Repaso a la corrupción del Partido Popular

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Imagen de archivo de una condecoración de policías.

Comunidad de Madrid
“Aún no se ha decidido a quién se van a otorgar las medallas que se adquieran”. Así responde el Gobierno a varias preguntas del senador de Compromís Carles Mulet acerca de la compra de 12.000 medallas blancas y otras 500 rojas para condecorar a policías. El Ejecutivo señala que “sin duda, se otorgarán a quienes reúnan los requisitos establecidos por la ley”.



Mulet se interesó en tres interpelaciones sobre si el Gobierno pensaba condecorar con “alguna de estas medallas al director general de la DGT”—en el foco mediático con la gestión de las nevadas del día de Reyes—, “cuántas de estas medallas serán para condecorar vírgenes, imágenes religiosas, cofradias y demás personajes mitológicos” y si el Ministerio del Interior tiene pensado condecorar a “tanta gente”, como medallas pretende adquirir.


La Ley 5/1964, de 29 de abril, que regula la concesión de medallas en la Policía señala que un civil recibirá la la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que conlleva una pensión equivalente al 10% de su sueldo, si resultara “herido en acto de servicio”; por participar en “tres o más servicios” con agresión de armas aunque no resulte herido; realizar “en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario”; o “una conducta que merezca especial recompensa”.


Asimismo, determina que podrá recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que no conlleva aparejada pensión, si ha protagonizado “cualquier hecho que evidencia un alto sentido del patriotismo o de la lealtad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio”; si ha “sobresalido en su empleo o cargo”; o si se ha distinguido “de cualquier modo no previsto” con las citadas consecuencias.

El portavoz de Compromís en el Senado ha mostrado su sorpresa por la respuesta del Ejecutivo: “Si ya de por si es curiosa tal adquisición de medallas, con las que se podría condecorar a comarcas enteras de España, más lo es la respuesta, que asegura que aún no se ha decidido a quién se van a otorgar las medallas”.

Así, Mulet ha reprochado al Gobierno y al Ministerio del Interior la condecoración de vírgenes, cristos y confradías, a su juicio, “incumpliendo las propias normas”, pues no parece clara la colaboración con el Instituto Armado o la Policía, ni han resultado heridos en actos de servicio, ni han desarrollado actuaciones extraordinarias, de peligro, de colaboración o utilidad con el servicio.

“El ministro roza la prevaricación ya que la ley establece textualmente que excepcionalmente se podrán otorgar estas medallas a las personas ajenas a dichas corporaciones, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos. Caso que no es aplicable a las figuras religiosas, ya que ni son personas, ni han acreditado colaboración decisiva que se pueda demostrar con la policía”, ha expresado Mulet.

En este sentido, el senador se cuestiona si se le va a subir el sueldo un 15 o un 10 por ciento a los policías desplegados durante el referéndum de Catalunya y la necesidad de comprar en este momento 12.500 medallas: “Las operaciones en Catalunya son la única imagen que viene a la cabeza de tan número de policías desplegados en operaciones no habituales, unos 6.000 según apuntó el Ministro: todos ellos, por lo tanto, podrían tener la medallita pero también el incremento de pensión
 
Invirtiendo en el futuro del país
Por pleguerin, 28 mar 2018, 20:30
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Han trincado todo lo que han querido, claro, como sus votantes dicen que el PP no Roba, solo es un mentiroso, pues a trincar, que estos no se enteran de nada
 
Cómo cargarse a un presidente


Si Perú tiene un sello propio, que ya es parte de su folclore político, es que los mandatarios caigan por videos. Así como lo oyen

En España nada nos asegura que la prueba del delito flagrante sirva ya para hacer justicia. Sin ir muy lejos, hace ya tiempo que desfila ante nuestras narices la trama del PP al desnudo

Gabriela Wiener
01/04/2018 - 22:22h
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El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski EFE

