, Ramos continuó o no en ese comité, ya que la universidad no ha contestado a las preguntas de eldiario.es. Si continuó como miembro hasta 2009, el actual rector habría sido uno de los responsables máximos de las convalidaciones de Pablo Casado que investiga la jueza pero lo habría ocultado, ya que nunca ha señalado su participación en esta comisión, ni ante los medios ni en sede judicial.
Por la ausencia de respuesta de la URJC, eldiario.es no ha podido contrastar si cuando Casado convalidó 18 de 22 asignaturas, en el curso 2008/2009, Javier Ramos estaba en este comité, aunque este medio tampoco ha encontrado el cese del rector en aquella comisión, que es la máxima responsable de las convalidaciones, según relata la propia universidad en su reglamento (punto 1): "Para el caso de las Convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de Postgrado, el órgano competente será la Comisión de Estudios de Postgrado (en lo sucesivo CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno", dice este artículo. Por debajo de ella, había subcomisiones para cada cada máster, pero la competencia máxima era del órgano al que perteneció Ramos.
Le acompañaban en esa comisión Fernando Suárez, conocido como el rector de los plagios e imputado porque es la persona que firma las numerosas convalidaciones de Casado y que entonces era Vicerrector de Ordenación Académica. También estaban en ese grupo nombrado por la universidad (dirigida entonces por Pedro González Trevijano, hoy magistrado del Constitucional por nombramiento directo del Gobierno de Rajoy) Andrés Gambra, secretario general de la URJC, y José Javier Fernández, gerente. Completaba el grupo Pilar Laguna, en 2005 vicerrectora de Títulos y que ha manifestado a eldiario.es que hace mucho tiempo de esa comisión y que no recuerda las reuniones, ni quiénes fueron sus colegas o si trabajaban sobre convalidaciones o sobre qué másteres.
Según queda acreditado en aquel consejo de Gobierno de la URJC de marzo de 2005, a cuyas actas ha tenido acceso eldiario.es, este grupo tenía el cometido de poner en marcha los posgrados en la universidad, tal y como mandaba el Real Decreto 56/2005, que instaba a todas las universidades a formar comités para impulsar los posgrados. Pese a su contacto con los másteres, cuando la jueza le insistió a Ramos sobre el reglamento que aplicaba en el de Casado (el de 2005 no obligaba a Trabajo Fin de Máster y el de 2007 sí obligaba), el rector no dio ninguna respuesta. Se limitó a decir que si aplicaba el de 2007 se podría considerar entonces que sí había habido irregularidades, pero no aclaró qué normativa regía ni que él formó parte de esa importante comisión.
El ya famoso Máster en derecho autonómico y local, que cursaron tanto Casado como Cifuentes, se aprueba solo un año después de la conformación de esta comisión. Según recoge un BOE de 2006, esa fue la fecha en la que se aprobó su implantación. Dos años después se matriculó Pablo Casado y, tres años más tarde, Cristina Cifuentes, que ha resultado imputada aunque no ha ido a declarar aduciendo migrañas. El rector, al menos al inicio del proceso que alumbró el polémico posgrado, fue parte de su creación, aunque no lo ha dicho públicamente y tampoco ha contestado sobre su implicación directa en él ni sobre las convalidaciones a eldiario.es.
El rector de la Rey Juan Carlos era
miembro de la comisión que vigilaba
convalidaciones como las de Casado
Aunque no lo ha dicho ante los medios ni ante la jueza, Javier Ramos fue nombrado en 2005 miembro de la Comisión de Posgrado de la URJC para impulsar los másteres
Esa comisión era a su vez la máxima responsable de las convalidaciones de los alumnos, aunque la universidad no ha contestado si el rector continuaba en ella en 2008, cuando el político del PP estudió el máster
El rector de la URJC, Javier Ramos
El rector confiesa que habló tres veces con la mano derecha de Cifuentes antes de comparecer
- ETIQUETAS: el master de Casado, el master de Cifuentes, URJC
El rector declaró este jueves ante la jueza de instrucción del Caso Cifuentes como testigo y hay preguntas que no contestó por no conocer o no recordar los hechos o la normativa, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Además, al parecer se contradijo y la propia jueza le tuvo que rectificar algunos detalles. Por ejemplo, preguntado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la regulación que aplicaba en el máster de Pablo Casado, la máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos no contestó nada en concreto. No dio una respuesta clara sobre si el alumno tenía que hacer Trabajo Fin de Máster o no según la normativa vigente, tampoco sobre convalidaciones.
Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es y tal y como demuestran las actas oficiales, Javier Ramos era uno de los miembros a los que la universidad encargó desarrollar la oferta de posgrado y que era el órgano competente en las convalidaciones: fue nombrado parte de la Comisión de Posgrado en un consejo de Gobierno de la URJC el 3 marzo de 2005, que es el año en el que las universidades españolas adoptaron los másteres (antes solo existía la carrera y el doctorado).
La composición de la comisión de Posgrado en la que participó el actual rector
Ramos aparece como uno de los cinco miembros de ese comité experto nombrado con el objetivo de encarrilar la puesta en marcha de los posgrados oficiales de la URJC y también vigilar las equivalencias de asignaturas. En aquel entonces, Javier Ramos era vicerrector para el Desarrollo de la Ingeniería y las Telecomunicaciones, un cargo que dejó ese mismo año, cuando fue nombrado director de la escuela de Telecomunicaciones. No queda claro si, pese a dejar de ser vicerrector, Ramos continuó o no en ese comité, ya que la universidad no ha contestado a las preguntas de eldiario.es. Si continuó como miembro hasta 2009, el actual rector habría sido uno de los responsables máximos de las convalidaciones de Pablo Casado que investiga la jueza pero lo habría ocultado, ya que nunca ha señalado su participación en esta comisión, ni ante los medios ni en sede judicial.
Por la ausencia de respuesta de la URJC, eldiario.es no ha podido contrastar si cuando Casado convalidó 18 de 22 asignaturas, en el curso 2008/2009, Javier Ramos estaba en este comité, aunque este medio tampoco ha encontrado el cese del rector en aquella comisión, que es la máxima responsable de las convalidaciones, según relata la propia universidad en su reglamento (punto 1): "Para el caso de las Convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de Postgrado, el órgano competente será la Comisión de Estudios de Postgrado (en lo sucesivo CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno", dice este artículo. Por debajo de ella, había subcomisiones para cada cada máster, pero la competencia máxima era del órgano al que perteneció Ramos.
Le acompañaban en esa comisión Fernando Suárez, conocido como el rector de los plagios e imputado porque es la persona que firma las numerosas convalidaciones de Casado y que entonces era Vicerrector de Ordenación Académica. También estaban en ese grupo nombrado por la universidad (dirigida entonces por Pedro González Trevijano, hoy magistrado del Constitucional por nombramiento directo del Gobierno de Rajoy) Andrés Gambra, secretario general de la URJC, y José Javier Fernández, gerente. Completaba el grupo Pilar Laguna, en 2005 vicerrectora de Títulos y que ha manifestado a eldiario.es que hace mucho tiempo de esa comisión y que no recuerda las reuniones, ni quiénes fueron sus colegas o si trabajaban sobre convalidaciones o sobre qué másteres.
Según queda acreditado en aquel consejo de Gobierno de la URJC de marzo de 2005, a cuyas actas ha tenido acceso eldiario.es, este grupo tenía el cometido de poner en marcha los posgrados en la universidad, tal y como mandaba el Real Decreto 56/2005, que instaba a todas las universidades a formar comités para impulsar los posgrados. Pese a su contacto con los másteres, cuando la jueza le insistió a Ramos sobre el reglamento que aplicaba en el de Casado (el de 2005 no obligaba a Trabajo Fin de Máster y el de 2007 sí obligaba), el rector no dio ninguna respuesta. Se limitó a decir que si aplicaba el de 2007 se podría considerar entonces que sí había habido irregularidades, pero no aclaró qué normativa regía ni que él formó parte de esa importante comisión.
