a cualquier cosa se le llama campo de concentración, para campos de concentración los de la republica
la lepra es una enfermedad muy contagiosa y es normal que estas personas estuvieran aisladas
La España de Franco
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a cualquier cosa se le llama campo de concentración, para campos de concentración los de la republica
la lepra es una enfermedad muy contagiosa y es normal que estas personas estuvieran aisladas
menudo articulo sectarioGolpista, traidor, genocida, asesino y ladrón.
La fortuna opaca de los Franco más allá del pazo de Meirás: palacetes, edificios y un pelotazo urbanístico en Madrid
El Gobierno ha demandado a los Franco para que devuelvan el pazo de Meirás por un "fraude" en su compra, pero la fortuna corrupta del dictador tiene muchos más hitos
El régimen franquista gestó un entramado empresarial desde El Pardo que sumó fincas y palacios además de sueldos y regalos como toneladas de café de Brasil
En Chile, la justicia ordenó el decomiso de parte del patrimonio acumulado por los Pinochet en 17 años de dictadura. España no ha hecho ninguna investigación ni acción parecida
14/07/2019 - 20:45h
La familia Franco y los entonces príncipes de España con sus hijos en la puerta del pazo de Meirás EFE
El Gobierno demanda a la familia Franco para que devuelva el pazo de Meirás por un "fraude" en su compra
El Gobierno de España ha demandado a la familia Franco por el "fraude" en la compra de la finca gallega del Pazo de Meirás. Pero Meirás, el paradigma del expolio, no es el único rastro oscuro de la fortuna del dictador. Hay más, desde fincas a sueldazos con dinero público o toneladas de café de Brasil que acabaron en la hucha personal del militar rebelde.
Francisco Franco acumuló cientos de millones de euros gracias a una arquitectura que cimentó desde el golpe de Estado. Las cifras parten de diversas estimaciones de expertos en la materia como Ángel Viñas o Mariano Sánchez Soler. Un patrimonio que ahora disfrutan, con intereses, los nietos, en pleno litigio contra el Gobierno para que no saque el cadáver de su abuelo del Valle de los Caídos.
No hay datos oficiales sobre la fortuna de Franco porque la democracia española nunca ha hincado el diente al asunto. En Chile, como antítesis del caso español, la justicia ordenó el decomiso de parte de la fortuna acumulada por los Pinochet en 17 años de dictadura. España cerró una suerte de amnistía económica y, pese a los estudios e investigaciones de expertos, la opacidad sobrevuela un capital atesorado durante décadas y difícil de cuantificar en toda su extensión. Estos son algunos de los bienes con los que se hizo el dictador:
Pazo de Meirás
La Abogacía del Estado ha encontrado un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora que prueba el "fraude" en el caso de Meirás. Todo fue una compra simulada, denuncian, por lo que el Gobierno ha presentado una demanda en los juzgados de A Coruña para que los herederos de Franco devuelvan el palacio ubicado en Sada, que era del Estado y acabó en manos de la familia.
La finca era originariamente de los herederos de Emilia Pardo Bazáncuando los golpistas organizaron "donaciones" supervisadas por la Falange como regalo para el dictador. "Sin duda" Meirás debe pasar a manos del Estado porque fue una actuación "contra derecho", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entrada principal al Pazo de Meirás. | JUAN MIGUEL BAQUERO
El Parlamento de Galiciaya pidió al Gobierno en 2018 que actuara para incorporar el inmueble al patrimonio público y encargó un informe histórico-jurídico a la Diputación de A Coruña que demostraba los manejos de Franco en la fingida compraventa.
El pazo gallego ha estado envuelto en múltiples polémicas. Como la oferta de venta que los nietos del dictador mantienen activa por ocho millones de euros, o que los Franco hayan pedido 13 años de cárcel para activistasque entraron a reclamar su devolución. O las visitas a Meirás, que mantienen la apología del fascismo, por ejemplo, en la visita de una delegación del Parlamento Europeo, que tuvo como guía a un socio de la Fundación Franco y admirador del militar golpista.
Otros palacios
Los Franco siguen siendo propietarios de Casa Cornide, un palacete en el centro de A Coruña (tres plantas y 879 metros cuadrados). Y el pazo de Meirás (110.000 m2). La hija del dictador, Carmen Franco, vendió dos palacios en los años 80: el Canto del Pico (Torrelodones, Madrid) y el de caza en Castillo de las Navas (Córdoba), como publicó El País.
Una millonaria operación inmobiliaria
El gran pelotazo urbanístico de los Franco tiene nombre: Valdefuentes, 9,8 millones de metros cuadrados en Arroyomolinos (Madrid) dedicados a la agricultura y ganadería. La adquisición de la finca se hizo con donativos de guerra y a través de "testaferros", según la revista Tiempo. Y fue una tierra muy rentable para los herederos, ya que un tercio acabó recalificada como urbanizable en 2003. La operación permitió construir casi 3.000 viviendas, varios polígonos industriales y un macrocentro comercial.
El dictador Francisco Franco.
Las propiedades de los Franco incluyen también terrenos como La Piniella (San Cucao de Llanera, Asturias), a la venta el año pasado por 5 millones de euros. Y otra en Oleiro (A Coruña). Como un puñado más que pasaron a otras manos, en Pareja, Chillarón del Rey y Guadalajara, Torremolinos (Málaga) y dos en Cerca de los Monteros (Marbella).
Edificios y chalés
El centro neurálgico del clan está en el edificio que tienen en la calle Hermanos Bécquer, en el barrio de Salamanca de Madrid, uno de los más caros de la capital. En uno de los pisos murió Carmen Franco. En la capital suman la sede de la Fundación Franco, un chalet en La Moraleja y otros en la urbanización La Florida.
También la casa natal de Franco en Ferrol, una vivienda en la reserva marbellí de Los Monteros y otra en Entrepeñas (Guadalajara). Carmen Martínez Bordiú vendió un chalé en Puerta de Hierro (Madrid) que le había regalado su abuela, Carmen Polo. La herencia del dictador, como rastreó la investigación de Mariano Sánchez Soler, apunta además una villa en Miami (EEUU) y plantaciones en Filipinas (23.000 hectáreas).
Sueldos
El sueldo de Franco como militar en la República era de 2.493 pesetas al mes. En 1944, como jefe de Estado, alcanzaba 600.000 pesetas anuales, según los Presupuestos Generales del Estado. La nómina iba creciendo en un país con una renta per cápita de 5.765 pesetas por habitante en el 36.
El entonces infante Felipe da la mano al dictador Franco en presencia del príncipe Juan Carlos en el pazo de Meirás, el 30 de julio de 1975. | EFE
La viuda de Franco, Carmen Polo, cobró hasta su muerte una suculenta jubilación por los "derechos pasivos" profesionales de su marido. Había que sumar pensión por una 'ley especial', como viuda de un capitán general, derechos de la cruz de San Fernando o pagas por medallas militares. Total: 894.960 pesetas mensuales en el año 1985 y más de 12,5 millones al año, superando los sueldos de expresidentes del Gobierno como Adolfo Suárez o Felipe González, desveló El País en 1992.
Acciones y 'mordidas'
Franco no perdió el tiempo. Practica las primeras 'mordidas' durante la guerra, arañando parte de los donativos golpistas. El destino era una cuenta en el Banco de España denominada 'Suscripción Nacional a disposición del General Don Francisco Franco Bahamonde'. Es "la punta de un iceberg colosal" que arranca en "su acceso particular a las suscripciones que se hicieron para sufragar el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes militares", apunta el hispanista Paul Preston.
En 1940, el golpista acumula una fortuna: 34 millones de pesetas de la época (casi 400 millones de euros de hoy, bajo métodos de actualización). Los fondos provenían, en gran parte, del dinero recaudado para "la causa nacional", precisaba Tiempo tras investigar los archivos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General del Palacio Real de Madrid y el Archivo Histórico del Banco de España. El historiador Ángel Viñas ahondó en estas cuentas en su libro La otra cara del Caudillo.
Franco, tras la guerra, recibía además una gratificación mensual de 10.000 pesetas de Telefónica. Pero las 'mordidas' en operaciones empresariales fueron una constante del franquismo, con empresas "agradecidas" que traspasaban "acciones gratuitamente", apunta el historiador.
"Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos", dijo el dictador en un discurso (Lugo, 1942). Y así fue, para él y para los mecenas que le pagaron la guerra y el golpe fascista. "La corrupción estaba en el ADN de la dictadura", explica Viñas.
El café de Brasil
El dictador de Brasil, Getúlio Vargas, donó 600 toneladas de café a los golpistas en octubre de 1936. Era "un regalo al pueblo español" y una muestra de apoyo al estallido golpista. Franco vendió la mercancía a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, cobrando por adelantado su importe: 7,5 millones de pesetas.
