eso lo hacían los republicanos con las chicas católicas,"Las chicas que se negaban a ir con los guardias eran fusiladas"
Un aterrador informe relata los abusos sexuales y la represión moral del franquismo en la comarca de Gran Bilbao, la zona obrera de Bizkaia.
Presas republicanas en la cárcel madrileña de Ventas. M. Á. M.
@DANIALRI
BILBAO.- Historias de miedo y sufrimiento. Historias silenciadas. Historias convertidas, por fin, en testimonios que ya nada ni nadie podrán borrar. Tras varios meses de trabajo, la asociación de investigación histórica Elkasko ha conseguido plasmar la represión específica que sufrieron las mujeres en la comarca del Gran Bilbao, una de las zonas del Estado español con mayor incidencia obrera. Los abusos sexuales, los fusilamientos y las estrictas medidas morales del régimen forman parte de este informe, que cuenta incluso con un apartado didáctico sobre el horror.
"Nos planteamos hacer algo que luego se pudiese utilizar a nivel de educación secundaria y de centros para adultos, por lo que hemos incluido una serie de pautas tanto para los docentes como para los alumnos", explica a Público Belén Solé, una de las autoras —junto a Beatriz Díaz— del mencionado estudio, titulado Era más la miseria que el miedo. Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao: represión y resistencias. "Queremos que la gente también haga sus propias pesquisas", continúa esta catalana afincada desde hace ya varios años en Sestao.
El informe cuenta con los testimonios de 21 personas, en su mayoría mujeres, nacidas entre 1914 y 1963 en la zona obrera de Bizkaia. "Estas historias de vida forman parte de una base de datos que sigue aumentando con nuevos testimonios y cuyo objetivo es ofrecer una visión sobre las transformaciones sociales de la Ría del Nervión a lo largo del siglo XX", señalan sus responsables. Al igual que en el resto del Estado español, la época más atroz comenzó el 18 de julio de 1936, tras el alzamiento franquista contra la República.
"Si bien la represión en general cuenta con muchos análisis, su impacto entre las mujeres ha sido muy poco investigado", afirma Solé. En ese sentido, el informe destaca que "hubo mecanismos de represión específicamente dirigidos contra las mujeres y una vivencia de la represión entre las mujeres distinta, en algunos aspectos, de las experiencias vividas por los hombres". El apartado de las violaciones es, precisamente, uno de ellos. "La violencia sexual que sufrieron las mujeres tanto en los centros de detención como durante la ocupación de las tropas franquistas fue una forma de represión de género, una forma de someter a la población por medio del terror y la vergüenza", subrayan las autoras.
Encarnación Santamaría, una de las vecinas de Sestao entrevistadas por las historiadoras, supo desde pequeña que la dictadura no sólo fusilaba por razones ideológicas. "Mi madre nos contaba que había chicas muy guapas, también jóvenes, que como no querían ir con los guardias, las fusilaban. Por la noche, porque no querían ir con ellos… preferían morir antes que ir con ellos", relató. Miren Begoña Sánchez, otra de las voces que aparecen en el informe, también rememoró este tipo de atrocidades. "He oído contar a mi familia de Elgeta cómo los moros que venían con las tropas de Franco tenían carta blanca y allí debieron de hacer atrocidades con las mujeres —explicó—. Y a una que desapareció del pueblo, la encontraron en el monte muerta, toda hinchada, toda reventada".
La violencia sexual es difícil de investigar porque "era y es practicada en un contexto social de permisividad o de impunidad", dicen las investigadoras
"También en los centros de detención era habitual que las mujeres sufrieran abusos sexuales como forma de presión durante los interrogatorios. Esta forma de violencia, ejercida de forma sistemática, fue más frecuente durante la guerra y en la primera etapa del franquismo. Más adelante, en los años 60–70, se visibilizó en espacios públicos como las manifestaciones, donde las mujeres eran insultadas por la Policía y agredidas por grupos de extrema derecha", señala el estudio. Según destacan sus autoras, “la violencia sexual es un aspecto de nuestra historia aún poco conocido y difícil de investigar, porque esta forma de violencia era y es practicada en un contexto social de permisividad o de impunidad, fundamental para permitir que las situaciones no afloren o que las denuncias no sean consideradas”.
De esta manera, los abusos sexuales cometidos por los franquistas acabarían cubriéndose por el miedo y el silencio de las víctimas: "La culpabilización y la falta de credibilidad que se imponía sobre las mujeres afectadas y sus familiares evitaban la denuncia y desembocaba en el silencio, que durante décadas ha permanecido". Palmira Merino, vecina de Sestao y testigo de esa época, dio fe de ello. "No es como ahora que todo se cuenta. Eso quedaba en secreto. Eso nadie lo contaba. Sabíamos que las habían llevado pero no sabíamos lo que les habían hecho. Y ellas jamás lo han contado. Eso era como… algo tremendo", describió.
Medias por decreto
La dictadura también ejerció una fuerte represión moral sobre las mujeres del Gran Bilbao. Uno de los máximos exponentes de aquella "gloriosa cruzada" fue el alcalde de Barakaldo, José María Llaneza, quien llegó a prohibir que las vecinas saliesen a la calle sin medias debajo de sus faldas. De acuerdo a los testimonios recogidos por las historiadoras, el jefe de los alguaciles era quien se encargaba de comprobar que ninguna mujer violase esta inédita norma. En el caso de los hombres, el alcalde les prohibía pasearse en manga de camisa.
El informe incluye extractos de la ordenanza municipal firmada por Llaneza, en la que dictaminaba cómo debían vestir sus vecinas y vecinos a partir de ese momento. Allí se lamentaba que muchas mujeres de Barakaldo transitaban "en formas poco correctas y decorosas en sus vestido y ademanes, so pretexto de recrearse en las playas, haciendo como digo gala en calles y plazas a las idas y regreso de estos lugares de su escandalosa desenvoltura y desvergüenza, exhibiendo sus piernas sin recato de sus medias y simulando ir vestidas".
"Hoy todo esto puede parecer pintoresco, pero hay que tener en cuenta que se trató de una auténtica cruzada moral", destaca Solé. Las consecuencias aún son visibles entre la población: a pesar de los años transcurridos, las investigadoras se toparon con personas que seguían teniendo miedo a relatar sus vivencias. El terror, para muchas y muchos, quedó grabado en la memoria.
"Las chicas que se negaban a ir con los guardias eran fusiladas"
Un aterrador informe relata los abusos sexuales y la represión moral del franquismo en la comarca de Gran Bilbao, la zona obrera de Bizkaia.www.publico.es
La España de Franco
- Autor_Marta
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MAS DICTADURA EN VERSION MEMORIA HISTÓRICA. Por Juan Chicharro Ortega, Presidente Ejecutivo de la FNFF
25 de enero de 2020 por Redacción FNFF
Compartir en:
Lo dijimos : la profanación de la tumba del Generalísimo Franco no era más que el paso previo para desencadenar una serie de medidas sectarias y totalitarias, pura manifestación de odio y rencor, para llevarse por enmedio no sólo lo que significó la figura y el sistema político que propició la mayor transformación social y económica de toda la historia de España sino también la transición y el régimen del 78.
No nos sorprende por lo tanto la presentación que hace el PSOE, y que extraigo de determinados medios y agencias, de una nueva Ley relativa a la Memoria Histórica en el Congreso de los Diputados.
De nuevo el PSOE se lanza al “guerracivilismo” haciendo honor a su historia al más puro estilo de sus antepasados Largo Caballero o Indalecio Prieto culpables en gran medida de la guerra del 36/39 y que por cierto perdieron por si no se acuerdan. Una nueva Ley para valorar la historia de España avalando una parte y condenando otra y digna de la Rusia de la revolución soviética, la China de la revolución cultural, Corea del Norte o la Venezuela de Maduro.
