Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
- AutorAl loro
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En Bruselas tenía casa y tener domicilio conocido le benefició para estar en libertad. No sé si podrá buscar casa en Alemania y poder estar en libertad hasta que se resuelva su situación jurídica. Van a ser cuatro países: Bélgica, Suiza, Escocia y Alemania los que tengan que intervenir en todo éste conflicto. ¡Menuda marca España!
Puede no, va a peor. Todos los que no son de la derecha y/o franquistas se han llevado las manos a la cabeza desde hace tiempo al ver que éste tema que tendría que tener una solución dialogada, se le ha dado la patada y se le ha mandado el asunto a los tribunales de Justicia, y vemos que la Justicia en España con gente de la izquierda o derecha no se comporta de la misma manera, es muy peculiar por no decir otra cosa de mas hondo calado.
La situación es complicada, a ver como lo resuelven.
Sus abogados piensan que le van a dejar en libertad hasta que resuelvan si la extraditan o no.
No cabe duda que el conflicto calatalán sea internacionalizado.
P
paulino
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Waterloo en Alemania
TRIBUNA
LPO
EDITORIAL: El prófugo Carles Puigdemont, bajo la ley
El § 81 del Código Penal alemán, que castiga la "Alta traición contra el Estado Federal" dispone lo siguiente: "(1) El que con violencia o con amenaza de violencia tratare de: 1. menoscabar la integridad de la República Federal de Alemania o, 2.modificar el orden constitucional basado en la Ley Fundamental [de Bonn], será castigado con prisión perpetua [revisable a los 15 años] o prisión no inferior a los diez años. (2) En casos menos graves la pena será de privación de libertad de uno a diez años".
Contra Puigdemont se ha dictado por el Tribunal Supremo español una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). La regulación de esta Orden es idéntica en todos los países pertenecientes a la Unión Europea, ya que los legisladores nacionales europeos se han limitado a transponer a sus Derechos positivos la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, modificada por Decisión Marco 2009/299/JAI. En España, la regulación de esa Orden se contiene actualmente en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (LRM), que ya había sido transpuesta al Derecho nacional por la anterior Ley 3/2003, de 14 de marzo.
A diferencia de lo que sucede con las peticiones de extradición, en la ejecución de la OEDE no intervienen para nada los Gobiernos, sino que la comunicación se establece entre las distintas autoridades judiciales del Estado de emisión y del Estado de ejecución.
La entrega se realiza, sin más, independientemente de si lo hechos están tipificados o no en el Derecho del Estado requerido (derogación del principio de doble incriminación), cuando los delitos por los que se requiere dicha entrega figuran en un catálogo cerrado, contenido, en la transposición española, en el artículo 20.1 LRM. Dentro de ese catálogo figuran ilícitos como "corrupción" y "fraude" hechos que se corresponden con el delito de malversación, que es uno de los dos por los que se reclama a Carles Puigdemont. Por lo demás, ni siquiera era necesario que la malversación figurase en tal catálogo, ya que es un delito que también se castiga en el Código Penal alemán. Ciertamente que entre esos delitos del catálogo no figura la rebelión, pero, en ese caso, el Estado de ejecución viene obligado también a la entrega si se da el requisito de la "doble tipificación" (art. 20.4 LRM), que es lo que sucede en este caso respecto de la rebelión, puesto que el tipo español tiene una correspondencia idéntica en el § 81 del Código Penal alemán que he transcrito al comienzo.
La OEDE tiene una tramitación mucho más rápida que las peticiones de extradición, ya que responde, por confianza mutua, al principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dentro del ámbito de la Unión Europea.
Por otra parte, el auto del pasado 21 de marzo por el que se procesa a Carles Puigdemont y a otros políticos catalanes, y que también se les hará llegar, normalmente ya traducido al alemán a las autoridades germanas, contiene unos Antecedentes de Hecho tan minuciosamente elaborados y motivados por el juez Llarena, sobre cuál ha sido la conducta del ex presidente de la Generalitat, que en ningún caso podrá alegarse oscuridad sobre qué hechos son los que se le imputan. Por todo ello, la entrega a España de Puigdemont por parte de las autoridades judiciales alemanas por los dos delitos por los que se le reclama me parece imparable. Puigdemont no habrá tenido, entonces, su Waterloo particular en Bélgica sino en Alemania.
Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro, El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdeF, 2017), contiene también una Autosemblanza del autor.