La opacidad cubre la magnitud de los regalos que pudiera recibir el clan de El Pardo en 40 años de dictadura. El dictador, "y su mujer", recibían "regalos de varios tipos, desde medallas de oro a fincas y hasta automóviles de lujo", decía Paul Preston a eldiario.es. "Sin embargo, ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero", enlaza el hispanista.
Para la leyenda queda el apodo de la mujer de Franco, Carmen Polo, por su afición a las joyas: La Collares. O un caso especial y que sí forma parte de los bienes del Estado: el todoterreno que Adolf Hitler regaló a Franco el 24 de enero de 1940, custodiado hoy en la colección de la Guardia Real e inventariado por Patrimonio Nacional.
Obras de arte
Y las obras de arte. ¿Cuáles recibió? ¿Dónde están? No es fácil conocer el capital artístico en poder de los Franco. Como ejemplos, un par de casos.
Inauguración de la restauración de la pila bautismal de Cervantes en presencia de Franco, el 3 de octubre de 1947. |AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
Uno, la pila bautismal de Cervantes. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reclama un fragmento de la piedra que acabó en manos del dictador en 1947. La Fundación Franco dijo a este medio que ignora el paradero de la roca y Patrimonio que nunca fue depositada en esta institución.
Parecido sistema usurpador está detrás de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. Franco y su mujer las llevaron a Meirás en el 54. El Consistorio compostelano pide en los juzgados estas estatuas de los profetas Abraham e Isaac.
las fosas comunes tienen muertos de ambos bandos, los republicanos a sus victimas les echaban cal viva y los nacionales luchaban por la libertad y contra una sangrienta dictadura comunista pero eso no interesa a la ley de la desmemoria histericaLa victoria de las 'mujeres de negro' sobre 40 años de franquismo en La Barranca
Memoria histórica
Las viudas de 400 personas asesinadas por los franquistas custodiaron durante cuatro décadas las tres fosas comunes donde yacían, en Lardero, La Rioja
Conocidas desde entonces como las mujeres de negro, lograron doblegar al régimen franquista y convertir el lugar en un cementerio civil desde el año 1979
El Memorial La Barranca cumple 40 años de homenaje a las víctimas del terror en tierra riojana, una región sin guerra donde los golpistas dejaron 2.000 ejecutados
Juan Miguel Baquero
15/07/2019 - 21:12h
Monumento a las 'mujeres de negro' en el Memorial La Barranca. | JUAN MIGUEL BAQUERO
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DERECHOS HUMANOS
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Las mujeres de negro velaron los cadáveres de 400 personas asesinadas por los franquistas. Muchos eran sus maridos. Custodiaron la memoria de los suyos durante 40 años de dictadura, logrando que nadie tocara las tres fosas comunes de Lardero (La Rioja) donde fueron arrojados. Y en 1979 convirtieron el lugar en cementerio civil. Hoy es el Memorial La Barranca.
El conjunto monumental es uno de los mayores memoriales de España dedicado a las víctimas de los golpistas en la guerra civil. Cumple cuatro décadas como camposanto y forma parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma desde 1980, gestionado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con la Asociación para la preservación de la Memoria Histórica en La Rioja 'La Barranca', que custodia el memorial.
El barranco de Barrigüelo, a unos cinco kilómetros de Logroño, fue usado por los golpistas para enterrar los cuerpos de una quinta parte de las 2.000 que ejecutaron en la región. Aunque en La Rioja no hubo guerra. Apenas resistencia al fracasado golpe de Estado que provocó la guerra civil.
En aquel campo trazaron las fosas comunes plagadas de muerte. De la pedagogía del terror aplicada en masa por los rebeldes hasta finales de 1936. Ahora, La Barranca es un paraje de recogimiento familiar. De recuerdo íntimo. De Memoria colectiva con mayúsculas. Una tierra que guarda la victoria de las 'mujeres de negro' sobre 40 años de franquismo.
Las tres fosas comunes de Lardero. | JUAN MIGUEL BAQUERO
Todos los nombres de La Barranca
Varios carteles cuentan en las paredes de La Barranca cada uno de los nombres de las víctimas riojanas. 'A las Mujeres de Negro, 75 años después', reza la placa del monumento de homenaje a las viudas de los republicanos asesinados por los fascistas. Fue inaugurado el uno de noviembre de 2011. Un Día de Todos los Santos.
'Los pueblos que olvidan su Historia están condenados a repetirla', señala otro póster. Todo es recuerdo. Memoria. 'No hay nada en el mundo que haga olvidar una injusticia', dice una frase escrita sobre una bandera republicana.
El memorial también muestra un enorme mapa de España. Es el original que los golpistas colocaron en la plaza de toros de Logroño –usada como cárcel– para restregar a los presos republicanos el avance de las tropas fascistas. Ahora, vencer la cartografía del olvido es una de las tareas de las familias de La Barranca.
"No se puede estar", decían los franquistas
"Aquí no se puede estar", afeaban las autoridades franquistas a las 'mujeres de negro'. "Pues estamos", respondían ellas. Las viudas acudían "casi a diario" a custodiar las fosas comunes donde yacen 400 víctimas. De esta forma, a pie de fosas, empieza a narrar la historia Jesús Vicente Aguirre.
"Que no se puede estar", reprendían los uniformados. "Estamos", sostenían las mujeres. Y así un día tras otro. Un año tras otro. Hasta que las dejaron por imposibles. Por conseguidoras de lo improbable.
El conjunto momunental es hoy un cementerio civil. | JUAN MIGUEL BAQUERO
"Estas familias se dedicaron a cuidar este lugar", continúa Aguirre, autor de varios libros sobre la represión en La Rioja, como Aquí nunca pasó nada –con mil páginas y la historia de dos mil represaliados– y la novela Lo que pasó.
Las 'mujeres de negro' guardaron la tierra que da cobijo a sus seres queridos y esa parcela de la finca, desde entonces, nunca se sembró. Las tumbas quedaron intactas. La Barranca nació así como recuerdo "digno" a las víctimas del terror franquista. "Un espacio de convivencia y esperanza" destinado "a que estas cosas no vuelvan a ocurrir".
Las 300 llaves de La Barranca
Un cartel en la entrada indica: "Si quiere conocer esta fosa común llame a los teléfonos...". Y ahí están los números en los que responden Paco, Ángel o Ricardo. "Siempre hay alguno de guardia", tercia el presidente de la asociación, Ricardo Blanco. "Sea a la hora que sea y el día que sea", certifica.
La Barranca, memoria de La Rioja. | JUAN MIGUEL BAQUERO
"Y eso que tenemos repartidas más de 300 llaves", continúa. Porque La Barranca "está abierta a todo el mundo". Incluso hay descendientes de las víctimas que depositan las cenizas de sus familiares cerca de las fosas. Quizás en las zonas ajardinadas. Algunas pequeñas placas, alguna banderas republicanas chiquitas, marcan nuevos lugares de reposo eterno. Quizás.
"No sabemos si es legal", cuestiona un integrante del colectivo. "Claro, nadie los ve", sonríe otra voz. Y quién podría decir que no. Con qué legitimidad, asienten. "¿A alguien le gustaría estar aquí cuando le toque?", pregunta una mujer. Muchos alzan la mano, voluntarios.
Como una chica joven, ataviada con un bolso rojo, alumna de los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja. El seminario está organizado por la Asociación La Barranca y cumple su tercera edición con el título 'Historia, Medios de comunicación y Legislación después de la Transición. 2019: 80 años del exilio'. La cita incluye una visita al memorial.
El espacio acoge, además, diversos homenajes a lo largo del año, como cada 14 de abril con motivo del aniversario de la Segunda República. O visitas de centros educativos. Hacer pedagogía de los Derechos Humanos con el alumnado, dicen, es sembrar cultura de paz. Y La Barranca se ha convertido en una plaza para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Todo, con el recuerdo latente de la victoria de las 'mujeres de negro' sobre 40 años de franquismo.
Ataques nazis a la Memoria
El Memorial La Barranca ha sufrido la embestida de la extrema derecha. El cementerio civil apareció dos veces con pintadas nazis y fascistas. Sendos ataques fueron un 14 de abril, el día que se celebra la proclamación de la Segunda República española.
El primero, en 2016. Esvásticas y simbología neonazi cubrían lápidas y el mapa de los presos republicanos. La pintura blanca alcanzó también el monumento a las damas de negro. Las pintadas de apología franquista rezaban "Pasamos y pasaremos", en réplica al lema antifascista "¡No pasarán!". La Asociación La Barranca denunció los hechos ante la justicia como un "doble ataque contra el patrimonio y contra la memoria de las víctimas, así como enaltecimiento del terrorismo".
