Siempre ha habido clases en la derecha todo son dentelladas y en la Izda el slogan de los Jesuitas
La Fiscalía pide imputar a Cospedal y Fernandez Diaz en el caso Villarejo
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Verdad... el problema es que la derecha gestiona bien y es razonable en derechos y libertades individuales, pero no tiene ni idea de transmitir y además está llena de complejos porque ha aceptado la "cosmovisión" izquierdista de la historia y de la cultura.... en cambio la izquierda que se caracteriza por su totalitarismo, por su absoluta falta de gestión (y de honradez) y que además es un peligro público para la LIBERTAD (personal, la única que existe) sabe intoxicar como nadie, y ha logrado adaptar el pensamiento público a su "cosmovisión" de la historia, de la cultura, de la existencia....
Vamos que la derecha sabe y puede pero no quiere y la izquierda quiere y puede pero no sabe.
El juez limita el espionaje a Bárcenas a una trama de Interior, propone juzgar a Fernández Díaz y exculpa a Cospedal
- García Castellón adopta la decisión contra el criterio de Anticorrupción y da carpetazo sin haber citado a declarar a Mariano Rajoy, pese a que se acumulan los indicios contra el expresidente. Propone juzgar también al número dos de Interior y a los miembros de la primera línea de la brigada política
Pedro Águeda
29 de julio de 2021 13:16h
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@pedroagueda
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto fin a la instrucción del caso del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados en un auto en el que archiva la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado desde hace décadas al comisario Villarejo.
García Castellón adopta esta decisión en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del día de hoy, 29 de julio, en el que concluía el plazo. El juez ni siquiera ha llamado a declarar a Mariano Rajoy pese a los múltiples indicios de que conocía la operación ilegal con cargo a los fondos reservados y que la autorizó.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado considera los hechos constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
En su resolución, el juez también archiva la causa por falta de indicios contra el jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, así como para el 'falso cura' que asaltó la casa de los Bárcenas, Enrique Olivares.
El juez relata que los investigados en la presente pieza separada, puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos en una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, pusieron en marcha el operativo. El juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien "instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez", en relación a documentación comprometedora para los dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, a lo que el juez no hace referencia en su auto.
Francisco Martínez Vázquez, prosigue el juez, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez. Pino, a su vez, dice el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.
La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen, o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar.
El DAO, Eugenio Pino Sánchez, habría encomendado tanto a José Manuel Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño, el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Sergio Ríos, a cambio de la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, expone el magistrado.
Este, por su parte, sigue explicando el auto, debía facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias. Para acceder a esta persona, García Castaño y José Manuel Villarejo Pérez se valieron del hoy comisariao Andrés Gómez Gordo, quien participó con estos en el desarrollo de la operación. El juez tampoco alude a la proximidad de Gómez Gordo a Cospedal. El policía trabajaba a las órdenes directas de la presidenta de Castilla-La Mancha cuando comenzó a operar dentro de la Kitchen, antes de regresar a la Policía.
La resolución indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener este, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño, sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela.
Dicha documentación se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre del año 2013, y se encontraría, al menos, en poder de Enrique García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento de su superior Eugenio Pino, continúa el juez su relato. Para obtener esta información los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado "zulo” un local comercial utilizado por Rosalía Iglesias, en cuyo interior, al parecer, se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicha documentación.
El juez explica las disfunciones e irregularidades en la gestión y en control de los fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales. El juez señala que desde la provisionalidad de esta fase procesal pudo ser Francisco Martínez quien presuntamente autorizó el pago de los fondos reservados a Sergio Ríos.
Una vez terminada la operación, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 relata que en pago por los servicios prestados y con la finalidad de asegurar su silencio desde la Secretaría de Estado se maniobró para que Ríos entrase en el Cuerpo Nacional de Policía, según da por indiciariamente acreditado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En su resolución, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal, López del Hierro, José Luis Ortiz y señala que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso de estos tres resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación. La imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser, argumenta el juez, “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, escribe el magistrado-
El instructor rechaza la petición de prórroga solicitada por las acusaciones y la práctica de diligencias. Respecto a las pedidas por el fiscal, el magistrado las considera inútiles y, en algunos casos, impertinentes y se permite recordar que nuestra legislación procesal no admite investigaciones prospectivas. “La actividad instructora -añade- no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.
