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Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
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¿Y qué pinta aquí el recogenueces?
El "catalinazo". Proxima parada...
La Generalitat se gastó 17 millones públicos en poner en marcha la Hacienda catalana
Cataluña
NOTICIA
Quim Torra y Carles Puigdemont, el pasado día 18 de febrero, en una conferencia en Bruselas. EFE
La Guardia Civil denuncia al juez en un nuevo informe que Puigdemont desvió esta cifra para desarrollar el Código Tributario, la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el despliegue de Hacienda y para aumentar la plantilla
Esta información inédita ha sido hallada en un pendrive del ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó y acaba de ser remitida al juzgado
Refleja además la inversión total prevista en caso de independencia: 500 millones para crear una Hacienda catalana con 7.000 funcionarios
La Guardia Civil cuantifica en al menos 17 millones de euros públicos la cifra desviada "de manera efectiva" por la Generalitat que presidía Carles Puigdemontpara poner en marcha la Agencia Tributaria catalana. La Unidad de Policía Judicial ha elaborado un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que analiza la documentación intervenida en un pendrive que le fue incautado al ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó.
Concretamente ha sido hallado "un documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda" sobre la "coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario". En él quedan reflejados los fondos que "de manera efectiva" ya se han dispuesto para obtener la "plena soberanía fiscal" por la vía de desarrollar un Código Tributario, una Junta de Tributos y un Consejo Fiscal, aumentar la plantilla y potenciar el despliegue territorial.
El informe intervenido albergaba una serie de medidas que "se integran en la vía autonómica" pero que constituyen "un paso intermedio para ir implementando muchas otras con el objetivo último de crear el estado catalán y garantizar su viabilidad económica". Así, la nueva documentación confiscada a Salvadó establece que "el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.737 euros e incrementar la plantilla a alrededor de 7.000 personas sin que se hubiese cuantificado el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de propiedad inmobiliaria".
700 personas más de plantilla
De esta forma, recalca la Guardia Civil, "pretendían preparar un convenio internacional para evitar la doble imposición con España utilizando el modelo OCDE y partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias". "Todo ello teniendo en cuenta que planteaban crear la Oficina de Fiscalidad Internacional aún sabiendo que, actualmente, no disponen de competencias en esta materia".
"Se puede afirmar", prosigue la Policía Judicial, "que el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda ha venido trabajando en la desconexión". "En concreto e inicialmente lo vienen haciendo hasta agotar lo que denominan vía autonómica para lo que han valorado activos en Cataluña con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalitat, han aprobado el desarrollo normativo cuyo marco principal lo estableció la Ley 17/2017 de 1 de agosto de Código Tributario de Cataluña y han diseñado la estructura organizativa de la futura administración tributaria".
"Implementando para ello", agrega la Guardia Civil, "la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria, su despliegue territorial, la implementación del sistema e-SPRIU y la mejora del sistema GAUDÍ". Así, "sin que haya habido todavía una aportación normativa que las regule, queda constancia de que estaban trabajando en el desarrollo de la Agencia de Aduanas, de la Oficina de Fiscalidad Internacional y de la Agencia de Propiedad Inmobiliaria".
"En base a lo anterior y a las cifras" incautadas a Salvadó, "se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, se han dispuesto efectivamente". Y es que "la activación de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal y se ha realizado una buena parte del despliegue territorial de la Agencia Tributaria y se ha incrementado la plantilla hasta 700 personas".
Plena soberanía fiscal
"Por tanto y sin que pueda ratificarse fehacientemente, cabe pensar que se han invertido parte de los recursos previstos para el desarrollo del Código Tributario, que se habían fijado en 200.000 euros; para el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal que tenían un coste conjunto de 7.800.000 euros; para el despliegue territorial de la administración Tributaria presupuestado en 4.500.000 euros; y para la implementación del sistema e-SPRIU, estimado en 4.923.848 euros".
"En resumen", concluyen los investigadores, "se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán".
