Repaso a la corrupción del Partido Popular

Una diputada del PP en La Rioja hace un alegato pidiendo "un golpe militar"
Sábado 25 de abril de 2020, 13:21h
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El PSOE su dimisión. Se trata de la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Catalina Bastida, que ha compartido un mensaje en su perfil de Facebook en el que "se llama a un alzamiento militar en España"

El PSOE de La Rioja ha pedido este jueves la dimisión de la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Catalina Bastida.
La diputada riojana había compartido un mensaje en su perfil de Facebook en el que "se llama a un alzamiento militar en España".



La publicación de la diputada del PP decía así: "Me dicen que un general le ha transmitido al jefe de las fuerzas armadas que hay un grupo de generales en absoluta disposición de cumplir órdenes en caso de que surjan, entre los iluminados del Gobierno, nuevas ideas que ataquen el orden público". "Me cuentan que el Rey no quiere firmar los reales decretos que les pasa el Gobierno", finalizaba este mensaje de Bastida,

La denuncia del secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, en una rueda de prensa telemática no tardaría en llegar.

El PSOE le ha exigido la dimisión de todos sus cargos públicos, también como alcaldesa de Autol y ha instado a que el PP se lo pida porque sino "serán cómplices".

Catalina Bastida ha pedido "disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos" por alguna de las publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook y ha reconocido "el error que supone compartir un mensaje cuya autoría y veracidad no está acreditada ni puede ser comprobada".

 
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La importancia de elegir un verbo

Decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del 'reiniciar' y los defensores se van a amarrar al 'reanudar'

Elisa Beni
02/05/2020 - 21:47h
Rafael Catalá a Podemos: No sé lo que es la mafia del canapé

El exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá. EFE
"Porque significan:
las palabras




significan. Ay! si fuesen solo un suave sonido"

Vicente Aleixandre


El PP está temblando porque puede que le haya salido el tiro por la culata y todo porque al ministro Campo se le ha escapado (¿?) un tiro aunque ellos señalen a la fiscal general Delgado como la propietaria del arma humeante. Todo esto por un verbo. Es de estas historias que a muchos de mis lectores les apasionan y a mí, a mí ya saben que también. En el fondo del asunto, y por no mantenerles en la intriga fácil, el posible fracaso de la estrategia para que varios casos de corrupción del Partido Popular acaben archivados sin haber logrado recabar toda la información sobre cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y chanchullos varios. Les he adelantado el final porque la trama es ya lo suficientemente apasionante como para mantenerles enganchados. Seguro. Todo por un verbo, ya les digo.

No sé si recordarán cuando les contamos en 2015 que Rajoy había decidido reformar un artículo de la ley procesal para ponerle un límite a los periodos de instrucción. Esto, que sucedió en 2015 y se vendió bajo el lema "las instrucciones no pueden eternizarse", como si el problema fuera que los jueces se dormían en los laureles, era otra muestra de legislación creativa para sacarse de encima gran parte de las causas por corrupción que atenazaban y aún lo hacen a los populares. Todo el mundo lo denunció. Sucedió. Como muestra, un botón: el archivo de la causa contra el presidente de Murcia, PAS, (lo conté en "Apostillas al zagalico"). Esta historia sigue coleando. En la legislatura anterior se llevó por la mayoría la derogación de tal reforma a la Cámara y no se pudo hacer porque el Partido Popular y Ciudadanos pidieron ¡58 veces! la ampliación del periodo de enmiendas para una cosa que tenía tres párrafos mal contados. Así que ahí sigue la cosa, en el Parlamento, y hace un par de semanas el PP volvió a enmendar para solicitar que esa corrección de lo que cambió Rajoy sólo afecte a causas nuevas y no, desde luego, a las antiguas del PP. Y es que algunas están a punto de caramelo para ellos. La instrucción del Caso Púnica caduca el 6 de junio, el Caso Lezo en diciembre y los Papeles de Bárcenas por ahí andan. Así que muchos se frotaban ya las manos… cuando todo se ha puesto patas arriba por un verbo.

