sobre la mafia policial española

Parece que no interesa a nadie la relación entre la policía politíca , los compiyoguis y el emigrado a Londres, ademas de otras cosas que estan contando.
 
Lo que os estais perdiendo, la declaración del periodista del diario Publico en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya.
Para mi es lamentable que no interese a nadie. Yo sigo escuchando el directo....
 
Carlos Enrique Bayo y Patricia López aportan un alud de información al Parlament sobre la 'brigada política' de Interior
El ex-ministro Fernández Díaz dice que es una víctima de quienes le grabaron. ¿Por qué no se investiga, pues, el delito de las grabaciones? preguntan en Comisión de Investigación los periodistas de Público que dieron a conocer la existencia de una policía paralela.



Carlos Enrique Bayo y Patricia López declaran en la Comissón de investigación del Parlament sobre la llamada 'Operación Cataluña'
BARCELONA
23/05/2017 20:15 Actualizado: 23/05/2017 20:15
JAUME GRAU

@GrauJaume
Poca asistencia de políticos y poca expectativa de los medios, ante la intervención en la comisión del Parlamento de Cataluña que investiga las grabaciones al ex ministro Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso, de los periodistas de PúblicoPatricia López y Carlos Enrique Bayo. De hecho no hay diputados del PSC, que no deben estar interesados en un tema tan 'banal'.

Esto constituye una curiosa anomalía, entendiendo la gravedad de los hechos que se tratan. De hecho comentamos con los protagonistas que hoy es una jornada histórica por el Parlament de Catalunya, en el que se explicarán cosas que no se han podido explicar en el Congreso de Diputados, en Madrid. Uno a cero a favor de la cámara catalana. Y un gol en propia puerta de los medios de comunicación, que salvo alguna excepción, como la de la IU Forns de El Nacional, piensan que esta comparecencia no tiene ningún interés informativo.

La presidenta de la comisión, Alba Vergés I Bosch, ha agradecido la presencia de los comparecientes y ha dado paso a Patricia López, que ya estaba calentando pegada al micrófono. López llevaba el discurso escrito para leer. No quería dejarse nada en el saco. Pero no, no ha consultado los papeles en ningún momento, y no se ha dejado nada por decir.

Ha hablado. Ha soltado un alud de información. Ha comenzado a hablar con una seguridad y una convicción que ya quisieran para sí muchos parlamentarios de aquí y de más allá del Ebro. Los diputados, boquiabiertos, intentan seguir todo lo que dice, una información que acumula terabytes. Patricia López pone en duda la denominación, "Operación Cataluña", diciendo que es un nombre de marketing. En realidad se trata de las cloacas del Estado.

Los diputados de C's y del PP se frotan las manos, puede que no les importe que haya cloacas que afectan a todos los ciudadanos españoles, no sólo a los catalanes. Un Estado que no discrimina, bravo! Patricia López habla del periodismo de pruebas y de investigación, un hecho que en los medios de comunicación de este país puede resultar insólito.

El caso arranca con tres grabaciones, dos al ministro en su despacho del ministerio y la otra al Jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas y al CNI. Este es el momento en el que Patricia López sitúa el inicio de los hechos que nos ocupan. El ministro fue víctima de un grave delito, de una grabación en su despacho. Afirma el ex-ministro que es una víctima. ¿Por qué, pues, no se investiga este grave delito? A pesar de ello no se ha abierto ninguna diligencia para establecer la verdad sobre el responsable de las grabaciones. López se pregunta si Fernández Díaz miente cuando dijo que no estaba conspirando, y también cuando dice que no sabe quién lo grabó. Nos revela que la persona que introduce a de Alfonso dentro del ministerio es José Ángel Fuentes Gago, el jefe de gabinete de Eugenio Pino. Eugenio Pino está encima de todo.

Atención, las cloacas del Estado no trabajan sólo contra los independentistas: chantajes al CNI y a la casa Real. Explica la grabación de la conversación con el comisario Enrique García Castaño. La periodista dice tener miedo, de un Estado que no investiga.




Primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la llamada 'Operación Cataluña'

¿Cuando comienza la 'Operación Cataluña'? Comienza en 2010, cuando José Zaragoza, Alicia Sánchez Camacho y Jorge Moragas hacen que Victoria Álvarez declare sobre supuestas corrupciones en el ámbito de la familia Pujol. Bajo el mandato de Pérez Rubalcaba. Como que no hay ningún diputado del PSC, todo el mundo ve bien la afirmación. Contundente Patricia López. Afirma que está preocupada porque la policía pueda enviar documentos que no son oficiales de manera que parezcan oficiales. Y aunque le preocupa más que la fiscalía no lo investigue.

El diputado Matías Alonso, de C's, pregunta si Patricia López comparece como experta o como testigo. Como experta. Se pregunta por qué esta información sobre la información sensible relacionada con los Pujol estuvo guardada tanto tiempo en el cajón. ¿Qué consecuencias puede tener? La periodista de Público responde bien claro: la clave de todo está en que no había interés en acabar con la corrupción, había que perseguir a los enemigos políticos. Zasca y gol en propia. El señor Alonso, muy educado, cree que estas malas prácticas vienen de antes. Patricia López está de acuerdo. La brigada política viene de los años 80. La periodista añade que le da miedo que la fiscalía no actúe. Parece que no interesa acabar con la corrupción.

Comparecencia clave bloqueada en el Congreso
Albano Dante Fachín, de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), se pregunta por qué Patricia López cree que C's, PP y PSOE se negaron a la comparecencia de Eugenio Pino en el Congreso. A Patricia López le parece obvio.

Qué hacer para remediarlo se pregunta Albano Dante? Son sus señorías, que deben actuar en consecuencia contra los casos de corrupción y los abusos, en todos los ámbitos institucionales.

Esperanza García, por el PP, aprovecha la declaración de Patricia López para restar validez a la denominación Operación Cataluña ', y en consecuencia, a las maniobras que se han hecho desde Interior contra los políticos independentistas. La diputada cree que hay que separar los casos de corrupción policial, de la llamada Operación Cataluña , que no existe. La periodista la rebate con contundencia. Hay una organización criminal dentro de la policía que actúa contra los enemigos políticos del Gobierno central, con indicaciones claras. Hay una brigada política que con medios públicos, con dinero de todos, ataca a los enemigos públicos del Gobierno. La periodista habla desde la experiencia de saber cómo funciona la policía científica y el examen de las pruebas.

Existe una brigada política que, con medios públicos, con dinero de todos, ataca a los enemigos públicos del gobierno español
Mireia Boya de la CUP, le pregunta si los tribunales son independientes.

Los tribunales están formados por personas, Las hay íntegras y otras que no lo son. Los hay indecentes.

La diputada de la CUP quiere saber si Patricia López ha sufrido intimidaciones. Sí, ha sufrido.

También quiere saber qué piensa de los medios de comunicación en la operación contra el independentismo. Patricia López explica las relaciones de la 'brigada' con los medios afines y explica que el comisario Jose Manuel Villarejo afirmó que tenía periodistas infiltrados en los diferentes medios desde los años 90 y que Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta son algunos de los suyos.

Boya le pregunta si hay un pacto de Estado para garantizar la unidad de España. Patricia López sólo contesta lo que puede contestar: estos partidos colaboran para bloquear la Comisión del Congreso que investiga las grabaciones. Explica el modus operandi de la 'brigada política'. Judicialización de las informaciones falsas aparecidas en medios de comunicación en base a las demandas del sindicato Manos Limpias.

El diputado Lluís Llach llega y se sienta en un extremo. Escucha con mucho interés y de vez en cuando esboza media sonrisa.

Lluís Guinó, de Junts pel Sí (JxS) agradece la valentía Patricia López y pregunta: ¿Se puede hablar de una operación orquestada contra el independentismo? Quién está al frente de esta operación política? La periodista de Público recuerda que Jorge Fernández Díaz dijo: "el presidente lo sabe". Ya tenemos la X de la trama, el presidente del Gobierno. Patricia López se pregunta por qué no se han abierto diligencias contra los policías que han cometido delitos. Y ella mismo responde. Para que estos policías dependen de políticos, porque estamos en un estado mafioso.

Carlos Enrique Bayo: "La fiscalía ha cometido el delito de omisión de persecución del delito." "Señor ministro, presente una querella contra mí, y vamos a juicio oral".
Carlos Enrique Bayo afirma no llevar nada escrito y se reafirma en todo lo que ha dicho Patricia López. Indignado, y con cierta vehemencia, afirma que las investigaciones policiales deben estar bajo tutela judicial, y no ha existido en los casos que nos ocupan.

