ABUSOS SEXUALES
La violación en grupo de una niña indígena retrata la violencia machista en Argentina
Ocho acusados van a juicio por la agresión sexual. La menor quedó embarazada y se le negó un aborto
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JOSEFINA LÓPEZ MAC KENZIE
Salta 20 FEB 2019 - 18:36 CET
De espaldas, los acusados de violar a una niña en Salta escuchan a los magistrados en la apertura del juicio. PODER JUDICIAL
Hace casi cuatro años, ocho hombres violaron a una niña indígena en un paraje rural de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. La víctima, de la etnia wichí, tenía entonces 12 años, un retraso madurativo evidente y vivía en la indigencia. El ataque pasó inadvertido hasta seis meses después, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas. El caso se convirtió en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba aún en la agenda política del país. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deberá juzgarlos.
Una niña argentina de 12 años que fue violada y cuya madre pidió un aborto da a luz por cesárea
El 28 de noviembre de 2015, A.M.S. –iniciales de la niña–, no volvió a su casa. Sus familiares la encontraron un día después en una cancha de fútbol de pueblo, inconsciente. Según testigos, la atraparon cuando estaba con unas amigas y un grupo de varones la violó en una zona de arbustos. Esto ocurrió en Alto de la Sierra, una localidad perdida en el monte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de ellos de origen wichí y chorote. Todos se las arreglan como pueden con lo poco que hay, entre la hostilidad del clima y la indiferencia de Estado. Recorrer los 480 kilómetros que separan Alto de la Sierra de la capital de la provincia lleva más de diez horas, si no llueve. Sus habitantes soportan temperaturas de hasta 50 grados y muchos viven en ranchos de barro, a 70 kilómetros del primer asfalto. Y en otro tiempo.
No siempre hay médico o ambulancia, y mucho menos kits para emergencias, tests de embarazo o información en los idiomas de las comunidades originarias que pueblan la región. Para los wichís fue un verdadero calvario constatar la violación, lograr que la justicia escuche a la niña en su lengua materna y “hacer bajar al territorio”, como dicen ellos, a algunos diputados. El desafío fue interesar a la política en el caso.
En Alto de la Sierra se vive de la cría de animales y se hacen artesanías con palo santo y fibra de chaguar. El pueblo solo tiene señal de Internet en la escuela –llegó a través de una fundación– y en el destacamento policial. En 2017, los baños del hospital pasaron un año sin agua. Fue allí donde un periodista registró que un adolescente wichí pasaba los días encerrado en una jaula casera, sin atención para una discapacidad mental. La difusión del vídeo llegó a los medios nacionales.
El inicio del juicio tensó a una comunidad en la que todos se conocen. Nicasio y Francisca, padres de la niña, fueron los primeros citados por los jueces de Tartagal, la ciudad donde se realizan las audiencias. Viajaron 300 kilómetros para dar su testimonio a través de un intérprete. En esa misma ciudad esperan presos los ocho imputados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores”. Los fiscales a cargo de la investigación consideraron probado que los acusados se valieron de la violencia y de las condiciones psíquicas y físicas de la niña para atacarla en grupo. El 28 de febrero estará la sentencia, que puede alcanzar hasta los 20 años de cárcel para cada detenido.
Juan Manuel Urtubey en contra de leyes nacionales, el aborto podía solicitarse solo hasta la semana 12 de gestación. En Salta, una fortísima impronta católica (el año pasado dejó de regir allí la formación religiosa curricular para la escuela primaria) va de la mano con la objeción de conciencia de muchos médicos.
Junto al caso de “Belén”, una joven tucumana encarcelada después de sufrir un aborto espontáneo, el de Juana llegó al Congreso durante la discusión por la legalización del aborto el año pasado. En ese contexto, Urtubey decidió derogar su protocolo y adherir al que rige en todo el país, que no pone límites temporales.
Según cifras de Unicef, los hogares indígenas tienen los peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del país, y de ellos, los de Salta están entre los más postergados. A.M.S. creció en un hogar precario, mal alimentada y sin educación. Y cuando fue abusada, falló todo el sistema de protección a una víctima “sumida en un estado paupérrimo de indigencia”, como describió el juez de la Corte provincial Abel Cornejo, autor de un proceso judicial contra los primeros instructores de esta causa (pedido de jury), que no prosperó.
