Pablo Casado, Presidente del PP
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Las polémicas de Casado frente al "invierno demográfico": adopciones, pensiones o lo que "llevan dentro" las mujeres
La propuesta para aplazar las expulsiones de las inmigrantes irregulares que den a sus hijos en adopción es parte del plan del líder del PP para fomentar la maternidad
Casado también ha defendido volver a la ley del aborto de 1985 con datos falsos y ha relacionado las interrupciones de embarazos con la sostenibilidad de las pensiones
Desde su triunfo en las primarias el presidente popular ha defendido "la cultura de la vida" y se ha acercado a colectivos antiabortistas como Red Madre o Hazte Oír
Iñigo Aduriz
14/03/2019 - 22:16h
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, este jueves. FLICKR PP
Casado se ve víctima de 'fake news', pero insiste en el plan de aplazar la expulsión de sin papeles que den hijos en adopción
La polémica ha sobrevolado prácticamente todas las propuestas lanzadas en las últimas semanas por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, con el objetivo de luchar contra el "invierno demográfico", como llama él a la caída de la natalidad en España. Cada vez que el presidente de los populares ha planteado iniciativas para fomentar que los españoles tengan hijos se ha suscitado un escándalo.
Es lo que ocurrió cuando Casado abogó por recuperar la ley del aborto de 1985 utilizando argumentos falsos, relacionó las interrupciones voluntarias del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones o aseguró que las mujeres embarazadas debían saber "lo que llevan dentro".
La última polémica la provocó el miércoles la dirección del PP confirmando a distintos medios –entre ellos eldiario.es– que incluiría en su Ley de Apoyo a la Maternidad presentada por el propio Casado el pasado sábado en Cartagena (Murcia) una propuesta para que las mujeres inmigrantes sin papeles no puedan ser expulsadas del país en el caso de que decidan dar en adopción a sus hijos hasta que entreguen a los pequeños a las administraciones encargadas de gestionar esa adopción.
Entonces sí, en el caso de ser interceptadas en una redada después de entregar a sus hijos, podrán ser repatriadas a sus países sin que les sirva "de excusa" –fue el término que utilizaron las fuentes de la dirección de los populares consultadas por este diario– haber dado a sus descendientes previamente en adopción.
El protocolo de la Comunidad de Madrid
Organizaciones especializadas y expertos en procesos de adopción han coincidído este jueves en advertir de que los planes del PP no se sostienen porque se basan en un problema –el de la supuesta expulsión de mujeres sin papeles que quieran dar a sus hijos en adopción en el momento en el que acuden a las administraciones a mostrar esa intención– que no existe.
La iniciativa de los populares invoca un protocolo que ya se aplica en la Comunidad de Madrid pero que se planteó en 2009 para evitar los abandonos de hijos de mujeres socialmente vulnerables y no para fomentar la maternidad. La dirección del PP ha repetido durante las últimas horas que su plan enmarcado dentro de uno más ambicioso contra el "invierno demográfico" solo trataba de extender la normativa madrileña al resto del Estado. Pero su formulación, asociada a un plan para fomentar la maternidad, provocó otra tormenta política que llevaba este jueves a todos los partidos de la oposición a criticar duramente los planes del PP. Ministros del Gobierno cargaron con dureza contra el líder popular.
La organización Juezas y Jueces para la Democracia hizo público un comunicado manifestando "su profunda consternación" por la propuesta del PP, que según esta asociación judicial implicaría una "coacción" sobre las mujeres migrantes en situación irregular. "Una medida como ésta supondría una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad y situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción", apunta la nota pública de Jueces para la Democracia.
Los dirigentes del PP trataron este jueves de realizar todo tipo de matizaciones, sin llegar en ningún caso a desmentir la propuesta que Casado quiere poner en marcha si tras las próximas elecciones generales del 28 de abril logra recuperar la Moncloa y se convierte en presidente del Gobierno.