Las grabaciones que muchos quieren ignorar
Estamos aquí por unas grabaciones sobre las que informó Público. Alguien tenía que mencionar el diario que se atrevió a publicar las grabaciones. Se reafirma en el hecho de que no ha habido investigación sobre las grabaciones. La fiscalía ha cometido el delito de omisión de persecución del delito. Si las instituciones parlamentarias y las del Estado no actúan, los ciudadanos estamos desprotegidos. Ya con un tono de voz más alto afirma: La fiscalía ha cometido el delito de omisión de persecución del delito. " Señor ministro, presente una querella contra mí, y vamos a juicio oral ". Es una afirmación que suena a desafío.

Esperanza García, del PP, inicia un pequeño rifirrafe con Carlos Enrique Bayo. Mientras él habla, la diputada hace otras cosas, no especifica cuáles. Bayo durante su discurso le reprocha que lo haga. En su turno, la diputada popular, dice que no es necesario que levante la voz, que puede hacer tranquilamente dos cosas a la vez. El periodista delimita cuál es el lugar en el que han denunciado las amenazas, en su medio de comunicación. ¿Por qué no se han abierto investigaciones? Carlos Enrique Bayo lo lamenta.

Van pasando los diputados, repreguntar sobre el que ya se ha explicado. La diputada de la Cup, hace una aportación nueva. Se pregunta si se trata de una brigada de policías que están cerca de los fascistas. Bayo le cuenta que muchos provienen de la brigada político social del franquismo. La diputada de la CUP lo clava: una maraña de grabaciones, mentiras y cintas de vídeo.

Al terminar uno de los diputados me pide el contacto de Patricia López y le pregunto qué le ha parecido. Me dice que pocos comparecientes en Comisión aportan tanta información y de tanta calidad como lo han hecho la Patricia López y Carlos Enrique Bayo este martes. Está gratamente sorprendido.
 
Historia de una versión policial que se desmorona pero que puede llevarte a la cárcel

Esta es la historia de un globo de pintura que se convirtió en una pancarta y de un joven que huía de la policía sin echar a correr. Es también la historia de unas grabaciones destruidas por la policía y de otro joven que fue acusado de inducción a un delito de atentado a la policía cuando estaba trabajando en un pueblo a 52 kilómetros

Iker Armentia
28/06/2019 - 21:23h
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Pablo Alberdi y Jorge Merino, abrazados a la salida de la vista de conformidad celebrada en mayo de 2017

Esta es la historia de un globo de pintura que se convirtió en una pancarta y de un joven que huía de la policía sin echar a correr. Es también la historia de unas grabaciones destruidas por la policía y de otro joven que fue acusado de inducción a un delito de atentado a la policía cuando estaba trabajando en un pueblo a 52 kilómetros. Es la historia de más grabaciones eliminadas. Esta es la historia de un policía al que tiraron un piedra. Este es el guión perfecto para un documental de Netflix pero se ha quedado en una anécdota local que casi nadie conoce en España. Es, en definitiva, la historia de una versión policial que se desmorona pero que puede llevar a Pablo Alberdi a la cárcel.




Esta historia ocurrió hace 7 años. El 14 de noviembre de 2012. En Logroño.

Aquel día había amanecido con el llamamiento de los sindicatos a la huelga general contra los recortes durante la crisis. En Logroño, como en el resto de capitales españolas, una multitudinaria manifestación recorrió las calles del centro. La protesta derivó en graves incidentes entre la policía y grupos de manifestantes: hubo cargas policiales y lanzamientos de objetos a la policía. Un policía recibió el impacto de una piedra en la pierna. Necesitó tres días para recuperarse. Pablo Alberdi, miembro de la CNT, fue acusado de haber lanzado esa piedra y, después de rechazar un acuerdo con la fiscalía, afrontó un juicio en el que el pasado mes de septiembre fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Ahora espera la respuesta al recurso que pueda salvarle de pisar la cárcel.

