Repaso a la corrupción del Partido Popular

[Crisisyrecesion]

Un escrito anónimo provoca la apertura
de una nueva investigación sobre la
financiación del PP de Rita Barberá
https://www.eldiario.es/cv/corrupcion/investigacion-financiacion-PP-Rita-Barbera_0_767473296.html

Un escrito anónimo, extenso y aparentemente solvente, sobre el presunto origen de los fondos de la financiación irregular del PP de Rita Barberá entre las campañas de 2007 y 2015, habría provocado que el juez que instruye el caso 'Taula' haya abierto una nueva pieza secreta para dilucidar posibles delitos.

De este modo lo han avanzado tanto El Mundo como Las Provincias que apuntan que de nuevo se situaría en el centro de las investigaciones la Fundación Turismo València, que ya está siendo investigada dentro de 'Taula' por la contratación de la empresa consultora de comunicación Laterne, que podría haber facilitado la financiación en 'b', y vinculado a ello levantó sospechas la compra de máquinas trituradoras de documentos o de contratación de este mismo tipo de servicios, tras perder el PP la alcaldía en 2015.

Según informan estos medios, el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, habría impuesto el secreto de sumario para evitar la destrucción de pruebas y abrir diligencias para comprobar la denuncia del anónimo.

La Fundación Turismo Valencia fue utilizada por el PP como un instrumento en teoría privado pero con mayoría de capital del Ayuntamiento de València -de hecho su presidente era el concejal de Turismo-, así aparece como donante del PP en la campaña de 2007, y también ha sido investigada como pagadora de Nóos, caso por el que fue acusado y absuelto el exconcejal Alfonso Grau, presidente con Rita Barberá de alcaldesa.

A saber que habrá aquí, tomate y naranjas

 

[_Marta]

El PP se ríe de la UE en vivienda
El modelo de la salida de la crisis se ha basado de nuevo en la especulación, eliminando los derechos que protegían a los ciudadanos

La nueva burbuja inmobiliaria es una realidad por mucho que se empeñen en negarlo las autoridades y los grupos financieros que operan en este mercado

La política del Gobierno en materia de vivienda es completamente contraria tanto a la regulación europea como a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE

Andreu Missé (eldiario.es)
03/05/2018 - 20:49h

Protesta de la PAH contra los desahucios. Foto: Andrea Bosch
La vivienda se ha convertido en el problema social más grave de una parte significativa de la sociedad española. Los jóvenes son ahora los más perjudicados. El modelo de la salida de la crisis para algunos se ha basado de nuevo en la especulación sobre la vivienda eliminando los derechos que protegían a los ciudadanos.

La nueva burbuja inmobiliaria es una realidad por mucho que se empeñen en negarlo las autoridades y los grupos financieros que operan en este mercado. Como cada burbuja, esta tiene unas características específicas distintas de las anteriores. Cómo si no se puede llamar al fenómeno que provoca un aumento del precio de los alquileres de los pisos remozados del mismo inmueble en más del 100% en un breve espacio de tiempo.


Es un hecho incontrovertible el fenómeno creciente de compra de fincas urbanas enteras en el corazón de las ciudades por parte de fondos extranjeros. Pero no son sólo los llamados “fondos buitre” los que se han lanzado sobre el mercado inmobiliario. En muchos casos son empresarios españoles que han constituido sociedades en Luxemburgo o países con similares ventajas fiscales para realizar estas operaciones. El Gobierno es, además, un claro impulsor de la especulación con la concesión de bonificaciones fiscales del 95% a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

La secuencia inmediata que se pone en marcha a estas compras masivas es la expulsión de los inquilinos existentes, jóvenes y mayores, y la puesta en alquiler de los nuevos apartamentos a precios exorbitantes. El resultado es que las rentas exigidas son imposibles de satisfacer con los salarios. En los últimos meses el contagio de los precios se ha extendido a las coronas de las ciudades y los jóvenes tienen que desplazarse a más de 50 o 60 kilómetros para encontrar alquileres asequibles. Para muchos jóvenes la única salida es la emigración. Entre 2000 y 2017, el 27% de los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años tuvieron que abandonar el país, según Eurostat.