El propio líder del PP confirmaba sus planes durante un acto en Valladolid: "El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tengan garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no", sostenía, dejando claro que una vez que entreguen al hijo las mujeres seguirán en situación irregular y, por tanto, podrán ser expulsadas de España a sus países de origen.
"Humano y responsable"
"Es bastante sensato entender que ante una realidad de que ha habido 324 bebes entregados en adopción en la Comunidad de Madrid gracias al programa 'No me dejes en la calle', 324 niños que han sido entregados con absoluta confidencialidad, con un encriptado de los datos de las madres y, sobre todo, para las familias adoptantes, parece bastante sensato decir que esos programas sean aplicables también a las mujeres porque es humano, es responsable y creo que es algo en lo que teníamos que ir todos de la mano, en la misma dirección", se defendía el líder del PP, que no ha explicado por qué si se trata de dar seguridad a las mujeres migrantes su normativa se incluye dentro de un plan para luchar contra el retroceso demográfico.
Casado aseguraba además haberse visto obligado a aclarar algo que él no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se "blindaban" si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una "fake news" que por error se publicó en un medio de comunicación el pasado domingo y que fue corregido posteriormente.
"Es una fake news, me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad", lamentaba Casado, que reiteraba: "Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría".
"Se trata de una aberración que yo no atribuiría ni a un político del Tercer Mundo", advertíao Casado, quien contextualizaba lo ocurrido en los intentos de ciertos sectores de identificar al PP con "gente facha, machista, que va matando animales y que contamina... pero al final se ve que cuando el centro derecha gobierna, a la gente le va mejor".
Con esas palabras Casado trataba poner fin a la enésima polémica que le ha perseguido en las últimas semanas y que ha estado vinculada a sus propuestas sobre maternidad.
"Barra libre para abortar"
Tras evitar posicionarse claramente sobre el aborto desde su elección en las primarias del verano pasado, en febrero el líder del PP abogaba claramente por recuperar la ley de 1985, de supuestos, rechazando la normativa actual, de plazos, llegando a asegurar que actualmente en España existe la "barra libre para abortar" hasta la semana 22 de gestación.
Se trata de un argumento falso, ya que la ley vigente contempla la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14. Hasta la 22 solo de podría llegar en caso de problemas graves para el feto y siempre por prescripción médica.
Tampoco es cierto que la ley del 85 fue la del "consenso", como sostiene Casado. Coalición Popular, las siglas bajo las que se encontraba Alianza Popular, del que emergió el actual PP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra de la misma en 1983 en el Congreso de los Diputados, la primera vez que se debatió. También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de los populares, cuyo equipo intentó sin éxito aparcar el debate del aborto durante la precampaña porque, según explicaron, es algo que "beneficia a la izquierda", generó una nueva polémica el 7 de febrero cuando vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
"No pensar en cómo los abortamos"
"Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener mas niños y no en como los abortamos", sostuvo, generando todo tipo de críticas sobre todo por parte de colectivos feministas. También consideró que en España sería mejor dejar de preguntar por la ley del aborto y empezar a hacerlo por ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda, o ayudas fiscales para tener niños.
A finales de febrero y siempre con la intención de mostrar su rechazo a que las mujeres puedan decidir si tienen o no a sus hijos cuando están embarazadas, Casado lanzó una afirmación durante una entrevista en el diario El Españolque provocó el rechazo del resto de partidos y de distintos colectivos sociales.
"Soy padre de un cincomesino y tuvimos una amenaza de parto en un tramo en el que se podía abortar libremente. Creo que es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro: una vida autónoma", dijo.
Estos mensajes lanzados por el líder del PP se corresponden con el discurso ultraconservador que ha instaurado en el partido desde que llegó a la presidencia del mismo, cuando puso en marcha un giro a la derecha que le llevó a acercarse al sector aznarista –afines al expresidente del Gobierno José María Aznar– y a organizaciones antiabortistas a las que los propios populares dieron ayudas públicas cuando estuvieron en el Ejecutivo.
