Repaso a la corrupción del Partido Popular

Altavoz
La mocion simplemente
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JOSÉ ANTONIO LUQUE | 30 abril, 2017 14.04

Los medios de comunicación afines a los partidos “Como dios manda” – PP (Partido im-P-utado), PSOE (Partido Sagazmente Organizado en la Estafa), Ciudadanos, Nacionalismos moderadoradicales y otras hierbas afines – están que no viven con la última ocurrencia de los “perros flautas” ¿A quién se le ocurre presentar una moción de censura al excelso Mariano Rajoy? ¡Habrase visto tamaña desfachatez!

Según los entendidos en asuntos turbios, tras la dimisión de la jefa de la cloaca, perdón, “charca”, las ranas deberían entrar en estado de catarsis, en descomposición y desaparecer. Como por arte de magia, de la misma forma que han desaparecido millones de euros en manos de los articuladores del proceso corrupto. Nada por aquí, nada por acá, el dinerito ya no está. Las ranas tampoco, que Esperanza las ha volatilizado asumiendo ella solita toda la responsabilidad.

Para no perder el tiempo no vamos a elaborar un listado de mamoneos varios con los que desde el Partido im-P-utado o Partido im-P-opular (PP) han sido saqueadas las arcas del país. Les toca a los interventores de cuentas, auditores variopintos y contables varios calibrar a cuanto ha ascendido el montante del desfalco. Nosotros nos conformamos con hacer una escala en el último escándalo – el caso LEZO – y constatar que no ha sido finiquitado con la huida de Esperanza Aguirre.

Las funestas consecuencias que los desmanes cometidos por el Clan González han acarreado a la Condesa escapista y a la supuesta asociación de malhechores en la que se ha convertido el PP de Madrid, no son otra cosa que la puntita de lo que tenemos que conocer a poco que se empiece a deshilachar la manta.

De momento ya sabemos que el Secretario de Estado de Interior tiene la sana costumbre de recibir a investigados por la Guardia Civil horas antes de ser encarcelados. También conocemos que el señor Secretario habla con estos personajes sobre el precio de las patatas y lo caro que están los alquileres en MercaMadrid, ¡Por supuesto! ni palabra de su posible detención ¡Lo normal vamos!

Otro dato a destacar es que el ministro de Justicia envía mensajes a su colega imputado (Ex presidente de la Comunidad de Madrid) para desearle que se arreglen los líos. Dice Rafa que con esto quiere expresar su preocupación por la situación política y que con la mayor celeridad posible España tenga gobierno estable ¡Qué altura de miras! ¡Siempre inquieto por el bienestar de la patria!

Argumenta el ministro de justicia que los “líos que se tienen que arreglar” no tienen nada que ver con su amigo ni con el hecho de llevar Nacho González años en el punto de mira de la justicia y que los mensajes entran dentro de la más elemental educación.

Por otro lado, ahora sabemos que Ignacio no tiene reparos en hablar con Rafa, ni con Zaplana, ni con el sursuncorda. Si se encuentra un juez díscolo le dice: venga usted “p ´acá” ¿A dónde le toca? ¿A Onteniente? Pues a tomar por culo a Onteniente. Y a continuación hace saber que con el juez titular ya se apañará él.

¡Cuánto se parecen las carreras políticas de Ignacio González y Francisco Granados! Con una diferencia fundamental; para la gente de noble alcurnia (Cúpula del Partido im-P-opular) Granados es un paria pueblerino e Ignacio es hijo de un ex alto cargo de la administración franquista ¡coxx, que siempre ha habido clases! A uno se le ignora y por el otro se llora.

Falta un pequeño detalle y es que, para hacer las cosas bien, es imprescindible atinar con el nombramiento del fiscal anticorrupción. Debe ser un tipo “bueno y cojonudo” según sus intereses ¡Claro! y así es como parece ser que consideran a Manuel Moix.

A la “rana” González le constan pruebas suficientes del buen hacer del actual responsable de la fiscalía anticorrupción en casos precedentes que afectaban al Partido im-P-utado (PP). Con alguien cercano al frente del organismo acusador los delincuentes habrán conseguido cerrar el círculo del estercolero institucional. ¡Viva la independencia del Poder Judicial! ¡Viva el ministerio Fiscal!

Rajoy intenta explicar lo contento que está por tener que declarar como testigo en casos de corrupción que atañen a su Partido. ¡Claro, es de lo más lógico que el Presidente del Gobierno tenga que comparecer en un caso de corrupción que afecta al partido del que, también, es Presidente! Si no fuera porque la citación a Mariano nace como consecuencia de la negativa a declarar del abogado del partido cuando este fue citado. O sea, que no es tan normal.

La moción presentada por Unidos Podemos y apoyada por las confluencias tiene cero posibilidades de salir adelante. Es más; acelerará los acuerdos con otras formaciones políticas para aprobar los presupuestos.

Pero tendrá un efecto balsámico, Rajoy tendrá que intervenir en sede parlamentaria sin red y sin anestesia. El candidato tendrá turnos de exposición amplios y de contrarréplica suficientes para poder colocar delante de las narices del Presidente del PP el hedor que emana del Partido im-P-utado. Rajoy tendrá que contestar sin plasma, podrá decir y ya tal o cuanto llueve, no dirá nada, pero no importa. Todo el mundo se tendrá que retratar, desde Rivera hasta el resto del arco parlamentario. El PSOE será No es No hasta que deje de ser No y pase a ser Si o se convierta en tal vez. El clan Felipista intentará marcar el paso y la Sultana lo impondrá a pies juntillas.

Ahora bien con suerte, con algo de suerte, los debates serán retransmitidos por las televisiones y quizás, solo quizás, los millones de españoles que voluntariosamente acuden a cada cita electoral con las urnas destapen su nariz y comprueben el fétido aroma que emana de la charca democrática en la que han convertido a nuestra sociedad. Entonces sí, entonces la moción habrá tomado sentido.

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Moción de cesura (para limpiar la ciénaga)


“La vida-escribió Salvador Paniker- no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar. No venimos a este mundo: brotamos de él”. Por eso, nada de lo humano nos es ajeno. Aunque los muñidores de lo oscuro cuiden su hacienda con tres mantras mentirosos y envilecedores: tú hubieras hecho lo mismo, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, piensa mal y acertarás. Se trata ahora de frenar el paso a los que entristecen la vida, de permitirnos tratar a cada ser humano como un héroe. De defender la democracia. Es momento de no dejar pasar a los que han quebrado las bases de la convivencia. De hacer una moción de censura. ¿Qué gritan los voceros de sus amos? Pongan la bacina cerca y vomiten conmigo.

En apenas unos días la jugada avanza varias casillas. Entra en la cárcel Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, donde compartirá cuitas con la otra mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La propia Condesa de la Corrupción, tan liberal que tenía dos manos derechas, dimite entre lágrimas de rana en la ciénaga crepuscular. El PP construye metáforas cargadas de exceso: llenan el agua -el Canal de Isabel II- de mierda, y la exportan a esa América Latina que olvida a sus pueblos (Colombia en primer plano, México). Cristina Cifuentes era miembro del patronato del Canal de Isabel II cuando todas estas mamandurrias. Y una de tres: estaba ahí -¿cobrando dietas al menos?- y, sabiendo, miraba para otro lado, o no se enteraba (y entonces ¿qué hacía ahí?) porque no se enteraba. La tercera posibilidad, la más plausible, pónganla ustedes. Entra en la cárcel Javier López Madrid, yerno de otro imputado, el Marqués de Villar Mir -el que decía que Podemos era el principal problema de España-. Marqués porque a los marqueses los nombra el Rey. A López Madrid también lo nombra la reina devenida, Letizia, en un mensaje: “Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi yogui. (I miss you)”. Es decir, que para nuestra esbelta Reina, la justicia es “merde”. Lo mismo que piensa Urdangarin y la Infanta Cristina. La ciénaga crece en terrenos reales. ¿Saldrá en las tramas el Rey Emérito Juan Carlos I? Porque agua lleva el río. Epístolas electrónicas. El Ministro Catalá manda un sms al preso González que le había felicitado por su nombramiento: “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo.