La Generalitat se gastó 17 millones públicos en poner en marcha la Hacienda catalana
Cataluña
NOTICIA
- 1 MAR. 2019 01:54
Quim Torra y Carles Puigdemont, el pasado día 18 de febrero, en una conferencia en Bruselas. EFE
La Guardia Civil denuncia al juez en un nuevo informe que Puigdemont desvió esta cifra para desarrollar el Código Tributario, la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el despliegue de Hacienda y para aumentar la plantilla
Esta información inédita ha sido hallada en un pendrive del ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó y acaba de ser remitida al juzgado
Refleja además la inversión total prevista en caso de independencia: 500 millones para crear una Hacienda catalana con 7.000 funcionarios
La Guardia Civil cuantifica en al menos 17 millones de euros públicos la cifra desviada "de manera efectiva" por la Generalitat que presidía Carles Puigdemontpara poner en marcha la Agencia Tributaria catalana. La Unidad de Policía Judicial ha elaborado un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que analiza la documentación intervenida en un pendrive que le fue incautado al ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó.
Concretamente ha sido hallado "un documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda" sobre la "coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario". En él quedan reflejados los fondos que "de manera efectiva" ya se han dispuesto para obtener la "plena soberanía fiscal" por la vía de desarrollar un Código Tributario, una Junta de Tributos y un Consejo Fiscal, aumentar la plantilla y potenciar el despliegue territorial.
El informe intervenido albergaba una serie de medidas que "se integran en la vía autonómica" pero que constituyen "un paso intermedio para ir implementando muchas otras con el objetivo último de crear el estado catalán y garantizar su viabilidad económica". Así, la nueva documentación confiscada a Salvadó establece que "el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.737 euros e incrementar la plantilla a alrededor de 7.000 personas sin que se hubiese cuantificado el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de propiedad inmobiliaria".
700 personas más de plantilla
De esta forma, recalca la Guardia Civil, "pretendían preparar un convenio internacional para evitar la doble imposición con España utilizando el modelo OCDE y partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias". "Todo ello teniendo en cuenta que planteaban crear la Oficina de Fiscalidad Internacional aún sabiendo que, actualmente, no disponen de competencias en esta materia".
"Se puede afirmar", prosigue la Policía Judicial, "que el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda ha venido trabajando en la desconexión". "En concreto e inicialmente lo vienen haciendo hasta agotar lo que denominan vía autonómica para lo que han valorado activos en Cataluña con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalitat, han aprobado el desarrollo normativo cuyo marco principal lo estableció la Ley 17/2017 de 1 de agosto de Código Tributario de Cataluña y han diseñado la estructura organizativa de la futura administración tributaria".
"Implementando para ello", agrega la Guardia Civil, "la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria, su despliegue territorial, la implementación del sistema e-SPRIU y la mejora del sistema GAUDÍ". Así, "sin que haya habido todavía una aportación normativa que las regule, queda constancia de que estaban trabajando en el desarrollo de la Agencia de Aduanas, de la Oficina de Fiscalidad Internacional y de la Agencia de Propiedad Inmobiliaria".
"En base a lo anterior y a las cifras" incautadas a Salvadó, "se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, se han dispuesto efectivamente". Y es que "la activación de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal y se ha realizado una buena parte del despliegue territorial de la Agencia Tributaria y se ha incrementado la plantilla hasta 700 personas".
Plena soberanía fiscal
"Por tanto y sin que pueda ratificarse fehacientemente, cabe pensar que se han invertido parte de los recursos previstos para el desarrollo del Código Tributario, que se habían fijado en 200.000 euros; para el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal que tenían un coste conjunto de 7.800.000 euros; para el despliegue territorial de la administración Tributaria presupuestado en 4.500.000 euros; y para la implementación del sistema e-SPRIU, estimado en 4.923.848 euros".
"En resumen", concluyen los investigadores, "se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán".
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Ya lo creo que se puede explicar: que hay testigos que mienten.
