La justicia pone el foco en los 6.500 millones adjudicados a dedo en material antipandemia
Solo hay 59 contratos judicializados pero Anticorrupción sigue expurgando entre los 25.068 expedientes de urgencia de 2020
El riesgo legal
La Fiscalía alerta de que los casos prescriban, en medio de polémicas como la de los comisionistas de Madrid
En esa marea de datos y cifras se mueve la Fiscalía, que en la mayoría de los casos bajo sospecha y a pesar de apreciar «sobrecostes evidentes» y «comisiones desmesuradas», está tirando la toalla al no tener pruebas de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos. Los cuatro ilícitos que serían aplicables en principio.Así las cosas, ahora solo hay dos investigaciones judicializadas sobre los desmanes de los contratos en la pandemia. En la primera hay ya tres imputados. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha tomando declaración como investigados al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios; la directora general de la Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz; y la alto cargo de Hacienda Paloma Rosado. El origen de esta causa es una querella de Vox contra los altos cargos del departamento que dirigía Salvador Illa por 56 contratos supuestamente sospechosos, entre los que destacan una docena de ellos por los que Sanidad pagó 313 millones a empresas con «direcciones desconocidas».
«Dirección desconocida»
Una de esas firmas de «dirección desconocida» cuyas adjudicaciones están siendo investigadas es la segunda empresa que más ganó en 2020 con la pandemia gracias a los contratos públicos. Se trata de Hongkong Travis Asia Limited, que se llevó cinco contratos por más de 187 millones.La segunda investigación judicializada sobre los contratos covid es la que afecta precisamente al hermano del duque de Feria, Luis Medina, y a su amigo Alberto Luceño. Ambos, ya imputados, deberán declarar el día 25 ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En este caso son tres los contratos bajo sospecha por la venta al Ayuntamiento madrileños de mascarillas, guantes y test rápidos en marzo de 2020 por 14,5 millones. Una operación por la que los socios se habrían repartido más de cinco millones en comisiones.
Aunque sigue expurgando centenares de adjudicaciones, solo consta que Anticorrupción haya abierto 'diligencias previas' sobre otro famoso contrato: el de las 250.000 mascarillas que Priviet Sportive vendió por 1,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid con la intermediación del hermano de la presidenta. Según reconoció la jefa del Ejecutivo, Tomás Díaz Ayuso cobró al menos 55.850 euros más IVA por su intervención en esa transacción.
El Ministerio Público, por ahora, no ha tomado decisión alguna sobre otro paquete de adjudicaciones polémica: los doce contratos por valor de 326 millones de euros firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria y que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, bajo orden de Ayuso, denunció a Anticorrupción el 10 de marzo por favorecer, supuestamente, a siete empresas relacionadas con el PSOE.
La justicia pone el foco en los 6.500 millones adjudicados a dedo en material antipandemia
Solo hay 59 contratos judicializados pero Anticorrupción sigue expurgando entre los 25.068 expedientes de urgencia de 2020
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¿Cómo que no hay pruebas? ¡Que no nos tomen el pelo!
Si una foto de una niña ajena puede ser una prueba para llamar a declarar a unas personas como posibles niñeras..
¡Qué no me vengan conque no hay pruebas para llamar a declarar a funcionarios públicos incluidos alcalde y una presidenta de Gobierno!
¿Qué pasa? ¿Qué todos están involucrados y no destapes mi mierda porque te puedo sacar la tuya?
Y mientras tanto, que vayan prescribiendo los asuntillos....