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En el año 2017, parece una mentira.
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Publicado: 18.01.2017 08:21 |Actualizado: Hace 11 horas


Condenan al PSOE de San Blas por contrabando de tabaco
La formación socialista de este distrito madrileño tendrá que pagar 4.251 euros por almacenamiento y venta de tabaco de liar.


Sede de la formación del PSOE en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas / GOOGLE STREET VIEW


MÁS INFORMACIÓN:

PUBLICO

MADRID. - La formación del PSOE en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas tendrá que pagar 4.251 euros de multa por contrabando de tabaco, según ha destacado la Cadena Ser.

El pasado 20 de septiembre, la agrupación recibió una inspección de la Agencia Tributaria, tras sospechar que se guardaba y vendía tabaco de liar de manera ilegal. Finalmente, tras confirmar las sospechas, el PSOE ha recibido la notificación con la multa que tendrán que pagar. Además, tendrán que cerrar el bar de la formación durante 231 días.

Según la Agencia Tributaria, la agrupación socialista de San Blas-Canillejas ha cometido una infracción administrativa “grave", que supone el cierre temporal del local “entre seis meses y un día, y doce meses”, según se explica en la norma. A pesar de que se trata de una situación de contrabando, no hay delito porque el tabaco requisado no supera los 15.000 euros.

El escrito con la notificación de la multa llegó directamente a la sede del PSOE, en Ferraz ya que todas las agrupaciones tienen el mismo Código de Identificación Fiscal. No obstante, la responsabilidad es de la propia agrupación de San Blas y, por lo tanto, serán ellos los que hagan frente a la sanción.

El Partido Socialista de Madrid, al conocer la multa, convocó a los responsables del PSOE de San Blas-Canillejas. En la reunión, uno de los militantes asumió en primera persona la responsabilidad y se le abrirá un expediente informativo. La sanción de la Agencia Tributaria aún está en fase de alegaciones y la intención del PSOE de Madrid es recurrir la multa
 

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Un militante impugna el Comité Federal que decidió la abstención del PSOE ante Rajoy
  • Argumenta que la resolución aprobada por ese órgano contradice el programa electoral del PSOE, por lo que puede dar la imagen de "fraude electoral"
  • Afiliados socialistas ya impugnaron el Comité Federal del 1 de octubre, que culminó con la dimisión del hasta entonces secretario general, Pedro Sánchez
Ibon Uría

Publicada 23/01/2017 a las 12:18Actualizada 23/01/2017 a las 12:43PSOE

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández.

EP
El coordinador de Izquierda Socialista en Aragón, José Ignacio Martín, ha impugnado el Comité Federal del 23 de octubre de 2016, en el que se aprobó una resolución que decidió la abstención en la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy (PP). En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, argumenta que esa resolución es contraria al programa electoral del PSOE, de modo que puede producir una imagen de "fraude electoral".


Martín recuerda en su escrito de impugnación que la resolución para virar a la abstención [ver en PDF], defendida por la eurodiputada y ex vicesecretaria general Elena Valenciano, "contradice el programa electoral" que permitió al PSOE ser segunda fuerza, y sostiene que "si el pueblo español hubiera sabido que el PSOE iba a facilitar el Gobierno del PP, el resultado de las elecciones podría haber sido muy diferente".


Por ello, prosigue el texto remitido por Martín a la gestora, la Comisión de Ética y Garantías y la Mesa del Comité Federal [ver en PDF], "cabe considerar que cambiar el voto del PSOE" pasando del no a la abstención "puede producir efectos y dar una imagen de fraude electoral, y una acusación por parte de la militancia y de los votantes del PSOE de pucherazo". "En campaña electoral en todo momento se mantuvo un no rotundo al PP, que de hecho provocó dos elecciones generales de forma continuada", agrega.


El documento impugna tanto el Comité Federal del 23 de octubre como el voto de abstención en la sesión de investidura de Rajoy por parte del grupo parlamentario socialista, que se fracturó en aquella votación, pues 15 de sus integrantes mantuvieron el no, mientras los 69 restantes acataron la orden del citado Comité Federal y se abstuvieron en la segunda ronda.

