Magnífico católico, sí señor.
Báñez se ha gastado 4,6 millones en cartas a los pensionistas para informarles de que les sube la paga
La ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE
El Gobierno asegura que la carta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, envió el pasado mes de enero a los pensionistas tiene un carácter meramente informativo, y que no supone ninguna novedad porque "en los últimos tiempos todos los años que las pensiones han sido objeto de revalorización" la notificación obligatoria a los jubilados ha ido acompañada de una misiva del titular de la cartera.
Así lo asegura en una respuesta por escrito al portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, quien duda de la "utilidad pública" de la carta, cuyo coste puede ser incluso superior a la revalorización de algunas pensiones, y achaca la medida al interés "propagandístico" en un año lleno de citas electorales.
El Ejecutivo, por su parte, señala en su respuesta al diputado catalán, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el objetivo "fundamental" de la carta es "acompañar a la notificación de las nuevas cuantías de pensión" de una "explicación del porcentaje en que éstas se aumentan en el nuevo ejercicio y del número de pensionistas que se verán beneficiados, así como del coste que ello supone para la Seguridad Social".
El objetivo, abunda el texto, es "proporcionar una información lo más transparente posible a los pensionistas", que por ley tienen derecho a recibir una notificación anual sobre la cuantía que percibirán a lo largo del ejercicio.
Por otra parte, el Ministerio de Empleo aporta datos sobre el coste que ha supuesto el envío de la carta, en el que se habría incurrido en cualquier caso al mandarse junto con las notificaciones obligatorias.
En total, el Gobierno ha gastado algo más de 1,63 millones de euros, lo que incluye tanto los 239.486,83 euros de tratar, personalizar los documentos y ensobrar más de 10 millones de cartas, como los casi 1,4 millones de euros del franqueo, si bien esta última cifra aún es provisional.
Así, el coste es algo superior a los 1,52 millones de euros que el año pasado se destinaron al mismo objetivo, y que a su vez fue superior en 85.500 euros al gasto del año 2013. Sin embargo, esta partida queda muy lejos de los más de 2 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reservó en 2008 al envío de las cartas a los pensionistas y a las familias perceptoras de determinadas prestaciones familiares.
En su carta, fechada el 2 de enero y que recoge Europa Press, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaca que 2014 fue el primer año de crecimiento del empleo desde el inicio de la crisis, un "avance positivo" conseguido "gracias al esfuerzo de la sociedad española en su conjunto, que ha demostrado su ejemplaridad en estos años de esfuerzo y compromiso solidario".
El papel de los pensionistas ha sido un "elemento fundamental" en el sostenimiento de miles de familias españolas durante estos "años tan difíciles", reconoce la ministra, que destaca que el Ejecutivo ha hecho por ello un "esfuerzo" por
revalorizar sus nóminas en todos los ejercicios "tanto como ha sido posible".
Esto ha permitido, añade, que la pensión media de jubilación se haya incrementado un 3,54% desde diciembre de 2011, a lo que se añadirá un 0,25% adicional este año, "lo que supondrá un desembolso adicional para el sistema de 271,83 millones de euros".
En este punto, la titular de Empleo admite que la recuperación, que vivirá un "año clave" en 2015, "no será completa mientras no llegue" a todos los afectados, y confía en que el incremento de la afiliación a la Seguridad Social (+400.000 personas el año pasado) y las últimas reformas del Ejecutivo "harán posible la mejora paulatina del resultado anual" de las cuentas públicas.
http://www.infolibre.es/noticias/ec...para_informarles_que_les_sube_30220_1011.html
- En la enviada en enero, en pleno año electoral, el Gobierno se jactaba de los avances en la lucha contra la crisis y el crecimiento del empleo
- El Ministerio de Empleo sostiene que el envío de esa misiva es una exigencia legal
La ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE
El Gobierno asegura que la carta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, envió el pasado mes de enero a los pensionistas tiene un carácter meramente informativo, y que no supone ninguna novedad porque "en los últimos tiempos todos los años que las pensiones han sido objeto de revalorización" la notificación obligatoria a los jubilados ha ido acompañada de una misiva del titular de la cartera.
Así lo asegura en una respuesta por escrito al portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, quien duda de la "utilidad pública" de la carta, cuyo coste puede ser incluso superior a la revalorización de algunas pensiones, y achaca la medida al interés "propagandístico" en un año lleno de citas electorales.
