Puertas giratorias:El bufete de Soraya S.S. reclama 1.300 millones de € a España por el recorte de Rajoy a las renovables.

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PUERTAS GIRATORIASEl bufete de Santamaría asesora a inversores que reclaman 1.300 millones a España por el recorte de Rajoy a las renovables
Cuatrecasas gestiona seis de las 30 demandas de inversores a España pendientes de resolución, relacionadas con el Tratado de la Carta de la Energía, y planteadas en respuesta a las modificaciones legales llevadas a cabo cuando Santamaría era vicepresidenta. El despacho defiende que su área de trabajo no está relacionada con esta materia.



La exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el presidente de Seat, Luca de Meo. EFE/Mariscal

La exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el presidente de Seat, Luca de Meo. EFE/Mariscal
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MADRID
23/11/2019 09:15 Actualizado: 23/11/2019 15:49
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel

El fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas ha sido muy cuestionado, empezando porque se produjo en marzo de 2019, cuando ni siquiera había pasado un año desde que se vio expulsada de la Vicepresidencia del Gobierno, vía moción de censura. Lo que entonces no se había cuantificado es que la exvicepresidenta pasaba a integrarse en el bufete español a cargo de más demandas de inversores contra el Estado por los recortes a las energías renovables, en su mayoría orquestados por el Gobierno de Mariano Rajoy, o que el despacho reclamaba compensaciones por valor de más de 1.800 millones de euros por el supuesto perjuicio económico causado por estos cambios normativos a las expectativas de negocio de estos inversores.

Hoy se sabe que el bufete, en cuyo Consejo de Administración se sienta Santamaría, asesora a inversores en seis de los 30 casos actualmente abiertos de demandas a España ante instancias arbitrales internacionales por esta cuestión. Estos organismos son la suerte de tribunales privados que promueven como blindaje a los inversores los tratados comerciales como el CETA o el sepultado TTIP. Dictan laudos de obligado cumplimiento, y sólo los fondos y multinacionales, y no los ciudadanos, pueden recurrir a ellos para demandar a estados. Para sustentar estos litigos, los inversores se acogen al Tratado de la Carta de la Energía -firmado en 1994-, que les permite reclamar compensaciones a los Estados que vulneren sus "expectativas legítimas" a la hora de invertir.


Los documentos consultados por el think tank Transnational Institute y por Público prueban que todos los casos que lleva este bufete, pero también la inmensa mayoría de las demandas registradas por el hachazo a las renovables (todas, salvo dos de 40) aluden expresamente a las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Santamaría. Los principales recortes del Ejecutivo fueron impulsados por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo de España entre 2011 y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Cada miércoles, Santamaría rechazaba o daba luz verde a las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de Ministros, dos días después.

Todos los casos que lleva este bufete aluden expresamente a las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Santamaría
Actualmente el bufete trabaja en esas seis demandas, todas ellas formuladas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -dependiente del Banco Mundial-, por valor de 1.334 millones de euros, según los datos del propio CIADI y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

No obstante, si se tienen en cuenta los tres casos ya archivados gestionados por el mismo despacho, todos resueltos este año en favor de los inversores, el importe total demandado a España se incrementa en 528.4 millones, hasta alcanzar los 1.862,4 millones de euros. En 2014, el importe del recorte a las renovables realizado por el Ejecutivo del PP rondó los 1.750 millones.

Así, en lo que respecta a los tres litigos resueltos este año, en junio España fue condenada a pagar 290.6 millones a NextEra, que inicialmente había reclamado 393,6 millones. En septiembre fue el turno de Schwab Holding y Opera Fund Ecoinvest, que reclamaban más de 42 millones y finalmente lograron un laudo favorable por 27 millones. Un mes antes, en agosto, los árbitros fallaron en favor de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones de euros, si bien en las bases de datos consultadas no aparece el importe que se embolsará finalmente.

Todos ellos fueron asesorados por Cuatrecasas (en el caso de NextEra, este bufete actuó con otros despachos), y todos los casos consultados mencionan expresamente entre los motivos de demanda una de las modificaciones legales del Ejecutivo de Santamaría: la tasa por generación energética, que se aplica a las eléctricas y que finalmente estas endosan a los consumidores a través de sus facturas. Todas las demandas que lleva este despacho fueron registradas entre 2013 y 2018. Santamaría dejó la vicepresidencia en junio de ese año.

