"HESPAÑA"
- AutorSOYHELENA
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Acabo de oir el "manifiesto feminista" de una tonta a las tres llamada Rocío Monasterio y estoy flipando. Me descojonaría viva pero es que lo que dice no es para reírse. Cada vez que veo a una voxrrega de estas defendiendo "los derechos de los hombres" se me abre una úlcera. Hace falta ser gilipollas!!!
Caixabank acaba de desahuciar a una familia con menores de edad y sin alternativa habitacional. Este es el trato exquisito que han dado a los vecinos que han intentado evitarlo. Y luego vamos a Venezuela a dar lecciones de derechos humanos.
La Asamblea de Madrid paga desde hace 30 años premios de hasta 46.500 euros a los funcionarios por jubilarse
El dinero de todos
La prestación económica, igual para todos los trabajadores, se aprobó en la etapa de Joaquín Leguina (PSOE) y ha supuesto un gasto de al menos un millón de euros
Podemos, Ciudadanos y PSOE impulsaron la eliminación de esta paga, que se suprimirá de forma progresiva hasta 2039 gracias a un acuerdo con los sindicatos
Los funcionarios del Congreso y del Senado también perciben una bonificación pero de una cuantía muy inferior, unos 8.000 euros, según fuentes sindicales
Sofía Pérez Mendoza
17/03/2019 - 21:45h
El plenario de la Asamblea de Madrid. / Foto de archivo EFE
Más de cien exparlamentarios alcanzan la pensión máxima a cuenta de los presupuestos de Congreso y Senado
El premio se aprobó por un acuerdo de la Mesa de la Asamblea en 1989 y se dotó de tres millones de pesetas por persona jubilada. Era la II Legislatura (1987-1991) y gobernaba en la Comunidad el socialista Joaquín Leguina. Al frente de la Cámara regional estaba como presidenta Rosa Posada (entonces en el CDS). En 1998, la cantidad, que se abona en bruto o "a través de una entidad aseguradora", se duplicó hasta los seis millones de pesetas (36.000 euros) por otro acuerdo entre los grupos políticos. Dos décadas después, el montante se sitúa en 46.447 euros. Según el Reglamento de Prestaciones Sociales del Personal de la Asamblea de Madrid, "esta cuantía se considera devengada por los años de servicios prestados".
Treinta años después, otra decisión de la Mesa, alcanzada tras una negociación con sindicatos, va a eliminar de forma progresiva este complemento. La votación se producirá este lunes. El pacto, respaldado por unanimidad por los sindicatos, incluye que la prestación se vaya reduciendo poco a poco hasta 2039, cuando desaparecería por completo, confirman fuentes presentes en las negociaciones. Esta medida, además, ha sido refrendada junto a otras por una mayoría de trabajadores en un referéndum celebrado el pasado jueves. 110 de los 163 se pronunciaron votaron a favor.
Fuentes conocedoras del acuerdo alcanzado explican que la decisión llega ahora, en una parte importante, porque podía llegar a "suponer un problema desde el punto de vista presupuestario" dado que una parte gruesa de la plantilla está próxima a la jubilación.
La Asamblea de Madrid no es la única Cámara en España que concede este tipo de premios. Dirigentes sindicales confirman que los funcionarios del Congreso y del Senado también perciben estos premios al jubilarse pero sus cuantías son muy inferiores, de unos 8.000 euros por persona, independientemente del nivel en la escala funcionarial. En las Cortes Generales están en nómina unos 750 trabajadores públicos.
Compensaciones
¿Cuántas personas se han jubilado en 30 años en la Asamblea de Madrid? ¿Cuánto se ha invertido en pagar esos premios al margen de la pensión? Según fuentes de la Cámara regional, 23 funcionarios de la casa han firmado la jubilación entre 1998 (cuando se retribuía con 36.060 euros) y 2017 (con una bonificación de 45.658 euros). El Parlamento no aporta datos exactos de los años anteriores. eldiario.es ha hecho un cálculo aproximado del montante total que ha supuesto este concepto para las arcas públicas en el período con datos conocidos y se acerca a un millón de euros. A esta cantidad habría que sumarle los premios por jubilación entre 1989 y 1997.