El ya famoso Máster en derecho autonómico y local, que cursaron tanto Casado como Cifuentes, se aprueba solo un año después de la conformación de esta comisión. Según recoge un BOE de 2006, esa fue la fecha en la que se aprobó su implantación. Dos años después se matriculó Pablo Casado y, tres años más tarde, Cristina Cifuentes, que ha resultado imputada aunque no ha ido a declarar aduciendo migrañas. El rector, al menos al inicio del proceso que alumbró el polémico posgrado, fue parte de su creación, aunque no lo ha dicho públicamente y tampoco ha contestado sobre su implicación directa en él ni sobre las convalidaciones a eldiario.es.
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https://www.eldiario.es/escolar/mentira ... 31305.html
Las mentiras de Cristina Cifuentes en su querella contra eldiario.es
Cristina Cifuentes mintió ante la Asamblea de Madrid, mintió ante los periodistas, mintió ante todos los ciudadanos y ha vuelto a mentir en la querella con la que pide cárcel contra Raquel Ejerique y contra mí
La ex presidenta madrileña centra su querella contra eldiario.es en el acta falsificada y las mentiras de la Rey Juan Carlos
"Cristina Cifuentes cursó el máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico durante el ciclo académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aprobando todas las asignaturas del mismo de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster".
Falso. Cristina Cifuentes no aprobó todas las asignaturas de su máster en la URJC ni mucho menos presentó su TFM, como está más que acreditado ya. La expresidenta de Madrid se matriculó fuera de plazo. No fue nunca a clase. No se presentó a los exámenes. No hizo su trabajo de fin de máster y tampoco lo defendió ante ningún tribunal. Por eso Cristina Cifuentes está imputada ante los tribunales, al igual que los profesores que le regalaron este título oficial sin cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier alumno normal.
Estas son las mentiras más flagrantes, aunque no las únicas, que aparecen en los 31 folios de la querella que la expresidenta de Madrid presentó en los juzgados el 4 de abril de 2018, un documento al que eldiario.es ha tenido acceso hoy, tras nuestra visita al juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Es un escrito firmado por la abogada de Cifuentes, que lo presenta en nombre de la expresidenta de Madrid. Los párrafos de la querella están en negrita. Entre líneas, mis respuestas a cada una de las mentiras que Cifuentes ha presentado ante los tribunales para pedir una severa condena de cárcel contra Ejerique y contra mí.
"La totalidad de los créditos fueron superados durante el año académico, tal y como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC. Sin embargo, por un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático, fue necesario modificar dos de ellas".
Falso. Esas dos asignaturas aparecían con la calificación de “no presentado” porque, efectivamente, eso es lo que pasó: que Cifuentes no se presentó.
"Las notas referentes a estas asignaturas fueron corregidas por la propia URJC, tras la constatación, por su parte, de la existencia del error mencionado, del que se tuvo constancia cuando mi representada solicitó la expedición de su Título de Máster, el 23 de octubre de 2014".
Falso. No fue la URJC quien cambió las notas. Lo hizo por su cuenta una funcionaria conocida por Cifuentes, Amalia Calonge, que entró en el sistema informático de la Universidad y cambió las notas sin ser ella la persona que debería haber hecho esta gestión y cuando no había motivo alguno para esa nueva calificación. Por eso Calonge, igual que Cifuentes, está imputada hoy.
"El día 21 de marzo de 2018, la querellada, Dña. Raquel Pérez Ejerique, publicó en eldiario.es una noticia que titulaba del siguiente modo: "Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas" (...) Como consecuencia de la repercusión mediática del artículo de eldiario.es, tiene lugar la comparecencia en rueda de prensa del rector de la URJC, D. Javier Ramos, el profesor de la asignatura cuya nota aparece como modificada en la captura de pantalla publicada, D. Pablo Chico de la Cámara, y el director del Trabajo de Fin de Máster de mi representada, D. Enrique Álvarez Conde".
Pablo Chico de la Cámara también está imputado. Igual que Álvarez Conde, acusados de varios delitos de prevaricación y falsedad documental. De los tres que hablaron ese día, solo se libra el rector.
"En esta comparecencia se dan las explicaciones pertinentes sobre los hechos a los que se hace referencia el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, afirmando que mi representada fue “tratada como cualquier alumno y alumna de esta Universidad".
