Repaso a la corrupción del Partido Popular (1 Viewer)

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La fundación del PP en la que Casado colocó a Suárez Illana recibe 460.000 euros al año del Gobierno de Ayuso por gestionar dos centros de inmigrantes

Adolfo Suárez Illana y Pablo Casado, en octubre de 2018, durante la presentación de la Fundación Concordia y Libertad.
Adolfo Suárez Illana y Pablo Casado, en octubre de 2018, durante la presentación de la Fundación Concordia y Libertad. Flickr PP
Iñigo Aduriz

3 de julio de 2020 21:42h
0
@inigoaduriz
La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular, que desde octubre de 2018 está presidida por Adolfo Suárez Illana, actual secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado, y cuyo vicepresidente primero es el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, recibe cada año más de 458.000 euros de la Comunidad de Madrid –gobernada por PP y Ciudadanos– por gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).

Estos centros, creados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y que dan información, asesoramiento y formación a inmigrantes, son organismos públicos que dependen de la administración que preside Isabel Díaz Ayuso, una de las grandes apuestas de Casado y cuyas políticas pone como ejemplo de lo que haría él si llega a la Moncloa.

Pese a estar cofinanciados en un 50% por la comunidad madrileña y en otro 50% a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, la gestión de los CEPI es, no obstante, privada y se suele adjudicar a fundaciones o asociaciones benéficas que trabajan con población inmigrante.


En 2015, antes de que la Fundación Concordia y Libertad –entonces llamada Humanismo y Democracia (H+D)– estuviera vinculada al PP, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid adjudicó a la ahora fundación 'popular' la gestión de los CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Usera/Villaverde con un plazo de ejecución "del 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017". Pero las dos adjudicaciones se prorrogaron en 2017 durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Cuando se aprobaron las prórrogas, el 25 de octubre de 2017, la fundación ya formaba parte del PP.

Tal y como consta en la correspondiente orden de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en el caso del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, el contrato se prorrogó por un importe total de 681.854,48 euros, distribuido en tres anualidades –las referidas a 2018, 2019 y 2020– de más de 227.000 euros.

Para el CEPI de Usera/Villaverde la cuantía total de la prórroga ascendió a 692.441,84 euros, distribuida en tres anualidades de más de 230.000 euros. Sumados ambos contratos, la Fundación Concordia y Libertad recibe de la Comunidad de Madrid 458.000 euros anuales.



La fundación señala en su página web que el objetivo con esta actividad de gestión de los CEPI "es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo de exclusión y las compensaciones de déficit de apoyo social, centrando el interés en los factores de vulnerabilidad y dependencia, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales públicos".

Este diario se ha puesto en contacto con la fundación para conocer su valoración acerca de que sea una administración gobernada por el propio PP, partido que a su vez es dueño de la propia fundación, la que financie su actividad. El departamento de comunicación de Concordia y Libertad ha delegado la respuesta en Domingo Delgado, director del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, que defiende que la adjudicación de la gestión de estos centros "sale a concurso público" y que la fundación se presentó al celebrado en 2015, siéndole adjudicados los dos mencionados centros.

Según señala Delgado, el concurso fue "transparente y cristalino" y la fundación, pese a su pertenencia al PP, "tiene derecho a presentarse" y si "los técnicos, dentro de su solvencia técnica, consideran que el pliego es el mejor", es correcto que les sea adjudicada la gestión de los mencionados CEPI. "No existe favoritismo alguno", remarca, para insistir en que la fundación, a lo largo de su historia, ha trabajado con "gobiernos de todos los colores". "El ideal de la fundación no es otro que ayudar a sus usuarios", remarca.

Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, "con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos". Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación.

Creada para la "sociedad civil de centro derecha"
Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.

En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y "a propuesta de su presidente", que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.

La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el "centro" en el que "la sociedad civil de centro derecha" tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, "no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal" esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside "no es del PP sino de la sociedad a la que sirve". Además, justificaba su nueva responsabilidad en que "la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada".