La violación en grupo de una niña indígena retrata la violencia machista en Argentina
Ocho acusados van a juicio por la agresión sexual. La menor quedó embarazada y se le negó un aborto
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JOSEFINA LÓPEZ MAC KENZIE
Salta 20 FEB 2019 - 18:36 CET
De espaldas, los acusados de violar a una niña en Salta escuchan a los magistrados en la apertura del juicio. PODER JUDICIAL
Hace casi cuatro años, ocho hombres violaron a una niña indígena en un paraje rural de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. La víctima, de la etnia wichí, tenía entonces 12 años, un retraso madurativo evidente y vivía en la indigencia. El ataque pasó inadvertido hasta seis meses después, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas. El caso se convirtió en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba aún en la agenda política del país. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deberá juzgarlos.
Una niña argentina de 12 años que fue violada y cuya madre pidió un aborto da a luz por cesáreaEl 28 de noviembre de 2015, A.M.S. –iniciales de la niña–, no volvió a su casa. Sus familiares la encontraron un día después en una cancha de fútbol de pueblo, inconsciente. Según testigos, la atraparon cuando estaba con unas amigas y un grupo de varones la violó en una zona de arbustos. Esto ocurrió en Alto de la Sierra, una localidad perdida en el monte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de ellos de origen wichí y chorote. Todos se las arreglan como pueden con lo poco que hay, entre la hostilidad del clima y la indiferencia de Estado. Recorrer los 480 kilómetros que separan Alto de la Sierra de la capital de la provincia lleva más de diez horas, si no llueve. Sus habitantes soportan temperaturas de hasta 50 grados y muchos viven en ranchos de barro, a 70 kilómetros del primer asfalto. Y en otro tiempo.
No siempre hay médico o ambulancia, y mucho menos kits para emergencias, tests de embarazo o información en los idiomas de las comunidades originarias que pueblan la región. Para los wichís fue un verdadero calvario constatar la violación, lograr que la justicia escuche a la niña en su lengua materna y “hacer bajar al territorio”, como dicen ellos, a algunos diputados. El desafío fue interesar a la política en el caso.
En Alto de la Sierra se vive de la cría de animales y se hacen artesanías con palo santo y fibra de chaguar. El pueblo solo tiene señal de Internet en la escuela –llegó a través de una fundación– y en el destacamento policial. En 2017, los baños del hospital pasaron un año sin agua. Fue allí donde un periodista registró que un adolescente wichí pasaba los días encerrado en una jaula casera, sin atención para una discapacidad mental. La difusión del vídeo llegó a los medios nacionales.
El inicio del juicio tensó a una comunidad en la que todos se conocen. Nicasio y Francisca, padres de la niña, fueron los primeros citados por los jueces de Tartagal, la ciudad donde se realizan las audiencias. Viajaron 300 kilómetros para dar su testimonio a través de un intérprete. En esa misma ciudad esperan presos los ocho imputados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores”. Los fiscales a cargo de la investigación consideraron probado que los acusados se valieron de la violencia y de las condiciones psíquicas y físicas de la niña para atacarla en grupo. El 28 de febrero estará la sentencia, que puede alcanzar hasta los 20 años de cárcel para cada detenido.
Juan Manuel Urtubey en contra de leyes nacionales, el aborto podía solicitarse solo hasta la semana 12 de gestación. En Salta, una fortísima impronta católica (el año pasado dejó de regir allí la formación religiosa curricular para la escuela primaria) va de la mano con la objeción de conciencia de muchos médicos.
Junto al caso de “Belén”, una joven tucumana encarcelada después de sufrir un aborto espontáneo, el de Juana llegó al Congreso durante la discusión por la legalización del aborto el año pasado. En ese contexto, Urtubey decidió derogar su protocolo y adherir al que rige en todo el país, que no pone límites temporales.
Según cifras de Unicef, los hogares indígenas tienen los peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del país, y de ellos, los de Salta están entre los más postergados. A.M.S. creció en un hogar precario, mal alimentada y sin educación. Y cuando fue abusada, falló todo el sistema de protección a una víctima “sumida en un estado paupérrimo de indigencia”, como describió el juez de la Corte provincial Abel Cornejo, autor de un proceso judicial contra los primeros instructores de esta causa (pedido de jury), que no prosperó.
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