Vamos a lo del verbo, ahora que ya saben lo gordo que está en juego y que no es otra cosa que la posibilidad de no extender las instrucción de estos casos de corrupción que es necesaria para que las comisiones rogatorias, los equipos conjuntos y la colaboración de terceros países dé sus frutos en forma de material incriminatorio. Él favorece que la Justicia para el delincuente de cuello blanco acabe embarrancando. Vamos a lo del verbo. Resulta que el pasado 28 de abril se promulgó un decreto por el que debe regirse la puesta en marcha de nuevo de los mecanismos de la Justicia que el confinamiento detuvo. En este decreto se afirma que se REINICIARÁN los plazos procesales que han quedado suspendidos y que "volverán a computarse desde su inicio". Lo dice en el artículo 2 y en la exposición de motivos del decreto. Reiniciar. Claro, la Fiscalía General ha hecho un informe técnico sobre el decreto en el que concluyen que los plazos previstos para la instrucción en el famoso artículo 324 pues también se REINICIAN, es decir, se empiezan a contar desde el principio. ¿Se imaginan qué drama para todos los peperos que esperaban el archivo por agotamiento del plazo?

Se ha liado la de Dios es Cristo y aún más que se va a liar. Resulta que en la disposición adicional del decreto de alarma inicial se decía que los plazos procesales se suspenden y que "se REANUDARÁN" al perder vigencia la alarma. Reanudar, no hace falta que se lo diga, es volver a empezar donde estaban mientras que reiniciar es volver al principio del plazo. ¿Lo ven? Es un verbo, pero vaya verbo. No crean, esto no es tan extraño. Resulta chocante que siendo el Derecho una ciencia que se basa en el uso y el significado de las palabras, estas cada vez se usen con menos propiedad y su uso deficiente dé lugar a las más variadas y hasta disparatadas interpretaciones. Pero ese es otro tema. Tan relevante es esto para tantos imputados de las tramas corruptas del PP que hasta el abogado Choclán, un cerebro al que conocí en su época de magistrado, y que huye de la prensa y de la publicidad como el agua del teflón, ha escrito un artículo y ha hecho declaraciones a varios medios. Claro que representa a varios de los interesados por el asunto.

¿Y qué va a pasar en la batalla de los verbos? Pues decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del reiniciar y los defensores se van a amarrar al reanudar del primer decreto. Decidirá cada juez una cosa y luego los recursos y luego … hasta el Supremo. O sea, un carajal. Para que no se queden con la intriga les diré que lo que han de ponderar es la contradicción entre dos normas (el decreto de alarma y el decreto 16/2020) y para ello tendrán en cuenta que lex superior derogat lexinferior y a la vez que lex posterior derogat lexanterior. Parece un lío pero no lo es tanto. Desde luego el decreto de Campo (reiniciar) es posterior al decreto de alarma (reanudar) y además se puede pensar que el legislador se ha autocorregido puesto que insiste con toda contundencia en el decreto posterior en reiniciar y hasta lo define y lo explica. Pero, y aquí hay un pero, habrá quien discuta cual de los dos es de rango superior. Y eso tampoco está tan claro, porque el rango del decreto del estado de alarma es complejo de determinar y sólo tenemos la jurisprudencia del caso de los controladores. Un jari, vamos.

Ahora pues, hemos empezado a oír clamar tanto a la derecha como a su imperio mediático que aquí lo que vale es lo de reanudar y que apostar por el reiniciar es vulnerar los derechos procesales de los presuntos corruptos. Es algo a analizar, pero no deja de ser curioso que aquellos que han jaleado las vulneraciones de derechos procesales de los políticos catalanes, o las violaciones de las mismas normas en cualquier caso mediático que no les interesaba, sean ahora los adalides de los derechos del procesado. Como me decía ayer un sabio jurista, y no por ello menos cachondo, la carcundia que nunca se ha despeinado un pelo en defensa de un derecho fundamental ahora va a ser vista en plan la libertad guiando al pueblo, llevando la bandera, con crespón, y con una teta viril y peluda fuera. La imagen es más completa: no se pondrán gorro frigio, no sea que se confunda alguien con una barretina.