Falso. Ni Cifuentes fue tratada como una alumna más ni se dieron las explicaciones pertinentes en esta rueda de prensa, donde los portavoces de la Universidad no pararon de mentir, como después se demostró.
"Sin embargo, estas explicaciones parecen no haber sido tenidas en cuenta por los querellados, que lejos de haber asumido la información oficial de la URJC, continuaron publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido y seguir accediendo a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes".
Por supuesto que no asumimos “la información oficial de la URJC”. No porque tuviésemos “afán difamatorio” alguno, sino porque nuestro trabajo consiste en buscar la verdad y en aquella rueda de prensa se mintió casi tanto como se habló. Tampoco “alardeamos” de acceder a datos personales de Cifuentes. Simplemente explicamos que nuestra documentación demostraba que la Universidad estaba mintiendo y que nosotros no.
"La señora Cifuentes se vio obligada a hacer públicos otros datos que corresponden a su esfera también personal, además de los ya publicados por la querellada, y que son los siguientes: (...) Acta del trabajo de fin de máster: “el sistema del reparto competencias en materia de seguridad ciudadana”, con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal...".
Cifuentes se refiere en su querella al acta del TFM que Cecilia Rosado fabricó, presionada por Enrique Álvarez Conde. Es un documento falsificado, como ha quedado acreditado ya. Entre otras cosas, porque las profesoras cuya firma aparece en ese papel han confesado la verdad.
Lo que hizo la entonces presidenta de Madrid fue mostrar un documento falso, a sabiendas de que no decía la verdad –ella mejor que nadie sabe que no presentó su trabajo–. Y más tarde usó ese documento falsificado para presentar esta querella pidiendo cárcel contra dos periodistas por contar la verdad.
"Finalmente, una vez que la Sra. Cifuentes reunió los documentos necesarios para desmentir el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, se procedió a mandar un comunicado de prensa en el que se explicaba lo sucedido, y al que se adjuntaban los documentos recabados por mi representada. Igualmente, la propia Sra. Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook etc. la noche del 21 de marzo".
Las mentiras de Cristina Cifuentes en su querella contra eldiario.es
Cristina Cifuentes mintió ante la Asamblea de Madrid, mintió ante los periodistas, mintió ante todos los ciudadanos y ha vuelto a mentir en la querella con la que pide cárcel contra Raquel Ejerique y contra mí
La ex presidenta madrileña centra su querella contra eldiario.es en el acta falsificada y las mentiras de la Rey Juan Carlos
"Cristina Cifuentes cursó el máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico durante el ciclo académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aprobando todas las asignaturas del mismo de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster".
Falso. Cristina Cifuentes no aprobó todas las asignaturas de su máster en la URJC ni mucho menos presentó su TFM, como está más que acreditado ya. La expresidenta de Madrid se matriculó fuera de plazo. No fue nunca a clase. No se presentó a los exámenes. No hizo su trabajo de fin de máster y tampoco lo defendió ante ningún tribunal. Por eso Cristina Cifuentes está imputada ante los tribunales, al igual que los profesores que le regalaron este título oficial sin cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier alumno normal.
Estas son las mentiras más flagrantes, aunque no las únicas, que aparecen en los 31 folios de la querella que la expresidenta de Madrid presentó en los juzgados el 4 de abril de 2018, un documento al que eldiario.es ha tenido acceso hoy, tras nuestra visita al juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Es un escrito firmado por la abogada de Cifuentes, que lo presenta en nombre de la expresidenta de Madrid. Los párrafos de la querella están en negrita. Entre líneas, mis respuestas a cada una de las mentiras que Cifuentes ha presentado ante los tribunales para pedir una severa condena de cárcel contra Ejerique y contra mí.
"La totalidad de los créditos fueron superados durante el año académico, tal y como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC. Sin embargo, por un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático, fue necesario modificar dos de ellas".
Falso. Esas dos asignaturas aparecían con la calificación de “no presentado” porque, efectivamente, eso es lo que pasó: que Cifuentes no se presentó.
"Las notas referentes a estas asignaturas fueron corregidas por la propia URJC, tras la constatación, por su parte, de la existencia del error mencionado, del que se tuvo constancia cuando mi representada solicitó la expedición de su Título de Máster, el 23 de octubre de 2014".