El Ejecutivo, por su parte, señala en su respuesta al diputado catalán, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el objetivo "fundamental" de la carta es "acompañar a la notificación de las nuevas cuantías de pensión" de una "explicación del porcentaje en que éstas se aumentan en el nuevo ejercicio y del número de pensionistas que se verán beneficiados, así como del coste que ello supone para la Seguridad Social".
El objetivo, abunda el texto, es "proporcionar una información lo más transparente posible a los pensionistas", que por ley tienen derecho a recibir una notificación anual sobre la cuantía que percibirán a lo largo del ejercicio.
Por otra parte, el Ministerio de Empleo aporta datos sobre el coste que ha supuesto el envío de la carta, en el que se habría incurrido en cualquier caso al mandarse junto con las notificaciones obligatorias.
En total, el Gobierno ha gastado algo más de 1,63 millones de euros, lo que incluye tanto los 239.486,83 euros de tratar, personalizar los documentos y ensobrar más de 10 millones de cartas, como los casi 1,4 millones de euros del franqueo, si bien esta última cifra aún es provisional.
Así, el coste es algo superior a los 1,52 millones de euros que el año pasado se destinaron al mismo objetivo, y que a su vez fue superior en 85.500 euros al gasto del año 2013. Sin embargo, esta partida queda muy lejos de los más de 2 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reservó en 2008 al envío de las cartas a los pensionistas y a las familias perceptoras de determinadas prestaciones familiares.
En su carta, fechada el 2 de enero y que recoge Europa Press, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaca que 2014 fue el primer año de crecimiento del empleo desde el inicio de la crisis, un "avance positivo" conseguido "gracias al esfuerzo de la sociedad española en su conjunto, que ha demostrado su ejemplaridad en estos años de esfuerzo y compromiso solidario".
El papel de los pensionistas ha sido un "elemento fundamental" en el sostenimiento de miles de familias españolas durante estos "años tan difíciles", reconoce la ministra, que destaca que el Ejecutivo ha hecho por ello un "esfuerzo" por
revalorizar sus nóminas en todos los ejercicios "tanto como ha sido posible".
Esto ha permitido, añade, que la pensión media de jubilación se haya incrementado un 3,54% desde diciembre de 2011, a lo que se añadirá un 0,25% adicional este año, "lo que supondrá un desembolso adicional para el sistema de 271,83 millones de euros".
En este punto, la titular de Empleo admite que la recuperación, que vivirá un "año clave" en 2015, "no será completa mientras no llegue" a todos los afectados, y confía en que el incremento de la afiliación a la Seguridad Social (+400.000 personas el año pasado) y las últimas reformas del Ejecutivo "harán posible la mejora paulatina del resultado anual" de las cuentas públicas.
http://www.infolibre.es/noticias/ec...para_informarles_que_les_sube_30220_1011.html
El juez Ruz da por acreditada la 'caja B' de PP y el pago de sobresueldos
El magistrado concluye la instrucción del 'caso Bárcenas' y propone juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. El dinero opaco se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo, hacer donaciones a ONGs y cubrir gastos electorales y del partido
El extesorero del PP, Luis Bárcenas. | EP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera acreditado que la 'caja B' que los extesoreros del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas manejaron entre los años 1990 y 2008 se destinó, entre otros fines, al "pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido".
En el auto en el que cierra la investigación sobre la contabilidad B de los 'populares', el magistrado señala que, aprovechándose de "la opacidad del sistema de contabilidad dual o paralelo investigado", Lapuerta y Bárcenas realizaron "diversas aportaciones que se remontan hasta los primeros años de vida de la 'caja B' del partido" que no tuvieron "reflejo alguno en la contabilidad oficial" de la formación.
Entre los que cobraron sobresueldos, Ruz cita al exgerente Cristóbal Páez, que recibió sendas aportaciones de 6.000 euros en 2007 y 2008 para compensar su nombramiento en el cargo. Las entregas, según el juez, se hicieron en sobres que contenían billetes de 500 euros y sin que se practicaran la correspondiente retención ante la Hacienda Pública.
Además, el juez señala que entre diciembre de 1991 y noviembre de 1995 el PP pagó 86.545 euros al entonces diputado nacional por Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se los entregara al exconsejero de Salud Calixto Ayesa, en atención al "detrimento patrimonial" que sufrió al cesar su actividad profesional como dermatólogo.