Dos años después, volvió a suceder. El 87 aniversario de la II República quedó teñido con más ignominia. Sobre un pequeño tejado de los que tapa las fosas comunes podía leerse "Arriba España". Los carteles con los nombres de los más de 2.000 riojanos asesinados estaban mancillados con cruces celtas, símbolo usado por organizaciones ultraderechistas y frases nazis. Y, en la diana, siempre las Mujeres de negro.
https://www.eldiario.es/sociedad/Memorial-Barranca-victoria-mujeres-franquismo_0_919009097.html
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POLÍTICA
POLÍTICA
El Gobierno de Melilla quiere retirar la última estatua de Franco que queda en España
La vicepresidenta llevará próximamente al Ejecutivo la retirada de todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma
Estatua de Franco en Melilla. VP
ANTONIO RODRÍGUEZ
PERFILEMAILTWITTER
El último monumento en una vía pública de Francisco Franco en España puede tener los meses contados ya que el Gobierno de Eduardo de Castroquiere cumplir con la ley de la Memoria Histórica y retirar todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma.
Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y líder del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, indicó a Vozpópuli que los ediles socialistas llevarán próximamente una propuesta en este sentido, en el que se incluirán "los nombres de las calles" que recuerdan al franquismo, así como "el monumento a Franco".
Rojas subrayó a este medio que uno de los objetivos del PSOE es "dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica, con el desarrollo de políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura" después de 19 años de presidencia ininterrumpida de Juan José Imbroda(PP).
El actual Ejecutivo melillense está dirigido por De Castro, el único edil de Ciudadanos y que fue aupado al poder gracias a los votos de Coalición por Melilla (CpM, 8), PSOE (4) y el suyo propio. Enfrente, quedaron los votos de PP (10) y Vox (2).
Último vestigio de Franco
La escultura de un joven Franco cuando era comandante de la Legión está situada junto a la muralla de Melilla y es el último vestigio del Generalísimo en una vía pública española, tras la retirada de las estatuas ecuestres de Franco que había en Santander (2008) y en la citada ciudad autónoma (2010).
La estatua, en la que se puede ver a Franco de pie frente, con un bastón y unos prismáticos colgados al cuello, fue aprobada en un pleno en 1975 y se colocó tres años después. Nunca fue inaugurada oficialmente. El encargo se hizo al escultor y comandante Enrique Novo Álvarez. Fue guardada unos meses hasta que el alcalde, presionado por los concejales franquistas en los inicios de la Transición, decidió colocarla sin ningún tipo de acto oficial.
En aquel momento ya causó polémica debido a que a la escultura le acompañaban tres placas: una con un escudo franquista; otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977", que es la que finalmente quedó en su pedestal.
Las peticiones de diversos colectivos que durante años solicitaban la retirada de la estatua nunca fueron atendidas por los Gobiernos de la ciudad. Todos esgrimían lo mismo: el monumento no estaba dedicado al franquismo, sino al comandante de la Legión que salvó a la ciudad de la invasión de los rifeños de Abdelkrim.
"No por su condición de dictador"
En los últimos años hubo varias sentencias en las que se conminó a retirar la escultura pero el popular Imbroda siempre esgrimió que no estaba dedicada al Caudillo: "Se hizo para rendir homenaje al que fuera Comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador".
El anterior Consistorio se aferró a la letra pequeña de la ley de la Memoria Histórica para conservar la estatua. Así, recomendó su conservación por “evocar exclusivamente” la llegada de grupos militares a Melilla en 1921 cuando, según el Ayuntamiento, “la ciudad estaba a punto de ser invadidapor las tribus rifeñas de Abdelkrim”.
El documento de respuesta al último auto judicial recreó la situación de hace casi un siglo: “Las tropas entraron por el puerto con la música de la banda del Tercio Legionario extendiendo de nuevo la confianza a los ciudadanos que, agolpados cerca de los barcos, pretendían huir a la península”. Asimismo, recalcó que no existían referencias a la sublevación militar, ni “exalta ni humilla a ningún colectivo”.
El Gobierno de Melilla quiere retirar la última estatua de Franco que queda en España https://www.vozpopuli.com/_4b5cd3b7 vía @voz_populi
POLÍTICA
El Gobierno de Melilla quiere retirar la última estatua de Franco que queda en España
La vicepresidenta llevará próximamente al Ejecutivo la retirada de todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma
Estatua de Franco en Melilla. VP
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El último monumento en una vía pública de Francisco Franco en España puede tener los meses contados ya que el Gobierno de Eduardo de Castroquiere cumplir con la ley de la Memoria Histórica y retirar todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma.
Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y líder del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, indicó a Vozpópuli que los ediles socialistas llevarán próximamente una propuesta en este sentido, en el que se incluirán "los nombres de las calles" que recuerdan al franquismo, así como "el monumento a Franco".
Rojas subrayó a este medio que uno de los objetivos del PSOE es "dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica, con el desarrollo de políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura" después de 19 años de presidencia ininterrumpida de Juan José Imbroda(PP).
El actual Ejecutivo melillense está dirigido por De Castro, el único edil de Ciudadanos y que fue aupado al poder gracias a los votos de Coalición por Melilla (CpM, 8), PSOE (4) y el suyo propio. Enfrente, quedaron los votos de PP (10) y Vox (2).
Último vestigio de Franco
La escultura de un joven Franco cuando era comandante de la Legión está situada junto a la muralla de Melilla y es el último vestigio del Generalísimo en una vía pública española, tras la retirada de las estatuas ecuestres de Franco que había en Santander (2008) y en la citada ciudad autónoma (2010).
La estatua, en la que se puede ver a Franco de pie frente, con un bastón y unos prismáticos colgados al cuello, fue aprobada en un pleno en 1975 y se colocó tres años después. Nunca fue inaugurada oficialmente. El encargo se hizo al escultor y comandante Enrique Novo Álvarez. Fue guardada unos meses hasta que el alcalde, presionado por los concejales franquistas en los inicios de la Transición, decidió colocarla sin ningún tipo de acto oficial.
En aquel momento ya causó polémica debido a que a la escultura le acompañaban tres placas: una con un escudo franquista; otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977", que es la que finalmente quedó en su pedestal.
Las peticiones de diversos colectivos que durante años solicitaban la retirada de la estatua nunca fueron atendidas por los Gobiernos de la ciudad. Todos esgrimían lo mismo: el monumento no estaba dedicado al franquismo, sino al comandante de la Legión que salvó a la ciudad de la invasión de los rifeños de Abdelkrim.
"No por su condición de dictador"
En los últimos años hubo varias sentencias en las que se conminó a retirar la escultura pero el popular Imbroda siempre esgrimió que no estaba dedicada al Caudillo: "Se hizo para rendir homenaje al que fuera Comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador".
El anterior Consistorio se aferró a la letra pequeña de la ley de la Memoria Histórica para conservar la estatua. Así, recomendó su conservación por “evocar exclusivamente” la llegada de grupos militares a Melilla en 1921 cuando, según el Ayuntamiento, “la ciudad estaba a punto de ser invadidapor las tribus rifeñas de Abdelkrim”.
El documento de respuesta al último auto judicial recreó la situación de hace casi un siglo: “Las tropas entraron por el puerto con la música de la banda del Tercio Legionario extendiendo de nuevo la confianza a los ciudadanos que, agolpados cerca de los barcos, pretendían huir a la península”. Asimismo, recalcó que no existían referencias a la sublevación militar, ni “exalta ni humilla a ningún colectivo”.
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Nueva querella contra Billy el Niño: "Me ató a un radiador y me golpeó durante horas"
Memoria histórica
Una querella conjunta de cinco víctimas contra Billy el Niño y otros agentes de la policía secreta franquista busca romper la impunidad judicial del aparato represor de la dictadura de Franco
Los querellantes, Roser Rius, Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez, Esteban Cabal y Francisco Javier Maestro, militantes antifascistas, fueron detenidos entre los años 1971 y 1977
"Billy el Niño dijo: 'esta es para mí'… cuando acabó no podía andar", dice una de las denunciantes que intenta probar que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático de torturas
Roser Rius, víctima de torturas por la policía franquista, en la presentación de la querella colectiva en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. | CEAQUA
EXCLUSIVA: La hoja de servicios del torturador 'Billy el Niño'
REPORTAJE
Las torturas y ensañamientos de Billy el Niño por los que no merece una medalla
"Antonio González Pacheco me ató a un radiador y me golpeó durante horas en la planta de los pies", cuenta Roser Rius. Es el mismo titular del relato que ha presentado este jueves en una querella conjunta, junto a cuatro militantes antifascistas, en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. Las víctimas de Billy el Niño siguen intentando sentar en el banquillo de los acusados al más conocido torturador de la policía secreta del franquismo.
La presentación de la primera denuncia colectiva supone una novedad. La acción común intenta romper el bloqueo judicial a estos casos acusando de torturas a Billy el Niño y otros siete agentes de la dictadura. Y evidenciar, además, que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático y "en un contexto de crímenes contra la humanidad".