El caso es que esta Ley coincide casi en el tiempo - apenas unos meses - con una Resolución del Parlamento europeo de Memoria Histórica europea que insta a los Gobiernos a tomar medidas contra el comunismo.
Desde la FNFF nos preguntamos si el PSOE al que tanto le gusta escribir de historia procederá en cumplimiento a la Resolución apuntada a crear ahora un comisionado sobre los crímenes de los socialistas y comunistas bajo el terror del Frente Popular en España, si elaborará una lista de vestigios socialistas y comunistas relacionados con el Frente Popular para su inmediata retirada de la vía pública en España o si diseñará también un mapa de fosas y de checas donde fueron asesinados, torturados y enterrados cientos de miles de españoles. En definitiva, si cumplirá la Ley de Memoria Histórica del Parlamento europeo. Nos preguntamos igualmente si procederá a ilegalizar las vigentes Fundaciones de carácter marxista.
Es evidente que no será así dado el sectarismo de este PSOE actual.
Más volviendo a lo que al parecer se establece en la nueva propuesta de Ley en relación a la revocación de títulos nobiliarios lo que observamos es un ataque humillatorio para SM el Rey toda vez que siendo el único que legalmente puede conceder y revocar aquellos le van a poner en un brete; es más ¿ se incluirá en el catalogo de títulos que quieren revocar el del propio Rey ya que su nombramiento fue decisión de Francisco Franco ?
Desde esta FNFF sospechamos que una vez más se pretende socavar intencionadamente la legitimidad de la monarquía parlamentaria y que al igual que la vigente Ley 52/2007, de Memoria Histórica, no es más que la primera piedra de un ataque al sistema democrático monárquico de España.
Coincido en todo esto, además, con lo que en una reciente proposición de Ley que el partido VOX presentó recientemente en el Congreso diciendo “que todo esto no hace más que reabrir unas heridas que ya estaban cerradas. Marca no a la sociedad, sino a los españoles individualmente. Hace que unos sean los unos o los otros, en calidad de descendientes de quienes comulgaron con un bando u otro en la contienda, quienes se vean señalados por la ley”.
Resignificar el Valle de los Caídos aparece también como objetivo en la nueva Ley y no nos sorprende, es evidente. Ya lo habían dicho en reiteradas ocasiones. A ver qué opina ahora al respecto la Jerarquía eclesiástica que tanto colaboró vergonzosamente en la profanación de la tumba de un cristiano como Francisco Franco. En cualquier caso, la reforma que se anuncia ahonda en la progresiva cercenación de las libertades que es el signo de este gobierno frentepopulista.
Apunta también la nueva Ley a sus intenciones de ilegalización de Fundaciones como la de Francisco Franco lo que no es más que un atentado a la dignidad de nuestra historia reciente y desde luego a la libertad. No hay democracia sin libertad de expresión, sin libertad de cátedra y sin libertad para enfrentarse al pensamiento único impuesto por la ley, ya lo advirtió Orwell en "1984" y se quedó corto. El Ministerio de la Verdad ya está aquí y viene para quedarse. Pero no nos rendiremos jamás. La verdad ni se negocia ni se prostituye.
Lo dicho en el título de estas líneas : Dictadura en versión Memoria Histórica.
Nada extraño en el actuar de este Gobierno frente populista que tiene a España asombrada de su sectarismo y que nos está llenando de oprobio y vergüenza.
25 de enero de 2020 por Redacción FNFF
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Lo dijimos : la profanación de la tumba del Generalísimo Franco no era más que el paso previo para desencadenar una serie de medidas sectarias y totalitarias, pura manifestación de odio y rencor, para llevarse por enmedio no sólo lo que significó la figura y el sistema político que propició la mayor transformación social y económica de toda la historia de España sino también la transición y el régimen del 78.
No nos sorprende por lo tanto la presentación que hace el PSOE, y que extraigo de determinados medios y agencias, de una nueva Ley relativa a la Memoria Histórica en el Congreso de los Diputados.
De nuevo el PSOE se lanza al “guerracivilismo” haciendo honor a su historia al más puro estilo de sus antepasados Largo Caballero o Indalecio Prieto culpables en gran medida de la guerra del 36/39 y que por cierto perdieron por si no se acuerdan. Una nueva Ley para valorar la historia de España avalando una parte y condenando otra y digna de la Rusia de la revolución soviética, la China de la revolución cultural, Corea del Norte o la Venezuela de Maduro.
El caso es que esta Ley coincide casi en el tiempo - apenas unos meses - con una Resolución del Parlamento europeo de Memoria Histórica europea que insta a los Gobiernos a tomar medidas contra el comunismo.
Desde la FNFF nos preguntamos si el PSOE al que tanto le gusta escribir de historia procederá en cumplimiento a la Resolución apuntada a crear ahora un comisionado sobre los crímenes de los socialistas y comunistas bajo el terror del Frente Popular en España, si elaborará una lista de vestigios socialistas y comunistas relacionados con el Frente Popular para su inmediata retirada de la vía pública en España o si diseñará también un mapa de fosas y de checas donde fueron asesinados, torturados y enterrados cientos de miles de españoles. En definitiva, si cumplirá la Ley de Memoria Histórica del Parlamento europeo. Nos preguntamos igualmente si procederá a ilegalizar las vigentes Fundaciones de carácter marxista.
Es evidente que no será así dado el sectarismo de este PSOE actual.
Más volviendo a lo que al parecer se establece en la nueva propuesta de Ley en relación a la revocación de títulos nobiliarios lo que observamos es un ataque humillatorio para SM el Rey toda vez que siendo el único que legalmente puede conceder y revocar aquellos le van a poner en un brete; es más ¿ se incluirá en el catalogo de títulos que quieren revocar el del propio Rey ya que su nombramiento fue decisión de Francisco Franco ?
Desde esta FNFF sospechamos que una vez más se pretende socavar intencionadamente la legitimidad de la monarquía parlamentaria y que al igual que la vigente Ley 52/2007, de Memoria Histórica, no es más que la primera piedra de un ataque al sistema democrático monárquico de España.
Coincido en todo esto, además, con lo que en una reciente proposición de Ley que el partido VOX presentó recientemente en el Congreso diciendo “que todo esto no hace más que reabrir unas heridas que ya estaban cerradas. Marca no a la sociedad, sino a los españoles individualmente. Hace que unos sean los unos o los otros, en calidad de descendientes de quienes comulgaron con un bando u otro en la contienda, quienes se vean señalados por la ley”.
Resignificar el Valle de los Caídos aparece también como objetivo en la nueva Ley y no nos sorprende, es evidente. Ya lo habían dicho en reiteradas ocasiones. A ver qué opina ahora al respecto la Jerarquía eclesiástica que tanto colaboró vergonzosamente en la profanación de la tumba de un cristiano como Francisco Franco. En cualquier caso, la reforma que se anuncia ahonda en la progresiva cercenación de las libertades que es el signo de este gobierno frentepopulista.
Apunta también la nueva Ley a sus intenciones de ilegalización de Fundaciones como la de Francisco Franco lo que no es más que un atentado a la dignidad de nuestra historia reciente y desde luego a la libertad. No hay democracia sin libertad de expresión, sin libertad de cátedra y sin libertad para enfrentarse al pensamiento único impuesto por la ley, ya lo advirtió Orwell en "1984" y se quedó corto. El Ministerio de la Verdad ya está aquí y viene para quedarse. Pero no nos rendiremos jamás. La verdad ni se negocia ni se prostituye.
Lo dicho en el título de estas líneas : Dictadura en versión Memoria Histórica.
Nada extraño en el actuar de este Gobierno frente populista que tiene a España asombrada de su sectarismo y que nos está llenando de oprobio y vergüenza.
Se cumplen 43 de la tragedia que acabó con la vida de tres abogados laboralistas junto a un estudiante de derecho y un administrativo. Conviene hacer memoria y recordarles.