El juez limita el espionaje a Bárcenas a una trama de Interior, propone juzgar a Fernández Díaz y exculpa a Cospedal
García Castellón adopta la decisión contra el criterio de Anticorrupción y da carpetazo sin haber citado a declarar a Mariano Rajoy, pese a que se acumulan los indicios contra el expresidente. Propone juzgar también al número dos de Interior y a los miembros de la primera línea de la brigada...
www.eldiario.esOtra hazaña jurídica del juez García Castellón, que dejó su retiro dorado en Roma para salvar al PP.
Hacer que hace algo para luego archivar todo lo que sea del PP.
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EL PAÍS
A R
ESPAÑA
LA OPERACIÓN KITCHEN
Los flecos de Kitchen que la acusación quiere investigar
Varias partes personadas en la causa recurrirán el auto del juez que cierra la instrucción y exculpa a Cospedal
14
J. J. GÁLVEZ
Madrid - 31 JUL 2021 - 05:40 CEST
María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.
María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.EUROPA PRESS
El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero la partida todavía sigue. Varias partes personadas en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que recurrirán la decisión del juez, que exculpa en su auto a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señala como máximo responsable de la trama a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no prorrogar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares, los perjudicados y distintas defensas.
MÁS INFORMACIÓN
Una “misión” ordenada por el ministro Fernández Díaz
El juez se adentra en la implicación del PP en el espionaje del ‘caso Kitchen’
El ministerio público considera que quedan muchos hilos de los que tirar. Sin embargo, “este instructor ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó duramente la práctica de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía: “Todas deben ser desestimadas. Son innecesarias, inútiles y, en algún caso, impertinentes y ausentes de toda fundamentación”. El fallo del juez circunscribió así la trama a Interior y a su antigua cúpula policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y las acusaciones populares, varios flecos sin resolver.
El material “sustraído”. El juez repite que existen “abundantes indicios” de que la trama se hizo con información que “almacenaba” Bárcenas antes de que la consiguiera el juez que investigaba el caso Gürtel, pero no se ha podido concretar qué material “sustrajeron” —solo se cuenta con la versión ofrecida por el extesorero, que afirmó que entre lo robado se encontraba el audio de una supuesta conversación que mantuvo con Mariano Rajoy sobre la caja b del PP—. Con el objetivo de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar de nuevo al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre un apunte de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago”. Pero el magistrado lo rechaza: “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”.
García-Castellón dice que, “visto el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la información] habrían dispuesto del tiempo y de la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado”.
Parte política. El instructor mantiene que Kitchen buscaba evitar que el juez de Gürtel, que cercaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, a la vez, sostiene que no existió ninguna “trama política” más allá de Interior, descartando así implicar a la exdirección del partido. Una tesis que choca frontalmente con la de la Fiscalía, que señala sin paliativos a Cospedal y que pidió sin éxito, “ante las actuaciones que vienen a poner de manifiesto la posible implicación de [más] responsables políticos”, citar también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exportavoz popular en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor de la operación.
Además, un informe de la Policía elaborado por el principal investigador de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que urdió Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, conformado por la formación que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”.
El juez rechaza también indagar más sobre las reuniones entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le suministró información secreta de Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, el magistrado considera que no puede desprenderse ningún ilícito penal de esas citas —amparadas por el “derecho de reunión”, escribe—, que la exsecretaria general redujo a “tres o cuatro” antes de que su antiguo jefe de gabinete la contradijera y ampliara esos encuentros a, al menos, “ocho o diez”.
Boicot a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más de un largo boicot al caso Gürtel y que incluyó chivatazos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisario se encontró un apunte que revela el supuesto aviso que el policía dio a uno de los procesados por la trama —Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla— días antes de las detenciones de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó este mismo julio en declaraciones al diario La Razón y que provocó que Anticorrupción pidiese citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no guardar relación” con Kitchen.
Más implicados. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la vivienda de Bárcenas pudo tener vinculación con Kitchen y que, incluso, “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás. Por ello, pidió al juez que se identificara a los funcionarios de Policía que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia de Bárcenas, y los “motivos” de esos encuentros. Pero el juez descarta profundizar en ese punto porque, según dice, no existen indicios suficientes que vinculen ese episodio con la trama parapolicial.