Se lo cuento porque en los próximos meses veremos muchas cosas en torno a la semántica. Al tiempo.

La importancia de elegir un verbo.

 
La importancia de elegir un verbo

Decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del 'reiniciar' y los defensores se van a amarrar al 'reanudar'

Elisa Beni
02/05/2020 - 21:47h
Rafael Catalá a Podemos: No sé lo que es la mafia del canapé

El exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá. EFE
"Porque significan:
las palabras




significan. Ay! si fuesen solo un suave sonido"

Vicente Aleixandre


El PP está temblando porque puede que le haya salido el tiro por la culata y todo porque al ministro Campo se le ha escapado (¿?) un tiro aunque ellos señalen a la fiscal general Delgado como la propietaria del arma humeante. Todo esto por un verbo. Es de estas historias que a muchos de mis lectores les apasionan y a mí, a mí ya saben que también. En el fondo del asunto, y por no mantenerles en la intriga fácil, el posible fracaso de la estrategia para que varios casos de corrupción del Partido Popular acaben archivados sin haber logrado recabar toda la información sobre cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y chanchullos varios. Les he adelantado el final porque la trama es ya lo suficientemente apasionante como para mantenerles enganchados. Seguro. Todo por un verbo, ya les digo.

No sé si recordarán cuando les contamos en 2015 que Rajoy había decidido reformar un artículo de la ley procesal para ponerle un límite a los periodos de instrucción. Esto, que sucedió en 2015 y se vendió bajo el lema "las instrucciones no pueden eternizarse", como si el problema fuera que los jueces se dormían en los laureles, era otra muestra de legislación creativa para sacarse de encima gran parte de las causas por corrupción que atenazaban y aún lo hacen a los populares. Todo el mundo lo denunció. Sucedió. Como muestra, un botón: el archivo de la causa contra el presidente de Murcia, PAS, (lo conté en "Apostillas al zagalico"). Esta historia sigue coleando. En la legislatura anterior se llevó por la mayoría la derogación de tal reforma a la Cámara y no se pudo hacer porque el Partido Popular y Ciudadanos pidieron ¡58 veces! la ampliación del periodo de enmiendas para una cosa que tenía tres párrafos mal contados. Así que ahí sigue la cosa, en el Parlamento, y hace un par de semanas el PP volvió a enmendar para solicitar que esa corrección de lo que cambió Rajoy sólo afecte a causas nuevas y no, desde luego, a las antiguas del PP. Y es que algunas están a punto de caramelo para ellos. La instrucción del Caso Púnica caduca el 6 de junio, el Caso Lezo en diciembre y los Papeles de Bárcenas por ahí andan. Así que muchos se frotaban ya las manos… cuando todo se ha puesto patas arriba por un verbo.

Vamos a lo del verbo, ahora que ya saben lo gordo que está en juego y que no es otra cosa que la posibilidad de no extender las instrucción de estos casos de corrupción que es necesaria para que las comisiones rogatorias, los equipos conjuntos y la colaboración de terceros países dé sus frutos en forma de material incriminatorio. Él favorece que la Justicia para el delincuente de cuello blanco acabe embarrancando. Vamos a lo del verbo. Resulta que el pasado 28 de abril se promulgó un decreto por el que debe regirse la puesta en marcha de nuevo de los mecanismos de la Justicia que el confinamiento detuvo. En este decreto se afirma que se REINICIARÁN los plazos procesales que han quedado suspendidos y que "volverán a computarse desde su inicio". Lo dice en el artículo 2 y en la exposición de motivos del decreto. Reiniciar. Claro, la Fiscalía General ha hecho un informe técnico sobre el decreto en el que concluyen que los plazos previstos para la instrucción en el famoso artículo 324 pues también se REINICIAN, es decir, se empiezan a contar desde el principio. ¿Se imaginan qué drama para todos los peperos que esperaban el archivo por agotamiento del plazo?