Sin embargo, y a pesar de ser un monumento emblemático, pocos lo saben
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Por España o por dinero? Expolio, rapiña y usurpación en el franquismo
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometió a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y repartir el botín.
Camión militar evacuando a Valencia 'La familia de Carlos IV', de Goya. - MUSEO DEL PRADO
Por Dios, por España... y por el dinero.
El golpe de Estado militar del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil fue el comienzo de una feroz represión contra cientos de miles de republicanos. Decía el general Mola, en sus instrucciones, que "la acción" tenía que ser "en extremo violenta".
Y lo fue.
Pero la represión no fue sólo física. Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos.
Incluso después de ser asesinados.
Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.
Un ejemplo es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936, que fue fusilado el 2 de agosto de 1936 y años después fue condenado a pagar 250.000 pesetas como multa por haber pertenecido a un partido político durante la II República.
Su hijo José Castilla contó a Público cómo las fuerzas de Franco le quitaron a él y a su madre la casa en la que vivían, el despacho de su padre y todas las pertenencias.
Absolutamente todo.
Hasta un hermano de Virgilio tuvo que vender su empresa de textiles para satisfacer la deuda que le habían impuesto a su hermano fusilado.
La familia Castilla solicitó en 2010 la devolución de los bienes incautados a la familia por el Estado franquista, que estaban valorados, según un informe pericial, en 262.832 euros.
El Gobierno de Zapatero negó que la familia tuviera derecho a indemnización alguna en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito.
Y situaciones como la familia Castilla se dieron por todo el Estado. Decenas de miles de familias sufrieron el expolio de sus bienes a través de diferentes vías y mecanismos y no tuvieron oportunidad de recuperar lo que la dictadura les arrebató.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares"
Ahora, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
Como ejemplo, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones establece "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público". Sin embargo, este compromiso, tal y como está redactado, abre la puerta a la devolución a sus legítimos herederos del resto de bienes y propiedades expoliadas por el franquismo.
No obstante, las dudas sobre la posibilidad de acometer este compromiso son tantas como la expectación que puede despertar entre los descendientes de las víctimas de la dictadura.
La primera es fundamental: ¿qué entendemos por expolio y qué estaría incluido dentro de esta auditoria de bienes expoliados?
La segunda pregunta supone bajar los pies al suelo: ¿sería posible, 80 años después, devolver los bienes a sus legítimos dueños?
En este sentido, el profesor de Historia de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo explica a Público que por expolio franquista se debe entender "de manera muy resumida el gran traspaso de propiedades que de manera ilegítima se da en España desde el golpe de Estado del 18 de julio hasta bien entrada la dictadura".
Así, el periodista e investigador Antonio Maestre, autor de Franquismo S.A., señala que, en su opinión, dentro de la categoría de expolio entra "todo aquel patrimonio que estaba en manos de unos particulares y que por la Guerra Civil, la legislación franquista o la propia acción de Gobierno de la dictadura pasó a manos que no le correspondían".
En este sentido, no obstante, Maltilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III, señala que, en su opinión, el período de investigación debería comenzar a partir de abril de 1939 cuando la Guerra Civil ya había concluido.
Miles de personas se tuvieron que exiliar tras el final de la Guerra Civil española, tal y como retrata Robert Capa en esta imagen. Muchos de esos exiliados políticos nunca volvieron. | Robert Capa / UNAM
La tarea, así manifestada, independientemente de si se comienza a estudiar en 1936 o 1939 parece inabarcable.
¿Por dónde debería comenzar y qué debería comprender una investigación sobre el expolio franquista? Los historiadores y expertos consultados por Público coinciden en destacar, al menos, cinco líneas de investigación para comenzar a deshacer la gran madeja que es a día de hoy la cuestión del expolio franquista:
— El expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y del proceso de Incautación de Bienes.
— La participación de las empresas en este expolio y los beneficios que obtuvieron de su colaboración con las autoridades franquistas
— El robo del dinero republicano.
— Las grandes propiedades que se quedaron familias como los Franco y otras grandes del régimen.
— El expolio cultural.
El doctor en Historia Contemporánea y coautor de obras como Milicianas, Gonzalo Berger, señala, de hecho, que debe ser una "prioridad" iniciar los estudios preliminares necesarios para obtener "una visión de conjunto que analice la repercusión económica del expolio franquista en el Estado Español".
"Este trabajo, además de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, también nos ayudará a explicar y a educar sin reservas, sobre la verdadera génesis del golpe de Estado y del franquismo, que no fue otra que la codicia y el lucro personal vehiculizado a partir de la violencia extrema", sentencia Berger.
No sólo los Franco robaron
La profesora Matilde Eiroa hace hincapié en que una investigación rigurosa sobre el expolio franquista no debe limitarse a las grandes propiedades que fueron apropiadas de una u otra manera por la familia Franco, que también.
Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas.
A esta necesaria investigación, documentada en gran medida por Mariano Sánchez Soler en Los Franco S.A., debe añadirse las pequeñas propiedades: los pisos, terrenos, casas, joyas, bibliotecas, obras de arte...
Eiroa recuerda que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco
En esta línea entraría el caso de la familia de Virgilio Castilla, el republicano que fue fusilado y cuyos bienes y propiedades fueron apropiadas por el Estado para satisfacer la multa que le habían puesto a Castilla incluso después de muerto.
También entrarían otros casos.
Algunos de ellos ya documentados por historiadores.
Como el caso de José Pérez Pérez, teniente de alcalde en Tarifa durante la II República y documentado por José León Rojas.
O el amplio estudio que realizaron las universidades andaluzas en una investigación impulsada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que analizó las actuaciones de los comités provinciales de incautaciones de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas hasta 1945 y que fue coordinado, entre otros, por el catedrático Fernando Martínez, quien entre junio de 2018 y marzo de 2019 fue director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España y ahora ocupa el cargo de Secretario de Estado para la Memoria Democrática.
La investigación muestra a la perfección como la represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles. Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes.
La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura.
Así, Eiroa vuelve a recordar que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco. "Cuando hablamos de expolio debemos hablar de las propiedades que les quitaron a la gente corriente, a las asociaciones, partidos y sindicatos y también de los bienes y propiedades que se quedaron marqueses, duques, condes, militares, terratenientes y toda esa amplia gama de familias que apoyaron el golpe de Estado y que obtuvieron su premio, no solamente en nombramientos como altos cargos, sino en especies o bienes económicos", explica la profesora de la Carlos III.
Queipo de Llano lanza uno de sus discursos propagandísticos por la radio."Una guerra de clases"
No se puede obviar, tal y como recuerda Maestre, que la motivación económica y de clase fue uno de los factores que influyó en el golpe de Estado de 1936. "No fue el principal, pero sí influyó", dice el periodista a Público. "Una de las razones que influye en que las clases altas participen o apoyen el golpe es el intento por evitar por todos los medios posibles unas reformas que ponían en duda los privilegios labrados durante años por la clase dominante. Hay una frase de Franco en Lugo, tras la Guerra, que lo resume muy bien. Es la siguiente: 'Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos'", explica Maestre.
El ilustre republicano Max Aub también dejó escrito en su obra Hablo como hombre el componente económico del golpe de Estado: "La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla".
El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión.
Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos. Así, Maestre, que investiga este tema ampliamente en su obra Franquismo S.A., también emplaza a continuar investigando cómo algunas de las grandes fortunas de hoy día nacieron y se desarrollaron al calor de la represión franquista. Esto permitiría, como ya han hecho otros países que han sufrido una dictadura, que las empresas implicadas participaran de una especie de reparación para las familias que sufrieron la represión franquista.