Esto es graciosísimo, o sea, en realidad no tiene ni puñetera gracia, pero dicho así, como estoy a punto de decirlo, lo que le pasa al Perú con sus presidentes es de traca. Y, por qué no, vale como una especie de laboratorio muy gráfico de los truculentos senderos del poder aplicable casi a cualquier contexto. Por eso os cuento: hay un expresidente que está ahora mismo en la cárcel y también su primera dama. Sobre otro expresidente pesa ahora mismo una orden de extradición y debe entrar en prisión preventiva en cualquier momento. Un tercer expresidente está siendo investigado por los mismos asuntos que los dos anteriores pero, a diferencia de los dos primeros, se las ha arreglado entre tanto para ser vecino de Madrid y tan ancho. Además, hasta hace poco el Perú podía presumir de haber metido a un exdictador en la cárcel por crímenes de Estado y violación de derechos humanos, hasta que el presidente, también investigado, indultó a ese dictador como una especie de canje político, para evitar que lo echaran a él del Gobierno a causa de sus negocios sucios y lo libró así de una pena de 25 años de la que solo había cumplido diez. Al indultador, sin embargo, le salió el tiro por la culata y el Congreso intentó destituirlo otra vez por incapacidad moral y porque francamente era un presidente que no servía para nada. En un giro sin precedentes, se hizo público un video en el que se evidenciaba un intento de compra de votos para evitar su inminente vacancia. Y ese presidente dejó de ser presidente.

Si mi país tiene un sello propio, que ya es parte de su folclore político, es que los mandatarios caigan por videos. Así como lo oyen. Las grabaciones de cámara escondida tienen la larga tradición de tumbarse régimenes en el Perú. Por eso se acuñó la frase local “videito manda”. Hace 18 años un video que revelaba la compra de congresistas tránsfugas y todo un aparato de inteligencia estatal corruptor para sobornar y chantajear autoridades corruptas –un plan organizado y puntillosamente documentado por el Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo del asesor presidencial, Valdimiro Montesinos en sus (vladi) videos de cámara escondida– obligó a Alberto Fujimori a fugarse y renunciar por fax. Hoy se repite la historia. Los hijos de Fujimori, estratégicamente enfrentados pero ambos herederos directos del fujimontesinismo, con los mismos métodos que hicieron caer a su padre en el 2000, se tumbaban esta vez a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en un mensaje a la nación. Durante unas horas nos quedamos sin presidente. Hoy lunes, el recién nombrado presidente, Martín Vizcarra, presentará a su flamante gabinete.

Como en muchos lugares, en el Perú la justicia es una línea torcida que se intercepta en varios tramos con la absoluta impunidad. En ese rosario de componendas, y en tres décadas de gobiernos consecutivos, al menos algunos presidentes han pisado el talego y otros podrían hacerlo en poco tiempo. Si se llegara a probar la tira de denuncias de cohecho, colusión, sobornos y corrupción de diverso calado de estos señores –y el gobierno del Perú acatara la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo indica rechazará el indulto humanitario a Fujimori–, podríamos llegar a batir como país un récord sin lugar a dudas mundial con cinco jefes de Estado metidos simultáneamente en prisión: Humala, Toledo, García, Fujimori y Kuczynski. Algo que me produce un morbo inconcebible.

La pregunta de por qué cada vez que un presidente deja el poder en el Perú acaba en la cárcel se la ha hecho hasta el Papa. No es un misterio bíblico, claro. Recuerdo mucho unas esculturas de varios presidentes peruanos entre rejas que encontré un día en el jardín de un restaurante de mi barrio en Lima. La idea de que esa ficción pueda hacerse realidad un día no muy lejano hace que se nos pinte en la cara de desengaño un rictus de estúpida esperanza institucional. Que en un país del sur andino, amazónico, excolonia, haya algunos presidentes en la cárcel, puede verse por un lado como un fracaso del sistema político, un relativo triunfo del sistema de justicia, a veces como un auténtico ejemplo de una ciudadanía vigilante, consciente de sus derechos, al menos en parte (como en el caso del fin de la dictadura de Fujimori) y otras como producto de una encarnizada batalla por el poder entre mafias (el caso de los Fujimori y Kuczynski).