Se ha liado la de Dios es Cristo y aún más que se va a liar. Resulta que en la disposición adicional del decreto de alarma inicial se decía que los plazos procesales se suspenden y que "se REANUDARÁN" al perder vigencia la alarma. Reanudar, no hace falta que se lo diga, es volver a empezar donde estaban mientras que reiniciar es volver al principio del plazo. ¿Lo ven? Es un verbo, pero vaya verbo. No crean, esto no es tan extraño. Resulta chocante que siendo el Derecho una ciencia que se basa en el uso y el significado de las palabras, estas cada vez se usen con menos propiedad y su uso deficiente dé lugar a las más variadas y hasta disparatadas interpretaciones. Pero ese es otro tema. Tan relevante es esto para tantos imputados de las tramas corruptas del PP que hasta el abogado Choclán, un cerebro al que conocí en su época de magistrado, y que huye de la prensa y de la publicidad como el agua del teflón, ha escrito un artículo y ha hecho declaraciones a varios medios. Claro que representa a varios de los interesados por el asunto.

¿Y qué va a pasar en la batalla de los verbos? Pues decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del reiniciar y los defensores se van a amarrar al reanudar del primer decreto. Decidirá cada juez una cosa y luego los recursos y luego … hasta el Supremo. O sea, un carajal. Para que no se queden con la intriga les diré que lo que han de ponderar es la contradicción entre dos normas (el decreto de alarma y el decreto 16/2020) y para ello tendrán en cuenta que lex superior derogat lexinferior y a la vez que lex posterior derogat lexanterior. Parece un lío pero no lo es tanto. Desde luego el decreto de Campo (reiniciar) es posterior al decreto de alarma (reanudar) y además se puede pensar que el legislador se ha autocorregido puesto que insiste con toda contundencia en el decreto posterior en reiniciar y hasta lo define y lo explica. Pero, y aquí hay un pero, habrá quien discuta cual de los dos es de rango superior. Y eso tampoco está tan claro, porque el rango del decreto del estado de alarma es complejo de determinar y sólo tenemos la jurisprudencia del caso de los controladores. Un jari, vamos.

Ahora pues, hemos empezado a oír clamar tanto a la derecha como a su imperio mediático que aquí lo que vale es lo de reanudar y que apostar por el reiniciar es vulnerar los derechos procesales de los presuntos corruptos. Es algo a analizar, pero no deja de ser curioso que aquellos que han jaleado las vulneraciones de derechos procesales de los políticos catalanes, o las violaciones de las mismas normas en cualquier caso mediático que no les interesaba, sean ahora los adalides de los derechos del procesado. Como me decía ayer un sabio jurista, y no por ello menos cachondo, la carcundia que nunca se ha despeinado un pelo en defensa de un derecho fundamental ahora va a ser vista en plan la libertad guiando al pueblo, llevando la bandera, con crespón, y con una teta viril y peluda fuera. La imagen es más completa: no se pondrán gorro frigio, no sea que se confunda alguien con una barretina.

Se lo cuento porque en los próximos meses veremos muchas cosas en torno a la semántica. Al tiempo.

La importancia de elegir un verbo.

Temblaran todos.......
 
Todos los partidos son corruptos y varios de sus miembros se relacionan con individuos criminales.
Y mutuamente ventilan los trapos sucios de su contrincante... Qué coincidencia que justo ahora salga la entrevista.