Ayuda a víctimas del terrorismo
La contabilidad opaca de los 'populares' también se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo como el concejal 'popular' de Amurrio (Álava) Santiago Abascal, que recibió dos millones de pesetas en 1999; la familia del concejal José María Martín Carpena, a la que se canceló un crédito por dos millones y se realizó un ingreso de 160.000 pesetas; o la concejal de UPN Elena Murillo, que recibió medio millón de pesetas para alquilar una vivienda después de que ETA destrozara la suya.
Además, los extesoreros del PP destinaron 30.000 euros en negro en 2003 y otros 40.000 en 2004 a la Fundación Humanismo y Democracia, que fueron entregados a los patronos de este organismo.
Además, Ruz considera acreditado que la 'caja B' se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos --como los pagos al exsenador Luis Fraga o al propio Bárcenas en las campañas de 2004 y 2008-- o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008, todas las cuales fueron recogidas en los manuscritos del extesorero.
"Pagos en beneficio del PP"
El dinero opaco también se empleó, según el auto, en "el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular", como la realización de las obras de su sede, en la calle Génova de Madrid, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.
Ruz señala que los exdirigentes 'populares' y los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que desarrolló la reforma, llevaron a cabo una "estrategia defraudatoria" que incluyó "operaciones simuladas" mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra "mendaces" por parte de la empresa.
De igual modo, los extesoreros destinaron fondos opacos al pago de la sede del PP de Vizcaya entre los años 1999 y 2005, sobre la que Bárcenas creó "una cuenta específica" con fondos que se habrían nutrido, entre otras, de las aportaciones realizadas por la empresa Bruesa Construcciones.
En relación con la adquisición de la nueva sede del PP de La Rioja en 2008, el juez señala que Bárcenas realizó una entrega de 200.000 euros procedentes de "aportaciones efectuadas por terceros" ante la formación regional, "en fondos B y ajenos a su contabilización oficial" y que le habrían entregado al extesorero "responsables de dicha formación".
También constan acreditadas, según el juez, los siguientes pagos realizados en 1992: 170.000 pesetas en enero a "una presentadora de televisión por participación en acto electoral del partido"; 2,8 millones entre marzo y mayo a "un catedrático por la confección de estudios políticos"; tres millones en junio por el "dictamen de un abogado"; dos millones en septiembre por "servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales" y 400.000 pesetas por pagos a un notario.
Donativos fraccionados
La investigación también pone de relieve que las aportaciones en metálico entregadas por los donantes del PP también se destinaban a las cuentas de donativos anónimos y nominativos aunque antes se fraccionaban para sortear "las limitaciones, requisitos y prohibiciones establecidos por la normativa legal".
Tanto Lapuerta como Bárcenas, según el auto del juez Ruz, recibían, "de forma personal", dinero en efectivo que les entregaban "diversas personas físicas vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos". "Parte de este dinero tenía entrada en la 'caja B' del partido y se registraba en la contabilidad paralela", señala el auto.
Posteriormente, el dinero se ingresaba en efectivo en las cuentas de donativos anónimos que el PP tenía en el Banco de Vitoria, Banesto y el Banco Popular, "en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de diez millones de pesetas o 60.000 euros, límite máximo anual inicialmente establecido por ley como aportación privada por donante y que a partir del 6 de julio de 2007 se situaría en los 100.000 euros".
"Así, de la instrucción practicada se constata, una vez observadas las fechas de los referidos ingresos, cómo en un mismo día se podían realizar varias operaciones de ingresos fraccionadas, resultando la suma de todas ellas de un importe superior al legalmente permitido", señala el magistrado.
http://www.estrelladigital.es/artic...xistencia-caja-b-pp/20150323163326233630.html
El magistrado concluye la instrucción del 'caso Bárcenas' y propone juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. El dinero opaco se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo, hacer donaciones a ONGs y cubrir gastos electorales y del partido
El extesorero del PP, Luis Bárcenas. | EP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera acreditado que la 'caja B' que los extesoreros del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas manejaron entre los años 1990 y 2008 se destinó, entre otros fines, al "pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido".