"Billy el Niño dijo: 'esta para mí, ya la entiendo yo'. Estuvo una noche entera golpeándome… cuando acabó no podía andar, tenía hematomas hasta las rodillas, se me cayeron las uñas". Roser Rius fue detenida en octubre de 1974. Tenía 27 años. El testimonio que ofrece, en conversación con eldiario.es, coincide con el perfil que aportan otras víctimas: un policía "sádico" que "disfrutaba" torturando.
También con el resto de participantes en la querella colectiva. Cuatro, incluida Rius, eran militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR): Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez y Francisco Javier Maestro. El quinto denunciante es Esteban Cabal, detenido en el 76, cuando era menor de edad y miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
36 querellas contra Billy el Niño
Con estas nuevas acusaciones ascienden a 36 las querellas interpuestas contra Billy el Niño y otros agentes de la Brigada Político Social (BPS): tres en Asturias, seis en Valencia, diez en Gipuzkoa y 17 en juzgados madrileños.
"Más de 20 resoluciones judiciales dictadas hasta ahora por parte de los tribunales nacionales" sobre estas querellas "niegan sistemáticamente" que se trate de acciones sistemáticas y hablan de "hechos aislados". Es decir, que no son delitos de lesa humanidad y cabe aplicar "la prescripción de los delitos y por tanto el archivo de las querellas", denuncia la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.
Billy el Niño. | EFE
Por esto, esta línea judicial pretende desmontar la querella colectiva. "Había una estructura centralizada en la BPS con la finalidad de impedir la participación política de los ciudadanos españoles y se les detenía por su militancia", explica una de las abogadas de las víctimas, Begoña Lalana. Un aspecto "que recoge el delito de lesa humanidad, además de las propias torturas", subraya.
"Existía un plan organizado y deliberado de la dictadura", continúa, que hace entender que no son "casos individuales" y sí "una persecución sistemática a los militantes de partidos y sindicatos durante el franquismo, desde sus orígenes hasta la Transición democrática", apunta Lalana.
Se trata, por tanto, de otra oportunidad sobre la mesa de la justicia española para investigar la represión política de Franco. Hasta el momento, el aparato represor franquista sigue viviendo en la impunidad. Y Billy el Niño no tiene ninguna condena y mantiene sus medallas pensionadas.
"Comportamiento brutal de la policía"
"Estábamos luchando contra la dictadura y éramos muy clandestinos, pero no podíamos eludir que el aparto de la dictadura quería desmembrar cualquier cosa, daba igual que fuera más grande o más pequeña, de estudiantes u obrera… Querían que no hubiera ningún tipo de oposición, que no pudieras reunirte ni expresarte", relata Roser Rius a este medio.
En su caso, la militancia antifranquista le costó "14 meses de prisión en la cárcel de Yeserías". Y, antes, una detención y "tres días de torturas" en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).
"El comportamiento de la policía fue bastante brutal". Rius no olvida la estancia en las mazmorras de la Puerta del Sol. "Se ensañaron mucho, me daban golpes por todos lados. Hacían una rueda y te iban dando. Un golpe, otro…". Y en las tandas no solo estaba el célebre Billy el Niño. "Había mucha más gente", asegura.
"En uno de esos momentos de muchos golpes les dije que ya podían entre tantos tíos con una mujer. Yo tenía 27 años y era muy delgada", recuerda. Ahí tomó el testigo González Pacheco. "Decidió que donde más me podía doler era en la planta de los pies, me ató a un radiador y estuvo golpeando durante horas".
Víctimas de torturas, durante la interposición de la denuncia colectiva. | CEAQUA
Querellantes y torturados por la BPS
El resto de los torturados por la policía secreta franquista expresa testimonios similares. Como el militante de la FRAP Esteban Cabal, detenido por participar en la manifestación del Primero de Mayo. Quedó libre por su condición de menor de edad.
En octubre del 76 cayó en los calabozos de la BPS, torturado por González Pacheco y Roberto Conesa, según su declaración. Al ser puesto a disposición judicial su estado era "lamentable". Entre otras lesiones tuvo fractura de nariz y de ambas muñecas. Acabó exiliado en Francia.
O Enrique del Olmo, apresado en mayo del 72 cuando fue identificado como participante en una protesta y por su militancia política en la Liga Comunista Revolucionaria. Permaneció tres días incomunicado en la DGS. En los calabozos sufrió interrogatorios y torturas "durante horas". Estuvo preso tres meses en la cárcel de Carabanchel. Juzgado por los delitos de terrorismo y manifestación no pacífica, fue finalmente absuelto.
Del Olmo compartía militancia con el resto de querellantes. Caso de Jesús Rodríguez, sometido por la policía franquista en tres ocasiones. La primera, con 18 años de edad en marzo del 72, por participar en una protesta tras el asesinato por la policía de dos trabajadores de la empresa Bazán en Ferrol.
Participantes en la "querella acumulada" contra Billy el Niño y otros siete policías de Franco. | CEAQUA
En enero del 74 fue detenido por una reunión ilegal preparatoria de actos contra de la pena de muerte a Salvador Puig Antich. En abril del 75 un grupo de policías lo esperaba a la puerta de su casa: señala a Francisco Javier Tejedor Peña, Antonio González Pacheco, y Salvador Bonel Esperanza. Dispararon tiros al aire. Rodríguez fue "golpeado, insultado, humillado", según su relato. Billy el Niño, en los interrogatorios, le amenazaba "todo el tiempo con una pistola".
Y el quinto denunciante, Francisco Javier Maestro BacksBacka. Detenido tres veces. La primera, julio del 71, en la piscina universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Va a estar "incomunicado e interrogado por González Pacheco y otros dos policías en la DGS durante 72 horas".
Luego sufre dos meses de prisión en Carabanchel. Es llevado a juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) acusado de propaganda ilegal, alteración orden público y asociación ilícita. Quedó absuelto. La segunda detención es en su propio domicilio, en abril del 74. Ingresa en la cárcel un mes.
Y el 22 de julio del 77 cae cerca del Congreso de los Diputados por llevar una pancarta doblada de la LCR en su coche. En el cartel se leía ‘Legalización de todos los partidos políticos’. Presta declaración en la Comisaría de Retiro, es trasladado a la DGS y después al calabozo de Las Salesas.
Todas las víctimas de Billy el Niño
Todos estos querellantes dicen haber sido víctimas de Antonio González Pacheco, conocido por el alias Billy el Niño, el rostro más popular de la Brigada Político Social franquista. El exinspector tiene una hoja de servicios que demuestra que cobró "premios" en metálico por la represión de los movimientos antifranquistas, como desveló en exclusiva eldiario.es. El expediente detalla las felicitaciones y retribuciones económicas recibidas.
El historial de Billy el Niño le hizo merecedor de varias medallas al mérito policial que aumentan su pensión. Pero entre la ejecutoria también están las torturas sistemáticas a disidentes antifascistas, aseguran las propias víctimas.
Como uno de los agentes más activos de la policía secreta de Franco, González Pacheco actuaba con extrema violencia con los detenidos por causas políticas. En los calabozos de la BPS practicó sus técnicas de castigo predilectas, como el 'pasillo', la 'bañera', el colgamiento en barra o el 'saco de golpes'.
"El sadismo y la crueldad de Billy el Niño eran vocacionales", dicen sus víctimas. La nueva querella, que implica a otros siete policías de Franco, intenta evidenciar la "sistematicidad" y organización represiva de la dictadura contra los disidentes políticos durante el tardofranquismo, según la Coordinadora.
Memoria histórica
Una querella conjunta de cinco víctimas contra Billy el Niño y otros agentes de la policía secreta franquista busca romper la impunidad judicial del aparato represor de la dictadura de Franco
Los querellantes, Roser Rius, Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez, Esteban Cabal y Francisco Javier Maestro, militantes antifascistas, fueron detenidos entre los años 1971 y 1977
"Billy el Niño dijo: 'esta es para mí'… cuando acabó no podía andar", dice una de las denunciantes que intenta probar que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático de torturas
Roser Rius, víctima de torturas por la policía franquista, en la presentación de la querella colectiva en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. | CEAQUA
EXCLUSIVA: La hoja de servicios del torturador 'Billy el Niño'
REPORTAJE
Las torturas y ensañamientos de Billy el Niño por los que no merece una medalla
"Antonio González Pacheco me ató a un radiador y me golpeó durante horas en la planta de los pies", cuenta Roser Rius. Es el mismo titular del relato que ha presentado este jueves en una querella conjunta, junto a cuatro militantes antifascistas, en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. Las víctimas de Billy el Niño siguen intentando sentar en el banquillo de los acusados al más conocido torturador de la policía secreta del franquismo.
La presentación de la primera denuncia colectiva supone una novedad. La acción común intenta romper el bloqueo judicial a estos casos acusando de torturas a Billy el Niño y otros siete agentes de la dictadura. Y evidenciar, además, que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático y "en un contexto de crímenes contra la humanidad".