Fuentes de la Asamblea tampoco concretan cuáles son las previsiones de gasto para los próximos años, aunque precisan que la plantilla tiene una "edad media de unos 50 años".
La propuesta ha sido impulsada desde la Administración, que está representada en la mesa de negociación por los vicepresidentes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los sindicatos han aceptado la retirada progresiva de la prestación por jubilación a cambio de la incorporación de la carrera profesional horizontal y de algunos aumentos salariales. En la práctica, según fuentes de la negociación, como la medida se compensa no supondrá un gran ahorro para las arcas públicas.
La carrera profesional implica subidas progresivas en la remuneración por años de experiencia, pero no son automáticas como los trienios, por ejemplo. Requieren evaluaciones del trabajo, incluyen formaciones... Estos conceptos tenían que dotarse por obligación porque es vinculante por ley desde el año 2015, cuando se incorporó al Estatuto Básico del Empleado Público.
La retirada del premio forma parte de un pacto más amplio que introduce modificaciones en el Estatuto del Personal Funcionario de la Asamblea de Madrid, aprobado en 2001. La última negociación colectiva concluida con éxito data de 2010. Ahora, nueve años más tarde, el último pleno de la legislatura –el próximo jueves– tendrá que ratificar algunos de estos cambios. La Mesa de la Asamblea aprobará, por otra parte, el lunes la nueva Relación de Puestos de Trabajo que incluye la eliminación de la retribución por jubilación, entre otras modificaciones de las condiciones laborales.
https://www.eldiario.es/madrid/jubilacion-Asamblea-Madrid-bonificaciones-PSOE_0_877712679.html
El dinero de todos
La prestación económica, igual para todos los trabajadores, se aprobó en la etapa de Joaquín Leguina (PSOE) y ha supuesto un gasto de al menos un millón de euros
Podemos, Ciudadanos y PSOE impulsaron la eliminación de esta paga, que se suprimirá de forma progresiva hasta 2039 gracias a un acuerdo con los sindicatos
Los funcionarios del Congreso y del Senado también perciben una bonificación pero de una cuantía muy inferior, unos 8.000 euros, según fuentes sindicales
Sofía Pérez Mendoza
17/03/2019 - 21:45h
El plenario de la Asamblea de Madrid. / Foto de archivo EFE
Más de cien exparlamentarios alcanzan la pensión máxima a cuenta de los presupuestos de Congreso y Senado
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El premio se aprobó por un acuerdo de la Mesa de la Asamblea en 1989 y se dotó de tres millones de pesetas por persona jubilada. Era la II Legislatura (1987-1991) y gobernaba en la Comunidad el socialista Joaquín Leguina. Al frente de la Cámara regional estaba como presidenta Rosa Posada (entonces en el CDS). En 1998, la cantidad, que se abona en bruto o "a través de una entidad aseguradora", se duplicó hasta los seis millones de pesetas (36.000 euros) por otro acuerdo entre los grupos políticos. Dos décadas después, el montante se sitúa en 46.447 euros. Según el Reglamento de Prestaciones Sociales del Personal de la Asamblea de Madrid, "esta cuantía se considera devengada por los años de servicios prestados".
Treinta años después, otra decisión de la Mesa, alcanzada tras una negociación con sindicatos, va a eliminar de forma progresiva este complemento. La votación se producirá este lunes. El pacto, respaldado por unanimidad por los sindicatos, incluye que la prestación se vaya reduciendo poco a poco hasta 2039, cuando desaparecería por completo, confirman fuentes presentes en las negociaciones. Esta medida, además, ha sido refrendada junto a otras por una mayoría de trabajadores en un referéndum celebrado el pasado jueves. 110 de los 163 se pronunciaron votaron a favor.
Fuentes conocedoras del acuerdo alcanzado explican que la decisión llega ahora, en una parte importante, porque podía llegar a "suponer un problema desde el punto de vista presupuestario" dado que una parte gruesa de la plantilla está próxima a la jubilación.
La Asamblea de Madrid no es la única Cámara en España que concede este tipo de premios. Dirigentes sindicales confirman que los funcionarios del Congreso y del Senado también perciben estos premios al jubilarse pero sus cuantías son muy inferiores, de unos 8.000 euros por persona, independientemente del nivel en la escala funcionarial. En las Cortes Generales están en nómina unos 750 trabajadores públicos.