H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una "relación de afinidad". El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.

Otras polémicas de la fundación
El pasado lunes, El Confidencial reveló que Laura López de Cerain, alta funcionaria y ex alto cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), había sido condenada a siete años de inhabilitación precisamente por favorecer a la fundación vinculada al PP en proyectos de ayuda al desarrollo. La sentencia considera probado que, en 2014, López de Cerain, que llegó a ser secretaria general de la AECID, cambió las puntuaciones para que esa fundación obtuviera una subvención y que lo hizo "sin que existiera ningún criterio técnico que fundamentara dicha modificación".

Por otro lado, los CEPI ya estuvieron en el centro de la polémica en 2009, apenas unos años después de que se crearan los primeros de estos centros por la Comunidad de Madrid entonces presidida por Esperanza Aguirre. El diario El País publicó entonces que la congregación Legionarios de Cristo, investigada por el Vaticano, controlaba a través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria 4 de estos 17 centros.

La congregación ultracatólica percibía entonces –ya no consta que ningún CEPI esté gestionado por esa organización– 1,6 millones al año de las arcas regionales por encargarse de cuatro CEPI. Y, al menos en uno de ellos, los legionarios aprovechaban para hacer apostolado y campaña contra el aborto entre los inmigrantes.





Me parece fantastico. Muy buena noticia Idola. No la conocia. Que luego no digais que la derecha no hace nada por los inmigrantes............
 

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VÍDEO | A Egea le preguntan sobre el senador del PP al filo de la imputación y suelta un spech sobre Iglesias y Dina B.
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Teodoro García, secretario general del Partido Popular ha protagonizado unas declaraciones que han hecho que se convierta en tendencia tras haber respondido a una periodista con un tema que no tendría nada que ver con la pregunta. El diputado Popular fue preguntado por la situación del senador Da...


Información sobre este sitio web

JOTAPOV.COM

A Egea le preguntan sobre el senador del PP al filo de la imputación y habla sobre Iglesias y Dina B.

Teodoro García, secretario general del Partido Popular ha protagonizado unas declaraciones que han hecho que se convierta en tendencia tras haber respondido a una periodista con un tema que no tendría nada que ver con la pregunta. El diputado Popular fue preguntado por la situación del senador Da...
https://bit.ly/2WPpMeF?fbclid=IwAR1bYmWSt5kPDBgFiRJwNgbXeoGA3UFn_MabywfO425uLcpUrprah0FU_Ec


 
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Es increible la cantidad de .ierda que se puece arrojar por la boca.......hacia tiempo que no veia un video tan vomitivo. Hasta riendose del atentado de Carrero Blanco.....en fin. Te has superado Idola. No te sabia, tambien, adicta a la gorda esa, para rematar.......
 

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Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP
  • La operación Kitchen aflora el recurso del PP a una trama de corrupción policial para reventar el caso de la caja B estando en el Gobierno, pero el partido actuaba en varios frentes desde su época en la oposición. Ningún dirigente se sentará en el banquillo de la caja B pese a la financiación irregular y los indicios de sobresueldos

Foco
VIGILANCIA DEL PODER
Rueda de prensa en la que Rajoy presentó la Gürtel como "una trama contra el PP" en febrero de 2009
Pedro Águeda
8 de septiembre de 2020 22:16h
0
@pedroagueda
Las interferencias para reducir la trama Gürtel a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones comenzó desde practicamente el mismo momento en que estalló el caso en 2009. Algunas de esas maniobras, en el ámbito de la instrucción judicial, son públicas. Otras, caso de las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, si bien los funcionarios policiales y de la Administración de justicia que las padecieron aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue más allá e incluyó la presunta comisión de delitos, ordenados desde el núcleo mismo del Gobierno de Mariano Rajoy con el mismo fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el Partido Popular no dudó en recurrir para ello a las cloacas del Estado, denominación un tanto inconcreta que el sumario del caso Villarejo va ayudando a perfilar.

