Soraya Saenz de Santamaría se incorpora al bufete "Cuatrecasas"

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Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría


Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría, admitió en 2015 ocho delitos contra la Hacienda Pública entre 2006 y 2008

El fraude fiscal consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación

El abogado y fiscalista aceptó dos años de cárcel que no cumplió tras devolver a Hacienda 4,1 millones de euros

Oriol Solé Altimira
11/03/2019 - 15:05h
Soraya-Saenz-Santamaria-Cuatrecasas-Consejo_EDIIMA20190311_0432_20.jpg

Sáenz de Santamaría, con el presidente de Cuatrecasas, Rafael Fontana, y su director general, Jorge BadíaCUATRECASAS

El fichaje de Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas busca un revulsivo tras la caída de facturación de la firma
Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría este lunes, es un viejo conocido de la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo despacho es especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho delitos contra la Hacienda pública. Tras un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado –que entonces dependía de la vicepresidencia del Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría–, Cuatrecasas aceptó una pena de dos años de cárcel –que no cumplió– y una multa de 1,5 millones de euros tras haber devuelto al erario público 4,1 millones, correspondientes al importe defraudado más los intereses.




En la sentencia de conformidad dictada en 2015, que hoy ha recuperado elplural.com, se consideró probado que Cuatrecasas defraudó 3,02 millones de euros en los impuestos de IVA (827.590,3 euros), Sociedades (312.887,95), IRPF (775.492,88 euros) y Patrimonio (1.109.787,36 euros), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.

El acusado devolvió, como paso previo a aceptar la sentencia que le condenaba, toda la cantidad defraudad (3.025.758,54 euros) más unos intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los defraudadores y la acusación es habitual, ya que la Fiscalía de delitos económicos prioriza la devolución del dinero a lograr condenas penales de cárcel, mientras que los condenados buscan atenuar la pena y salvarse de la cárcel mediante el pago de las cantidades defraudadas.

El mecanismo por el que se concretó el fraude consistió en consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación, que en realidad debían cotizar por los impuestos de Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la sentencia señala que Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios simulados al objeto de eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".

Por medio de contratos de arrendamiento, tanto las diferentes viviendas utilizadas por la familia (en Barcelona y el Valle de Aran y una finca del Empordà), el barco de recreo, el mobiliario y varios coches tributaron "como gastos vinculados a una actividad empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente ahorro fiscal y en perjuicio de la Hacienda Pública". destaca la sentencia.

Los contratos de alquiler con los que se articuló el fraude "comprendían los gastos por adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación", señaló el fallo.

La sentencia resaltó además que por más Hacienda conociera los contratos y que Cuatrecasas no los ocultara, el método de tributación "constituyó una apariencia jurídica cuya única finalidad resultaba la indebida disminución de la carga fiscal que correspondía al acusado", esto es, pagar menos impuestos.

El caso arrancó en 2011 con una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude fiscal contra Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado y sólo perseguía obtener beneficios fiscales. El pacto, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, también fue suscrito por la Generalitat, encargada de recaudar el impuesto de patrimonio.

https://www.eldiario.es/catalunya/p...do-delitos-fiscales-Fiscalia_0_876662826.html

¿Es un pago a servicios prestados por SSS a ese gabinete?

Nada que extrañar en éste país de pandereta, circo, futbol y toros.

¡Que vergüenza!
 
Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría


Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría, admitió en 2015 ocho delitos contra la Hacienda Pública entre 2006 y 2008

El fraude fiscal consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación

El abogado y fiscalista aceptó dos años de cárcel que no cumplió tras devolver a Hacienda 4,1 millones de euros

Oriol Solé Altimira
11/03/2019 - 15:05h
Soraya-Saenz-Santamaria-Cuatrecasas-Consejo_EDIIMA20190311_0432_20.jpg

Sáenz de Santamaría, con el presidente de Cuatrecasas, Rafael Fontana, y su director general, Jorge BadíaCUATRECASAS

El fichaje de Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas busca un revulsivo tras la caída de facturación de la firma
Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría este lunes, es un viejo conocido de la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo despacho es especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho delitos contra la Hacienda pública. Tras un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado –que entonces dependía de la vicepresidencia del Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría–, Cuatrecasas aceptó una pena de dos años de cárcel –que no cumplió– y una multa de 1,5 millones de euros tras haber devuelto al erario público 4,1 millones, correspondientes al importe defraudado más los intereses.