La falta de una legislación estatal protectora de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda permite que las reformas de los centros de las ciudades solo beneficien a los intereses especulativos.

El drama de los desahucios, que ha supuesto la expulsión de sus casas de más medio millón de familias durante la última década, continúa vivo. La novedad ahora es que los lanzamientos se producen cada vez más como consecuencia de los abusos de la Ley de Arrendamientos impuesta por el Partido Popular en 2013. Esta ley redujo drásticamente los derechos de los inquilinos. Según el Consejo General del Poder Judicial, durante el año pasado se registraron 60.754 lanzamientos, de los que 35.666 fueron consecuencia de la ley de arrendamientos y 22.330 ejecuciones hipotecarias. Este drama solo ha podido ser mitigado gracias a las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones.

Durante los últimos años el Gobierno hizo todo lo posible para desnaturalizar y abortar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la PAH con el apoyo de 1,4 millones de ciudadanos, que trataba de modernizar la legislación española y aproximarla a los derechos de los ciudadanos sobre la vivienda reconocidos en la UE. Desde 2014 la vivienda es un derecho fundamental en la Unión.

Actualmente, la regulación de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda está siendo objeto de debate en el Congreso de los Diputados en el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. En realidad, esta ley es la transposición de una directiva europea de 2014 para la que España lleva ya más de dos años de retraso por irresponsabilidad del Gobierno, que no presentó el proyecto de ley hasta el pasado noviembre. Este injustificado retraso supone el riesgo añadido de que España sea sancionada con una multa de 105.000 euros diarios.

El proyecto de ley no recoge, sin embargo, el sentido autocrítico de la normativa europea que reconoce las prácticas abusivas de la banca como causante de la crisis. “La crisis financiera”, señala la directiva, “ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en particular de los consumidores”.

La política del PP sobre los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda es completamente contraria tanto a la regulación europea como a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde 2013, el TJUE ha dictado dos sentencias y cuatro autos corrigiendo el sistema de ejecución hipotecaria español, que han obligado a sucesivas modificaciones de nuestra legislación. El tribunal europeo ha dictado también siete resoluciones en materia de intereses de demora abusivos. Ahora hay varias cuestiones prejudiciales presentadas por los jueces españoles, incluido el Tribunal Supremo sobre el procedimiento hipotecario.

El proyecto que presenta el Gobierno empeora la situación actual. No permite la dación en pago, encarece los intereses de demora y no afronta la cuestión fundamental que es el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

La expulsión de jóvenes de las ciudades está teniendo unos terribles efectos sociales que ya empiezan a repercutir en determinadas actividades económicas. Es urgente detener este proceso. La aprobación de varias enmiendas que han presentados Podemos y PSOE al proyecto de ley sobre crédito inmobiliario podrían evitar la catástrofe social y económica hacia la que nos encaminamos.

 

[Crisisyrecesion]

La UCO busca pruebas de la financiación
ilegal del PP de Madrid en ordenadores
de Indra y PwC
https://www.eldiario.es/politica/UC...Madrid-ordenadores-Indra-PwC_0_767473500.html

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya tienen permiso del juez para adentrarse en los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados en las empresas sospechosas de colaborar con la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a que se desprecinten y se vuelque el contenido de los ordenadores de empresas como Indra, PricewaterhouseCoopers (PwC), la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o Swat SL.

El próximo 8 de mayo, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a esos dispositivos y buscar en ellos información y pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta pieza de Púnica nace en realidad de los indicios encontrados en la investigación de otra trama de corrupción, el caso Lezo.

Hace poco más de un año, los agentes de la UCO detuvieron a Ignacio González en su casa de Madrid. Entre las acusaciones del auto que le llevo a prisión, la de haber utilizado a empresas como ICM o el Canal de Isabel II para llenar la caja B del partido, hasta arriba de deudas después de las elecciones autonómicas de 2011.