"La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla", escribió Max Aub
El periodista, no obstante, asume que la tarea será complicada y que no basta con comenzar a investigar. Sería necesario, por ejemplo, la derogación de la Ley de Amnistía, la anulación de sentencias franquistas, cambios en la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de archivos que hoy día siguen cerrados. Aún con todo, la tarea se antoja complicada. "La responsabilidad societaria de muchas empresas que participaron en la represión franquista o que directamente se lucraron ha quedado diluida en muchos casos porque ya no son las mismas empresas. Con el paso de los años se han ido disolviendo en compañías cada vez más grandes. En muchos casos, será imposible trazar una línea continua y poder establecer una responsabilidad. Sin embargo, habrá otros casos en los que sí será posible establecer esa línea y, por tanto, se podrá pedir una restitución o una reparación económica", prosigue el investigador.
El general Franco almorzando con el general Dávila durante la Guerra Civil española. Archivo EFE
Pero la dificultad de la tarea no es excusa para no acometer la pertinente investigación.
El profesor Gutmaro Gómez Bravo recuerda que el primer paso es comenzar a investigar, revisar documentación, abrir archivos y comenzar a inventariar. Quizá el proyecto no llegue hasta el objetivo final de devolver todo lo expoliado a los vencidos pero, al menos, se dará satisfacción al derecho a la verdad que tienen las víctimas, y toda la sociedad, para saber qué pasó. También con las propiedades expoliadas y con el nacimiento de determinadas fortunas.
El dinero rojo y la Asociación de Perjudicados
Dentro de este expolio de bienes y propiedades de los vencedores a los vencidos de la Guerra Civil hay dos líneas de investigación que los expertos insisten en no olvidar. Por un lado, la necesidad de investigar y devolver el conocido como "dinero rojo". Esto es, el dinero que fue emitido en zona republicana durante la Guerra Civil y que tras el fin de la contienda dejó de tener validez. De hecho, las familias republicanas fueron conminadas a entregar su dinero en las sucursales bancarias. A cambio se les entregaba un recibí con el siguiente lema: "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Según un documento del Banco de España fechado en 1938, hasta esa fecha, los republicanos habían entregado ya 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.
Franco entra en la Catedral de Oviedo con la Cruz de la Victoria en septiembre de 1942.
Aunque el tema tiene mucha más tela que cortar. Según los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares. Se han agrupado en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, conservan los recibís que las autoridades franquistas entregaron a sus familiares y continúan reclamando a día de hoy la devolución de su dinero con intereses. De hecho, el Congreso aprobó en 2017 una Proposición No de Ley para que el Estado devuelva este dinero a las familias afectadas.
Las 6.228 obras nunca devueltas a sus propietarios
Por último, cabría incluir el expolio cultural, posiblemente una de las líneas menos investigadas del ya de por sí poco investigado expolio franquista. La arqueóloga y doctora por la UCM especializada en Historia Antigua y Prehistoria Alicia Torija explica cómo a raíz de la Guerra Civil hay muchas obras culturales que habían sido catalogadas previamente por las autoridades republicanas y que tras el fin de la Guerra Civil desaparecieron, se desubicaron, se vendieron o cambiaron de propietarios en condiciones poco aclaradas. En este sentido, Torija se refiere a obras de arte, pero no sólo. También a piezas arqueológicas, cartas históricas o muebles y elementos que pertenecían al patrimonio nacional y que, después de la Guerra, pasaron a manos y colecciones privadas.
Echadora de cartas, Zuloaga, en el Museo de Bellas Artes de Asturias desde 1941.
"El problema, en este caso, es que es un expolio aún más difícil de investigar porque es dificilísimo que se dejen huellas o rastros para mostrar su antigua propiedad. Un ejemplo es en la arqueología. Si un objeto no estaba fotografiado, ¿cómo demuestras que era el tuyo y no otro?", prosigue Torija.
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado y el profesor Isidro Moreno han elaborado una investigación que cataloga un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo la dictadura con las piezas de arte que el Gobierno republicano confiscó para salvaguardarlas de los bombardeos. La conclusión, tal y como contó El País, es que, de las obras que permanecieron en España, 7.657 de ellas fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero otras 6.228 nunca volvieron a manos de sus dueños.
Así, decenas de republicanos perdieron la propiedad de sus colecciones y obras o porque no pudieron reclamar sus bienes o porque estaban muertos, en prisión, en el exilio o temían represalias. Un ejemplo, tal y como describe este artículo de Fernando Olmeda es el de la colección de arte del militar José Sicardo, que vio como algunas de sus obras fueron entregadas a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces. La investigación de Colorado también muestra que, además de adeptos al régimen, también fueron favorecidos por el expolio entidades como Falange o Sección Femenina.
La tarea es ingente y la devolución de las propiedades complicadas. Sin embargo, hay una sensación común: investigar con todos los recursos disponibles es el primer paso para conseguir justicia que, en este caso, no es otra cosa que recuperar lo que el franquismo robó en nombre de Dios y de España.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometió a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y repartir el botín.
Camión militar evacuando a Valencia 'La familia de Carlos IV', de Goya. - MUSEO DEL PRADO
Por Dios, por España... y por el dinero.
El golpe de Estado militar del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil fue el comienzo de una feroz represión contra cientos de miles de republicanos. Decía el general Mola, en sus instrucciones, que "la acción" tenía que ser "en extremo violenta".
Y lo fue.
Pero la represión no fue sólo física. Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos.
Incluso después de ser asesinados.
Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.
Un ejemplo es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936, que fue fusilado el 2 de agosto de 1936 y años después fue condenado a pagar 250.000 pesetas como multa por haber pertenecido a un partido político durante la II República.
Su hijo José Castilla contó a Público cómo las fuerzas de Franco le quitaron a él y a su madre la casa en la que vivían, el despacho de su padre y todas las pertenencias.
Absolutamente todo.
Hasta un hermano de Virgilio tuvo que vender su empresa de textiles para satisfacer la deuda que le habían impuesto a su hermano fusilado.
La familia Castilla solicitó en 2010 la devolución de los bienes incautados a la familia por el Estado franquista, que estaban valorados, según un informe pericial, en 262.832 euros.
El Gobierno de Zapatero negó que la familia tuviera derecho a indemnización alguna en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito.
Y situaciones como la familia Castilla se dieron por todo el Estado. Decenas de miles de familias sufrieron el expolio de sus bienes a través de diferentes vías y mecanismos y no tuvieron oportunidad de recuperar lo que la dictadura les arrebató.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares"
Ahora, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
Como ejemplo, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones establece "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público". Sin embargo, este compromiso, tal y como está redactado, abre la puerta a la devolución a sus legítimos herederos del resto de bienes y propiedades expoliadas por el franquismo.
No obstante, las dudas sobre la posibilidad de acometer este compromiso son tantas como la expectación que puede despertar entre los descendientes de las víctimas de la dictadura.
La primera es fundamental: ¿qué entendemos por expolio y qué estaría incluido dentro de esta auditoria de bienes expoliados?
La segunda pregunta supone bajar los pies al suelo: ¿sería posible, 80 años después, devolver los bienes a sus legítimos dueños?
En este sentido, el profesor de Historia de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo explica a Público que por expolio franquista se debe entender "de manera muy resumida el gran traspaso de propiedades que de manera ilegítima se da en España desde el golpe de Estado del 18 de julio hasta bien entrada la dictadura".
Así, el periodista e investigador Antonio Maestre, autor de Franquismo S.A., señala que, en su opinión, dentro de la categoría de expolio entra "todo aquel patrimonio que estaba en manos de unos particulares y que por la Guerra Civil, la legislación franquista o la propia acción de Gobierno de la dictadura pasó a manos que no le correspondían".
En este sentido, no obstante, Maltilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III, señala que, en su opinión, el período de investigación debería comenzar a partir de abril de 1939 cuando la Guerra Civil ya había concluido.
Miles de personas se tuvieron que exiliar tras el final de la Guerra Civil española, tal y como retrata Robert Capa en esta imagen. Muchos de esos exiliados políticos nunca volvieron. | Robert Capa / UNAM
La tarea, así manifestada, independientemente de si se comienza a estudiar en 1936 o 1939 parece inabarcable.