Ojalá se cierren pronto los líos”. La “merde” es un lío cuando salta. Como hizo Rajoy con Bárcenas. Sé fuerte. Aunque ahora se maneja mejor. Como Zoido: ahora ya no obran con tanta impunidad. Y por si no bastara, José Antonio Nieto, Secretario de Estado de Interior, recibe al hermanísimo hoy preso, Pablo González. La operación Lezo ya estaba en marcha. Dice Nieto que no sabía y que esto es una cacería. La caradura es infinita en el reino de Dios. Ignorante, el que ignora. Hablarían de fútbol claro. O de Mercasa, que también ha estallado y se va a llevar por delante a otros cuantos del PP y sus aledaños. El problema es que el preso Pablo González, al salir de esa reunión, le dijo a otra persona ligada a la trama: “El encuentro ha sido muy interesante, te lo contaré pero no por teléfono”. Que de fútbol no se habla por teléfono. Con qué facilidad se reúnen los cargos del PP con delincuentes. Como hizo el anterior Ministro, Jorge Fernández, con Rodrigo Rato. ¿No hay bastante? Manuel Moix, el Fiscal Anticorrupción, intentó frenar el registro de la casa de Ignacio González. Por vez primera, los fiscales, llenos de coraje, tuvieron que recurrir a la convocatoria de la Junta de Fiscales para desoír lo que a todas luces era una orden con tintes entorpecedores de la justicia. Por parte del fiscal anticorrupción. ¿Más madera? Moix intentó cambiar al fiscal que lleva la investigación de la trama corrupta del Canal de Isabel II. Pero ni el Fiscal General, José Manuel Maza, nombrado por Rajoy, ni el propio Rajoy, han dicho nada. Manuel Moix: el que defendió a Blesa, señaló el camino de salida de la carrera judicial a Elpidio Silva, dijo que las tarjetas Black no tenían caso, exoneró a Esperanza Aguirre de su huida de la Gran Vía. Un crack. Lo mismo que Carlos Jiménez Villarejo. Denunció en su día a los Pujol. Felipe González lo frenó. Los Pujol, también estos días, van entrando en prisión. Cerrando la semana, los funcionarios decentes de la fiscalía se querellan contra el despacho que fundó Cristobal Montoro. Al parecer, recibieron contratos a dedo. ¿Quiénes son los miembros del despacho? Ricardo Martínez Rico es el actual presidente del despacho. Fue secretario de Estado de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Aznar; Francisco Piedras: socio director. Exdirector del gabinete de Martínez Rico en la Secretaría de Estado; Salvador Ruiz Gallud: socio director. Ex director general de la Agencia Tributaria; Manuel de Vicente-Tutor: socio director. Exjefe del gabinete técnico de la Agencia Tributaria. Y otro de los imputados, Francisco de Asís, director del gabinete del ministro. De hecho, esta maquinaria creada por Montoro, siempre tuvo como tarjeta de presentación sus “influencias al más alto nivel del gobierno”. ¿Quieren más sólo de esta semana o ya les basta para vomitar? Rajoy declarando por la Gürtel, Cifuentes declarando, Aguirre declarando… Y no nos olvidamos de que con dinero público pagan a La Razón, al ABC o a los pantuflos digitales. Y si eso no bastara, el Ministerio del Interior crea una “policía política” a su servicio, emulando lo que Rubalcaba hizo en su día con los mismos personajes provenientes de las cloacas del franquismo.

Podemos ha anunciado la voluntad de presentar una moción de censura. Dicen los voceros de la intangibilidad que no suma. Es decir, que lo que la calle exige, el Parlamento no lo suma. Es decir, que el Parlamento no se parece a la calle. Ya pasó en otros momentos de la historia. Por ejemplo, durante las huelgas generales. Por eso el PP, el PSOE, Ciudadanos o el PNV quieren que todo se resuelva en el Parlamento. Porque las Cortes Generales se parecen más a la vieja política que a la nueva España. Les molesta la calle porque les molesta la gente. El PSOE y Ciudadanos están sosteniendo al corrupto PP en la Moncloa. Y necesitan que no se note. Maldito Podemos que nos quiere sacar los colores.

Dicen que Podemos debía haber apoyado en su día el gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Recordemos que aquel programa económico que presentó Ciudadanos lo redactó Luis Garicano, un hombre de la patronal bancaria. Recordemos que el responsable económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, es el mismo que está hoy asesorando al BBVA para que no tenga que pagar el fraude de las cláusulas suelo y se las vuelvan a colocar a los hipotecados. Un hombre muy de izquierdas, que dirían en el PSOE. El PP, de haber prosperado aquella inteligente jugada, hubiera pasado a la oposición, Rajoy, entonces, hubiera tenido que dimitir presionado por Soraya Sáez de Santamaría, y con esa dimisión el PP hubiera dado por pagados todos los escándalos de corrupción (la triste muerte de Rita Barberá completaba el juego ascendiéndola a los cielos el mismo PP que la había ascendido al gallinero del Congreso). El IBEX 35 encantando: seguirían las mismas políticas económicas del capitalismo de compadreo, hubieran renovado el bipartidismo limpiando al PP para las siguientes elecciones, hubieran herido de muerte a Podemos al permitir cargarle la responsabilidad de un gobierno condenado al fracaso -el de Rivera con Sánchez- y, lo más importante, ningún empresario hubiera sido imputado por corrupción.

Por el contrario, con la moción de censura, Rajoy saldría del gobierno por su principal culpa, la corrupción (correlato de los recortes, los desahucios, la ley mordaza, etc.), el PSOE y el PP clarificarían si están por la regeneración o por apuntalar la basura, y la justicia podría seguir sin las trabas de la fiscalía su tarea imputando no solo a los corruptos sino también a los corruptores.

Pablo Iglesias ha dicho que no tiene problema en quién puede dirigir ese gobierno con la misión principal de limpiar la ciénaga. Eso no va a ser un impedimento. Estamos en un momento de urgencia democrática. Tendrá que explicar el PSOE por qué insiste en mantener a Rajoy, y quizá tenga que dar cuenta de la corrupción que afecta a sus principales cargos de Andalucía, último reducto del PSOE. ¿Está negociando el PSOE de la gestora impunidad con el PP? Lo que haga Ciudadanos da lo mismo: hará lo que le manden sus jefes del IBEX 35. No hay gran discusión. Mientras que el PNV, como siempre, debilitará la España plurinacional pactando con el corrupto PP a cambio del cupo, volviendo a revestir la federalidad con los ropajes del chantaje.

Ignacio González, grabado en su despacho, dijo: tenemos el gobierno, tenemos el Ministro de Justicia, tenemos la fiscalía. ¿Y un maldito juez nos va a buscar las cosquillas? ¡Lo mandamos al Gulag! O a Onteniente. Es tiempo de la ciudadanía. Como en el 15M. ¿Vamos a quedarnos mirando? Ya hemos vomitado todo lo que teníamos dentro. Tiempo de hacer algo.


http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2017/04/29/mocion-de-cesura-para-limpiar-la-cienaga/
 
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EL PP PARASITA LA JUSTICIAEl Gobierno asalta la Fiscalía para frenar las investigaciones de corrupción política.

En menos de dos meses, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha provocado media docena de crisis profundas en su empeño de cortar las alas a los fiscales encargados de casos en los que están imputados dirigentes políticos y empresarios afines. Pero el asalto a la Fiscalía desencadenado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va incluso más allá.


El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, habla con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. IGNACIO GIL/EFE



MADRID
02/05/2017 17:26 Actualizado: 02/05/2017 23:15
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Ya se lo dijo Ignacio González al ministro de Justicia en agosto pasado: "...yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto".

El expresidente de la Comunidad de Madrid –hoy preso en Soto del Real– se lo estaba diciendo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– y justo antes había detallado cuál era el primer paso a dar: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno". Dicho y hecho.



Ciertamente, Manuel Moix había sido hasta entonces más que bueno... para Ignacio González. Y tan específicamente para él como que cuando ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que Moix desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí), tal como ha revelado InfoLibre.

Moix no hizo averiguación ninguna –pues habría destapado de inmediato que el hermano, Pablo hoy también preso, y el cuñado, imputado y en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza– se estaban forrando como comisionistas de ese absurdo proyecto urbano que está hoy ante la Justicia. Pero el hoy fiscal jefe Anticorrupción no se cortó en afirmar por escrito que no existía "ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha" de irregularidad por parte de González. Vaya, "un tío... serio y bueno".

Así que ése debió ser uno de los méritos de la carrera de Moix que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, valoraría cuando decidió imponerlo al frente de Anticorrupción por encima de media docena de candidatos mucho más cualificados en ese campo. Y sin duda también estimaría Maza valiosas otras decisiones de Moix como fiscal superior de Madrid, desde la de ponerse del lado del empresario Miguel Ángel Flores y del Ayuntamiento de Ana Botella en el caso del Madrid Arena (donde perecieron cinco chicas), hasta la de tratar de impedir la divulgación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que han sido muy esclarecedores en los casos de las tarjetas black y de las preferentes.

Asalto en todos los frentes tras formar Gobierno
Seis meses después de aquella conversación telefónica intervenida por los fiscales que investigaban el caso Lezo, Maza se decidió por el candidato preferido por el imputado González como el más idóneo para poner orden en Anticorrupción. Porque, según ha podido confirmar Público de diversas fuentes fiscales coincidentes, en cuanto Mariano Rajoy logró formar Gobierno tras las elecciones del 20-D, el revalidado ministro Catalá desencadenó un asalto a la Fiscalía en todos los frentes para frenar las investigaciones de las tramas de corrupción política.

Primero destituyó a Consuelo Madrigal –quien se oponía a la designación de Moix y consideraba mucho más idóneo a Alejandro Luzón– y colocó en su puesto a Maza –involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el comisario Villarejo–, quien no sólo cumplió enseguida los deseos de Ignacio González sino que hizo cambios cruciales en la jefatura de las dos Salas más importantes: en Anticorrupción puso a Moix y en la Audiencia Nacional, a Jesús Alonso, sustituyendo a Javier Zaragoza, quien la dirigía desde 2006.

Y resulta que Jesús Alonso también tiene relación con Zaplana: el exministro de Aznar acudió a su toma de posesión como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, el 22 de abril de 2013, según varios testigos de aquella ceremonia, cuyas fotos oficiales evitaron la imagen del dirigente del PP. Incluso, relatan, "hubo varios fiscales que no se quisieron sentar cerca de Zaplana" entre el reducido público que acudió al acto.

El motivo es que el exministro de Trabajo aparece también en las grabaciones del caso Naseiro (entonces tesorero del PP), en 1990, trama de corrupción descubierta en Valencia y en la que se acreditaba la financiación paralela de los partidos políticos, que se repartían proporcionalmente a su representación parlamentaria las comisiones (del 3% o 5%) y las donaciones de grandes empresas.

Ignacio González dijo, de la fiscal general: "Se la van a follxx". El ministro Catalá la destituyó poco después
Estas fiscalías tan sensibles (Anticorrupción y Audiencia Nacional) figuran también en la conversación interceptada en el caso Lezo entre Ignacio González y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas, cuando hablan de la posible destitución de Madrigal como fiscal general: "Se la van a follxx", llega a decir González tras hablarlo con el magistrado y también exvocal Enrique López.