Falso. No fue la URJC quien cambió las notas. Lo hizo por su cuenta una funcionaria conocida por Cifuentes, Amalia Calonge, que entró en el sistema informático de la Universidad y cambió las notas sin ser ella la persona que debería haber hecho esta gestión y cuando no había motivo alguno para esa nueva calificación. Por eso Calonge, igual que Cifuentes, está imputada hoy.
"El día 21 de marzo de 2018, la querellada, Dña. Raquel Pérez Ejerique, publicó en eldiario.es una noticia que titulaba del siguiente modo: "Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas" (...) Como consecuencia de la repercusión mediática del artículo de eldiario.es, tiene lugar la comparecencia en rueda de prensa del rector de la URJC, D. Javier Ramos, el profesor de la asignatura cuya nota aparece como modificada en la captura de pantalla publicada, D. Pablo Chico de la Cámara, y el director del Trabajo de Fin de Máster de mi representada, D. Enrique Álvarez Conde".
Pablo Chico de la Cámara también está imputado. Igual que Álvarez Conde, acusados de varios delitos de prevaricación y falsedad documental. De los tres que hablaron ese día, solo se libra el rector.
"En esta comparecencia se dan las explicaciones pertinentes sobre los hechos a los que se hace referencia el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, afirmando que mi representada fue “tratada como cualquier alumno y alumna de esta Universidad".
Falso. Ni Cifuentes fue tratada como una alumna más ni se dieron las explicaciones pertinentes en esta rueda de prensa, donde los portavoces de la Universidad no pararon de mentir, como después se demostró.
"Sin embargo, estas explicaciones parecen no haber sido tenidas en cuenta por los querellados, que lejos de haber asumido la información oficial de la URJC, continuaron publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido y seguir accediendo a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes".
Por supuesto que no asumimos “la información oficial de la URJC”. No porque tuviésemos “afán difamatorio” alguno, sino porque nuestro trabajo consiste en buscar la verdad y en aquella rueda de prensa se mintió casi tanto como se habló. Tampoco “alardeamos” de acceder a datos personales de Cifuentes. Simplemente explicamos que nuestra documentación demostraba que la Universidad estaba mintiendo y que nosotros no.
"La señora Cifuentes se vio obligada a hacer públicos otros datos que corresponden a su esfera también personal, además de los ya publicados por la querellada, y que son los siguientes: (...) Acta del trabajo de fin de máster: “el sistema del reparto competencias en materia de seguridad ciudadana”, con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal...".
Cifuentes se refiere en su querella al acta del TFM que Cecilia Rosado fabricó, presionada por Enrique Álvarez Conde. Es un documento falsificado, como ha quedado acreditado ya. Entre otras cosas, porque las profesoras cuya firma aparece en ese papel han confesado la verdad.
Lo que hizo la entonces presidenta de Madrid fue mostrar un documento falso, a sabiendas de que no decía la verdad –ella mejor que nadie sabe que no presentó su trabajo–. Y más tarde usó ese documento falsificado para presentar esta querella pidiendo cárcel contra dos periodistas por contar la verdad.
"Finalmente, una vez que la Sra. Cifuentes reunió los documentos necesarios para desmentir el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, se procedió a mandar un comunicado de prensa en el que se explicaba lo sucedido, y al que se adjuntaban los documentos recabados por mi representada. Igualmente, la propia Sra. Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook etc. la noche del 21 de marzo".
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Nuevas pruebas del trato VIP que recibían
alumnos del máster de Cifuentes
El exconcejal del PP, Pedro Calvo, abonó las tasas para examinarse del trabajo final del máster a pesar de haberlo abandonado por "falta de tiempo". Calvo no reconoce su firma en el documento de inscripción, calcado al que presentó Cifuentes
Madrid 12/07/2018 - 10:48 h. CEST
Según la documentación remitida al juzgado que investiga el caso máster por la Universidad Rey Juan Carlos, el exconsejero de Alberto Ruiz-Gallardón y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, solicitó en octubre de 2012 la inscripción en el Trabajo Final del Máster de derecho público del estado autonómico.