En el auto en el que cierra la investigación sobre la contabilidad B de los 'populares', el magistrado señala que, aprovechándose de "la opacidad del sistema de contabilidad dual o paralelo investigado", Lapuerta y Bárcenas realizaron "diversas aportaciones que se remontan hasta los primeros años de vida de la 'caja B' del partido" que no tuvieron "reflejo alguno en la contabilidad oficial" de la formación.
Entre los que cobraron sobresueldos, Ruz cita al exgerente Cristóbal Páez, que recibió sendas aportaciones de 6.000 euros en 2007 y 2008 para compensar su nombramiento en el cargo. Las entregas, según el juez, se hicieron en sobres que contenían billetes de 500 euros y sin que se practicaran la correspondiente retención ante la Hacienda Pública.
Además, el juez señala que entre diciembre de 1991 y noviembre de 1995 el PP pagó 86.545 euros al entonces diputado nacional por Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se los entregara al exconsejero de Salud Calixto Ayesa, en atención al "detrimento patrimonial" que sufrió al cesar su actividad profesional como dermatólogo.
Ayuda a víctimas del terrorismo
La contabilidad opaca de los 'populares' también se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo como el concejal 'popular' de Amurrio (Álava) Santiago Abascal, que recibió dos millones de pesetas en 1999; la familia del concejal José María Martín Carpena, a la que se canceló un crédito por dos millones y se realizó un ingreso de 160.000 pesetas; o la concejal de UPN Elena Murillo, que recibió medio millón de pesetas para alquilar una vivienda después de que ETA destrozara la suya.
Además, los extesoreros del PP destinaron 30.000 euros en negro en 2003 y otros 40.000 en 2004 a la Fundación Humanismo y Democracia, que fueron entregados a los patronos de este organismo.
Además, Ruz considera acreditado que la 'caja B' se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos --como los pagos al exsenador Luis Fraga o al propio Bárcenas en las campañas de 2004 y 2008-- o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008, todas las cuales fueron recogidas en los manuscritos del extesorero.
"Pagos en beneficio del PP"
El dinero opaco también se empleó, según el auto, en "el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular", como la realización de las obras de su sede, en la calle Génova de Madrid, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.
Ruz señala que los exdirigentes 'populares' y los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que desarrolló la reforma, llevaron a cabo una "estrategia defraudatoria" que incluyó "operaciones simuladas" mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra "mendaces" por parte de la empresa.
De igual modo, los extesoreros destinaron fondos opacos al pago de la sede del PP de Vizcaya entre los años 1999 y 2005, sobre la que Bárcenas creó "una cuenta específica" con fondos que se habrían nutrido, entre otras, de las aportaciones realizadas por la empresa Bruesa Construcciones.
En relación con la adquisición de la nueva sede del PP de La Rioja en 2008, el juez señala que Bárcenas realizó una entrega de 200.000 euros procedentes de "aportaciones efectuadas por terceros" ante la formación regional, "en fondos B y ajenos a su contabilización oficial" y que le habrían entregado al extesorero "responsables de dicha formación".
También constan acreditadas, según el juez, los siguientes pagos realizados en 1992: 170.000 pesetas en enero a "una presentadora de televisión por participación en acto electoral del partido"; 2,8 millones entre marzo y mayo a "un catedrático por la confección de estudios políticos"; tres millones en junio por el "dictamen de un abogado"; dos millones en septiembre por "servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales" y 400.000 pesetas por pagos a un notario.
Donativos fraccionados
La investigación también pone de relieve que las aportaciones en metálico entregadas por los donantes del PP también se destinaban a las cuentas de donativos anónimos y nominativos aunque antes se fraccionaban para sortear "las limitaciones, requisitos y prohibiciones establecidos por la normativa legal".
Tanto Lapuerta como Bárcenas, según el auto del juez Ruz, recibían, "de forma personal", dinero en efectivo que les entregaban "diversas personas físicas vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos". "Parte de este dinero tenía entrada en la 'caja B' del partido y se registraba en la contabilidad paralela", señala el auto.
Posteriormente, el dinero se ingresaba en efectivo en las cuentas de donativos anónimos que el PP tenía en el Banco de Vitoria, Banesto y el Banco Popular, "en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de diez millones de pesetas o 60.000 euros, límite máximo anual inicialmente establecido por ley como aportación privada por donante y que a partir del 6 de julio de 2007 se situaría en los 100.000 euros".