Los ataques a los casos Gürtel y caja B no evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy terminara cayendo fruto de una moción de censura, motivada a su vez por la sentencia sobre la “primera época” de la trama de corrupción y sus demoledoras referencias a la financiación irregular del PP. Aun así, los interrogantes que todavía arroja el caso del espionaje a Luis Bárcenas impiden concluir si la “operación parapolicial” fracasó o, por el contrario, evitó que afloraran pruebas más graves de las que se mostrarán en el juicio de la caja B. No en vano, los miembros de la cúpula del partido que aparecían recibiendo sobresueldos en las anotaciones del tesorero han evitado el banquillo, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Tampoco serán juzgados los empresarios que nutrían con dinero negro esos supuestos sobresueldos.

En la Operación Kitchen están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Anticorrupción y el juez del caso Villarejo creen que actuaron de forma partidista para beneficiar a dirigentes del Partido Popular. En otras ocasiones, el sabotaje del caso se tradujo en presionar o directamente deshacerse de policías incómodos para los intereses de la formación en el Gobierno.

El 1 de abril de 2013, elDiario.es desveló que la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado también en Kitchen, acosaba a los investigadores de Gürtel y la caja B por orden de Interior. Todos los miembros del Grupo XXI fueron llamados a declarar como sospechosos de haber filtrado el informe que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. A ese informe habían tenido acceso las decenas de abogados personados en el proceso. Un interrogatorio de Asuntos Internos, la unidad destinada a investigar a agentes que cometen delitos, es una de las experiencias más desagradables para un policía. El jefe de aquel grupo, el entonces inspector Manuel Morocho, fue reiteradamente denunciado por los imputados en las distinas piezas de Gürtel. En la oposición, el PP fue a los juzgados para frenar a la UDEF, como “máquina de fabricar pruebas” contra su partido. Era la época en que Federico Trillo dirigía la estrategia judicial del partido.

"Pepelu" y el doble juego

Uno de aquellos mandos denunciados fue José Luis Olivera, “Oli” o “Pepelu” en las referencias que a él que hacen Villarejo y otros policías en el sumario de la Operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tiene a Olivera en el foco por practicar un posible doble juego, intentando limitar el alcance de la investigación policial contra el PP pese a haberla dirigido en el pasado. Cuando el Ejecutivo cambió de manos, Olivera, lejos de ser destituido, fue ascendido y acabó siendo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno de Rajoy. Era uno de los policías que tenía trato directo con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El máximo responsable policial de la UDEF es el comisario general de Policía Judicial. El PP tuvo tres en el primer año de Gobierno. Al primero lo destituyó por haber sido nombrado por el PSOE; al segundo, por ordenar la investigación del ático de Ignacio González sin haber informado a sus superiores; y al tercero, que ya había integrado la cúpula de la Policía con Aznar, por no frenar las investigaciones de Gürtel cuando el caso arreciaba contra el partido, poco después del informe que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato. Al reputado comisario José García Losada se le incluyó en una reestructuración más amplia anunciada con una nota a las nueve y media de la noche. Poco antes, el ministro del Interior había atribuido en Abc el informe de los regalos de la Gürtel a Ana Mato a “elementos” de la unidad que trabajan directamente para el juez y no a la propia UDEF.

Aquel Grupo XXI de la Policía que sacó adelante el caso Gürtel, en colaboración con el juez Ruz y las fiscales Anticorrupción, fue desguazado poco a poco hasta el día de hoy. Solo continúa rematando informes el ya inspector jefe Morocho, que al ascender ha sido destinado a Canfranc, a dónde ha pedido traslado después de no recibir ninguna oferta para desempeñar sus habilidades en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y con la UDEF al mando del mismo comisario que dejó el PP. Morocho deja atrás una UDEF desmoralizada y sin medios después de haber sido la unidad protagonista en los casos más sonados contra la corrupción.