Las reuniones de García Egea
En octubre el secretario general del partido, Teodoro García Egea, participó en un encuentro de la Fundación RedMadre que se define como "una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto" y en cuya web lanza numerosos mensajes contra el aborto al hablar del "sufrimiento del embrión" o "las graves consecuencias" de interrumpir el embarazo.
También García Egea era el encargado de recibir el 8 de marzo, coincidiendo con la huelga feminista que no secundó el PP, al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y el vicepresidente, Luis Losada. La organización declarada de utilidad pública por el Gobierno de Mariano Rajoy –categoría que ha sido retirada por el actual Ejecutivo socialista– llevó a la sede nacional de los populares 24.000 firmas instando al PP a que derogue las que considera "leyes de género" y entre las que incluyen normativas sobre igualdad o de derechos del colectivo LGTBI.
Tras el encuentro, –ese mismo 8M Hazte Oír también se vio con representantes de Ciudadanos y Vox– la organización aseguró a través de un comunicado que García Egea se había mostrado "personalmente dispuesto a reformar" esas "las leyes de género".
La propuesta para aplazar las expulsiones de las inmigrantes irregulares que den a sus hijos en adopción es parte del plan del líder del PP para fomentar la maternidad
Casado también ha defendido volver a la ley del aborto de 1985 con datos falsos y ha relacionado las interrupciones de embarazos con la sostenibilidad de las pensiones
Desde su triunfo en las primarias el presidente popular ha defendido "la cultura de la vida" y se ha acercado a colectivos antiabortistas como Red Madre o Hazte Oír
Iñigo Aduriz
14/03/2019 - 22:16h
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, este jueves. FLICKR PP
Casado se ve víctima de 'fake news', pero insiste en el plan de aplazar la expulsión de sin papeles que den hijos en adopción
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La polémica ha sobrevolado prácticamente todas las propuestas lanzadas en las últimas semanas por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, con el objetivo de luchar contra el "invierno demográfico", como llama él a la caída de la natalidad en España. Cada vez que el presidente de los populares ha planteado iniciativas para fomentar que los españoles tengan hijos se ha suscitado un escándalo.
Es lo que ocurrió cuando Casado abogó por recuperar la ley del aborto de 1985 utilizando argumentos falsos, relacionó las interrupciones voluntarias del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones o aseguró que las mujeres embarazadas debían saber "lo que llevan dentro".
La última polémica la provocó el miércoles la dirección del PP confirmando a distintos medios –entre ellos eldiario.es– que incluiría en su Ley de Apoyo a la Maternidad presentada por el propio Casado el pasado sábado en Cartagena (Murcia) una propuesta para que las mujeres inmigrantes sin papeles no puedan ser expulsadas del país en el caso de que decidan dar en adopción a sus hijos hasta que entreguen a los pequeños a las administraciones encargadas de gestionar esa adopción.
Entonces sí, en el caso de ser interceptadas en una redada después de entregar a sus hijos, podrán ser repatriadas a sus países sin que les sirva "de excusa" –fue el término que utilizaron las fuentes de la dirección de los populares consultadas por este diario– haber dado a sus descendientes previamente en adopción.
El protocolo de la Comunidad de Madrid
Organizaciones especializadas y expertos en procesos de adopción han coincidído este jueves en advertir de que los planes del PP no se sostienen porque se basan en un problema –el de la supuesta expulsión de mujeres sin papeles que quieran dar a sus hijos en adopción en el momento en el que acuden a las administraciones a mostrar esa intención– que no existe.
La iniciativa de los populares invoca un protocolo que ya se aplica en la Comunidad de Madrid pero que se planteó en 2009 para evitar los abandonos de hijos de mujeres socialmente vulnerables y no para fomentar la maternidad. La dirección del PP ha repetido durante las últimas horas que su plan enmarcado dentro de uno más ambicioso contra el "invierno demográfico" solo trataba de extender la normativa madrileña al resto del Estado. Pero su formulación, asociada a un plan para fomentar la maternidad, provocó otra tormenta política que llevaba este jueves a todos los partidos de la oposición a criticar duramente los planes del PP. Ministros del Gobierno cargaron con dureza contra el líder popular.