"Así, de la instrucción practicada se constata, una vez observadas las fechas de los referidos ingresos, cómo en un mismo día se podían realizar varias operaciones de ingresos fraccionadas, resultando la suma de todas ellas de un importe superior al legalmente permitido", señala el magistrado.
http://www.estrelladigital.es/artic...xistencia-caja-b-pp/20150323163326233630.html
El juez Silva vincula a Blesa con Aznar, Agag y el tráfico de armas http://www.elmundo.es/economia/2013/11/15/5286385b684341f5678b458c.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=twitter…
El presidente del PP de Pontevedra comparece como imputado por cohecho
Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra, en una imagen de archivo.E.P.
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa, y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, han sido citados para comparecer este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados (Pontevedra), según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La comparecencia prevista para este miércoles se ajusta al paso que recoge el artículo 25 de la Ley del Jurado, una vista preliminar en la que los imputados son informados de los hechos que se les atribuyen –en este caso en la querella que hace algo menos de un año presentó el fiscal y en la que se les imputa un supuesto delito de cohecho– y donde los letrados pueden ejercer el derecho a defensa.
Tras esta comparecencia, una vez oídas las partes, el magistrado decidirá si corresponde el archivo de la causa o la continuación del procedimiento, en cuyo caso se tomará declaración a los imputados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados había admitido a trámite en mayo del año pasado la querella presentada por Fiscalía contra Louzán, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera. La petición de archivo de las diligencias por parte del dirigente popular fue rechazada en febrero.
Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia, a su compañero de partido y en la Diputación de Pontevedra.
Cuando Fiscalía decidió la presentación de una querella, el fiscal especializado en delitos económicos había avanzado que ésta incluiría la petición expresa al juez de que citase a declarar a Louzán y a Reguera como imputados.
Cohecho
El TSXG confirmó en su día que la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán (PP) y su esposa, María Teresa C.F. es por cohecho continuado,mientras que en el caso de Severino Reguera Varela, quien también es empresario que cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, es por cohecho impropio continuado.
Antes de la admisión a trámite de la querella, Louzán había comparecido a mediados de marzo ante el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en relación a este caso.
Tras su comparecencia había dicho públicamente que "en principio está todo en orden" y que se trata de "una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra", que fijó los precios a pagar por el alquiler a partir de un estudio de mercado.
El presidente de la Diputación de Pontevedra también había destacado que se trata de una cuestión que pertenece "al ámbito privado" y que "nada tiene que ver" con la institución que preside. Según la denuncia anónima remitida a la Fiscalía, el precio que se estaría pagando por el alquiler por los locales comerciales estaría por encima de lo que establece el mercadopara lo habitual en el barrio de Navia.
De esta forma, el juez deberá dilucidar si se trata simplemente de un negocio privado o si pudiese haber algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos. En concreto, la querella contra Louzán y su esposa es por los delitos de cohecho continuado del artículo 422 del Código Penal y de cohecho impropio continuado del artículo 424 para el Reguera Varela.
by Kalooga
- Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa
- El juez deberá dilucidar si se trata simplemente de un negocio privado o si pudiese haber algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos
Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra, en una imagen de archivo.E.P.
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa, y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, han sido citados para comparecer este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados (Pontevedra), según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La comparecencia prevista para este miércoles se ajusta al paso que recoge el artículo 25 de la Ley del Jurado, una vista preliminar en la que los imputados son informados de los hechos que se les atribuyen –en este caso en la querella que hace algo menos de un año presentó el fiscal y en la que se les imputa un supuesto delito de cohecho– y donde los letrados pueden ejercer el derecho a defensa.
Tras esta comparecencia, una vez oídas las partes, el magistrado decidirá si corresponde el archivo de la causa o la continuación del procedimiento, en cuyo caso se tomará declaración a los imputados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados había admitido a trámite en mayo del año pasado la querella presentada por Fiscalía contra Louzán, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera. La petición de archivo de las diligencias por parte del dirigente popular fue rechazada en febrero.
Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia, a su compañero de partido y en la Diputación de Pontevedra.
Cuando Fiscalía decidió la presentación de una querella, el fiscal especializado en delitos económicos había avanzado que ésta incluiría la petición expresa al juez de que citase a declarar a Louzán y a Reguera como imputados.