Enrique Arnaldo revela en su conversación con González que el Gobierno va a "mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Esta operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya lo conoce", según reveló El Español. Todo ello se confirmó después en la realidad de las acciones ejecutadas por el ministro y su fiscal general.

El fiscal general toma el mando de todos los casos
Aunque casi más importante –y mucho menos conocida– fue la decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que depende directamente del fiscal general del Estado y constituye su principal organismo de control del conjunto del Ministerio Público, de impartir órdenes a todos los fiscales de España para que, a partir de ahora, los casos que afecten a aforados –políticos con cargos electos– sean dirigidos por dicha Secretaría, según ha podido saber Público.

Una orden paralela y sospechosamente similar a la que dictó Moix nada más llegar a la jefatura de Anticorrupción: él sería a partir de ese instante el único portavoz en todas las causas de corrupción política, y las supervisaría personalmente una a una, para que ninguna actuación ni imputación se hiciese sin su censura previa. Hasta ese momento, y durante los 13 años en los que Antonio Salinas fue fiscal jefe (hasta su jubilación), eran los fiscales los que informaban a la prensa, con mejor o peor acierto, y los que tomaban las decisiones operativas en el día a día de las investigaciones con bastante autonomía.

Maza pretende instaurar un modelo de Fiscalía que se basa en concentrar el poder en una sola mano, sin contrapeso de excesos
A partir de la toma de posesión de Maza, el caos se ha instaurado en el Ministerio Público. Como explica Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, hasta la llegada de Maza, la Fiscalía se basaba en la confianza en los profesionales, que asumían su responsabilidad, con un jefe que se limitaba a coordinar sus trabajos. En cambio, el modelo que se pretende imponer ahora concentra todo el poder en una sola mano, sin que el Estatuto Orgánico vigente prevea contrapesos ante los excesos de poder más allá de requerir que un jefe entregue las órdenes por escrito.

Para García Ortiz, que ha pedido abordar la crisis en Anticorrupción en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles y jueves, el segundo modelo que se pretende imponer se basa en el control absoluto:

"Cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. El cambio hacia un modelo más jerarquizado es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos".

"Lo que ocurre es la quiebra total del Estado de Derecho"
Al mismo tiempo, fuentes fiscales subrayan: "Estamos absolutamente perplejos ante el grado de penetración de la corrupción" que evidencia el caso Lezo.

"Corrupción siempre ha existido. Lo más grave es que el sistema judicial sea contaminado, como ocurre aquí, porque es la quiebra total del Estado de Derecho", añaden estas fuentes de la Fiscalía. Y alertan: "Pasa al igual que en los Estados fallidos, donde existe una simbiosis entre corrupción, poder político, económico y penetración en la Justicia", informa Julia Pérez.

Las conversaciones interceptadas en la Operación Lezo y los pasos dados por Moix en ese mismo sentido en sus primeros 53 días de mandato son claros indicios de que "el Gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción", interpreta otra fuente fiscal, alarmada por la deriva en Anticorrupción y muy crítica con las directrices de Moix.

Al mismo tiempo, en la Fiscalía se está desarrollando una dura confrontación interna sobre el modelo de Ministerio Público del futuro, ahora que el ministro Catalá ha anunciado la intención del Gobierno del PP de traspasar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. ¿Qué confianza se podrá tener en la independencia de ese nuevo método de investigación judicial, cuando el Ejecutivo está precisamente apretando las tuercas desde la jerarquía de los fiscales?

Así que la primera orden autoritaria de Moix –quien también anunció su intención de poner freno a excesos, como que en los registros la Policía se lleve todo tipo de documentos y pruebas más allá de lo indicado en la orden o que sean los agentes los que digan a los fiscales en sus escritos los delitos de los imputados– generó la primera crisis interna en Anticorrupción.

Moix provoca una crisis tras otra con sus interferencias
La segunda decisión de Moix creó su primera crisis mediática: ordenó a las fiscales del caso Púnica que no instaran la imputación del presidente de Murcia ahora dimitido, Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero el juez del caso en la Audiencia (Eloy Velasco) envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su implicación en ese caso de corrupción y el político conservador acabó dimitiendo, pues además acabó siendo imputado en otra causa (el caso Auditorio) en la región.

Cabe preguntarse, ¿prometió Sánchez dimitir si llegaba a ser imputado porque confiaba en que el Gobierno impediría su imputación? Al fin y al cabo, sabía que la Fiscalía iba a oponerse a que fuera investigado mucho antes de que eso se anunciase. ¿Se lo filtró el Gobierno, igual que alguien del Ejecutivo le filtró a Ignacio González que sus teléfonos estaban intervenidos?

La tercera crisis provocada por Moix arrancó con la celebración de una Junta de Fiscales de Anticorrupción por una petición inusual: los fiscales del caso Lezo se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico, que prevé que el superior entregue una orden por escrito en caso de discrepancia. Moix convocó la Junta y perdió por mayoría abrumadora: 21 de los 24 fiscales presentes se opusieron a su criterio.

El pulso comenzó cuando Moix intentó frenar un registro concreto en el Canal de Isabel II –de donde manaba el dinero de la trama Lezo– para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en 2001, y otras operaciones de la época porque afectan a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que podría acabar con un nuevo caso en la Audiencia contra otro altísimo dirigente del PP.

Manuel Moix ya ha torpedeado a los fiscales anticorrupción Iañez, García Cerdá, Grinda y Bermejo
La orden de Moix de “desvincular cronológicamente” este registro por "falta de conexión directa" con el caso Lezo fue contestada por los dos fiscales encargados del caso: Carlos Iañez y Carmen García Cerdá (esta última fiscal en Púnica). Ambos expusieron en la Junta que el debate sobre la "conexidad" de los documentos en este registro ya se había resuelto gracias a un dictamen de la Audiencia Nacional y Moix tuvo que dar marcha atrás.

Pero además, Moix impuso que se retirase la imputación del delito de "organización criminal" tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como al resto de investigados en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y sólo se ha sostenido esa acusación porque así lo ha decidido el juez Velasco.

La cuarta crisis mediática surgió con el inesperado relevo de los fiscales del caso 3% de corrupción en Catalunya, José Grinda y Fernando Bermejo, en el caso de supuesta financiación ilegal de CDC que se investiga en un juzgado de El Vendrell.

Luego llegó la quinta crisis, con la filtración a la Cadena Ser de que había pedido la cabeza de Carlos Iañez, fiscal principal de Lezo. Ante el escándalo mediático, Moix se apresuró a desmentirlo y la Fiscalía difundió como prueba que se había renovado a Iañez en su comisión de servicio, ya que tiene su plaza en Granada. Ahora bien, aquella renovación se produjo el 6 de abril, días antes de la Junta de Fiscales y de que, tras perderla, Moix intentara vengarse de Iañez.

El origen de este enésimo escándalo fue la discusión que se produjo en el despacho de Moix previa a la convocatoria de la Junta de Fiscales. Iañez, indignado por las continuas intromisiones obstruccionistas del fiscal jefe –quien nada más tomar posesión ya trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo–, le espetó a Moix que si él era un problema, se volvía a Granada. Y exigió orden por escrito y reunión de la Junta de Fiscales.

"Espero tu dimisión, en tres días, sobre mi mesa"
Después, cuando Iañez fue a recoger la orden escrita del fiscal jefe de que no se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, Moix le dijo que si lo dejaba ahí y no recogía la orden, no habría medidas disciplinarias contra él y seguiría en el caso Lezo. Iañez le respondió que insistía en ampararse en el artículo 27, que quería la orden escrita y, en el calor de la discusión, dijo a su superior que estaba cansado: "Esto es insostenible; si es un problema me voy para mi casa".

Finalmente, se celebró la Junta de Fiscales y se incautó la documentación de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II y de la cual se desviaron 23 millones de euros en una sola operación. Pero el martes, 25 de abril, cuando Iañez acudió al despacho de Moix a recoger su permiso para viajar a Granada durante el puente de mayo, el fiscal jefe de Anticorrupción le dijo al entregársela: "Espero que cumplas tu palabra y tenga dentro de tres días tu dimisión encima de la mesa".

Iañez le respondió, sorprendido, que aquello lo había dicho en un calentón, pero que no tenía intención de dimitir cuando invocó el artículo 27 del Estatuto; máxime cuando la mayoría de sus compañeros le había apoyado.

El fiscal jefe se alía con un imputado para actuar contra dos de sus fiscales, algo que no tiene precedentes
La sexta crisis llegó muy poco después. Como Grinda y Bermejo se habían acogido, a su vez, a otro artículo del Estatuto (el 23) para que el fiscal general tuviera que consultar con el Consejo Fiscal antes de apartarlos del caso 3% en Catalunya, Moix inició los trámites para que fueran investigados por supuestas coacciones a un imputado, sin siquiera escucharlos antes para contrastar los hechos, como era su obligación. Más todavía: según se ha sabido después, el fiscal jefe incluso interrogó al imputado (Rafael Pallardó) para recabar su versión y reforzar su actuación contra los dos fiscales, algo insólito por parte de quien tiene el deber de amparar a sus subordinados y que no tiene precedentes en la Fiscalía.

Pero no es ésa la única causa en la que Moix ha actuado por su cuenta, sin informar a sus subordinados y dando toda la apariencia de que está intrigando con los imputados en contra de los fiscales anticorrupción: incluso antes de reunirse en secreto con Pallardó, el fiscal jefe recibió en su despacho a los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) e investigados por presunto blanqueo de capitales en su entidad filial Banco Madrid. Una vez más, Moix lo hizo a espaldas de los fiscales que llevan el caso (Grinda y Rosa).