'LO DE ÉVOLE'Marcial Dorado: “Fui yo el que dejó a Feijóo”
Jordi Évole entrevista al narcotraficante gallego, que relata sus viajes de placer con el presidente de la Xunta, al que dice que votará
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MANUEL JABOIS
10 MAY 2020 - 00:30 CEST
El narcotraficante Marcial Dorado, entrevistado en 'Lo de Évole'.
El narcotraficante Marcial Dorado, entrevistado en 'Lo de Évole'. / EL PAÍS
“Fueron amigos durante unos años, y uno acabó al frente del Gobierno gallego y el otro en la cárcel por narcotráfico”. Así empezó el artículo que los periodistas Xosé Hermida y Elisa Lois publicaron en EL PAÍS el 30 de marzo de 2013. Se adjuntaban unas fotografías de Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo de la Xunta, y Marcial Dorado, un conocido empresario investigado públicamente por contrabando. Una de esas imágenes, la de Feijóo con gafas de sol y crema en la espalda al volante de una embarcación, y Dorado posando con cara de interesante y un gorrito para protegerse del sol, se ha convertido en un icono popular de la cultura gallega, serigrafía habitual en paredes y muros. El bombazo sigue dando que hablar siete años después y ha sido utilizado como cebo de rumores (Feijóo habría rechazado presentarse a la presidencia del PP nacional por la existencia de más fotos) y teorías conspiratorias. La última de ellas la que afectó a la entrevista de Jordi Évole a Dorado anunciada hace dos meses y que fue desprogramada por la crisis sanitaria del coronavirus. Se dijo que no se emitía por presiones, por censura o porque ya no podía dañar a Feijóo al desconvocarse las elecciones gallegas. Al parecer la pandemia era una excusa floja.

La entrevista, en fin, se emite hoy domingo en La Sexta. Y, más allá de los problemas personales y judiciales del señor Dorado, lo más interesante es cómo el narco profundiza en la primera línea de aquel artículo: la historia de una amistad. En boca de un hombre que confiesa haber dudado si hablar con Évole cinco minutos antes de la cita, que se expresa torpemente, sin experiencia ante las cámaras, con excusas delirantes cuando Évole le lee la sentencia (“¿por qué usted en las conversaciones telefónicas decía ‘coche’ en lugar de ‘lancha?”. “Es un coche, coche anfibio”), poco convincente cuando quiere desvincularse del narcotráfico y silencioso y dolido cuando el periodista le muestra a Feijóo renegando una, dos y tres veces de su amistad (“ni ancha ni estrecha”) con él. “Ya es un político. No habla con el corazón, sino con el cerebro de político. Duele, duele. Pero bueh…”. Y se calienta: “¿No es ancha ni estrecha? No puede decirlo con el corazón. Si duermes en mi apartamento de Baiona y mi mujer te hace el desayuno a ti y a los invitados, no es por ser tu criada”.


“Le conocí dos o tres novias, ya me olvido”, le dice Marcial Dorado a Évole para explicar su relación con el presidente de la Xunta, con quien pasó el fin de año en Cascais (Portugal), e hizo viajes a Picos de Europa (“puede ser, recuerdo que había nieve”, dijo Feijóo en otra declaración incrustada en el imaginario popular gallego, al ser Dorado condenado por tráfico de cocaína) e Ibiza. También cuenta que a la cárcel (fue condenado a 13 años, sigue en prisión con permisos) acudieron personajes enviados de la política para utilizarlo contra Feijóo. A pesar de que anuncia que lo votará (“votaré al que ya no es mi amigo”), Dorado está dañado: “Si fuese al revés yo diría: ‘Sí, es amigo mío’. Sigo siendo un caballero, puede decirlo tranquilamente, señor Feijóo. Y honrado. ¡Honrado! De acuerdo, contrabandista, de acuerdo. Pero pregúntele a un empleado de mis empresas si soy honrado o no”. Dice que fue él el que dejó a Feijóo: “Se relacionaba muy alto, yo escapo de esas cosas. Soy yo el que me voy. La última vez me llama a él para comer. Y quedamos. Año 2001”.



En enero de 2003 Manuel Fraga destituye al considerado su sucesor, José Cuiña Crespo, y nombra a uno nuevo dándole la cartera más importante, Alberto Núñez Feijóo. En noviembre de 2003, el juez Vázquez Taín detiene a Marcial Dorado por narcotráfico. Feijóo conocía la existencia de esas fotos y, tras saber de la detención de Dorado, presentó su dimisión alertando a Fraga de que podrían salir a la luz en cualquier momento. De 2001 hasta 2003 Feijóo y Dorado, cuyo teléfono había sido pinchado por orden del juez, habían mantenido varias conversaciones telefónicas. Lo relataron Sonia Vizoso y Elisa Lois en EL PAÍS. “Un consejero de la Xunta, Xesús Palmou, le dijo al juez que el entonces presidente gallego, Manuel Fraga, quería preguntarle algo. A continuación, el fundador del PP le llamó y le dijo: ‘Tengo sobre mi mesa la dimisión de un consejero [por Feijóo] y quiero saber si hubo algo más después de una vieja amistad’. Taín recuerda que le contestó tajantemente que no”.
“Yo quiero que me recuerden como Marcial, el hijo pequeño de Ramona, que se fue con siete años a la isla [de Arousa]. Como narcotraficante no. Porque no lo soy; si lo hubiera sido, sería el mejor. ¡El mejor! No estaría en la cárcel ni aquí hablando con usted”, dice Dorado en un momento del documental, declaración evocadora en espíritu de aquella mítica de Sito Miñanco sentado ante los jueces de la Nécora: “Yo porque no creo en la violencia, si no os mataba todos”.