TRIBUNA
- ENRIQUE GIMBERNAT
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- 26 MAR. 2018 08:39
LPO
EDITORIAL: El prófugo Carles Puigdemont, bajo la ley
El § 81 del Código Penal alemán, que castiga la "Alta traición contra el Estado Federal" dispone lo siguiente: "(1) El que con violencia o con amenaza de violencia tratare de: 1. menoscabar la integridad de la República Federal de Alemania o, 2.modificar el orden constitucional basado en la Ley Fundamental [de Bonn], será castigado con prisión perpetua [revisable a los 15 años] o prisión no inferior a los diez años. (2) En casos menos graves la pena será de privación de libertad de uno a diez años".
Contra Puigdemont se ha dictado por el Tribunal Supremo español una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). La regulación de esta Orden es idéntica en todos los países pertenecientes a la Unión Europea, ya que los legisladores nacionales europeos se han limitado a transponer a sus Derechos positivos la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, modificada por Decisión Marco 2009/299/JAI. En España, la regulación de esa Orden se contiene actualmente en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (LRM), que ya había sido transpuesta al Derecho nacional por la anterior Ley 3/2003, de 14 de marzo.
A diferencia de lo que sucede con las peticiones de extradición, en la ejecución de la OEDE no intervienen para nada los Gobiernos, sino que la comunicación se establece entre las distintas autoridades judiciales del Estado de emisión y del Estado de ejecución.
La entrega se realiza, sin más, independientemente de si lo hechos están tipificados o no en el Derecho del Estado requerido (derogación del principio de doble incriminación), cuando los delitos por los que se requiere dicha entrega figuran en un catálogo cerrado, contenido, en la transposición española, en el artículo 20.1 LRM. Dentro de ese catálogo figuran ilícitos como "corrupción" y "fraude" hechos que se corresponden con el delito de malversación, que es uno de los dos por los que se reclama a Carles Puigdemont. Por lo demás, ni siquiera era necesario que la malversación figurase en tal catálogo, ya que es un delito que también se castiga en el Código Penal alemán. Ciertamente que entre esos delitos del catálogo no figura la rebelión, pero, en ese caso, el Estado de ejecución viene obligado también a la entrega si se da el requisito de la "doble tipificación" (art. 20.4 LRM), que es lo que sucede en este caso respecto de la rebelión, puesto que el tipo español tiene una correspondencia idéntica en el § 81 del Código Penal alemán que he transcrito al comienzo.
La OEDE tiene una tramitación mucho más rápida que las peticiones de extradición, ya que responde, por confianza mutua, al principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dentro del ámbito de la Unión Europea.
Por otra parte, el auto del pasado 21 de marzo por el que se procesa a Carles Puigdemont y a otros políticos catalanes, y que también se les hará llegar, normalmente ya traducido al alemán a las autoridades germanas, contiene unos Antecedentes de Hecho tan minuciosamente elaborados y motivados por el juez Llarena, sobre cuál ha sido la conducta del ex presidente de la Generalitat, que en ningún caso podrá alegarse oscuridad sobre qué hechos son los que se le imputan. Por todo ello, la entrega a España de Puigdemont por parte de las autoridades judiciales alemanas por los dos delitos por los que se le reclama me parece imparable. Puigdemont no habrá tenido, entonces, su Waterloo particular en Bélgica sino en Alemania.
Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro, El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdeF, 2017), contiene también una Autosemblanza del autor.
El tema es saber lo considera Alemania como violencia, y después si esa violencia es achacable a Puigdemont.
El caso Tejero es clarísimo para ver las diferencias. Hubo violencia directa a las personas, con pistola en alto y disparos en el hemiciclo, y lo hizo personalmente Tejero.
Puigdemont está muy lejos de ello. Veremos que lo que dilucida no sólo la Justicia Alemana, sino la belga, suiza y escocesa.
El caso Tejero es clarísimo para ver las diferencias. Hubo violencia directa a las personas, con pistola en alto y disparos en el hemiciclo, y lo hizo personalmente Tejero.
Puigdemont está muy lejos de ello.
Veremos que lo que dilucida no sólo la Justicia Alemana, sino la belga, suiza y escocesa.Lo de la violencia no es necesaria, también meten como delito el “intento” con pena de 10 años.
La perpetua alemana dice “pena privativa de libertad de por vida”. Al parecer es una permanente revisable, de esas que aquí quieren quitar.
P
paulino
Guest
Lo que dice Gimbernat es que el Juez alemán ni entra si ha habido violencia o no, sino que el sistema dá por buenas las resoluciones judiciales de otro país si los HECHOS descritos coinciden con algún precepto penal del país receptor de la euroorden. Y los hechos descritos por el Juez Llarena coinciden con el art. 81 del CP alemán. Punto.
