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La abogada de los presos de ETA Arantza Zulueta lleva tres años encarcelada en aislamiento
La plataforma 'Arantza Askatu!' convoca una manifestación este sábado en Bilbao en defensa de quien jugó un papel clave en la apuesta por la paz. La Audiencia Nacional ordenó su detención en enero de 2014 y actualmente se encuentra aislada en la prisión de Puerto III (Cádiz). Su caso está en manos del Relator Contra la Tortura de la ONU.

  • La abogada vasca Arantza Zulueta fue encarcelada en Puerto III (Cádiz) en enero de 2014. Archivo EFE



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    DANILO ALBIN

    @danialri

    BILBAO.- El final de ETA ha dejado varios momentos históricos, imposibles de obviar en cualquier cronología. Uno de ellos se registró el 28 de diciembre de 2013. En pleno periodo de Navidades, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, que engloba a reclusos abertzales) hacía pública una declaración inédita: por primera vez, anunciaba su compromiso con el “nuevo escenario político”, admitía su “responsabilidad” y comunicaba que sus miembros estaban dispuestos a aceptar los cauces legales para salir de la cárcel.

    La decisión era fruto de un proceso impulsado en las cárceles y respaldado desde fuera. A este lado de los barrotes, una de las personas que trabajó a favor de ese cambio fue una conocida abogada bilbaína. Su nombre: Arantza Zulueta. Conocida por sus tareas de defensa de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale, esta letrada vizcaína había sido designada por el propio EPPK como una de sus interlocutoras en el exterior de las prisiones.

    También había ejercido la defensa legal del dirigente independentista Arnaldo Otegi en 2006, cuando el líder de la ilegalizada Batasuna enfrentaba uno de los tantos procedimientos judiciales abiertos en su contra. En su calidad de abogada, le tocó desplazarse en innumerables ocasiones a la Audiencia Nacional (AN), el tribunal que actúa en todos los casos relacionados con terrorismo. Siempre, o casi siempre, acudió con la toga. Hasta que llegó su día.


    En enero de 2014, el juez de la AN Eloy Velasco lanzó una operación contra los abogados que solían defender a presos abertzales. Hubo ocho personas detenidas, entre ellas Zulueta. Los medios de comunicación pudieron registrar el momento en el que salía de su despacho –esposada y escoltada por guardias civiles fuertemente armados- gracias a una polémica filtración del Ministerio del Interior: la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz informó de la operación cuando los agentes ni siquiera habían salido del cuartel.

    Casi al instante, la foto de Zulueta recorrió todas las redacciones del país. Velasco la señalaba como presunta integrante del denominado Koordinazio Taldea (Grupo de Coordinación), un supuesto órgano utilizado por ETA para garantizar la “concienciación y homogeneidad ideológica” de los presos.

    Tras permanecer cinco días incomunicada, el juez ordenó su ingreso en prisión a la espera de juicio. La operación policial tuvo su segunda parte en enero de 2015, cuando Velasco ordenó otra redada contra los abogados de los reclusos. El número de personas investigadas ascendió entonces a 46. De todas ellas, hoy solamente Zulueta continúa en prisión. De hecho, es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva. El fiscal ha pedido para ella 19 años de prisión.

    “Imputaciones falsas”
    Según consta en un informe elaborado por el abogado Alfonso Zenón, esta letrada ya había permanecido encarcelada de manera preventiva en otros dos periodos –en 2010 y 2011-, bajo idénticas acusaciones. Por ello, el encargado de su defensa sostiene que Zulueta “está sujeta a dos procedimientos penales bajo la misma acusación”. “Mientras en uno se encuentra en libertad bajo fianza –apuntó-, en el otro se le mantiene en prisión”. No es la única irregularidad que observa Zenón, quien asegura que su defendida ha sido objeto de “imputaciones falsas, sin base probatoria alguna”.

    Zulueta es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva

    En cualquier caso, lo que más preocupa en su entorno son las condiciones de su encarcelamiento. “Está en un régimen de aislamiento totalmente anormal”, afirma su amiga Lola Gómez, quien habitualmente ejerce de portavoz de la plataforma creada para pedir su libertad.