 
Última edición:
El Tribunal de Cuentas encuentra un agujero de 2.292 millones en los últimos Presupuestos del Gobierno de Rajoy

Las cuentas públicas correspondientes a 2018, las últimas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y prorrogadas en los Ejecutivos de Pedro Sánchez, tienen un resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras por importe negativo de 20.031,5 millones

Economía
15/05/2020 - 11:49h
El Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración de 2.292 millones en los Presupuestos de 2018

El exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, (derecha) junto a la actual portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración en 2.292,1 millones de euros en el resultado presupuestario correspondiente a 2018 como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el Presupuesto del citado ejercicio.
Así lo acredita en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018', aprobada el pasado 30 de abril, y recogida por Europa Press, atribuyendo este importe a operaciones de gastos e ingresos que debieron haber sido imputados al Presupuesto de 2018 por corresponder a dicho ejercicio y que no fue así.





Esas cuentas públicas se encuentra prorrogadas ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puedo aprobar unos nuevos Presupuestos en 2019 al no contar con el respaldo de las fuerzas independentistas. Posteriormente, ya con el Gobierno de coalición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que no tenía sentido intentar aprobar unos Presupuestos para 2020 debido a la crisis del coronavirus y que el Gobierno se volcaría en sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.

Según señala en el apartado dedicado a la liquidación del Presupuesto, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al ejercicio que figura en la Cuenta General por importe negativo de 20.031,5 millones, presentaría un mayor déficit, por importe de 2.284,2 millones.

Asimismo, el resultado presupuestario consolidado por operaciones financieras reflejado en esta cuenta, que presenta un superávit de 28.701,9 millones, se minoraría en 7,9 millones.

Por todo ello, concluye el órgano fiscalizador, el resultado presupuestario consolidado del ejercicio que, según los registros contables, refleja un superávit de 8.670,3 millones, se hallaría sobrevalorado en 2.292,1 millones

3.353 millones en gasto pendiente de reconocer

En total, el Tribunal de Cuentas detecta un importe consolidado de 3.535 millones de euros en obligaciones netas consolidadas que se debieron reconocer por corresponder a gastos realizados en el ejercicio; mientras que ese año se imputaron 1.300,2 millones en gastos que corresponden a ejercicios anteriores.

En consecuencia, las obligaciones reconocidas del ejercicio 2018 están infravaloradas en 2.234,8 millones. Además, al cierre de dicho ejercicio quedaron obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por importe de 329,9 millones de euros.

Respecto al presupuesto de ingresos consolidado, el órgano fiscalizador asegura que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el Presupuesto de 2018 por un importe neto de 166,8 millones, mientras que en estas cuentas se recogen derechos de ejercicios anteriores por un importe neto de 224,1 millones, por lo que los derechos reconocidos ese año se sobrevaloran en 57,3 millones.

Por ello, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado de 3.864,9 millones de euros (3.535 millones del ejercicio corriente y 329,9 de ejercicios anteriores) y se han reconocido derechos en exceso por un importe de 57,3 millones.

