Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
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Sí, sí ha dado su apoyo. La cuenta de Twitter en cuestión (junto con la que la acompañaba en Fb) eran oficiales de Cs. Cuando el tuit de apoyo a Losantos comenzó a correr por Internet, el community manager de Cs borró ambas cuentas. Aquí te lo cuentan, con los correspondientes enlaces a la caché de Google, para que lo puedas ver por ti misma.No, Ciudadanos Igualada no ha dado su apoyo a Federico Jiménez Losantos
08/04/2018
Federico Jiménez Losantos llamaba el viernes desde su editorial en su programa en EsRadio a responder desde España a la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad al presidente Puigdemont. "En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Naturalmente propongo una acción. Claro que hay que reaccionar", decía, añadiendo que "en Baleares hay unos 200.000 rehenes alemanes".
Tras conocerse que sus declaraciones ya estaban en conocimiento de la policía de Munich, un perfil de Twitter que bajo el nick @Cs_Igualada se describía como cuenta oficial de Ciudadanos en la localidad barcelonesa de Igualada decía dar "todo su apoyo" al locutor: "Un gran periodista y mejor persona. Federico, no estás solo".
Nota bene: Esparroquí es un tuitero que ha destapado pufos gordos en twitter, como la identidad de Pastrana, el ínclito tuitero ultrafacha que resultó ser alcalde del PP en un pueblo aragonés y que se jactaba, entre otras lindezas, de adjudicar a dedo concesiones de obra pública. Cuando se destapó su identidad, bloqueó la cuenta 24 h y borró 5.000 tuits. En la actualidad, Pastrana tiene un carguito en el gobierno de Tabañordia y sigue siendo alcalde.
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ORDEN DE EXTRADICIÓN
Caso Puigdemont: El TJUE ya pidió “flexibilidad” en la interpretación de doble incriminación entre dos Estados
EL Tribunal Supremo intentará que la justicia alemana extradite a Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación (Carsten Koall / Getty)
CARLOTA GUINDAL
10/04/2018 01:37 | Actualizado a 10/04/2018 07:41
La decisión de un tribunal alemán de dejar en libertad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a pesar de la orden europea de detención remitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado ampollas en la Justicia española. Tanto es así que tanto el propio instructor como la Fiscalía están estudiando acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y plantear una cuestión prejudicial para que diga cómo se debe interpretar la decisión marco que determina la colaboración entre Estados miembro en la entrega de reclamados. A su favor cuentan con una sentencia del año pasado que ya estableció que tiene que haber “flexibilidad” entre Estados y que los elementos constitutivos de la infracción no tienen que ser “exactos”.
El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein acordó la semana pasada liberar a Puigdemont al entender que no se daban los requisitos para considerar que los hechos por los que es perseguido, y calificados en España como rebelión, puedan ser equiparables al delito de “alta traición” recogido en el Código Penal alemán, y en el que exige la violencia.
Dicho de otro modo, la Justicia alemana cree que la violencia producida el 1 de octubre durante la celebración del referéndum no fue suficiente para que tuviera capacidad de doblegar al Estado español y, por tanto, no se daría el delito de alta traición, equiparable al de rebelión.
La Justicia española cree que Alemania no ha interpretado correctamente las pruebas existentes contra Puigdemont y va a batallar hasta el final para conseguir que el expresidente catalán sea entregado para poder ser juzgado en España por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos.
No tiene que ser exacto
Entre sus opciones está la de acudir al TJUE para que diga cómo debe interpretarse la colaboración entre países. A su favor, cuenta con una sentencia de enero de 2017, conocido como el ‘caso Grundza’, en la que el tribunal con sede de Luxemburgo dictaminó que un país que cuenta con un reclamado por parte de otro Estado debe ser flexible a la hora de interpretar los hechos por los que una persona es perseguida para favorecer el reconocimiento entre ambos países.