Cohecho
El TSXG confirmó en su día que la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán (PP) y su esposa, María Teresa C.F. es por cohecho continuado,mientras que en el caso de Severino Reguera Varela, quien también es empresario que cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, es por cohecho impropio continuado.
Antes de la admisión a trámite de la querella, Louzán había comparecido a mediados de marzo ante el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en relación a este caso.
Tras su comparecencia había dicho públicamente que "en principio está todo en orden" y que se trata de "una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra", que fijó los precios a pagar por el alquiler a partir de un estudio de mercado.
El presidente de la Diputación de Pontevedra también había destacado que se trata de una cuestión que pertenece "al ámbito privado" y que "nada tiene que ver" con la institución que preside. Según la denuncia anónima remitida a la Fiscalía, el precio que se estaría pagando por el alquiler por los locales comerciales estaría por encima de lo que establece el mercadopara lo habitual en el barrio de Navia.
De esta forma, el juez deberá dilucidar si se trata simplemente de un negocio privado o si pudiese haber algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos. En concreto, la querella contra Louzán y su esposa es por los delitos de cohecho continuado del artículo 422 del Código Penal y de cohecho impropio continuado del artículo 424 para el Reguera Varela.
by Kalooga
Dos incendios queman 350 hectáreas en Pontevedra
Hacienda multa a cientos de jubilados gallegos por no declarar pensiones del extranjero
Imputan al presidente de la Diputación de Pontevedra
La Fundación de Aznar financia estudios contra el autoconsumo eléctrico con fondos de Educación y de Exteriores
Actual
Mariano Rajoy y José María Aznar, en la clausura del Campus FAES en 2014. FAES
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tankdel expresidente del Gobierno José María Aznar, no es muy partidaria de las energías renovables. En 2012, la fundación publicó el estudioPropuestas para una Estrategia Energética Nacional 2013 tras recibir una donación de 100.000 euros de Iberdrola. El informe cuestionaba el desarrollo de las energías renovables y apostaba por las centrales nucleares y los hidrocarburos. FAES ha vuelto a la carga con otro informe,El consumidor generador: implicaciones del autoconsumo en el sistema eléctrico, en el que dos expertos vinculados a las empresas tradicionales abogan por el denominado impuesto al sol. En esta ocasión, no constan donaciones de empresas privadas. Lo que sí consta es que el informe es parte de una labor que FAES cumple con el apoyo financiero de los Ministerios de Educación y de Exteriores.
Los logos de ambos ministerios figuran al pie de la página web de FAES. "Es normal que (los ministerios) figuren puesto que aportan fondos; es algo transparente. Así consta en la propia página de la Fundación, en el apartado de transparencia y control", explica una portavoz de la fundación.
Efectivamente, en dicho apartado, consta que "FAES recibe fondos públicos a través de las convocatorias que realizan los Ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, a las cuales concurre y que se distribuyen con arreglo a criterios objetivos fijados por la Administración".
Laboratorio de ideas
Con esos criterios, el think tank presidido por José María Aznar fue en 2014 el laboratorio de ideas vinculado a un partido político de ámbito nacional que más ayudas públicas recibió. Fueron 1.320.628 euros.Normal para el laboratorio de ideas y menos normal en opiniòn del sector de las energías renovables. En la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sin ir más lejos, sorprende que los logos de dos ministerios del Gobiernofiguren como respaldo de trabajos que cuestionan el desarrollo de todo un sector.
El informe en contra del autoconsumo de electricidad está firmado por Conrado Navarro y Juan Luis López Cardenete, a los que se identifica como "ingeniero de Minas, especialidad Energía y Combustibles" en el caso del primero, y como "profesor del IESE" en el caso del segundo. Ambos, sin embargo, son muy conocidos en el sector eléctrico. Navarro, como director director de Relaciones Institucionales de Iberdrola, y López Cardenete, como exdirectivo de Unión Fenosa.
En su informe, los dos expertos cargan contra el autoconsumo eléctrico sin impuestos adicionales porque, en su opinión, complica la operación del sistema eléctrico, encarece la gestión administrativa y obliga a aumentar los sistemas de control, entre otras cosas. Añaden que los costes fijos que dejarían de pagar los autoconsumidores serían transferidos al resto, lo que supondría subidas de precios para estos últimos.