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Puchi en la versión moderna de Abraham, jajaja
«En Catalunya hemos visto a Israel como un proyecto nacional y cultural muy parecido: una nación perseguida, que ha tenido que proteger su lengua, que ha tenido que luchar contra grandes, grandes, incluso imperios que han intentado neutralizarla"
Reacciones a la megatonteria de Puchi:
La comunidad judía da la espalda a Puigdemont
“¿Qué tiene que ver la falacia separatista con Israel?”, se pregunta el lobby ACOM, que recuerda el boicot de la CUP, "socia del expresidente", a la selección femenina israelí de waterpolo
Zaaaaaaaaaaaaaasss entoalaboca!!!
«En Catalunya hemos visto a Israel como un proyecto nacional y cultural muy parecido: una nación perseguida, que ha tenido que proteger su lengua, que ha tenido que luchar contra grandes, grandes, incluso imperios que han intentado neutralizarla"
Reacciones a la megatonteria de Puchi:
La comunidad judía da la espalda a Puigdemont
“¿Qué tiene que ver la falacia separatista con Israel?”, se pregunta el lobby ACOM, que recuerda el boicot de la CUP, "socia del expresidente", a la selección femenina israelí de waterpolo
Zaaaaaaaaaaaaaasss entoalaboca!!!
No me interrumpa»: el juez Marchena impide que el «rufianismo» se adueñe del juicio del «procés»
https://www.abc.es/espana/abci-juez...nismo-aduene-juicio-201903010159_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juez...nismo-aduene-juicio-201903010159_noticia.html
Urkullu contra Colau
El testimonio del lendakari contradijo a la alcaldesa de Barcelona y tiró por tierra el relato de los que se sientan en el banquillo sobre la consulta y la declaración de independencia
Pedro García Cuartango
MadridActualizado:01/03/2019 08:31h10Por qué amo a Spinoza
El 4 de mayo de 1915 un devastador incendio destruyó el Palacio de las Salesas, que ya albergaba el Tribunal Supremo. Las llamas se propagaron por las techumbres de madera del edificio, provocando el hundimiento del tejado. La humareda se pudo ver desde buena parte de Madrid.
Dicen las crónicas que un niño de ocho años, llamado Guillermo Valle, que estaba asomado a un balcón de la calle Bárbara de Braganza, fue el primero en avistar el incendio. «¡Fuego!», gritó.
Pese a la intensidad de las llamas, que redujeron a cenizas el edificio, sólo hubo una víctima mortal: el secretario judicial José María Armada, que falleció al darse un golpe en la cabeza cuando estaba sacando papeles de un despacho.
Alfonso XIII, que estaba cazando pichones en la Casa de Campo, se desplazó esa tarde para visitar el lugar cuando todavía los bomberos intentaban extinguir el fuego.
El Palacio de las Salesas fue reconstruido, aunque las obras se prolongaron hasta 1925. El Salón de Plenos donde se celebra el juicio contra los líderes independentistas está coronado por un fresco de Marceliano Santa María, datado en 1924, que representa a la diosa Justicia que tira de dos caballos blancos encabritados.
la comitiva judicial el 20 de septiembre como una multitud beatífica, ejemplo de civismo y fraternidad.
Y Ada Colau, desde una falsa equidistancia, no perdió la oportunidad de lanzar un alegato para criminalizar el Estado de Derecho, culpando al Gobierno de Rajoy de haber creado «un estado de excepción» en Cataluña.
«Si por la consulta del 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas», subrayó tras señalar que ese día se celebró una fiesta cívica.
La declaración de la alcaldesa de Barcelona resulta muy difícil de sustentar tras el testimonio de Iñigo Urkullu, que dijo tres cosas muy relevantes que contradicen el relato del independentismo y de la propia Colau.
La primera es que tanto la consulta del 1 de octubre como la declaración unilateral de independencia eran ilegales. «Nunca defendí un referendum de autodeterminación», aseveró. Y luego precisó que dicha declaración carecía de valor jurídico porque se había producido al margen de la ley.
En segundo término, el lendakari afirmó que él no medió entre Rajoy y Puigdemont en ningún momento porque el presidente del Gobierno no aceptaba esa figura. Según su versión, se limitó a facilitar la comunicación entre las partes.
Y tercero, y no menos importante, explicó que en la madrugada del 26 de octubre Puigdemont había decidido disolver el Parlament y convocar elecciones. Horas después, rectificó debido a «las presiones populares» y las de algunos dirigentes de Junts Pel Sí.
