La Fiscalía denuncia por delito societario a Dancausa y al hermano de González por la operación de Mercaocio.
La Fiscalía de Madrid ha presentado denuncia por delito societario contra la exdelegada del Gobierno en la época de Ana Botella, Concepción Dancausa y entonces presidenta de Mercamadrid; el hermano de Ignacio González, Pablo González, como director de operaciones de Mercasa y consejero en la empresa mixta Mercamadrid; y otros catorce cargos públicos.
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en una foto de archivo. / GETTY IMAGES.
En la operación se adjudicaron unos terrenos a la empresa Mercaocio, del dueño del Algarrobico, José Domingo Rodríguez Losada, levantaron unas naves en Mercamadrid y se blindó un contrato de alquiler por 14 millones de euros. Un alquiler hasta el año 2032 para levantar un área de productos de denominación de origen en el mayor mercado del mundo del que no hay ni rastro más de un año después.
Los contratos están firmados por la coordinadora de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, bajo la presidencia en Mercamadrid de Concepción Dancausa. Una de las cláusulas del documento establece que si se resolviera el contrato antes del año 2032 por decisión de Mercamadrid, ésta deberá "indemnizar a Mercaocio con una cantidad equivalente a la renta que quede por cumplir".
En julio de 2015 la cadena SER desveló la operación y el Ayuntamiento de Manuela Carmena y el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, remitieron a la Fiscalía un escrito de 28 folios con el detalle de los contratos firmados por el anterior consistorio y denunciaron malversación de caudales públicos.
Según el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso la Cadena SER, con fecha de 3 de abril, el fiscal jefe José Javier Polo da traslado de las diligencias al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid para su reparto por un "delito societario del art. 295 del Código Penal" tras unas diligencias de investigación que arrancaron el pasado 1 de septiembre de 2016.
Dancausa respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía
En un comunicado, Concepción Dancausa ha explicado que respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero que no la comparte “en absoluto”. Añade que “no obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor”.
La exdelegada del Gobierno en Madrid dice en la nota que se ratifica en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. “El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración”, asegura en el comunicado.
Finaliza la nota diciendo que quiere dejar claro que “el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fui presidenta fue velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado, puesto que estábamos sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis”.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/25/tribunales/1493104530_738639.html
La Fiscalía de Madrid ha presentado denuncia por delito societario contra la exdelegada del Gobierno en la época de Ana Botella, Concepción Dancausa y entonces presidenta de Mercamadrid; el hermano de Ignacio González, Pablo González, como director de operaciones de Mercasa y consejero en la empresa mixta Mercamadrid; y otros catorce cargos públicos.
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en una foto de archivo. / GETTY IMAGES.
En la operación se adjudicaron unos terrenos a la empresa Mercaocio, del dueño del Algarrobico, José Domingo Rodríguez Losada, levantaron unas naves en Mercamadrid y se blindó un contrato de alquiler por 14 millones de euros. Un alquiler hasta el año 2032 para levantar un área de productos de denominación de origen en el mayor mercado del mundo del que no hay ni rastro más de un año después.
Los contratos están firmados por la coordinadora de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, bajo la presidencia en Mercamadrid de Concepción Dancausa. Una de las cláusulas del documento establece que si se resolviera el contrato antes del año 2032 por decisión de Mercamadrid, ésta deberá "indemnizar a Mercaocio con una cantidad equivalente a la renta que quede por cumplir".
En julio de 2015 la cadena SER desveló la operación y el Ayuntamiento de Manuela Carmena y el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, remitieron a la Fiscalía un escrito de 28 folios con el detalle de los contratos firmados por el anterior consistorio y denunciaron malversación de caudales públicos.
Según el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso la Cadena SER, con fecha de 3 de abril, el fiscal jefe José Javier Polo da traslado de las diligencias al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid para su reparto por un "delito societario del art. 295 del Código Penal" tras unas diligencias de investigación que arrancaron el pasado 1 de septiembre de 2016.