    El informe de Zenón da fe de ello: “El régimen de vida al que se ve sometida supone no tener derecho a ninguna actividad, salir a un patio de reducidas dimensiones y cerrado en su parte superior durante cuatro horas al día sola, sin la compañía de ninguna otra presa. Tiene limitados los efectos que puede tener en su celda, efectos de limpieza, higiene personal, ropa o libros. No tiene contacto con ningún otro preso”.

    Del mismo modo, “en estos módulos especiales o de aislamiento el cacheo corporal por palpación es automático cada vez que el preso sale de la celda” mientras que los registros “son continuos y terminan con los pocos efectos que uno tiene por el suelo”. En ese contexto, Zenón advierte que “la severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado”, además de vulnerar la propia normativa de Instituciones Penitenciarias, que establece que la “medida de aislamiento debe ser excepcional”, mientras que en este caso “se está convirtiendo en normal por lo prolongado en el tiempo”.

    “La severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado”, denuncia el abogado de Zulueta

    Por tales motivos, el caso de Zulueta ha sido puesto en conocimiento del Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Además, sus abogados no descartan trasladarlo a instancias europeas. “Creemos que no hay motivos para que siga bajo ese régimen de castigo”, dice su amiga Lola Gómez, quien defiende el papel de la abogada bilbaína a favor del nuevo escenario que se vive en Euskadi desde el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el final de la violencia. “Arantza había sido elegida por los presos para que fuera su portavoz para este tiempo de paz, pero parece que el Gobierno español aún no se ha dado cuenta que estamos viviendo ese nuevo tiempo”, subrayó.

    Su encarcelamiento también fue puesto en duda por el magistrado José Ricardo de Prada, quien en diciembre de 2014 emitió un voto particular ante el recurso que habían presentado sus abogados para pedir su libertad, lo que fue rechazado por la mayoría de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN. En ese escrito, el juez planteaba sus “serias dudas” en torno a esto caso, al tiempo que destacaba que la actividad de Zulueta, “en un claro contexto de cese de actividad terrorista real y aparentemente irreversible”, iba dirigido a la “coordinación y búsqueda de soluciones políticas” para los “presos penados de larga duración”, algo que “difícilmente admite ser penalmente reprochable”.

    Manifestaciones por su libertad
    Esos argumentos siguen muy presentes entre quienes reclaman su libertad, tal como se plasmará este sábado en las calles de Bilbao. A las 18.00, la plataforma Arantza Askatu! realizará una movilización para denunciar las condiciones en las que sigue encarcelada.

    No será la única acción prevista para este mes: el próximo día 26, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao tratará una moción presentada por ese colectivo para reclamar el fin de los castigos contra la abogada vasca, aislada a 1.000 kilómetros de esta ciudad.
 
Cientos de personas denuncian en Bilbao la situación de "ilegalidad" que sufre la abogada de presos de ETA
Arantza Zulueta lleva tres años en prisión preventiva y régimen de aislamiento.

  • Manifestación en Bilbao por la privación en libertad de la abogada Arantza Zulueta. EUROPA PRESS



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    EUROPA PRESS

    BILBAO.- Cientos de personas han reclamado este sábado en Bilbao la puesta en libertad de la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta tras tres años en prisión preventiva y régimen de aislamiento que, según han denunciado, le hacen padecer una situación "extrema y totalmente ilegal".

    Bajo el lema '¡No al aislamiento. No a la dispersión. Libertad para Arantza Zulueta!, la manifestación, convocada por la Plataforma de apoyo a la abogada, ha recorrido las calles de Bilbao para denunciar el "aislamiento" en el que se encuentra la letrada desde que entró en prisión.

    "Se están cebando con ella. Está en una cárcel que no está preparada para mujeres y no ve desde hace tres años nada más que a los funcionarios", afirma Gómez

    Durante la marcha, que ha partido desde el Arenal y ha finalizado en el Casco Viejo, se han proferido además gritos a favor de la libertad de Zulueta y de la vuelta "a casa" de los presos. Zulueta, que se encuentra en la cárcel de Puerto III, en Cádiz, fue detenida en enero de 2014 en una operación ordenada por la Audiencia Nacional contra abogados de presos de ETA.