¿Por dónde debería comenzar y qué debería comprender una investigación sobre el expolio franquista? Los historiadores y expertos consultados por Público coinciden en destacar, al menos, cinco líneas de investigación para comenzar a deshacer la gran madeja que es a día de hoy la cuestión del expolio franquista:
— El expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y del proceso de Incautación de Bienes.
— La participación de las empresas en este expolio y los beneficios que obtuvieron de su colaboración con las autoridades franquistas
— El robo del dinero republicano.
— Las grandes propiedades que se quedaron familias como los Franco y otras grandes del régimen.
— El expolio cultural.
El doctor en Historia Contemporánea y coautor de obras como Milicianas, Gonzalo Berger, señala, de hecho, que debe ser una "prioridad" iniciar los estudios preliminares necesarios para obtener "una visión de conjunto que analice la repercusión económica del expolio franquista en el Estado Español".
"Este trabajo, además de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, también nos ayudará a explicar y a educar sin reservas, sobre la verdadera génesis del golpe de Estado y del franquismo, que no fue otra que la codicia y el lucro personal vehiculizado a partir de la violencia extrema", sentencia Berger.
No sólo los Franco robaron
La profesora Matilde Eiroa hace hincapié en que una investigación rigurosa sobre el expolio franquista no debe limitarse a las grandes propiedades que fueron apropiadas de una u otra manera por la familia Franco, que también.
Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas.
A esta necesaria investigación, documentada en gran medida por Mariano Sánchez Soler en Los Franco S.A., debe añadirse las pequeñas propiedades: los pisos, terrenos, casas, joyas, bibliotecas, obras de arte...
Eiroa recuerda que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco
En esta línea entraría el caso de la familia de Virgilio Castilla, el republicano que fue fusilado y cuyos bienes y propiedades fueron apropiadas por el Estado para satisfacer la multa que le habían puesto a Castilla incluso después de muerto.
También entrarían otros casos.
Algunos de ellos ya documentados por historiadores.
Como el caso de José Pérez Pérez, teniente de alcalde en Tarifa durante la II República y documentado por José León Rojas.
O el amplio estudio que realizaron las universidades andaluzas en una investigación impulsada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que analizó las actuaciones de los comités provinciales de incautaciones de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas hasta 1945 y que fue coordinado, entre otros, por el catedrático Fernando Martínez, quien entre junio de 2018 y marzo de 2019 fue director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España y ahora ocupa el cargo de Secretario de Estado para la Memoria Democrática.
La investigación muestra a la perfección como la represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles. Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes.
La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura.
Así, Eiroa vuelve a recordar que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco. "Cuando hablamos de expolio debemos hablar de las propiedades que les quitaron a la gente corriente, a las asociaciones, partidos y sindicatos y también de los bienes y propiedades que se quedaron marqueses, duques, condes, militares, terratenientes y toda esa amplia gama de familias que apoyaron el golpe de Estado y que obtuvieron su premio, no solamente en nombramientos como altos cargos, sino en especies o bienes económicos", explica la profesora de la Carlos III.
Queipo de Llano lanza uno de sus discursos propagandísticos por la radio."Una guerra de clases"
No se puede obviar, tal y como recuerda Maestre, que la motivación económica y de clase fue uno de los factores que influyó en el golpe de Estado de 1936. "No fue el principal, pero sí influyó", dice el periodista a Público. "Una de las razones que influye en que las clases altas participen o apoyen el golpe es el intento por evitar por todos los medios posibles unas reformas que ponían en duda los privilegios labrados durante años por la clase dominante. Hay una frase de Franco en Lugo, tras la Guerra, que lo resume muy bien. Es la siguiente: 'Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos'", explica Maestre.
El ilustre republicano Max Aub también dejó escrito en su obra Hablo como hombre el componente económico del golpe de Estado: "La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla".
El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión.
Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos. Así, Maestre, que investiga este tema ampliamente en su obra Franquismo S.A., también emplaza a continuar investigando cómo algunas de las grandes fortunas de hoy día nacieron y se desarrollaron al calor de la represión franquista. Esto permitiría, como ya han hecho otros países que han sufrido una dictadura, que las empresas implicadas participaran de una especie de reparación para las familias que sufrieron la represión franquista.
"La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla", escribió Max Aub
El periodista, no obstante, asume que la tarea será complicada y que no basta con comenzar a investigar. Sería necesario, por ejemplo, la derogación de la Ley de Amnistía, la anulación de sentencias franquistas, cambios en la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de archivos que hoy día siguen cerrados. Aún con todo, la tarea se antoja complicada. "La responsabilidad societaria de muchas empresas que participaron en la represión franquista o que directamente se lucraron ha quedado diluida en muchos casos porque ya no son las mismas empresas. Con el paso de los años se han ido disolviendo en compañías cada vez más grandes. En muchos casos, será imposible trazar una línea continua y poder establecer una responsabilidad. Sin embargo, habrá otros casos en los que sí será posible establecer esa línea y, por tanto, se podrá pedir una restitución o una reparación económica", prosigue el investigador.
El general Franco almorzando con el general Dávila durante la Guerra Civil española. Archivo EFE
Pero la dificultad de la tarea no es excusa para no acometer la pertinente investigación.
El profesor Gutmaro Gómez Bravo recuerda que el primer paso es comenzar a investigar, revisar documentación, abrir archivos y comenzar a inventariar. Quizá el proyecto no llegue hasta el objetivo final de devolver todo lo expoliado a los vencidos pero, al menos, se dará satisfacción al derecho a la verdad que tienen las víctimas, y toda la sociedad, para saber qué pasó. También con las propiedades expoliadas y con el nacimiento de determinadas fortunas.
El dinero rojo y la Asociación de Perjudicados
Dentro de este expolio de bienes y propiedades de los vencedores a los vencidos de la Guerra Civil hay dos líneas de investigación que los expertos insisten en no olvidar. Por un lado, la necesidad de investigar y devolver el conocido como "dinero rojo". Esto es, el dinero que fue emitido en zona republicana durante la Guerra Civil y que tras el fin de la contienda dejó de tener validez. De hecho, las familias republicanas fueron conminadas a entregar su dinero en las sucursales bancarias. A cambio se les entregaba un recibí con el siguiente lema: "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Según un documento del Banco de España fechado en 1938, hasta esa fecha, los republicanos habían entregado ya 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.
Franco entra en la Catedral de Oviedo con la Cruz de la Victoria en septiembre de 1942.
Aunque el tema tiene mucha más tela que cortar. Según los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares. Se han agrupado en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, conservan los recibís que las autoridades franquistas entregaron a sus familiares y continúan reclamando a día de hoy la devolución de su dinero con intereses. De hecho, el Congreso aprobó en 2017 una Proposición No de Ley para que el Estado devuelva este dinero a las familias afectadas.
Las 6.228 obras nunca devueltas a sus propietarios
Por último, cabría incluir el expolio cultural, posiblemente una de las líneas menos investigadas del ya de por sí poco investigado expolio franquista. La arqueóloga y doctora por la UCM especializada en Historia Antigua y Prehistoria Alicia Torija explica cómo a raíz de la Guerra Civil hay muchas obras culturales que habían sido catalogadas previamente por las autoridades republicanas y que tras el fin de la Guerra Civil desaparecieron, se desubicaron, se vendieron o cambiaron de propietarios en condiciones poco aclaradas. En este sentido, Torija se refiere a obras de arte, pero no sólo. También a piezas arqueológicas, cartas históricas o muebles y elementos que pertenecían al patrimonio nacional y que, después de la Guerra, pasaron a manos y colecciones privadas.
Echadora de cartas, Zuloaga, en el Museo de Bellas Artes de Asturias desde 1941.