Dancausa respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía
En un comunicado, Concepción Dancausa ha explicado que respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero que no la comparte “en absoluto”. Añade que “no obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor”.
La exdelegada del Gobierno en Madrid dice en la nota que se ratifica en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. “El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración”, asegura en el comunicado.
Finaliza la nota diciendo que quiere dejar claro que “el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fui presidenta fue velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado, puesto que estábamos sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis”.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/25/tribunales/1493104530_738639.html
La Comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 cita a declarar a Gallardón
Ampliar
Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia
El Ayuntamiento de Madrid ha constituido este lunes la comisión que investigará las presuntas irregularidades de esa sociedad.
Por E.B.
Lunes 24 de abril de 2017, 11:54h
El Ayuntamiento de Madrid constituye este lunes la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 que investigará las presuntas irregularidades llevadas a cabo por esa sociedad mixta durante la etapa de Alberto Ruíz Gallardón como alcalde de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid constituye este lunes la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 que investigará las presuntas irregularidades llevadas a cabo por esa sociedad mixta durante la etapa de Alberto Ruíz Gallardón como alcalde de la capital.
La elección de un modelo de gestión mediante sociedad mixta – 80% el Ayuntamiento y 20% EMESA S.A. – para Madrid Calle 30 ha costado a las arcas municipales 554 millones de euros entre 2005 y 2015. Si el contrato se mantiene así hasta 2040 – fecha en que finaliza la concesión –, el desembolso rondaría los 2.550 millones de euros.
La empresa EMESA S.A. está compuesto por Ferrovial, Dragados y API Conservación, y se dedica a la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras.
Sin embargo, según un informe que publicó la Cámara de Cuentas, el modelo de gestión elegido ha sido profundamente “perjudicial” para las arcas públicas y ha estado lleno de “irregularidades”. Por ejemplo, las obras de reforma de la M30 que diseñó Gallardón se presupuestaron en 2.458 millones de euros, y acabaron costando un 42% más.
Según informa Ahora Madrid, la única fuente de ingresos de EMESA S.A. procede del Ayuntamiento, a través de una transferencia superior a los 100 millones de euros al año.
La Comisión de Investigación pretende que Alberto Ruíz Gallardón y su número dos, Manuel Cobo declaren en la comisión. Junto a ellos, han sido citados la entonces responsable de Urbanismo, Pilar Martínez; el director de las obras, Manuel Melis; y representantes del socio privado EMESA S.A. La declaración es voluntad de los solicitados.
http://www.elboletin.com/noticia/14...rid-calle-30-cita-a-declarar-a-gallardon.html
Ampliar
Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia
El Ayuntamiento de Madrid ha constituido este lunes la comisión que investigará las presuntas irregularidades de esa sociedad.
Por E.B.
Lunes 24 de abril de 2017, 11:54h
El Ayuntamiento de Madrid constituye este lunes la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 que investigará las presuntas irregularidades llevadas a cabo por esa sociedad mixta durante la etapa de Alberto Ruíz Gallardón como alcalde de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid constituye este lunes la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 que investigará las presuntas irregularidades llevadas a cabo por esa sociedad mixta durante la etapa de Alberto Ruíz Gallardón como alcalde de la capital.
La elección de un modelo de gestión mediante sociedad mixta – 80% el Ayuntamiento y 20% EMESA S.A. – para Madrid Calle 30 ha costado a las arcas municipales 554 millones de euros entre 2005 y 2015. Si el contrato se mantiene así hasta 2040 – fecha en que finaliza la concesión –, el desembolso rondaría los 2.550 millones de euros.
La empresa EMESA S.A. está compuesto por Ferrovial, Dragados y API Conservación, y se dedica a la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras.