    La letrada -que había sido designada por el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, como una de sus interlocutores en el exterior de las prisiones-, fue acusada de integrar el denominado Koordinazio Taldea (Grupo de Coordinación) que supuestamente utilizaba la banda para garantizar "la concienciación y la homogeneidad ideológica" de los reclusos.

    "Se están cebando con ella. Está en una cárcel que no está preparada para mujeres y no ve desde hace tres años nada más que a los funcionarios", ha indicado la miembro de la plataforma Lola Gómez. En este sentido, ha denunciado que Zulueta disfruta únicamente de dos horas de patio al día "en soledad" y ha censurado que "sufre continuos cacheos".


    "Su situación es extrema y totalmente ilegal. No se puede tener a una persona como presa preventiva durante tres años. Además, es la única que continúa en esa situación de todas las de su sumario, ya que eran 40 personas y 39 están fuera", han incidido.
 
Y hay gente que osan decir Que en España no hay presos políticos.Están haciendo lo mismo que hacía el generalisimo,acusar de lo que sea menester y al agujero.Creo que en Madrid han salido a manifestarse a las 12, por lo mismo.
 
Pues eso que seguimos en Venezuela y ciudadanos sin hacer presencia
'Público' y ETA

Por ANA PARDO DE VERA
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  • Imagen del comunicado de ETA en el que declaraba en 2011 "un alto el fuego permanente, general y verificable". EFE



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    ANA PARDO DE VERA

    MADRID.- Este fin de semana, Público sacó a portada una información muy relevante sobre la desclasificación de documentos oficiales en Uruguay y contó cómo el Gobierno de Felipe González extendió los tentáculos de su guerra sucia hasta este país buscando etarras que, según ellos, permanecían ocultos en medio de la diáspora vasca, pero que el Ejecutivo del PSOE tenía localizados como tales.

    Para facilitar el control de estos objetivos (alguno amenazado por el GAL, según los papeles), la Secretaría de Estado de Seguridad de Rafael Vera (siempre según los documentos desclasificados de los que se ha hecho Público) pagaba con el dinero de todos nosotros/as sobornos y otras compensaciones al Gobierno de Uruguay de entonces. Informamos pues sobre un episodio de la 'guerra sucia' que ilustraba toda su crudeza y toda su miseria moral, ni más ni menos.


    El titular de este diario (El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a refugiados de ETA) provocó una cascada de reacciones y amenazas personales por calificar a etarras de "refugiados" que no ha cesado desde ayer. Más allá de ignorar a quienes se aferran desesperadamente a los despojos de una banda terrorista en extinción como razón de ser de su militancia política, su trabajo o, incluso, su vida, esta directora quiere poner en sus justos términos el titular de Público por ser un contenido extremadamente sensible en el que el periódico rechaza cualquier atisbo de ambigüedad para informar con objetividad, como siempre lo ha hecho, sobre el terrorismo de ETA y sobre la guerra sucia para acabar con la banda.

    Uruguay dio el estatus de refugiado a muchos vascos que emigraron a este país; entre ellos, había etarras o señalados como tales por el Gobierno español (que, en su huida hacia delante con el GAL, cometió errores garrafales en este terreno, como bien demostró, entre otros, el secuestro de Segundo Marey). Que los señalados por el Gobierno de González como miembros de ETA tuvieran estatus de refugiados, sin embargo, no significa que el Ejecutivo uruguayo lo supiera cuando lo extendió, ni mucho menos. Tampoco lo contrario porque no hay más constancia probatoria que los documentos oficiales sobre esa oscura etapa.

    Obviamente, cuando Público titula por "refugiados de ETA" no trata de librar de culpa alguna a los terroristas, sino reflejar un estatus que, con intención o no, se había dado a un determinado colectivo (hechos y hechos, ya saben, lo normal en una información bien atada), pero la mezquina maquinaria de quienes, estando ETA por el medio, siempre tienen algo que decir y con que aliviar su resentimiento, nos puso en la frente el cartel de "Defensores de ETA". Es tan absurdo que hasta me cuesta escribirlo.