A preguntas de infoLibre, Martín señaló que presenta esta impugnación a título individual pero movido por el "clamor social" de militantes y votantes socialistas que rechazan que su voto "haya ido a parar al PP", y que consideran que ese viraje del PSOE supone un "fraude". La impugnación está abierta a la adhesión de los afiliados que quieran unirse a ella, añadió el coordinador de Izquierda Socialista en Aragón.

Hace diez días, Martín presentó un documento de adhesión de más de 200 afiliados del PSOE a la impugnación del Comité Federal del pasado 1 de octubre, en el que dimitió Pedro Sánchez como secretario general. Aquel documento fue también presentado en un primer momento por Martín, y posteriormente lo respaldaron dos centenares de afiliados. Hasta la fecha, esa iniciativa no ha producido resultados.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/23/un_militante_del_psoe_impugna_comite_federal_que_decidio_abstencion_60097_1012.html
 

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Imagen exterior del chalé de José Bono en Olías del Rey (Toledo) - Luna Revenga/Ängel de Antonio
MANUEL MORENO Toledo30/01/2017 21:34h - Actualizado: 31/01/2017 13:47h.Guardado en: España
Aunque José Bono lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público.

Por un lado, el expresidente del Congreso de los Diputados continúa disfrutando de una escolta de la Policía Nacional, a la que están adscritos tres agentes de la plantilla de Toledo, a pesar de que ya no es un político en activo.

Además de encargarse de la «protección dinámica», esos policías también deben realizar las veces de conductores del coche en el que Bono viaje; por tanto, dos funciones en una sola persona: conductor y escolta.


Por otro lado, la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del chalé que Bono tiene en una urbanización de Olías del Rey, un municipio de 8.000 habitantes situado a diez kilómetros del casco viejo de la capital toledana. El Instituto Armado debe proteger la casa porque el inmueble se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil.

Pero el expresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha apenas visita la vivienda, que está vacía de moradores la mayoría de los días, aunque sigue contando con un circuito cerrado de televisión, además de una garita de vigilancia.

Durante su larga etapa política, era frecuente que agentes en vehículos de la Guardia Civil, patrullas o camuflados, se movieran por los alrededores del chalé. Asimismo, era imposible detenerse delante de la puerta de la casa sin que un agente saliera inmediatamente para indicar al conductor que no se podía estacionar en esa zona.

A lo largo de la fachada y del perímetro de la vivienda, hay pintada en el suelo una línea amarilla continua que prohíbe estacionar. Frente a la puerta de entrada, existe otra marca blanca continua sobre el pavimento y dos señales de prohibido aparcar y parar.

Capítulo aparte son las condiciones de esa garita, integrada en la fachada. Los guardias que prestan servicio, generalmente por la noche, no disponen de aire acondicionado, desmontado el pasado año por orden de Bono, con lo que en verano tienen que soportar temperaturas muy altas en su interior.

El aparato de aire desmontado cambió de lugar: fue a parar a la vivienda, dentro del recinto del chalé, donde reside el servicio doméstico. Son la pareja que sale en la fotografía abandonado el chalé. Cuando salta el diferencial y la garita se queda sin luz, también se apaga el circuito interno de televisión porque está dentro de la garita.

Los agentes afirman que han llegado a prestar servicio por encima de los 35 grados dentro de la garita, cuando la Ley de Riesgos Laborales establece máximas de 27 grados. Tampoco disponen de un frigorífico donde poder enfriar agua para sobrellevar los rigores del calor.

Si este trabajo ya es muy complicado durante el duro estío en Toledo, en invierno la cosa no mejora dentro de la garita. Para no pasar frío, los guardias están obligados a trabajar bien abrigados y a utilizar un calefactor de bajo consumo, ya que el expresidente del Congreso de los Diputados tiene muy restringida la potencia eléctrica en su casa y el interruptor diferencial salta cuando se supera el límite, lo que ha ocurrido con frecuencia.

«La garita es un horno en verano y un congelador en invierno, si estás sin el calefactor en marcha. Y todo porque Bono no quiere que se generen gastos de luz», afirma un agente que conoce la situación.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya denunció ante la Inspección de Trabajo algunas de esas «deplorables condiciones» el pasado verano, puesto que son «un auténtico desprecio hacia la dignidad de los agentes que cuidan de la seguridad de este privilegiado expolítico».

El Instituto Armado constató las deficiencias a través de la Unidad de Prevención de la Comandancia de Toledo, pero los agentes siguen pasando mucho calor en verano y frío en invierno.