Ello desmonta el relato épico del propio Puigdemont, que presentó la declaración unilateral como la culminación de un proceso y que siempre ha sostenido que hubo una negociación política con Rajoy. Según el testimonio de Urkullu, Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones si Rajoy le garantizaba que no iba a aplicar el artículo 155, lo que no sucedió.
Estas revelaciones de Urkullu son probablemente irrelevantes en el proceso penal contra los líderes independentistas, pero demuestran que siempre supieron que el Gobierno no estaba dispuesto a negociar el derecho de autodeterminación ni a aceptar un cambalache que les eximiera de sus responsabilidades penales.
Lo más llamativo es que Urkullu acudió ayer al Supremo a petición de la defensa de Jordi Turull y que el abogado que le interrogó fue Quico Homs, mano derecha de Artur Mas. Por ello, como dice el refrán castellano, el tiro le salió por la culata.
La comparecencia de Urkullu cuestiona el tópico de que el único camino del nacionalismo es el quebrantamiento de la legalidad, como sostuvieron Junqueras, Romeva, Turull y Rull en sus declaraciones. El lendahari dejó bien claro que esas reivindicaciones sólo pueden articularse dentro del respeto a la ley y mediante un pacto con el Estado.
Esas palabras resonaron ayer en esa sala donde la diosa Justicia sigue velando por el cumplimiento de una ley que el independentismo desprecia y que vulnera bajo un pretendido «mandato democrático». Un relato que cada día que pasa pierde crédito
El testimonio del lendakari contradijo a la alcaldesa de Barcelona y tiró por tierra el relato de los que se sientan en el banquillo sobre la consulta y la declaración de independencia
Pedro García Cuartango
MadridActualizado:01/03/2019 08:31h10Por qué amo a Spinoza
El 4 de mayo de 1915 un devastador incendio destruyó el Palacio de las Salesas, que ya albergaba el Tribunal Supremo. Las llamas se propagaron por las techumbres de madera del edificio, provocando el hundimiento del tejado. La humareda se pudo ver desde buena parte de Madrid.
Dicen las crónicas que un niño de ocho años, llamado Guillermo Valle, que estaba asomado a un balcón de la calle Bárbara de Braganza, fue el primero en avistar el incendio. «¡Fuego!», gritó.
Pese a la intensidad de las llamas, que redujeron a cenizas el edificio, sólo hubo una víctima mortal: el secretario judicial José María Armada, que falleció al darse un golpe en la cabeza cuando estaba sacando papeles de un despacho.
Alfonso XIII, que estaba cazando pichones en la Casa de Campo, se desplazó esa tarde para visitar el lugar cuando todavía los bomberos intentaban extinguir el fuego.
El Palacio de las Salesas fue reconstruido, aunque las obras se prolongaron hasta 1925. El Salón de Plenos donde se celebra el juicio contra los líderes independentistas está coronado por un fresco de Marceliano Santa María, datado en 1924, que representa a la diosa Justicia que tira de dos caballos blancos encabritados.
la comitiva judicial el 20 de septiembre como una multitud beatífica, ejemplo de civismo y fraternidad.
Y Ada Colau, desde una falsa equidistancia, no perdió la oportunidad de lanzar un alegato para criminalizar el Estado de Derecho, culpando al Gobierno de Rajoy de haber creado «un estado de excepción» en Cataluña.
«Si por la consulta del 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas», subrayó tras señalar que ese día se celebró una fiesta cívica.
La declaración de la alcaldesa de Barcelona resulta muy difícil de sustentar tras el testimonio de Iñigo Urkullu, que dijo tres cosas muy relevantes que contradicen el relato del independentismo y de la propia Colau.
La primera es que tanto la consulta del 1 de octubre como la declaración unilateral de independencia eran ilegales. «Nunca defendí un referendum de autodeterminación», aseveró. Y luego precisó que dicha declaración carecía de valor jurídico porque se había producido al margen de la ley.