Sin embargo, según un informe que publicó la Cámara de Cuentas, el modelo de gestión elegido ha sido profundamente “perjudicial” para las arcas públicas y ha estado lleno de “irregularidades”. Por ejemplo, las obras de reforma de la M30 que diseñó Gallardón se presupuestaron en 2.458 millones de euros, y acabaron costando un 42% más.
Según informa Ahora Madrid, la única fuente de ingresos de EMESA S.A. procede del Ayuntamiento, a través de una transferencia superior a los 100 millones de euros al año.
La Comisión de Investigación pretende que Alberto Ruíz Gallardón y su número dos, Manuel Cobo declaren en la comisión. Junto a ellos, han sido citados la entonces responsable de Urbanismo, Pilar Martínez; el director de las obras, Manuel Melis; y representantes del socio privado EMESA S.A. La declaración es voluntad de los solicitados.
http://www.elboletin.com/noticia/14...rid-calle-30-cita-a-declarar-a-gallardon.html
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Ellos mismos se delatan
Hemos llegado a un punto que hay que ilegalizar el Partido Podrido.
Hasta nuevas elecciones que el gobierno lo asuma una gestora y los jueces con toda libertad sigan juzgando a los corruPPtos que todavía quedan muchos por juzgar y detener.
El PS y Naranjito no puede un minuto mas dar apoyo a un gobierno podrido.
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La banda criminal PP se niega a disolverse
"Tampoco entregaremos los sobres" ha declarado su líder
JOAN FERRÚS & MODGI
26 abril 2017
En un comunicado publicado en el diario ‘La Razón’, el líder de la organización criminal conocida como Partido Popular, Mariano Rajoy, apodado “el Deretxoki”, ha confirmado que la banda continuará adelante con su actividad de saqueo de dinero público.
A pesar de la persecución judicial a la que se ven sometidos, los delincuentes se han negado a entregar los sobres y tampoco se han mostrado dispuestos a pactar ningún tipo de tregua.
En colaboración con la policía suiza, los agentes españoles han localizado diversos zulos del PP en Madrid y han detenido a dirigentes históricos como Ignacio González, alias “Aguirrito”, o incluso a Manuel Moix, un fiscal Anticorrupción al que la banda tenía comprado.
"No cederemos en nuestra actividad. No servirá que paren las detenciones ni que acerquéis los presos peperos a su casa: Suiza" ha amenazado Deretxoki. "Nuestra lucha continuará hasta las últimas consecuencias"
La banda sabe que cuenta con un grandísimo apoyo por parte del pueblo. Además, no reconoce la legitimidad de los tribunales que les acusan. Solo reconocen la legitimidad de los jueces que ellos han puesto a dedo.
"Tampoco entregaremos los sobres" ha declarado su líder
JOAN FERRÚS & MODGI
26 abril 2017
En un comunicado publicado en el diario ‘La Razón’, el líder de la organización criminal conocida como Partido Popular, Mariano Rajoy, apodado “el Deretxoki”, ha confirmado que la banda continuará adelante con su actividad de saqueo de dinero público.
A pesar de la persecución judicial a la que se ven sometidos, los delincuentes se han negado a entregar los sobres y tampoco se han mostrado dispuestos a pactar ningún tipo de tregua.
En colaboración con la policía suiza, los agentes españoles han localizado diversos zulos del PP en Madrid y han detenido a dirigentes históricos como Ignacio González, alias “Aguirrito”, o incluso a Manuel Moix, un fiscal Anticorrupción al que la banda tenía comprado.
"No cederemos en nuestra actividad. No servirá que paren las detenciones ni que acerquéis los presos peperos a su casa: Suiza" ha amenazado Deretxoki. "Nuestra lucha continuará hasta las últimas consecuencias"
La banda sabe que cuenta con un grandísimo apoyo por parte del pueblo. Además, no reconoce la legitimidad de los tribunales que les acusan. Solo reconocen la legitimidad de los jueces que ellos han puesto a dedo.