En la sentencia de conformidad dictada en 2015, que hoy ha recuperado elplural.com, se consideró probado que Cuatrecasas defraudó 3,02 millones de euros en los impuestos de IVA (827.590,3 euros), Sociedades (312.887,95), IRPF (775.492,88 euros) y Patrimonio (1.109.787,36 euros), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.

El acusado devolvió, como paso previo a aceptar la sentencia que le condenaba, toda la cantidad defraudad (3.025.758,54 euros) más unos intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los defraudadores y la acusación es habitual, ya que la Fiscalía de delitos económicos prioriza la devolución del dinero a lograr condenas penales de cárcel, mientras que los condenados buscan atenuar la pena y salvarse de la cárcel mediante el pago de las cantidades defraudadas.

El mecanismo por el que se concretó el fraude consistió en consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación, que en realidad debían cotizar por los impuestos de Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la sentencia señala que Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios simulados al objeto de eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".

Por medio de contratos de arrendamiento, tanto las diferentes viviendas utilizadas por la familia (en Barcelona y el Valle de Aran y una finca del Empordà), el barco de recreo, el mobiliario y varios coches tributaron "como gastos vinculados a una actividad empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente ahorro fiscal y en perjuicio de la Hacienda Pública". destaca la sentencia.

Los contratos de alquiler con los que se articuló el fraude "comprendían los gastos por adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación", señaló el fallo.

La sentencia resaltó además que por más Hacienda conociera los contratos y que Cuatrecasas no los ocultara, el método de tributación "constituyó una apariencia jurídica cuya única finalidad resultaba la indebida disminución de la carga fiscal que correspondía al acusado", esto es, pagar menos impuestos.

El caso arrancó en 2011 con una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude fiscal contra Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado y sólo perseguía obtener beneficios fiscales. El pacto, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, también fue suscrito por la Generalitat, encargada de recaudar el impuesto de patrimonio.

https://www.eldiario.es/catalunya/p...do-delitos-fiscales-Fiscalia_0_876662826.html

¿Es un pago a servicios prestados por SSS a ese gabinete?

Nada que extrañar en éste país de pandereta, circo, futbol y toros.

¡Que vergüenza!
Hace gracia que en la foto del fichaje no salga Emilio Cuatrecasas. Será por no recordar su pasado inmediato de defraudador Presidente de un bufete que se dedica esencialmente a "optimizar" la tributación fiscal de sus clientes.
Efectivamente, el fichaje suena a favor devuelto. No entiendo como SSS con el abanico de posibilidades de trabajo muy bien pagado, ficha por Cuatrecasas que arrastra una mancha de desconfianza importante. Pero en fin, todos son conocidos y lo importante son los contactos de SSS y para ella seguramente la morterada de dinero que le van a pagar ha sido definitiva. Dicen que ella, quiere seguir trabajando de verdad y no calentar silla en un consejo de administración o varios...pero que vale; que es significativo que se asocie a un bufete que el Jefe Presi defraude a sabiendas. Sí claro, todo es interpretar el IRPF, I.S. etc, etc pero que no cuela desgravarse, entre otros, las chicas de servicio de sus varias casas, xq en fin ya es optimizar mucho.
 
Emilio Cuatrecasas se libró de la cárcel por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta

https://www.elplural.com/…/cuatrecasas-soraya-saenz-santama…

Emilio Cuatrecasas se libró de la cárcel por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta
Una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales y acabó en una condena 24 meses

MARCOS PARADINAS Lunes, 11 de marzo de 2019

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Emilio Cuatrecasas, en el centro, en un acto de su despacho de abogados. Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira

Soraya Sáenz de Santamaría vuelve al mercado privado. Tras su derrota frente a Pablo Casado en el Congreso Nacional del Partido Popular, la que fuera todopoderosa vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy dejó su acta de diputada y se apartó de la política. Ahora, se incorpora al bufete de abogados Cuatrecasas, donde “asesorará a empresas”. El comunicado del bufete también avisa de que Sáenz de Santamaría se incorpora tras “cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos”. Todo legal, pero falto de ética, porque esta puerta giratoria se atasca con la indulgencia recibida por Emilio Cuatrecasas cuando estuvo a punto de entrar en la cárcel.