    Con todo, no quiero evitar mi responsabilidad y autocrítica en este asunto y, tras hablar con varias personas merecedoras de todo mi respeto por su conocimiento del tema (víctimas de ETA, incluso), concluí que la información no iba a verse mermada en su relevancia (destapar la guerra sucia' de la que, aún hoy, en su propio partido, siguen negándole responsabilidad alguna a Felipe González) por evitar cualquier atisbo de ambigüedad al sustituir el término "refugiados" por el de "miembros de ETA".

    Ha habido en las redes quienes han deseado mi muerte o la de mi familia a manos de ETA por poner "refugiados" sobre quienes lo eran en Uruguay. Pero fíjense en qué poca consideración tengo yo a los justicieros que ni siquiera a los miembros de ETA les deseo que sean asesinados por otros terroristas, sino que tengan un juicio justo y se honre así la memoria de unas víctimas a cuyas familias entiendo inconsolables.
 
El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a miembros de ETA
Un periodista de Uruguay revela documentos sobre las “donaciones” en armas y en dólares que realizó el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. También hubo acuerdos millonarios en materia de cooperación. El objetivo: controlar, espiar y detener a la comunidad vasca en el país sudamericano, entre los que figuraban amenazados por el GAL
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  • Policías uruguayos en una imagen de archivo.



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    DANILO ALBIN

    BILBAO.- “Ya me enteré de su accidente. Espero que tanto usted como sus amigos estén bien. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado”. Hace algunos años un informante de la Policía uruguaya se dirigía de esa forma a un periodista de ese país que había vivido una temporada en Donostia. Una noche, el coche en el que viajaba junto a personas del ámbito abertzale se dio de frente contra otro vehículo en una carretera del interior de Gipuzkoa. Pocos meses después, cuando el accidentado se encontraba de regreso en Uruguay, aquel tipo misterioso le hizo saber que conocía todos sus movimientos. Algunos no se sorprendieron: en la Casa Vasca de Montevideo ya habían visto a ese individuo en varias ocasiones.

    Esta anécdota –confirmada a Público por su protagonista- es apenas un ejemplo de lo que ocurría en el entorno de las instituciones y colectivos vascos de Uruguay. Desde finales de los años ochenta, una larga lista de individuos “curiosos” desfilaron por sus instalaciones, se hicieron amigos de sus directivos… y obtuvieron datos que acababan en Madrid. Así funcionaba una nutrida red de “colaboradores” de la Policía española que se dedicaba a “monitorear” las actividades de la diáspora vasca en el país del ex presidente José “Pepe” Mujica, quien también tiene raíces familiares en Euskadi.

    “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”

    Las anécdotas –y sospechas- de los últimos años acaban de ser confirmadas por el semanario Brecha, una veterana publicación de la izquierda uruguaya. Según relata el prestigioso periodista Samuel Blixen, el Gobierno de Felipe González pagó “generosos sobornos a los principales jerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía” de ese país sudamericano. Su denuncia está amparada por documentos de la Inteligencia militar de Uruguay hasta ahora desconocidos. De acuerdo al artículo escrito por Blixen, el ex secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González, Rafael Vera –quien posteriormente fue condenado por su pertenencia al GAL-, estuvo al frente de esa trama.

    “En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas”, señala el periodista en su crónica. Por entonces, el objetivo de Felipe González era perseguir a un grupo de 15 refugiados vascos que vivían en Uruguay y que tenían diferentes grados de vinculación con el movimiento abertzale. Algunos habían pertenecido a ETA. Otros no. Lo que sí les unía era el miedo a ser atrapados por el GAL, que ya había mostrado sus virtudes asesinas.

    De acuerdo a la documentación recogida por la publicación uruguaya, la Dirección General de Información de Defensa de ese país había llegado a un acuerdo con los exiliados: “mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una ‘inscripción tardía’”. “De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños –apunta Blixen-. El acuerdo entre la Inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero éstos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia”.




    Policías uruguayos en una imagen de archivo.



    “Hay bastante dinero”
    Según esos documentos, “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”. “A Uruguay le llegaría el turno después que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio”, señala el semanario. Para conseguirlo, el gobierno de González tiró de cartera: “De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA”, señalaba un informante policial apodado “Diego” en un informe fechado el 21 de agosto de 1989. Allí consta que uno de los policías que trabajaban para los servicios secretos españoles llegó a recibir el ofrecimiento de un sueldo de 300 euros al mes a cambio de vigilar a un exiliado vasco.