"Utilizaron el arbitraje de inversiones para demandar al Estado por millones de euros que pagaremos de nuestros bolsillos"
"Más de la mitad de las demandas conocidas contra España bajo el Tratado sobre la Carta de la Energia -21 de 40- implican a inversores que mantienen vínculos con los sectores del gas, el carbón, el petróleo y la energía nuclear", explica a este medio Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute. "Estas empresas hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades, y cuando se recortaron dichas subvenciones utilizaron el arbitraje de inversiones para demandar al Estado por millones de euros que pagaremos de nuestros bolsillos", apunta.

Desde la reforma energética del PP, precedida por otra del Gobierno del PSOE, España está a la cabeza de los ránkings de demandas ante instancias arbitrales. La factura por la docena de laudos perdidos en favor de los inversores sólo en lo que respecta al hachazo a las renovables supera ya los 800 millones, si bien el Estado se resiste a pagarla.

De hecho, la Abogacía del Estado, que defiende a España en estos procedimientos, ha solicitado la anulación de los laudos favorables a grupos inversores comunitarios, amparándose en que en 2018 la Comisión Europea se posicionó en contra de que entre los 27 se utilicen estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros. Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea; La resolución, dictada en marzo de ese año, estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria.

Cuatrecasas: "Santamaría sólo se dedica a su área"

Además de ser socia del despacho, y de sentarse en el Consejo de Administración de la firma, lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas afirman que Santamaría sólo trabaja en su área, y subrayan que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje. Fuentes jurídicas precisan que en despachos de este calibre los departamentos suelen ser estancos.

En el comunicado en el que anunciaba el fichaje de Santamaría, Cuatrecasas destacó que su contratación cumplió "con todos los trámites exigidos" por la normativa de altos cargos, e incidió en que había sido autorizada por la Oficina de Conflictos de Intereses.

El Gobierno en funciones quiere poner fin a los litigios

Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabiliad durante 12 años (hasta 2031) en el 7,39% si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos. Según el Ejecutivo en funciones, España tiene abiertos 45 demandas de inversores internacionales por el recorte del PP, y la cantidad demandada supera los 10.000 millones de euros.

España tiene abiertos 45 demandas de inversores internacionales por el recorte del PP

Con todo, el importe total demandado es difícil de cuantificar. Según la ministra de Transición Ecológica hoy en funciones, Teresa Ribera, España acumula pleitos por unos 15.000 millones por el recorte a las renovables, teniendo en cuenta todas las demandas registradas en instancias nacionales e internacionales. El dato es de septiembre de 2018; la ministra Ribera lo desveló en el Congreso de los Diputados, si bien Transición Ecológica ha obviado las preguntas de Público sobre el montante actual.

Bárcena calcula que la cantidad que los inversores internacionales reclaman a España ronda los 8.000 millones, e incide en el "riesgo incalculable" que supone el Tratado sobre la Carta de Energía, con la demanda a NextEra como ejemplo. "(Con los 290 millones que podría tener que pagarle España) Estamos hablando de dos veces mas de lo que el Gobierno del PSOE anunció en septiembre que España aportaría al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático. En lugar de pagar a inversores millonarios, y a los bufetes de élite que se están enriqueciendo del arbitraje contra España, ese dinero se podría usar para avanzar en un plan de transición energética justa", abunda.

Los otros costes de los arbitrajes

Más allá del pago de las demandas, el resto de costes asociados a los arbitrajes también son astronómicos. Según el análisis de la documentación pública llevado a cabo por el TNI, en el 88% de los casos los demandantes no son empresas de energía renovable, siquiera de energía, en genérico, sino que se trata de fondos de capital u otro tipo de inversores.

El negocio del arbitraje suele quedar en manos de unos pocos despachos de EEUU o Reino Unido; su tarifa por hora de asesoramiento puede rondar los 800 euros por profesional dedicado a un caso. Por aterrizarlo en un caso concreto, a los 290.6 millones que España debe pagar a NextEra se suman, según Europa Press, los gastos por intereses (del 0,234% durante tres años y dos meses) y los costes legales, que rondarían los cinco millones de euros.

Según el TNI, un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, y el número de demandas ha izo creciendo año a año: en 1996 hubo 38 casos, en 2011 ya eran 450, y hoy son 983, según la base de datos de la UNCTAD. Un negocio boyante.