Según los investigadores, el sistema ideado por González necesitó de la colaboración de José Martínez de Nicolás, antiguo consejero delegado de ICM, empresa pública dependiente del gobierno regional. Los pendrives, tablets y ordenadores que le requisaron a él y a su hijo -que trabajó en PwC- tras su detención también serán ahora analizados.

La investigación ha determinado que Martínez Nicolás aumentó sin justificación los contratos de ICM con PwC e Indra para conseguir hasta un millón de euros extra. González le pidió directamente esta gestión en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012, y a la que acudieron representantes de otras empresas públicas madrileñas. El juez señala que Martínez Nicolás accedió e infló los contratos.

Según los informes policiales, solo de Indra salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid había encargado a distintos proveedores. Entre ellos, la consultora Swat SL, una de las piezas angulares en la investigación de la financiación del PP. Los agentes también investigarán la información de los dispositivos electrónicos de José Miguel Alonso, exadministrador de Swat, y Juan Miguel Madoz Echevarría, actual responsable de esa empresa.

 

[Crisisyrecesion]

El gráfico que evidencia la falta de
equidad en los telediarios de TVE en
favor del PP
http://vertele.eldiario.es/noticias...5.1287652091.1525258854-1198071968.1520629101

Vanesa Rodríguez

El pasado 8 de marzo las mujeres se manifestaron como nunca para que todo dejara de ser como siempre. Las marchas feministas coparon portadas y titulares de todos los medios de comunicación, aunque no en RTVE. Una vez más, la televisión pública daba la espalda a la realidad en su cobertura informativa.

Así se desprende del último informe del Consejo de Informativos de TVE, al que ha tenido acceso VERTELE, que analiza cómo fue la "muy deficiente" cobertura de la primera huelga feminista celebrada en España. Para ello el órgano de los trabajadores ha analizado minuciosamente -en un documento de 54 páginas- las dos ediciones de los telediarios en los días del 1 al 9 de marzo.

Como síntoma del ninguneo, el 8 de marzo TVE desplazó solo a una reportera y una unidad móvil para cubrir una manifestación histórica que inundó las calles de Madrid de forma multitudinaria.

 

[Crisisyrecesion]

Un juzgado archiva la querella de
Cifuentes contra Granados por vincularla
con la caja B del PP
https://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-Granados-querella_0_767823560.html

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a 3 de mayo, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días.

 

[Crisisyrecesion]

Un campo de minas judicial para el PP
http://cadenaser.com/ser/2018/05/06/tribunales/1525623889_518873.html

 

[Crisisyrecesion]

Una empresa que financió al PP de
Camps se lleva la mitad de los concursos
de análisis hídricos de España
https://www.eldiario.es/cv/empresarios-Gurtel-concursos-Grupo-Gimeno_0_767824092.html

La firma del empresario que financió al PP de Camps gana un concurso del Ministerio de Medio Ambiente en UTE con Typsa, una empresa investigada por los sobrecostes de la Fórmula 1 de Valencia

Este martes los acusados expondrán sus conclusiones en las últimas sesiones del juicio de la pieza del Caso Gürtel sobre la financiación del PP de Francisco Camps

Los empresarios que han reconocido financiar al PP Vicente Cotino (i) y Enrique Gimeno (d), durante el juicio. EFE

Los nueve empresarios valencianos que han confesado financiar al PP valenciano en la etapa de Francisco Camps evitarán la prisión con el pago de una multa. La condena pesará sobre su persona pero sus empresas, a través de las que realizaron los pagos ilegales y las facturas falsas, seguirán sin mácula al no haber sido condenadas. Y es que en 2009, cuando se les imputó por los los delitos ahora confesados, el Código Penal no permitía procesar a una sociedad. Ahora ya es posible.


