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Además de elevar el nivel de trabajo, incrementar la productividad será el segundo gran reto laboral de la próxima legislatura
El Gobierno en funciones está decidido a aprobar una reforma de las políticas activas de empleo en la próxima legislatura, si consigue reeditar el Ejecutivo de coalición, para conseguir que los 2,7 millones de desempleados que hay en el país tengan incentivos a reincorporarse al mercado laboral.
Lo confirmaron ayer tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. El punto de partida está en que parte de los parados que hay en España no encuentran alicientes para volver a trabajar mientras están cobrando la prestación; es decir, cuando están sin trabajar y cobrando el paro a veces rechazan puestos de trabajo porque consideran que les resulta más beneficioso mantener su tiempo libre y estar percibiendo una prestación, que destinar parte de la jornada a trabajar a cambio de un sueldo que en ocasiones no les parece suficiente. Ponen en una balanza ambas posibilidades y optan por el desempleo.
Esta es una de las razones que explican porqué habiendo casi tres millones de parados en el país, hay muchas empresas con vacantes sin cubrir que no encuentran trabajadores. ¿Cómo evitarlo? El Gobierno quiere seguir la recomendación que hizo la semana pasada la OCDE y hacer que las prestaciones por desempleo sean compatibles con un salario, de forma que una persona que esté cobrando el paro y a la que le ofrezcan un puesto de trabajo, pueda ingresar el primer mes el 100% de su nuevo sueldo más una parte de la prestación (por ejemplo, el 85%). Esa proporción irá bajando a medida que pasen los meses hasta que la prestación se deje de percibir, pero habrá un periodo de tiempo en el que el trabajador cobre ambas. Tendrá así un acicate para aceptar el empleo, ya que sus ingresos se duplicarán por hacerlo.
"Está pendiente la reforma del nivel asistencial de empleo y ahí se prevé expresamente garantizar el subsidio de desempleo en compatibilidad con el trabajo. Hay muchas formas de hacerlo, pero habrá que establecer cuál es la más adecuada", apuntó ayer el secretario de Estado.
"Una de las reformas que están pendientes es la revisión de todos los instrumentos de políticas activas de empleo para, entre otras medidas, como hemos hecho con el Ingreso Mínimo Vital, crear incentivos al empleo y eliminar cualquier posible desincentivo. Es uno de los temas que tendremos que impulsar efectivamente en la próxima legislatura", confirmó también Calviño durante su intervención en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que recalcó que alcanzar el pleno empleo es uno de los retos de la legislatura.
Sobre la mesa también hay propuestas como endurecer las razones por las que un beneficiario puede perder el derecho a cobrar la prestación, como por ejemplo limitar el número de veces que puede rechazar una oferta proveniente del servicio público de empleo. La OCDE ya ha señalado a España como uno de los países menos estrictos de la UE y recomendó revisar estos criterios para reducir la tasa de desempleo.
La productividad lleva dos décadas estancada en España y elevarla sería imprescindible para afrontar medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reducción de la jornada laboral que el Ejecutivo quiere aprobar por ley. Según Calviño, la productividad "está empezando a aumentar ahora", por las reformas estructurales aprobadas, y confía en que siga al alza gracias a nuevas políticas de cualificación, más inversión en capital humano y a la revolución tecnológica. "Nuestro objetivo es aumentar la productividad y que eso nos permita seguir mejorando los niveles salariales en nuestro país", lo que afectaría tanto al salario medio como al SMI -en tanto que debe mantenerse la relación del 60% con el primero-.
Además, si el Gobierno quiere reducir las horas trabajadas en el país sin que eso se traduzca directamente en una caída proporcional del Producto Interior Bruto (PIB), será necesario que la productividad crezca considerablemente, ya que la relación entre las horas de trabajo y el PIB es prácticamente equivalente.
En cualquier caso, Calviño enfrió ayer la posibilidad de que el Gobierno reduzca por ley el tiempo máximo de trabajo de 40 a 37,4 horas sin negociarlo antes en el diálogo social, sabiendo que la patronal se opone frontalmente. "La complicidad y el marco de colaboración que hemos establecido con los agentes sociales ha permitido a nuestro país abordar un proceso de reformas y dar una respuesta a la guerra y la pandemia con paz social y en esta misma línea tenemos que seguir. El compromiso del Gobierno con el diálogo social es imparable y en esa misma línea vamos a seguir, aseguró, pese a que el acuerdo entre PSOE y Sumar no menciona la opción de consensuarlo.
El Gobierno en funciones está decidido a aprobar una reforma de las políticas activas de empleo en la próxima legislatura, si consigue reeditar el Ejecutivo de coalición, para conseguir que los 2,7 millones de desempleados que hay en el país tengan incentivos a reincorporarse al mercado laboral.