  • L
    larapunet
    hace 11 horas
    24 de noviembre de 2019, 10:14
    La derecha siempre nos roba, la parte menos importante, con ser grave, es la de la corrupción, lo grave es el caso de las renovables y tantas otras maniobras para robar "legalmente" a través del legislativo. La izquierda toma medidas a favor de las renovables, los inversores actúan, una buena parte de ellos con información privilegiada, los más afines a la derecha internacional filo nazi, cuando cambiamos el voto, la derecha se carga una industria puntera en energía verde, los inversores se quedan sin lo contratado, arruinan a muchas familias que invirtieron creyendo que las renovables son el futuro, los otros los inversores filo nazis sabían que multiplicarían lo invertido, tienen un ejercito de abogados para ir contra cualquier Estado, y ahí tenemos a Santamaria la cabeza visible de estos inversores, les facilito toda la trama de la gran estafa, y el pueblo siempre somos los paganos, la derecha arruino la gran industria española en energías renovables, y ahora el Estado español tiene que hacer frente a las demandas de los inversionistas, la pieza central de este robo masivo del dinero de todos es el PP, pero no somos capaces de convencer a la gente que no son políticos el PP es una banda de delincuentes para mantener los privilegios a través de robos muy sofisticados que el pueblo llano somos incapaces de seguir y menos de tomar las medidas para que no ocurran, somos tan culpables de la situación como ellos, no sabemos defender lo que es nuestro, con el rescate a la banca, más de lo mismo, los protagonistas la misma gente, el PP, más de 60 mil millones que perdemos los de siempre, y claro no hay dinero para pensiones, ni sanidad, ni enseñanza, pero les siguen votando, y la iglesia, los empresarios y los grandes inversores, alarmados por las negociaciones del PSOE y UNIDAS PODEMOS, como si se acabara el mundo, nos han robado hasta la dignidad.
    Juicio a Aznar por Iraq, salud

  • Montero
    hace 1 día
    23 de noviembre de 2019, 16:52
    Los recortes de las renovables durante el Gob. de Rajoy , y Santamaria , ambos , supuestamente responsables de sus acciones , deberían supuestamente ser juzgados por presunta prevaricación y malversación . Gobernar no es derrochar .
    Se podría interpretar la llamada a inversionistas, como reclamo de una buena gestión, para después desandar el camino . y encontrarnos con las piedras dejadas en el mismo para que otros las retiren.
    Hay que juzgar supuestamente a todos los responsables gubernamentales , que por ignorancia o a sabiendas perjudiquen al heraldo público.
    Y lo más importante que se den a conocer las gestiones del Gob. antes y después de tomadas , la ciudadanía tiene todo el derecho a la información pública y veraz que les atañe.



  • MONTECRISTO
    hace 1 día
    23 de noviembre de 2019, 09:26
    Hay que joderse con estes HDP ; primero hacen los recortes, nos roban dinero con mentiras, y ahora nos quieren volver a robar , por que estaban las cosas mal hechas ? y la 2ª mayor responsable es la que está en el bufete que demanda; y tienen la santa jeta , de decir que ella no está en el área ; pero que nos siguen creyendo tontos o analfabetos ? pandilla de delincuentes , e hijos de p*ta.
 

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ARBITRAJES CONTRA EL ESTADO

España, condenada a pagar 1,6 millones de honorarios del bufete de Santamaría en los litigios por recortes de Rajoy a las renovables



El despacho de abogados ha ganado los tres casos resueltos por paneles arbitrales contra el Estado en 2019. Además de indemnizar por casi 260 millones a estas empresas, España debe correr con el pago de hasta el 75% de los gastos de los demandantes, incluyendo vuelos, cenas, fotocopias y taxis. La Abogacía del Estado ha recurrido todas estas resoluciones.

  • a-


Soraya Sáenz de Santamaría, junto a Rafael Fontana (izqda.) y Jorge Badía, presidente y director general, respectivamente, de Cuatrecasas. CUATRECASAS
Soraya Sáenz de Santamaría, junto a Rafael Fontana (izqda.) y Jorge Badía, presidente y director general, respectivamente, de Cuatrecasas. CUATRECASAS
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MADRID

30/11/2019 17:14 Actualizado: 30/11/2019 17:14
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel

España no sólo ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a inversores por los recortes del último Gobierno del PP a las energías renovables, sino que además debe abonar hasta el 75% de todos los gastos declarados por sus demandantes, que consideran vulneradas las "legítimas expectativas de ganancia" de sus inversiones. Esto supone un total de 7,1 millones de euros, 4,9 millones por los gastos del inversor NextEra Energy, y 2,2 millones de euros por los que declararon Opera Fund Eco-Invest y Schwab Holding.