Como muy bien dijo un juez,es una organización criminal.La gente que nunca se ha preocupado por conocer las intrigas políticas de esos dos partidos que han gobernado,están desconcertadas.No salen de su asombro,y reaccionan pensando que todos los partidos son iguales y eso es muy peligroso,entre el adoctrinamiento de los medios,las mentiras de los políticos de "toda la vida"la falta de trabajo,el que trabaja que no le llega a fin de mes,los servicios básicos subiendo,la calidad de la educación y sanidad bajando y el partido en el poder robando,está España hundida en la miseria moral y económica.
La desautorización de Moix y Maza
La estrepitosa entrada del nuevo fiscal jefe en Anticorrupción y la firme respuesta de sus subordinados pronostican tiempos de zozobra para los delincuentes incrustados en la organización que lo aupó: el PP de Rajoy
EDUARDO BAYONA
El fiscal Anticorrupción Moix con Esperanza Aguirre, en julio de 2012.
COMUNIDAD DE MADRID
26 DE ABRIL DE 2017
¿Qué habrá llevado a Mariano Rajoy a llevarse la contraria a sí mismo y a saltarse aquel principio suyo según el cual “lo que funciona no se debe cambiar”? ¿Cuál será el motivo para saltarse uno de los pocos códigos que ha formulado sin ambigüedad a lo largo de sus doce trienios en la cosa pública? ¿Quizá el temor de que en la opinión pública comiencen a pesar más las tres últimas palabras que las tres primeras de aquel histórico “todo es falso salvo alguna cosa”? ¿Traerá causa de alguna percepción? ¿O de una evidencia? Quién sabe. Hablamos de Rajoy, ese estadista en construcción que, dentro de unas semanas, no tendrá más remedio que explicar ante un tribunal, bajo juramento o promesa, qué sabe de las cuentas de su partido.
En cualquier caso, una de las primeras decisiones de su renovado ejecutivo, como fue la designación de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General de Estado, abrió una cascada de decisiones que, por lo pronto y con la elección de Manuel Moix para dirigir Anticorrupción, han logrado sacudir las estructuras de una de las estructuras más poderosas del Estado: el ministerio público y, especialmente, su órgano especializado en perseguir la delincuencia de cuello blanco.
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada(Anticorrupción en lenguaje coloquial) funcionaba. Incluso puede asegurarse sin temor a errar que funcionaba “bastante bien”: 18 condenas en 22 juicios en un año, con entre 28 y 43 casos nuevos por ejercicio en lo que va de década y 371 asuntos abiertos (la mayoría son ejecuciones) para 24 fiscales apoyados por otros 19 delegados en comunidades autónomas y diez más temporales, según la última memoria del ministerio público, con datos de 2015.
LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD FUNCIONABA. INCLUSO PUEDE ASEGURARSE SIN TEMOR A ERRAR QUE FUNCIONABA “BASTANTE BIEN”: 18 CONDENAS EN 22 JUICIOS EN UN AÑO
¿A qué dedica su tiempo un fiscal Anticorrupción? Visto el desglose de esos 371 asuntos, parece claro que a supervisar las actuaciones de los poderosos, de los gestores del poder y de quienes se relacionan con ambos: 161 delitos contra la Administración (cohecho, malversación), otros 31 de tipo urbanístico y 15 por fraude en las subvenciones que suman un total de 207 en 24 años. A ese bloque, que suma el 55,7% del total, le sigue otro de asuntos “comunes” para los delincuentes de cuello blanco como el blanqueo de capitales (98) y la asociación ilícita (36); es decir, que otro 36% de los asuntos tiene que ver con las maniobras de los corruptos para poner a salvo el botín (aquí entraría también buena parte de los 102 fraudes tributarios) y con la manera de organizarse previamente para trincarlo.