"El problema, en este caso, es que es un expolio aún más difícil de investigar porque es dificilísimo que se dejen huellas o rastros para mostrar su antigua propiedad. Un ejemplo es en la arqueología. Si un objeto no estaba fotografiado, ¿cómo demuestras que era el tuyo y no otro?", prosigue Torija.
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado y el profesor Isidro Moreno han elaborado una investigación que cataloga un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo la dictadura con las piezas de arte que el Gobierno republicano confiscó para salvaguardarlas de los bombardeos. La conclusión, tal y como contó El País, es que, de las obras que permanecieron en España, 7.657 de ellas fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero otras 6.228 nunca volvieron a manos de sus dueños.
Así, decenas de republicanos perdieron la propiedad de sus colecciones y obras o porque no pudieron reclamar sus bienes o porque estaban muertos, en prisión, en el exilio o temían represalias. Un ejemplo, tal y como describe este artículo de Fernando Olmeda es el de la colección de arte del militar José Sicardo, que vio como algunas de sus obras fueron entregadas a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces. La investigación de Colorado también muestra que, además de adeptos al régimen, también fueron favorecidos por el expolio entidades como Falange o Sección Femenina.
La tarea es ingente y la devolución de las propiedades complicadas. Sin embargo, hay una sensación común: investigar con todos los recursos disponibles es el primer paso para conseguir justicia que, en este caso, no es otra cosa que recuperar lo que el franquismo robó en nombre de Dios y de España.
A cualquiera que tenga dos dedos de frente no le parece bien ni lo de los unos ni lo de los otros.
que devuelvan el oro que le dieron a los rusos, eso si que es robarPor España o por dinero? Expolio, rapiña y usurpación en el franquismo
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometió a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y repartir el botín.
Camión militar evacuando a Valencia 'La familia de Carlos IV', de Goya. - MUSEO DEL PRADO
Por Dios, por España... y por el dinero.
El golpe de Estado militar del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil fue el comienzo de una feroz represión contra cientos de miles de republicanos. Decía el general Mola, en sus instrucciones, que "la acción" tenía que ser "en extremo violenta".
Y lo fue.
Pero la represión no fue sólo física. Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos.
Incluso después de ser asesinados.
Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.
Un ejemplo es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936, que fue fusilado el 2 de agosto de 1936 y años después fue condenado a pagar 250.000 pesetas como multa por haber pertenecido a un partido político durante la II República.
Su hijo José Castilla contó a Público cómo las fuerzas de Franco le quitaron a él y a su madre la casa en la que vivían, el despacho de su padre y todas las pertenencias.
Absolutamente todo.
Hasta un hermano de Virgilio tuvo que vender su empresa de textiles para satisfacer la deuda que le habían impuesto a su hermano fusilado.
La familia Castilla solicitó en 2010 la devolución de los bienes incautados a la familia por el Estado franquista, que estaban valorados, según un informe pericial, en 262.832 euros.
El Gobierno de Zapatero negó que la familia tuviera derecho a indemnización alguna en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito.
Y situaciones como la familia Castilla se dieron por todo el Estado. Decenas de miles de familias sufrieron el expolio de sus bienes a través de diferentes vías y mecanismos y no tuvieron oportunidad de recuperar lo que la dictadura les arrebató.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares"
Ahora, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
Como ejemplo, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones establece "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público". Sin embargo, este compromiso, tal y como está redactado, abre la puerta a la devolución a sus legítimos herederos del resto de bienes y propiedades expoliadas por el franquismo.
No obstante, las dudas sobre la posibilidad de acometer este compromiso son tantas como la expectación que puede despertar entre los descendientes de las víctimas de la dictadura.
La primera es fundamental: ¿qué entendemos por expolio y qué estaría incluido dentro de esta auditoria de bienes expoliados?
La segunda pregunta supone bajar los pies al suelo: ¿sería posible, 80 años después, devolver los bienes a sus legítimos dueños?
En este sentido, el profesor de Historia de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo explica a Público que por expolio franquista se debe entender "de manera muy resumida el gran traspaso de propiedades que de manera ilegítima se da en España desde el golpe de Estado del 18 de julio hasta bien entrada la dictadura".
Así, el periodista e investigador Antonio Maestre, autor de Franquismo S.A., señala que, en su opinión, dentro de la categoría de expolio entra "todo aquel patrimonio que estaba en manos de unos particulares y que por la Guerra Civil, la legislación franquista o la propia acción de Gobierno de la dictadura pasó a manos que no le correspondían".
En este sentido, no obstante, Maltilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III, señala que, en su opinión, el período de investigación debería comenzar a partir de abril de 1939 cuando la Guerra Civil ya había concluido.
Miles de personas se tuvieron que exiliar tras el final de la Guerra Civil española, tal y como retrata Robert Capa en esta imagen. Muchos de esos exiliados políticos nunca volvieron. | Robert Capa / UNAM
La tarea, así manifestada, independientemente de si se comienza a estudiar en 1936 o 1939 parece inabarcable.
¿Por dónde debería comenzar y qué debería comprender una investigación sobre el expolio franquista? Los historiadores y expertos consultados por Público coinciden en destacar, al menos, cinco líneas de investigación para comenzar a deshacer la gran madeja que es a día de hoy la cuestión del expolio franquista:
— El expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y del proceso de Incautación de Bienes.
— La participación de las empresas en este expolio y los beneficios que obtuvieron de su colaboración con las autoridades franquistas
— El robo del dinero republicano.
— Las grandes propiedades que se quedaron familias como los Franco y otras grandes del régimen.
— El expolio cultural.
El doctor en Historia Contemporánea y coautor de obras como Milicianas, Gonzalo Berger, señala, de hecho, que debe ser una "prioridad" iniciar los estudios preliminares necesarios para obtener "una visión de conjunto que analice la repercusión económica del expolio franquista en el Estado Español".
"Este trabajo, además de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, también nos ayudará a explicar y a educar sin reservas, sobre la verdadera génesis del golpe de Estado y del franquismo, que no fue otra que la codicia y el lucro personal vehiculizado a partir de la violencia extrema", sentencia Berger.
No sólo los Franco robaron
La profesora Matilde Eiroa hace hincapié en que una investigación rigurosa sobre el expolio franquista no debe limitarse a las grandes propiedades que fueron apropiadas de una u otra manera por la familia Franco, que también.
Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas.
A esta necesaria investigación, documentada en gran medida por Mariano Sánchez Soler en Los Franco S.A., debe añadirse las pequeñas propiedades: los pisos, terrenos, casas, joyas, bibliotecas, obras de arte...
Eiroa recuerda que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco
En esta línea entraría el caso de la familia de Virgilio Castilla, el republicano que fue fusilado y cuyos bienes y propiedades fueron apropiadas por el Estado para satisfacer la multa que le habían puesto a Castilla incluso después de muerto.
También entrarían otros casos.
Algunos de ellos ya documentados por historiadores.
Como el caso de José Pérez Pérez, teniente de alcalde en Tarifa durante la II República y documentado por José León Rojas.
O el amplio estudio que realizaron las universidades andaluzas en una investigación impulsada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que analizó las actuaciones de los comités provinciales de incautaciones de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas hasta 1945 y que fue coordinado, entre otros, por el catedrático Fernando Martínez, quien entre junio de 2018 y marzo de 2019 fue director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España y ahora ocupa el cargo de Secretario de Estado para la Memoria Democrática.
La investigación muestra a la perfección como la represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles. Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes.
La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura.
Así, Eiroa vuelve a recordar que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco. "Cuando hablamos de expolio debemos hablar de las propiedades que les quitaron a la gente corriente, a las asociaciones, partidos y sindicatos y también de los bienes y propiedades que se quedaron marqueses, duques, condes, militares, terratenientes y toda esa amplia gama de familias que apoyaron el golpe de Estado y que obtuvieron su premio, no solamente en nombramientos como altos cargos, sino en especies o bienes económicos", explica la profesora de la Carlos III.