España debe pagar 7,1 millones de euros a los dos inversores por sus gastos. Ha sido condenada a cubrir hasta el 75% del importe desembolsado por ambos

En lo que va de año, los árbitros de inversiones del CIADI -dependiente del Banco Mundial- han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización -contando con las cifras disponibles, de sólo dos de los casos-. También deberá correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas causas.


Sólo en relación a estos casos, España tiene que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas -el 75% del total facturado- por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra -el 33% de la minuta-, en el que también participaron otros despachos. En total, debe reembolsar a los inversores honorarios del despacho por valor de 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos que resuelven ambos casos, analizados por Público.

En la primera de estas resoluciones -OperaFund-, aprobada con el apoyo de dos árbitros y con una opinión disidente -una suerte de voto particular- de un tercero, se desglosan los honorarios del bufete. Asegura haber dedicado al caso 5.277 horas de trabajo -lo avala la firma del director general de Operaciones, del despacho, Emilio Martínez Poyatos-, y cobró entre 150 y 575 euros por hora de trabajo hasta 2018. La tarifa subió en 2019, para facturar entre 200 y 600 euros por hora. En total, requirió el pago de 2.006.670 euros, de los que el demandado debe sufragar el 75%.

El Estado tiene que pagar 1,5 millones de los 2 millones facturados por el bufete a OperaFund, y 95.670 de los 287.000 cobrados a NextEra
En relación al caso NextEra, el despacho que ha llevado la voz cantante ha sido Skadden Arps -ha cobrado 11, 514 millones de euros por ello-, si bien Cuatrecasas ha facturado 287.102 euros. En este caso, el Estado ha sido condenado a pagar el 33% de todos los gastos del demandante, entre ellos esos 95.666 euros en concepto de honorarios del bufete.

Cuatrecasas es el despacho en el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo cuando alumbró la reforma energética por la que han demandado estos inversores. Hoy por hoy hay seis causas abiertas en las que el inversor cuenta con los servicios de este bufete, y en total reclaman más de 1.334 millones al Estado, como avanzó este diario.

Además, de las nueve causas relacionadas con este despacho hay una tercera ya resuelta, también en favor del inversor, si bien los representantes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transición Ecológica -responsable de coordinar la defensa ante estos litigios- no han querido facilitar este laudo. El tercer caso resuelto en 2019, sobre el que aún no han transcendido cifras, hace referencia a la demanda de Infrared Environment Infrastructure, que reclamó 92 millones de euros al Estado. Los árbitros fallaron a su favor, pero aún no se conoce el importe por el que deberá ser indemnizado.

El de Santamaría es el bufete español más contratado por inversores que demandan a España ante este tipo de instancias por las reformas del Gobierno de Rajoy

En cualquier caso, el de Santamaría es el bufete español más contratado por inversores que demandan a España ante este tipo de instancias, el segundo a nivel internacional. Todas estas demandas, como la inmensa cantidad de litigos aún pendientes por el Tratado de la Carta de la Energía, se sustentan en el hachazo a las renovables del Ejecutivo del PP.

Santamaría, abogada del Estado en excedencia, es socia de la firma y se sienta en su Consejo de Administración. Llegó al bufete en marzo de 2019 -Cuatrecasas ya defendía a estos inversores-, escasos meses después de su salida del Gobierno, vía moción de censura, en junio de 2018.

Los recortes en esta materia fueron impulsados por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo entre 2011 y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Cada miércoles, la entonces vicepresidenta rechazaba o daba luz verde a las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de Ministros, dos días después.

Hoy Santamaría lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas se remiten a anteriores explicaciones a este diario. Hace una semana, afirmaron que la exvicepresidenta sólo trabaja en su área, y subrayaron que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica han obviado las reiteradas peticiones de información de este diario. Lo cierto es que, hasta la fecha, la Abogacía del Estado ha logrado retrasar estos pagos a inversores, mientras pelea la anulación de los laudos favorables a inversores comunitarios.
La Abogacía se aferra a la posición de Bruselas para no pagar estos laudos; en 2018, la Comisión Europea afirmó que estos mecanismos no pueden usarse entre los 27

La Abogacía se aferra a la posición de la Comisión Europea, que en 2018 rechazó que entre los 27 sea posible demandar mediante estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros. Estarían así vetados para empresas radicadas en la UE.

Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea. La resolución, dictada en marzo de ese año, estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria.

En cualquier caso, la opacidad de este tipo de mecanismos de resolución de disputas, así como su elevado coste para los Estados, son circunstancias que ya han sido denunciadas en varias ocasiones por el think tank Transnational Institute (TNI). Lucía Bárcena, investigadora del centro, explica que los honorarios de estos abogados pueden dispararse hasta los 1.000 euros la hora, y afirma que hay “interés” por alargar las causas, ya que se cobra por hora trabajada, y “en función de las horas estimadas de trabajo que justifican los propios despachos”.

“Los procedimientos suelen durar varios años, y casi siempre se negocian a puerta cerrada, con muy poca o casi nula información al público. “A veces ni sabemos que un caso está en marcha”, apostilla.

España pagará a OperaFund 23.300 euros en fotocopias

Si bien el laudo del caso NextEra viene incluido en la última actualización de datos sobre arbitrajes de UNCTAD, dependiente de Naciones Unidas, el del caso OperaFund no aparece en esta actualización, que llega hasta mediados de año.

El laudo en cuestión desglosa todos los gastos declarados por el demandante, y entre ellos aparecen los costes de preparación de una audiencia en París, en junio de 2018 (19.316 euros); el concepto Traducciones (56.821 euros); Servicio de correo (2.111 euros), Fotocopias (31.063 euros) y otra partida de gastos varios por 5.789 euros, en la que se incluyen “taxis, comidas, vuelos y registros”.

De todos estos gastos, el laudo establece que España deberá pagar un 75% del total (sólo en fotocopias son 23.300 euros). Esto suma una factura de 2.246.544 euros únicamente en gastos, englobados también los del centro que acogió el arbitraje. A esto se suman intereses, y la indemnización de 26,76 millones de euros (29,3 millones de dólares) que le fue impuesta en septiembre.

A su vez, en el caso de NextEra, el Estado debe abonar 290,6 millones de euros, a los que se suman intereses, y el 33% de los gastos del demandante: 4,8 millones de euros, así como el tercio de los costes del propio arbitraje -del total ya avanzado por el inversor-, 120.515 euros. Un total de 295,5 millones de euros, según el laudo dictado en junio.

Por si fuera poco, España debe hacer frente además a sus propios gastos: 3,1 millones de euros -tasas, traducciones, dictámenes de expertos- y otros 439.422 euros adelantados ya al arranque del arbitraje, todo ello en el caso de NextEra -más el porcentaje del inversor que debe costear-.

En lo que respecta al caso OperaFund, y contando con ese anticipo pagado al CIADI, el Estado gastó 1,54 millones de euros, incluyendo gastos de viaje, traducciones o fotocopias.

Los honorarios de los árbitros y otros gastos declarados por el CIADI rondan el millón de euros en ambos casos. Según el TNI, un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, y el número de demandas ha ido creciendo año a año: en 1996 hubo 38 casos, en 2011 ya eran 450, y hoy son 983, según la base de datos de la UNCTAD.

De hecho, Bárcena recuerda que el último informe del CIADI sitúa al Estado español como el blanco de más demandas de inversores entre julio de 2018 y junio de 2019. Y sigue siendo el segundo país del mundo con más litigios en su histórico: de los 51 registrados, 46 hacen referencia al Tratado de la Carta de la Energía. Salvo un par, todos esos casos mencionan explícitamente las reformas del Gobierno del PP en el que Santamaría era vicepresidenta.

Nota sobre el PDF: en la imagen, extraída del laudo, aparecen los gastos del inversor hasta 2018. Posteriormente se actualiza esta cifra, que se eleva hasta la referida en este artículo.


Y esto ahora quien lo paga ¿El PP? ¿Rajoy? o ? los españolitos a escote?
 
D

Deleted member 31364

Guest
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabiliad durante 12 años (hasta 2031) en el 7,39% si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos. Según el Ejecutivo en funciones, España tiene abiertos 45 demandas de inversores internacionales por el recorte del PP, y la cantidad demandada supera los 10.000 millones de euros.


¿Quién va a pagar por esto? Miedo me da.