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Raulmg
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Es muy triste y vergonzoso todo lo que está pasando, no me explico como no sale todo el pueblo a la calle
para acabar con esta sangría, con este expolio a los que no tienen nada. Mientras que estos "dirigentes" se están llenando
los bolsillos y lavándose bien las manos, hay personas se están muriendo de hambre y frío.
Menos mal que poco a poco van saliendo, lo malo es que no caen. Con el dinero y poder que nos han
quitado pueden comprar su libertad.
Yo si me caigo me tengo que volver a levantar, y me he caído muchas veces, trabajo en el sector del transporte y cerca del 40% de lo que se factura se va en impuestos, mientras que en otros países de la UE esta tasa no supera un 20%. Impuestos por todo, impuesto sobre impuesto como en la factura de la luz, hasta un impuesto al sol, en que país vivimos?
La cuota de seguridad social para que sirve? por ejemplo siendo un autónomo no tienes derecho a nada, solo tienes la obligación de pagar y pagar; pagar para cubrirles las espaldas a estos buitres, con pensiones vitalicias y demás. Pagar para nada porque yo no tendré jubilación.
Debería salir el pueblo a la calle por una causa tan justa como es acabar con la corrupción, y no entiendo como aun no
ha sucedido esto. Debemos hacer algo ya con nuestros políticos, de lo contrario los próximos serán peores.
para acabar con esta sangría, con este expolio a los que no tienen nada. Mientras que estos "dirigentes" se están llenando
los bolsillos y lavándose bien las manos, hay personas se están muriendo de hambre y frío.
Menos mal que poco a poco van saliendo, lo malo es que no caen. Con el dinero y poder que nos han
quitado pueden comprar su libertad.
Yo si me caigo me tengo que volver a levantar, y me he caído muchas veces, trabajo en el sector del transporte y cerca del 40% de lo que se factura se va en impuestos, mientras que en otros países de la UE esta tasa no supera un 20%. Impuestos por todo, impuesto sobre impuesto como en la factura de la luz, hasta un impuesto al sol, en que país vivimos?
La cuota de seguridad social para que sirve? por ejemplo siendo un autónomo no tienes derecho a nada, solo tienes la obligación de pagar y pagar; pagar para cubrirles las espaldas a estos buitres, con pensiones vitalicias y demás. Pagar para nada porque yo no tendré jubilación.
Debería salir el pueblo a la calle por una causa tan justa como es acabar con la corrupción, y no entiendo como aun no
ha sucedido esto. Debemos hacer algo ya con nuestros políticos, de lo contrario los próximos serán peores.
Roban documentos del caso Púnica en el despacho del alcalde de Valdemoro
El alcalde socialista de la localidad denuncia ante la Guardia Civil que es documentación que iba a entregar en Anticorrupción
Se trata de una lista de contratos que el Ayuntamiento firmó con empresas de la trama e información sobre irregularidades en la contratación de personal
Valdemoro, donde comenzó su carrera política Francisco Granados, aparece en la causa como epicentro de la trama de corrupción Púnica
Pedro Águeda
26/02/2018 - 20:54h
Dos policías locales de Valdemoro durante el registro del Ayuntamiento por Guardia Civil en octubre de 2014
Dos empresarios reconocen ante el juez que el PP de Madrid pagó sondeos electorales a través de Fundescam
Entre los documentos sustraídos figura uno con la lista de contratos del Ayuntamiento de Valdemoro con las empresas de la trama que el propio alcalde había elaborado cuando estaba en la oposición, informan a eldiario.es fuentes próximas a la investigación del robo.
Además, el alcalde guardaba en la carpeta, que encontró vacía, copia del informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid sobre contratos fraudulentos de personal del Consistorio en la época de Gobierno del PP, así como una denuncia al respecto presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Fiscalía Anticorrupción en 2009.
Faraldos se percató del robo cuando se dispuso a recoger la carpeta para llevarlos el 13 de febrero a Anticorrupción, fecha en la que había sido citado por las fiscales del caso. La sustracción se debió producir entre la mañana del 9 de febrero, viernes y la del siguiente lunes, día 12, según los propios cálculos que trasladó el alcalde de Valdemoro a los investigadores.
