Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
- AutorAl loro
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Igual que en Madrid.
Una de las razones, y de peso, por las que están montando este cirio en Cataluña es para ganar votos y permanecer en el poder. La corrupción estructural que se traen entre manos, el saqueo a las arcas públicas (87.000 millones de euros), la deuda gigantesca que no para de crecer... nada de eso importa.
Cuando los españolitos del "a por ellos" no tengan más que dos manos, una delante y otra detrás, que coman banderas rojigualdas, y que les aproveche el patriotismo.
¡Yo soy español, español! Pues los demás, otros muchos, también lo somos, pero no queremos seguir viendo al país en manos de ladrones despiadados y de votantes que lo toleran.
¡Qué vergüenza, qué tristeza y qué asco!
comparar.
Del lat. comparāre.
1. tr. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o su semejanza.
No se porque no se pueden comparar.
Puedes comparar dos razas de perros, dos móviles, dos ex jaja, no se pueden comparar dos ciudades?
No entiendo nada!
Bueno en fin, que Barcelona para mi es una ciudad mas, hasta tiene una plaza de España y todo muy muy bonita y grande(la segunda mas grande de España).
Y de los que mienten sobre Cataluña, son los más peligrosos.
Comentarios como el que haces no ayuda mucho
me requeteparto.
se debería retomar urgentemente la tradición ESPANOLA de tomar la fresca casi cada día un poquito. Calma la mente.
Keep Calm and toma la fresca.
me requeteparto.
se debería retomar urgentemente la tradición ESPANOLA de tomar la fresca casi cada día un poquito. Calma la mente.
Keep Calm and toma la fresca.
Si mejor calma la mente
Por qué se alejan Cataluña y Europa
os independentistas catalanes suelen apostar por la Unión Europea como vía para librarse de España, pero esa fórmula está llamada a provocar más frustración que reconocimiento. Los vasos comunicantes entre Madrid y Bruselas son tan fuertes legal y políticamente que el rechazo comunitario a un referéndum ilegal en Cataluña podría incluso alentar el euroescepticismo de una región cuyo encaje en la UE ya presenta rozaduras desde hace tiempo.
El nacionalismo catalán de los años 80, como el vasco, observaba a la UE como una aliada para vaciar de competencias a una administración central que se debilitaría progresivamente. La premisa se ha cumplido en parte y los gobiernos centrales han perdido, por ejemplo, el control de la política monetaria o la de competencia.
Pero el trasvase no ha sido siempre unívoco y casi nunca ha favorecido a las administraciones infraestatales. El afán armonizador de Bruselas a veces no casa bien con las diferencias legales dentro de cada Estado. En algún momento, llegó a estar incluso en peligro el Concierto fiscal vasco (que Cataluña podría reclamar) por una sentencia del Tribunal de la UE que hizo temblar más al gobierno de Vitoria que cualquier recurso de inconstitucionalidad.
El resultado ha sido un creciente desapego del nacionalismo hacia una Unión donde la capital del Estado lleva la voz cantante. Desapego que roza la ruptura entre ciertos independentistas catalanes, como revela la reciente quema de banderas europeas, un acto minoritario pero significativo.
"Cataluña no está aún en el momento del desgarro con Europa pero sí en el comienzo del dilema entre el europeísmo soñado que no llega y la renacionalización defensiva", señala una de las fuentes consultadas.
Y es que Cataluña, como otras regiones europeas con poderes legislativos, lleva años buscando acomodo en la estructura institucional de la UE, pero sin llegar a encontrarlo del todo. Lejos de ir hacia una Unión de regiones, como auguraban algunos analistas hace 20 años, la UE se ha afianzado como una Unión de Estados en la que las respectivas capitales son, casi siempre, el principal o único interlocutor de Bruselas.
La UE intentó dar voz a las autoridades infraestatales en 1994 con la creación del Comité de las Regiones como órgano consultivo de la UE. Un foro en el que se sientan 350 representantes de regiones de toda Europa (21 de España) y que debe emitir dictámenes sobre las propuestas legislativas en materia de educación, cultura, salud pública, redes transeuropeas (transporte, telecomunicaciones energía) y de cohesión económica social.