No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó en su teléfono que “otros servicios intervinieron”, según consta en los informes elaborados sobre el móvil que le fue intervenido. Además, el ex número dos de Interior aseguró al juez que llegó a contactar con el CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz se lo dijera.
Pero sí, el único que actúa según su "leal" saber y entender es el juez García Castellón, todos los demás lo hacen por intereses espurios y para perjudicar al PP.
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LA OPERACIÓN KITCHEN
Los flecos de Kitchen que la acusación quiere investigar
Varias partes personadas en la causa recurrirán el auto del juez que cierra la instrucción y exculpa a Cospedal
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J. J. GÁLVEZ
Madrid - 31 JUL 2021 - 05:40 CEST
María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.
María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.EUROPA PRESS
El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero la partida todavía sigue. Varias partes personadas en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que recurrirán la decisión del juez, que exculpa en su auto a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señala como máximo responsable de la trama a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no prorrogar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares, los perjudicados y distintas defensas.
MÁS INFORMACIÓN
Una “misión” ordenada por el ministro Fernández Díaz
El juez se adentra en la implicación del PP en el espionaje del ‘caso Kitchen’
El ministerio público considera que quedan muchos hilos de los que tirar. Sin embargo, “este instructor ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó duramente la práctica de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía: “Todas deben ser desestimadas. Son innecesarias, inútiles y, en algún caso, impertinentes y ausentes de toda fundamentación”. El fallo del juez circunscribió así la trama a Interior y a su antigua cúpula policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y las acusaciones populares, varios flecos sin resolver.
El material “sustraído”. El juez repite que existen “abundantes indicios” de que la trama se hizo con información que “almacenaba” Bárcenas antes de que la consiguiera el juez que investigaba el caso Gürtel, pero no se ha podido concretar qué material “sustrajeron” —solo se cuenta con la versión ofrecida por el extesorero, que afirmó que entre lo robado se encontraba el audio de una supuesta conversación que mantuvo con Mariano Rajoy sobre la caja b del PP—. Con el objetivo de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar de nuevo al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre un apunte de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago”. Pero el magistrado lo rechaza: “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”.
García-Castellón dice que, “visto el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la información] habrían dispuesto del tiempo y de la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado”.
Parte política. El instructor mantiene que Kitchen buscaba evitar que el juez de Gürtel, que cercaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, a la vez, sostiene que no existió ninguna “trama política” más allá de Interior, descartando así implicar a la exdirección del partido. Una tesis que choca frontalmente con la de la Fiscalía, que señala sin paliativos a Cospedal y que pidió sin éxito, “ante las actuaciones que vienen a poner de manifiesto la posible implicación de [más] responsables políticos”, citar también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exportavoz popular en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor de la operación.
Además, un informe de la Policía elaborado por el principal investigador de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que urdió Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, conformado por la formación que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”.
El juez rechaza también indagar más sobre las reuniones entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le suministró información secreta de Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, el magistrado considera que no puede desprenderse ningún ilícito penal de esas citas —amparadas por el “derecho de reunión”, escribe—, que la exsecretaria general redujo a “tres o cuatro” antes de que su antiguo jefe de gabinete la contradijera y ampliara esos encuentros a, al menos, “ocho o diez”.
Boicot a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más de un largo boicot al caso Gürtel y que incluyó chivatazos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisario se encontró un apunte que revela el supuesto aviso que el policía dio a uno de los procesados por la trama —Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla— días antes de las detenciones de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó este mismo julio en declaraciones al diario La Razón y que provocó que Anticorrupción pidiese citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no guardar relación” con Kitchen.
Más implicados. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la vivienda de Bárcenas pudo tener vinculación con Kitchen y que, incluso, “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás. Por ello, pidió al juez que se identificara a los funcionarios de Policía que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia de Bárcenas, y los “motivos” de esos encuentros. Pero el juez descarta profundizar en ese punto porque, según dice, no existen indicios suficientes que vinculen ese episodio con la trama parapolicial.
No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó en su teléfono que “otros servicios intervinieron”, según consta en los informes elaborados sobre el móvil que le fue intervenido. Además, el ex número dos de Interior aseguró al juez que llegó a contactar con el CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz se lo dijera.