Queipo de Llano lanza uno de sus discursos propagandísticos por la radio."Una guerra de clases"
No se puede obviar, tal y como recuerda Maestre, que la motivación económica y de clase fue uno de los factores que influyó en el golpe de Estado de 1936. "No fue el principal, pero sí influyó", dice el periodista a Público. "Una de las razones que influye en que las clases altas participen o apoyen el golpe es el intento por evitar por todos los medios posibles unas reformas que ponían en duda los privilegios labrados durante años por la clase dominante. Hay una frase de Franco en Lugo, tras la Guerra, que lo resume muy bien. Es la siguiente: 'Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos'", explica Maestre.
El ilustre republicano Max Aub también dejó escrito en su obra Hablo como hombre el componente económico del golpe de Estado: "La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla".
El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión.
Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos. Así, Maestre, que investiga este tema ampliamente en su obra Franquismo S.A., también emplaza a continuar investigando cómo algunas de las grandes fortunas de hoy día nacieron y se desarrollaron al calor de la represión franquista. Esto permitiría, como ya han hecho otros países que han sufrido una dictadura, que las empresas implicadas participaran de una especie de reparación para las familias que sufrieron la represión franquista.
"La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla", escribió Max Aub
El periodista, no obstante, asume que la tarea será complicada y que no basta con comenzar a investigar. Sería necesario, por ejemplo, la derogación de la Ley de Amnistía, la anulación de sentencias franquistas, cambios en la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de archivos que hoy día siguen cerrados. Aún con todo, la tarea se antoja complicada. "La responsabilidad societaria de muchas empresas que participaron en la represión franquista o que directamente se lucraron ha quedado diluida en muchos casos porque ya no son las mismas empresas. Con el paso de los años se han ido disolviendo en compañías cada vez más grandes. En muchos casos, será imposible trazar una línea continua y poder establecer una responsabilidad. Sin embargo, habrá otros casos en los que sí será posible establecer esa línea y, por tanto, se podrá pedir una restitución o una reparación económica", prosigue el investigador.
El general Franco almorzando con el general Dávila durante la Guerra Civil española. Archivo EFE
Pero la dificultad de la tarea no es excusa para no acometer la pertinente investigación.
El profesor Gutmaro Gómez Bravo recuerda que el primer paso es comenzar a investigar, revisar documentación, abrir archivos y comenzar a inventariar. Quizá el proyecto no llegue hasta el objetivo final de devolver todo lo expoliado a los vencidos pero, al menos, se dará satisfacción al derecho a la verdad que tienen las víctimas, y toda la sociedad, para saber qué pasó. También con las propiedades expoliadas y con el nacimiento de determinadas fortunas.
El dinero rojo y la Asociación de Perjudicados
Dentro de este expolio de bienes y propiedades de los vencedores a los vencidos de la Guerra Civil hay dos líneas de investigación que los expertos insisten en no olvidar. Por un lado, la necesidad de investigar y devolver el conocido como "dinero rojo". Esto es, el dinero que fue emitido en zona republicana durante la Guerra Civil y que tras el fin de la contienda dejó de tener validez. De hecho, las familias republicanas fueron conminadas a entregar su dinero en las sucursales bancarias. A cambio se les entregaba un recibí con el siguiente lema: "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Según un documento del Banco de España fechado en 1938, hasta esa fecha, los republicanos habían entregado ya 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.
Franco entra en la Catedral de Oviedo con la Cruz de la Victoria en septiembre de 1942.
Aunque el tema tiene mucha más tela que cortar. Según los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares. Se han agrupado en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, conservan los recibís que las autoridades franquistas entregaron a sus familiares y continúan reclamando a día de hoy la devolución de su dinero con intereses. De hecho, el Congreso aprobó en 2017 una Proposición No de Ley para que el Estado devuelva este dinero a las familias afectadas.
Las 6.228 obras nunca devueltas a sus propietarios
Por último, cabría incluir el expolio cultural, posiblemente una de las líneas menos investigadas del ya de por sí poco investigado expolio franquista. La arqueóloga y doctora por la UCM especializada en Historia Antigua y Prehistoria Alicia Torija explica cómo a raíz de la Guerra Civil hay muchas obras culturales que habían sido catalogadas previamente por las autoridades republicanas y que tras el fin de la Guerra Civil desaparecieron, se desubicaron, se vendieron o cambiaron de propietarios en condiciones poco aclaradas. En este sentido, Torija se refiere a obras de arte, pero no sólo. También a piezas arqueológicas, cartas históricas o muebles y elementos que pertenecían al patrimonio nacional y que, después de la Guerra, pasaron a manos y colecciones privadas.
Echadora de cartas, Zuloaga, en el Museo de Bellas Artes de Asturias desde 1941.
"El problema, en este caso, es que es un expolio aún más difícil de investigar porque es dificilísimo que se dejen huellas o rastros para mostrar su antigua propiedad. Un ejemplo es en la arqueología. Si un objeto no estaba fotografiado, ¿cómo demuestras que era el tuyo y no otro?", prosigue Torija.
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado y el profesor Isidro Moreno han elaborado una investigación que cataloga un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo la dictadura con las piezas de arte que el Gobierno republicano confiscó para salvaguardarlas de los bombardeos. La conclusión, tal y como contó El País, es que, de las obras que permanecieron en España, 7.657 de ellas fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero otras 6.228 nunca volvieron a manos de sus dueños.
Así, decenas de republicanos perdieron la propiedad de sus colecciones y obras o porque no pudieron reclamar sus bienes o porque estaban muertos, en prisión, en el exilio o temían represalias. Un ejemplo, tal y como describe este artículo de Fernando Olmeda es el de la colección de arte del militar José Sicardo, que vio como algunas de sus obras fueron entregadas a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces. La investigación de Colorado también muestra que, además de adeptos al régimen, también fueron favorecidos por el expolio entidades como Falange o Sección Femenina.
La tarea es ingente y la devolución de las propiedades complicadas. Sin embargo, hay una sensación común: investigar con todos los recursos disponibles es el primer paso para conseguir justicia que, en este caso, no es otra cosa que recuperar lo que el franquismo robó en nombre de Dios y de España.
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"Emilio Hellín, autor de los dos primeros disparos, fue condenado a 43 años y medio de prisión. Sin embargo, consiguió fugarse de prisión en febrero de 1987 y se instaló en Asunción (Paraguay). Regresaría a España en septiembre de 1990 tras ser detenido por la Interpol. Finalmente, cumplió 14 años en prisión de los 43 años a los que fue condenado. Ignacio Abad, autor del tercer disparo, fue condenado a 28 año, ocho meses y un día.
Los otros dos integrantes del comando ultraderechista, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, fueron sentenciados a seis años. El ex guardia civil en la reserva y responsable de Seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, también fue condenado a seis años por inducción del secuestro de Yolanda.
Pero las penas no reflejan el suplicio que se convirtió el proceso judicial para familiares y amigos. El periodista Carlos Fonseca cuenta en la obra No te olvides de mí (Planeta) cómo el juez denegó los requerimientos de las acusaciones para que investigara si las armas incautadas pertenecían a los Cuerpos de Seguridad y también da cuenta de la desaparición de un ordenador en el lugar de trabajo de Hellín que los abogados sospechaban podía estar conectado con los servicios de información. También se ignoraron las acusaciones que se hicieron contra otros miembros de Fuerza Nueva.
"Había armas del Ejército regular en la oficina de su asesino, Emilio Hellín, la cabeza del comando, que sigue sin arrepentirse. Me dejó anonadado su presentación ante al juez al comienzo de la vista,delante de la familia y de todos nosotros: 'Señor juez, yo soy hijo del cuerpo'. Nació en casa cuartel de la Guardia Civil, y se consideraba parte del aparato del estado por nacimiento", recuerda Ángel Varón, compañero de militancia de González.