Compensaciones
¿Cuántas personas se han jubilado en 30 años en la Asamblea de Madrid? ¿Cuánto se ha invertido en pagar esos premios al margen de la pensión? Según fuentes de la Cámara regional, 23 funcionarios de la casa han firmado la jubilación entre 1998 (cuando se retribuía con 36.060 euros) y 2017 (con una bonificación de 45.658 euros). El Parlamento no aporta datos exactos de los años anteriores. eldiario.es ha hecho un cálculo aproximado del montante total que ha supuesto este concepto para las arcas públicas en el período con datos conocidos y se acerca a un millón de euros. A esta cantidad habría que sumarle los premios por jubilación entre 1989 y 1997.
Fuentes de la Asamblea tampoco concretan cuáles son las previsiones de gasto para los próximos años, aunque precisan que la plantilla tiene una "edad media de unos 50 años".
La propuesta ha sido impulsada desde la Administración, que está representada en la mesa de negociación por los vicepresidentes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los sindicatos han aceptado la retirada progresiva de la prestación por jubilación a cambio de la incorporación de la carrera profesional horizontal y de algunos aumentos salariales. En la práctica, según fuentes de la negociación, como la medida se compensa no supondrá un gran ahorro para las arcas públicas.
La carrera profesional implica subidas progresivas en la remuneración por años de experiencia, pero no son automáticas como los trienios, por ejemplo. Requieren evaluaciones del trabajo, incluyen formaciones... Estos conceptos tenían que dotarse por obligación porque es vinculante por ley desde el año 2015, cuando se incorporó al Estatuto Básico del Empleado Público.
La retirada del premio forma parte de un pacto más amplio que introduce modificaciones en el Estatuto del Personal Funcionario de la Asamblea de Madrid, aprobado en 2001. La última negociación colectiva concluida con éxito data de 2010. Ahora, nueve años más tarde, el último pleno de la legislatura –el próximo jueves– tendrá que ratificar algunos de estos cambios. La Mesa de la Asamblea aprobará, por otra parte, el lunes la nueva Relación de Puestos de Trabajo que incluye la eliminación de la retribución por jubilación, entre otras modificaciones de las condiciones laborales.
https://www.eldiario.es/madrid/jubilacion-Asamblea-Madrid-bonificaciones-PSOE_0_877712679.html
Un mando militar pone a cavar una zanja a una mujer embarazada de cuatro meses. Aborta. Sufre malos tratos. La mujer ya no puede más y causa baja psicológica. El ministerio de Defensa de Margarita Robles la expulsa sin pensión y sin piedad
Luis Gonzalo segura
Twiter
El Ejército expulsa por trastorno psíquico a una cabo víctima de violencia de género y acoso laboral
Embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, su jefe no le hizo caso y perdió al bebé
Miguel González
La cabo María de las Camelias, en una imagen de archivo. JAIME CASAL (EPV)
Maltratada por su marido y acosada por un superior, la cabo María de las Camelias acaba de ser expulsada del Ejército, tras 17 años de servicio y sin derecho a pensión. En noviembre de 2014, su esposo fue condenado a penas que sumaban ocho años y tres meses de cárcel por ocho delitos de maltrato habitual, amenazas y coacciones, además de quebrantar la orden de alejamiento. Según la sentencia, tras un accidente de moto, el esposo de la militar se volvió “irascible, agresivo y violento”, y llegó a amenazarla de muerte. La separación no acabó con el acoso, que siguió con llamadas telefónicas, hasta 20 diarias.
En una ocasión, temerosa de que su marido la matara, María de las Camelias acudió al cuartel de la Guardia Civil. Allí, volvió a llamarla por teléfono su cónyuge, por lo que ella pasó el móvil a un agente que se identificó como tal. “Me da igual, voy a matar a mi mujer. Si me tenéis que detener, hacedlo”, le dijo.
Lo detuvieron y el juzgado dictó una orden de alejamiento de 500 metros. Ante los repetidos incumplimientos, el juez le prohibió primero entrar en la provincia de Segovia, donde ella residía, y comunicarse con la militar y su familia. Finalmente, ordenó su prisión provisional, de la que solo salió con un dispositivo telemático.