Choque con la UE
El documento encaja en los planteamientos de FAES sobre las renovables, pero choca, sin embargo, con la política energética que se diseña en la UE. Así lo cree el exdirector del IDAE, Javier Gracía Breva. "La UE –explica– impulsa un perfil de consumidor participativo en el sistema, gestor de su propia demanda a través del autoconsumo, mientras que la política del Gobierno se basa en un modelo obsoleto de consumidor cautivo de las eléctricas".
En España, la regulación del autoconsumo sólo está esbozada. Lo está desde 2013, con la reforma del sector eléctrico contenida en más de 1.000 páginas, dos proyectos de ley, siete borradores de reales decretos, seis órdenes ministeriales y una propuesta de resolución. Para el autoconsumo, la clave está en el borrador de decreto que obligaría a pagar peajes para cubrir los costes reconocidos al sistema eléctrico a quienes instalen paneles solares.
El borrador de decreto pende como una espada de Damocles sobre el sector fotovoltaico, prácticamente paralizado desde hace dos años. UNEF ilustra la parálisis con datos. Mientras en España se instalaron 22 MW fotovoltaicos el pasado año, en Reino Unido fueron 2.250; en Alemania, 1.900; en Francia, 1.000 y en Italia, 400.
Temor a un expediente
El borrador no acaba de tomar forma pese a que han transcurrido dos años. Una razón puede ser el temor a que la Unión Europea abraexpediente contra España por vulnerar las directivas de fomento de las energías renovables y de eficiencia energética. Pero el combate al autoconsumo, según sostiene el director general de UNEF, José Donoso, se mantiene porque interesa a las grandes empresas del sector.
Para el sector renovable, la influencia de las empresas privadas en el Gobierno y en la fundación FAES es un hecho. Por eso cuestionan en qué emplea el laboratorio de ideas el dinero que recibe de las arcas públicas. En 2014, FAES recibió tres ayudas públicas. Dos fueron otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La primera, convocada por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica en una resolución del 20 de febrero, ascedió a 548.547 euros. La segunda procedió de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, conforme a una resolución del 12 de marzo: 14.000 euros.
La tercera subvención, la más cuantiosa (758.081 euros), provino del Ministerio de Educación –concretamente, de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte–, y es la que se convoca anualmente para cubrir los gastos de funcionamiento de las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos representados en las Cortes
- FAES recibió el pasado año 1,3 millones de fondos públicos para financiar su actividad, que incluye informes críticos con las renovables
- Las barreras al desarrollo del autoconsumo eléctrico chocan con la legislación comunitaria
Actual
Mariano Rajoy y José María Aznar, en la clausura del Campus FAES en 2014. FAES
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tankdel expresidente del Gobierno José María Aznar, no es muy partidaria de las energías renovables. En 2012, la fundación publicó el estudioPropuestas para una Estrategia Energética Nacional 2013 tras recibir una donación de 100.000 euros de Iberdrola. El informe cuestionaba el desarrollo de las energías renovables y apostaba por las centrales nucleares y los hidrocarburos. FAES ha vuelto a la carga con otro informe,El consumidor generador: implicaciones del autoconsumo en el sistema eléctrico, en el que dos expertos vinculados a las empresas tradicionales abogan por el denominado impuesto al sol. En esta ocasión, no constan donaciones de empresas privadas. Lo que sí consta es que el informe es parte de una labor que FAES cumple con el apoyo financiero de los Ministerios de Educación y de Exteriores.
Los logos de ambos ministerios figuran al pie de la página web de FAES. "Es normal que (los ministerios) figuren puesto que aportan fondos; es algo transparente. Así consta en la propia página de la Fundación, en el apartado de transparencia y control", explica una portavoz de la fundación.
Efectivamente, en dicho apartado, consta que "FAES recibe fondos públicos a través de las convocatorias que realizan los Ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, a las cuales concurre y que se distribuyen con arreglo a criterios objetivos fijados por la Administración".
Laboratorio de ideas
Con esos criterios, el think tank presidido por José María Aznar fue en 2014 el laboratorio de ideas vinculado a un partido político de ámbito nacional que más ayudas públicas recibió. Fueron 1.320.628 euros.Normal para el laboratorio de ideas y menos normal en opiniòn del sector de las energías renovables. En la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sin ir más lejos, sorprende que los logos de dos ministerios del Gobiernofiguren como respaldo de trabajos que cuestionan el desarrollo de todo un sector.