"Billy el Niño dijo: 'esta para mí, ya la entiendo yo'. Estuvo una noche entera golpeándome… cuando acabó no podía andar, tenía hematomas hasta las rodillas, se me cayeron las uñas". Roser Rius fue detenida en octubre de 1974. Tenía 27 años. El testimonio que ofrece, en conversación con eldiario.es, coincide con el perfil que aportan otras víctimas: un policía "sádico" que "disfrutaba" torturando.
También con el resto de participantes en la querella colectiva. Cuatro, incluida Rius, eran militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR): Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez y Francisco Javier Maestro. El quinto denunciante es Esteban Cabal, detenido en el 76, cuando era menor de edad y miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
36 querellas contra Billy el Niño
Con estas nuevas acusaciones ascienden a 36 las querellas interpuestas contra Billy el Niño y otros agentes de la Brigada Político Social (BPS): tres en Asturias, seis en Valencia, diez en Gipuzkoa y 17 en juzgados madrileños.
"Más de 20 resoluciones judiciales dictadas hasta ahora por parte de los tribunales nacionales" sobre estas querellas "niegan sistemáticamente" que se trate de acciones sistemáticas y hablan de "hechos aislados". Es decir, que no son delitos de lesa humanidad y cabe aplicar "la prescripción de los delitos y por tanto el archivo de las querellas", denuncia la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.
Billy el Niño. | EFE
Por esto, esta línea judicial pretende desmontar la querella colectiva. "Había una estructura centralizada en la BPS con la finalidad de impedir la participación política de los ciudadanos españoles y se les detenía por su militancia", explica una de las abogadas de las víctimas, Begoña Lalana. Un aspecto "que recoge el delito de lesa humanidad, además de las propias torturas", subraya.
"Existía un plan organizado y deliberado de la dictadura", continúa, que hace entender que no son "casos individuales" y sí "una persecución sistemática a los militantes de partidos y sindicatos durante el franquismo, desde sus orígenes hasta la Transición democrática", apunta Lalana.
Se trata, por tanto, de otra oportunidad sobre la mesa de la justicia española para investigar la represión política de Franco. Hasta el momento, el aparato represor franquista sigue viviendo en la impunidad. Y Billy el Niño no tiene ninguna condena y mantiene sus medallas pensionadas.
"Comportamiento brutal de la policía"
"Estábamos luchando contra la dictadura y éramos muy clandestinos, pero no podíamos eludir que el aparto de la dictadura quería desmembrar cualquier cosa, daba igual que fuera más grande o más pequeña, de estudiantes u obrera… Querían que no hubiera ningún tipo de oposición, que no pudieras reunirte ni expresarte", relata Roser Rius a este medio.
En su caso, la militancia antifranquista le costó "14 meses de prisión en la cárcel de Yeserías". Y, antes, una detención y "tres días de torturas" en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).
"El comportamiento de la policía fue bastante brutal". Rius no olvida la estancia en las mazmorras de la Puerta del Sol. "Se ensañaron mucho, me daban golpes por todos lados. Hacían una rueda y te iban dando. Un golpe, otro…". Y en las tandas no solo estaba el célebre Billy el Niño. "Había mucha más gente", asegura.
"En uno de esos momentos de muchos golpes les dije que ya podían entre tantos tíos con una mujer. Yo tenía 27 años y era muy delgada", recuerda. Ahí tomó el testigo González Pacheco. "Decidió que donde más me podía doler era en la planta de los pies, me ató a un radiador y estuvo golpeando durante horas".
Víctimas de torturas, durante la interposición de la denuncia colectiva. | CEAQUA
Querellantes y torturados por la BPS
El resto de los torturados por la policía secreta franquista expresa testimonios similares. Como el militante de la FRAP Esteban Cabal, detenido por participar en la manifestación del Primero de Mayo. Quedó libre por su condición de menor de edad.
En octubre del 76 cayó en los calabozos de la BPS, torturado por González Pacheco y Roberto Conesa, según su declaración. Al ser puesto a disposición judicial su estado era "lamentable". Entre otras lesiones tuvo fractura de nariz y de ambas muñecas. Acabó exiliado en Francia.
O Enrique del Olmo, apresado en mayo del 72 cuando fue identificado como participante en una protesta y por su militancia política en la Liga Comunista Revolucionaria. Permaneció tres días incomunicado en la DGS. En los calabozos sufrió interrogatorios y torturas "durante horas". Estuvo preso tres meses en la cárcel de Carabanchel. Juzgado por los delitos de terrorismo y manifestación no pacífica, fue finalmente absuelto.
Del Olmo compartía militancia con el resto de querellantes. Caso de Jesús Rodríguez, sometido por la policía franquista en tres ocasiones. La primera, con 18 años de edad en marzo del 72, por participar en una protesta tras el asesinato por la policía de dos trabajadores de la empresa Bazán en Ferrol.
Participantes en la "querella acumulada" contra Billy el Niño y otros siete policías de Franco. | CEAQUA
En enero del 74 fue detenido por una reunión ilegal preparatoria de actos contra de la pena de muerte a Salvador Puig Antich. En abril del 75 un grupo de policías lo esperaba a la puerta de su casa: señala a Francisco Javier Tejedor Peña, Antonio González Pacheco, y Salvador Bonel Esperanza. Dispararon tiros al aire. Rodríguez fue "golpeado, insultado, humillado", según su relato. Billy el Niño, en los interrogatorios, le amenazaba "todo el tiempo con una pistola".
Y el quinto denunciante, Francisco Javier Maestro BacksBacka. Detenido tres veces. La primera, julio del 71, en la piscina universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Va a estar "incomunicado e interrogado por González Pacheco y otros dos policías en la DGS durante 72 horas".
Luego sufre dos meses de prisión en Carabanchel. Es llevado a juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) acusado de propaganda ilegal, alteración orden público y asociación ilícita. Quedó absuelto. La segunda detención es en su propio domicilio, en abril del 74. Ingresa en la cárcel un mes.
Y el 22 de julio del 77 cae cerca del Congreso de los Diputados por llevar una pancarta doblada de la LCR en su coche. En el cartel se leía ‘Legalización de todos los partidos políticos’. Presta declaración en la Comisaría de Retiro, es trasladado a la DGS y después al calabozo de Las Salesas.
Todas las víctimas de Billy el Niño
Todos estos querellantes dicen haber sido víctimas de Antonio González Pacheco, conocido por el alias Billy el Niño, el rostro más popular de la Brigada Político Social franquista. El exinspector tiene una hoja de servicios que demuestra que cobró "premios" en metálico por la represión de los movimientos antifranquistas, como desveló en exclusiva eldiario.es. El expediente detalla las felicitaciones y retribuciones económicas recibidas.
El historial de Billy el Niño le hizo merecedor de varias medallas al mérito policial que aumentan su pensión. Pero entre la ejecutoria también están las torturas sistemáticas a disidentes antifascistas, aseguran las propias víctimas.
Como uno de los agentes más activos de la policía secreta de Franco, González Pacheco actuaba con extrema violencia con los detenidos por causas políticas. En los calabozos de la BPS practicó sus técnicas de castigo predilectas, como el 'pasillo', la 'bañera', el colgamiento en barra o el 'saco de golpes'.
"El sadismo y la crueldad de Billy el Niño eran vocacionales", dicen sus víctimas. La nueva querella, que implica a otros siete policías de Franco, intenta evidenciar la "sistematicidad" y organización represiva de la dictadura contra los disidentes políticos durante el tardofranquismo, según la Coordinadora.
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Franco y el Tribunal Supremo
El Poder Judicial parece empeñado en dar la razón a quien opina que no ha sido objeto de una auténtica democratización. Los ejemplos abundan, como su posición reticente con la ley de la Memoria histórica
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ÁNGEL GARCÍA FONTANET
15 JUL 2019 - 23:52 CEST
Miembros del Tribunal Supremo en la presentación del año judicial 2018. ULY MARTÍN
Franco llegó a la Jefatura del Estado con engaños y deslealtades a propios y contrarios. Nada excepcional. Era conocedor de la ilegalidad de su conducta y al terminar la contienda “encargó” a las máximas autoridades jurídicas de la Nación un dictamen (que, desde luego, le fue favorable) sobre la legitimidad de su rebelión, pero no para que declarasen su legalidad. Hasta aquí no podía llegar, ni siquiera, el Caudillo por la Gracia de Dios.
En España, desde la primavera de 1938 coexistieron dos Tribunales Supremos: el franquista, establecido en Valladolid; y el republicano, que estuvo, últimamente, ubicado en Barcelona hasta su exilio parcial en 1939. El actual Tribunal Supremo es el heredero o continuador del franquista.
Las relaciones de Franco con la Justicia fueron complejas pero no faltas de precedentes: respeto formal, abandono material, gran vaciamiento competencial con atribución de todas las materias de interés político-social a tribunales especiales, desde los militares a las Magistraturas del trabajo (sus miembros eran designados a dedo y mejor retribuidos para asegurar su fidelidad y obediencia). Los auténticos jueces fueron colocados en un plano decorativo.