En este caso, Eslovaquia planteó una cuestión prejudicial para que el tribunal estableciera cómo debía interpretar la doble incriminación en el convenio marco sobre ejecución de sentencias. En este caso, se estaba dilucidando si se debía ejecutar una sentencia de un ciudadano eslovaco condenado en República Checa al no encajar exactamente los hechos en el Código Penal eslovaco por los que había sido condenado.
Según fuentes jurídicas, el artículo que se ponía en cuestión en este asunto sobre la doble tipificación cuenta con el “mismo tenor literal” que el artículo 2.4 que establece el reconocimiento mutuo y la doble incriminación en la euroorden. Esta sentencia dice literalmente que “no se requiere una correspondencia exacta ni entre los elementos constitutivos de la infracción, ni en la denominación o clasificación de la referida infracción según los Derechos nacionales”.
Buscar el carácter general
El tribunal eslovaco que debía resolver si hacía cumplir la condena a Jozef Grundza por delitos de robo con violencia y de obstrucción a la ejecución de la resolución de una autoridad pública, al haber infringido la prohibición temporal de conducir que le había impuesto un juez checo, optó por preguntar al TJUE: “¿Deben interpretarse los artículos 7, apartado 3, y 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 […] en el sentido de que el requisito de la doble tipificación sólo se considera cumplido cuando los hechos sobre los que recae la resolución que ha de reconocerse constituyen, ‘in concreto’, es decir, sobre la base de una apreciación concreta de los hechos, un delito (sean cuales fueran sus elementos constitutivos o su calificación) también con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, o es suficiente, para que concurra ese requisito, que tales hechos constituyan con carácter general (’in abstracto’) también un delito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución?”.
Y el tribunal fue claro cuando sostuvo que “no es necesario que se traten de infracciones idénticas entre ambos Estados”. Así, recordó a Eslovaquia que la “apreciación de la doble tipificación debe ser flexible en lo que concierne tanto a los elementos constitutivos de la infracción como a la calificación de ésta”.
Da igual la calificación
Además, señalaba que al Estado ejecutor -es decir el que recibe el mandato de cumplir la orden por parte de la Justicia de un segundo país- “lo que le incumbe es comprobar si los hechos estarían sujetos a una sanción penal en el territorio del Estado ejecutor”.
Según fuentes jurídicas, en aplicación a esta sentencia, la Justicia alemana tendría que comprobar si los hechos por los que es reclamado Puigdemont son delictivos en su país. En ese caso, existía la doble incriminación necesaria para aplicar el reconocimiento mutuo entre dos Estados. Según el TJUE, la autoridad que tiene que ejecutar la resolución debe comprobar si las acciones analizadas “constituyen infracción en virtud de su Derecho nacional sea cuales fueron sus elementos constitutivos o la calificación de la misma”.
Jurisprudencia que lo avala
El TJUE, que probablemente acabe resolviendo sobre la entrega de Puigdemont, indicaba en esta sentencia que existe “reiterada jurisprudencia” de este tribunal que establece que “para interpretar una disposición del Derecho de la Unión Europea debe tener en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte”.
Caso Puigdemont: El TJUE ya pidió “flexibilidad” en la interpretación de doble incriminación entre dos Estados
- El tribunal europeo dictaminó en 2017 que “no es necesario que se trate de infracciones idénticas” para cumplir con el mandato judicial de otro país
EL Tribunal Supremo intentará que la justicia alemana extradite a Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación (Carsten Koall / Getty)
CARLOTA GUINDAL
10/04/2018 01:37 | Actualizado a 10/04/2018 07:41
La decisión de un tribunal alemán de dejar en libertad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a pesar de la orden europea de detención remitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado ampollas en la Justicia española. Tanto es así que tanto el propio instructor como la Fiscalía están estudiando acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y plantear una cuestión prejudicial para que diga cómo se debe interpretar la decisión marco que determina la colaboración entre Estados miembro en la entrega de reclamados. A su favor cuentan con una sentencia del año pasado que ya estableció que tiene que haber “flexibilidad” entre Estados y que los elementos constitutivos de la infracción no tienen que ser “exactos”.