El informe en contra del autoconsumo de electricidad está firmado por Conrado Navarro y Juan Luis López Cardenete, a los que se identifica como "ingeniero de Minas, especialidad Energía y Combustibles" en el caso del primero, y como "profesor del IESE" en el caso del segundo. Ambos, sin embargo, son muy conocidos en el sector eléctrico. Navarro, como director director de Relaciones Institucionales de Iberdrola, y López Cardenete, como exdirectivo de Unión Fenosa.
En su informe, los dos expertos cargan contra el autoconsumo eléctrico sin impuestos adicionales porque, en su opinión, complica la operación del sistema eléctrico, encarece la gestión administrativa y obliga a aumentar los sistemas de control, entre otras cosas. Añaden que los costes fijos que dejarían de pagar los autoconsumidores serían transferidos al resto, lo que supondría subidas de precios para estos últimos.
Choque con la UE
El documento encaja en los planteamientos de FAES sobre las renovables, pero choca, sin embargo, con la política energética que se diseña en la UE. Así lo cree el exdirector del IDAE, Javier Gracía Breva. "La UE –explica– impulsa un perfil de consumidor participativo en el sistema, gestor de su propia demanda a través del autoconsumo, mientras que la política del Gobierno se basa en un modelo obsoleto de consumidor cautivo de las eléctricas".
En España, la regulación del autoconsumo sólo está esbozada. Lo está desde 2013, con la reforma del sector eléctrico contenida en más de 1.000 páginas, dos proyectos de ley, siete borradores de reales decretos, seis órdenes ministeriales y una propuesta de resolución. Para el autoconsumo, la clave está en el borrador de decreto que obligaría a pagar peajes para cubrir los costes reconocidos al sistema eléctrico a quienes instalen paneles solares.
El borrador de decreto pende como una espada de Damocles sobre el sector fotovoltaico, prácticamente paralizado desde hace dos años. UNEF ilustra la parálisis con datos. Mientras en España se instalaron 22 MW fotovoltaicos el pasado año, en Reino Unido fueron 2.250; en Alemania, 1.900; en Francia, 1.000 y en Italia, 400.
Temor a un expediente
El borrador no acaba de tomar forma pese a que han transcurrido dos años. Una razón puede ser el temor a que la Unión Europea abraexpediente contra España por vulnerar las directivas de fomento de las energías renovables y de eficiencia energética. Pero el combate al autoconsumo, según sostiene el director general de UNEF, José Donoso, se mantiene porque interesa a las grandes empresas del sector.
Para el sector renovable, la influencia de las empresas privadas en el Gobierno y en la fundación FAES es un hecho. Por eso cuestionan en qué emplea el laboratorio de ideas el dinero que recibe de las arcas públicas. En 2014, FAES recibió tres ayudas públicas. Dos fueron otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La primera, convocada por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica en una resolución del 20 de febrero, ascedió a 548.547 euros. La segunda procedió de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, conforme a una resolución del 12 de marzo: 14.000 euros.
La tercera subvención, la más cuantiosa (758.081 euros), provino del Ministerio de Educación –concretamente, de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte–, y es la que se convoca anualmente para cubrir los gastos de funcionamiento de las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos representados en las Cortes
Denuncian "terribles" negligencias con 15 niños derivados del SESCAM a una clínica privada de Madrid
Fueron operados de fimosis o hernias umbilicales, intervenciones que ahora tienen que repetirse y algunos “incluso podrían perder un testículo”.
“Los niños salían de las intervenciones descompuestos, llorando y gritando”, relata una de las madres.
Un grupo de padres de Albacete y Cuenca van a denunciar hoy estos hechos a la Policía y a iniciar trámites judiciales contra el Servicio regional de Salud (SESCAM).
http://www.eldiario.es/clm/Denuncian-negligencias-derivados-SESCAM-Madrid_0_370263174.html
Fueron operados de fimosis o hernias umbilicales, intervenciones que ahora tienen que repetirse y algunos “incluso podrían perder un testículo”.
“Los niños salían de las intervenciones descompuestos, llorando y gritando”, relata una de las madres.
Un grupo de padres de Albacete y Cuenca van a denunciar hoy estos hechos a la Policía y a iniciar trámites judiciales contra el Servicio regional de Salud (SESCAM).
http://www.eldiario.es/clm/Denuncian-negligencias-derivados-SESCAM-Madrid_0_370263174.html