La guinda de todo este pasteleo es que Pallardó y los hermanos Cierco comparten el mismo abogado: Javier Iglesias, cercano al PP y en cuyo despacho citó el comisario Villarejo a Josep Pujol Ferrusola para intimidarlo en el marco de la Operación Cataluña de la brigada política de Interior montada por el exministro Fernández Díaz. Y, para rizar el rizo, resulta que los Cierco han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y al excomisario Marcelino Martín Blas –exjefe de Asuntos Internos enfrentado con esa brigada política–, acusándoles, de coaccionarles para que dieran datos bancarios sobre la familia Pujol. ¡Y apoyan su acusación en informes policiales internos sin firmar que acaba de atribuirse, ante notario, el propio comisario Villarejo!

El fiscal jefe Moix cometió un presunto delito de revelación de secretos al ser entrevistado en la radio
Todas estas crisis –sin la menor duda provocadas por maniobras del fiscal jefe Anticorrupción y que en la práctica obstaculizan investigaciones sobre casos de corrupción política– tienen que ser abordadas en el Consejo Fiscal este miércoles y jueves. Una sesión doble que constituirá de hecho una séptima crisis y que abrirá la vía hacia la octava maravilla de esta nueva era en la Fiscalía: las comparecencias ante el Congreso de los Diputados de Catalá y de Maza, el próximo 10 de mayo, para dar explicaciones –si es que existe alguna lógica– de tanto despropósito.

Porque, en su huida hacia delante, Moix cometió otra torpeza, que en realidad es un presunto delito: admitió públicamente al ser entrevistado en la Ser que se había colocado un micrófono oculto en el despacho de Ignacio González, hecho que estaba protegido por el secreto del sumario y que compromete la causa, ya que la defensa del expresidente de la CAM variará sin duda su estrategia en base a la revelación del fiscal jefe. Por eso el Código Penal castiga la "revelación de secretos".

Pero aún más grave es que el juez Alejandro Abascal ordenó esa acción insólita de entrar por la noche en el despacho del hoy encarcelado para colocar el micro escondido precisamente porque los imputados habían sido advertidos de que estaban siendo investigados (por "una juez amiga de la casa", dicen en una grabación) y el propio González utilizaba un móvil encriptado, al saber que había sido intervenido por orden judicial.

Hay actuaciones discutibles, pero esta cadena de hechos es incontrovertible: el Gobierno ha metido mano en la Fiscalía y pretende estrangularla en una estratagema desesperada por evitar que la corrupción de los más altos dirigentes del PP haga estallar el partido en pedazos.

¿Cómo tiene Rajoy el descaro de exigir a los demás que respeten la independencia judicial?

http://www.publico.es/politica/pp-parasita-justicia-gobierno-asalta.html

¿Y como algunos se atreven a criticar una moción de censura ante tamañas situaciones de corrupción?
 
EL PP PARASITA LA JUSTICIAEl Gobierno asalta la Fiscalía para frenar las investigaciones de corrupción política.

En menos de dos meses, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha provocado media docena de crisis profundas en su empeño de cortar las alas a los fiscales encargados de casos en los que están imputados dirigentes políticos y empresarios afines. Pero el asalto a la Fiscalía desencadenado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va incluso más allá.


El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, habla con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. IGNACIO GIL/EFE



MADRID
02/05/2017 17:26 Actualizado: 02/05/2017 23:15
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Ya se lo dijo Ignacio González al ministro de Justicia en agosto pasado: "...yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto".

El expresidente de la Comunidad de Madrid –hoy preso en Soto del Real– se lo estaba diciendo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– y justo antes había detallado cuál era el primer paso a dar: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno". Dicho y hecho.



Ciertamente, Manuel Moix había sido hasta entonces más que bueno... para Ignacio González. Y tan específicamente para él como que cuando ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que Moix desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí), tal como ha revelado InfoLibre.

Moix no hizo averiguación ninguna –pues habría destapado de inmediato que el hermano, Pablo hoy también preso, y el cuñado, imputado y en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza– se estaban forrando como comisionistas de ese absurdo proyecto urbano que está hoy ante la Justicia. Pero el hoy fiscal jefe Anticorrupción no se cortó en afirmar por escrito que no existía "ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha" de irregularidad por parte de González. Vaya, "un tío... serio y bueno".

Así que ése debió ser uno de los méritos de la carrera de Moix que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, valoraría cuando decidió imponerlo al frente de Anticorrupción por encima de media docena de candidatos mucho más cualificados en ese campo. Y sin duda también estimaría Maza valiosas otras decisiones de Moix como fiscal superior de Madrid, desde la de ponerse del lado del empresario Miguel Ángel Flores y del Ayuntamiento de Ana Botella en el caso del Madrid Arena (donde perecieron cinco chicas), hasta la de tratar de impedir la divulgación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que han sido muy esclarecedores en los casos de las tarjetas black y de las preferentes.

Asalto en todos los frentes tras formar Gobierno
Seis meses después de aquella conversación telefónica intervenida por los fiscales que investigaban el caso Lezo, Maza se decidió por el candidato preferido por el imputado González como el más idóneo para poner orden en Anticorrupción. Porque, según ha podido confirmar Público de diversas fuentes fiscales coincidentes, en cuanto Mariano Rajoy logró formar Gobierno tras las elecciones del 20-D, el revalidado ministro Catalá desencadenó un asalto a la Fiscalía en todos los frentes para frenar las investigaciones de las tramas de corrupción política.

Primero destituyó a Consuelo Madrigal –quien se oponía a la designación de Moix y consideraba mucho más idóneo a Alejandro Luzón– y colocó en su puesto a Maza –involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el comisario Villarejo–, quien no sólo cumplió enseguida los deseos de Ignacio González sino que hizo cambios cruciales en la jefatura de las dos Salas más importantes: en Anticorrupción puso a Moix y en la Audiencia Nacional, a Jesús Alonso, sustituyendo a Javier Zaragoza, quien la dirigía desde 2006.

Y resulta que Jesús Alonso también tiene relación con Zaplana: el exministro de Aznar acudió a su toma de posesión como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, el 22 de abril de 2013, según varios testigos de aquella ceremonia, cuyas fotos oficiales evitaron la imagen del dirigente del PP. Incluso, relatan, "hubo varios fiscales que no se quisieron sentar cerca de Zaplana" entre el reducido público que acudió al acto.

El motivo es que el exministro de Trabajo aparece también en las grabaciones del caso Naseiro (entonces tesorero del PP), en 1990, trama de corrupción descubierta en Valencia y en la que se acreditaba la financiación paralela de los partidos políticos, que se repartían proporcionalmente a su representación parlamentaria las comisiones (del 3% o 5%) y las donaciones de grandes empresas.

Ignacio González dijo, de la fiscal general: "Se la van a follxx". El ministro Catalá la destituyó poco después
Estas fiscalías tan sensibles (Anticorrupción y Audiencia Nacional) figuran también en la conversación interceptada en el caso Lezo entre Ignacio González y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas, cuando hablan de la posible destitución de Madrigal como fiscal general: "Se la van a follxx", llega a decir González tras hablarlo con el magistrado y también exvocal Enrique López.

Enrique Arnaldo revela en su conversación con González que el Gobierno va a "mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Esta operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya lo conoce", según reveló El Español. Todo ello se confirmó después en la realidad de las acciones ejecutadas por el ministro y su fiscal general.

El fiscal general toma el mando de todos los casos
Aunque casi más importante –y mucho menos conocida– fue la decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que depende directamente del fiscal general del Estado y constituye su principal organismo de control del conjunto del Ministerio Público, de impartir órdenes a todos los fiscales de España para que, a partir de ahora, los casos que afecten a aforados –políticos con cargos electos– sean dirigidos por dicha Secretaría, según ha podido saber Público.

Una orden paralela y sospechosamente similar a la que dictó Moix nada más llegar a la jefatura de Anticorrupción: él sería a partir de ese instante el único portavoz en todas las causas de corrupción política, y las supervisaría personalmente una a una, para que ninguna actuación ni imputación se hiciese sin su censura previa. Hasta ese momento, y durante los 13 años en los que Antonio Salinas fue fiscal jefe (hasta su jubilación), eran los fiscales los que informaban a la prensa, con mejor o peor acierto, y los que tomaban las decisiones operativas en el día a día de las investigaciones con bastante autonomía.

Maza pretende instaurar un modelo de Fiscalía que se basa en concentrar el poder en una sola mano, sin contrapeso de excesos
A partir de la toma de posesión de Maza, el caos se ha instaurado en el Ministerio Público. Como explica Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, hasta la llegada de Maza, la Fiscalía se basaba en la confianza en los profesionales, que asumían su responsabilidad, con un jefe que se limitaba a coordinar sus trabajos. En cambio, el modelo que se pretende imponer ahora concentra todo el poder en una sola mano, sin que el Estatuto Orgánico vigente prevea contrapesos ante los excesos de poder más allá de requerir que un jefe entregue las órdenes por escrito.

Para García Ortiz, que ha pedido abordar la crisis en Anticorrupción en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles y jueves, el segundo modelo que se pretende imponer se basa en el control absoluto:

"Cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. El cambio hacia un modelo más jerarquizado es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos".

"Lo que ocurre es la quiebra total del Estado de Derecho"
Al mismo tiempo, fuentes fiscales subrayan: "Estamos absolutamente perplejos ante el grado de penetración de la corrupción" que evidencia el caso Lezo.

"Corrupción siempre ha existido. Lo más grave es que el sistema judicial sea contaminado, como ocurre aquí, porque es la quiebra total del Estado de Derecho", añaden estas fuentes de la Fiscalía. Y alertan: "Pasa al igual que en los Estados fallidos, donde existe una simbiosis entre corrupción, poder político, económico y penetración en la Justicia", informa Julia Pérez.

Las conversaciones interceptadas en la Operación Lezo y los pasos dados por Moix en ese mismo sentido en sus primeros 53 días de mandato son claros indicios de que "el Gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción", interpreta otra fuente fiscal, alarmada por la deriva en Anticorrupción y muy crítica con las directrices de Moix.