La pasividad cómplice y el silencio del Tribunal Supremo durante todo el franquismo fueron notables, por adhesión o ridícula ambición. En una ocasión, un Magistrado argumentó en una sentencia que cabía distinguir entre “gobierno”, “régimen” y “Estado”. Fue sancionado y el resto tomó nota, si es que era necesario. Con la unidad de poderes de Franco no se jugaba.
La transición, con toda su complejidad, nos condujo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es de lamentar que demasiados jueces “progresistas” se han dedicado más al cultivo de sus propias “carreras” que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque hay que reconocer que no se trataba de una tarea fácil, como igualmente ha sucedido con otras estructuras públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar la razón a los autores de esos reproches. Los ejemplos abundan, como su posición reticente, con la ley de la Memoria histórica.
El último ejemplo lo ha dado la sección cuarta de la Sala 3ª del TS al suspender, por unanimidad, el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. Varios de sus magistrados pertenecen a un grupo religioso recordado por su apoyo al tardo-franquismo.
¿Esta suspensión era obligada, desde la legalidad? No, ni remotamente. El ponente y el presidente del Tribunal, para decirlo todo, proceden de la cátedra universitaria, dato que se menciona para que nos percatemos de que las raíces de ese neofranquismo postconstitucional, consciente o frívolo, son plurales y de diverso origen.
Resumamos el conflicto. El acuerdo suspendido es, nada menos, que del Consejo de Ministros. La suspensión pedida estaba apoyada en que, caso de no acordarse, el recurso perdería su finalidad legítima. Aunque admite, con toda razón, que nada impediría —de no acordarse la suspensión y después darles la razón en el fondo del recurso—, que los restos fueran devueltos a su sepultura originaria. El tribunal comparte esta tesis y cuando todo indicaba que la suspensión sería denegada, argumenta que de no decretarse la suspensión se produciría una situación “extraordinariamente perjudicial”, no solo para la familia Franco, sino también para el interés público por las singularidades y únicas circunstancias concurrentes en este caso.
¿En qué consisten esos intereses públicos y circunstancias únicas? Pues en el “grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de D. Francisco Franco Bahamonde”, por haber sido Jefe del Estado desde 1936. Inaudito.
La Transición, con toda su complejidad, nos trajo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objete de una auténtica democratización
Es decir, que se identifican los intereses de Franco, notorio demócrata, con los del actual Estado social y democrático de derecho y sus instituciones. Asombroso. Por favor, actualicemos nuestra información.
La motivación de esa decisión —salvada, desde luego, la probidad de los jueces—, cabe que se encuentre en la falta de conocimientos históricos bastantes de aquellos y en su desconexión de la realidad social.
Para terminar, el Tribunal reconoce que en el acuerdo del Consejo de Ministros —¡menos mal!— también está presente el interés general. Aunque difiere su ponderación al momento en el que dicte la sentencia, que promete dictar en un plazo razonable; afirmación gratuita y que parece destinada al contentamiento de los eternamente perdedores. Veremos.
El Poder Judicial parece empeñado en dar la razón a quien opina que no ha sido objeto de una auténtica democratización. Los ejemplos abundan, como su posición reticente con la ley de la Memoria histórica
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ÁNGEL GARCÍA FONTANET
15 JUL 2019 - 23:52 CEST
Miembros del Tribunal Supremo en la presentación del año judicial 2018. ULY MARTÍN
Franco llegó a la Jefatura del Estado con engaños y deslealtades a propios y contrarios. Nada excepcional. Era conocedor de la ilegalidad de su conducta y al terminar la contienda “encargó” a las máximas autoridades jurídicas de la Nación un dictamen (que, desde luego, le fue favorable) sobre la legitimidad de su rebelión, pero no para que declarasen su legalidad. Hasta aquí no podía llegar, ni siquiera, el Caudillo por la Gracia de Dios.
En España, desde la primavera de 1938 coexistieron dos Tribunales Supremos: el franquista, establecido en Valladolid; y el republicano, que estuvo, últimamente, ubicado en Barcelona hasta su exilio parcial en 1939. El actual Tribunal Supremo es el heredero o continuador del franquista.
Las relaciones de Franco con la Justicia fueron complejas pero no faltas de precedentes: respeto formal, abandono material, gran vaciamiento competencial con atribución de todas las materias de interés político-social a tribunales especiales, desde los militares a las Magistraturas del trabajo (sus miembros eran designados a dedo y mejor retribuidos para asegurar su fidelidad y obediencia). Los auténticos jueces fueron colocados en un plano decorativo.
La pasividad cómplice y el silencio del Tribunal Supremo durante todo el franquismo fueron notables, por adhesión o ridícula ambición. En una ocasión, un Magistrado argumentó en una sentencia que cabía distinguir entre “gobierno”, “régimen” y “Estado”. Fue sancionado y el resto tomó nota, si es que era necesario. Con la unidad de poderes de Franco no se jugaba.
La transición, con toda su complejidad, nos condujo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es de lamentar que demasiados jueces “progresistas” se han dedicado más al cultivo de sus propias “carreras” que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque hay que reconocer que no se trataba de una tarea fácil, como igualmente ha sucedido con otras estructuras públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar la razón a los autores de esos reproches. Los ejemplos abundan, como su posición reticente, con la ley de la Memoria histórica.
El último ejemplo lo ha dado la sección cuarta de la Sala 3ª del TS al suspender, por unanimidad, el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. Varios de sus magistrados pertenecen a un grupo religioso recordado por su apoyo al tardo-franquismo.
¿Esta suspensión era obligada, desde la legalidad? No, ni remotamente. El ponente y el presidente del Tribunal, para decirlo todo, proceden de la cátedra universitaria, dato que se menciona para que nos percatemos de que las raíces de ese neofranquismo postconstitucional, consciente o frívolo, son plurales y de diverso origen.
Resumamos el conflicto. El acuerdo suspendido es, nada menos, que del Consejo de Ministros. La suspensión pedida estaba apoyada en que, caso de no acordarse, el recurso perdería su finalidad legítima. Aunque admite, con toda razón, que nada impediría —de no acordarse la suspensión y después darles la razón en el fondo del recurso—, que los restos fueran devueltos a su sepultura originaria. El tribunal comparte esta tesis y cuando todo indicaba que la suspensión sería denegada, argumenta que de no decretarse la suspensión se produciría una situación “extraordinariamente perjudicial”, no solo para la familia Franco, sino también para el interés público por las singularidades y únicas circunstancias concurrentes en este caso.
¿En qué consisten esos intereses públicos y circunstancias únicas? Pues en el “grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de D. Francisco Franco Bahamonde”, por haber sido Jefe del Estado desde 1936. Inaudito.
La Transición, con toda su complejidad, nos trajo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objete de una auténtica democratización
Es decir, que se identifican los intereses de Franco, notorio demócrata, con los del actual Estado social y democrático de derecho y sus instituciones. Asombroso. Por favor, actualicemos nuestra información.
La motivación de esa decisión —salvada, desde luego, la probidad de los jueces—, cabe que se encuentre en la falta de conocimientos históricos bastantes de aquellos y en su desconexión de la realidad social.
Para terminar, el Tribunal reconoce que en el acuerdo del Consejo de Ministros —¡menos mal!— también está presente el interés general. Aunque difiere su ponderación al momento en el que dicte la sentencia, que promete dictar en un plazo razonable; afirmación gratuita y que parece destinada al contentamiento de los eternamente perdedores. Veremos.
por mas que se empeñen no podrán borrar ni cambiar la historiaPOLÍTICA
POLÍTICA
El Gobierno de Melilla quiere retirar la última estatua de Franco que queda en España
La vicepresidenta llevará próximamente al Ejecutivo la retirada de todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma
Estatua de Franco en Melilla. VP
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PUBLICADO 18.07.2019 - 05:15ACTUALIZADOhace 8 horas
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El último monumento en una vía pública de Francisco Franco en España puede tener los meses contados ya que el Gobierno de Eduardo de Castroquiere cumplir con la ley de la Memoria Histórica y retirar todos los vestigios y la simbología franquista que quedan en los espacios públicos de la ciudad autónoma.
Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"Sánchez exige a la familia Franco el Pazo de Meirás: su compra fue "fraudulenta"
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y líder del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, indicó a Vozpópuli que los ediles socialistas llevarán próximamente una propuesta en este sentido, en el que se incluirán "los nombres de las calles" que recuerdan al franquismo, así como "el monumento a Franco".
Rojas subrayó a este medio que uno de los objetivos del PSOE es "dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica, con el desarrollo de políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura" después de 19 años de presidencia ininterrumpida de Juan José Imbroda(PP).