Desde esta Comandancia se ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, retirar la protección a la vivienda, porque nadie vive de manera habitual en ella. También desde la AUGC han levantado en varias ocasiones la voz contra esos privilegios de Bono.

Según esta asociación, la escolta y la seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos dejan su puesto. En algunos casos, esas prerrogativas se prolongan hasta un año y medio. Sin embargo, con Bono es diferente, aunque no excepcional. «Es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo», aseguran desde la asociación.

La seguridad de la que Bono sigue disfrutando con cargo al Estado contrasta con los datos que AUGC ha facilitado en alguna ocasión: «Solamente en el periodo 2010-2012 la provincia de Toledo, donde tiene su domicilio José Bono, la Guardia Civil perdió 50 efectivos. Este dato lo conocemos gracias a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en 2014».

Por la vía policial no ha sido posible retirarle la protección, de momento. Tampoco se ha conseguido por la senda política. Este mes de enero se cumple un año desde que el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, mostró en un pleno en las Cortes regionales un documento que certificaba la renuncia del expresidente José Bono a sus privilegios por su condición de exmandatario regional.

Pese a ese documento, Bono puede seguir disfrutando en la actualidad, si así lo desea, de dos secretarias, un coche oficial, un chófer y un despacho, ya que la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que el Gobierno de Bono aprobó en 2003 está sin modificar.

En octubre de 2015, hubo un intento por acabar con esos beneficios. Sin embargo, el PSOE no apoyó en las Cortes regionales las dos proposiciones de ley, del PP y de Podemos, en las que pedían un cambio en esa normativa para quitar privilegios a los expresidentes de la Junta. En estos momentos, solo Bono puede disfrutar de esas prerrogativas, ya que tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal renunciaron a ellas
 

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Vamos....¡que ya no pueden engullir a Errejón!
 
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Primarias del PSOE Los 'sanchistas' acuden a la vía penal para anular la Gestora del PSOE


Un juzgado de Almería registra una demanda interpuesta por un militante socialista afín a Pedro Sánchez contra el órgano que dirige el partido y solicita la suspensión cautelar de las primarias, por considerar su convocatoria “ilegal”.

SEVILLA
14/02/2017 14:23 Actualizado: 14/02/2017 15:10


DANIEL CELA

Un militante del PSOE de Almería, afín al exsecretario general Pedro Sánchez, ha interpuesto una denuncia por un delito de prevaricación contra la Gestora que dirige el partido y ha solicitado la suspensión cautelar del proceso de primarias para elegir al nuevo líder socialista, y del posterior congreso federal, “a fin de impedir que se inicie la maquinaria electoral en un proceso electoral ilegal”.

El demandante es el militante Pedro de la Torre y los demandados son todos los miembros de la Gestora: Javier Fernández, Mario Jiménez, María Jesús Serrano, Ascensión Godoy, José Enrique Muñoz, María Dolores Padrón, Ricardo Cortés, Soraya Vega, Francesc Antich y Francisco Javier Ocón.

De la Torre denuncia la decisión del comité federal del 14 de enero de constituir la Gestora en vez de convocar un congreso extraordinario, como pedían los sanchistas, y pide al juez frenar las primarias (que aún no han sido convocadas) porque considera ilegítimo el órgano que dirige el partido y contrario a los estatutos las decisiones que éste ha adoptado hasta ahora.

La juez de instrucción número 6 de Almería, Almudena Nadal, ha incoado diligencias previas, es decir, ha registrado la denuncia del militante socialista, como hacen todos los magistrados con cada demanda que reciben en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha dado aviso al fiscal para que decida si hay indicios suficientes para abrir dicha investigación al entender que los hechos “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, reza el auto, al que ha tenido acceso Público.

Fuentes judiciales advierten de que “el proceso ni siquiera se ha iniciado aún”, que “incoar diligencias es un acto de oficio que no supone en modo alguno iniciar el procedimiento judicial” y que será el Ministerio Público quien decida si abre diligencias. Las mismas fuentes, conocedoras del caso, advierten de que la demanda “mezcla asuntos penales, contenciosos administrativos y civiles” (el militante alega también una vulneración del derecho al honor), esta última ha sido directamente desestimada “por falta de jurisdicción” del juzgado de instrucción para tramitarla, “sin perjuicio de que pueda ser planteada por la parte ante la Jurisdicción Civil en un juicio ordinario”.