El Comité ha ido ganando atribuciones, como la posibilidad, introducida en el Tratado de Lisboa (2009), de denunciar ante el Tribunal de Justicia europea los casos en que se infrinja el principio de subsidiariedad."Pero desde hace años ni el gobierno catalán ni el vasco se sienten cómodos en un Comité donde conviven con otras regiones sin apenas poderes, como las suecas", comenta una fuente europea.
La UE también ha abierto vías de participación de las regiones en el Consejo de Ministros de la UE, el órgano decisorio y legislativo en que sientan los representantes de los 28 Estados miembros. Cada uno de los ocho estados con regiones con competencias legislativas ha buscado una fórmula para canalizar esa participación. La ofensiva para ese reconocimiento de las regiones en el Consejo corrió a cargo de Bélgica y Alemania, países con una estructura federal profunda.
En algunos casos, como Austria, los länder (regiones) pueden pactar una posición común que el gobierno central está obligado a defender en Bruselas (salvo en casos excepcionales relacionados con la política exterior o la integración europea), según detalla un reciente informe del centro de estudios del Parlamento Europeo. En el caso de Bélgica, por ejemplo, un gobierno regional puede asumir la representación de todo el Estado durante una negociación en el Consejo de Ministros de la UE.
En España, según ese inventario, el gobierno se compromete a tomar en cuenta "de manera decisiva" el punto de vista de las Comunidades Autónomas en materias que sean de su competencia exclusiva. Y una Comunidad Autónoma puede representar a España en el Consejo, pero no puede votar en su nombre.
La fórmula permite a un miembro del Gobern o de cualquier otro gobierno autonómico hablar en representación de España en el Consejo. Pero a ojos de ala más nacionalista, esa fórmula visualiza aun más la pertenencia de una región a España.
La precariedad de los canales de participación de las regiones y la renuencia a utilizarlos, ha mermado la capacidad de influencia de Cataluña y del resto de autonomías en Bruselas, una ciudad de la que emana casi el 80% de la legislación de los Estados miembros. Un informe del Comité de las Regiones calcula que el 70% de la legislación comunitaria tiene un impacto directo en el nivel [administrativo] local y regional de Europa. Además, una gran parte de esa legislación tiene que ser implementada por las regiones europeas".
Buena parte de esa normativa, además, impone una armonización que reduce el margen de maniobra de las autoridades locales. Fuentes nacionalistas acusan al Gobierno de "aprovechar la trasposición de las directivas europeas para llevar a cabo una renacionalización de competencias". Madrid asegura, sin embargo, que las normas solo pretenden garantizar la unidad de mercado para potenciar el crecimiento y el empleo.
Fuentes europeas sostienen n que Cataluña dispone de capacidad de influiir y hacerse oír. "Depende de cómo gestionen sus competencias y de su habilidad en Bruselas", señalan. Y recuerdan que una buena parte de los fondos regionales europeos, como los de agricultura o investigación, "se gestionan casi de manera bilateral con la Generalitat". Y añaden que "Cataluña ya ha demostrado una gran capacidad para absorber directamente los fondos de I+D a través de consorcios organizados sin ninguna intervención de la administración central".
Esas fuentes atribuyen la frustración de una parte del establishment político catalán "al deseo de sentarse en el Consejo Europeo como un gobierno más". Una posibilidad que califican de "muy remota porque hay unas 75 regiones en Europa que podrían aspirar a lo mismo".
Otra fuente acusa a los nacionalistas catalanes, en particular de la antigua Convergencia, de haberse despistado en política europea y haber perdido la oportunidad de influir "a través de gobiernos de coalición en Madrid". Esa colaboración, que se pudo producir en ciertos momentos con González o Aznar, hubiera permitido a Cataluña marcar su posición de manera más clara en la agenda europea.