Viajemos al pasado. En concreto, al martes 20 de diciembre de 2011, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presenta una querella contra Emilio Cuatrecasas, presidente del famoso bufete de abogados que fundó su padre, Pedro Cuatrecasas. El horizonte se llenaba de nubarrones para este insigne abogado, pero en menos de 24 horas empezaría a despejarse, cuando el 21 de diciembre Mariano Rajoy y sus ministros juraban su cargo tras ganar las elecciones al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

El bufete Cuatrecasas había nacido en Barcelona, pero tiene una potente sede en Madrid y tentáculos por todo el mundo. Su principal músculo es el derecho tributario y su fama se había agrandado durante años con su asesoramiento a empresarios y grandes fortunas catalanas para optimizar el pago de sus impuestos. Por ello, el cachondeo en el sector fue generalizado cuando la Fiscalía se querelló contra Emilio Cuatrecasas por defraudar el IVA y el IRPF del 2006, 2007 y 2008; el impuesto de sociedades del 2006; y el Impuesto sobre el Patrimonio del 2006 y 2007.

En total, ocho delitos tributarios bastante chapuceros. Porque Emilio Cuatrecasas había creado una red de sociedades a las que cargar sus gastos personales y hacerlos pasar por gastos de empresa. En la trama, el abogado cargaba viviendas que usaba su familia, muebles, vehículos, un barco de recreo y hasta los costes del servicio doméstico. Un fraude que rozaban los 4 millones de euros y que, según los expertos, le podían haber costado más de 20 años en prisión.

Pero, como decimos, la fortuna acabó sonriendo a Emilio Cuatrecasas y, en el año 2015, la cárcel se alejó del horizonte de este abogado, aunque a nivel monetario no le salió gratis. Tuvo que devolver a Hacienda 4,13 millones de euros y pagar una multa de 1,5 millones de euros. Pero se libró del presidio tras llegar a un acuerdo con las acusaciones, que no eran otras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones jerárquicas que dependían del Gobierno donde Soraya Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta.


El acuerdo, al que ha tenido acceso ElPlural.com y que reproducimos aquí, reducía las peticiones de cárcel a solo tres meses por cada uno de los ocho delitos fiscales. La matemática es fácil: 24 meses, o dos años de cárcel. Justo el límite para evitar la cárcel cuando no se tienen antecedentes penales.

Cuatrecasas ahora se mantiene entre bambalinas en su bufete. Sus problemas con la ley le hicieron caer en desgracia y acabó cediendo la presidencia del bufete que fundó su familia a Rafael Fontana, quien siempre actuó como su mano derecha. Su participación en el bufete es “confidencial”, pero las fuentes del sector jurídico cifraron en un 2% la cantidad de acciones que sigue controlando, pero que se ha reducido con respecto a lo que heredó de su padre para dar entrada a nuevos socios.

La polémica del abogado tributario que evadió a Hacienda le mantiene ahora en la sombra, pero siempre es mejor que estar a la sombra.

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Dirigentes del Consejo de Estado se muestran desfavorables a que los grandes bufetes tengan abogados ejerciendo de vocales en las reuniones de este órgano

El bufete Cuatrecasas ficha a la exvicepresidenta como socia del área mercantil, después de que el Ministerio de Función Pública haya autorizado la compatibilidad

Gonzalo Cortizo
11/03/2019 - 21:46h
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Soraya Sáenz de Santamaría ficha por Cuatrecasas y entrará en su consejo de administración

Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría
Una de las principales incógnitas sobre el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el bufete Cuatrocasas quedará sin resolver: el despacho de abogados no hará público el sueldo que pagará a la exvicepresidenta del Gobierno. La noticia sobre la contratación se produce en un momento en el que la firma de abogados intenta remontar sus datos de facturación, después de caer un 8% en un solo año, con una pérdida sobre el ejercicio anterior de 23 millones de euros.




Con esta operación, el despacho de abogados consigue un dos por uno: ficha a un exalto cargo con una agenda de valor incalculable y que hasta hace muy poco controlaba todos los resortes del Gobierno, como número dos de Mariano Rajoy. Además, Cuatrecasas consigue incluir en sus filas a un miembro del Consejo de Estado, con acceso a las deliberaciones sobre la aplicación de la práctica totalidad de las directivas europeas que se transponen como normas de uso en nuestro país. En el Consejo de Estado, al que Santamaría se incorporó el pasado octubre, la noticia de su fichaje por uno de los grandes bufetes del país no ha caído bien.