El globo convertido en pancarta
La versión policial señaló que en plena tensión entre antidisturbios y manifestantes, Pablo Alberdi lanzó un globo de pintura rosa que impactó en el pecho del responsable del dispositivo policial, el inspector jefe Fernando Fernández Beneite. Se produjo una carga policial y tres agentes se dirigieron hacia Alberdi para atraparlo. Pablo huyó "a la carrera" y tras una persecución fue arrestado. Fue en el momento de la detención cuando uno de los policías le identificó como el joven que unos minutos antes también había tirado la piedra que golpeó en la rodilla a un policía. "Este es el de la piedra", dijo.

Esto fue lo que hasta cuatro policías diferentes firmaron en el atestado y que durante años refrendó la fiscalía en su acusación contra Pablo Alberdi.

Lo que había ocurrido, sin embargo, era muy diferente.

Alberdi nunca echó a correr, se mantuvo con las manos en alto. De hecho, no tiró un globo con pintura a la policía tal y como afirman varios policías en el atestado. A Beneite no le impactó ningún globo en el pecho. Era pintura que le había salpicado en la espalda del globo que cayó en el escudo de otro policía. No fueron tres policías a por él, sólo uno. El propio Beneite. Todo esto se supo mucho después, cuando la defensa de Alberdi consiguió un vídeo grabado por un manifestante que echaba por la borda la versión policial.

Repentinamente, en el juicio, el globo que Alberdi había tirado -antes de la carga policial- desapareció pero se convirtió en una pancarta que "estampó" a Beneite cuando la carga policial ya se estaba produciendo. Repentinamente, los policías dijeron que ellos no habían visto a Alberdi tirar un globo y Beneite sacó a colación que el globo lanzado por Alberdi desde lejos era en realidad una pancarta que le había estampado de cerca un rato después. La acusación se amoldó a esta nueva versión policial y la jueza, en su sentencia condenatoria, añadió algo más de épica y escribió que Alberdi "golpeó violentamente con la pancarta contra su cuerpo". Una afirmación que no se sostiene en las imágenes del vídeo sobre ese incidente.

Así que tenemos a unos policías que firman un atestado en el que acusan a Alberdi de tirar el globo de pintura, pero luego dicen en el juicio que no lo vieron, y la acusación se agarra a la explicación de la pancarta que ocurre después. Sorprendentemente lo que, por pura lógica, debería poner en cuarentena la versión policial sobre todo lo ocurrido aquella noche, para la jueza no son más que "precisiones" y "aclaraciones". Un cambio de versión policial tan significativo para los derechos del acusado es tan sólo una matización sin importancia para la justicia.

Entretanto, a Alberdi le acusan de haber tirado la piedra a la policía antes de este incidente. La única prueba contra él es el testimonio de un policía que dice verle lanzar la piedra (y digamos que los testimonios de estos policías no son muy fiables si nos atenemos al globo-pancarta y la no-huída). En realidad, el policía ve a un joven encapuchado lanzar la piedra. Cuando detienen a Alberdi más tarde por el incidente del no-globo no lleva ninguna capucha. Va a cara descubierta. El policía ni siquiera puede identificarlo por el rostro. En el juicio, este policía afirmó que lo identificó "por la forma de vestirse y de moverse". Cuando le pusieron un vídeo con varias personas encapuchadas en las protestas para que señalara quién podía haber sido, el policía respondió:

-En ese vídeo, ahora mismo podría ser cualquiera.

Eso es todo lo que hay.

Las grabaciones eliminadas por la policía
Pero quizás podría haber habido más. Porque aquella noche hubo más grabaciones en vídeo que las que la defensa encontró para desmontar las acusaciones policiales. La propia policía grabó los incidentes -se aprecia en un vídeo a un policía de pie, calmado y con la cámara en la mano- pero esas grabaciones nunca se han visto. Bueno, sí, las vio la policía y las destruyó porque "técnicamente por su calidad de imagen eran ineficaces desde la perspectiva policial". La defensa las había reclamado pocos días después de los incidentes pero la policía nunca las entregó a la investigación judicial. ¿Por qué alguien que supuestamente es culpable de tirar una piedra a la policía se arriesgaría a reclamar las grabaciones de la policía? ¿Por qué la policía no dejó que fuera la justicia quien determinara si las imágenes eran útiles para la causa? Las autoridades no investigaron la destrucción de las imágenes. A día de hoy no se sabe qué policía fue quien ordenó su borrado.