Pero si ocurre que hay presidentes que han cometido crímenes, los han apañado y siguen viviendo en la completa impunidad solo puede tratarse de un fracaso orquestado, y ese fracaso salpica y responsabiliza a todos los poderes, también al ciudadano. El otro día se me ocurrió pensar qué hubiera pasado si todas las más clamorosas acusaciones contra los presidentes de España hubieran tenido un videito en el que apoyarse. Se lo dije a una amiga, incluso, bromeando, “a ustedes lo que les falta son sus videitos...”. Entonces, quizá, con un videito que mande, Felipe González tendría que haber explicado más acerca de los asesinatos de los GAL. Aznar no hubiera salido tan ileso de los primeros pasitos de la trama Gürtel que ya se dieron con él en el poder. Tal vez se le hubiera hecho caso a la Fiscalía cuando aseguró en un dictamen que el Partido Popular era “una organización para delinquir”. Y Rajoy habría tenido una oportunidad de renunciar a la presidencia por cada videito que hubiera aparecido de los casos de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, y siguen nombres, sobre todo por sus sobres llenos de dinero de la caja B. Y lo más importante, a lo mejor todos los presidentes y el monarca que pactaron la Ley de Amnistía del 77 y los que no se atrevieron a derogarla –y mira que hasta la ONU lo exigió– tendrían que ir al banquillo a dar explicaciones sobre unos cuantos miles de crímenes de lesa humanidad.

Pero qué diablos, yo creo que ni siquiera un video mandaría en España o nada nos asegura que la prueba del delito flagrante sirva ya para hacer justicia. Sin ir muy lejos, hace ya tiempo que desfila ante nuestras narices la trama del PP al desnudo. Los jueces a dedo que vetan investigaciones, los jueces dignos que son apartados de los principales casos, los aliados de los malhechores enquistados en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General, las enmiendas oportunistas a la Constitución y la reforma del código penal que cierra el círculo reprimiendo, la oposición tibia que tiene también algo que esconder, los pactos bajo la mesa para protegerse entre ellos, garantizan la inmunidad de un presidente que no sirve para nada y su renuncia que nunca llega y que ya huele. Y entonces, recuerdo, que claro que aquí tenemos videitos que mandan, que desenmascaran. Son los videos de la brutalidad policial, la prueba de que quien hoy ostenta el monopolio de la violencia tiene todo atado y bien atado para perpetuarse en el poder. Pero no olvidar que lo que intenta anular la potencia revulsiva de la gente, lo que hoy amordaza, mañana subleva.

https://www.eldiario.es/zonacritica/cargarse-presidente_6_756334374.html
 
El Campus de la Justicia gastó 5,5 millones en publicidad sin contrato
La sociedad pública procedió a dos destrucciones de documentos, que incluían 131 cajas y 10 palets
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VICENTE G. OLAYA
Madrid 3 ABR 2018 - 08:12 CEST
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El Instituto de Medicina Legal, único edificio levantado en la Ciudad de la Justicia, en una fotografía tomada ayer. ULY MARTÍN


El Campus de la Justicia — el fracasado macroproyecto que iba a agrupar todas las sedes judiciales madrileñas en Valdebebas— gastó entre 2005 y 2015 un total de 6,44 millones en publicidad. Según la Cámara de Cuentas, de esa cantidad casi un millón se pagó con sus correspondientes expedientes de adjudicación, mientras que otros 5,5 millones carecen de cualquier justificante o contrato. Los auditores confirmaron que hubo, además, dos destrucciones de documentación,en una de ellas se hizo desaparecer 131 cajas, así como 10 palets de folletos.

De todos estos pagos apenas hay información porque “el archivo-físico en donde se contenía la documentación económico-financiera solo puede calificarse de verdadero caos”, indican los auditores.