La organización Juezas y Jueces para la Democracia hizo público un comunicado manifestando "su profunda consternación" por la propuesta del PP, que según esta asociación judicial implicaría una "coacción" sobre las mujeres migrantes en situación irregular. "Una medida como ésta supondría una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad y situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción", apunta la nota pública de Jueces para la Democracia.
Los dirigentes del PP trataron este jueves de realizar todo tipo de matizaciones, sin llegar en ningún caso a desmentir la propuesta que Casado quiere poner en marcha si tras las próximas elecciones generales del 28 de abril logra recuperar la Moncloa y se convierte en presidente del Gobierno.
El propio líder del PP confirmaba sus planes durante un acto en Valladolid: "El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tengan garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no", sostenía, dejando claro que una vez que entreguen al hijo las mujeres seguirán en situación irregular y, por tanto, podrán ser expulsadas de España a sus países de origen.
"Humano y responsable"
"Es bastante sensato entender que ante una realidad de que ha habido 324 bebes entregados en adopción en la Comunidad de Madrid gracias al programa 'No me dejes en la calle', 324 niños que han sido entregados con absoluta confidencialidad, con un encriptado de los datos de las madres y, sobre todo, para las familias adoptantes, parece bastante sensato decir que esos programas sean aplicables también a las mujeres porque es humano, es responsable y creo que es algo en lo que teníamos que ir todos de la mano, en la misma dirección", se defendía el líder del PP, que no ha explicado por qué si se trata de dar seguridad a las mujeres migrantes su normativa se incluye dentro de un plan para luchar contra el retroceso demográfico.
Casado aseguraba además haberse visto obligado a aclarar algo que él no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se "blindaban" si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una "fake news" que por error se publicó en un medio de comunicación el pasado domingo y que fue corregido posteriormente.
"Es una fake news, me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad", lamentaba Casado, que reiteraba: "Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría".
"Se trata de una aberración que yo no atribuiría ni a un político del Tercer Mundo", advertíao Casado, quien contextualizaba lo ocurrido en los intentos de ciertos sectores de identificar al PP con "gente facha, machista, que va matando animales y que contamina... pero al final se ve que cuando el centro derecha gobierna, a la gente le va mejor".
Con esas palabras Casado trataba poner fin a la enésima polémica que le ha perseguido en las últimas semanas y que ha estado vinculada a sus propuestas sobre maternidad.
"Barra libre para abortar"
Tras evitar posicionarse claramente sobre el aborto desde su elección en las primarias del verano pasado, en febrero el líder del PP abogaba claramente por recuperar la ley de 1985, de supuestos, rechazando la normativa actual, de plazos, llegando a asegurar que actualmente en España existe la "barra libre para abortar" hasta la semana 22 de gestación.
Se trata de un argumento falso, ya que la ley vigente contempla la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14. Hasta la 22 solo de podría llegar en caso de problemas graves para el feto y siempre por prescripción médica.
Tampoco es cierto que la ley del 85 fue la del "consenso", como sostiene Casado. Coalición Popular, las siglas bajo las que se encontraba Alianza Popular, del que emergió el actual PP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra de la misma en 1983 en el Congreso de los Diputados, la primera vez que se debatió. También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de los populares, cuyo equipo intentó sin éxito aparcar el debate del aborto durante la precampaña porque, según explicaron, es algo que "beneficia a la izquierda", generó una nueva polémica el 7 de febrero cuando vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
"No pensar en cómo los abortamos"
"Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener mas niños y no en como los abortamos", sostuvo, generando todo tipo de críticas sobre todo por parte de colectivos feministas. También consideró que en España sería mejor dejar de preguntar por la ley del aborto y empezar a hacerlo por ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda, o ayudas fiscales para tener niños.