Fuentes de este organismo se muestran desfavorables a que los gigantes de la abogacía tengan representantes en el órgano.

Santamaría se convierte en el segundo miembro del Consejo de Estado con intereses en un despacho privado. En su misma situación está el exministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar José María Michavila. Ambos exdirigentes del Partido Popular tienen rango de consejeros electivos (nombrados por el Gobierno) y su participación se limita a la asistencia a los plenos de este órgano consultivo que se celebran mensualmente y por las que cobran algo más de 900 euros en concepto de dietas. Al menos una vez al mes, la nueva asociada de Cuatrecasas tendrá que abandonar la oficina para participar en el Pleno de este órgano consultivo.

En esas sesiones se discuten todas las propuestas de transposición de directivas europeas, antes de que el Gobierno las lleve al Congreso para su aprobación. Santamaría tiene derecho a participar en esas deliberaciones y en las votaciones sobre las propuestas de dictamen que llegan al Pleno desde la Comisión Permanente. "Se trata de un enorme marco normativo que no deberían conocer los miembros de una empresa privada", asegura a eldiario.es un antiguo integrante del Consejo de Estado.

No es la primera vez que un alto cargo del PP compatibiliza una labor privada con su presencia en el Consejo de Estado. José María Aznar lo hizo durante un breve periodo en el que quiso coordinar ese cargo con el que el magnate de la comunicación Rupert Murdoch acababa de ofrecerle en el consejo de News Corporation. El por entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, le hizo saber a Aznar que desaprobaba la compatibilidad de ambas funciones y Aznar tuvo que decidir entre asesorar al Gobierno o al empresario norteamericano: decidió lo segundo.

Soraya Saénz de Santamaría ha conseguido que el Ministerio de Función Pública informe favorablemente sobre la compatibilidad de su nuevo puesto con su condición de exvicepresidenta. La exdirigente del PP envió su solicitud a principios de febrero y el equipo que dirige la ministra Meritxell Batet ha tardado un mes en dar su respuesta. Antes de otorgar la compatibilidad, el ministerio requirió un informe de Presidencia en el que se afirma que Santamaría nunca tomó decisiones que afectasen directamente a la compañía que ahora la acoge como empleada y miembro de su consejo de administración.

Límites para litigar
Desde su nuevo puesto, la exvicepresidenta no podrá participar en ningún recurso administrativo contra el Estado. Tampoco tendrá derecho a formar parte en pleitos en los que se aborden cuestiones que haya conocido en razón de su cargo.

"Siendo vicepresidenta ha participado en todo. Va a tener que ser muy cautelosa", aseguran fuentes jurídicas a eldiario.es. Las cautelas con las que Santamaría deberá actuar en su nuevo puesto finalizan transcurridos dos años desde su cese en el Gobierno. Falta algo más de un año y durante este tiempo estará sometida a la vigilancia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Más allá de lo que ocurra a partir de ahora, Cuatrecasas y el Gobierno arrastran la coincidencia de haber protagonizado en el pasado una disputa judicial que estuvo a punto de llevar a prisión al líder de este bufete, Emilio Cuatrecasas. Este empresario se había puesto en el punto de mira del fisco por haber creado una empresa en la que ocultó todos sus gastos personales, incluidos barco y mayordomo.

El conocido empresario consiguió en 2015 un acuerdo favorable con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le evitó ir por prisión a cambio de reconocer el delito y abonar 4,1 millones de euros. Soraya Saénz de Santamaría era en esos días la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno y bajo su mando estaba la Abogacía del Estado.

Abogados del Estado: la cantera de las grandes firmas
Los grandes despachos suelen ser el destino habitual para muchos miembros del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece Soraya Sáenz de Santamaría. Estos profesionales del Derecho son considerados como la cúpula de la profesión y con destrezas para abordar aquellas ramas de la abogacía en las que más dinero hay en juego. Más de la mitad de los abogados del Estado con derecho a plaza trabajan a día de hoy en otros destinos.