Ruz no pudo culminar la instrucción

El propio instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Ministerio de Justicia decidió sacar una convocatoria extraordinaria de plazas para acabar, explicó, con la interinidad de esos puestos. Entre ellos se encontraba el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ruz dejó de investigar la causa de la financiación irregular del PP para ponerse al frente de un juzgado de Móstoles, donde continúa a día de hoy. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del Partido Popular tras negarse la formación reiteradamente a entregar la documentación que le requería.

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015. Dos años antes había expulsado al PP de la acusación popular del caso Gürtel con el argumento de que en realidad se dedicaba a defender a Luis Bárcenas. El PP no desistió e intentó igualmente personarse como acusación cuando se abrió el caso de la caja B. El magistrado tuvo que explicar que resultaba “incompatible” aceptar al partido como acusación en una causa que investiga su financiacion irregular. En la jornada inaugural del juicio de Gürtel, el abogado del PP se unió a la petición de nulidad de la causa planteada, entre otros, por Luis Bárcenas.

Aquel día se recordará por la intervención de la fiscal Concha Sabadell [leer aquí La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel) ]. Ella y su compañera Myram Segura habían avalado en 2009 las intervenciones de las comunicaicones de los encarcelados de forma provisional en Gürtel porque tenían indicios de que los acusados estaban moviendo el dinero de la corrupción en colaboración con sus abogados. Aquello se llevó por delante la carrera del juez que acordó los pinchazos, Baltasar Garzón, y a punto estuvo de afectar a las fiscales. El letrado Ignacio Peláez, que defendía a un constructor próximo al PP, José Luis Ulibarri, quiso extender la causa contra Garzón a las fiscales por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, pero el Supremo desestimó la querella.

El abogado Peláez y los contactos con las empresas de Villarejo

El abogado Peláez, ya fallecido, aparece también en el informe de Anticorrupción sobre la Operación Kitchen. Los investigadores han descubierto que realizó gestiones para contratar al conglomerado empresarial de Villarejo “con el fin prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel). Aunque formalmente, Peláez solo defendía a Ulibarri, Villarejo se refiere a él en la documentación incautada como “letrado director” y Anticorrupción asegura que era “un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular” investigados en Gürtel. Los papeles, dice la Fiscalía, “no reflejan una contratación sino unos actos previos para ello”.
Más allá de la operación en el marco de la brigada política, el Partido Popular recurrió a Villarejo individualmente para abortar el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de una reunión entre el policía y la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, junto al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la planta noble de Génova. "¿Tú estarías en disposición de hacer encargos puntuales?", le pregunta el empresario a Villarejo en presencia de la número dos del PP. "No tengo ningún problema", respondió el policía. La reunión se produjo en julio de 2009, el día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo.

Rajoy: "Todo va a cambiar cuando lleguemos a Moncloa"

Con el PP todavía en la oposición se había producido la reunión en la que Bárcenas pidió a Rajoy la cabeza de las fiscales, a las que acusaba de animadversión. Fue en compañía de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su amigo, el que fuera secretario general del PP Javier Arenas, en un despacho de la sede de Génova. Bárcenas recibió aquel día la promesa de Rajoy de que "todo va a cambiar" cuando él llegara a Moncloa. No fue así, al menos para Sabadell, que continuaba en el caso, aunque las presiones se incrementaron. Desde el Gobierno, destacó Jorge Fernández Díaz en las peticiones de explicaciones a la Fiscalía General por el "sectarismo" de las fiscales.
Antes de que Bárcenas dejara de estar aforado, cuando la competencia del caso recayó en el TSJM, el juez Antonio Pedreira llegó a levantar la imputación del tesorero. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado, a quien le fue asignado un ayudante por la Comunidad de Madrid que fue facilitando información de todos los movimeintos que iba a adoptar Pedreira. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que "nadie podrá probar" que Luis Bárcenas no fuera inocente.