A finales de febrero y siempre con la intención de mostrar su rechazo a que las mujeres puedan decidir si tienen o no a sus hijos cuando están embarazadas, Casado lanzó una afirmación durante una entrevista en el diario El Españolque provocó el rechazo del resto de partidos y de distintos colectivos sociales.
"Soy padre de un cincomesino y tuvimos una amenaza de parto en un tramo en el que se podía abortar libremente. Creo que es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro: una vida autónoma", dijo.
Estos mensajes lanzados por el líder del PP se corresponden con el discurso ultraconservador que ha instaurado en el partido desde que llegó a la presidencia del mismo, cuando puso en marcha un giro a la derecha que le llevó a acercarse al sector aznarista –afines al expresidente del Gobierno José María Aznar– y a organizaciones antiabortistas a las que los propios populares dieron ayudas públicas cuando estuvieron en el Ejecutivo.
Las reuniones de García Egea
En octubre el secretario general del partido, Teodoro García Egea, participó en un encuentro de la Fundación RedMadre que se define como "una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto" y en cuya web lanza numerosos mensajes contra el aborto al hablar del "sufrimiento del embrión" o "las graves consecuencias" de interrumpir el embarazo.
También García Egea era el encargado de recibir el 8 de marzo, coincidiendo con la huelga feminista que no secundó el PP, al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y el vicepresidente, Luis Losada. La organización declarada de utilidad pública por el Gobierno de Mariano Rajoy –categoría que ha sido retirada por el actual Ejecutivo socialista– llevó a la sede nacional de los populares 24.000 firmas instando al PP a que derogue las que considera "leyes de género" y entre las que incluyen normativas sobre igualdad o de derechos del colectivo LGTBI.
Tras el encuentro, –ese mismo 8M Hazte Oír también se vio con representantes de Ciudadanos y Vox– la organización aseguró a través de un comunicado que García Egea se había mostrado "personalmente dispuesto a reformar" esas "las leyes de género".
La candidata de Casado a la presidencia de Asturias, imputada en un caso de prevaricación urbanística
Teresa Mallada es una de las investigadas por autorizar cuando era concejal de Aller la supuesta compra irregular de unos terrenos para construir un geriátrico
La candidata descarta dimitir y asegura que "nadie dijo que no se pudiera" ceder los terrenos que acordó entregar la corporación municipal de la que formaba parte
El PP asturiano vive un cisma interno desde que Casado eligiera a Mallada a dedo y apartara de las listas a la presidenta del partido, Mercedes Fernández
Iñigo Aduriz / Aitor Riveiro
15/03/2019 - 18:04h
Teresa Mallada y Pablo Casado, el mes pasado, en Oviedo. EFE
Amenazas, denuncias y ceses: los 'dedazos' de Casado avivan los terremotos internos del PP en Asturias y Cantabria
Teresa Mallada, candidata elegida a dedo por Pablo Casado para concurrir a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo en el Principado de Asturias, está imputada en un caso de prevaricación urbanística. La también expresidenta de Hunosa, que fue concejal de la localidad asturiana de Aller entre 2008 y 2010, forma parte de los investigados –antigua imputación– por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo por autorizar cuando era edil de la localidad la compra de unos terrenos para construir un geriátrico supuestamente de forma irregular.
La investigación cuya competencia acaba de asumir el citado juzgado ovetense a través de un auto fechado el pasado lunes –al que ha tenido acceso eldiario.es– tras la inhibición de otro juzgado de Lena, es una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro.
La imputación de Mallada, así como la del resto de concejales de Aller entre 2008 y 2010, se debe a una denuncia presentada en septiembre por Podemos, que aseguró que "el pleno del Ayuntamiento de Aller autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico con todos los informes municipales en contra".