El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein acordó la semana pasada liberar a Puigdemont al entender que no se daban los requisitos para considerar que los hechos por los que es perseguido, y calificados en España como rebelión, puedan ser equiparables al delito de “alta traición” recogido en el Código Penal alemán, y en el que exige la violencia.
Dicho de otro modo, la Justicia alemana cree que la violencia producida el 1 de octubre durante la celebración del referéndum no fue suficiente para que tuviera capacidad de doblegar al Estado español y, por tanto, no se daría el delito de alta traición, equiparable al de rebelión.
La Justicia española cree que Alemania no ha interpretado correctamente las pruebas existentes contra Puigdemont y va a batallar hasta el final para conseguir que el expresidente catalán sea entregado para poder ser juzgado en España por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos.
No tiene que ser exacto
Entre sus opciones está la de acudir al TJUE para que diga cómo debe interpretarse la colaboración entre países. A su favor, cuenta con una sentencia de enero de 2017, conocido como el ‘caso Grundza’, en la que el tribunal con sede de Luxemburgo dictaminó que un país que cuenta con un reclamado por parte de otro Estado debe ser flexible a la hora de interpretar los hechos por los que una persona es perseguida para favorecer el reconocimiento entre ambos países.
En este caso, Eslovaquia planteó una cuestión prejudicial para que el tribunal estableciera cómo debía interpretar la doble incriminación en el convenio marco sobre ejecución de sentencias. En este caso, se estaba dilucidando si se debía ejecutar una sentencia de un ciudadano eslovaco condenado en República Checa al no encajar exactamente los hechos en el Código Penal eslovaco por los que había sido condenado.
Según fuentes jurídicas, el artículo que se ponía en cuestión en este asunto sobre la doble tipificación cuenta con el “mismo tenor literal” que el artículo 2.4 que establece el reconocimiento mutuo y la doble incriminación en la euroorden. Esta sentencia dice literalmente que “no se requiere una correspondencia exacta ni entre los elementos constitutivos de la infracción, ni en la denominación o clasificación de la referida infracción según los Derechos nacionales”.
Buscar el carácter general
El tribunal eslovaco que debía resolver si hacía cumplir la condena a Jozef Grundza por delitos de robo con violencia y de obstrucción a la ejecución de la resolución de una autoridad pública, al haber infringido la prohibición temporal de conducir que le había impuesto un juez checo, optó por preguntar al TJUE: “¿Deben interpretarse los artículos 7, apartado 3, y 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 […] en el sentido de que el requisito de la doble tipificación sólo se considera cumplido cuando los hechos sobre los que recae la resolución que ha de reconocerse constituyen, ‘in concreto’, es decir, sobre la base de una apreciación concreta de los hechos, un delito (sean cuales fueran sus elementos constitutivos o su calificación) también con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, o es suficiente, para que concurra ese requisito, que tales hechos constituyan con carácter general (’in abstracto’) también un delito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución?”.
Y el tribunal fue claro cuando sostuvo que “no es necesario que se traten de infracciones idénticas entre ambos Estados”. Así, recordó a Eslovaquia que la “apreciación de la doble tipificación debe ser flexible en lo que concierne tanto a los elementos constitutivos de la infracción como a la calificación de ésta”.
Da igual la calificación
Además, señalaba que al Estado ejecutor -es decir el que recibe el mandato de cumplir la orden por parte de la Justicia de un segundo país- “lo que le incumbe es comprobar si los hechos estarían sujetos a una sanción penal en el territorio del Estado ejecutor”.
Según fuentes jurídicas, en aplicación a esta sentencia, la Justicia alemana tendría que comprobar si los hechos por los que es reclamado Puigdemont son delictivos en su país. En ese caso, existía la doble incriminación necesaria para aplicar el reconocimiento mutuo entre dos Estados. Según el TJUE, la autoridad que tiene que ejecutar la resolución debe comprobar si las acciones analizadas “constituyen infracción en virtud de su Derecho nacional sea cuales fueron sus elementos constitutivos o la calificación de la misma”.