 
El Tribunal de Cuentas encuentra un agujero de 2.292 millones en los últimos Presupuestos del Gobierno de Rajoy

Las cuentas públicas correspondientes a 2018, las últimas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y prorrogadas en los Ejecutivos de Pedro Sánchez, tienen un resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras por importe negativo de 20.031,5 millones

Economía
15/05/2020 - 11:49h
El Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración de 2.292 millones en los Presupuestos de 2018

El exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, (derecha) junto a la actual portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración en 2.292,1 millones de euros en el resultado presupuestario correspondiente a 2018 como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el Presupuesto del citado ejercicio.
Así lo acredita en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018', aprobada el pasado 30 de abril, y recogida por Europa Press, atribuyendo este importe a operaciones de gastos e ingresos que debieron haber sido imputados al Presupuesto de 2018 por corresponder a dicho ejercicio y que no fue así.





Esas cuentas públicas se encuentra prorrogadas ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puedo aprobar unos nuevos Presupuestos en 2019 al no contar con el respaldo de las fuerzas independentistas. Posteriormente, ya con el Gobierno de coalición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que no tenía sentido intentar aprobar unos Presupuestos para 2020 debido a la crisis del coronavirus y que el Gobierno se volcaría en sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.

Según señala en el apartado dedicado a la liquidación del Presupuesto, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al ejercicio que figura en la Cuenta General por importe negativo de 20.031,5 millones, presentaría un mayor déficit, por importe de 2.284,2 millones.

Asimismo, el resultado presupuestario consolidado por operaciones financieras reflejado en esta cuenta, que presenta un superávit de 28.701,9 millones, se minoraría en 7,9 millones.

Por todo ello, concluye el órgano fiscalizador, el resultado presupuestario consolidado del ejercicio que, según los registros contables, refleja un superávit de 8.670,3 millones, se hallaría sobrevalorado en 2.292,1 millones

3.353 millones en gasto pendiente de reconocer

En total, el Tribunal de Cuentas detecta un importe consolidado de 3.535 millones de euros en obligaciones netas consolidadas que se debieron reconocer por corresponder a gastos realizados en el ejercicio; mientras que ese año se imputaron 1.300,2 millones en gastos que corresponden a ejercicios anteriores.

En consecuencia, las obligaciones reconocidas del ejercicio 2018 están infravaloradas en 2.234,8 millones. Además, al cierre de dicho ejercicio quedaron obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por importe de 329,9 millones de euros.

Respecto al presupuesto de ingresos consolidado, el órgano fiscalizador asegura que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el Presupuesto de 2018 por un importe neto de 166,8 millones, mientras que en estas cuentas se recogen derechos de ejercicios anteriores por un importe neto de 224,1 millones, por lo que los derechos reconocidos ese año se sobrevaloran en 57,3 millones.

Por ello, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado de 3.864,9 millones de euros (3.535 millones del ejercicio corriente y 329,9 de ejercicios anteriores) y se han reconocido derechos en exceso por un importe de 57,3 millones.

Eso no es noticia. Pasa en todos los presupuestos. Se ajustan en los siguientes.
 
El fascismo en dos fotos.
Si, es verdad, Aznar mato a un millon en Irak.....que digo un millon....cinco millones.....no, diez......no, cincuenta millones.....

Y Ayuso ha matado a todos los muertos de Coronavirus de España.....que digo, de Europa....no....del mundo......

Lo que hay que leer....

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Estos son los documentos que prueban que la Junta de Castilla y León ordenó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales

Eldiario.es desveló el pasado martes que la Consejería de Sanidad consideró que las personas mayores enfermas de COVID-19 debían ser tratadas en los centros donde residían
eldiariocyl
21/05/2020 - 22:55h
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado. JCYL

La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar a los hospitales a los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19. Este jueves, este diario amplió la información incluyendo un informe en el mismo sentido de la Comisión de Bioética. En ambas informaciones, eldiario.es incluyó las imágenes que consideró más relevantes y que demostraban la existencia de esos documentos. Sin embargo, según el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que los documentos se hayan reproducido sólo en parte, suponen una "información sesgada" e "inaceptable" que "no es permisible".

No hay ninguna razón oculta para que este diario no publicase los documentos en su integridad, pero dado el cuestionamiento de Igea y Casado, estos son completos, los documentos a los que tuvo acceso eldiario.es.