Faraldos arrebató la Alcaldía de Vademoro a Ciudadanos el pasado mes de julio al prosperar una moción de censura presentada por su partido, el PSOE, y que apoyaron Ganemos Valdemoro, Izquierda Unida y un partido local, Proyecto TUD. Faraldos desposeía así al partido de Albert Rivera de la Alcaldía más importante de Madrid de las que gobernaba.
En una entrevista concedida a madridiario.es tras tomar posesión del cargo, Faraldos declaró que lo primero que iba a hacer era ponerse “a disposición de los trabajadores de la casa” y, a continuación, dar la orden de “iniciar los procedimientos de lesividad de la trama Púnica antes de que caduquen”.
“Estos procedimientos son el derecho que tiene la administración para revisar los contratos irregulares que aquí se realizaron en la etapa del PP (1999-2015). Lo que no había hecho Gross. Aquí han gobernado a espaldas del Pleno. Las medidas venían sin consensuar y en otras ha habido mucha pasividad, como con Cofely o el control de las privatizaciones”, decía el alcalde en esa entrevista.
Cofely es una de las empresas clave en la investigación de Púnica. Para ella legó a trabajar David Marjaliza, el empresario amigo de Granados alrededor del cual se fue tejiendo la trama de sobornos y concesiones. Recientemente, un exdirectivo de la compañía de eficencia energética confesó en la Audiencia Nacional que Cofely redactaba los pliegos de los contratos que luego le adjudicaban.
El alcalde: "No me sorprende"
eldiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Valdemoro para que de su versión de los hechos. Faraldos ha confirmado el robo y la existencia de una denuncia ante la Guardia Civil y se ha limitado a añadir: "No me sorprende visto todo lo que ha pasado en Valdemoro".
El Partido Popular convirtió el municipio madrileño en una suerte de agencia de contratación a afines que siguen, tres años y medio después de la Operación Púnica, en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Fuentes municipales cifran en un 80% el número de contratados que responden a prácticas de "enchufismo".
Algunas de esas personas están vinculadas a detenidos e investigados en Púnica, como la hermana de Marjaliza, Ana, funcionaria del área de Contratación del Ayuntamiento. En ese mismo departamento están la mujer del primo del citado empresario y la hermana de ésta. Uno de los policías municipales del municipio es hermano de José Carlos Boza, exalcalde y también arrestado cuando estalló la operación anticorrupción.
http://www.eldiario.es/politica/Roban-documentos-Punica-despacho-Valdemoro_0_744375845.html
Discos a martillazos, incendios en juzgados, robos en casa de jueces, robos en ayuntamientos. ¿Alguien da mas? Y por cierto todos relacionados con el PP.
Èsto solo pasa en Hispanistan.
El alcalde socialista de la localidad denuncia ante la Guardia Civil que es documentación que iba a entregar en Anticorrupción
Se trata de una lista de contratos que el Ayuntamiento firmó con empresas de la trama e información sobre irregularidades en la contratación de personal
Valdemoro, donde comenzó su carrera política Francisco Granados, aparece en la causa como epicentro de la trama de corrupción Púnica
Pedro Águeda
26/02/2018 - 20:54h
Dos policías locales de Valdemoro durante el registro del Ayuntamiento por Guardia Civil en octubre de 2014
Dos empresarios reconocen ante el juez que el PP de Madrid pagó sondeos electorales a través de Fundescam
- ETIQUETAS: caso Púnica,Valdemoro, Serafín Faraldos,PSOE, Francisco Granados, David Marjaliza
Entre los documentos sustraídos figura uno con la lista de contratos del Ayuntamiento de Valdemoro con las empresas de la trama que el propio alcalde había elaborado cuando estaba en la oposición, informan a eldiario.es fuentes próximas a la investigación del robo.
Además, el alcalde guardaba en la carpeta, que encontró vacía, copia del informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid sobre contratos fraudulentos de personal del Consistorio en la época de Gobierno del PP, así como una denuncia al respecto presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Fiscalía Anticorrupción en 2009.
Faraldos se percató del robo cuando se dispuso a recoger la carpeta para llevarlos el 13 de febrero a Anticorrupción, fecha en la que había sido citado por las fiscales del caso. La sustracción se debió producir entre la mañana del 9 de febrero, viernes y la del siguiente lunes, día 12, según los propios cálculos que trasladó el alcalde de Valdemoro a los investigadores.