Ese trámite administrativo, que se debe completar con el abono de 6,11 euros, se solicita tras admitir el alumno que ha superado todas las asignaturas del máster. Calvo, que declaró ante el juez que no acudió al curso, que lo abandonó y que mostró su sorpresa ante sus altas calificaciones obtenidas sin asistir a los exámenes, no reconoce ni su firma ni su letra en el documento aunque no recuerda si abonó la citada tasa cuyo recibo de pago sí consta en su expediente. Pago que sí realizó unos días después según fuentes próximas al caso.
Parecidos razonables: Calvo y Cifuentes
En la misma documentación figura la solicitud que realizó esos días Cristina Cifuentes para inscribirse en el TFM. Curiosamente la solicitud está redactada con la misma grafía -con un error ortográfico idéntico- como se puede comprobar en la imagen. Una letra que difiere de la de otros alumnos que realizaron el curso.
En el caso de Cifuentes, Calvo o el exrector de la URJC, Dionisio Ramos, las fichas además aparecen incompletas, sin datos elementales como la dirección del alumno.
Junto a la solicitud de Pedro Calvo, la documentación aporta también el correo de respuesta de la Universidad Rey Juan Carlos, remitido al correo personal de los alumnos, en el que se les avisa de que ese trámite ha sido aceptado por lo que se puede proceder a la descarga y posterior pago de las tasas en el banco.
Aunque no consta en esa documentación, la SER ha podido verificar que no solo Cifuentes abonó esa tasa, también lo hizo el propio Calvo, que recuerda haber procedido siempre al abono de las cantidades solicitadas por la Universidad aunque no sabe si pagó o no este trámite de acceso al Trabajo Final. Ese trámite figura en el recibo como "gastos de secretaría".
"No hice ni el huevo"
El pasado 21 de junio, Pedro Calvo declaró como testigo en el caso máster. La jueza le exhibió sus calificaciones. Calvo no ocultó en aquella declaración su perplejidad: "No hice ni el huevo". Calvo le dijo a Carmen Rodríguez-Medel que solo se había matriculado: "Nunca fui a clase ni entregué nada".
Coincidiendo con el estallido del caso máster, el propio Calvo admitió que se había matriculado en el curso pero que lo tuvo que dejar por falta de tiempo. Abandonó el máster pero su nombre figura igualmente en la lista de alumnos que solicitaron la realización del TFM.
El correo de Cecilia Rosado
La SER avanzó el pasado mes de abril que la coordinadora del máster ahora imputada en el caso, Cecilia Rosado, remitió un correo a los alumnos que no habian realizado ese trabajo para indicarles que tenían que pagar 6,11 euros. Coincidiendo con esa comunicación, Cristina Cifuentes realizó un abono por la misma cantidad. Cifuentes pagó la tasa cinco meses después de que supuestamente hubiese defendido su trabajo.
El 'chiringuito' de Álvarez Conde
El director del máster que realizaron Cifuentes, Calvo, Casado y otros VIP del PP, está imputado y apartado de sus funciones en la Universidad Rey Juan Carlos. En su visita al juzgado, se negó a declarar aunque Cecila Rosado aseguró que Conde le habría presionado para fabricar las actas falsas que avalaran a Cristina Cifuentes.
Los documentos que aporta la SER, refuerzan las pruebas de la existencia de un grupo de alumnos 'especiales' que no aparecieron por clase, que no se examinaron y los que se les realizaban incluso los trámites administrativos. Una forma de inflar el listado de alumnos y justificar la existencia de este máster. A diferencia de Cristina Cifuentes, en el caso de Pedro Calvo nunca llegó a recoger la titulación y no consta que hubiese pagado las tasas para la entrega del título.
La Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado recientemente, la creación de un vicerectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno que garantice que este tipo de prácticas, no se vuelvan a repetir en el ámbito universitario.
Nuevas pruebas del trato VIP que recibían
alumnos del máster de Cifuentes
El exconcejal del PP, Pedro Calvo, abonó las tasas para examinarse del trabajo final del máster a pesar de haberlo abandonado por "falta de tiempo". Calvo no reconoce su firma en el documento de inscripción, calcado al que presentó Cifuentes
Madrid 12/07/2018 - 10:48 h. CEST
Según la documentación remitida al juzgado que investiga el caso máster por la Universidad Rey Juan Carlos, el exconsejero de Alberto Ruiz-Gallardón y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, solicitó en octubre de 2012 la inscripción en el Trabajo Final del Máster de derecho público del estado autonómico.