Según los últimos datos del Ministerio de Justicia (con fecha de noviembre de 2016) hay 323 abogados del Estado activos, frente a 260 en excedencia y sin límites para trabajar en la empresa privada. A esas cifras hay que sumar otros 37 profesionales a quienes se les ha concedido la compatibilidad para seguir en sus puestos y trabajar en el sector privado el tiempo que les resta. Otros 61 abogados del Estado se encuentran en condición de 'servicios especiales', desempeñando cargos públicos en las diferentes administraciones públicas.

https://www.eldiario.es/politica/Saenz-Santamaria-participar-pleitos-Gobierno_0_876662682.html

#2 FERNANDO | 12/03/2019 - 00:32h
Es inaudito! Abogados de Estado; Jueces; Fiscales; Inspectores de Hacienda; Trabajo; Consumo; etc, etc.. que se pasan al sector privado, en excedencia, y que pueden volver cuando les plazca, ya que tienen una plaza de funcionario "en propiedad". Es de lo más increible en cualquier estado de derecho: Funcionarios que son COMPRADOS y que, además, se les reserva la plaza pública hasta que, cuando quieran, regresen a "sus plazas" en los ministerios a tomar café y pasar el rato hasta que les paguen la pensión.
¿Hasta cuándo aguantaremos toda esa basura?


#3 Rafel_pv | 12/03/2019 - 07:31h
Puerta giratoria para la ex del partido PPodrido.


#5 tecabluna | 12/03/2019 - 08:03h
Una vez más se demuestra que la Soraya Sta.maría es una corrupta por encubridora de la organización criminal que es el PP y porque en el puesto que desempeñó en el gobierno se preparó el "chusco" y como dice el catecismo Astete: " lo que se demuestra con algunos ejemplos".....
¡Porca miseria la de los expolíticos/as que van a la arena política para engordar su bolsillo con el dinero público! Y la Justicia a qué se dedica?

#6 TRIANAPURA | 12/03/2019 - 08:45h
Este es un ejemplo mas de como funcionan las cosas, nos hablan de democracia y no lo es, los políticos que han tocado poder en este país, se han preocupado mas de favorecer a lobbys , con intereses de todo tipo que de hacer política en beneficio de los ciudadanos.
"Como alguien que se tenga por español de bien" puede votar a esta gente ?.
Esta gente esta en política para llevárselo y el PPsoE. comen en la misma mesa, lo demás son cuentos.

#7 mascato7 | 12/03/2019 - 09:11h
Hombre, el sueldo es secreto para que no se le cabreen los otros becarios, porque supongo que a Soraya la contratarían como becaria ¿no?, si no sería un escándalo.
¿Quién entra por enchufe en un bufete de abogados tan prestigioso?

#8 JordiM54 | 12/03/2019 - 09:15h
Es escandaloso que esta señora mantenga su cargo en el Consejo de Estado habiendo fichado por un poderoso bufete de abogados. Y es revelador del grado de podredumbre moral de la política española que esta señora fiche por dicho despacho de abogados, después de haber intercedido para que su presidente Sr. Cuatrecasas (gran patriota!) no ingresara en prisión por delito fiscal a cambio de una sanción económica. Nos siguen tomando por tontos, siguen creyendo que la gente continuará mirando hacia el otro lado.
 
Del hachazo a las renovables al banco malo: decisiones de Rajoy que beneficiaron al bufete que ha fichado a Sáenz de Santamaría


Cuatrecasas se convirtió en asesor de la Sareb tras ayudar al Gobierno del PP a crear un fondo de liquidez para proveedores por la cifra simbólica de un euro

Tras asesorar al banco malo, el bufete pasó a trabajar para inversores internacionales que compraron activos tóxicos a la entidad

La firma es la segunda del mundo y la primera española que más denuncias de inversores extranjeros contra España ha logrado captar tras los recortes del PP a las renovables

Antonio M. Vélez
11/03/2019 - 21:46h
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Sáenz de Santamaría, junto a José Manuel Soria y Luis de Guindos en febrero de 2013.

Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría
Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del GobiernoSoraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb).




Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado hasta ahora captar en la catarata de denuncias de inversores extranjeros que en los últimos años han denunciado a España por los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables para reclamar indemnizaciones millonarias. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante organismos de arbitraje como el CIADI (Banco Mundial), junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada en arbitraje CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI, como asesor legal de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy, InfraRed y NextEra. Cuatrecasas es la segunda de ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy, con diez casos.