Su distribución territorial también da una idea bastante aproximada de dónde se produce el saqueo: 77 causas en Andalucía y empate a 37 entre Madrid y Catalunya, territorios de los que, a su vez, procede buena parte de los 144 asuntos que ha tramitado la Audiencia Nacional. Baleares y Valencia se disputan, en un reñido 27 a 25, el liderato de “la otra liga”, a mucha distancia de Canarias (10, básicamente en La Palma) y Murcia (9).
Más trabajo en territorios con hegemonía
¿Qué conclusiones pueden obtenerse de estos datos? Muchas y variadas, aunque, básicamente, el cruce de los cuantitativos con los cualitativos y los territoriales parecen indicar, a vuela pluma, que la gestión de las administraciones en territorios que han tenido --¿sufrido?-- tradicionalmente gobiernos hegemónicos, llámense PSOE, PP o CiU, ocupa la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995 por Juan Alberto Belloch, aquel biministro de Justicia e Interior al que algunos excompañeros de partido (hoy es juez de nuevo) parecen no haberle perdonado todavía la seriedad con la que aplicó la orden de atacar la corrupción que le había dado aquel Felipe González que, asediado por aquella galería de los horrores en la que brillaban Filesa, Roldán y los Gal, aseguraba haber “entendido el mensaje” y prometía emprender “el cambio del cambio”.
Con el nacimiento de Anticorrupción, un órgano de investigación excepcional para combatir a delincuentes excepcionales, cambió algo en la Fiscalía: aquello era una cosa de “patanegra”, con muchos de los fiscales técnicamente mejor preparados y con un mito de la carrera al frente como era Carlos Jiménez Villarejo. Tiene, desde su nacimiento, el respeto del grueso de la carrera.
Las maniobras de Jesús Cardenal y José María Michavila desde la Fiscalía General del Estado y desde el Ministerio de Justicia del último Gobierno de José María Aznar para suprimir Anticorrupción provocaron una reacción que los sucesores del asesor de Rupert Murdoch parecen haber olvidado: la carrera fiscal cerró filas y nadie quiso ocupar el puesto de Villarejo tras su cese –Martín Rodríguez Sol lo rechazó, entre otros--, precedido de un pulso acerca de quién debía investigar el tamayazo que dio a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES EN TERRITORIOS QUE HAN TENIDO TRADICIONALMENTE GOBIERNOS HEGEMÓNICOS OCUPA LA MAYOR PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DESDE SU CREACIÓN EN 1995
Aquella crisis entre la cúpula de la Fiscalía y los fiscales Anticorrupción se evoca por sí sola ante la actual, que llega precedida de otras tiranteces que en su día pasaron prácticamente inadvertidas para la mayoría de los analistas. ¿Por qué prefirió Maza a Moix en una lista en la que destacaba Alejandro Luzón, fundador del órgano y con un prestigio tan sólido como discreto labrado desde su intervención en el caso Roldán?
Órdenes y desautorizaciones
Lo que ha venido en las últimas semanas ha generado una tensa situación en la Fiscalía Anticorrupción, en la que, a un ritmo vertiginoso, se suceden episodios como el relevo de los fiscales del “tres per cent” –José Grinda y Fernando Bermejo, dos de los de mayor prestigio en la casa-- alegando que mejor que se dediquen a temas que se instruyan en Madrid, como el negado intento de apartar al encargado del caso Lezo, o como la junta extraordinaria en la que la plantilla en bloque tuerce el pulso del jefe y avala uno de los registros en la investigación al expresidente madrileño Ignacio González que Moix, con el aval de Maza, intentó impedir.
Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, cuya mera mención deja en entredicho la figura de Moix. Ese precepto permite a un fiscal someter al criterio de toda la Fiscalía a la que está adscrito cualquier instrucción de un superior que considere “contraria a las leyes” o “improcedente” por “cualquier otro motivo”. Moix podía haber ratificado esa orden y relevado a su subordinado, si bien su situación de minoría absoluta en la reunión le recomendó retirarla, permitir el registro y mantener la asignación al caso.