En segundo término, el lendakari afirmó que él no medió entre Rajoy y Puigdemont en ningún momento porque el presidente del Gobierno no aceptaba esa figura. Según su versión, se limitó a facilitar la comunicación entre las partes.
Y tercero, y no menos importante, explicó que en la madrugada del 26 de octubre Puigdemont había decidido disolver el Parlament y convocar elecciones. Horas después, rectificó debido a «las presiones populares» y las de algunos dirigentes de Junts Pel Sí.
Ello desmonta el relato épico del propio Puigdemont, que presentó la declaración unilateral como la culminación de un proceso y que siempre ha sostenido que hubo una negociación política con Rajoy. Según el testimonio de Urkullu, Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones si Rajoy le garantizaba que no iba a aplicar el artículo 155, lo que no sucedió.
Estas revelaciones de Urkullu son probablemente irrelevantes en el proceso penal contra los líderes independentistas, pero demuestran que siempre supieron que el Gobierno no estaba dispuesto a negociar el derecho de autodeterminación ni a aceptar un cambalache que les eximiera de sus responsabilidades penales.
Lo más llamativo es que Urkullu acudió ayer al Supremo a petición de la defensa de Jordi Turull y que el abogado que le interrogó fue Quico Homs, mano derecha de Artur Mas. Por ello, como dice el refrán castellano, el tiro le salió por la culata.
La comparecencia de Urkullu cuestiona el tópico de que el único camino del nacionalismo es el quebrantamiento de la legalidad, como sostuvieron Junqueras, Romeva, Turull y Rull en sus declaraciones. El lendahari dejó bien claro que esas reivindicaciones sólo pueden articularse dentro del respeto a la ley y mediante un pacto con el Estado.
Esas palabras resonaron ayer en esa sala donde la diosa Justicia sigue velando por el cumplimiento de una ley que el independentismo desprecia y que vulnera bajo un pretendido «mandato democrático». Un relato que cada día que pasa pierde crédito
SE CORRIÓ EL RIESGO DE APLICACIÓN DEL ESTADO DE SITIO
Urkullu perjudica a las defensas y revela que la presión callejera precipitó la DUI
Dijo haber actuado como"intercesor" o "enlace" y detalló al milímetro sus conversaciones con Rajoy y Puigdemont
Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo del lendakari Iñigo Urkullu. (EFE)
BEATRIZ PARERA
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TIEMPO DE LECTURA5 min
01/03/2019 05:00 - ACTUALIZADO: 01/03/2019 08:04
El lendakari Iñigo Urkullu dio este jueves en el Tribunal Supremo un recital de concreción. Tanta, que su testimonio se volvió contra las defensas, responsables de su presencia en el juicio del 'procés'. Acudió a solicitud del 'exconseller' Josep Rull, pero su declaración, repleta de detalles, ofreció al menos dos datos esenciales que no favorecen a los acusados. Desveló, por ejemplo, que fue la presión de la calle la que empujó a Carles Puigdemont a dar marcha atrás en su intención de convocar elecciones anticipadas y habló de que, en aquellas fechas, se corrió el riesgo de aplicación del artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.
Urkullu diseccionó ante la sala su mediación, que no quiso calificar como tal. Usó la palabra "intercesor" o "enlace" y dijo que fue el 'expresident' el que le pidió que adoptara este papel. En julio de 2017 mantuvo un encuentro con Mariano Rajoy, el mismo que se resistió un día antes y desde la misma silla a reconocerle como la persona que trató de contribuir a un arreglo pactado. Hubo también una conversación telefónica. Todo para tratar de escapar tanto de la declaración unilateral de independencia como del 155. No fue posible.
Urkullu: "A Puigdemont le planteé que huyera de la DUI y a Rajoy, del 155"
Encontró en el 'expresident' Puigdemont "una actitud absolutamente receptiva" que le llevó a pensar que había logrado apagar el fuego de los días posteriores al referéndum del 1 de octubre. Eso lo dejó muy claro. Nunca medió o intercedió para que se permitiera la celebración de esa votación. Su entrada en escena se produjo 'a posteriori' y alcanzó su punto máximo de éxito en el acuerdo que se adoptó la madrugada del 25 al 26 de octubre. Pero, en horas, con España entera pendiente de la decisión, todo se rompió.