Faraldos arrebató la Alcaldía de Vademoro a Ciudadanos el pasado mes de julio al prosperar una moción de censura presentada por su partido, el PSOE, y que apoyaron Ganemos Valdemoro, Izquierda Unida y un partido local, Proyecto TUD. Faraldos desposeía así al partido de Albert Rivera de la Alcaldía más importante de Madrid de las que gobernaba.
En una entrevista concedida a madridiario.es tras tomar posesión del cargo, Faraldos declaró que lo primero que iba a hacer era ponerse “a disposición de los trabajadores de la casa” y, a continuación, dar la orden de “iniciar los procedimientos de lesividad de la trama Púnica antes de que caduquen”.
“Estos procedimientos son el derecho que tiene la administración para revisar los contratos irregulares que aquí se realizaron en la etapa del PP (1999-2015). Lo que no había hecho Gross. Aquí han gobernado a espaldas del Pleno. Las medidas venían sin consensuar y en otras ha habido mucha pasividad, como con Cofely o el control de las privatizaciones”, decía el alcalde en esa entrevista.
Cofely es una de las empresas clave en la investigación de Púnica. Para ella legó a trabajar David Marjaliza, el empresario amigo de Granados alrededor del cual se fue tejiendo la trama de sobornos y concesiones. Recientemente, un exdirectivo de la compañía de eficencia energética confesó en la Audiencia Nacional que Cofely redactaba los pliegos de los contratos que luego le adjudicaban.
El alcalde: "No me sorprende"
eldiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Valdemoro para que de su versión de los hechos. Faraldos ha confirmado el robo y la existencia de una denuncia ante la Guardia Civil y se ha limitado a añadir: "No me sorprende visto todo lo que ha pasado en Valdemoro".
El Partido Popular convirtió el municipio madrileño en una suerte de agencia de contratación a afines que siguen, tres años y medio después de la Operación Púnica, en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Fuentes municipales cifran en un 80% el número de contratados que responden a prácticas de "enchufismo".
Algunas de esas personas están vinculadas a detenidos e investigados en Púnica, como la hermana de Marjaliza, Ana, funcionaria del área de Contratación del Ayuntamiento. En ese mismo departamento están la mujer del primo del citado empresario y la hermana de ésta. Uno de los policías municipales del municipio es hermano de José Carlos Boza, exalcalde y también arrestado cuando estalló la operación anticorrupción.
http://www.eldiario.es/politica/Roban-documentos-Punica-despacho-Valdemoro_0_744375845.html
Discos a martillazos, incendios en juzgados, robos en casa de jueces, robos en ayuntamientos. ¿Alguien da mas? Y por cierto todos relacionados con el PP.
Èsto solo pasa en Hispanistan.
El Gobierno ha anunciado una dotación de 1.443 millones de euros para su plan, y asegura que crece un 62,5% respecto al anterior
El plan 2013-2016 se presupuestó en 2.311 millones de euros, con lo que en realidad ha bajado la partida un 43%
El "truco" que utiliza De la Serna es comparar con lo ejecutado (algo incorrecto en técnica presupuestaria), que es tan solo 888 millones, un 35% de lo que se presupuestó
Marina Estévez Torreblanca
10/03/2018 - 20:53h
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, observa al ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo EFE
El nuevo plan del Gobierno condena a España a la cola de Europa en políticas de vivienda
- ETIQUETAS: Vivienda, Fomento,Íñigo de la Serna, Unidos Podemos
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró este viernes al presentar el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 que el presupuesto se elevaba un 62% respecto al anterior. Estas ayudas servirán tanto para subvencionar la compra de vivienda para menores de 35 años en poblaciones de menos de 5.000 habitantes como para alquileres de menos de 900 euros. El ministro explicó que las dotaciones "se incrementarán sustancialmente con respecto al anterior plan, pasando de 888,21 a 1.443 millones".
9 mar
Iñigo de la Serna✔@idlserna
En respuesta a @idlserna
A través de 9 programas, el nuevo #PlanVivienda facilitará y promocionará el acceso a la #vivienda en #alquiler y #accesible, favorecerá la #rehabilitación y #renovación urbana y rural, y apoyará la estrategia nacional frente al reto demográfico
https://twitter.com/idlserna/status/972160672405557248
Iñigo de la Serna✔@idlserna
Las ayudas previstas para el #PlanVivienda 2018-2021 se incrementarán sustancialmente con respecto al anterior, pasando de 888,21 M€ a 1.443 M€ para el periodo de cuatro años, lo que supone un 62,46%
18:22 - 9 mar. 2018
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Sin embargo, cuando la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en 2014 el plan 2013-2016 habló de que se movilizarían nada menos que 3.795 millones de euros. En lo que se refería a los programas, afirmó que 2.311 millones saldrían del Estado y 216 millones de las comunidades autónomas. En total, 2.527 millones de ayudas públicas.