La vida al revés. Los catalanes son los más anti demócratas. Véase el golpe de estado. Menos mal que el juez Llarena en tres días se ha cepillado el pruceeessss. Con la guinda de la caza y captura de Pelomocho.De necesidad virtud
Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española
Javier Pérez Royo
25/03/2018 - 21:14h
Carles Puigdemont en Bruselas.
Con la detención de Carles Puigdemont en Alemania van a ser jueces y tribunales de cuatro países europeos los que van a tener que pronunciarse sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llanera. Si inicialmente era la judicatura belga exclusivamente la que tendría que haber tomado una decisión, en este momento, además de la belga, tendrán que intervenir las judicaturas alemana, escocesa y suiza. La incorporación de la justicia alemana no significa, en principio, nada más que eso. Todos los políticos nacionalistas exiliados iban a tener que comparecer ante un juez belga, escocés o suizo. Ahora, además, uno de ellos lo va a tener que hacer ante un juez alemán.
Cada uno de estos países tiene un ordenamiento jurídico distinto, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, además de tradiciones jurídicas diferentes en un terreno tan proceloso jurídicamente como el que tienen delante de si.
Quiero decir con ello que, en este momento, de lo único que podemos estar seguros es de que se va a entrar en una batalla procesal de duración incierta, pero que consumirá, en todo caso, varios meses.
La intervención del poder judicial de cuatro países diferentes es, en principio, positiva. Si todos ellos consideran que la eurorden cursada por el juez español está justificada, no podrá haber la más mínima sombra de duda acerca de la misma, independientemente de la opinión personal que se tenga sobre ella. Las reglas del juego son las reglas del juego y hay intérpretes de las mismas con autoridad reconocida en el universo jurídico en el que España está integrada.
Jurídicamente no se puede decir prácticamente nada más. En los próximos días y semanas, en función de lo que vaya sucediendo, podremos ir teniendo una idea más precisa de lo que pueda ser el final de los diversos procesos, aunque, como siempre ocurre en estos asuntos, habrá que esperar hasta que se pronuncie la más alta instancia judicial competente en cada país.
Pero políticamente, este nuevo capítulo judicial viene a añadir un elemento de complejidad adicional a una situación ya muy compleja. Es obvio que los partidos nacionalistas, que son los únicos que pueden formar gobierno con los resultados del 21-D, van a tener que consumir mucha energía en el frente judicial que se ha abierto y no se van a encontrar en las mejores condiciones anímicas para centrarse en lo que tendrían que centrarse, que no es otra cosa que la formación del Gobierno.
Es posible que ocurra lo contrario y que los partidos nacionalistas consideren que, precisamente porque la situación está tan complicada, no se puede perder más tiempo en formar gobierno y en crear las condiciones para que dejen de estar en vigor las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 CE. Sería deseable que así fuera, pero la trayectoria de la política catalana y española de los últimos años no permite ser demasiado optimistas. Hasta el momento todo lo que se ha podido torcer, se ha torcido. En ningún momento se ha avanzado ni un milímetro en la dirección de una respuesta razonable para el conflicto.
En todo caso, los dos meses para la disolución automática del Parlament si no hay investidura ya están corriendo y, en consecuencia, el margen del que se dispone es mínimo. La repetición de elecciones no es, en mi opinión, una opción tan posible jurídicamente como imposible en términos políticos. Supondría el fin definitivo del ejercicio del derecho a la autonomía tal como se ha ejercido desde 1980. Si las elecciones del 21-D estuvieron viciadas de raíz por las querellas ante el Tribunal Supremo, ¿qué habría que decir de las elecciones del próximo 15 de julio?
Hay que cruzar los dedos y esperar que el nacionalismo haga de necesidad virtud y sea capaz de sobreponerse a una situación tan adversa. De lo contrario, habrá que prepararse para el fin definitivo de la Constitución Territorial de 1978, lo que es lo mismo que decir el fin definitivo del sistema político articulado con base en dicha Constitución.
Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española.
https://www.eldiario.es/zonacritica/necesidad-virtud_6_753884618.html
Última edición:
Puigdemont ha incitado a la violencia, a la rebelión. Más que probado. Espero le condenen a 15 o 20 años. Desde NeueMünster este no ve la luz en libertad más hasta caerse de viejo.El tema es saber lo considera Alemania como violencia, y después si esa violencia es achacable a Puigdemont.
El caso Tejero es clarísimo para ver las diferencias. Hubo violencia directa a las personas, con pistola en alto y disparos en el hemiciclo, y lo hizo personalmente Tejero.
Puigdemont está muy lejos de ello.
- Estado