"Pero en aquel entonces, Europa se ocupaba de temas relativamente menores. Ahora, todos los asuntos trascendentes, desde la economía a la inmigración, pasan por Bruselas. Y para llegar allí hay que pasar por Madrid", concluye esa fuente. La tentación de saltarse a la capital española para llegar a la europea va a más pero los cauces para lograrlo siguen prácticamente cegados.
Logico a la CE no se la pude chantanjear
os independentistas catalanes suelen apostar por la Unión Europea como vía para librarse de España, pero esa fórmula está llamada a provocar más frustración que reconocimiento. Los vasos comunicantes entre Madrid y Bruselas son tan fuertes legal y políticamente que el rechazo comunitario a un referéndum ilegal en Cataluña podría incluso alentar el euroescepticismo de una región cuyo encaje en la UE ya presenta rozaduras desde hace tiempo.
El nacionalismo catalán de los años 80, como el vasco, observaba a la UE como una aliada para vaciar de competencias a una administración central que se debilitaría progresivamente. La premisa se ha cumplido en parte y los gobiernos centrales han perdido, por ejemplo, el control de la política monetaria o la de competencia.
Pero el trasvase no ha sido siempre unívoco y casi nunca ha favorecido a las administraciones infraestatales. El afán armonizador de Bruselas a veces no casa bien con las diferencias legales dentro de cada Estado. En algún momento, llegó a estar incluso en peligro el Concierto fiscal vasco (que Cataluña podría reclamar) por una sentencia del Tribunal de la UE que hizo temblar más al gobierno de Vitoria que cualquier recurso de inconstitucionalidad.
El resultado ha sido un creciente desapego del nacionalismo hacia una Unión donde la capital del Estado lleva la voz cantante. Desapego que roza la ruptura entre ciertos independentistas catalanes, como revela la reciente quema de banderas europeas, un acto minoritario pero significativo.
"Cataluña no está aún en el momento del desgarro con Europa pero sí en el comienzo del dilema entre el europeísmo soñado que no llega y la renacionalización defensiva", señala una de las fuentes consultadas.
Y es que Cataluña, como otras regiones europeas con poderes legislativos, lleva años buscando acomodo en la estructura institucional de la UE, pero sin llegar a encontrarlo del todo. Lejos de ir hacia una Unión de regiones, como auguraban algunos analistas hace 20 años, la UE se ha afianzado como una Unión de Estados en la que las respectivas capitales son, casi siempre, el principal o único interlocutor de Bruselas.
La UE intentó dar voz a las autoridades infraestatales en 1994 con la creación del Comité de las Regiones como órgano consultivo de la UE. Un foro en el que se sientan 350 representantes de regiones de toda Europa (21 de España) y que debe emitir dictámenes sobre las propuestas legislativas en materia de educación, cultura, salud pública, redes transeuropeas (transporte, telecomunicaciones energía) y de cohesión económica social.
El Comité ha ido ganando atribuciones, como la posibilidad, introducida en el Tratado de Lisboa (2009), de denunciar ante el Tribunal de Justicia europea los casos en que se infrinja el principio de subsidiariedad."Pero desde hace años ni el gobierno catalán ni el vasco se sienten cómodos en un Comité donde conviven con otras regiones sin apenas poderes, como las suecas", comenta una fuente europea.
La UE también ha abierto vías de participación de las regiones en el Consejo de Ministros de la UE, el órgano decisorio y legislativo en que sientan los representantes de los 28 Estados miembros. Cada uno de los ocho estados con regiones con competencias legislativas ha buscado una fórmula para canalizar esa participación. La ofensiva para ese reconocimiento de las regiones en el Consejo corrió a cargo de Bélgica y Alemania, países con una estructura federal profunda.
En algunos casos, como Austria, los länder (regiones) pueden pactar una posición común que el gobierno central está obligado a defender en Bruselas (salvo en casos excepcionales relacionados con la política exterior o la integración europea), según detalla un reciente informe del centro de estudios del Parlamento Europeo. En el caso de Bélgica, por ejemplo, un gobierno regional puede asumir la representación de todo el Estado durante una negociación en el Consejo de Ministros de la UE.