Jurisprudencia que lo avala
El TJUE, que probablemente acabe resolviendo sobre la entrega de Puigdemont, indicaba en esta sentencia que existe “reiterada jurisprudencia” de este tribunal que establece que “para interpretar una disposición del Derecho de la Unión Europea debe tener en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte”.
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No podía falta Rafa Hernando ordenando a los jueces alemanes que rectifiquen, coniiiiioooo. Separación de poderes at its best.
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Cataluña es Jiménez Losantos, al que Terra Lliure secuestró y le acabó disparando en una pierna por defender que el español era una lengua también catalana https://t.co/r2UpEjFJjz
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Cataluña son los 14 000 profesores del sistema educativo catalán a los que expulsaron por no saber catalán (ni les dieron opción a aprenderlo). Y así los profesores nacionalistas fueron mayoritarios en la escuela catalana, tal como explica Antonio Robles https://t.co/XWp4IsKFuk
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El jefe de Internacional del Financial Times cita a España (junto con la Hungría de Orban, Eslovaquia, Malta, Polonia y otros países de la UE donde el estado de derecho está en peligro) como ejemplo de países democráticos en los que algo no funciona si tienen que recurrir a meter en prisión a políticos electos y no violentos. El artículo se titula "El autoritarismo de las periferias descompuestas pone en peligro los valores europeos".
Felicidades, España. A ojos del mundo financiero, ya sois un país autoritario y un peligro para la UE.
Authoritarians on the rotten fringes imperil European values
Viktor Orban’s victory in Hungary is the latest threat to the EU’s rule of law
https://www.ft.com/content/84b9a32e-3bd9-11e8-b9f9-de94fa33a81e
In an era when autocracy and corruption are on the march, the EU proudly proclaims that it stands for democracy and the rule of law. But while most of the bloc’s 28 members can still make that boast without blushing, an anti-democratic rot has set in on its fringes. If it is not treated, the rot will spread to the centre — and could eventually destroy the EU’s claim to be a community of values. The most obvious danger comes from Hungary. Viktor Orban has just regained power after a big election victory. But the Hungarian prime minister has already undermined other institutions fundamental to a free society — such as independent courts, a free press and non-governmental organisations that hold the government to account. Hungary is not the only problem. The government of Poland is being investigated by the European Commission for undermining the rule of law. In Slovakia and Malta, investigative journalists looking into corruption at the highest levels of government have recently been assassinated. In neither case has the murder been solved — although Robert Fico, the Slovakian prime minister, resigned. Meanwhile in the neighbouring Czech Republic, the prime minister is Andrej Babis, a billionaire and owner of two of the country’s largest newspapers — he is also under investigation for alleged fraud. Senior EU officials acknowledge that Bulgaria, which currently holds the rotating EU presidency, has a pervasive problem with organised crime. The Romanian government has clashed with Brussels over corruption. Many of these problems are festering in relatively small countries that do not feature regularly in the international headlines. Their governments know how to play the European game by mouthing the expected pieties. Mr Orban is slightly different because he seems to relish playing the role of authoritarian bad guy. The Hungarian leader’s vociferous opposition to Muslim migrants has also gained him an international profile and a fan club on the populist right. But the fundamental reason that Mr Orban is a threat to the EU does not lie in his hostility to refugees, or even in his violent rhetoric. It is the way in which his government is seeking to control the media, universities, courts and NGOs. At an EU summit in 2015, Mr Orban was greeted by Jean-Claude Juncker, the European Commission president, with a cheery “Hello, dictator”. But having an authoritarian leader around the EU table is no laughing matter. It has an immediate and damaging effect on the EU’s efforts to protect its values and enforce its rules. So EU efforts to censure Poland for violating the rule of law are likely to fail because Hungary will protect Poland and vice versa. Proposals to tie lucrative EU budget payments to respect for the rule of law are also likely to be shot down. An authoritarian bloc