La última esperanza del PP, en el Tribunal Supremo

El Partido Popular todavía alberga la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura contra Rajoy. En ese ánimo pesa el éxito de la recusación del juez José Ricardo de Prada, al que los conservadores atribuyen los párrafos que aluden en ella a la caja B del PP. La ajustada decisión de la Sala de lo Penal de apartar a De Prada del tribunal que juzgará el caso del dinero negro -ocho votos contra siete en un pleno de abrumadora mayoría conservadora- asegura que esas menciones a la financiación irregular no eran “absolutamente necesarias” en la sentencia por la Primera Época de Gürtel.

En su investigación de la Operación Kitchden, la Fiscalía Anticorrupción ha destapado el “interés” que el Partido Popular y su secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, tenían en que la brigada política de la Policía recuperara las supuestas pruebas de la caja B que Luis Bárcenas escondía cuando comenzó a tirar de la manta en el verano de 2013, al poco de ser encarcelado. Ese interés, dice Anticorrupción en su informe de la Operación Kitchen, tenía “una doble dirección” en el caso de Cospedal: “directa, como afectada por documentación suspuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros dirigentes del mismo”.

A esto hay que añadir las referencias de los investigados al conocimiento que Mariano Rajoy tenía de la operación, especialmente las del secretario de Estado de Seguridad de su Gobierno. “Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, dejó Francisco Martínez por escrito. El número dos de Interior dice alude en dos de sus mensajes a la presunta participación del CNI en el espionaje a Bárcenas.

 
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Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP
  • La operación Kitchen aflora el recurso del PP a una trama de corrupción policial para reventar el caso de la caja B estando en el Gobierno, pero el partido actuaba en varios frentes desde su época en la oposición. Ningún dirigente se sentará en el banquillo de la caja B pese a la financiación irregular y los indicios de sobresueldos

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Rueda de prensa en la que Rajoy presentó la Gürtel como "una trama contra el PP" en febrero de 2009
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8 de septiembre de 2020 22:16h
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Las interferencias para reducir la trama Gürtel a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones comenzó desde practicamente el mismo momento en que estalló el caso en 2009. Algunas de esas maniobras, en el ámbito de la instrucción judicial, son públicas. Otras, caso de las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, si bien los funcionarios policiales y de la Administración de justicia que las padecieron aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue más allá e incluyó la presunta comisión de delitos, ordenados desde el núcleo mismo del Gobierno de Mariano Rajoy con el mismo fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el Partido Popular no dudó en recurrir para ello a las cloacas del Estado, denominación un tanto inconcreta que el sumario del caso Villarejo va ayudando a perfilar.

Los ataques a los casos Gürtel y caja B no evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy terminara cayendo fruto de una moción de censura, motivada a su vez por la sentencia sobre la “primera época” de la trama de corrupción y sus demoledoras referencias a la financiación irregular del PP. Aun así, los interrogantes que todavía arroja el caso del espionaje a Luis Bárcenas impiden concluir si la “operación parapolicial” fracasó o, por el contrario, evitó que afloraran pruebas más graves de las que se mostrarán en el juicio de la caja B. No en vano, los miembros de la cúpula del partido que aparecían recibiendo sobresueldos en las anotaciones del tesorero han evitado el banquillo, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Tampoco serán juzgados los empresarios que nutrían con dinero negro esos supuestos sobresueldos.

En la Operación Kitchen están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Anticorrupción y el juez del caso Villarejo creen que actuaron de forma partidista para beneficiar a dirigentes del Partido Popular. En otras ocasiones, el sabotaje del caso se tradujo en presionar o directamente deshacerse de policías incómodos para los intereses de la formación en el Gobierno.