Pero sí, el único que actúa según su "leal" saber y entender es el juez García Castellón, todos los demás lo hacen por intereses espurios y para perjudicar al PP.
Carpetazo a la Kitchen del PP
- Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
- — García Castellón pone la X de Kitchen a Fernández Díaz y tapona la investigación a Rajoy, la cúpula del PP y el CNI
Ignacio Escolar
@iescolar
29 de julio de 2021 22:37h
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"Vamos a ver, Eduardo (Zaplana). Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coxx"
Ignacio González, 22 de noviembre de 2016.
¿Recuerdan esta frase de Ignacio González? Es muy pertinente para entender lo que ha ocurrido este jueves. A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el Partido Popular: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen… Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.Tal y como pronosticó Ignacio González, al juez "provisional" que investigaba los casos que más preocupaban al PP, Eloy Velasco, le ascendieron a un puesto donde pudiera molestar menos; hoy está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y "el titular" volvió al juzgado número 6. Aún sigue allí. Se llama Manuel García Castellón. Llevaba casi 17 años fuera de ese puesto. Y la historia de este juez, de sus idas y venidas, explica mucho de cómo funciona la justicia en este país.
Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero al Central número 5, como sustituto de Baltasar Garzón. Más tarde como titular del Central número 6. En esos años llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar.
Unos años después, fue precisamente el Gobierno de José María Aznar quien lo escogió para uno de los puestos más codiciados de la carrera judicial: el de magistrado de enlace con Francia. En teoría, ese cargo se ocupa de coordinar a la justicia de ambos países para evitar burocracia. Es una suerte de embajador judicial, con pasaporte diplomático. Una bicoca, donde se trabaja poco y se cobra mucho: en 2016, era un sueldo de 9.500 euros netos al mes en 14 pagas, según Confilegal. Es un puesto que se nombra a dedo, sin mucho más requisito previo que ser juez o fiscal con cinco años de experiencia. Y que decide el Gobierno. En este caso concreto, el nombramiento de García Castellón como magistrado de enlace en Francia se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2000.
Cuando el Gobierno de Aznar le destinó a París, Manuel García Castellón "ni siquiera hablaba bien francés", según asegura un exministro del Gobierno de Zapatero. "Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París", afirma ese mismo exministro, que reconoce que nunca quisieron cesarle, y nombrar a otro, para evitar que volviera, cabreado, a su plaza de la Audiencia Nacional, donde podía hacer más daño que en la embajada de París.
Tras doce años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le entregó otro cargo tan bueno como el anterior: magistrado de enlace con Italia. García Castellón se mudó a Roma desde París. Según distintas fuentes, tampoco sabía hablar italiano cuando el Gobierno de Rajoy le nombró.
Durante todos estos años en puestos bien pagados y decididos a dedo por gobiernos del PP, Manuel García Castellón mantuvo su plaza en la Audiencia Nacional. Estaba en comisión de servicios, lo que también tenía para la derecha otra utilidad. Ahora el procedimiento ha cambiado, pero en aquel momento, mientras un juez estaba en comisión de servicios, su sustituto era nombrado casi a dedo por el Consejo General del Poder Judicial.
Como he explicado en otros artículos, durante las últimas décadas, el CGPJ ha estado la mayor parte del tiempo en manos de la derecha, gracias a los sucesivos bloqueos del PP a su renovación cada vez que pierden las elecciones. Así que nombrar a jueces de la Audiencia Nacional como magistrados de enlace en el extranjero permitía elegir, desde el CGPJ, qué jueces se quedaban con su plaza como sustitutos. Y también cambiarles, si el sustituto se portaba mal.
En la Audiencia Nacional hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces de instrucción, por cuyas manos pasan los principales grandes casos de corrupción. Con Rajoy en La Moncloa, hubo un momento en que tres de ellos –la mitad– estaban como magistrados de enlace en el extranjero, nombrados por el Gobierno del PP. Y así el CGPJ, que también controlaba la derecha, podía decidir quiénes eran sus sustitutos.