En todo caso, si el fiscal instara a la jueza almeriense a iniciar una investigación contra la gestora del PSOE por prevaricar, ésta tendría que inhibirse y elevar el asunto a la Audiencia Nacional.

Al margen de que la demanda prospere, cabe reseñar la importancia de que los sanchistas utilicen la vía judicial para desarmar a la Gestora del PSOE, a la que han considerado desde el principio una herramienta en manos de la presidenta andaluza, Susana Díaz. No es la primera denuncia que interponen en este sentido, ha habido más en Madrid y en Valencia, según fuentes socialistas.

El entorno de Sánchez siempre ha defendido que debía prevalecer el artículo 36 de los estatutos del partido, según el cual, “cuando las vacantes en la comisión ejecutiva federal afecten a la mitad más uno de sus miembros, el comité federal deberá convocar congreso extraordinario para la elección de una nueva ejecutiva federal”. En su demanda, De la Torre hace suyos los argumentos que en su día verbalizaron Sánchez y sus acólitos, acusando a los miembros de la Gestara de “incumplir a sabiendas los estatutos del partido”, y pide la nulidad de pleno derecho del calendario de primarias y del congreso ordinario (aún no convocados
 
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El PSOE prometió derogarla en campaña electoral

14 de febrero de 2017
Cristian Gracia y Yago Álvarez

RED MUNICIPALISTA CONTRA LA DEUDA ILEGÍTIMA Y LOS RECORTES
El PSOE ayuda a PP y Ciudadanos a tumbar la derogación de la Ley Montoro
  • Partido Popular y Ciudadanos, con la ayuda de la abstención del PSOE, tumban una propuesta de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea para derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL), también conocida como la Ley Montoro.




Rajoy y Hernando en el Congreso. Foto: La Moncloa
La Gran Coalición lo ha vuelto a hacer. No por esperado resulta menos doloroso: el PSOE ha engañado a sus votantes, se ha plegado a los intereses del Partido Popular, la banca y de los poderes europeos y se ha abstenido en la votación para derogar la LRSAL, la Ley Montoro, presentada en el Congreso.

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Esta Ley, entre muchas otras cosas, impone importantes recortes a las competencias municipales y es un retroceso en los servicios que presta. Además, supone una pérdida de la soberanía municipal y del poder de acción de los ayuntamientos que ven como su principal herramienta, su presupuesto, se ve subyugada a una Ley que no tiene en cuenta la situación de los municipios ni las necesidades de su ciudadanía.

La Ley Montoro se aprobó junto otras leyes que vinieron en cascada tras la modificación del artículo 135 de la constitución (último servicio de Zapatero a la causa). Esta legislación consagra la estabilidad presupuestaria como un dogma imperante por encima de todo y antepone el pago de las deudas a cualquier otra cosa. Si bien es cierto que algunos municipios han estado especialmente endeudados por una gestión lamentable y una corrupción galopante, lo cierto es que la deuda de los gobiernos locales apenas asciende al 5% del total de la deuda de las administraciones públicas. Es más, las cuentas de las corporaciones locales llevan cerrando en superávit los años 2014 y 2015 y a la espera del cierre presupuestario del 2016, nada hace presagiar que esto vaya a ser diferente en un gran número de municipios del Estado.

Como conocen de primera mano las fuerzas del cambio que, desde lo local y lo municipal intentan recuperar los servicios privatizados, la Ley Montoro también dificulta la remunicipalización de estos. De igual modo, imposibilita la ampliación de la plantilla municipal o el desarrollo o mejora de servicios básicos y sociales aunque sean necesarios y el municipio tenga los recursos económicos para hacerlo.

El PSOE vuelve a apoyar a PP y Ciudadanos en contra de sus promesas

Noticia en www.psoe.es

La propuesta para derogar la LRSAL, presentada por Unidos Podemos, En Marea y En Comú Podem, votada esta tarde en el Congreso, fue denegada al obtener 171 votos en contra y sólo 86 a favor. El PSOE, con su abstención, ayudó a PP y Ciudadanos a que los municipios sigan sufriendo “la fatídica Ley Montoro” , tal y como la llamaban en campaña electoral cuando prometían a sus votantes que la derogarían en caso de llegar al Gobierno.