Así, todos los empresarios que han reconocido haber roto las reglas del juego para perpetuar a un partido político en el poder para posteriormente obtener un beneficio empresarial -aunque esta máxima tampoco ha podido ser probada en el juicio de Gürtel- continúan haciendo negocios suculentos con administraciones públicas, también con las del PP. Y sin ningún problema, incluso llegando a firmar las cartas de compromiso con la ética que exige la presencia de España en la Unión Europea.

Uno de los empresarios valencianos que confesó financiar al PP para ganar elecciones y que sigue ganando concursos con administraciones populares es Enrique Gimeno, propietario del Grupo Facsa de Castellón. Gimeno controla el 90 % de las depuradoras públicas de Castellón -en la diputación provincial que paga esta factura manda el PP- y en 2015, en Castilla la Mancha y con los populares en funciones, el empresario confeso consiguió la gestión de 74 depuradoras públicas con su empresa Facsa.

 

[Crisisyrecesion]

La Fiscalía rebaja la condena a Costa por
confesar la financiación ilegal del PP
http://cadenaser.com/ser/2018/05/07/tribunales/1525714384_796416.html

 

[laseca]

Mas mierda y esto no para.

El chalet propiedad del Canal de Isabel II. A la derecha, una imagen por satélite de la zona.

ESPAÑA DINERO PUBLICO
El Canal gastó 1,4 millones en reformar un chalé que usaban cargos del PP para asuntos personales
Una filial llamada Hispanagua cobró 400.000 euros por mejorar la piscina, la jardinería, el suelo y construir una pérgola y una barbacoa.
8 mayo, 2018 02:34
Daniel Montero @monteroblog
El Canal de Isabel II gastó en 2008 1,4 millones en reformar a todo lujo una casa de campo que la empresa pública tenía junto al embalse madrileño de Valmayor. Un chalé que no tenía una utilidad clara según el organigrama de la empresa y que fue disfrutado después y en varias ocasiones por miembros del PP de Madrid para actividades personales.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la reforma de la vivienda se formalizó en la época en la que Alberto Ruiz Gallardón se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid y se acometió en al menos dos contratos. El primero sirvió para mejorar las infraestructuras interiores de la vivienda. El segundo, de 400.000 euros, fue concedido a una filial del Canal llamada Hispanagua. Sus operarios se encargaron del vallado de la zona, que blinda el perímetro frente a ojos indiscretos, de la pavimentación y jardinería, la elaboración de una pérgola, la construcción de una barbacoa de piedra y la reparación de la piscina.


La obra completa se terminó poco después y no ha tenido una función oficial desde entonces, además de albergar actos puntuales. Sin embargo y según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, tras la reforma el chalé, sirvió en varias ocasiones para que destacados miembros del PP de Madrid hicieran un uso particular de ella, bien de forma esporádica o en cortos períodos vacacionales. "Por no tener, nosotros no teníamos ni las llaves. Ni supimos nunca muy bien para qué se había reformado", explica uno de los directivos de mayor rango del ente que prefiere guardar el anonimato.

Clases de vela para el hijo de Rajoy
El chalé en cuestión se encuentra junto al embarcadero del embalse de Valmayor, en la localidad madrileña de Colmenarejo. Allí, el Canal de Isabel II montó también tiempo después una escuela de vela con instalaciones para guardar los barcos. Ahora, el abandono de la zona en la que tomaba clases como tantos otros escolares el hijo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contrasta con el cuidado de la finca aledaña. A unos metros descansan embarcaciones ruinosas y afectadas por el paso del tiempo donde antes podían aprender los niños. A escasos metros, el chalé de lujo se conserva en un estado impecable.

Estado en el que se encuentra actualmente el embarcadero.

El Canal de Isabel II cuenta entre su patrimonio inmobiliario con cerca de 140 "casetas", instalaciones repartidas por la Comunidad de Madrid que servían para dar vivienda o dependencias de trabajo a sus empleados en los distintos embalses. Cada año, las que están en un estado de conservación óptimo pueden ser disfrutadas por los empleados en pequeños períodos que suelen ser otorgados por sorteo.