Al mismo tiempo, en la Fiscalía se está desarrollando una dura confrontación interna sobre el modelo de Ministerio Público del futuro, ahora que el ministro Catalá ha anunciado la intención del Gobierno del PP de traspasar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. ¿Qué confianza se podrá tener en la independencia de ese nuevo método de investigación judicial, cuando el Ejecutivo está precisamente apretando las tuercas desde la jerarquía de los fiscales?

Así que la primera orden autoritaria de Moix –quien también anunció su intención de poner freno a excesos, como que en los registros la Policía se lleve todo tipo de documentos y pruebas más allá de lo indicado en la orden o que sean los agentes los que digan a los fiscales en sus escritos los delitos de los imputados– generó la primera crisis interna en Anticorrupción.

Moix provoca una crisis tras otra con sus interferencias
La segunda decisión de Moix creó su primera crisis mediática: ordenó a las fiscales del caso Púnica que no instaran la imputación del presidente de Murcia ahora dimitido, Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero el juez del caso en la Audiencia (Eloy Velasco) envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su implicación en ese caso de corrupción y el político conservador acabó dimitiendo, pues además acabó siendo imputado en otra causa (el caso Auditorio) en la región.

Cabe preguntarse, ¿prometió Sánchez dimitir si llegaba a ser imputado porque confiaba en que el Gobierno impediría su imputación? Al fin y al cabo, sabía que la Fiscalía iba a oponerse a que fuera investigado mucho antes de que eso se anunciase. ¿Se lo filtró el Gobierno, igual que alguien del Ejecutivo le filtró a Ignacio González que sus teléfonos estaban intervenidos?

La tercera crisis provocada por Moix arrancó con la celebración de una Junta de Fiscales de Anticorrupción por una petición inusual: los fiscales del caso Lezo se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico, que prevé que el superior entregue una orden por escrito en caso de discrepancia. Moix convocó la Junta y perdió por mayoría abrumadora: 21 de los 24 fiscales presentes se opusieron a su criterio.

El pulso comenzó cuando Moix intentó frenar un registro concreto en el Canal de Isabel II –de donde manaba el dinero de la trama Lezo– para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en 2001, y otras operaciones de la época porque afectan a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que podría acabar con un nuevo caso en la Audiencia contra otro altísimo dirigente del PP.

Manuel Moix ya ha torpedeado a los fiscales anticorrupción Iañez, García Cerdá, Grinda y Bermejo
La orden de Moix de “desvincular cronológicamente” este registro por "falta de conexión directa" con el caso Lezo fue contestada por los dos fiscales encargados del caso: Carlos Iañez y Carmen García Cerdá (esta última fiscal en Púnica). Ambos expusieron en la Junta que el debate sobre la "conexidad" de los documentos en este registro ya se había resuelto gracias a un dictamen de la Audiencia Nacional y Moix tuvo que dar marcha atrás.

Pero además, Moix impuso que se retirase la imputación del delito de "organización criminal" tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como al resto de investigados en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y sólo se ha sostenido esa acusación porque así lo ha decidido el juez Velasco.

La cuarta crisis mediática surgió con el inesperado relevo de los fiscales del caso 3% de corrupción en Catalunya, José Grinda y Fernando Bermejo, en el caso de supuesta financiación ilegal de CDC que se investiga en un juzgado de El Vendrell.

Luego llegó la quinta crisis, con la filtración a la Cadena Ser de que había pedido la cabeza de Carlos Iañez, fiscal principal de Lezo. Ante el escándalo mediático, Moix se apresuró a desmentirlo y la Fiscalía difundió como prueba que se había renovado a Iañez en su comisión de servicio, ya que tiene su plaza en Granada. Ahora bien, aquella renovación se produjo el 6 de abril, días antes de la Junta de Fiscales y de que, tras perderla, Moix intentara vengarse de Iañez.

El origen de este enésimo escándalo fue la discusión que se produjo en el despacho de Moix previa a la convocatoria de la Junta de Fiscales. Iañez, indignado por las continuas intromisiones obstruccionistas del fiscal jefe –quien nada más tomar posesión ya trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo–, le espetó a Moix que si él era un problema, se volvía a Granada. Y exigió orden por escrito y reunión de la Junta de Fiscales.

"Espero tu dimisión, en tres días, sobre mi mesa"
Después, cuando Iañez fue a recoger la orden escrita del fiscal jefe de que no se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, Moix le dijo que si lo dejaba ahí y no recogía la orden, no habría medidas disciplinarias contra él y seguiría en el caso Lezo. Iañez le respondió que insistía en ampararse en el artículo 27, que quería la orden escrita y, en el calor de la discusión, dijo a su superior que estaba cansado: "Esto es insostenible; si es un problema me voy para mi casa".

Finalmente, se celebró la Junta de Fiscales y se incautó la documentación de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II y de la cual se desviaron 23 millones de euros en una sola operación. Pero el martes, 25 de abril, cuando Iañez acudió al despacho de Moix a recoger su permiso para viajar a Granada durante el puente de mayo, el fiscal jefe de Anticorrupción le dijo al entregársela: "Espero que cumplas tu palabra y tenga dentro de tres días tu dimisión encima de la mesa".

Iañez le respondió, sorprendido, que aquello lo había dicho en un calentón, pero que no tenía intención de dimitir cuando invocó el artículo 27 del Estatuto; máxime cuando la mayoría de sus compañeros le había apoyado.

El fiscal jefe se alía con un imputado para actuar contra dos de sus fiscales, algo que no tiene precedentes
La sexta crisis llegó muy poco después. Como Grinda y Bermejo se habían acogido, a su vez, a otro artículo del Estatuto (el 23) para que el fiscal general tuviera que consultar con el Consejo Fiscal antes de apartarlos del caso 3% en Catalunya, Moix inició los trámites para que fueran investigados por supuestas coacciones a un imputado, sin siquiera escucharlos antes para contrastar los hechos, como era su obligación. Más todavía: según se ha sabido después, el fiscal jefe incluso interrogó al imputado (Rafael Pallardó) para recabar su versión y reforzar su actuación contra los dos fiscales, algo insólito por parte de quien tiene el deber de amparar a sus subordinados y que no tiene precedentes en la Fiscalía.

Pero no es ésa la única causa en la que Moix ha actuado por su cuenta, sin informar a sus subordinados y dando toda la apariencia de que está intrigando con los imputados en contra de los fiscales anticorrupción: incluso antes de reunirse en secreto con Pallardó, el fiscal jefe recibió en su despacho a los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) e investigados por presunto blanqueo de capitales en su entidad filial Banco Madrid. Una vez más, Moix lo hizo a espaldas de los fiscales que llevan el caso (Grinda y Rosa).

La guinda de todo este pasteleo es que Pallardó y los hermanos Cierco comparten el mismo abogado: Javier Iglesias, cercano al PP y en cuyo despacho citó el comisario Villarejo a Josep Pujol Ferrusola para intimidarlo en el marco de la Operación Cataluña de la brigada política de Interior montada por el exministro Fernández Díaz. Y, para rizar el rizo, resulta que los Cierco han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y al excomisario Marcelino Martín Blas –exjefe de Asuntos Internos enfrentado con esa brigada política–, acusándoles, de coaccionarles para que dieran datos bancarios sobre la familia Pujol. ¡Y apoyan su acusación en informes policiales internos sin firmar que acaba de atribuirse, ante notario, el propio comisario Villarejo!

El fiscal jefe Moix cometió un presunto delito de revelación de secretos al ser entrevistado en la radio
Todas estas crisis –sin la menor duda provocadas por maniobras del fiscal jefe Anticorrupción y que en la práctica obstaculizan investigaciones sobre casos de corrupción política– tienen que ser abordadas en el Consejo Fiscal este miércoles y jueves. Una sesión doble que constituirá de hecho una séptima crisis y que abrirá la vía hacia la octava maravilla de esta nueva era en la Fiscalía: las comparecencias ante el Congreso de los Diputados de Catalá y de Maza, el próximo 10 de mayo, para dar explicaciones –si es que existe alguna lógica– de tanto despropósito.

Porque, en su huida hacia delante, Moix cometió otra torpeza, que en realidad es un presunto delito: admitió públicamente al ser entrevistado en la Ser que se había colocado un micrófono oculto en el despacho de Ignacio González, hecho que estaba protegido por el secreto del sumario y que compromete la causa, ya que la defensa del expresidente de la CAM variará sin duda su estrategia en base a la revelación del fiscal jefe. Por eso el Código Penal castiga la "revelación de secretos".

Pero aún más grave es que el juez Alejandro Abascal ordenó esa acción insólita de entrar por la noche en el despacho del hoy encarcelado para colocar el micro escondido precisamente porque los imputados habían sido advertidos de que estaban siendo investigados (por "una juez amiga de la casa", dicen en una grabación) y el propio González utilizaba un móvil encriptado, al saber que había sido intervenido por orden judicial.

Hay actuaciones discutibles, pero esta cadena de hechos es incontrovertible: el Gobierno ha metido mano en la Fiscalía y pretende estrangularla en una estratagema desesperada por evitar que la corrupción de los más altos dirigentes del PP haga estallar el partido en pedazos.

¿Cómo tiene Rajoy el descaro de exigir a los demás que respeten la independencia judicial?

http://www.publico.es/politica/pp-parasita-justicia-gobierno-asalta.html

¿Y como algunos se atreven a criticar una moción de censura ante tamañas situaciones de corrupción?

Partido Popular y corrupción son palabras sinónimas.
 