Pero es que todavía quedaban otras imágenes que podían haber aclarado lo ocurrido y que fueron reclamadas también por el abogado de Pablo Alberdi. Eran las grabaciones realizadas desde las cámaras fijas del Palacete del Gobierno de La Rioja justo frente al lugar donde se estaba viviendo la bronca. Pero tampoco se han podido ver. La empresa encargada de la seguridad, Eulen, indicó a los tribunales que esas grabaciones también habían sido eliminadas a pesar de que la empresa tiene la obligación legal de conservarlas ante "la existencia de un delito o incidencia". Como era el caso. También, a día de hoy, se desconoce quién borró esas imágenes.

Es decir, la defensa removió Roma con Santiago para conseguir grabaciones de los incidentes, mientras las autoridades borraron sus propias grabaciones.

El caso tiene muchas más sombras, tantas como la estrambótica acusación contra otro joven, también miembro de la CNT, Jorge Merino -condenado a un año por un delito de desórdenes públicos por dar el discurso final de la manifestación que, según la jueza, alentó los incidentes-, pero contra quien durante años la fiscalía mantuvo una acusación añadida de, entre otros, un delito de atentado a la autoridad por inducción. Llegaron a pedirle nueve años de cárcel. Sin embargo, Merino no estaba allí cuando se armó la bronca. Él se había marchado después de terminar su discurso porque poco después entraba a trabajar en una empresa en San Adrián, a 52 kilómetros de allí. Ni siquiera se había enterado de las cargas policiales posteriores. Lo demostró con pruebas desde el principio pero la fiscalía tardó tres años en rebajarle la petición de pena a dos años de prisión. Merino también ha recurrido su condena por desórdenes públicos.

En Logroño llaman a este caso el 'no caso'. Un nombre muy apropiado.

https://www.eldiario.es/norte/almargen/Historia-version-policial-desmorona-llevarte_6_914868505.html

Este es un país bananero con policías torturadores pensionados con medallas que el Gobierno de turno ose el PXXE ni se molesta en examinar.

Alsasua, otro caso parecido donde el agredido sale andando con la camisa blanca, limpia y recién planchá y encima uno de los implicados estaba a esa hora como se ha demostrado en un vídeo viendo un partido de pelota en el frontón.

Este país no es serio para nada.
 
Última edición:
PP y Vox acuden de la mano al Constitucional para que no se investiguen los abusos policiales
Por Insurgente

El secretario general del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha anunciado que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Foral de Navarra de «reparación de las víctimas por actos de motivación política», al considerar que dicha norma confunde víctimas con verdugos e intenta cambiar el relato en la lucha contra el terrorismo.


VOX y el Partido Popular han presentado este viernes, de forma conjunta, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de ‘abusos policiales’ de Navarra, aprobada el pasado mes de marzo en el Parlamento Foral. Ambas fuerzas quieren que el TC se manifiesta en contra de investigar las torturas.

La diputada nacional y presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán dijo que “Es una burla a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fueron y han sido quienes han acabado, junto con la Justicia, con la banda terrorista etarra y con los asesinos de ETA. Y ahora tienen que ver cómo se les pone en tela de juicio”.

Primera acción conjunta de PP y Vox. Los dos partidos han unido hoy sus firmas para presentar de la mano un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de «abusos policiales» de Navarra. La iniciativa había sido redactada hace aproximadamente un mes por el partido de Santiago Abascal, pero no podía presentarla por sí mismo porque este tipo de escritos ante el Tribunal Constitucional requiere la firma de 50 diputados y Vox sólo cuenta con 24. Motivo por lo que instaron públicamente a la colaboración del PP, Ciudadanos y de otras fuerzas de «cualquier signo político» para poder registrarlo.

https://kaosenlared.net/pp-y-vox-ac...ruGfk6ibnbjwwfq0PcGgWNn3HVeeromY7WBTtO9j4B0vI
 
La Audiencia Nacional declara "casual" la muerte de un joven tiroteado por la Policía


El tribunal avala la versión oficial de Interior, cuya investigación ni siquiera llegó a determinar de qué arma salió el disparo mortal, y descarta indemnizar a la familia de la víctima.