    “Se volcaron todos los medios a esta operación, porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles”, señalaba el agente identificado como “Fabián” en uno de los documentos divulgados por Blixen. “Fabián explicó que todo aquel dinero era ‘guita extra’ y que hubo un ‘gran puterío’ por el reparto, ‘son 13 sueldos y agrégale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo’”, subrayaba.

    Créditos millonarios
    Además de pagar a policías, el Gobierno del PSOE también supo conquistar al por entonces presidente de Uruguay, el conservador Luis Alberto Lacalle. “El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España donde firmó un acuerdo por el cual el Gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a los 30 mil millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellos cuatro menores de edad”. “Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes”, recuerda el artículo publicado por Brecha.

    Según consta en otros documentos recogidos por Público, el Gobierno español consiguió que policías de este país participasen en los interrogatorios realizados a los vascos capturados en Montevideo. En un acta de la DNII uruguaya del 15 de mayo de 1992, consta que al menos uno de los agentes que interrogó a Josu Lariz –uno de los detenidos en aquella operación- utilizaba un lenguaje propio del castellano que se habla en España. “No conozco policías (uruguayos) tan castizos que hablen en segunda persona del plural. Eso demuestra que había policías españoles”, denunció algunos años después el parlamentario del Frente Amplio –coalición de izquierdas que hoy está en el Gobierno- Guillermo Chifflet.

    Dos años después, el presidente Lacalle volvió a mostrar su “compromiso” con el ejecutivo de Felipe González: a pesar de lo estipulado por la normativa uruguaya en materia de asilo, el mandatario de aquel país aceptó el pedido de extradición que Madrid había formulado contra ocho refugiados vascos. Tres de ellos se pusieron en huelga de hambre y tuvieron que ser hospitalizados, lo que despertó una amplia movilización popular. El 24 de agosto de 1994, la Policía al mando del entonces ministro de Interior, Ángel María Gianola, cargó contra la multitud que protestaba fuera del Hospital Filtro y mató a dos jóvenes de 18 y 24 años de edad. Ocho años más tarde, el Gobierno de José María Aznar condecoró a Gianola con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Era una cuestión de gratitud.
 
Podemos exige el fin de la política penitenciaria “vengativa” del PP
Las direcciones de la formación morada en el País Vasco y Navarra presentan una declaración conjunta en la que reclaman el acercamiento de presos. Sostienen que la dispersión carcelaria viola los “derechos fundamentales” de los reclusos “de forma absolutamente injustificable”.
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  • Marcha por el final de la política penitenciaria del Gobierno español hacia los presos de ETA. EFE/Miguel Toña



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    DANILO ALBIN

    @danialri

    BILBAO. - Cinco años y tres meses después del final de la violencia en Euskadi, el PP se ha quedado totalmente solo en su defensa de la dispersión carcelaria, una medida de excepción que sólo se aplica contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. Este lunes, los responsables de Podemos en el País Vasco y Navarra han dado a conocer una declaración conjunta, en la que transmiten un mensaje muy claro: es necesaria otra política penitenciaria basada en la legalidad. No en la venganza.


    En este documento, la formación morada muestra su rechazo hacia la actitud del gobierno de Rajoy en materia de presos. “El camino de la reconstrucción del tejido social y de un marco estable de paz y convivencia democrática en nuestra sociedad se encuentra jalonado por muchos y variados obstáculos”, señalan en el primer párrafo. Por un lado, advierten que “en algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros”. Dicho esto, también muestran su preocupación por lo que continúa ocurriendo dentro de las cárceles: “lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado”.

    Tras dejar claro que todos los avances “deben darse guiados por la defensa radical de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas”, Podemos Euskadi y Podemos Navarra llaman a abordar la situación de los presos “desde una perspectiva integral de derechos humanos”, lo que implica “el acercamiento a su lugar de origen o de residencia de sus familiares”, además de asegurar un trato humanitario y “avanzar en políticas de justicia restaurativa que faciliten la reinserción social”. Justo lo contrario del camino recorrido por el PP tras el cese de ETA en octubre de 2011.