La sentencia reconoce que “como consecuencia de la conducta del acusado hacia ella”, la cabo “ha sufrido un trastorno ansioso depresivo en relación a una situación de violencia de género que ha requerido tratamiento médico y psicológico con medicación (antidepresivos y ansiolíticos) desde 2012”.
Sin embargo, la Junta Médico Militar que ha examinado a María de las Camelias asegura que esta sufre una epilepsia parcial controlada y asintomática y un trastorno ansiosodepresivo que se manifestó clínicamente o se agravó en 2011. Los médicos militares evitan pronunciarse sobre el origen de la enfermedad: aseguran que no se debe a ningún hecho concreto y solo toman nota de que ella la “achaca a la situación familiar, personal y laboral” que ha sufrido.
Bajo el eufemismo “circunstancias laborales”, aluden al acoso laboral que, según el relato pormenorizado que la militar hizo a su psicóloga, sufrió antes incluso de empezar sus problemas conyugales. En marzo de 2005, embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, le hizo saber que el médico le había aconsejado no cargar peso e incluso le avisó de que se sentía mal y tenía pérdidas. Su jefe no le hizo caso y ella perdió al bebé.
Varios superiores jerárquicos acudieron al hospital y la convencieron de que no denunciara al sargento. A cambio, le prometieron un cambio de destino, según su relato. Tras el aborto, fue destinada a Segovia, donde recuperó la estabilidad psíquica y laboral, hasta que el mismo sargento desembarcó en su unidad y volvió el acoso, con continuas quejas y críticas a su trabajo. La cabo acudió a un capitán, quien primero la despachó instándole a ser fuerte y al final la destinó a la cocina. Aún tuvo un último sobresalto cuando, intentaron devolverla a Burgos, donde se encontraba su marido, a lo que ella se resistió. “Un general le pidió personalmente disculpas, ofreciéndole una ayuda que llegó tarde y que no impidió la acumulación de tensión y desesperanza”, se lee en el informe de la psicóloga.
La Junta Médico Militar ni siquiera ha considerado estos hechos, con el argumento de que la cabo no los denunció, y ha pasado por alto el dictamen de la psicóloga, según el cual si calló fue por miedo a perder el puesto de trabajo y la independencia económica en un momento en que “empezaron a desencadenarse episodios de malos tratos físicos y psíquicos cada vez más graves y dolorosos”.
El pasado 13 de noviembre, el Boletín Oficial de Defensa publicaba la baja forzosa de la cabo en el Ejército. El expediente de pérdida de condiciones psicofísicas concluyó que no había relación entre su patología y el servicio en filas, por lo que no le corresponde pensión. Con dos hijos de seis y nueve años de su maltratador, quien no abona la manutención, su batalla más dura acaba de empezar.
Luis Gonzalo segura
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El Ejército expulsa por trastorno psíquico a una cabo víctima de violencia de género y acoso laboral
Embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, su jefe no le hizo caso y perdió al bebé
Miguel González
La cabo María de las Camelias, en una imagen de archivo. JAIME CASAL (EPV)
Maltratada por su marido y acosada por un superior, la cabo María de las Camelias acaba de ser expulsada del Ejército, tras 17 años de servicio y sin derecho a pensión. En noviembre de 2014, su esposo fue condenado a penas que sumaban ocho años y tres meses de cárcel por ocho delitos de maltrato habitual, amenazas y coacciones, además de quebrantar la orden de alejamiento. Según la sentencia, tras un accidente de moto, el esposo de la militar se volvió “irascible, agresivo y violento”, y llegó a amenazarla de muerte. La separación no acabó con el acoso, que siguió con llamadas telefónicas, hasta 20 diarias.
En una ocasión, temerosa de que su marido la matara, María de las Camelias acudió al cuartel de la Guardia Civil. Allí, volvió a llamarla por teléfono su cónyuge, por lo que ella pasó el móvil a un agente que se identificó como tal. “Me da igual, voy a matar a mi mujer. Si me tenéis que detener, hacedlo”, le dijo.