El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de "servicios exteriores" de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014.

Una vez en funcionamiento el banco malo, Cuatrecasas fue también asesor de diversos inversores institucionales como Cerberus, Bank of America Merrill Lynch o Canyon Capital Finance, que compraron activos a la entidad como carteras de préstamos, hoteles, viviendas u oficinas en diferentes operaciones.

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en "la mayor operación de financiación de la historia de España", tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro.

Al mando del "consejillo"
La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como "el consejillo", encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

"Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse", dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera "raro" que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) "es el más neutro".

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, "sin perjuicio de su dependencia" del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad.

https://www.eldiario.es/economia/Recortes-renovables-Rajoy-beneficiaron-Santamaria_0_876663109.html
 
Del hachazo a las renovables al banco malo: decisiones de Rajoy que beneficiaron al bufete que ha fichado a Sáenz de Santamaría


Cuatrecasas se convirtió en asesor de la Sareb tras ayudar al Gobierno del PP a crear un fondo de liquidez para proveedores por la cifra simbólica de un euro

Tras asesorar al banco malo, el bufete pasó a trabajar para inversores internacionales que compraron activos tóxicos a la entidad

La firma es la segunda del mundo y la primera española que más denuncias de inversores extranjeros contra España ha logrado captar tras los recortes del PP a las renovables

Antonio M. Vélez
11/03/2019 - 21:46h
Saenz-Santamaria-Manuel-Soria-Guindos_EDIIMA20190311_0783_19.jpg

Sáenz de Santamaría, junto a José Manuel Soria y Luis de Guindos en febrero de 2013.

Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría
Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del GobiernoSoraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb).




Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado hasta ahora captar en la catarata de denuncias de inversores extranjeros que en los últimos años han denunciado a España por los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables para reclamar indemnizaciones millonarias. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante organismos de arbitraje como el CIADI (Banco Mundial), junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada en arbitraje CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI, como asesor legal de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy, InfraRed y NextEra. Cuatrecasas es la segunda de ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy, con diez casos.

El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de "servicios exteriores" de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014.

Una vez en funcionamiento el banco malo, Cuatrecasas fue también asesor de diversos inversores institucionales como Cerberus, Bank of America Merrill Lynch o Canyon Capital Finance, que compraron activos a la entidad como carteras de préstamos, hoteles, viviendas u oficinas en diferentes operaciones.

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en "la mayor operación de financiación de la historia de España", tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro.

Al mando del "consejillo"
La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como "el consejillo", encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

"Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse", dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera "raro" que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) "es el más neutro".

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, "sin perjuicio de su dependencia" del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad.

https://www.eldiario.es/economia/Recortes-renovables-Rajoy-beneficiaron-Santamaria_0_876663109.html


Como curiosidad lee lo que escribe hoy Silvia Taules sobre Cuatrecasas.

Vivir para ver.
 
Una de las causas que propiciaron la caída de E. Cuatrecasas fue el mal llevado divorcio de su mujer Mercedes Barceló. La partición de intereses, sociedades, bienes inmuebles, muebles etc, etc del matrimonio, no fue bien calculada y precipitó una serie serie de comparecencias de la esposa que se ve , Cuatrecasas no quiso evitar o no pudo evitar. Hay divorcios muy sonados que se llevan con generosidad y sentido común por ambas partes teniendo en cuenta la repercusión mediática de quién está más expuesto. En este caso, bufete Cuatrecasas. Ese divorcio tuvo sus consecuencias económicas frente a Hacienda y sobre el mismo Cuatrecasas.
 


La ex vicepresidenta del Gobierno se incorpora a la empresa privada y lo hace para ocuparse de la 'transparencia' del bufete.
 
El fichaje de Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas busca un revulsivo tras la caída de facturación de la firma


La facturación del bufete de abogados cayó en 23 millones en 2017, hasta los 247 millones de euros, un 8% menos

La condena a dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por ocho delitos fiscales a su fundador y presidente de honor, Emili Cuatrecasas, ha impactado directamente en la reputación del bufete y sus ingresos

Rodrigo Ponce de León
11/03/2019 - 13:43h
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Sáenz de Santamaría, con el presidente de Cuatrecasas, Rafael Fontana, y su director general, Jorge BadíaCUATRECASAS

Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora al bufete Cuatrecasas
En 2017 el bufete Cuatrecasas cumplía cien años con un acto de celebración en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. En un mundo donde las relaciones son parte esencial de los negocios, entre los invitados del centenario estaba el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá. El ministro solo tuvo loas para una organización compuesta por 1.000 abogados en una plantilla de más de 1.580 personas y presencia en 12 países, que cerró el año de su centenario con una facturación de 247 millones de euros.