El actual Ejecutivo melillense está dirigido por De Castro, el único edil de Ciudadanos y que fue aupado al poder gracias a los votos de Coalición por Melilla (CpM, 8), PSOE (4) y el suyo propio. Enfrente, quedaron los votos de PP (10) y Vox (2).
Último vestigio de Franco
La escultura de un joven Franco cuando era comandante de la Legión está situada junto a la muralla de Melilla y es el último vestigio del Generalísimo en una vía pública española, tras la retirada de las estatuas ecuestres de Franco que había en Santander (2008) y en la citada ciudad autónoma (2010).
La estatua, en la que se puede ver a Franco de pie frente, con un bastón y unos prismáticos colgados al cuello, fue aprobada en un pleno en 1975 y se colocó tres años después. Nunca fue inaugurada oficialmente. El encargo se hizo al escultor y comandante Enrique Novo Álvarez. Fue guardada unos meses hasta que el alcalde, presionado por los concejales franquistas en los inicios de la Transición, decidió colocarla sin ningún tipo de acto oficial.
En aquel momento ya causó polémica debido a que a la escultura le acompañaban tres placas: una con un escudo franquista; otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977", que es la que finalmente quedó en su pedestal.
Las peticiones de diversos colectivos que durante años solicitaban la retirada de la estatua nunca fueron atendidas por los Gobiernos de la ciudad. Todos esgrimían lo mismo: el monumento no estaba dedicado al franquismo, sino al comandante de la Legión que salvó a la ciudad de la invasión de los rifeños de Abdelkrim.
"No por su condición de dictador"
En los últimos años hubo varias sentencias en las que se conminó a retirar la escultura pero el popular Imbroda siempre esgrimió que no estaba dedicada al Caudillo: "Se hizo para rendir homenaje al que fuera Comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador".
El anterior Consistorio se aferró a la letra pequeña de la ley de la Memoria Histórica para conservar la estatua. Así, recomendó su conservación por “evocar exclusivamente” la llegada de grupos militares a Melilla en 1921 cuando, según el Ayuntamiento, “la ciudad estaba a punto de ser invadidapor las tribus rifeñas de Abdelkrim”.
El documento de respuesta al último auto judicial recreó la situación de hace casi un siglo: “Las tropas entraron por el puerto con la música de la banda del Tercio Legionario extendiendo de nuevo la confianza a los ciudadanos que, agolpados cerca de los barcos, pretendían huir a la península”. Asimismo, recalcó que no existían referencias a la sublevación militar, ni “exalta ni humilla a ningún colectivo”.
El Gobierno de Melilla quiere retirar la última estatua de Franco que queda en España https://www.vozpopuli.com/_4b5cd3b7 vía @voz_populi
estas muy equivocada ondina
a ver si os enterais que el tribunal debe ser justo e impedir atropellos e injusticia y esta profanación asi como esta ley de desmemroia histérica son sectarias y nada democraticasFranco y el Tribunal Supremo
El Poder Judicial parece empeñado en dar la razón a quien opina que no ha sido objeto de una auténtica democratización. Los ejemplos abundan, como su posición reticente con la ley de la Memoria histórica
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ÁNGEL GARCÍA FONTANET
15 JUL 2019 - 23:52 CEST
Miembros del Tribunal Supremo en la presentación del año judicial 2018. ULY MARTÍN
Franco llegó a la Jefatura del Estado con engaños y deslealtades a propios y contrarios. Nada excepcional. Era conocedor de la ilegalidad de su conducta y al terminar la contienda “encargó” a las máximas autoridades jurídicas de la Nación un dictamen (que, desde luego, le fue favorable) sobre la legitimidad de su rebelión, pero no para que declarasen su legalidad. Hasta aquí no podía llegar, ni siquiera, el Caudillo por la Gracia de Dios.
En España, desde la primavera de 1938 coexistieron dos Tribunales Supremos: el franquista, establecido en Valladolid; y el republicano, que estuvo, últimamente, ubicado en Barcelona hasta su exilio parcial en 1939. El actual Tribunal Supremo es el heredero o continuador del franquista.
Las relaciones de Franco con la Justicia fueron complejas pero no faltas de precedentes: respeto formal, abandono material, gran vaciamiento competencial con atribución de todas las materias de interés político-social a tribunales especiales, desde los militares a las Magistraturas del trabajo (sus miembros eran designados a dedo y mejor retribuidos para asegurar su fidelidad y obediencia). Los auténticos jueces fueron colocados en un plano decorativo.
La pasividad cómplice y el silencio del Tribunal Supremo durante todo el franquismo fueron notables, por adhesión o ridícula ambición. En una ocasión, un Magistrado argumentó en una sentencia que cabía distinguir entre “gobierno”, “régimen” y “Estado”. Fue sancionado y el resto tomó nota, si es que era necesario. Con la unidad de poderes de Franco no se jugaba.
La transición, con toda su complejidad, nos condujo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es de lamentar que demasiados jueces “progresistas” se han dedicado más al cultivo de sus propias “carreras” que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque hay que reconocer que no se trataba de una tarea fácil, como igualmente ha sucedido con otras estructuras públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar la razón a los autores de esos reproches. Los ejemplos abundan, como su posición reticente, con la ley de la Memoria histórica.
El último ejemplo lo ha dado la sección cuarta de la Sala 3ª del TS al suspender, por unanimidad, el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. Varios de sus magistrados pertenecen a un grupo religioso recordado por su apoyo al tardo-franquismo.
¿Esta suspensión era obligada, desde la legalidad? No, ni remotamente. El ponente y el presidente del Tribunal, para decirlo todo, proceden de la cátedra universitaria, dato que se menciona para que nos percatemos de que las raíces de ese neofranquismo postconstitucional, consciente o frívolo, son plurales y de diverso origen.
Resumamos el conflicto. El acuerdo suspendido es, nada menos, que del Consejo de Ministros. La suspensión pedida estaba apoyada en que, caso de no acordarse, el recurso perdería su finalidad legítima. Aunque admite, con toda razón, que nada impediría —de no acordarse la suspensión y después darles la razón en el fondo del recurso—, que los restos fueran devueltos a su sepultura originaria. El tribunal comparte esta tesis y cuando todo indicaba que la suspensión sería denegada, argumenta que de no decretarse la suspensión se produciría una situación “extraordinariamente perjudicial”, no solo para la familia Franco, sino también para el interés público por las singularidades y únicas circunstancias concurrentes en este caso.
¿En qué consisten esos intereses públicos y circunstancias únicas? Pues en el “grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de D. Francisco Franco Bahamonde”, por haber sido Jefe del Estado desde 1936. Inaudito.
La Transición, con toda su complejidad, nos trajo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objete de una auténtica democratización
Es decir, que se identifican los intereses de Franco, notorio demócrata, con los del actual Estado social y democrático de derecho y sus instituciones. Asombroso. Por favor, actualicemos nuestra información.
La motivación de esa decisión —salvada, desde luego, la probidad de los jueces—, cabe que se encuentre en la falta de conocimientos históricos bastantes de aquellos y en su desconexión de la realidad social.
Para terminar, el Tribunal reconoce que en el acuerdo del Consejo de Ministros —¡menos mal!— también está presente el interés general. Aunque difiere su ponderación al momento en el que dicte la sentencia, que promete dictar en un plazo razonable; afirmación gratuita y que parece destinada al contentamiento de los eternamente perdedores. Veremos.
Justicia dice que no le compete eliminar los vestigios de criminales socialistas de la Guerra Civil
En febrero pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que retirasen de sus calles los homenajes de exaltación franquista para no incumplir la ley de Memoria Histórica
SeguirEnrique Delgado Sanz@Delsanz
MadridActualizado:18/07/2019 10:13h
Almeida frena el Memorial de La Almudena que incluía a los «chequistas» como víctimas
En febrero de este año, la recién creada Dirección General de Memoria Histórica, liderada entonces por Fernando Martínez López, pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que eliminaran de su callejero cualquier vestigio que exaltara la Guerra Civil u homenajeara el franquismo para no contravenir la ley de Memoria Histórica. El pasado 11 de julio, la misma institución, instaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dependiente del Ministerio de Justicia, defiende que no hay una normativa que le exija tomar medidas para retirar de las ciudades y pueblos españoles posibles homenajes a aquellos dirigentes socialistas que jugaron un papel fundamental en los crímenes de guerra que tuvieron lugar en las zonas controladas por el Gobierno de la II República entre 1936 y 1939, los años en los que se desarrolló la Guerra Civil.
Este último posicionamiento del Ministerio cuestiona el espíritu conciliador que la ley de Memoria Histórica dice perseguir en su artículo primero. De hecho, el talante asertivo y contundente que el director general de Memoria Histórica demostró en aquellas misivas del mes de febrero para eliminar los vestigios franquistas, poco tiene que ver con la respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, que da a una pregunta de la Plataforma Patriótica Millán Astray.