La derogación de la Ley Montoro, impulsada por las fuerzas del cambio de todos los ámbitos y una de las principales metas de la recientemente creada Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, hubiera supuesto un vuelco a la grave situación por la que pasan muchos municipios y devuelto la capacidad de hacer política mediante el libre uso de sus recursos. Supondría devolver a las instituciones más cercanas a la ciudadanía la gestión de sus propios recursos y la capacidad de influir directamente en las economías locales. Pero el PSOE ha decidido seguir siendo leal a la Gran Coalición dejando bastante claro que tendrán que ser los municipios, desde abajo, los que combatan o desobedezcan dicha Ley y al Ministro que la impuso.

Cristian Gracia y Yago Álvarez Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-PSOE-ayuda-al-PP-y-Ciudadanos-a
 
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La semana fantástica del PSOE de la Gestora votando junto al PP

Las votaciones semanales en el Parlamento muestran a las claras que la Gran Coalición
“Nos parecen muy graves las injerencias políticas para que el Fiscal General del Estado sea el brazo ejecutor del Gobierno y del PP para que no se investigue al actual Presidente de Murcia” así solicitaba Pedro Saura la comparecencia del Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados. Se mostraba el diputado socialista muy enfadado con las trapacerías del gobierno del Partido Popular, a fin de transgredir la división de poderes en favor de uno de los suyos. Los medios audiovisuales mostraban esa indignación. ¡Voto a bríos! le faltó decir al valenciano. Sin embargo, para otras cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía española, el PSOE, una vez más, votaba junto a conservadores y liberales.

Salvo la modificación de la reglamentación para la Gracia de Indulto, la modificación del Régimen Jurídico de los Animales de Compañía y el aumento salarial de la Guardia Civil, en que todos los grupos estuvieron de acuerdo, el PSOE no apoyó, ni enmendó, ni transaccionó con las propuestas de la izquierda. Siempre junto al PP y C’s. También han tenido su minuto de gloria proponiendo que las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas en toda la administración general del Estado. Según Antonio Hernando “se trata de considerarlas como lenguas propias, que no son ajenas a ninguna Administración del Estado y que lo que hacen es enriquecer nuestro patrimonio común”. Eso sí, no han solicitado que se respete la lengua oficial en todas las administraciones regionales o locales.



La aplicación de la normativa europea no es suficiente para votar con Podemos

Las propuestas del grupo Unidos Podemos han sido rechazadas por la votación conjunta de la Gran Coalición, más el añadido, como no podía ser, del partido de los cuñados naranjas. La transposición de la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España fue rechazada en su mayoría. En la votación de los distintos puntos el PSOE se abstuvo proporcionando la victoria del No. Que es como si se apoyase y a la vez se quedase bien por no hacerlo directamente.

En la votación para aplicar las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Estos es, que cuando se contrate desde la administración pública se aplique lo que la Unión Europea establece, PP y PSOE votaron juntos No. La excusa es que no hay acuerdos entre los grupos para poder llegar a un proyecto común. Sin embargo, tanto ésta como la anterior votación solicitan la aplicación de la normativa superior europea. Pero, siempre hay peros, existen diversos matices que impiden ajustarlo correctamente. Vamos que, por no dar la razón a la otra parte de la izquierda, prefieren votar junto a los conservadores. Gran Coalición.



La reforma de la Ley de Régimen Local, un tema de conflicto

Tal vez, de todas las votaciones, la de mayor trascendencia ha sido la propuesta de modificación de la Ley de Régimen Local. Los socialistas no han votado en contra sino que se han abstenido. Pero, como se dijo anteriormente, si te abstienes sabiendo que los demás van a votar en contra, es un apoyo explícito al No. La modificación a requería facilitar una mayor flexibilidad y poder proceder con cercanía en algunas materias. Y, como es lógico, flexibilizar la materia económica que impide que Ayuntamientos que tienen superávit, o incluso sin deuda, puedan desarrollar nuevas inversiones. Antonio Pradas afirmó que la ley es un parche y que “los gobiernos locales no están para más parches”. Ni un resquicio, en beneficio de la gran ley que deben tener en mente, permiten a los municipios españoles.