Esa fue la fórmula, por ejemplo, que permitió apartar al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Fue nombrado porque parecía el ideal, a ojos de la mayoría conservadora del CGPJ. Estaba en situación precaria, era uno de esos sustitutos, mientras el titular estaba de magistrado de enlace en Londres. El CGPJ le renovaba en el puesto cada seis meses. Todo fue bien hasta que a Ruz se le ocurrió registrar la sede del PP. Poco después de aquella osadía, el CGPJ le apartó.
Es habitual que un juez de la Audiencia Nacional se vaya al extranjero, como magistrado de enlace. Es raro que haga el camino contrario. Más extraño aún que lo haga por propia voluntad, porque, en la práctica, abandonar la embajada y volver a la Audiencia Nacional supone un peor sueldo, y una enorme carga laboral.
Cobrar mucho menos para trabajar mucho más. Justo fue esa la extraña decisión de Manuel García Castellón. Solo siete meses después de que Ignacio González apuntara esa posibilidad, solicitó la vuelta a su juzgado, en la Audiencia Nacional.
"Que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular"
Desde que volvió de Italia, el PP no ha tenido muchos motivos para quejarse por cómo le ha ido con este juez de la Audiencia Nacional, a pesar de que algunos de sus dirigentes no han salido muy bien parados. No le ha ido bien a Ignacio González, que sigue jugándose volver a prisión. O a Francisco Granados, que también está procesado. O al exministro Jorge Fernández Díaz, que probablemente se sentará en el banquillo por la Kitchen. Son, todos ellos, daños amortizados para el PP, imposibles de rehabilitar.Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Y lo ha dejado en la mínima expresión.
Según el propio juez, los hechos son claros. El Ministerio del Interior usó dinero de los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robar las pruebas que guardaba sobre la corrupción del PP. Un grupo de policías, bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, compraron a un confidente –el chófer de Bárcenas– con 2.000 euros al mes y la promesa de una plaza de funcionario en la Polícia. Con su ayuda, se colaron en un estudio de pintura de la mujer de Bárcenas, donde el extesorero escondía, en el doble fondo de un armario, todo el material comprometedor contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La operación fue un éxito. Encontraron la información comprometida, que nunca más ha visto la luz.
Fue un gravísimo caso de corrupción, para tapar la corrupción y proteger a Rajoy. Es difícil de creer que esto ocurriera como una iniciativa personal del ministro del Interior, por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie más. Pero no es solo una mera deducción: a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, hay indicios suficientes como para considerar que en esta operación de la cloaca policial también estaba implicado el Partido Popular y al menos su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Entre otros, las grabaciones de Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal.
A pesar de los indicios, a pesar de las grabaciones, a pesar de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón ha decidido desimputar a De Cospedal. Y cerrar del todo la investigación, sin que siquiera haya declarado el principal beneficiado de toda aquel operativo parapolicial: el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Porque no está probado que Rajoy estuviera al tanto. Pero no hay duda alguna de quién fue el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial.
Tampoco hay muchas dudas de quién era el jefe directo del principal imputado en la causa, el exministro Jorge Fernández Díaz.
García Castellón es capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto que hemos conocido este jueves. "Ninguna diligencia permite sostener" –asegura el juez– "que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro". Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.
En otra parte del auto, García Castellón rechaza otra de las pesquisas que le pedía la Fiscalía Anticorrupción: identificar qué persona del Partido Popular usaba un determinado número de teléfono. "Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento". En efecto: se trata del móvil de Mariano Rajoy.
El auto aún no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sería la primera ocasión en la que esta sala le fuerza a reabrir una investigación que García Castellón intentó archivar.
Hace unas semanas, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación de la Púnica que afecta a El Corte Inglés. Las acusaciones populares en este caso le pidieron que se inhibiera por un posible conflicto de intereses: García Castellón ha dado clase en una fundación de El Corte Inglés. El juez desestimó esa petición y respondió que "no hay conflicto de interés alguno" porque el CGPJ autorizó que impartiera esas clases.
Y en el caso del PP, ¿hay conflicto de interés? García Castellón lleva 38 años en la carrera judicial. De ellos, casi la mitad –17 años– los ha pasado en puestos muy bien pagados, en cargos donde fue promocionado por gobiernos del PP. Su primer nombramiento, como magistrado de enlace en Francia, lo firmó en el BOE Mariano Rajoy Brey. Es el mismo político que hoy duerme más tranquilo, tras leer el auto que acaba de firmar García Castellón.