El auto de la jueza Begoña Fernández justifica la investigación a Mallada y al resto de los ediles por una supuesta "prevaricación administrativa" en base a "su proceder en sus respectivos cargos en el ayuntamiento de Aller, en cuanto a la adquisición de terrenos al ayuntamiento de Mieres, su posterior cesión gratuita al Montepío de la minería para la construcción del geriátrico de Felechosa subvencionado con fondos estatales y acometimiento de las acciones y omisiones que facultaron el desarrollo urbanístico que permitió la construcción de tal inmueble".
En rueda de prensa este viernes, Mallada ha descartado renunciar a su candidatura, ha señalado que "nadie dijo que no se pudiera" ceder dichos terrenos y ha afirmado que la decisión del pleno, del que formaba parte como oposición, fue aceptada por el Principado de Asturias, que "no expresó que la normativa estuviese vulnerada", informa Europa Press.
En declaraciones a este diario el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha asegurado que gracias a su denuncia "se ha podido demostrar que hubo tres patas necesarias para sostener" el caso Hulla en el que ahora es imputada Teresa Mallada: "una pata estatal, la de la sociedad de control de una subvención concedida; una pata autonómica, que es la que debería haber ejercido el control de los planes de ordenación urbana que no ejerció, y una parte municipal, que es al final la que tenía que realizar las preceptivas autorizaciones".
"Gracias a nuestra labor de lucha contra la corrupción se empieza a conocer la verdadera magnitud de este caso", ha añadido.
En su denuncia, explica Ripa, dieron a conocer que el pleno del Ayuntamiento de Aller "había autorizado por unanimidad la compra de los terrenos, así como construir sin licencia el geriátrico de Montepío, pese a tener todos los informes municipales en contra".
"En el 2008, el Ayuntamiento tenía un saldo negativo de 200.000 euros, tenía facturas sin pagar por unos 400.000 euros y debía suscribir un crédito por un valor de 800.000. Con esta situación compró unos terrenos para regalarselos a una entidad privada que tenía una subvención para comprar esos terrenos. No podemos entender, como ya dijimos en su momento, que 17 concejales del Ayuntamiento votasen a favor de la propuesta de la Alcaldía, que implicaba desoír los informes técnicos y jurídicos", zanja.
La imputación de Mallada se conoce en pleno cisma del PP asturiano agravado por la elección a dedo de la expresidenta de Hunosa como candidata por parte de Casado en detrimento de la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que se ha quedado fuera de las listas.
Justo cuando se están elaborando las candidaturas para los distintos procesos electorales de los próximos meses –generales, autonómicas y municipales– la guerra interna se agravaba esta semana. El martes la dirección estatal decidió suspender de todos sus cargos al hasta entonces secretario general regional, Luis Venta, al que el portavoz del PP en Gijón, Pablo González, acusa de haberle enviado una carta amenazante que ha llegado a denunciar ante la Policía. El asunto está ya en manos de los jueces.
El equipo de Casado da veracidad a la versión de González –que sostiene que la carta la escribió Venta–, y rechaza la tesis del ya ex número dos del PP de Asturias, que asegura que la redactó un anónimo y que él se limitó a reenviársela a su destinatario. Se da la circunstancia de que Venta es la mano derecha de la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, a la que Casado ha apartado de las listas electorales, mientras González es afín a Teresa Mellada, expresidenta de Hunosa escogida por el líder del PP para competir por la Presidencia del Principado el próximo 26M.