En España, según ese inventario, el gobierno se compromete a tomar en cuenta "de manera decisiva" el punto de vista de las Comunidades Autónomas en materias que sean de su competencia exclusiva. Y una Comunidad Autónoma puede representar a España en el Consejo, pero no puede votar en su nombre.
La fórmula permite a un miembro del Gobern o de cualquier otro gobierno autonómico hablar en representación de España en el Consejo. Pero a ojos de ala más nacionalista, esa fórmula visualiza aun más la pertenencia de una región a España.
La precariedad de los canales de participación de las regiones y la renuencia a utilizarlos, ha mermado la capacidad de influencia de Cataluña y del resto de autonomías en Bruselas, una ciudad de la que emana casi el 80% de la legislación de los Estados miembros. Un informe del Comité de las Regiones calcula que el 70% de la legislación comunitaria tiene un impacto directo en el nivel [administrativo] local y regional de Europa. Además, una gran parte de esa legislación tiene que ser implementada por las regiones europeas".
Buena parte de esa normativa, además, impone una armonización que reduce el margen de maniobra de las autoridades locales. Fuentes nacionalistas acusan al Gobierno de "aprovechar la trasposición de las directivas europeas para llevar a cabo una renacionalización de competencias". Madrid asegura, sin embargo, que las normas solo pretenden garantizar la unidad de mercado para potenciar el crecimiento y el empleo.
Fuentes europeas sostienen n que Cataluña dispone de capacidad de influiir y hacerse oír. "Depende de cómo gestionen sus competencias y de su habilidad en Bruselas", señalan. Y recuerdan que una buena parte de los fondos regionales europeos, como los de agricultura o investigación, "se gestionan casi de manera bilateral con la Generalitat". Y añaden que "Cataluña ya ha demostrado una gran capacidad para absorber directamente los fondos de I+D a través de consorcios organizados sin ninguna intervención de la administración central".
Esas fuentes atribuyen la frustración de una parte del establishment político catalán "al deseo de sentarse en el Consejo Europeo como un gobierno más". Una posibilidad que califican de "muy remota porque hay unas 75 regiones en Europa que podrían aspirar a lo mismo".
Otra fuente acusa a los nacionalistas catalanes, en particular de la antigua Convergencia, de haberse despistado en política europea y haber perdido la oportunidad de influir "a través de gobiernos de coalición en Madrid". Esa colaboración, que se pudo producir en ciertos momentos con González o Aznar, hubiera permitido a Cataluña marcar su posición de manera más clara en la agenda europea.
"Pero en aquel entonces, Europa se ocupaba de temas relativamente menores. Ahora, todos los asuntos trascendentes, desde la economía a la inmigración, pasan por Bruselas. Y para llegar allí hay que pasar por Madrid", concluye esa fuente. La tentación de saltarse a la capital española para llegar a la europea va a más pero los cauces para lograrlo siguen prácticamente cegados.
Logico a la CE no se la pude chantanjear
Si, calma la mente y desmonta el drama show en un plis plas.
Es la manera española de meditar, muy sano, de toda la vida.
Las cuatro mentiras del independentismo a los empresarios
A los suyos les prometían una independencia exprés imposible. A los temerosos les decían que nunca romperían la legalidad.
Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.
Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.
Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de "escenarios institucionales alternativos". No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.
Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política
El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de la independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.
Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.
Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprés anunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma "suprema" supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del "sí", así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos ("el primer derecho", llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.
Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.
Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: "Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada".
De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.
Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.
A los suyos les prometían una independencia exprés imposible. A los temerosos les decían que nunca romperían la legalidad.
Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.
Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.
Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de "escenarios institucionales alternativos". No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.
Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política
El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de la independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.
Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.
Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprés anunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma "suprema" supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del "sí", así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos ("el primer derecho", llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.
Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.
Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: "Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada".
De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.
Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.
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