Carpetazo a la Kitchen del PP
Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
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Carpetazo a la Kitchen del PP
Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
www.eldiario.esCarpetazo a la Kitchen del PP
- Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
- — García Castellón pone la X de Kitchen a Fernández Díaz y tapona la investigación a Rajoy, la cúpula del PP y el CNI
Ignacio Escolar
@iescolar
Manuel García Castellón recibe la Legión de Honor en su etapa como juez de enlace en Francia EFE/Joel Robine
29 de julio de 2021 22:37h
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"Vamos a ver, Eduardo (Zaplana). Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coxx"
Ignacio González, 22 de noviembre de 2016.
¿Recuerdan esta frase de Ignacio González? Es muy pertinente para entender lo que ha ocurrido este jueves. A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el Partido Popular: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen… Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.
Tal y como pronosticó Ignacio González, al juez "provisional" que investigaba los casos que más preocupaban al PP, Eloy Velasco, le ascendieron a un puesto donde pudiera molestar menos; hoy está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y "el titular" volvió al juzgado número 6. Aún sigue allí. Se llama Manuel García Castellón. Llevaba casi 17 años fuera de ese puesto. Y la historia de este juez, de sus idas y venidas, explica mucho de cómo funciona la justicia en este país.
Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero al Central número 5, como sustituto de Baltasar Garzón. Más tarde como titular del Central número 6. En esos años llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar.
Unos años después, fue precisamente el Gobierno de José María Aznar quien lo escogió para uno de los puestos más codiciados de la carrera judicial: el de magistrado de enlace con Francia. En teoría, ese cargo se ocupa de coordinar a la justicia de ambos países para evitar burocracia. Es una suerte de embajador judicial, con pasaporte diplomático. Una bicoca, donde se trabaja poco y se cobra mucho: en 2016, era un sueldo de 9.500 euros netos al mes en 14 pagas, según Confilegal. Es un puesto que se nombra a dedo, sin mucho más requisito previo que ser juez o fiscal con cinco años de experiencia. Y que decide el Gobierno. En este caso concreto, el nombramiento de García Castellón como magistrado de enlace en Francia se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2000.
Cuando el Gobierno de Aznar le destinó a París, Manuel García Castellón "ni siquiera hablaba bien francés", según asegura un exministro del Gobierno de Zapatero. "Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París", afirma ese mismo exministro, que reconoce que nunca quisieron cesarle, y nombrar a otro, para evitar que volviera, cabreado, a su plaza de la Audiencia Nacional, donde podía hacer más daño que en la embajada de París.
Tras doce años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le entregó otro cargo tan bueno como el anterior: magistrado de enlace con Italia. García Castellón se mudó a Roma desde París. Según distintas fuentes, tampoco sabía hablar italiano cuando el Gobierno de Rajoy le nombró.
Durante todos estos años en puestos bien pagados y decididos a dedo por gobiernos del PP, Manuel García Castellón mantuvo su plaza en la Audiencia Nacional. Estaba en comisión de servicios, lo que también tenía para la derecha otra utilidad. Ahora el procedimiento ha cambiado, pero en aquel momento, mientras un juez estaba en comisión de servicios, su sustituto era nombrado casi a dedo por el Consejo General del Poder Judicial.
Como he explicado en otros artículos, durante las últimas décadas, el CGPJ ha estado la mayor parte del tiempo en manos de la derecha, gracias a los sucesivos bloqueos del PP a su renovación cada vez que pierden las elecciones. Así que nombrar a jueces de la Audiencia Nacional como magistrados de enlace en el extranjero permitía elegir, desde el CGPJ, qué jueces se quedaban con su plaza como sustitutos. Y también cambiarles, si el sustituto se portaba mal.
En la Audiencia Nacional hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces de instrucción, por cuyas manos pasan los principales grandes casos de corrupción. Con Rajoy en La Moncloa, hubo un momento en que tres de ellos –la mitad– estaban como magistrados de enlace en el extranjero, nombrados por el Gobierno del PP. Y así el CGPJ, que también controlaba la derecha, podía decidir quiénes eran sus sustitutos.