Lola Padrón, del PSOE, ha sido clara a este respecto, quieren ir más allá de una simple modificación, o se presenta una reforma integral de las entidades locales y la hacienda local, o no hay nada que hacer. Y ¿por qué no han presentado esa ley ahora que tan bien se llevan con el gobierno? Porque la reformas no pueden ser realizadas a espaldas de los propios Ayuntamientos. Padrón desea que se realice “dentro de un proceso responsable, transparente y participativo en el que puedan intervenir todos los agentes implicados desde el principio, contando con la FEMP como máximo órgano de representación de las entidades locales”. Organismo en el que no hay la misma proporcionalidad que en el Parlamento, por cierto.

El problema al que se enfrenta el PSOE parlamentario es que la Gestora viene negociando el techo de gasto de las Comunidades Autónomas desde antes de noviembre con el Gobierno. El rapto del PSOE por las baronías provoca, según nos comentan dirigentes socialistas, que se primen los factores regionales antes que los propiamente locales. O los organizativos incluso. Buscan las fórmulas posibles para que sin apoyar directamente los presupuestos del Estado, éstos salgan adelante con diversas enmiendas y modificaciones. Por eso no pueden apoyar algunas iniciativas de este tipo.
 
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El himno contra la presidenta
19 Feb 2017

Compartir: Etiquetas: Ana Botella, Bertín Osborne, Eduardo Madina, Felipe González, Javier Fernández, José María Aznar, Juan Luis Cibrián, Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, PSOE, Susana Díaz Comentar


Poco después de que Pedro Sánchez fuera coronado en Ferraz como nuevo secretario general del PSOE, Eduardo Madina le espetó a un estrecho colaborador sevillano del madrileño una seria advertencia: “Ahora os vais a enterar quién es de verdad Susana Díaz”.

Dos años largos después, Madina se ha convertido en ferviente seguidor de la lideresa andaluza, que lo nombró coordinador del programa político del PSOE y que lo designará a buen seguro portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso si se presenta y gana las primarias.

La conversión del vasco, que tiene mucho de síndrome de Estocolmo alimentado de pura mamandurria y destinos de primera línea política, le lleva a rozar una y otra vez la indignidad. La última este pasado domingo en El Mundo, donde atacó a Pedro Sánchez en una especie de declaraciones por encargo: “Hay quien piensa en sí mismo. Luego en el partido, y, por último, en el país”.

Sin embargo, el encargo de atacar a Pedro Sánchez pone de manifiesto, por un lado, la cagalera de los aparatos ante la posibilidad de que Susana Díaz la pifie, y, por otro, la miopía de sus estrategas de dibujos animados, que no se enteran de que cualquier ataque contra el madrileño no solo no lo debilita sino que lo agiganta ante una mayoría de militantes y votantes.

Además, el político vasco defendió que “sí se puede ser secretario general del PSOE y presidenta de una comunidad autonómica grande”.

Esto último, un escándalo político de primer nivel de consumarse, está asumido al parecer por todos los barones que participaron en el golpe político contra Pedro Sánchez. Mi única duda es saber si Javier-Autoridad Moral-Fernández, que mantiene un puntito más de cordura que el resto, también acabará aceptando semejante trágala, tamaño insulto a los ciudadanos andaluces, principalmente.

¿O es que Andalucía no merece una presidenta que tenga puesto los cincos sentidos y dedique todo su tiempo a solucionar sus numerosos problemas?


Sin ningún género de dudas.

Y la propaganda puesta en marcha, aliñada con dinero público, no tapará el despropósito.

En el Carnaval de Cádiz, un termómetro de la realidad con una notable fiabilidad, la chirigota ¡Qué penita de concurso! y el público del teatro Falla entonaron el himno de Andalucía contra la presidenta de la Junta. Sí, contra Susana Díaz.

Y no fue porque todos se hayan vuelto podemitas y estén al servicio del Kichi, como mantiene la propaganda susanista que emana de Canal Sur. Es por esa sabiduría tan gaditana de calar al personal un cuarto de hora antes que el resto de la humanidad.

Y mucho debe tener que ver que sea la patrocinada de Felipe González y Juan Luis Cebrián, condimentos de puro hueso que estropean cualquier caldo de puchero político.

Por cierto, qué bonito verlos a los dos de cambalache siglo XXI con José María Aznar, Ana Botella y Bertín Osborne, otros tres adalides de la libertad, los negocios y me llevo 33 en tu casa o en la mía.
 

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