Lo confirmaron ayer tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. El punto de partida está en que parte de los parados que hay en España no encuentran alicientes para volver a trabajar mientras están cobrando la prestación; es decir, cuando están sin trabajar y cobrando el paro a veces rechazan puestos de trabajo porque consideran que les resulta más beneficioso mantener su tiempo libre y estar percibiendo una prestación, que destinar parte de la jornada a trabajar a cambio de un sueldo que en ocasiones no les parece suficiente. Ponen en una balanza ambas posibilidades y optan por el desempleo.
Esta es una de las razones que explican porqué habiendo casi tres millones de parados en el país, hay muchas empresas con vacantes sin cubrir que no encuentran trabajadores. ¿Cómo evitarlo? El Gobierno quiere seguir la recomendación que hizo la semana pasada la OCDE y hacer que las prestaciones por desempleo sean compatibles con un salario, de forma que una persona que esté cobrando el paro y a la que le ofrezcan un puesto de trabajo, pueda ingresar el primer mes el 100% de su nuevo sueldo más una parte de la prestación (por ejemplo, el 85%). Esa proporción irá bajando a medida que pasen los meses hasta que la prestación se deje de percibir, pero habrá un periodo de tiempo en el que el trabajador cobre ambas. Tendrá así un acicate para aceptar el empleo, ya que sus ingresos se duplicarán por hacerlo.
"Está pendiente la reforma del nivel asistencial de empleo y ahí se prevé expresamente garantizar el subsidio de desempleo en compatibilidad con el trabajo. Hay muchas formas de hacerlo, pero habrá que establecer cuál es la más adecuada", apuntó ayer el secretario de Estado.
"Una de las reformas que están pendientes es la revisión de todos los instrumentos de políticas activas de empleo para, entre otras medidas, como hemos hecho con el Ingreso Mínimo Vital, crear incentivos al empleo y eliminar cualquier posible desincentivo. Es uno de los temas que tendremos que impulsar efectivamente en la próxima legislatura", confirmó también Calviño durante su intervención en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que recalcó que alcanzar el pleno empleo es uno de los retos de la legislatura.
Sobre la mesa también hay propuestas como endurecer las razones por las que un beneficiario puede perder el derecho a cobrar la prestación, como por ejemplo limitar el número de veces que puede rechazar una oferta proveniente del servicio público de empleo. La OCDE ya ha señalado a España como uno de los países menos estrictos de la UE y recomendó revisar estos criterios para reducir la tasa de desempleo.
SUBIR LA PRODUCTIVIDAD
Junto a la mejora de las tasas de empleo, España debería incrementar su productividad para conseguir recortar la brecha de renta per cápita que tiene con otros países de la UE. "La falta de convergencia en el nivel de renta per cápita con la Eurozona ha venido determinada, fundamentalmente, por la persistencia en el tiempo de dos deficiencias bien conocidas de la economía española: una baja productividad y una tasa de empleo reducida", recalcó ayer Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España.La productividad lleva dos décadas estancada en España y elevarla sería imprescindible para afrontar medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reducción de la jornada laboral que el Ejecutivo quiere aprobar por ley. Según Calviño, la productividad "está empezando a aumentar ahora", por las reformas estructurales aprobadas, y confía en que siga al alza gracias a nuevas políticas de cualificación, más inversión en capital humano y a la revolución tecnológica. "Nuestro objetivo es aumentar la productividad y que eso nos permita seguir mejorando los niveles salariales en nuestro país", lo que afectaría tanto al salario medio como al SMI -en tanto que debe mantenerse la relación del 60% con el primero-.
Además, si el Gobierno quiere reducir las horas trabajadas en el país sin que eso se traduzca directamente en una caída proporcional del Producto Interior Bruto (PIB), será necesario que la productividad crezca considerablemente, ya que la relación entre las horas de trabajo y el PIB es prácticamente equivalente.
En cualquier caso, Calviño enfrió ayer la posibilidad de que el Gobierno reduzca por ley el tiempo máximo de trabajo de 40 a 37,4 horas sin negociarlo antes en el diálogo social, sabiendo que la patronal se opone frontalmente. "La complicidad y el marco de colaboración que hemos establecido con los agentes sociales ha permitido a nuestro país abordar un proceso de reformas y dar una respuesta a la guerra y la pandemia con paz social y en esta misma línea tenemos que seguir. El compromiso del Gobierno con el diálogo social es imparable y en esa misma línea vamos a seguir, aseguró, pese a que el acuerdo entre PSOE y Sumar no menciona la opción de consensuarlo.