Ese trámite administrativo, que se debe completar con el abono de 6,11 euros, se solicita tras admitir el alumno que ha superado todas las asignaturas del máster. Calvo, que declaró ante el juez que no acudió al curso, que lo abandonó y que mostró su sorpresa ante sus altas calificaciones obtenidas sin asistir a los exámenes, no reconoce ni su firma ni su letra en el documento aunque no recuerda si abonó la citada tasa cuyo recibo de pago sí consta en su expediente. Pago que sí realizó unos días después según fuentes próximas al caso.
Parecidos razonables: Calvo y Cifuentes
En la misma documentación figura la solicitud que realizó esos días Cristina Cifuentes para inscribirse en el TFM. Curiosamente la solicitud está redactada con la misma grafía -con un error ortográfico idéntico- como se puede comprobar en la imagen. Una letra que difiere de la de otros alumnos que realizaron el curso.
En el caso de Cifuentes, Calvo o el exrector de la URJC, Dionisio Ramos, las fichas además aparecen incompletas, sin datos elementales como la dirección del alumno.
Junto a la solicitud de Pedro Calvo, la documentación aporta también el correo de respuesta de la Universidad Rey Juan Carlos, remitido al correo personal de los alumnos, en el que se les avisa de que ese trámite ha sido aceptado por lo que se puede proceder a la descarga y posterior pago de las tasas en el banco.
Aunque no consta en esa documentación, la SER ha podido verificar que no solo Cifuentes abonó esa tasa, también lo hizo el propio Calvo, que recuerda haber procedido siempre al abono de las cantidades solicitadas por la Universidad aunque no sabe si pagó o no este trámite de acceso al Trabajo Final. Ese trámite figura en el recibo como "gastos de secretaría".
"No hice ni el huevo"
El pasado 21 de junio, Pedro Calvo declaró como testigo en el caso máster. La jueza le exhibió sus calificaciones. Calvo no ocultó en aquella declaración su perplejidad: "No hice ni el huevo". Calvo le dijo a Carmen Rodríguez-Medel que solo se había matriculado: "Nunca fui a clase ni entregué nada".
Coincidiendo con el estallido del caso máster, el propio Calvo admitió que se había matriculado en el curso pero que lo tuvo que dejar por falta de tiempo. Abandonó el máster pero su nombre figura igualmente en la lista de alumnos que solicitaron la realización del TFM.
El correo de Cecilia Rosado
La SER avanzó el pasado mes de abril que la coordinadora del máster ahora imputada en el caso, Cecilia Rosado, remitió un correo a los alumnos que no habian realizado ese trabajo para indicarles que tenían que pagar 6,11 euros. Coincidiendo con esa comunicación, Cristina Cifuentes realizó un abono por la misma cantidad. Cifuentes pagó la tasa cinco meses después de que supuestamente hubiese defendido su trabajo.
El 'chiringuito' de Álvarez Conde
El director del máster que realizaron Cifuentes, Calvo, Casado y otros VIP del PP, está imputado y apartado de sus funciones en la Universidad Rey Juan Carlos. En su visita al juzgado, se negó a declarar aunque Cecila Rosado aseguró que Conde le habría presionado para fabricar las actas falsas que avalaran a Cristina Cifuentes.
Los documentos que aporta la SER, refuerzan las pruebas de la existencia de un grupo de alumnos 'especiales' que no aparecieron por clase, que no se examinaron y los que se les realizaban incluso los trámites administrativos. Una forma de inflar el listado de alumnos y justificar la existencia de este máster. A diferencia de Cristina Cifuentes, en el caso de Pedro Calvo nunca llegó a recoger la titulación y no consta que hubiese pagado las tasas para la entrega del título.
La Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado recientemente, la creación de un vicerectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno que garantice que este tipo de prácticas, no se vuelvan a repetir en el ámbito universitario.