Esa fue la fórmula, por ejemplo, que permitió apartar al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Fue nombrado porque parecía el ideal, a ojos de la mayoría conservadora del CGPJ. Estaba en situación precaria, era uno de esos sustitutos, mientras el titular estaba de magistrado de enlace en Londres. El CGPJ le renovaba en el puesto cada seis meses. Todo fue bien hasta que a Ruz se le ocurrió registrar la sede del PP. Poco después de aquella osadía, el CGPJ le apartó.
Es habitual que un juez de la Audiencia Nacional se vaya al extranjero, como magistrado de enlace. Es raro que haga el camino contrario. Más extraño aún que lo haga por propia voluntad, porque, en la práctica, abandonar la embajada y volver a la Audiencia Nacional supone un peor sueldo, y una enorme carga laboral.
Cobrar mucho menos para trabajar mucho más. Justo fue esa la extraña decisión de Manuel García Castellón. Solo siete meses después de que Ignacio González apuntara esa posibilidad, solicitó la vuelta a su juzgado, en la Audiencia Nacional."Que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular"
Desde que volvió de Italia, el PP no ha tenido muchos motivos para quejarse por cómo le ha ido con este juez de la Audiencia Nacional, a pesar de que algunos de sus dirigentes no han salido muy bien parados. No le ha ido bien a Ignacio González, que sigue jugándose volver a prisión. O a Francisco Granados, que también está procesado. O al exministro Jorge Fernández Díaz, que probablemente se sentará en el banquillo por la Kitchen. Son, todos ellos, daños amortizados para el PP, imposibles de rehabilitar.
Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Y lo ha dejado en la mínima expresión.
Según el propio juez, los hechos son claros. El Ministerio del Interior usó dinero de los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robar las pruebas que guardaba sobre la corrupción del PP. Un grupo de policías, bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, compraron a un confidente –el chófer de Bárcenas– con 2.000 euros al mes y la promesa de una plaza de funcionario en la Polícia. Con su ayuda, se colaron en un estudio de pintura de la mujer de Bárcenas, donde el extesorero escondía, en el doble fondo de un armario, todo el material comprometedor contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La operación fue un éxito. Encontraron la información comprometida, que nunca más ha visto la luz.
Fue un gravísimo caso de corrupción, para tapar la corrupción y proteger a Rajoy. Es difícil de creer que esto ocurriera como una iniciativa personal del ministro del Interior, por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie más. Pero no es solo una mera deducción: a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, hay indicios suficientes como para considerar que en esta operación de la cloaca policial también estaba implicado el Partido Popular y al menos su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Entre otros, las grabaciones de Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal.
A pesar de los indicios, a pesar de las grabaciones, a pesar de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón ha decidido desimputar a De Cospedal. Y cerrar del todo la investigación, sin que siquiera haya declarado el principal beneficiado de toda aquel operativo parapolicial: el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Porque no está probado que Rajoy estuviera al tanto. Pero no hay duda alguna de quién fue el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial.
Tampoco hay muchas dudas de quién era el jefe directo del principal imputado en la causa, el exministro Jorge Fernández Díaz.
García Castellón es capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto que hemos conocido este jueves. "Ninguna diligencia permite sostener" –asegura el juez– "que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro". Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.
En otra parte del auto, García Castellón rechaza otra de las pesquisas que le pedía la Fiscalía Anticorrupción: identificar qué persona del Partido Popular usaba un determinado número de teléfono. "Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento". En efecto: se trata del móvil de Mariano Rajoy.
El auto aún no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sería la primera ocasión en la que esta sala le fuerza a reabrir una investigación que García Castellón intentó archivar.
Hace unas semanas, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación de la Púnica que afecta a El Corte Inglés. Las acusaciones populares en este caso le pidieron que se inhibiera por un posible conflicto de intereses: García Castellón ha dado clase en una fundación de El Corte Inglés. El juez desestimó esa petición y respondió que "no hay conflicto de interés alguno" porque el CGPJ autorizó que impartiera esas clases.
Y en el caso del PP, ¿hay conflicto de interés? García Castellón lleva 38 años en la carrera judicial. De ellos, casi la mitad –17 años– los ha pasado en puestos muy bien pagados, en cargos donde fue promocionado por gobiernos del PP. Su primer nombramiento, como magistrado de enlace en Francia, lo firmó en el BOE Mariano Rajoy Brey. Es el mismo político que hoy duerme más tranquilo, tras leer el auto que acaba de firmar García Castellón.