https://www.eldiario.es/politica/Ca...irregularidades-urbanisticas_0_878062919.html
Teresa Mallada es una de las investigadas por autorizar cuando era concejal de Aller la supuesta compra irregular de unos terrenos para construir un geriátrico
La candidata descarta dimitir y asegura que "nadie dijo que no se pudiera" ceder los terrenos que acordó entregar la corporación municipal de la que formaba parte
El PP asturiano vive un cisma interno desde que Casado eligiera a Mallada a dedo y apartara de las listas a la presidenta del partido, Mercedes Fernández
Iñigo Aduriz / Aitor Riveiro
15/03/2019 - 18:04h
Teresa Mallada y Pablo Casado, el mes pasado, en Oviedo. EFE
Amenazas, denuncias y ceses: los 'dedazos' de Casado avivan los terremotos internos del PP en Asturias y Cantabria
Teresa Mallada, candidata elegida a dedo por Pablo Casado para concurrir a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo en el Principado de Asturias, está imputada en un caso de prevaricación urbanística. La también expresidenta de Hunosa, que fue concejal de la localidad asturiana de Aller entre 2008 y 2010, forma parte de los investigados –antigua imputación– por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo por autorizar cuando era edil de la localidad la compra de unos terrenos para construir un geriátrico supuestamente de forma irregular.
La investigación cuya competencia acaba de asumir el citado juzgado ovetense a través de un auto fechado el pasado lunes –al que ha tenido acceso eldiario.es– tras la inhibición de otro juzgado de Lena, es una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro.
La imputación de Mallada, así como la del resto de concejales de Aller entre 2008 y 2010, se debe a una denuncia presentada en septiembre por Podemos, que aseguró que "el pleno del Ayuntamiento de Aller autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico con todos los informes municipales en contra".
El auto de la jueza Begoña Fernández justifica la investigación a Mallada y al resto de los ediles por una supuesta "prevaricación administrativa" en base a "su proceder en sus respectivos cargos en el ayuntamiento de Aller, en cuanto a la adquisición de terrenos al ayuntamiento de Mieres, su posterior cesión gratuita al Montepío de la minería para la construcción del geriátrico de Felechosa subvencionado con fondos estatales y acometimiento de las acciones y omisiones que facultaron el desarrollo urbanístico que permitió la construcción de tal inmueble".
En rueda de prensa este viernes, Mallada ha descartado renunciar a su candidatura, ha señalado que "nadie dijo que no se pudiera" ceder dichos terrenos y ha afirmado que la decisión del pleno, del que formaba parte como oposición, fue aceptada por el Principado de Asturias, que "no expresó que la normativa estuviese vulnerada", informa Europa Press.
En declaraciones a este diario el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha asegurado que gracias a su denuncia "se ha podido demostrar que hubo tres patas necesarias para sostener" el caso Hulla en el que ahora es imputada Teresa Mallada: "una pata estatal, la de la sociedad de control de una subvención concedida; una pata autonómica, que es la que debería haber ejercido el control de los planes de ordenación urbana que no ejerció, y una parte municipal, que es al final la que tenía que realizar las preceptivas autorizaciones".
"Gracias a nuestra labor de lucha contra la corrupción se empieza a conocer la verdadera magnitud de este caso", ha añadido.
En su denuncia, explica Ripa, dieron a conocer que el pleno del Ayuntamiento de Aller "había autorizado por unanimidad la compra de los terrenos, así como construir sin licencia el geriátrico de Montepío, pese a tener todos los informes municipales en contra".
"En el 2008, el Ayuntamiento tenía un saldo negativo de 200.000 euros, tenía facturas sin pagar por unos 400.000 euros y debía suscribir un crédito por un valor de 800.000. Con esta situación compró unos terrenos para regalarselos a una entidad privada que tenía una subvención para comprar esos terrenos. No podemos entender, como ya dijimos en su momento, que 17 concejales del Ayuntamiento votasen a favor de la propuesta de la Alcaldía, que implicaba desoír los informes técnicos y jurídicos", zanja.
La imputación de Mallada se conoce en pleno cisma del PP asturiano agravado por la elección a dedo de la expresidenta de Hunosa como candidata por parte de Casado en detrimento de la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que se ha quedado fuera de las listas.
Justo cuando se están elaborando las candidaturas para los distintos procesos electorales de los próximos meses –generales, autonómicas y municipales– la guerra interna se agravaba esta semana. El martes la dirección estatal decidió suspender de todos sus cargos al hasta entonces secretario general regional, Luis Venta, al que el portavoz del PP en Gijón, Pablo González, acusa de haberle enviado una carta amenazante que ha llegado a denunciar ante la Policía. El asunto está ya en manos de los jueces.