Ese episodio supuso una desautorización en toda regla de la orden de Moix avalada por Maza. Desautorizar: “quitar a alguien o algo autoridad, poder, crédito o estimación”. Algo que, en un país normal, podría llevar a un presidente del Gobierno a plantearse si la cúpula del ministerio público “funciona bien”. O no. Quizás piensen que ahora no toca, aunque sería complicado, incluso para alguien con el cuajo de Rajoy o de su ministro de Justicia Rafael Catalá, mantener en el cargo a Maza y/o a Moix –sobre quien pesa la estremecedora opinión positiva de Ignacio González-- si se repitiera una situación de ese tipo.
En cualquier caso, los fiscales Anticorrupción han demostrado en los primeros pulsos con la nueva cúpula, relacionados con investigaciones a exdirigentes del partido que los nombró, una firmeza tan fuera de duda como inusual. Porque inusual es que una orden del jefe se cuestione, ya sea por improcedente o por contraria a la ley, que decaiga esa instrucción y que todo siga como si no hubiera pasado nada. Que no es que no haya pasado, sino que todo indica que va a comenzar a pasar.
“La lucha contra la mafia resulta compleja y, además, requiere una especialización por parte de los órganos del Estado encargados de esta tarea”, sostenía el asesinado fiscal y juez italiano Giovanni Falcone, uno de los puntales del combate contra el crimen organizado en aquel país, según cita la última Memoria de la Fiscalía General del Estado. “Cuando la falta de credibilidad de la administración pública debida a carencias y fracasos recurrentes se conjuga con la agresividad de las sociedades criminales que controlan obsesivamente el territorio, las organizaciones mafiosas pasan a ocupar las parcelas del Estado más próximas a la ciudadanía”, mantiene Francesco Forgione, diputado siciliano que entre 2006 y 2009 presidió la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, citado en el mismo texto.
Los fiscales Anticorrupción, especializados en perseguir la delincuencia de cuello blanco, han comenzado, por lo pronto, a marcar su territorio. ¿A alguien podría llegar a producirle desasosiego que la Fiscalía Anticorrupción funcione bien?
http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12417/Fiscalia-anticorrupcion-Maza-Moix-Catala.htm
La estrepitosa entrada del nuevo fiscal jefe en Anticorrupción y la firme respuesta de sus subordinados pronostican tiempos de zozobra para los delincuentes incrustados en la organización que lo aupó: el PP de Rajoy
EDUARDO BAYONA
El fiscal Anticorrupción Moix con Esperanza Aguirre, en julio de 2012.
COMUNIDAD DE MADRID
26 DE ABRIL DE 2017
¿Qué habrá llevado a Mariano Rajoy a llevarse la contraria a sí mismo y a saltarse aquel principio suyo según el cual “lo que funciona no se debe cambiar”? ¿Cuál será el motivo para saltarse uno de los pocos códigos que ha formulado sin ambigüedad a lo largo de sus doce trienios en la cosa pública? ¿Quizá el temor de que en la opinión pública comiencen a pesar más las tres últimas palabras que las tres primeras de aquel histórico “todo es falso salvo alguna cosa”? ¿Traerá causa de alguna percepción? ¿O de una evidencia? Quién sabe. Hablamos de Rajoy, ese estadista en construcción que, dentro de unas semanas, no tendrá más remedio que explicar ante un tribunal, bajo juramento o promesa, qué sabe de las cuentas de su partido.
En cualquier caso, una de las primeras decisiones de su renovado ejecutivo, como fue la designación de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General de Estado, abrió una cascada de decisiones que, por lo pronto y con la elección de Manuel Moix para dirigir Anticorrupción, han logrado sacudir las estructuras de una de las estructuras más poderosas del Estado: el ministerio público y, especialmente, su órgano especializado en perseguir la delincuencia de cuello blanco.