Sin embargo, la casa de Valmayor nunca ha estado entre las que pueden disfrutar los miembros de la plantilla. "De hecho nadie tiene permiso para acceder a ella ahora mismo. Ni siquiera los empleados que trabajan a pocos metros del perímetro", confirma a EL ESPAÑOL una fuente de la propia empresa. "En esa casa solo puede entrar el jardinero y el personal de la limpieza. Nadie más".

De hecho, el jardinero encargado del chalé es una entre las 16 personas(solo 16 de toda la plantilla) que todavía están en nómina de la institución Canal de Isabel II, y no de la mercantil que gestiona sus negocios, en forma de empresa pública.

Reuniones en "el hotel"
Fuentes del PP de Madrid confirman que era de dominio público entre los altos cargos el uso que algunos miembros del partido en Madrid hacían de esta vivienda, pero lo separan del uso que hacía la formación de otro inmueble emblemático propiedad del Canal.

Imagen del inmueble reformado por el Canal hace 10 años en el embalse de Santillana.

Conocido entre los consejeros y cargos de confianza de Esperanza Aguirre e Ignacio González como "el hotel", el Canal de Isabel II tiene también una especie de centro de convenciones en el embalse deSantillana.

El edificio fue reformado también a todo lujo durante la legislatura de Ruiz Gallardón, y era utilizado en numerosas ocasiones por los equipos de trabajo de la Comunidad de Madrid para realizar convivencias o encuentros de trabajo que se alargaban varios días.

"Las reuniones se podían hacer igual que en la sede de Madrid, pero si estabas 12 o 14 horas trabajando, por lo menos te levantabas al día siguiente junto al embalse y no se te hacía tan duro tener que seguir otra jornada así", explica uno de los asistentes a estas reuniones. En estos casos, eran las propias consejerías las que pagaban de su presupuesto los gastos de manutención y estancia en el inmueble, que eran abonados después al Canal de Isabel II. Al igual que hacía cualquier otra empresa, particular o institución que quiera alquilar el espacio.

 

[Crisisyrecesion]

El Supremo confirma 13 años de cárcel para
Correa en la primera sentencia firme del
caso Gürtel
http://cadenaser.com/ser/2018/05/08/tribunales/1525781819_403639.html

 

[Crisisyrecesion]

La trama Gürtel deja de ser supuesta
http://cadenaser.com/ser/2018/05/08/tribunales/1525805325_747924.html

 

[IDOLO]

FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS POPULARES MADRILEÑOS
Indra admite que no puede justificar pagos de un millón que acabó en la caja B del PP
La multinacional española reconoce que no sabe por qué abonó facturas a empresas investigadas por desviar dinero público a la campañas electorales del Partido Popular de Madrid

Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)
AUTOR
JOSÉ MARÍA OLMO
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• PARTIDO POPULAR (PP)
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18.05.2018 – 05:00 H.
La Audiencia Nacional dispone de nuevos indicios que acreditan la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de adjudicaciones públicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García-Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de un millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP. La tecnológica admite que, bajo la presidencia de Javier Monzón, pagó facturas por ese importe, pero no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio, apuntalando así las sospechas sobre esos movimientos de fondos.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó a registrar la sede de Indra en abril de 2017 durante la operación Lezo, se centran en los pagos que realizó la compañía a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó a la cotizada 938.247 euros entre 2010 y 2013 (250.750 euros en 2010, 566.497 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013), una cantidad que supuso en ese periodo más del 90% de sus ingresos totales.


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Indra asegura que en las investigaciones internas que abrió para esclarecer su implicación en el caso ha encontrado las propuestas de encargo que le envió Formaselect, las autorizacionesque firmaron sus directivos antes de contratar a esta empresa, las facturas que se emitieron posteriormente y, finalmente, las órdenes de pago. El problema, reconoce la compañía, es que no halla ninguna prueba de que realmente existieran los trabajos de Formaselect abonados mediante esas facturas. En el concepto, figura la realización de acciones formativas para los empleados de la tecnológica que se impartirían en sus propias instalaciones ('in company'). Pero nadie ha podido confirmar que esas formaciones se celebraran. Ni siquiera consta en Indra que algún representante de Formaselect haya cruzado sus tornos de seguridad para dar las clases, admiten los representantes legales de la firma.