Mantuvo conversaciones con Puigdemont el día 26 por la mañana, una hora antes de la hora fijada en un inicio para comparecer ante los medios de comunicación. La declaración pública, no obstante, se pospuso hasta que a las 14:00 de ese día 26 de octubre llegó el fracaso. "Él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts Pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa madrugada de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo 155", explicó ante la sala.
El escenario del estado de sitio
Urkullu tampoco soslayó uno de los temas de especial interés para las defensas: si hubo una intención por parte del Estado central de reaccionar de forma proporcional a algo tan grave como una rebelión. Pese a indicar que Rajoy nunca le confirmó una intención real de aplicar el estado de excepción y sitio, la amenaza del 116 flotaba en el ambiente. "Téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba incluso, se comunicaba, se hicieron planteamientos públicos de la suspensión de la autonomía catalana", indicó.
Urkullu: "Le dije a Rajoy que las cosas se estaban yendo de las manos"
"Hubo también en esas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116", expuso ante la sala en otro disparo a la línea de flotación de las defensas. Hasta explicó que la cuestión le preocupaba especialmente y que temió que las cosas siguieran de la manera que se estaban conduciendo. "Hice la observación de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que había que medir mucho los pasos que había que dar para evitar la fractura social", manifestó.
La otra figura del día fue el opuesto al elevadísimo grado de detalle de Urkullu. El exministro Ignacio Zoido no convenció en un relato lleno de lagunas y en el que echó balones fuera sin asumir, ni precisar ni muchas veces recordar aspectos básicos del dispositivo policial desplegado en Cataluña tras el 20-S y antes del 1-O. Eludió la responsabilidad sobre las cargas del día de referéndum, que correspondían a "los operativos", es decir, al personal policial. Acotó el número de efectivos desplegados a 6.000 y trató de defender que su actuación fue "proporcionada". "En ocasiones, para restablecer el orden, hace falta usar la fuerza", manifestó.
Reumen de la tercera semana de juicio del 'procés'
Responsabilizó a los Mossos d' Esquadra y su dejación de lo sucedido pero, ni siquiera en este punto, estuvo afortunado. La fiscal Consuelo Madrigal llegó a hacerle cuatro preguntas y no logró sonsacarle una afirmación contundente tampoco sobre esta cuestión, más allá de la difusa afirmación de que el dispositivo de la policía autonómica era "absolutamente insuficiente". "Había dudas", reconoció, pero el coronel Pérez de los Cobos, que coordinaba los cuerpos, decía que al final cumplirían. Todo pese al mayor Trapero, que "no era muy colaborador y planteaba algunas reticencias
Urkullu perjudica a las defensas y revela que la presión callejera precipitó la DUI
Dijo haber actuado como"intercesor" o "enlace" y detalló al milímetro sus conversaciones con Rajoy y Puigdemont
Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo del lendakari Iñigo Urkullu. (EFE)
BEATRIZ PARERA
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01/03/2019 05:00 - ACTUALIZADO: 01/03/2019 08:04
El lendakari Iñigo Urkullu dio este jueves en el Tribunal Supremo un recital de concreción. Tanta, que su testimonio se volvió contra las defensas, responsables de su presencia en el juicio del 'procés'. Acudió a solicitud del 'exconseller' Josep Rull, pero su declaración, repleta de detalles, ofreció al menos dos datos esenciales que no favorecen a los acusados. Desveló, por ejemplo, que fue la presión de la calle la que empujó a Carles Puigdemont a dar marcha atrás en su intención de convocar elecciones anticipadas y habló de que, en aquellas fechas, se corrió el riesgo de aplicación del artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.
Urkullu diseccionó ante la sala su mediación, que no quiso calificar como tal. Usó la palabra "intercesor" o "enlace" y dijo que fue el 'expresident' el que le pidió que adoptara este papel. En julio de 2017 mantuvo un encuentro con Mariano Rajoy, el mismo que se resistió un día antes y desde la misma silla a reconocerle como la persona que trató de contribuir a un arreglo pactado. Hubo también una conversación telefónica. Todo para tratar de escapar tanto de la declaración unilateral de independencia como del 155. No fue posible.