Lo detuvieron y el juzgado dictó una orden de alejamiento de 500 metros. Ante los repetidos incumplimientos, el juez le prohibió primero entrar en la provincia de Segovia, donde ella residía, y comunicarse con la militar y su familia. Finalmente, ordenó su prisión provisional, de la que solo salió con un dispositivo telemático.
La sentencia reconoce que “como consecuencia de la conducta del acusado hacia ella”, la cabo “ha sufrido un trastorno ansioso depresivo en relación a una situación de violencia de género que ha requerido tratamiento médico y psicológico con medicación (antidepresivos y ansiolíticos) desde 2012”.
Sin embargo, la Junta Médico Militar que ha examinado a María de las Camelias asegura que esta sufre una epilepsia parcial controlada y asintomática y un trastorno ansiosodepresivo que se manifestó clínicamente o se agravó en 2011. Los médicos militares evitan pronunciarse sobre el origen de la enfermedad: aseguran que no se debe a ningún hecho concreto y solo toman nota de que ella la “achaca a la situación familiar, personal y laboral” que ha sufrido.
Bajo el eufemismo “circunstancias laborales”, aluden al acoso laboral que, según el relato pormenorizado que la militar hizo a su psicóloga, sufrió antes incluso de empezar sus problemas conyugales. En marzo de 2005, embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, le hizo saber que el médico le había aconsejado no cargar peso e incluso le avisó de que se sentía mal y tenía pérdidas. Su jefe no le hizo caso y ella perdió al bebé.
Varios superiores jerárquicos acudieron al hospital y la convencieron de que no denunciara al sargento. A cambio, le prometieron un cambio de destino, según su relato. Tras el aborto, fue destinada a Segovia, donde recuperó la estabilidad psíquica y laboral, hasta que el mismo sargento desembarcó en su unidad y volvió el acoso, con continuas quejas y críticas a su trabajo. La cabo acudió a un capitán, quien primero la despachó instándole a ser fuerte y al final la destinó a la cocina. Aún tuvo un último sobresalto cuando, intentaron devolverla a Burgos, donde se encontraba su marido, a lo que ella se resistió. “Un general le pidió personalmente disculpas, ofreciéndole una ayuda que llegó tarde y que no impidió la acumulación de tensión y desesperanza”, se lee en el informe de la psicóloga.
La Junta Médico Militar ni siquiera ha considerado estos hechos, con el argumento de que la cabo no los denunció, y ha pasado por alto el dictamen de la psicóloga, según el cual si calló fue por miedo a perder el puesto de trabajo y la independencia económica en un momento en que “empezaron a desencadenarse episodios de malos tratos físicos y psíquicos cada vez más graves y dolorosos”.
El pasado 13 de noviembre, el Boletín Oficial de Defensa publicaba la baja forzosa de la cabo en el Ejército. El expediente de pérdida de condiciones psicofísicas concluyó que no había relación entre su patología y el servicio en filas, por lo que no le corresponde pensión. Con dos hijos de seis y nueve años de su maltratador, quien no abona la manutención, su batalla más dura acaba de empezar.
Y esos son los que condenan el aborto.Que miserables son.Como machacan a la mujer por ser mujer y el agravante de tener opiniones personales y no doctrinales que ellos quieren inculcar.A veces me pregunto que clase de pueblo somos,cuando un dictador,el único de su época murió de viejo y enfermo y además ha dejado una herencia envenenada,que sigue viva,de más de otros cuarenta años después de su muerte.No estaría mal,reflexionar un poco sobre esto.Ese hombrecito si que conocía bien nuestro carácter,y sabía como entrar y perseverar.
Dos noticias juntas se entienden mejor.