La Audiencia Nacional considera “proporcionado” que la Policía dispare a un vehículo tras eludir una orden de detenerse. / EFE

MÁS INFORMACIÓN

ZARAGOZA
11/07/2019 23:05 Actualizado: 11/07/2019 23:05
EDUARDO BAYONA

@e_bayona
A Ion Dragos Mosoia lo mató por casualidad el disparo de un policía durante una persecución en Zaragoza. Eso es, cuando menos, la conclusión a la que ha llegado la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que achaca su muerte a “la coincidencia de varios factores casuales” como “el desvío de la trayectoria de la bala”, la posición de la furgoneta y de su cuerpo e, incluso, el “intento de agacharse de forma instintiva al oír los disparos (como se presume en el informe del instructor del atestado)”.

El tribunal ha rechazado el recurso que un hermano del fallecido, de 28 años, contra la resolución del Ministerio del Interior que, con argumentos similares y basados en un informe del Consejo de Estado, desestimó la reclamación patrimonial de 56.899 euros como indemnización por la pérdida al concluir que “la intervención del fallecido en los acontecimientos determinó” el desenlace.



Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de junio de 2013 en un polígono industrial de Utebo (Zaragoza), al que poco después de la medianoche Dragos, transportista de profesión y sin antecedentes penales, había llegado junto con un amigo al volante de la furgoneta de su suegro, en cuya parte trasera transportaba un bidón, una bomba y un tubo.

Decidió huir cuando un coche-patrulla de la Guardia Civil, cuyos agentes creyeron que iban a robar gasóleo de los vehículos estacionados, le dio el alto. “Se asustó. Me dijo que no le iban a creer, que le detendrían por llevar gasolina y que le quitarían la furgoneta”, explicó unos días después el joven que le acompañaba esa noche. La acusación de robo (de combustible) nunca se concretó, aunque optó por acelerar y huir.

"La desproporción del despliegue policial"
En ese momento comenzó una persecución de varios kilómetros por caminos y carreteras en la que intervinieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Zaragoza y el Cuerpo Nacional de Policía.

“Uno de los agentes tuvo que apartarse para evitar ser arrollado” en el Camino de Bárboles, señala el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, que anota cómo poco después, en la carretera del aeropuerto, dos agentes dispararon tres balas contra la furgoneta tras haber visto “en peligro su vida al poder ser arrollado” uno de ellos.

Una de las balas impactó en la rueda trasera izquierda, mientras otra, desviada tras impactar con el nervio de la puerta, le entraba por la escápula y le provocaba una herida que horas después acabaría provocándole la muerte. “No ha podido determinarse el arma con la que fueron disparados los dos proyectiles, y tampoco pudo encontrarse el tercero de los proyectiles”, indica el juzgado.

Dos agentes dispararon tres balas contra la furgoneta
La familia de Ion Dragos sostuvo desde el principio que la respuesta a tiros de los policías fue “desproporcionada” y contraria a la normativa sobre fuerzas de seguridad y a la jurisprudencia “para justificar la utilización de las armas de fuego”. Los disparos, tras “la desproporción del despliegue policial que acabó en una persecución totalmente exagerada” para la familia, impactaron en su cuerpo y en el vehículo cuando ya había superado la zona en la que se encontraban, de la que se estaba alejando a toda velocidad.

Sin embargo, ni la Policía, ni el Ministerio del Interior, ni el Consejo de Estado, ni tampoco ahora la Audiencia Nacional, que ha condenado al hermano a pagar las costas del proceso, han avalado su reclamación.

"La etiología médico legal de la muerte es homicida"
“Fue la propia conducta del finalmente fallecido la que produjo la intervención de la Policía y los disparos que ocasionaron el fatal desenlace, actuando en todo caso los agentes de forma proporcionada y oportuna atendiendo a la situación que se había producido”, sostuvo la Abogacía del Estado, que considera la respuesta a tiros de los agentes acorde con los pasajes de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que limitan el uso de las armas a “situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana”, y compatible con los que indican que “en el ejercicio de sus funciones [los policías] deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable”.

La Abogacía del Estado sostuvo que los agentes actuaron "de forma proporcionada y oportuna"
La autopsia elaborada por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) concluye que "la etiología médico legal de la muerte es homicida", aunque la Audiencia Nacional rechaza que esa afirmación suponga una “indicación sobre la intencionalidad del disparo”. “No tiene otra interpretación que no se trata de muerte natural o suicida, sino que se debe a herida por arma de fuego”, indica, en el mismo sentido que uno de los informes de la Jefatura Superior de Policía, que atribuye la herida mortal al “imprevisible rebote de una de las balas”.