Este gobierno está dando una imagen miserable.Está creando un ambiente de fango que cubre a todas las instituciones.Está arrastrando por el fango a la "justicia" que premia a los malos y castiga a los buenos.Nunca se ha visto algo igual en un Estado democrático.Hasta el punto que pienso, si en España va a ver alguna vez una democracia sería y de verdad.Tenemos un historia detrás,que da miedo revisarla.El gentilicio español es muy peculiar, no se si será del reboluto de tantas invasiones que ha tenido España,que nos han dejado sus genes y están sin pulir-A su vez España también ha dejado la semilla en Latinoamerica,lo que está pasando aparte de ser una verdadera vergüenza,no tiene un nombre conocido de todas las frases que hay en el diccionario.Habría que inventar nuevas palabras para definir todo esto.Sin Justicia no hay democracia,si la justicia solo sirve para defender al poder,estamos jodidos sin remedio.Por mucho que duela la verdad, es preferible a la ignorancia,deseo que salga todo lo que hay de podrido por muy escabroso que sea
 
EL PP PARASITA LA JUSTICIAEl Gobierno asalta la Fiscalía para frenar las investigaciones de corrupción política.

En menos de dos meses, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha provocado media docena de crisis profundas en su empeño de cortar las alas a los fiscales encargados de casos en los que están imputados dirigentes políticos y empresarios afines. Pero el asalto a la Fiscalía desencadenado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va incluso más allá.


El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, habla con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. IGNACIO GIL/EFE



MADRID
02/05/2017 17:26 Actualizado: 02/05/2017 23:15
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Ya se lo dijo Ignacio González al ministro de Justicia en agosto pasado: "...yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto".

El expresidente de la Comunidad de Madrid –hoy preso en Soto del Real– se lo estaba diciendo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– y justo antes había detallado cuál era el primer paso a dar: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno". Dicho y hecho.



Ciertamente, Manuel Moix había sido hasta entonces más que bueno... para Ignacio González. Y tan específicamente para él como que cuando ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que Moix desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí), tal como ha revelado InfoLibre.

Moix no hizo averiguación ninguna –pues habría destapado de inmediato que el hermano, Pablo hoy también preso, y el cuñado, imputado y en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza– se estaban forrando como comisionistas de ese absurdo proyecto urbano que está hoy ante la Justicia. Pero el hoy fiscal jefe Anticorrupción no se cortó en afirmar por escrito que no existía "ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha" de irregularidad por parte de González. Vaya, "un tío... serio y bueno".

Así que ése debió ser uno de los méritos de la carrera de Moix que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, valoraría cuando decidió imponerlo al frente de Anticorrupción por encima de media docena de candidatos mucho más cualificados en ese campo. Y sin duda también estimaría Maza valiosas otras decisiones de Moix como fiscal superior de Madrid, desde la de ponerse del lado del empresario Miguel Ángel Flores y del Ayuntamiento de Ana Botella en el caso del Madrid Arena (donde perecieron cinco chicas), hasta la de tratar de impedir la divulgación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que han sido muy esclarecedores en los casos de las tarjetas black y de las preferentes.

Asalto en todos los frentes tras formar Gobierno
Seis meses después de aquella conversación telefónica intervenida por los fiscales que investigaban el caso Lezo, Maza se decidió por el candidato preferido por el imputado González como el más idóneo para poner orden en Anticorrupción. Porque, según ha podido confirmar Público de diversas fuentes fiscales coincidentes, en cuanto Mariano Rajoy logró formar Gobierno tras las elecciones del 20-D, el revalidado ministro Catalá desencadenó un asalto a la Fiscalía en todos los frentes para frenar las investigaciones de las tramas de corrupción política.

Primero destituyó a Consuelo Madrigal –quien se oponía a la designación de Moix y consideraba mucho más idóneo a Alejandro Luzón– y colocó en su puesto a Maza –involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el comisario Villarejo–, quien no sólo cumplió enseguida los deseos de Ignacio González sino que hizo cambios cruciales en la jefatura de las dos Salas más importantes: en Anticorrupción puso a Moix y en la Audiencia Nacional, a Jesús Alonso, sustituyendo a Javier Zaragoza, quien la dirigía desde 2006.

Y resulta que Jesús Alonso también tiene relación con Zaplana: el exministro de Aznar acudió a su toma de posesión como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, el 22 de abril de 2013, según varios testigos de aquella ceremonia, cuyas fotos oficiales evitaron la imagen del dirigente del PP. Incluso, relatan, "hubo varios fiscales que no se quisieron sentar cerca de Zaplana" entre el reducido público que acudió al acto.

El motivo es que el exministro de Trabajo aparece también en las grabaciones del caso Naseiro (entonces tesorero del PP), en 1990, trama de corrupción descubierta en Valencia y en la que se acreditaba la financiación paralela de los partidos políticos, que se repartían proporcionalmente a su representación parlamentaria las comisiones (del 3% o 5%) y las donaciones de grandes empresas.

Ignacio González dijo, de la fiscal general: "Se la van a follxx". El ministro Catalá la destituyó poco después
Estas fiscalías tan sensibles (Anticorrupción y Audiencia Nacional) figuran también en la conversación interceptada en el caso Lezo entre Ignacio González y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas, cuando hablan de la posible destitución de Madrigal como fiscal general: "Se la van a follxx", llega a decir González tras hablarlo con el magistrado y también exvocal Enrique López.

Enrique Arnaldo revela en su conversación con González que el Gobierno va a "mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Esta operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya lo conoce", según reveló El Español. Todo ello se confirmó después en la realidad de las acciones ejecutadas por el ministro y su fiscal general.

El fiscal general toma el mando de todos los casos
Aunque casi más importante –y mucho menos conocida– fue la decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que depende directamente del fiscal general del Estado y constituye su principal organismo de control del conjunto del Ministerio Público, de impartir órdenes a todos los fiscales de España para que, a partir de ahora, los casos que afecten a aforados –políticos con cargos electos– sean dirigidos por dicha Secretaría, según ha podido saber Público.

Una orden paralela y sospechosamente similar a la que dictó Moix nada más llegar a la jefatura de Anticorrupción: él sería a partir de ese instante el único portavoz en todas las causas de corrupción política, y las supervisaría personalmente una a una, para que ninguna actuación ni imputación se hiciese sin su censura previa. Hasta ese momento, y durante los 13 años en los que Antonio Salinas fue fiscal jefe (hasta su jubilación), eran los fiscales los que informaban a la prensa, con mejor o peor acierto, y los que tomaban las decisiones operativas en el día a día de las investigaciones con bastante autonomía.

Maza pretende instaurar un modelo de Fiscalía que se basa en concentrar el poder en una sola mano, sin contrapeso de excesos
A partir de la toma de posesión de Maza, el caos se ha instaurado en el Ministerio Público. Como explica Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, hasta la llegada de Maza, la Fiscalía se basaba en la confianza en los profesionales, que asumían su responsabilidad, con un jefe que se limitaba a coordinar sus trabajos. En cambio, el modelo que se pretende imponer ahora concentra todo el poder en una sola mano, sin que el Estatuto Orgánico vigente prevea contrapesos ante los excesos de poder más allá de requerir que un jefe entregue las órdenes por escrito.

Para García Ortiz, que ha pedido abordar la crisis en Anticorrupción en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles y jueves, el segundo modelo que se pretende imponer se basa en el control absoluto:

"Cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. El cambio hacia un modelo más jerarquizado es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos".

"Lo que ocurre es la quiebra total del Estado de Derecho"
Al mismo tiempo, fuentes fiscales subrayan: "Estamos absolutamente perplejos ante el grado de penetración de la corrupción" que evidencia el caso Lezo.

"Corrupción siempre ha existido. Lo más grave es que el sistema judicial sea contaminado, como ocurre aquí, porque es la quiebra total del Estado de Derecho", añaden estas fuentes de la Fiscalía. Y alertan: "Pasa al igual que en los Estados fallidos, donde existe una simbiosis entre corrupción, poder político, económico y penetración en la Justicia", informa Julia Pérez.

Las conversaciones interceptadas en la Operación Lezo y los pasos dados por Moix en ese mismo sentido en sus primeros 53 días de mandato son claros indicios de que "el Gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción", interpreta otra fuente fiscal, alarmada por la deriva en Anticorrupción y muy crítica con las directrices de Moix.

Al mismo tiempo, en la Fiscalía se está desarrollando una dura confrontación interna sobre el modelo de Ministerio Público del futuro, ahora que el ministro Catalá ha anunciado la intención del Gobierno del PP de traspasar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. ¿Qué confianza se podrá tener en la independencia de ese nuevo método de investigación judicial, cuando el Ejecutivo está precisamente apretando las tuercas desde la jerarquía de los fiscales?

Así que la primera orden autoritaria de Moix –quien también anunció su intención de poner freno a excesos, como que en los registros la Policía se lleve todo tipo de documentos y pruebas más allá de lo indicado en la orden o que sean los agentes los que digan a los fiscales en sus escritos los delitos de los imputados– generó la primera crisis interna en Anticorrupción.

Moix provoca una crisis tras otra con sus interferencias
La segunda decisión de Moix creó su primera crisis mediática: ordenó a las fiscales del caso Púnica que no instaran la imputación del presidente de Murcia ahora dimitido, Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero el juez del caso en la Audiencia (Eloy Velasco) envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su implicación en ese caso de corrupción y el político conservador acabó dimitiendo, pues además acabó siendo imputado en otra causa (el caso Auditorio) en la región.

Cabe preguntarse, ¿prometió Sánchez dimitir si llegaba a ser imputado porque confiaba en que el Gobierno impediría su imputación? Al fin y al cabo, sabía que la Fiscalía iba a oponerse a que fuera investigado mucho antes de que eso se anunciase. ¿Se lo filtró el Gobierno, igual que alguien del Ejecutivo le filtró a Ignacio González que sus teléfonos estaban intervenidos?