El Ejército pide una sanción de 12 días de sueldo para un militar que firmó el manifiesto antifranquista
El instructor militar imputa al cabo Santos dos faltas disciplinarias graves por suscribir el texto y su contribución personal al mismo
Valora que expresiones como "Salud y República" de Santos "son contrarias a la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado"
El Ejército le atribuye una tercera falta grave por la entrevista que concedió a eldiario.es, por la que solicita otros 10 días de sanción económica
Carlos del Castillo / Laura Galaup
20/03/2019 - 21:39h
Marco Antonio Santos, cabo del Ejército de Tierra que firmante del manifiesto antifranquista FOTO CEDIDA
El único militar en activo del manifiesto antifranquista: "Llevo 19 años oyendo al romper filas el grito de 'Arriba España'"
El Ejército de Tierra ha propuesto una sanción económica de 12 días de sueldo contra el cabo Marco Santos por firmar un manifiesto antifranquista y le ha dado diez días para formular alegaciones. El citado manifiesto surgió como reacción al comunicado de apoyo a la figura del dictador promovido por más de 180 altos mandos militares retirados y en la reserva (una suerte de prejubilación militar) y que pedía la permanencia de su cadáver en el Valle de los Caídos. El instructor del expediente atribuye a Santos dos faltas disciplinarias graves por suscribir el manifiesto y su contribución personal al mismo.
Según ha podido saber este medio, el instructor militar cita en su valoración de los hechos dos expresiones en concreto empleadas por Santos, además del texto del manifiesto propiamente dicho. Una es No cabe duda que los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las F.A.S su jardín particular desde el 36. La otra, el cierre "Salud y República" que escoge el cabo para cerrar su contribución personal al texto.
Para el instructor, ambas expresiones son "contrarias a la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado" y atentan contra "la reputación de los superiores perdiendo la mesura necesaria y el respeto debido también a las Fuerzas Armadas, así como a autoridades y mandos". "No se puede obviar que la forma política del Estado Español es la Monarquía parlamentaria", añade en relación al "Salud y República" de Santos.
Contribución personal del cabo Marco Santos al manifiesto antifranquista.
El código disciplinario militar estipula que los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en activo como en la reserva, deben mantenerse en la "neutralidad política". El instructor, que en todo momento se refiere al dictador como "el General Franco", imputa a Santos una falta disciplinaria grave por violar este principio, y otra por "adoptar actitud de menosprecio" a la Constitución, la Corona o las instituciones del Estado.
10 días de sueldo por su entrevista con eldiario.es
El Ejército de Tierra atribuye al cabo otra falta disciplinaria grave más por la entrevista que concedió a eldiario.es a raíz de la incoación de su expediente. Para el instructor, sus declaraciones "están basadas en aseveraciones falsas, atentando contra el buen funcionamiento del servicio y de la institución, indicando un supuesto apoyo al franquismo existente en ellas, llegando incluso a insinuar que por parte de diversos mandos se reprimen o castigan a quienes no comulgan con los supuestos valores franquistas". Por ello pide otros diez días de sanción económica a sumar a los otros doce consecuencia del manifiesto.
En el expediente administrativo, el Ejército valora que Santos excede "los razonables límites del derecho a la libertad de expresión" por sus afirmaciones en la citada entrevista sobre la academia militar: "Te abren el cerebro y te meten lo que quieren. La frase más recurrente que he escuchado es que no te pagan por pensar. Está bien que enseñen el amor a España, pero no se inculca alabando a alguien que asesinó a españoles", expresó el cabo.
De esta forma, aunque el instructor reconoce que Santos cuenta con "buenas calificaciones" en sus informes periódicos de su trabajo como militar, así como que "es poseedor de varias recompensas", recuerda "la existencia de antecedentes de conducta desfavorables" para motivar su sanción.
Sin noticias de los firmantes del manifiesto franquista
En septiembre el Ministerio de Defensa ordenó abrir un expediente a los cinco militares en la reserva que firmaron la declaración de "respeto y desagravio al general Francisco Franco" al considerar que podían existir "indicios de infracción disciplinaria".
La ministra Margarita Robles solo podía actuar contra ellos porque fueron los únicos que suscribieron el manifiesto franquista y mantenían vinculación con su departamento, el resto de firmantes estaban ya retirados. Desde el equipo de prensa de este departamento no aclaran a esta redacción en qué situación se encuentra este procedimiento y si han emitido alguna sanción, a pesar de que han pasado seis meses desde que se inició.
https://www.eldiario.es/politica/Ejercito-sancion-militar-manifiesto-antifranquista_0_879812790.html
Cantinerita, niña bonita, Ministra de Defensa ¿Donde estabas? ¿Donde estás?