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada(Anticorrupción en lenguaje coloquial) funcionaba. Incluso puede asegurarse sin temor a errar que funcionaba “bastante bien”: 18 condenas en 22 juicios en un año, con entre 28 y 43 casos nuevos por ejercicio en lo que va de década y 371 asuntos abiertos (la mayoría son ejecuciones) para 24 fiscales apoyados por otros 19 delegados en comunidades autónomas y diez más temporales, según la última memoria del ministerio público, con datos de 2015.
LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD FUNCIONABA. INCLUSO PUEDE ASEGURARSE SIN TEMOR A ERRAR QUE FUNCIONABA “BASTANTE BIEN”: 18 CONDENAS EN 22 JUICIOS EN UN AÑO
¿A qué dedica su tiempo un fiscal Anticorrupción? Visto el desglose de esos 371 asuntos, parece claro que a supervisar las actuaciones de los poderosos, de los gestores del poder y de quienes se relacionan con ambos: 161 delitos contra la Administración (cohecho, malversación), otros 31 de tipo urbanístico y 15 por fraude en las subvenciones que suman un total de 207 en 24 años. A ese bloque, que suma el 55,7% del total, le sigue otro de asuntos “comunes” para los delincuentes de cuello blanco como el blanqueo de capitales (98) y la asociación ilícita (36); es decir, que otro 36% de los asuntos tiene que ver con las maniobras de los corruptos para poner a salvo el botín (aquí entraría también buena parte de los 102 fraudes tributarios) y con la manera de organizarse previamente para trincarlo.
Su distribución territorial también da una idea bastante aproximada de dónde se produce el saqueo: 77 causas en Andalucía y empate a 37 entre Madrid y Catalunya, territorios de los que, a su vez, procede buena parte de los 144 asuntos que ha tramitado la Audiencia Nacional. Baleares y Valencia se disputan, en un reñido 27 a 25, el liderato de “la otra liga”, a mucha distancia de Canarias (10, básicamente en La Palma) y Murcia (9).
Más trabajo en territorios con hegemonía
¿Qué conclusiones pueden obtenerse de estos datos? Muchas y variadas, aunque, básicamente, el cruce de los cuantitativos con los cualitativos y los territoriales parecen indicar, a vuela pluma, que la gestión de las administraciones en territorios que han tenido --¿sufrido?-- tradicionalmente gobiernos hegemónicos, llámense PSOE, PP o CiU, ocupa la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995 por Juan Alberto Belloch, aquel biministro de Justicia e Interior al que algunos excompañeros de partido (hoy es juez de nuevo) parecen no haberle perdonado todavía la seriedad con la que aplicó la orden de atacar la corrupción que le había dado aquel Felipe González que, asediado por aquella galería de los horrores en la que brillaban Filesa, Roldán y los Gal, aseguraba haber “entendido el mensaje” y prometía emprender “el cambio del cambio”.
Con el nacimiento de Anticorrupción, un órgano de investigación excepcional para combatir a delincuentes excepcionales, cambió algo en la Fiscalía: aquello era una cosa de “patanegra”, con muchos de los fiscales técnicamente mejor preparados y con un mito de la carrera al frente como era Carlos Jiménez Villarejo. Tiene, desde su nacimiento, el respeto del grueso de la carrera.
Las maniobras de Jesús Cardenal y José María Michavila desde la Fiscalía General del Estado y desde el Ministerio de Justicia del último Gobierno de José María Aznar para suprimir Anticorrupción provocaron una reacción que los sucesores del asesor de Rupert Murdoch parecen haber olvidado: la carrera fiscal cerró filas y nadie quiso ocupar el puesto de Villarejo tras su cese –Martín Rodríguez Sol lo rechazó, entre otros--, precedido de un pulso acerca de quién debía investigar el tamayazo que dio a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES EN TERRITORIOS QUE HAN TENIDO TRADICIONALMENTE GOBIERNOS HEGEMÓNICOS OCUPA LA MAYOR PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DESDE SU CREACIÓN EN 1995
Aquella crisis entre la cúpula de la Fiscalía y los fiscales Anticorrupción se evoca por sí sola ante la actual, que llega precedida de otras tiranteces que en su día pasaron prácticamente inadvertidas para la mayoría de los analistas. ¿Por qué prefirió Maza a Moix en una lista en la que destacaba Alejandro Luzón, fundador del órgano y con un prestigio tan sólido como discreto labrado desde su intervención en el caso Roldán?