    “Queremos señalar que todavía hoy, tal como vienen reivindicando numerosos juristas, organizaciones pacifistas y de derechos humanos, las personas presas ven lesionados sus derechos fundamentales de forma absolutamente injustificable”, denuncia el partido de los círculos en su declaración. En ese contexto, sostiene que “la defensa de los derechos humanos conlleva necesariamente el rechazo y condena –ética y política– de toda violencia y vulneración de los mismos, el reconocimiento de todos los sufrimientos injustos, y, en el caso que nos ocupa, a manifestar necesariamente nuestra cercanía con el sufrimiento de las personas presas así como con el de sus familiares”.

    La dispersión carcelaria está en el centro de este documento. Según denunciaba hace algunos días la plataforma civil Sare (Red), sólo dos de los 351 presos abertzales se encuentran en cárceles vascas. De esta manera, 2016 se cerró con 288 reclusos dispersados en prisiones ubicadas a distancias que oscilan entre los 500 y los 1100 kilómetros, lo que supone un incremento del 2,1% en relación a 2015. Ante estas cifras, Sare –cuyo portavoz es el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga- no dudó en asegurar que durante los últimos 12 meses el gobierno había endurecido su política penitenciaria.

    Por tales motivos, Podemos cree que ha llegado el momento de acabar con la “orientación vengativa de la política penitenciaria”, lo que implica abandonar su “excepcionalidad legal” y su “uso con fines políticos”. “El alejamiento supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas, el cumplimiento íntegro de penas contraviene el principio de reinserción social y el trato que reciben las personas presas con enfermedades graves o incurables está lejos de ser humanitario”, subraya.

    En ese sentido, la formación advierte que el gobierno ni siquiera ha cambiado su línea de actuación en los casos de aquellos presos “acogidos a las políticas de justicia restaurativa, que han apostado por el reconocimiento del daño, el arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas”, quienes “están teniendo graves dificultades para acceder a los derechos penitenciarios que legalmente les corresponden. “Estas políticas eran inaceptables cuando ETA mataba y más aún si cabe hoy que ya no lo hace”, añade.

    Su posición es compartida por el resto de formaciones representadas en el Parlamento Vasco, con la excepción del PP. De hecho, esa posición común no solo es palpable en el ámbito nacionalista –donde PNV y EH Bildu coinciden en pedir el fin de la dispersión-, sino también en el PSE. Su secretaria general, Idoia Mendia, afirmó a finales de la pasada semana que sería “bueno” acercar a los presos, ya que entiende que esa medida “probablemente facilitaría el camino individual a la reinserción y ese reconocimiento del daño causado a la sociedad vasca”.

    "Trato humanitario"
    Por su parte, las direcciones de Podemos en el País Vasco y Navarra reclaman –además del acercamiento de los reclusos- “un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables”, así como “acabar con el régimen de aislamiento prolongado”. Para ello, consideran que “la valoración de la situación penitenciaria” de los reclusos debe ser realizada “por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral Navarra, eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto”.

    También piden “el traspaso a los Gobiernos vasco y navarro de las competencias en materia penitenciaria tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra” o “la progresión de grados y el acceso a beneficios penitenciarios en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria y la aplicación de los criterios señalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta al cómputo de penas, considerando tanto las del estado español como las del francés”.

    “Rechazo de la violencia”
    Su valoración también contiene un mensaje para el colectivo de presos de ETA: en la declaración dada a conocer este lunes, les instan a “seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado”. El arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados”. Sin embargo, advierten que esos pasos no pueden ser condicionantes para la “reinserción social”, ya que se trata de “un derecho”. El gobierno de Rajoy no piensa lo mismo.

 
Vuelvo a preguntar: ¿Ya pagó a Hacienda la ministra de sanidad lo que debía su empresa familiar?
 
Entrevista con los padres de los jóvenes imputados


"¿A qué intereses obedece el caso de Altsasu?"
Hablamos con los padres de tres de los nueve jóvenes imputados por delitos de terrorismo por una pelea con dos guardias civiles en Altsasu (Navarra).