Urkullu: "A Puigdemont le planteé que huyera de la DUI y a Rajoy, del 155"
Encontró en el 'expresident' Puigdemont "una actitud absolutamente receptiva" que le llevó a pensar que había logrado apagar el fuego de los días posteriores al referéndum del 1 de octubre. Eso lo dejó muy claro. Nunca medió o intercedió para que se permitiera la celebración de esa votación. Su entrada en escena se produjo 'a posteriori' y alcanzó su punto máximo de éxito en el acuerdo que se adoptó la madrugada del 25 al 26 de octubre. Pero, en horas, con España entera pendiente de la decisión, todo se rompió.
Mantuvo conversaciones con Puigdemont el día 26 por la mañana, una hora antes de la hora fijada en un inicio para comparecer ante los medios de comunicación. La declaración pública, no obstante, se pospuso hasta que a las 14:00 de ese día 26 de octubre llegó el fracaso. "Él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts Pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa madrugada de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo 155", explicó ante la sala.
El escenario del estado de sitio
Urkullu tampoco soslayó uno de los temas de especial interés para las defensas: si hubo una intención por parte del Estado central de reaccionar de forma proporcional a algo tan grave como una rebelión. Pese a indicar que Rajoy nunca le confirmó una intención real de aplicar el estado de excepción y sitio, la amenaza del 116 flotaba en el ambiente. "Téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba incluso, se comunicaba, se hicieron planteamientos públicos de la suspensión de la autonomía catalana", indicó.
Urkullu: "Le dije a Rajoy que las cosas se estaban yendo de las manos"
"Hubo también en esas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116", expuso ante la sala en otro disparo a la línea de flotación de las defensas. Hasta explicó que la cuestión le preocupaba especialmente y que temió que las cosas siguieran de la manera que se estaban conduciendo. "Hice la observación de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que había que medir mucho los pasos que había que dar para evitar la fractura social", manifestó.
La otra figura del día fue el opuesto al elevadísimo grado de detalle de Urkullu. El exministro Ignacio Zoido no convenció en un relato lleno de lagunas y en el que echó balones fuera sin asumir, ni precisar ni muchas veces recordar aspectos básicos del dispositivo policial desplegado en Cataluña tras el 20-S y antes del 1-O. Eludió la responsabilidad sobre las cargas del día de referéndum, que correspondían a "los operativos", es decir, al personal policial. Acotó el número de efectivos desplegados a 6.000 y trató de defender que su actuación fue "proporcionada". "En ocasiones, para restablecer el orden, hace falta usar la fuerza", manifestó.
Reumen de la tercera semana de juicio del 'procés'
Responsabilizó a los Mossos d' Esquadra y su dejación de lo sucedido pero, ni siquiera en este punto, estuvo afortunado. La fiscal Consuelo Madrigal llegó a hacerle cuatro preguntas y no logró sonsacarle una afirmación contundente tampoco sobre esta cuestión, más allá de la difusa afirmación de que el dispositivo de la policía autonómica era "absolutamente insuficiente". "Había dudas", reconoció, pero el coronel Pérez de los Cobos, que coordinaba los cuerpos, decía que al final cumplirían. Todo pese al mayor Trapero, que "no era muy colaborador y planteaba algunas reticencias
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Montar en su mente su particular película sobre lo sucedido.
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Es por el auge de la fabricación de bragas blancas de puro algodón, y de cuello vuelto.....
¡¡¡¡¡ OIGA !!!!!....que se las quitan de las manos.
Vivan las bragas de Mataró.
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A Don Gabriel Rufián "de Jaén", payaso oficial de ERC ....le cortaron la posibilidad de hacer, durante su comparecencia en el juicio como testigo, uno de sus numeritos de circo.
Pues que viva el que tuvo arrechos para impedírselo.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ver si toman nota en el Congreso de los Diputados.
Pues que viva el que tuvo arrechos para impedírselo.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ver si toman nota en el Congreso de los Diputados.
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