El 1 de abril de 2013, elDiario.es desveló que la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado también en Kitchen, acosaba a los investigadores de Gürtel y la caja B por orden de Interior. Todos los miembros del Grupo XXI fueron llamados a declarar como sospechosos de haber filtrado el informe que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. A ese informe habían tenido acceso las decenas de abogados personados en el proceso. Un interrogatorio de Asuntos Internos, la unidad destinada a investigar a agentes que cometen delitos, es una de las experiencias más desagradables para un policía. El jefe de aquel grupo, el entonces inspector Manuel Morocho, fue reiteradamente denunciado por los imputados en las distinas piezas de Gürtel. En la oposición, el PP fue a los juzgados para frenar a la UDEF, como “máquina de fabricar pruebas” contra su partido. Era la época en que Federico Trillo dirigía la estrategia judicial del partido.

"Pepelu" y el doble juego

Uno de aquellos mandos denunciados fue José Luis Olivera, “Oli” o “Pepelu” en las referencias que a él que hacen Villarejo y otros policías en el sumario de la Operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tiene a Olivera en el foco por practicar un posible doble juego, intentando limitar el alcance de la investigación policial contra el PP pese a haberla dirigido en el pasado. Cuando el Ejecutivo cambió de manos, Olivera, lejos de ser destituido, fue ascendido y acabó siendo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno de Rajoy. Era uno de los policías que tenía trato directo con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El máximo responsable policial de la UDEF es el comisario general de Policía Judicial. El PP tuvo tres en el primer año de Gobierno. Al primero lo destituyó por haber sido nombrado por el PSOE; al segundo, por ordenar la investigación del ático de Ignacio González sin haber informado a sus superiores; y al tercero, que ya había integrado la cúpula de la Policía con Aznar, por no frenar las investigaciones de Gürtel cuando el caso arreciaba contra el partido, poco después del informe que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato. Al reputado comisario José García Losada se le incluyó en una reestructuración más amplia anunciada con una nota a las nueve y media de la noche. Poco antes, el ministro del Interior había atribuido en Abc el informe de los regalos de la Gürtel a Ana Mato a “elementos” de la unidad que trabajan directamente para el juez y no a la propia UDEF.

Aquel Grupo XXI de la Policía que sacó adelante el caso Gürtel, en colaboración con el juez Ruz y las fiscales Anticorrupción, fue desguazado poco a poco hasta el día de hoy. Solo continúa rematando informes el ya inspector jefe Morocho, que al ascender ha sido destinado a Canfranc, a dónde ha pedido traslado después de no recibir ninguna oferta para desempeñar sus habilidades en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y con la UDEF al mando del mismo comisario que dejó el PP. Morocho deja atrás una UDEF desmoralizada y sin medios después de haber sido la unidad protagonista en los casos más sonados contra la corrupción.

Ruz no pudo culminar la instrucción

El propio instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Ministerio de Justicia decidió sacar una convocatoria extraordinaria de plazas para acabar, explicó, con la interinidad de esos puestos. Entre ellos se encontraba el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ruz dejó de investigar la causa de la financiación irregular del PP para ponerse al frente de un juzgado de Móstoles, donde continúa a día de hoy. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del Partido Popular tras negarse la formación reiteradamente a entregar la documentación que le requería.

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015. Dos años antes había expulsado al PP de la acusación popular del caso Gürtel con el argumento de que en realidad se dedicaba a defender a Luis Bárcenas. El PP no desistió e intentó igualmente personarse como acusación cuando se abrió el caso de la caja B. El magistrado tuvo que explicar que resultaba “incompatible” aceptar al partido como acusación en una causa que investiga su financiacion irregular. En la jornada inaugural del juicio de Gürtel, el abogado del PP se unió a la petición de nulidad de la causa planteada, entre otros, por Luis Bárcenas.

Aquel día se recordará por la intervención de la fiscal Concha Sabadell [leer aquí La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel) ]. Ella y su compañera Myram Segura habían avalado en 2009 las intervenciones de las comunicaicones de los encarcelados de forma provisional en Gürtel porque tenían indicios de que los acusados estaban moviendo el dinero de la corrupción en colaboración con sus abogados. Aquello se llevó por delante la carrera del juez que acordó los pinchazos, Baltasar Garzón, y a punto estuvo de afectar a las fiscales. El letrado Ignacio Peláez, que defendía a un constructor próximo al PP, José Luis Ulibarri, quiso extender la causa contra Garzón a las fiscales por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, pero el Supremo desestimó la querella.