Ter García
21/12/16 · 13:26
Comentarios 4




Uno de los padres de los jóvenes imputados, tras la entrevista con Diagonal. / Álvaro Minguito
inforelacionada

Cita en Alsasua
En libertad provisional cuatro de los siete detenidos de Altsasu
Fue una pelea, es esquizofrénico. Nadie puede entender lo que está pasando”, explica Nekane a Diagonal. Ella es madre de una de las personas imputadas por la pelea del Altsasu (Navarra), un caso que ha llevado ante la Audiencia Nacional a nueve jóvenes de entre 19 y 24 años a los que piden penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

Nekane forma parte de un grupo formado por los padres de los imputados en esta causa que ayer acudieron a Madrid para reunirse con representantes de los grupos parlamentarios de Podemos, En Marea, Compromís, PDECat, ERC, Izqiuerda Unida, EH Bildu y PNV para transmitirles su preocupación ante la situación procesal de sus hijos y pedir que el caso vuelva a la Audiencia Provincial de Navarra.

¿Qué pasó en Altsasu?
15 de octubre. Dos guardias civiles de paisano acuden, a las 2 de la mañana a un bar de Altsasu (Navarra) con sus parejas. Tres horas después se produce una pelea con varios. El mayor daño ocasionado: una fractura en el tobillo de uno de los guardias civiles. Lo que no habría sido más que un caso de lesiones o, en su caso, atentado a la autoridad, se ha convertido en una causa por delitos de terrorismo en la que piden penas de hasta quince años de cárcel para once jóvenes de esta localidad navarra.

La misma noche de los hechos, dos de los jóvenes –Jokin y Aritz– fueron trasladados a Pamplona y detenidos en prisión incomunicada en el cuartel de la Policía Foral de la capital. El 17 de octubre declararon ante la juez Mari Paz Benito, del Juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra y puestos en libertad con cargos, con medidas cautelares.

En el informe de la Guardia Civil sobre los hechos se hablaba de una agresión, no de linchamiento o paliza organizada. Sin embargo, el día siguiente, la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE) presentó una denuncia por los mismos hechos ante la Audiencia Nacional, relacionándolos con delitos de terrorismo.

En los siguientes días de octubre, todos los jóvenes citados acudieron a declarar voluntariamente ante la Audiencia Provincial, algunos en varias ocasiones. Aún así, el 9 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela reclama a la Audiencia Provincial navarra el traslado de la causa, había aceptado a trámite la denuncia de COVITE.

Leer más: La Audiencia Nacional investigará como delito de terrorismo la pelea de Altsasu

A pesar de que los jóvenes citados acudieron a declarar voluntariamente, el 14 de noviembre la Audiencia Nacional ordenó la detención de diez jóvenes. La mayoría de ellos fueron detenidos en la calle, cuando se dirigían a sus centros de estudio. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 19 y 24 años.

La Audiencia Nacional ordena prisión preventiva para siete de los jóvenes, y medidas cautelares para dos más. A una chica más archiva provisionalmente su procesamiento. El argumento de la Audiencia Nacional: que al ser jóvenes, se potencia el riesgo de fuga.

“Pero, ¿cómo va a haber riesgo de fuga cuando han estado queriendo declarar desde que comenzó todo?”, se pregunta Nekane. Edurne, madre de otro de los imputados, explica que, en el caso de la detención de su hijo, la policía fue a buscarle a casa, pero él estaba ya en el instituto. “Mi hijo estudia en Gipuzkoa, le llamé por teléfono y le dije que la Guardia Civil iba a buscarle, le dije que, cuando llegara, bajara. Riesgo de fuga no hay ninguno, la mayoría de ellos son de Altsasu y estudian a 50 kilómetros a la redonda. Ellos lo que quieren es retomar su vida”.

El pasado lunes, la Fiscalía volvió a argumentar el riesgo de fuga para pedir el mantenimiento en prisión preventiva de los siete detenidos, sin embargo ayer, la Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad de cuatro de ellos, un cambio de actitud que fue recibido con esperanza los padres de los jóvenes imputados.