Catalá clausuró el acto parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, quien dijo "ninguna organización es mejor que los hombres que la integran". El ministro hacía un ejercicio de amnesia o de blanqueo al olvidar que el presidente de honor de la firma y perteneciente a la familia fundadora, Emili Cuatrecasas, había sido condenado en 2015 a dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por ocho delitos fiscales tras conseguir un pacto de conformidad con la Fiscalía.

El impacto reputacional sobre la firma fue demoledor, aunque Emili Cuatrecasas había cedido la presidencia del bufete al consejero delegado, Rafael Fontana, en el verano de 2014. La realidad es que la facturación del bufete se despeñó en 23 millones en 2017, respecto al año anterior, en un bufete donde la hora de asesoramiento se llega a facturar por más de 600 euros. La necesidad de un revulsivo para incrementar los ingresos es una realidad donde entra en juego el fichaje de Soraya Sáez de Santamaría como nueva socia del área mercantil y responsable del departamento de cumplimiento normativo corporativo y gestión de riesgos.

Pese a su salida abrupta, Cuatrecasas ha continuado como presidente de honor del despacho de abogados, tejiendo relaciones, gestionando una fortuna de 430 millones de euros a través de su sociedad patrimonial Emesa y haciendo supuestos servicios al Estado. El mismo año del centenario, el abogado junto a otros tres empresarios catalanes (Joaquim Coello, Juanjo López Burniol y Marian Puig) fletaba un avión privado en Barcelona para tratar de convencer al lehendakari, Íñigo Urkullu, para que presionara a Carles Puigdemont de que abandonase la deriva independentista.

De poco sirvió una renovación de la imagen que el bufete llevó a cabo en 2017 con el cambio del logotipo y la eliminación de los nombres Gonçalves, Pereira de la marca, fruto de la integración con el despacho portugués Gonçalves Pereira, Castelo Branco, con quien se fusionó en 2003. La absorción del bufete sevillano Olivencia en 2006 no supuso un cambio en la marca pero sí más cercanía al Partido Popular una vez que Macarena Olivencia, hija del fundador y esposa del dirigente popular Javier Arenas, se convirtió en consejera de la firma.

La pérdida de facturación del bufete en 2017 no le ha impedido mantener el segundo puesto en la clasificación de despachos de abogados en España, pese a que los 247 millones de ingresos suponen retrotaerse a 2015, año de la condena de Emili Cuatrecasas, cuando el bufete superó los 250 millones de facturación.

Ese año, último del que se conocen resultados, sus abogados de mercantil fueron los que más ingresos le aportaron a la firma: un 37,9% de la facturación, mientras que el área de financiero y tributario representa un 31% de los ingresos y el departamento de litigación y arbitraje supera el 22% de la facturación.

Bien relacionados en el mundo empresarial, en el año del centenario han trabajado como abogados en la salida a bolsa de Unicaja Banco, en la adquisición del 50% de las acciones de MIT Farma por Faes Farma y en la venta de las filiales mexicanas y españolas del negocio de brandies y vinos Domecq a Bodega Las Copas. En 2016 fue la firma que asesoró a Caixabank en la OPA sobre BPI, en la operación de venta de TeliaSonera en Yoigo o como abogados del Grupo Seat Volkswagen Audi en el escándalo del fraude de las emisiones, entre otras.

La condena de Emili Cuatrecasas no ha sido el único escándalo que envuelto a la firma de abogados. En marzo de 2018, el exsocio del bufete Julián García Rubí admitió ante el juez que lleva el caso Lezo que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le pidió a su cuñada Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas, que redactara un informe negativo sobre la adquisición de Inassa por el Canal de Isabel II para utilizarlo en su pugna contra Alberto Ruiz Gallardón por el poder del PP en Madrid.

https://www.eldiario.es/economia/Cuatrecasas_0_876662528.html
 
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