En el primer documento, sin fecha, pero según fuentes de la Junta, elaborado el 23 de marzo, durante el pico de la pandemia en la Comunidad, es el titulado 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social'. Está encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en manos de Ciudadanos). En él se establece que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un "equipo multidisciplinar" con un equipo asistencial formado por "los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…". Era este equipo el encargado de realizar una "valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera". La parte que eldiario.es decidió incorporar como imagen corresponde a la segunda página, en la que se dice que se atendería a los residentes "sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital", frase que aparece destacada en negrita. Este documento está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.

Ese mismo 23 de marzo, la Comisión de Bioética de Castilla y León, un órgano consultivo de la Consejería de Sanidad y que tiene allí su sede, elabora un informe de dos páginas sobre esas medidas. Eldiario.es reprodujo una imagen de un párrafo de la segunda página del mismo, en el que se decía que "los equipos asistenciales correspondientes" deben atender a los enfermos de COVID-19 de las residencias "in situ", "sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de referencia)". No obstante, se incluyeron en la información también consideraciones de la primera página o el final del informe que concluía en otro cuerpo de letra más grande y en negrita: "Hay que dar siempre, hasta el final, una asistencia profesional, integral, humana y compasiva".

El 23 de marzo, según datos aportados en ese momento por la Junta de Castilla y León, había 920 enfermos de COVID-10 ingresados en planta en los hospitales de la Comunidad y 137 en las UCIs. Tan solo dos días después se había pasado a 1.313 ingresados en planta y 202 enfermos en cuidados intensivos. La curva era claramente ascendente y la situación en los centros hospitalarios muy complicada.
El día 26 de marzo, las medidas se actualizaron en un nuevo documento de dos páginas. En el apartado de 'Solicitud de atención sanitaria', se refleja que "el Equipo de Atención Primaria prestará la atención sanitaria en las residencias. Si para el desempeño de la asistencia, se necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención Primaria se pondrán contacto con el EQUIPO COVID-Residencias, pero -destacado en negrita- en ningún caso derivarán pacientes de la residencia al hospital sin contactar previamente con el EQUIPO COVID-Residencias, que será quien decida la ubicación de la persona". Eldiario.es citó parte de este documento pero no reprodujo ninguna imagen. Es este:

El criterio de la Junta de Castilla y León, que en el primer documento apuesta por no derivar pacientes, en el segundo por hacerlo sólo en casos "de gran excepcionalidad" y con la autorización previa del hospital, y en el tercero de deja a criterio del EQUIPO COVID-Residencias, cambia ligeramente el 16 de abril, una vez que empieza a bajar la curva de ingresos. El 2 de abril se había pasado por el momento más crítico, con 2.358 personas enfermas en planta hospitalaria y 353 en UCI.

En un cuarto documento, de 8 páginas y con el título 'Actualización de las medidas generales a adoptar para contener el impacto del COVID-19 en las residencias de carácter social', aparece un cambio respecto al primero, y es que se añade que "preferiblemente" se atenderá a los residentes "sin necesidad de movilizarlos". Este dato se incluyó en la primera información que publicó este diario, tanto en el subtítulo como en el cuerpo de la noticia, si bien no se reprodujo ninguna imagen.

Además se añade que si precisasen "cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no pueden ser prestados en la residencia (necesidad de apoyo continuado o cuidados críticos) se derivará al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso". En este documento aparece además un listado de hospitales y centros de cuidados intermedios que no aparecen ni listados ni citados en los documentos anteriores. Es decir, hasta el 16 de abril, ninguno de los documentos registra la posibilidad clara de derivar a los ancianos. Tampoco informan de qué pruebas médicas se les podía hacer para ver la evolución de la enfermedad.


Vaya, vaya, el PP que tanto decía que nadie del UP se ocupaba de los ancianos vemos que ellos, los de su partido tanto de CyL y como la de la Comunidad de Madrid se ocupan muy bien de ellos como aplicando una eutanasia encubierta.

Por cierto, quien quiera ver todos los detalles de la carta que abra el enlace.
 
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