Leer más: En libertad provisional cuatro de los siete detenidos de Altsasu


“Nosotros queremos ver la parte positiva de todo esto”, recalca otro de los padres, Antxón, quien explica cómo, cada día se celebran concentraciones en el municipio en apoyo a los detenidos. El mismo 22 de octubre, apenas tres días después de que COVITE presentara la denuncia ante la Audiencia Nacional y antes de que el alto tribunal la aceptara a trámite, más de 2.000 personas salieron a las calles de Altsasu –municipio que apenas cuenta 7.600 habitantes– en protesta por el tratamiento que se estaba dando al caso en los medios de comunicación generalistas.

Desde el Ayuntamiento de esta población, Podemos en Navarra y el Parlamento navarro han mostrado su repulsa a que este caso sea tratado como terrorismo. Hasta el juez Baltasar Garzón, impulsor de la teoría del “todo es ETA”, tachó de “sobreactuación judicial” el proceso y el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, rechazó la imagen que los medios de comunicación dieron de Altsasu. El 26 de noviembre, una nueva convocatoria llevó a las calles de este municipio entre 15.000 y 20.000 personas.

El papel de los medios
Una gota más que te va haciendo daño”, así que como describe Edurne el papel de la prensa a la hora de cubrir el caso de la pelea de Altsasu. Desde que el 16 de octubre, el pueblo saltara a los medios de comunicación, se han ido sucediendo textos en los principales medios en los que se ha criminalizado tanto a los jóvenes imputados como a toda la población, se ha filtrado toda la información sobre el caso con las identidades y datos personales de los jóvenes, a pesar de que el caso sigue en fase de instrucción. “¿Os planteáis denunciar a los medios de comunicación?”, les preguntamos. “De momento, tenemos tal marrón encima que vamos a ocuparnos de los importante”, responde Nekane, quien subraya el “tremendo daño” que este caso ha hecho a la profesión periodística.

A día de hoy, tres jóvenes de Altsasu continúan en prisión preventiva y otros cinco están sometidos a medidas cautelares. Todos ellos están acusados de delitos de terrorismo por los que piden penas de hasta 15 años de cárcel, a pesar de que el propio informe de la Guardia Civil califica los hechos de atentado a la autoridad y lesiones. Como fondo, los padres de los imputados plantean una pregunta: “¿Por qué se quiere trasladar este caso a la Audiencia Nacional? ¿a qué intereses obedece?”.
 
Interior impide a dos presos vascos en Sevilla II reunirse con Jon Iñarritu

Instituciones Penitenciarias no autorizó ayer a Iñaki Arakama y Rufino Arriaga, presos vascos en Sevilla II, reunirse con Jon Iñarritu, senador de EH Bildu que visitó la cárcel junto a la comisión de Interior. El portavoz independentista censuró la «política de venganza» de Madrid.

A.P.|MADRID Actualizada:

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EH Bildu denuncia que instituciones penitenciarias impide a dos presos de ETA en Sevilla II reunirse con Jon Iñarritu
 
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Esto solo pasa en hespañistan, no en Cubazuela


Concentración a favor de la libertad de los detenidos en Alsasua

Agencias | Redacción



24/02/2017

Han lamentado los más de 100 días de "angustia y dolor" que llevan vividos desde el ingreso en prisión de los jóvenes.

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    Cientos de personas piden la libertad de los detenidos en Alsasua. Foto: EFE
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Cientos de personas han pedido este viernes en Pamplona/Iruña la puesta en libertad de los tres de los jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre en Alsasua, que siguen en prisión.

La concentración se ha producido cuatro días después de que la Audiencia Nacional confirmase el procesamiento por un delito de terrorismo a tres de los acusados por la agresión, a la espera de resolver los recursos interpuestos por los otros seis procesados en esta causa.

Durante la concentración en el paseo de Sarasate se ha leído un comunicado en el que se reclama al Gobierno de Navarra "que exija en el Congreso español la inmediata puesta en libertad" de los jóvenes detenidos y la "finalización de este circo".

Los participantes han denunciado que el 15 de octubre comenzó en Alsasua "un montaje policial, jurídico y mediático por el que se ha criminalizado a los jóvenes, considerándolos terroristas", al tiempo que han pedido la salida de Navarra de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

En nombre de los padres de los jóvenes, Gotzon Urrizola ha lamentado los más de 100 días de "angustia y dolor" que llevan vividos desde el ingreso en prisión de sus hijos.
 
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