Carpetazo a la Kitchen del PP
Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
Según algunos, este articulo es un ataque injustificado e innecesario hacia un juez que actu siempre según su “leal” saber y entender, y cualquiera que discrepe de sus decisiones está equivocado, obra de mala fe o ambas cosas. Y desde luego, lo que García Castellón ha logrado lo ha hecho solo, sin ayuda ninguna del pp al que por supuesto, no le debe nada.
@IDOLO , vete abriendo el paraguas por si acaso.
Paradigma de incongruencia
- La operación Kitchen no buscaba proteger al Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que fue una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP
Javier Pérez Royo
Foco
VIGILANCIA DEL PODER
1 de agosto de 2021 20:42h
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La congruencia es una exigencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por imperativo constitucional. El juez, como cualquier otra persona, puede no ser congruente cuando no actúa como juez. Pero, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede no serlo.
En el proceso penal es donde la exigencia de congruencia o, mejor dicho, la interdicción de incongruencia de la resolución judicial, adquiere su máxima expresión, porque la incongruencia afecta al Estado. El juez no es libre para determinar el objeto del proceso. En la delimitación del mismo el juez tiene que dar respuesta de manera motivada a por qué lo hace de la manera en qué lo hace. Por virtud del principio acusatorio únicamente él puede hacerlo. Pero tiene que hacerlo a partir de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación particular y del escrito de la defensa jurídica del acusado. Ni puede extender el objeto del proceso más allá de lo que se ha pedido por la acusación, ni puede reducirlo dejando fuera del mismo sin justificación las peticiones formuladas.
Viene a cuento esta introducción del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de cierre de la investigación y de apertura del juicio oral en el conocido como ‘Caso Kitchen’. “Debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena al Ministerio de Interior”, dice el Juez de manera lapidaria, excluyendo de esta manera que se pueda extender el objeto del proceso a la dirección del Partido Popular, a pesar de que así había sido solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.
Se trata de un caso de libro de ‘incongruencia omisiva’. Es verdad que la ‘operación Kitchen’ se activó en el Ministerio de Interior en el verano de 2013 cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresa en prisión. Pero no lo es menos que el objeto de la operación no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior, sino que tiene que ver exclusivamente con la ejecutoria de Luis Bárcenas como tesorero que fue del PP. La finalidad de la operación es la de sustraer al extesorero documentación relativa al PP, de tal manera que se evite que pueda acabar en las manos de la autoridad judicial que está investigando la posible financiación irregular de dicho partido.
También está fuera de toda duda que dicha operación Kitchen se pone en marcha en el Ministerio de Interior porque el Presidente del Gobierno es también el Presidente del PP. Sin esa coincidencia de pertenencia al mismo partido del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior la operación no hubiera sido posible primero y no habría tenido ningún sentido después.
La operación Kitchen no es una operación de protección del Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que es una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP y singularmente de su Presidente, Mariano Rajoy, a la sazón también Presidente del Gobierno.
Sin Mariano Rajoy como Presidente del PP y del Gobierno la operación Kitchen no tiene sentido. Hay, además, indicios de relación intensa durante todos los años a los que se extiende la investigación entre ex extesorero y el hoy expresidente del Gobierno y del PP. También hay indicios de la relación entre Mariano Rajoy y el comisario Villarejo durante el desarrollo de la operación Kitchen, con indicación expresa del número de teléfono desde el que el segundo mantenía informado al primero. ¿Puede todo esto quedar fuera del juicio de la operación Kitchen?
El auto del juez Manuel García Castellón es un paradigma de incongruencia omisiva, que supongo que será recurrido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Una operación de esta naturaleza no puede dejar de ser investigada en su totalidad.
Paradigma de incongruencia
La operación Kitchen no buscaba proteger al Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que fue una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP
www.eldiario.esJuez prevaricador. No hay duda. En éste país no pasa nada porque un juez de la derecha prevarique. Nadie va osar acusarle de ello si defiende a los corruptos del PP.
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"La clave es que tu no pidas diligéncias" ( esperanza Aguirre )
"Lo que seria conveniente es que no digas que estoy yo detras"(Juez Armengol)
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