is forming within the ranks of a self-proclaimed club of democracies. Some EU politicians have sounded the alarm about events in Hungary. But others are complicit. Mr Orban’s Fidesz party has maintained its membership of the European People’s Party, the dominant grouping in the European Parliament — and that provides Hungary with valuable political support. Talk to Manfred Weber, the head of the EPP and president of the parliament, and he will smilingly tell you that “Viktor” has not yet crossed any red lines. That is a position that is hard to reconcile with the Council of Europe’s recent condemnation of Hungary’s “far-reaching restrictions on freedom of association in contravention of international human rights standards”. Some in western Europe now quietly lament the decision to vastly expand the membership of the EU, by admitting members of the former Soviet bloc. But it is complacent to believe that the older member states are in perfect political health. In Spain, more than 20 Catalan politicians could face long prison sentences for “rebellion”. The Spanish government insists that its courts are enforcing the rule of law — since the Catalan separatists have violated the Spanish constitution. But something has surely gone wrong in any democratic country that finds itself imprisoning non-violent, elected politicians. In Austria, the far-right Freedom Party is part of a coalition government, and has been accused of conducting a purge of a government agency. In Italy, the far-right League party is likely to join the government. Its leader, Matteo Salvini, is a vociferous admirer of both Mr Orban and Vladimir Putin — which raises the question of whether he will share their approach to the courts and the media. Of course, anybody making these observations from Britain (as I am), is vulnerable to charges of bad faith. So, to be clear, I do not think that the threats to democracy and the rule of law within the EU make the case for Brexit. Leaving the EU’s single market and customs union remains an act of epic self-harm by the UK. More important, the destruction of the EU would not improve prospects for democracy across Europe. On the contrary, it would remove many of the remaining restraints on instinctive authoritarians, such as Mr Orban. That is why so many of Europe’s rising authoritarians are also vociferously anti-EU. The worry is that they are gaining in influence — not just at home, but in Brussels.
Felicidades, España. A ojos del mundo financiero, ya sois un país autoritario y un peligro para la UE.
Authoritarians on the rotten fringes imperil European values
Viktor Orban’s victory in Hungary is the latest threat to the EU’s rule of law
https://www.ft.com/content/84b9a32e-3bd9-11e8-b9f9-de94fa33a81e
In an era when autocracy and corruption are on the march, the EU proudly proclaims that it stands for democracy and the rule of law. But while most of the bloc’s 28 members can still make that boast without blushing, an anti-democratic rot has set in on its fringes. If it is not treated, the rot will spread to the centre — and could eventually destroy the EU’s claim to be a community of values. The most obvious danger comes from Hungary. Viktor Orban has just regained power after a big election victory. But the Hungarian prime minister has already undermined other institutions fundamental to a free society — such as independent courts, a free press and non-governmental organisations that hold the government to account. Hungary is not the only problem. The government of Poland is being investigated by the European Commission for undermining the rule of law. In Slovakia and Malta, investigative journalists looking into corruption at the highest levels of government have recently been assassinated. In neither case has the murder been solved — although Robert Fico, the Slovakian prime minister, resigned. Meanwhile in the neighbouring Czech Republic, the prime minister is Andrej Babis, a billionaire and owner of two of the country’s largest newspapers — he is also under investigation for alleged fraud. Senior EU officials acknowledge that Bulgaria, which currently holds the rotating EU presidency, has a pervasive problem with organised crime. The Romanian government has clashed with Brussels over corruption. Many of these problems are festering in relatively small countries that do not feature regularly in the international headlines. Their governments know how to play the European game by mouthing the expected pieties. Mr Orban is slightly different because he seems to relish playing the role of authoritarian bad guy. The Hungarian leader’s vociferous opposition to Muslim migrants has also gained him an international