Órdenes y desautorizaciones
Lo que ha venido en las últimas semanas ha generado una tensa situación en la Fiscalía Anticorrupción, en la que, a un ritmo vertiginoso, se suceden episodios como el relevo de los fiscales del “tres per cent” –José Grinda y Fernando Bermejo, dos de los de mayor prestigio en la casa-- alegando que mejor que se dediquen a temas que se instruyan en Madrid, como el negado intento de apartar al encargado del caso Lezo, o como la junta extraordinaria en la que la plantilla en bloque tuerce el pulso del jefe y avala uno de los registros en la investigación al expresidente madrileño Ignacio González que Moix, con el aval de Maza, intentó impedir.
Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, cuya mera mención deja en entredicho la figura de Moix. Ese precepto permite a un fiscal someter al criterio de toda la Fiscalía a la que está adscrito cualquier instrucción de un superior que considere “contraria a las leyes” o “improcedente” por “cualquier otro motivo”. Moix podía haber ratificado esa orden y relevado a su subordinado, si bien su situación de minoría absoluta en la reunión le recomendó retirarla, permitir el registro y mantener la asignación al caso.
Ese episodio supuso una desautorización en toda regla de la orden de Moix avalada por Maza. Desautorizar: “quitar a alguien o algo autoridad, poder, crédito o estimación”. Algo que, en un país normal, podría llevar a un presidente del Gobierno a plantearse si la cúpula del ministerio público “funciona bien”. O no. Quizás piensen que ahora no toca, aunque sería complicado, incluso para alguien con el cuajo de Rajoy o de su ministro de Justicia Rafael Catalá, mantener en el cargo a Maza y/o a Moix –sobre quien pesa la estremecedora opinión positiva de Ignacio González-- si se repitiera una situación de ese tipo.
En cualquier caso, los fiscales Anticorrupción han demostrado en los primeros pulsos con la nueva cúpula, relacionados con investigaciones a exdirigentes del partido que los nombró, una firmeza tan fuera de duda como inusual. Porque inusual es que una orden del jefe se cuestione, ya sea por improcedente o por contraria a la ley, que decaiga esa instrucción y que todo siga como si no hubiera pasado nada. Que no es que no haya pasado, sino que todo indica que va a comenzar a pasar.
“La lucha contra la mafia resulta compleja y, además, requiere una especialización por parte de los órganos del Estado encargados de esta tarea”, sostenía el asesinado fiscal y juez italiano Giovanni Falcone, uno de los puntales del combate contra el crimen organizado en aquel país, según cita la última Memoria de la Fiscalía General del Estado. “Cuando la falta de credibilidad de la administración pública debida a carencias y fracasos recurrentes se conjuga con la agresividad de las sociedades criminales que controlan obsesivamente el territorio, las organizaciones mafiosas pasan a ocupar las parcelas del Estado más próximas a la ciudadanía”, mantiene Francesco Forgione, diputado siciliano que entre 2006 y 2009 presidió la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, citado en el mismo texto.
Los fiscales Anticorrupción, especializados en perseguir la delincuencia de cuello blanco, han comenzado, por lo pronto, a marcar su territorio. ¿A alguien podría llegar a producirle desasosiego que la Fiscalía Anticorrupción funcione bien?
http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12417/Fiscalia-anticorrupcion-Maza-Moix-Catala.htm