Y, en este sentido, la Audiencia apunta que “no se aprecia que la respuesta o reacción” de los policías “resulte desproporcionada en medios y modos” ya que “existió una situación real de inminente peligro para la vida o integridad física de otros conductores -conducía a gran velocidad y sin luces- y para los agentes que temieron ser arrollados”.

“Se aprecia claramente en este caso que fue el conductor de la furgoneta el que creó la situación del riesgo al conducir de manera temeraria en su huida, no deteniéndose ante las órdenes de la policía”, anota la sentencia, que añade que la fuga “obligó a la fuerza pública a utilizar los medios de que disponía”.

https://www.publico.es/politica/aud...KnoLzFrx2AtZhWndrPUSJJE67Be6SRtMQkqeBXUfOS0v8
 
Condenado un capitán auditor de la Guardia Civil por amenazar por carta a Alberto Garzón con un golpe de Estado

El condenado, capitán auditor de la Guardia Civil, se hizo pasar por un golpista condenado por el 23-F

Envió cartas a diputados y al ministro del Interior falsificando su firma y recomendando un golpe de Estado ante el auge de Podemos

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Foto de archivo de un coche de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Alberto Garzón
ALBERTO POZAS
Madrid
14/07/2019 - 16:51 h. CEST

Un capitán auditor de la Guardia Civil ha sido condenado a un año y siete meses de prisión por enviar cartas, entre otros al diputado Alberto Garzón y a Cayo Lara, haciéndose pasar por uno de los golpistas condenados por el 23-F y amenazando con un nuevo golpe de Estado ante el auge de Podemos. Los jueces le atribuyen un delito de falsificación de documentos privados por copiar la firma del coronel Vicente Javier Carricondo, condenándole también a indemnizarle con mil euros.

El acusado, capitán del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa, destinado en ese momento en Santa Cruz de Tenerife, envió las cartas en 2015 fechando las misivas el 23 de febrero, la fecha del fallido golpe de Estado de 1981 y estampando la firma de uno de los condenados. Según declara probado la sentencia ambos habían mantenido una disputa en el pasado por un expediente disciplinario y copió la firma de Carricondo, entonces jefe interino del Servicio de Gestión Económica, de un pliego de prescripciones técnicas.

La Justicia le atribuye cuatro misivas enviadas ese año 2015: dos al entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, otra a Alberto Garzón, entonces diputado por Izquierda Unida y otra más a Cayo Lara, entonces diputado y coordinador federal de la formación. En todas mostraba su preocupación por el auge de Podemos y se mostraba favorable afrenar su ascenso con las armas: no descartaba "llevar a efecto mi primer deber como soldado tal cual es reconducir "manu militari" la dirección del actual gobierno de España que se ha revelado desde todo punto de visa inepto e incapaz de hacer frente al momento histórico por el que pasa la Patria", le dijo por ejemplo al ministro.

Ver imagen en Twitter


Alberto Garzón

✔@agarzon

https://twitter.com/agarzon/status/581121261583077376

Se me había pasado esta carta-amenaza que me ha enviado presuntamente un golpista del 23F. No tiene desperdicio.


2.523

17:51 - 26 mar. 2015

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El acusado, haciéndose pasar por uno de los condenados el 23-F, se expresaba en términos similares en las cartas dirigidas a los parlamentarios de IU: "Si llega al poder se desatará la noche más negra sobre la España que queremos y tanto hemos defendido", explicaba, añadiendo que "no dudaré en echar mano de todos los medios incluyendo las armas para impedir que los que como vd. quieran alzarse con la victoria en mi país".

Falsificación de documento privado
La Audiencia Provincial de Madrid, con el magistrado Valentín Javier Sanz como ponente, ha decidido condenarle finalmente a un año y siete meses de prisión por un delito de falsificación de documento privado, absolviéndole de revelación de secretos y usurpación del estado civil. También tendrá que indemnizar con mil euros al coronel Carricondo.


https://cadenaser.com/ser/2019/07/14/tribunales/1563115386_330484.html
 
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