El abogado Peláez y los contactos con las empresas de Villarejo

El abogado Peláez, ya fallecido, aparece también en el informe de Anticorrupción sobre la Operación Kitchen. Los investigadores han descubierto que realizó gestiones para contratar al conglomerado empresarial de Villarejo “con el fin prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel). Aunque formalmente, Peláez solo defendía a Ulibarri, Villarejo se refiere a él en la documentación incautada como “letrado director” y Anticorrupción asegura que era “un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular” investigados en Gürtel. Los papeles, dice la Fiscalía, “no reflejan una contratación sino unos actos previos para ello”.
Más allá de la operación en el marco de la brigada política, el Partido Popular recurrió a Villarejo individualmente para abortar el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de una reunión entre el policía y la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, junto al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la planta noble de Génova. "¿Tú estarías en disposición de hacer encargos puntuales?", le pregunta el empresario a Villarejo en presencia de la número dos del PP. "No tengo ningún problema", respondió el policía. La reunión se produjo en julio de 2009, el día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo.

Rajoy: "Todo va a cambiar cuando lleguemos a Moncloa"

Con el PP todavía en la oposición se había producido la reunión en la que Bárcenas pidió a Rajoy la cabeza de las fiscales, a las que acusaba de animadversión. Fue en compañía de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su amigo, el que fuera secretario general del PP Javier Arenas, en un despacho de la sede de Génova. Bárcenas recibió aquel día la promesa de Rajoy de que "todo va a cambiar" cuando él llegara a Moncloa. No fue así, al menos para Sabadell, que continuaba en el caso, aunque las presiones se incrementaron. Desde el Gobierno, destacó Jorge Fernández Díaz en las peticiones de explicaciones a la Fiscalía General por el "sectarismo" de las fiscales.
Antes de que Bárcenas dejara de estar aforado, cuando la competencia del caso recayó en el TSJM, el juez Antonio Pedreira llegó a levantar la imputación del tesorero. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado, a quien le fue asignado un ayudante por la Comunidad de Madrid que fue facilitando información de todos los movimeintos que iba a adoptar Pedreira. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que "nadie podrá probar" que Luis Bárcenas no fuera inocente.

La última esperanza del PP, en el Tribunal Supremo

El Partido Popular todavía alberga la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura contra Rajoy. En ese ánimo pesa el éxito de la recusación del juez José Ricardo de Prada, al que los conservadores atribuyen los párrafos que aluden en ella a la caja B del PP. La ajustada decisión de la Sala de lo Penal de apartar a De Prada del tribunal que juzgará el caso del dinero negro -ocho votos contra siete en un pleno de abrumadora mayoría conservadora- asegura que esas menciones a la financiación irregular no eran “absolutamente necesarias” en la sentencia por la Primera Época de Gürtel.

En su investigación de la Operación Kitchden, la Fiscalía Anticorrupción ha destapado el “interés” que el Partido Popular y su secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, tenían en que la brigada política de la Policía recuperara las supuestas pruebas de la caja B que Luis Bárcenas escondía cuando comenzó a tirar de la manta en el verano de 2013, al poco de ser encarcelado. Ese interés, dice Anticorrupción en su informe de la Operación Kitchen, tenía “una doble dirección” en el caso de Cospedal: “directa, como afectada por documentación suspuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros dirigentes del mismo”.

A esto hay que añadir las referencias de los investigados al conocimiento que Mariano Rajoy tenía de la operación, especialmente las del secretario de Estado de Seguridad de su Gobierno. “Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, dejó Francisco Martínez por escrito. El número dos de Interior dice alude en dos de sus mensajes a la presunta participación del CNI en el espionaje a Bárcenas.

 

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