La Ciudad de la Justicia iba a agrupar, en concreto, los juzgados de lo Civil, de lo Penal, la Fiscalía, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, los de guardia, el Registro Civil, los de Menores, el Instituto de Medicina Legal, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Mercantil, además del Decanato. De todo eso, tras diez años funcionando como sociedad (tenía 22 altos cargos, una secretaria y un único administrativo), solo se construyó el Instituto de Medicina Legal, si bien nunca se puso en marcha al quebrar la sociedad con pérdidas superiores a los 90 millones.

sus directivos desplegaron enormes campañas de publicidad que costaron 6,44 millones. Pero los auditores, aparte de las cifras, no han encontrado por ninguna parte los soportes documentales que demostrarían cómo y a quién se les adjudicó los contratos. En total, “sin soporte contractual”, mencionan 34 empresas, que recibieron en esos años una horquilla que va de los casi 2 millones a los 20.000 euros.

Y se quejan de que, “a pesar del elevado importe de las operaciones, no consta en los archivos que se haya celebrado ningún acuerdo marco y, en varias de las operaciones, ni siquiera consta que se hayan pedido varias ofertas. Además de la factura, el soporte documental solo sería un impreso que, bajo el título de contrato de publicidad, más parece una simple oferta aceptada”.



El Campus también gastó 48.268,23 y 85.595,00 euros respectivamente para colocar 550 anuncios en los autobuses de Madrid. Pero como en los casos anteriores no hay contratos, solo facturas por lo que “no se puede saber qué se publicitaba”.

Los auditores descubrieron que numerosas facturas se hallaban en un guardamuebles, pero no saben en cuál y “sobre qué era el material que se guardaba”. Detallan también, por lo menos, dos destrucciones de documentos: una en septiembre de 2012 y otra posterior “de diez palets de cajas de folletos de imágenes de la Justicia y Foster Partners [uno de los arquitectos que iba a levantar uno de los edificios], y otras 131 cajas con documentación de ofertas presentadas a diversos concursos”. Por eso, sacan como conclusión que hubo “un gasto grande en publicidad por impresión de folletos y parece que gran parte terminó destruyéndose”.

A la Cámara de Cuentas le llama mucho la atención el ingreso de la licencia para levantar el único edificio que se construyó (el tanatorio forense). Pero en vez de que esa cantidad terminase en las arcas de la sociedad pública fue ingresada “en la cuenta personal de una empleada del campus”. Fue la propia trabajadora la que avisó de que su cuenta bancaria había recibido la inesperada cantidad. Los fiscalizadores descubrieron estos hechos porque hallaron una nota manuscrita de la empleada donde relataba el error y devolvía el dinero.

Los auditores descubren que numerosa documentación se halla en un guardamuebles no localizado

Intentar hallar documentos oficiales de todo lo que pudo ocurrir en diez años fue una labor sumamente complicada. Los auditores, de hecho, se quejan porque los archivos no coinciden con lo que indican sus etiquetas: “El contenido de algunos expedientes no se correspondía con la denominación de su carpeta; algunos otros no tenían la documentación; proliferaban fotocopias sin que se explicara dónde estaban los originales, faltaban numerosas facturas... Y estas circunstancias, como es obvio, dificultaron y limitaron gravemente las tareas fiscalizadoras”, concluyen.



DOS COMIDAS DE 1.600 Y 1.900 EUROS
La búsqueda de la documentación fue muy complicada. Por ejemplo, los auditores hallaron una factura de 37.460,50 euros para la impresión de “3.058 ejemplares del libro Foster Partners.com”, que se venderían a 35 euros cada uno. Pero el contrato no se encontró porque “la carpeta que debería contenerlo no estaba en el archivador”.



Lo que sí hallaron, dentro del apartado de promoción, fueron facturas de dos restaurantes por valor de 1.636 y 1.926,60 euros con motivo de unas jornadas llamadas de ‘Justicia e Interior’. La Cámara de Cuentas sostiene que estos hechos no tienen justificación porque el objeto social del Campus era solo levantar la ciudad judicial.


https://elpais.com/ccaa/2018/04/02/madrid/1522683268_232927.html


Por supuesto que en ésta malversación de fondos La Fiscalía actuará ipso facto o no...claro que es del PP:love:
 
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