La tercera crisis provocada por Moix arrancó con la celebración de una Junta de Fiscales de Anticorrupción por una petición inusual: los fiscales del caso Lezo se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico, que prevé que el superior entregue una orden por escrito en caso de discrepancia. Moix convocó la Junta y perdió por mayoría abrumadora: 21 de los 24 fiscales presentes se opusieron a su criterio.

El pulso comenzó cuando Moix intentó frenar un registro concreto en el Canal de Isabel II –de donde manaba el dinero de la trama Lezo– para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en 2001, y otras operaciones de la época porque afectan a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que podría acabar con un nuevo caso en la Audiencia contra otro altísimo dirigente del PP.

Manuel Moix ya ha torpedeado a los fiscales anticorrupción Iañez, García Cerdá, Grinda y Bermejo
La orden de Moix de “desvincular cronológicamente” este registro por "falta de conexión directa" con el caso Lezo fue contestada por los dos fiscales encargados del caso: Carlos Iañez y Carmen García Cerdá (esta última fiscal en Púnica). Ambos expusieron en la Junta que el debate sobre la "conexidad" de los documentos en este registro ya se había resuelto gracias a un dictamen de la Audiencia Nacional y Moix tuvo que dar marcha atrás.

Pero además, Moix impuso que se retirase la imputación del delito de "organización criminal" tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como al resto de investigados en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y sólo se ha sostenido esa acusación porque así lo ha decidido el juez Velasco.

La cuarta crisis mediática surgió con el inesperado relevo de los fiscales del caso 3% de corrupción en Catalunya, José Grinda y Fernando Bermejo, en el caso de supuesta financiación ilegal de CDC que se investiga en un juzgado de El Vendrell.

Luego llegó la quinta crisis, con la filtración a la Cadena Ser de que había pedido la cabeza de Carlos Iañez, fiscal principal de Lezo. Ante el escándalo mediático, Moix se apresuró a desmentirlo y la Fiscalía difundió como prueba que se había renovado a Iañez en su comisión de servicio, ya que tiene su plaza en Granada. Ahora bien, aquella renovación se produjo el 6 de abril, días antes de la Junta de Fiscales y de que, tras perderla, Moix intentara vengarse de Iañez.

El origen de este enésimo escándalo fue la discusión que se produjo en el despacho de Moix previa a la convocatoria de la Junta de Fiscales. Iañez, indignado por las continuas intromisiones obstruccionistas del fiscal jefe –quien nada más tomar posesión ya trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo–, le espetó a Moix que si él era un problema, se volvía a Granada. Y exigió orden por escrito y reunión de la Junta de Fiscales.

"Espero tu dimisión, en tres días, sobre mi mesa"
Después, cuando Iañez fue a recoger la orden escrita del fiscal jefe de que no se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, Moix le dijo que si lo dejaba ahí y no recogía la orden, no habría medidas disciplinarias contra él y seguiría en el caso Lezo. Iañez le respondió que insistía en ampararse en el artículo 27, que quería la orden escrita y, en el calor de la discusión, dijo a su superior que estaba cansado: "Esto es insostenible; si es un problema me voy para mi casa".

Finalmente, se celebró la Junta de Fiscales y se incautó la documentación de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II y de la cual se desviaron 23 millones de euros en una sola operación. Pero el martes, 25 de abril, cuando Iañez acudió al despacho de Moix a recoger su permiso para viajar a Granada durante el puente de mayo, el fiscal jefe de Anticorrupción le dijo al entregársela: "Espero que cumplas tu palabra y tenga dentro de tres días tu dimisión encima de la mesa".

Iañez le respondió, sorprendido, que aquello lo había dicho en un calentón, pero que no tenía intención de dimitir cuando invocó el artículo 27 del Estatuto; máxime cuando la mayoría de sus compañeros le había apoyado.

El fiscal jefe se alía con un imputado para actuar contra dos de sus fiscales, algo que no tiene precedentes
La sexta crisis llegó muy poco después. Como Grinda y Bermejo se habían acogido, a su vez, a otro artículo del Estatuto (el 23) para que el fiscal general tuviera que consultar con el Consejo Fiscal antes de apartarlos del caso 3% en Catalunya, Moix inició los trámites para que fueran investigados por supuestas coacciones a un imputado, sin siquiera escucharlos antes para contrastar los hechos, como era su obligación. Más todavía: según se ha sabido después, el fiscal jefe incluso interrogó al imputado (Rafael Pallardó) para recabar su versión y reforzar su actuación contra los dos fiscales, algo insólito por parte de quien tiene el deber de amparar a sus subordinados y que no tiene precedentes en la Fiscalía.

Pero no es ésa la única causa en la que Moix ha actuado por su cuenta, sin informar a sus subordinados y dando toda la apariencia de que está intrigando con los imputados en contra de los fiscales anticorrupción: incluso antes de reunirse en secreto con Pallardó, el fiscal jefe recibió en su despacho a los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) e investigados por presunto blanqueo de capitales en su entidad filial Banco Madrid. Una vez más, Moix lo hizo a espaldas de los fiscales que llevan el caso (Grinda y Rosa).

La guinda de todo este pasteleo es que Pallardó y los hermanos Cierco comparten el mismo abogado: Javier Iglesias, cercano al PP y en cuyo despacho citó el comisario Villarejo a Josep Pujol Ferrusola para intimidarlo en el marco de la Operación Cataluña de la brigada política de Interior montada por el exministro Fernández Díaz. Y, para rizar el rizo, resulta que los Cierco han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y al excomisario Marcelino Martín Blas –exjefe de Asuntos Internos enfrentado con esa brigada política–, acusándoles, de coaccionarles para que dieran datos bancarios sobre la familia Pujol. ¡Y apoyan su acusación en informes policiales internos sin firmar que acaba de atribuirse, ante notario, el propio comisario Villarejo!

El fiscal jefe Moix cometió un presunto delito de revelación de secretos al ser entrevistado en la radio
Todas estas crisis –sin la menor duda provocadas por maniobras del fiscal jefe Anticorrupción y que en la práctica obstaculizan investigaciones sobre casos de corrupción política– tienen que ser abordadas en el Consejo Fiscal este miércoles y jueves. Una sesión doble que constituirá de hecho una séptima crisis y que abrirá la vía hacia la octava maravilla de esta nueva era en la Fiscalía: las comparecencias ante el Congreso de los Diputados de Catalá y de Maza, el próximo 10 de mayo, para dar explicaciones –si es que existe alguna lógica– de tanto despropósito.

Porque, en su huida hacia delante, Moix cometió otra torpeza, que en realidad es un presunto delito: admitió públicamente al ser entrevistado en la Ser que se había colocado un micrófono oculto en el despacho de Ignacio González, hecho que estaba protegido por el secreto del sumario y que compromete la causa, ya que la defensa del expresidente de la CAM variará sin duda su estrategia en base a la revelación del fiscal jefe. Por eso el Código Penal castiga la "revelación de secretos".

Pero aún más grave es que el juez Alejandro Abascal ordenó esa acción insólita de entrar por la noche en el despacho del hoy encarcelado para colocar el micro escondido precisamente porque los imputados habían sido advertidos de que estaban siendo investigados (por "una juez amiga de la casa", dicen en una grabación) y el propio González utilizaba un móvil encriptado, al saber que había sido intervenido por orden judicial.

Hay actuaciones discutibles, pero esta cadena de hechos es incontrovertible: el Gobierno ha metido mano en la Fiscalía y pretende estrangularla en una estratagema desesperada por evitar que la corrupción de los más altos dirigentes del PP haga estallar el partido en pedazos.

¿Cómo tiene Rajoy el descaro de exigir a los demás que respeten la independencia judicial?

http://www.publico.es/politica/pp-parasita-justicia-gobierno-asalta.html

¿Y como algunos se atreven a criticar una moción de censura ante tamañas situaciones de corrupción?

Hay que preguntarse qué considera esta gentuza motivo de moción, si un país saqueado, en manos de mafiosos y podrido de corrupción no les parece suficiente argumento.
 
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El ministro de Hacienda saca pecho, a pesar de no tener mayoría para que los Presupuestos Generales del Estado se hubieran aprobado tan sólo con los votos del PP. Cristobal Montoro, que se siente más fuerte desde que, pese a sus polémicas y no ser incluso bien visto por muchos populares y compañeros de partido, el presidente del Gobierno le reafirmara en su nuevo equipo de ministros. Quizá por eso, no ha dudado en afirmar que «Hemos salido de la borrachera del gasto público y algunos quieren irse de copas para celebrarlo”.

El debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2017 comenzó este miércoles a mediodía en el Congreso de los Diputados con la presentación de las cuentas públicas por parte del Gobierno, a cargo del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Así que, como si de una mayoría absoluta y holgada se tratara, Montoro defiende los nuevos Presupuestos de 2017 y ha atacado a los grupos de la izquierda por reclamar el regreso a un gasto público expansivo. Una receta que llevó a España al borde del rescate hace seis años, según su criterio.


La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar, ni el debate por los Presupuestos Generales del Estado que se votarán el jueves, ni durante las intervenciones en el Congreso.

En este sentido, el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha salido enseguida a la palestra para dar respuesta a Montoro. Según sus propias palabras, “Cuando el PP habla, se retratan, Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, con emborracharse, como lo hizo el presidente del Eurogrupo”.

Pedro Saura y también el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, han insistido en que “que se lo expliquen a los pensionistas españoles, que cobran una pensión de miseria, que va a crecer el 0,25% cuando el IPC va crecer el 2%”, denunció, advirtiendo de que “al final terminan diciendo lo que son y terminan sacando la patita”.

Para el PSOE hoy Montoro ha terminado “sacando la patita”: el ajuste en nuestro país en 2017 y de aquí al 2020 va a venir del lado del gasto público y social, exclusivamente, y, según explica Saura, “no podemos estar de acuerdo con una política fiscal y presupuestaria que contribuye a que el crecimiento económico no llegue a la mayoría de la gente”.