profile and a fan club on the populist right. But the fundamental reason that Mr Orban is a threat to the EU does not lie in his hostility to refugees, or even in his violent rhetoric. It is the way in which his government is seeking to control the media, universities, courts and NGOs. At an EU summit in 2015, Mr Orban was greeted by Jean-Claude Juncker, the European Commission president, with a cheery “Hello, dictator”. But having an authoritarian leader around the EU table is no laughing matter. It has an immediate and damaging effect on the EU’s efforts to protect its values and enforce its rules. So EU efforts to censure Poland for violating the rule of law are likely to fail because Hungary will protect Poland and vice versa. Proposals to tie lucrative EU budget payments to respect for the rule of law are also likely to be shot down. An authoritarian bloc is forming within the ranks of a self-proclaimed club of democracies. Some EU politicians have sounded the alarm about events in Hungary. But others are complicit. Mr Orban’s Fidesz party has maintained its membership of the European People’s Party, the dominant grouping in the European Parliament — and that provides Hungary with valuable political support. Talk to Manfred Weber, the head of the EPP and president of the parliament, and he will smilingly tell you that “Viktor” has not yet crossed any red lines. That is a position that is hard to reconcile with the Council of Europe’s recent condemnation of Hungary’s “far-reaching restrictions on freedom of association in contravention of international human rights standards”. Some in western Europe now quietly lament the decision to vastly expand the membership of the EU, by admitting members of the former Soviet bloc. But it is complacent to believe that the older member states are in perfect political health. In Spain, more than 20 Catalan politicians could face long prison sentences for “rebellion”. The Spanish government insists that its courts are enforcing the rule of law — since the Catalan separatists have violated the Spanish constitution. But something has surely gone wrong in any democratic country that finds itself imprisoning non-violent, elected politicians. In Austria, the far-right Freedom Party is part of a coalition government, and has been accused of conducting a purge of a government agency. In Italy, the far-right League party is likely to join the government. Its leader, Matteo Salvini, is a vociferous admirer of both Mr Orban and Vladimir Putin — which raises the question of whether he will share their approach to the courts and the media. Of course, anybody making these observations from Britain (as I am), is vulnerable to charges of bad faith. So, to be clear, I do not think that the threats to democracy and the rule of law within the EU make the case for Brexit. Leaving the EU’s single market and customs union remains an act of epic self-harm by the UK. More important, the destruction of the EU would not improve prospects for democracy across Europe. On the contrary, it would remove many of the remaining restraints on instinctive authoritarians, such as Mr Orban. That is why so many of Europe’s rising authoritarians are also vociferously anti-EU. The worry is that they are gaining in influence — not just at home, but in Brussels.
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Os lo dije. Lo de Alemania ha hecho pupita, y esta semana y la siguiente toca apretarle las clavijas a los catalanes
La Guardia Civil detiene a dos líderes de los CDR por terrorismo y rebelión
Operación de la Audiencia Nacional contra los cabecillas de los Comités para la Defensa de la República (CDR) que coordinaron los cortes de carreteras y los ataques a peajes
La Guardia Civil detiene a dos líderes de los CDR por terrorismo y rebelión
Operación de la Audiencia Nacional contra los cabecillas de los Comités para la Defensa de la República (CDR) que coordinaron los cortes de carreteras y los ataques a peajes
¿Ya han juzgado a Monica Terribas y tantos otros por incitar a la violencia contra policía y guardia civil desde la radio catalana que pagamos todos los españoles?
Federico fue comunista cuando en este país no lo era ni el tato, cuando realmente te metían un puro. Todos los demás se apuntaron después al carro, cuando ya era legal y quedaba "progreguay" decir que se había luchado contra la dictadura (falseando su pasado).
Mira con quién estaban todos los separatistas entonces y sus familiares: Lamiendo las botas a Franco.
¿Los catalanes? Los que mejor recibían a Franco, se deshacían! Vascos y catalanes fueron los grandes beneficiados del franquismo.
Si alguien puede protestar es el resto de España.
- Estado