Su relación comercial con Swat SL presenta las mismas deficiencias. La multinacional habría abonado a esta otra mercantil del sector de la publicidad un total de 116.000 euros durante el ejercicio 2008 por supuestos trabajos de “asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación”. Teóricamente, Swat SL comenzó a prestar el servicio en el segundo semestre de 2007, es decir, justo después de las elecciones autonómicas de ese año, en las que Aguirre revalidó su primer mandato con otra mayoría absoluta. Indra ha remitido a la Audiencia Nacional las dos facturas de 50.000 euros más IVA que pagó a la agencia, así como sus comprobantes internos de que fueron abonadas. Pero también ha tenido que reconocer que no ha hallado “evidencias que puedan justificar la prestación de los servicios a que se refieren” esos documentos de pago. Es decir, ni rastro de la supuesta “asesoría en comunicación”.





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Estos hallazgos complican aún más el futuro judicial del PP. Como adelantó El Confidencial en septiembre, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil ya apuntaron en un informe preliminar incluido en el caso Lezo y trasladado luego al caso Púnica que los gobiernos madrileños de Aguirre y González habrían utilizado la agencia ICM para desviar fondos públicos al PP. El dinero salía del ente autonómico mediante licitaciones con precios inflados que eran sistemáticamente concedidas a Indra. Después, la multinacional pagaba presuntamente facturas falsas a firmas instrumentales, como Formaselect Consulting SL y Swat SL, que se encargaban de triangular los fondos para dificultar su seguimiento. Por último, el dinero público era utilizado para abonar gastos de campaña del partido que superaban el máximo legal permitido.

Por estos hechos ya estaban imputados desde el inicio de la operación Lezo los administradores de Formaselect (Óscar Sánchez Moyano) y Swat (Juan Miguel 'Juancho' Madoz), así como el consejero delegado de ICM durante el periodo bajo investigación, José Martínez Nicolás. La ausencia de justificantes para los pagos de Indra aporta nuevas pistas sobre esta circulación irregular de dinero con destino a la primera planta de Génova. Solo estas dos firmas habrían canalizado 1.054.247 euros hacia el PP entre 2008 y 2013.

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (d) e Ignacio González. (EFE)


La cifra real podría ser mucho mayor. Indra también ha reconocido que la Agencia Tributaria está investigando los pagos que realizó a una tercera empresa, la agencia de comunicación y publicidad Lata Latina SL, que ya estuvo implicada en el caso Gürtel y era proveedora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según los inspectores de Hacienda, la cotizada habría abonado a la agencia un total de 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 por trabajos que tampoco aparecen. También han detectado que Indra fabricó facturas para no sobrepasar el límite legal de subcontratación con Lata Latina SL.

A pesar de las cantidades que ya han surgido, esta pieza del caso Púnica —toda la financiación ilegal del PP de Lezo ha sido trasladada a ese sumario— es precisamente una de las que se encuentran más retrasadas. Un portavoz oficial de Indra, que tiene nuevo presidente desde enero de 2015, Fernando Abril-Martorell, subraya que “la compañía está mostrando la máxima colaboración con la Justicia de forma proactiva, informando por iniciativa propia de cualquier incidencia relevante y aportando toda la información que está en su poder. En este sentido, Indra ha puesto en marcha desde hace más de un año los oportunos procedimientos internos a través de la Unidad de Cumplimiento de la compañía para investigar toda la información referida a este asunto, relacionado con asuntos de una época en la que los responsables de la compañía eran distintos a los actuales”.

https://www.elconfidencial.com/espa...l-uco-audiencia-nacional-lezo-punica_1565340/