Para el grupo socialista, el tridente de la política fiscal del PP y Montoro es demoledor, “ha bajado los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones -en 18.000 millones de euros desde que hemos mejorado los datos económicos-, ha subido los impuestos a trabajadores y a rentas medias y ha bajado el gasto social, ahora que hay recuperación”.

“No podemos estar de acuerdo con una política fiscal y presupuestaria que contribuye a que el crecimiento económico no llegue a la mayoría de la gente”, denunció Saura, explicando que “no llega fundamentalmente por dos razones”: además de por esa política fiscal y presupuestaria del PP, “por la política laboral, la reforma laboral del PP, que ha hecho trabajadores pobres, que tengamos un mercado laboral más precario de la UE y que haya provocado que los trabajadores con menos renta hayan perdido en torno al 17% de su salario en lo que llevamos de crisis”, dijo.

http://diario16.com/montoro-compara-gasto-social-irse-copas/

¡Es todo una vergüenza! ¡Y mas quien les apoya!
 
El fallo internacional contra España por las renovables augura otro agujero al Estado
España tiene pendientes 26 reclamaciones en el Banco Mundial. El primer laudo a favor de los inversores dibuja un panorama sombrío en una pelea que supera los 5.000 millones
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Una planta termosolar. (EFE)
RAFAEL MÉNDEZ
JUAN CRUZ PEÑA
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06.05.2017 – 05:00 H.
La Carta de la Energía declara que los Estados firmantes garantizarán "condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores" de otros países "realicen inversiones en su territorio". Eso implica conceder a los inversores extranjeros "un trato justo y equitativo" y una "protección y seguridad completas", según lo establece el artículo 10.1 del tratado internacional, firmado por España en 1994. El CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, acaba de fallar su primer laudo contra España en el que declara que ha incumplido ese punto por los recortes de primas a las renovables. Da la razón al fondo británico Eiser, al que obliga a inmdenizar con 128 millones por tres plantas termosolares construidas en Ciudad Real. Aunque los laudos arbitrales no sientan precedente, abre un panorama negro ante las 26 reclamaciones que tiene España y en las que hay en juego más de 5.000 millones, según fuentes del sector.

España se juega miles de millones ante el CIADI, corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial. El laudo dictado este viernes en contra de los intereses del Estado es solo la primera decisión de los 27 'pleitos' que el Reino de España tiene ante este tribunal internacional por los sucesivos recortes aplicados entre 2011 y 2014 a las renovables, con gobiernos del PSOE y del PP. Fuentes conocedoras de la problemática estiman que España se estaría jugando entre 5.000 y 7.000 millones de euros, aunque no hay una estimación oficial.




Revolcón a Isolux en el primer laudo de renovables: pagará 1,3 millones en costas
RAFAEL MÉNDEZ
El primer arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo da la razón íntegramente al Gobierno. Los inversores internacionales han planteado una veintena de casos en los que piden miles de millones



Los inversores nacionales recurrieron al Supremo contra los recortes, donde han perdido El alto Tribunal consideró que las primas a las renovables no están escritas en piedra y que se pueden cambiar, sobre todo en una época de recortes en pensiones, educación y sanidad. Los inversores extranjeros podían acudir a un arbitraje internacional. La Carta de la Energía es un tratado posterior a la caída del muro para garantizar las inversiones en infraestructuras energéticas en los países del este pero se podía aplicar aquí. El tratado busca garantizar la seguridad jurídica de forma que no se discrimine a inversores extranjeros.

España recibió una cascada de 30 reclamaciones internacionales. Hay tres foros en los que se puede reclamar: la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral y el CIADI. En Estocolmo, España ganó los dos primeros laudos, ambos presentados por la empresa Isolux por inversiones fotovoltaicas. Aunque era una empresa española alegó que sus plantas renovables estaban a nombre de una firma de Luxemburgo (posteriormente sus dueños fueron denunciados por delito fiscal por repatriar los dividendos desde Holanda sin pagar impuestos en España). El primer laudo consideró (aquí el texto íntegro) que no había lugar a la reclamación e impusieron a Isolux 1,3 millones en costas. Consideraron que había jurisprudencia previa en España del Supremo e informes de la Abogacía del Estado como para que los inversores supieran que la normativa no era inmutable y que existía el riesgo de que las primas a las renovables cambiasen. Posteriormente, de nuevo en la misma sede, Isolux perdió su segunda reclamación.

El laudo considera que España incumplió la obligación de dar "un trato justo y equitativo" y una "protección y seguridad completas"

Sin embargo, la mayoría de reclamaciones se habían presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Allí había planteados 27 arbitrajes. Fondos de inversión, empresas públicas alemanas, fondos soberanos del Golfo... una gran variedad de inversores se vieron timados por los recortes a las renovables. Y en el primer arbitraje en el CIADI España ha perdido por goleada.

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Reunión convocada en las instalaciones del Ciadi. (Banco Mundial)
En estos arbitrajes, la corte está formada por tres jueces (uno a propuesta del demandado, otro a propuesta del demandante y un tercero que pone el CIADI con voto de calidad en caso de empate). El resultado más frecuente es dos a uno, con los árbitros alineados con quien los ha designado y un desempate del presidente. En el caso de la reclamación de Eiser, el laudo contra España ha sido unánime, algo que fuentes del sector consideran muy relevante. Ni el árbitro designado por España, el neozelandés Allan Campbell, apoyó los argumentos del Gobierno español. La decisión obliga a España a indemnizar a los inversores con 128 millones, poco menos de lo que reclamaban, según fuentes próximas al procedimiento. Esta versión dista de la dada por el Ministerio de Energía, que sostiene que la reclamación era de 300 millones.

Industria afirma que "no debe asumirse que puede ser extrapolado ni constituir un precedente"

El laudo da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, representados por el despacho Allen Overy. Los letrados que han dirigido el caso contra España estaban en Singapur y Londres. Estos procedimientos, que se dirimen a puerta cerrada, mueven una maquinaria millonaria. Los inversores desarrollaron tres plantas termosolares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por los recortes a las primas de 2013 y 2014, con el Gobierno del PP (aunque algunos arbitrajes se refieren a recortes anteriores efectuados por le PSOE).

El Ministerio de Industria afirmó en una nota de prensa que "estudia recurrir el laudo". Fuentes del sector explican que cabe pedir una anulación ante el propio CIADI, pero que no hay una segunda instancia clásica que revise la decisión: "Se puede lograr la anulación por mala composición del tribunal, corrupción, que no hayan motivado el laudo... pero es algo muy tasado y para fallos groseros", señala una fuente del sector. Los arbitrajes no son como los tribunales ordinarios, donde una instancia superior revisa el primer fallo y puede cambiar de criterio.

También son distintos en que no sientan jurisprudencia. Eso es lo que destacó Industria tras conocer la decisión: "Este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo. Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes".

Uno de los tres árbitros de la decisión repite como juez en otro procedimiento contra España

Aun así, fuentes del sector explican que puede ser muy relevante. Sobre todo para las reclamaciones para termosolares planteadas en las mismas fechas que estas. "Hay arbitrajes pendientes con activos muy parecidos y en las mismas fechas de inversión y un laudo arbitral no constituye jurisprudencia como una sentencia del Supremo, que sí vincula a los órganos judiciales inferiores, pero sin duda que marca un criterio para otros árbitros. Que haya un laudo unánime con árbitros de prestigio es relevante", señalan dichas fuentes. Del caso ya juzgado, el árbitro búlgaro Stanimir A. Alexandrov, propuesto por los demandantes y contrario a España, repite como árbitro propuesto por los inversores alemanes de la empresa SolEs Badajoz.

El despacho de abogados que más reclamaciones está llevando a cabo contra el Estado español, nueve, es Allen & Overy, la firma que ha salido victoriosa en la primera 'sentencia' que emite el CIADI. Cautrecasas lleva seis defensas, Gómez y Acebo representa a cuatro demandantes y Clifford Chance a otros dos. Algunos grandes despachos españoles decidieron no entrar en estos arbitrajes al pensar que les podía perjudicar a medio lazo ir contra el Gobierno, señalan fuentes del sector.

El Ejecutivo de Zapatero contrató inicialmente la defensa de España a un despacho internacional, Herberth Smith, el que defendió a España en Estocolmo frente a Isolux. Posteriormente, y ante el alud de demandas, formó un grupo en la Abogacía del Estado para llevar la defensa jurídica del país en estos foros, algo que hasta entonces solo hacía Canadá.

Hasta ahora, España solo se había enfrentado en el CIADI a dos demandas. Una de una inversión argentina en construcción, que fue desestimada, por lo que España salió indemne. El otro caso data de 1998 y fue favorable a los demandantes. El Estado español tuvo que abonar a un inversor argentino del sector químico más de 54 millones de euros.

http://www.elconfidencial.com/econo...enovables-con-mas-de-5-000m-en-juego_1378133/


¡Manda huevos! Resulta que los empresarios extranjeros pueden pedir indemnización, pero los del suelo patrio no pueden, y encima esos españoles que invirtieron en renovables se les hizo la pascua porque se les cortó el grifo de subvenciones.

Después de haber invertido dinero incluso solicitando préstamos para ello, y que después se les ha causado grandes pérdidas por el corte de ese grifo,....van a tener que pagar la multa de España a escote, con todos los demás españolitos mediante del recibo de la luz, porque esa multita la va a trasladar a nuestros recibos de suministro de electricidad. ¡Manda huevos!

¡Y luego hablan de circo cuando se menciona la preparación de una moción de censura!

España no gana para multas y encima se fijan y ponen el foco en lo de la estiba. ¡Para que seguir!
 
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