El equipo de Casado da veracidad a la versión de González –que sostiene que la carta la escribió Venta–, y rechaza la tesis del ya ex número dos del PP de Asturias, que asegura que la redactó un anónimo y que él se limitó a reenviársela a su destinatario. Se da la circunstancia de que Venta es la mano derecha de la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, a la que Casado ha apartado de las listas electorales, mientras González es afín a Teresa Mellada, expresidenta de Hunosa escogida por el líder del PP para competir por la Presidencia del Principado el próximo 26M.
https://www.eldiario.es/politica/Ca...irregularidades-urbanisticas_0_878062919.html
yo que lo entiendo es que quieren ayudar a las mujeres que quieran dar a su hijo en adopción y que tiene n miedo porque estabn en situación irregular en nuestro país y que muchas veces los dejan en calle abandonados, no es nada maloPropuesta del PP: dar un hijo en adopción y evitar ser expulsada de España
escrito por Marisa López González 13/03/2019
Nos habéis preguntando por el siguiente titular: “El PP quiere blindar a las inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción”. Hemos preguntado al partido y su respuesta literal, por correo electrónico, ha sido la siguiente:
“La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión. Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular. Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España”.
Por tanto, el PP plantea que dar a un hijo en adopción sea una causa para no proceder a la expulsión del país de una mujer en situación irregular aunque, remarcan, que este “blindaje” no será ilimitado, sino temporal.
La propuesta se enmarca en la Ley de Apoyo a la Maternidad que el presidente del partido, Pablo Casado, anunció el pasado sábado 9 de marzo durante la clausura de la Convención de Familia e Igualdad del PP en Cartagena. En palabras de Casado, el fin de esta ley es acabar con el “invierno demográfico” de España donde “las mujeres solo tienen 1,3 hijos”. Ese dato es del Índice del Banco Mundial.
No obstante, ni Pablo Casado mencionó “el blindaje” temporal de las mujeres en situación irregular que den a sus hijos en adopción en su discurso, ni aparece reflejado en la nota de prensa oficial del acto.
https://newtral.es/verificacion/la-...kmX6Nqlr74JqZm5-oOn_3Q9aV_My--wjxSZss5fYohmXE
¿Comerciar con un hijo a cambio de papeles para no ser expulsada? Perooooo ¿De que estamos hablando?
¡ES INDIGNANTE!
todo lo que sea apoyar a la maternidad es bueno
Una cosa es el deseo de dar un hijo en adopción y los servicios que lo acogen TIENEN LA OBLIGACIÓN de mantener el anonimato de la madre que lo deja para adoptar, y otra muy diferente es un chantaje de que si quieres seguir en el país por un tiempo tienes que dar tu hijo en adopción.
Ahora bien, no me extraña que Pablito Casado tenga esas ocurrencias porque está completamente distanciado de legalidad en casos de adopción y de la ley de extranjería. Es lo que tiene cuando te dan un título de licenciatura de Derecho regalado y luego un máster.
Dice un refrán que el amor y el dinero no se pueden ocultar y viendo lo que estamos viendo de PC yo añado...¡y la ignorancia!
en ningún momento se dice que obliguen a las mujeres a dar a sus hijos en adopción, lo que se propone es ayudar a las que quieran darlos en adopción, y que no tengan miedo, y por supuesto, manteniendo el anonimato
Si una mujer inmigrante, migrante o nacional QUIERE dar a su hijo en adopción la ley OBLIGA al ANONIMATO. No es nada nuevo pero lo sustancioso del tema es que si QUIERES quedarte en el país tienes que pagar el precio de dar a tu hijo en adopción.
Mira @helene aunque quieras hacerte la inocente sé que desempeñas un rol, es decir, no eres ni inocente ni ingenua. ¿Vale?