Pero la vergüenza de vivir en un país que no termina de romper con su pasado más oscuro regresó 33 años después. "Como una pesadilla que no acaba, en 2013 descubrimos que su asesino, Emilio Hellín, había trabajado asesorando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", recuerda Marta Cárdaba, compañera del PST de Yolanda González. "
www.publico.es
Los otros dos integrantes del comando ultraderechista, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, fueron sentenciados a seis años. El ex guardia civil en la reserva y responsable de Seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, también fue condenado a seis años por inducción del secuestro de Yolanda.
Pero las penas no reflejan el suplicio que se convirtió el proceso judicial para familiares y amigos. El periodista Carlos Fonseca cuenta en la obra No te olvides de mí (Planeta) cómo el juez denegó los requerimientos de las acusaciones para que investigara si las armas incautadas pertenecían a los Cuerpos de Seguridad y también da cuenta de la desaparición de un ordenador en el lugar de trabajo de Hellín que los abogados sospechaban podía estar conectado con los servicios de información. También se ignoraron las acusaciones que se hicieron contra otros miembros de Fuerza Nueva.
"Había armas del Ejército regular en la oficina de su asesino, Emilio Hellín, la cabeza del comando, que sigue sin arrepentirse. Me dejó anonadado su presentación ante al juez al comienzo de la vista,delante de la familia y de todos nosotros: 'Señor juez, yo soy hijo del cuerpo'. Nació en casa cuartel de la Guardia Civil, y se consideraba parte del aparato del estado por nacimiento", recuerda Ángel Varón, compañero de militancia de González.
Pero la vergüenza de vivir en un país que no termina de romper con su pasado más oscuro regresó 33 años después. "Como una pesadilla que no acaba, en 2013 descubrimos que su asesino, Emilio Hellín, había trabajado asesorando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", recuerda Marta Cárdaba, compañera del PST de Yolanda González. "
Yolanda González en la memoria, 40 años después de último asesinato del franquismo
La joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores fue asesinada por un comando de extrema derecha la noche del 1 de febrero de 1980.
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pilou12
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"UN TEXTO SIMULADO Y COMPLETAMENTE NULO"
El pazo de Meirás, más cerca de pasar de la familia Franco a manos públicas
Arranca el proceso judicial iniciado por el Estado para anular la escritura de compraventa de la emblemática propiedad gallega
El pazo de Meirás. (EFE)
AUTOR
JORGE C. PARCERO
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FRANCISCO FRANCO
30/01/2020
El pasado mes de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenaba hacer constar en el registro de la propiedad que el pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, estaba inmerso en una causa judicial. Una medida cautelar que buscaba evitar que la familia Francovendiera la que en tiempos fue residencia veraniega del dictador.
Y a partir de mañana, en ese mismo juzgado comenzará la audiencia previa con la presentación por parte del Estado de una demanda de juicio para pedir que se declare la nulidad de la donación del pazo efectuada en el año 1938 entre la Junta pro Pazo y Francisco Franco.
También se tratará de declarar nula la escritura de compraventa firmada en 1941 y que se declare que pertenecen al Estado las edificaciones y los terrenos que lo componen.
Franco y su familia. (Cordon Press)
La demanda presentada por la Abogacía del Estado para recuperar la propiedad de manos de sus actuales propietarios argumenta que "la situación posesoria de Francisco Franco y sus herederos se basa en un título, la escritura de compraventa de 1941, que es un texto simulado y completamente nulo, y cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular".
La mencionada escritura de compraventa se cerró entre la entonces propietaria del pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas.
La titular del juzgado ha admitido además que el Ayuntamiento de A Coruña se persone en el procedimiento sobre la propiedad como parte interesada, a instancias de una moción presentada por el BNG y ampliada por la Marea con el objeto de reclamar también la propiedad de la casa Cornide –un edificio de estilo barroco situado en la Ciudad Vieja coruñesa– que también está en manos de la familia Franco.
Anuncio de venta del pazo en 2018. (Cordon Press)
Los Franco, que están obligados a abrir la casa al público un determinado número de días al año, pusieron a la venta el pazo en 2018 por 8 millones de euros. Un movimiento auspiciado por los nietos del dictador y acelerado tras el fallecimiento de la única hija de Franco, Carmen Polo. Ese mismo año unos activistas ocuparon el pazo con el objetivo de que este fuera “devuelto al pueblo”.
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Arranca el proceso judicial iniciado por el Estado para anular la escritura de compraventa de la emblemática propiedad gallega
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30/01/2020
El pasado mes de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenaba hacer constar en el registro de la propiedad que el pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, estaba inmerso en una causa judicial. Una medida cautelar que buscaba evitar que la familia Francovendiera la que en tiempos fue residencia veraniega del dictador.
Y a partir de mañana, en ese mismo juzgado comenzará la audiencia previa con la presentación por parte del Estado de una demanda de juicio para pedir que se declare la nulidad de la donación del pazo efectuada en el año 1938 entre la Junta pro Pazo y Francisco Franco.
También se tratará de declarar nula la escritura de compraventa firmada en 1941 y que se declare que pertenecen al Estado las edificaciones y los terrenos que lo componen.
Franco y su familia. (Cordon Press)
La demanda presentada por la Abogacía del Estado para recuperar la propiedad de manos de sus actuales propietarios argumenta que "la situación posesoria de Francisco Franco y sus herederos se basa en un título, la escritura de compraventa de 1941, que es un texto simulado y completamente nulo, y cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular".
La mencionada escritura de compraventa se cerró entre la entonces propietaria del pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas.
La titular del juzgado ha admitido además que el Ayuntamiento de A Coruña se persone en el procedimiento sobre la propiedad como parte interesada, a instancias de una moción presentada por el BNG y ampliada por la Marea con el objeto de reclamar también la propiedad de la casa Cornide –un edificio de estilo barroco situado en la Ciudad Vieja coruñesa– que también está en manos de la familia Franco.
Anuncio de venta del pazo en 2018. (Cordon Press)
Los Franco, que están obligados a abrir la casa al público un determinado número de días al año, pusieron a la venta el pazo en 2018 por 8 millones de euros. Un movimiento auspiciado por los nietos del dictador y acelerado tras el fallecimiento de la única hija de Franco, Carmen Polo. Ese mismo año unos activistas ocuparon el pazo con el objetivo de que este fuera “devuelto al pueblo”.
El pazo de Meirás, más cerca de pasar de la familia Franco a manos públicas
Arranca el proceso judicial iniciado por el Estado para anular la escritura de compraventa de la emblemática propiedad gallega
No sé si os interesa pero por si acaso ahora en la TVE 2 están dando una pelicula protagonizada por Marisol (Pepa Flores) ejerciendo de maestra en un pueblo pequeño en tiempos de finalización de la Guerra Civil.
Creo que es muy interesante.
Hay un chico mayor que se tiene que poner a leer y escribir con los pequeños. Me ha recordado por ello a mi suegro.
Creo que es muy interesante.
Hay un chico mayor que se tiene que poner a leer y escribir con los pequeños. Me ha recordado por ello a mi suegro.
01-02-1941: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
01 de febrero de 2020 por Redacción FNFF
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Tal día como hoy, pero en 1941, mediante la Ley de Ordenación Ferroviaria y Transportes por Carretera, se crea la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, más conocida como RENFE.
La nueva empresa aglutinará a toda la red de vía de ancho ibérico (1.674 mm), rescatando de la quiebra las concesiones ferroviarias que se otorgaron a las antiguas compañías, destacando La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, MZA, OESTE o Andaluces, sumando un total de 12.401 km, que pasarán a formar parte de una red única bajo una gestión autárquica, con pocos recursos pero con mucha voluntad que fueron imprescindibles para sacar adelante este gran proyecto ferroviario en esos tiempos tan complicados
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