La asociación de veteranos legionarios, en medio de la campaña por eliminar el nombre del fundador de la Legión del callejero y tras ser señalada por el senador de Compromís, Carles Mulet, como una organización a extinguir, decidió preguntar al Ministerio, a través del mecanismo público de Transparencia, por las medidas que estaba tomando su Dirección General de Memoria Histórica para «limpiar» el callejero de pueblos y ciudades ante cualquier posible vestigio que homenajeara a miembros socialistas que, en la Guerra Civil, hubieran jugado un papel determinante en los conocidos como «crímenes de la retaguardia».
los vestigios franquistas de 656 municipios repartidos por toda la geografía española. En aquella carta, el director general lanzó unas contundentes advertencias a los alcaldes afectados para aplicar, curiosamente, ese artículo 15 de la norma del que el Ministerio se desvincula cuando se trata de eliminar vestigios de los crímenes de guerra relacionados con socialistas: «El artículo 15 de la ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia».
Se da la circunstancia, además, de que este organismo, creado por Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se atribuye entre sus funciones -publicadas en internet y disponibles para todo aquel que quiera consultarlas- la capacidad de proponer y, en su caso acordar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, «la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la Guerra Civil o de la dictadura», así como, de acuerdo con las administraciones competentes, adoptar «las medidas necesarias para su ejecución». Justo la misión de la que huye en este caso.
una muestra mas del sectarismo y la manipulación en la que vivimos
En febrero pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que retirasen de sus calles los homenajes de exaltación franquista para no incumplir la ley de Memoria Histórica
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Enrique Delgado Sanz@DelsanzMadridActualizado:18/07/2019 10:13h
Almeida frena el Memorial de La Almudena que incluía a los «chequistas» como víctimas
En febrero de este año, la recién creada Dirección General de Memoria Histórica, liderada entonces por Fernando Martínez López, pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que eliminaran de su callejero cualquier vestigio que exaltara la Guerra Civil u homenajeara el franquismo para no contravenir la ley de Memoria Histórica. El pasado 11 de julio, la misma institución, instaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dependiente del Ministerio de Justicia, defiende que no hay una normativa que le exija tomar medidas para retirar de las ciudades y pueblos españoles posibles homenajes a aquellos dirigentes socialistas que jugaron un papel fundamental en los crímenes de guerra que tuvieron lugar en las zonas controladas por el Gobierno de la II República entre 1936 y 1939, los años en los que se desarrolló la Guerra Civil.
Este último posicionamiento del Ministerio cuestiona el espíritu conciliador que la ley de Memoria Histórica dice perseguir en su artículo primero. De hecho, el talante asertivo y contundente que el director general de Memoria Histórica demostró en aquellas misivas del mes de febrero para eliminar los vestigios franquistas, poco tiene que ver con la respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, que da a una pregunta de la Plataforma Patriótica Millán Astray.
La asociación de veteranos legionarios, en medio de la campaña por eliminar el nombre del fundador de la Legión del callejero y tras ser señalada por el senador de Compromís, Carles Mulet, como una organización a extinguir, decidió preguntar al Ministerio, a través del mecanismo público de Transparencia, por las medidas que estaba tomando su Dirección General de Memoria Histórica para «limpiar» el callejero de pueblos y ciudades ante cualquier posible vestigio que homenajeara a miembros socialistas que, en la Guerra Civil, hubieran jugado un papel determinante en los conocidos como «crímenes de la retaguardia».
los vestigios franquistas de 656 municipios repartidos por toda la geografía española. En aquella carta, el director general lanzó unas contundentes advertencias a los alcaldes afectados para aplicar, curiosamente, ese artículo 15 de la norma del que el Ministerio se desvincula cuando se trata de eliminar vestigios de los crímenes de guerra relacionados con socialistas: «El artículo 15 de la ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia».
Se da la circunstancia, además, de que este organismo, creado por Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se atribuye entre sus funciones -publicadas en internet y disponibles para todo aquel que quiera consultarlas- la capacidad de proponer y, en su caso acordar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, «la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la Guerra Civil o de la dictadura», así como, de acuerdo con las administraciones competentes, adoptar «las medidas necesarias para su ejecución». Justo la misión de la que huye en este caso.
una muestra mas del sectarismo y la manipulación en la que vivimos
Franco y el Tribunal Supremo
El Poder Judicial parece empeñado en dar la razón a quien opina que no ha sido objeto de una auténtica democratización. Los ejemplos abundan, como su posición reticente con la ley de la Memoria histórica
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ÁNGEL GARCÍA FONTANET
15 JUL 2019 - 23:52 CEST
Miembros del Tribunal Supremo en la presentación del año judicial 2018. ULY MARTÍN
Franco llegó a la Jefatura del Estado con engaños y deslealtades a propios y contrarios. Nada excepcional. Era conocedor de la ilegalidad de su conducta y al terminar la contienda “encargó” a las máximas autoridades jurídicas de la Nación un dictamen (que, desde luego, le fue favorable) sobre la legitimidad de su rebelión, pero no para que declarasen su legalidad. Hasta aquí no podía llegar, ni siquiera, el Caudillo por la Gracia de Dios.
En España, desde la primavera de 1938 coexistieron dos Tribunales Supremos: el franquista, establecido en Valladolid; y el republicano, que estuvo, últimamente, ubicado en Barcelona hasta su exilio parcial en 1939. El actual Tribunal Supremo es el heredero o continuador del franquista.
Las relaciones de Franco con la Justicia fueron complejas pero no faltas de precedentes: respeto formal, abandono material, gran vaciamiento competencial con atribución de todas las materias de interés político-social a tribunales especiales, desde los militares a las Magistraturas del trabajo (sus miembros eran designados a dedo y mejor retribuidos para asegurar su fidelidad y obediencia). Los auténticos jueces fueron colocados en un plano decorativo.
La pasividad cómplice y el silencio del Tribunal Supremo durante todo el franquismo fueron notables, por adhesión o ridícula ambición. En una ocasión, un Magistrado argumentó en una sentencia que cabía distinguir entre “gobierno”, “régimen” y “Estado”. Fue sancionado y el resto tomó nota, si es que era necesario. Con la unidad de poderes de Franco no se jugaba.
La transición, con toda su complejidad, nos condujo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es de lamentar que demasiados jueces “progresistas” se han dedicado más al cultivo de sus propias “carreras” que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque hay que reconocer que no se trataba de una tarea fácil, como igualmente ha sucedido con otras estructuras públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar la razón a los autores de esos reproches. Los ejemplos abundan, como su posición reticente, con la ley de la Memoria histórica.
El último ejemplo lo ha dado la sección cuarta de la Sala 3ª del TS al suspender, por unanimidad, el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. Varios de sus magistrados pertenecen a un grupo religioso recordado por su apoyo al tardo-franquismo.
¿Esta suspensión era obligada, desde la legalidad? No, ni remotamente. El ponente y el presidente del Tribunal, para decirlo todo, proceden de la cátedra universitaria, dato que se menciona para que nos percatemos de que las raíces de ese neofranquismo postconstitucional, consciente o frívolo, son plurales y de diverso origen.
Resumamos el conflicto. El acuerdo suspendido es, nada menos, que del Consejo de Ministros. La suspensión pedida estaba apoyada en que, caso de no acordarse, el recurso perdería su finalidad legítima. Aunque admite, con toda razón, que nada impediría —de no acordarse la suspensión y después darles la razón en el fondo del recurso—, que los restos fueran devueltos a su sepultura originaria. El tribunal comparte esta tesis y cuando todo indicaba que la suspensión sería denegada, argumenta que de no decretarse la suspensión se produciría una situación “extraordinariamente perjudicial”, no solo para la familia Franco, sino también para el interés público por las singularidades y únicas circunstancias concurrentes en este caso.
¿En qué consisten esos intereses públicos y circunstancias únicas? Pues en el “grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de D. Francisco Franco Bahamonde”, por haber sido Jefe del Estado desde 1936. Inaudito.
La Transición, con toda su complejidad, nos trajo al vigente sistema constitucional. El Poder Judicial, a criterio de muchos, no ha sido objete de una auténtica democratización
Es decir, que se identifican los intereses de Franco, notorio demócrata, con los del actual Estado social y democrático de derecho y sus instituciones. Asombroso. Por favor, actualicemos nuestra información.
La motivación de esa decisión —salvada, desde luego, la probidad de los jueces—, cabe que se encuentre en la falta de conocimientos históricos bastantes de aquellos y en su desconexión de la realidad social.
Para terminar, el Tribunal reconoce que en el acuerdo del Consejo de Ministros —¡menos mal!— también está presente el interés general. Aunque difiere su ponderación al momento en el que dicte la sentencia, que promete dictar en un plazo razonable; afirmación gratuita y que parece destinada al contentamiento de los eternamente perdedores. Veremos.
El TS de España ...¡otra vez!...Su prestigio por los suelos....¡Que mas les da!
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