Tan solo comparando la parte estatal del presupuesto (2.311 millones), en realidad se ha producido una bajada en la dotación del plan de vivienda de casi un 43%, y no una subida del 62%, como explicó De la Serna.
Caso distinto es que se contraste con lo realmente ejecutado, que según el ministro han sido solo 888 millones. En cuyo caso el Gobierno deberá explicar por qué se ha gastado tan solo un 35% del Plan de Vivienda 2013-2016, incluso contando la prórroga de 2017, en la que De la Serna anunció una inversión de 428 millones de euros (100 de ellos ayudas a la subsidiación de vpo).
La diputada de En Comú Podem Lucía Martín va a registrar el próximo lunes una solicitud de comparecencia en el Congreso para que De la Serna explique estas lagunas.
Fuentes del Ministerio de Fomento han explicado a eldiario.es que los datos ofrecidos por De la Serna en el Consejo de Ministros son los más actuales y cerrados, y han recordado que la ejecución de los planes de vivienda corresponde a las comunidades autónomas. De hecho, recientemente De la Serna aseguraba que Andalucía había dejado sin ejecutar el 50% de las ayudas con cargo al plan estatal recibidas para 2017.
En cualquier caso, España continúa siendo uno de los países desarrollados con un menor porcentaje de la riqueza destinado a solucionar los problemas ligados a la habitabilidad (0,04% del PIB). En contraste, Reino Unido destina un 1,41%, Francia un 0,83% y Alemania un 0,59%, según datos de la OCDE.
https://www.eldiario.es/economia/Unidos-Podemos-Serna-Plan-Vivienda_0_748575379.html
LOS GENOVESES
El PP continúa en el banquillo
Una nueva actualización de los 25 casos judiciales donde los genoveses son los protagonistas
LOS GENOVESES
@LosGenoveses
# corrupción PP |Gürtel |Púnica |Lezo |Rajoy |rato |Barreiro |Audiencia Nacional |
Dom, 18 Mar 2018
A punto de estrenar una nueva primavera el PP continúa con su particular empeño político de mirar para otro lado sobre los casos de corrupción que le rodean desde hace años. No reparan en medios para intentar ocultar sus vergüenzas colocando al precio que sea en la primera fila de las preocupaciones de los ciudadanos otros temas de actualidad.
Vuelve el "todo vale".....
En estos días hemos comprobado que su populismo, demagogia y miseria moral no tienen límites. Tras agotar el caladero del terrorismo, donde utilizaron a las propias víctimas para obtener rédito electoral, ha tomado el relevo el proceso independentista de Cataluña otra de esas minas electoralistas que creen les darán votos aunque haya que sacrificar a los que pudieran obtener en esa Comunidad Autónoma.
Y ahora, sin complejos ni vergüenza, junto al tema catalán han seleccionado un asunto de especial sensibilidad para la ciudadanía : la prisión permanente revisable. El “todo vale” se ha impuesto dentro de la dirección nacional genovesa con un Rajoy echado al monte. El reciente asesinato del niño Gabriel Cruz ha sido la señal de salida para la puesta en escena de una calculada estrategia encaminada a remover los sentimientos de la inmensa mayoría de los ciudadanos para después obtener sus beneficios políticos electorales. Nada nuevo bajo el sol genovés.
Mientras la corrupción les persigue
Pero todos estos intentos y otros muchos menos confesables y conocidos no pueden impedir que el calendario judicial que le afecta por los múltiples casos de corrupción siga su curso. Y nada mejor que para acreditarlo que poner a nuestros lectores al día repasando como viene siendo habitual una selecta selección de 25 causas que se investigan y que con más detalle pueden ser consultadas en este enlace.
En esta crónica resumen hemos reunido una muestra representativa de las mismas. Aquí os van algunas pinceladas:
De entrada, como siempre, no está de más recordar que el PP como organización, continúa estando presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral.
Tampoco conviene olvidar que, como quien no quiere la cosa, se ha constatado “indiciariamente” la existencia de diversas Cajas B regionales, además de la gestionada durante 19 años en Génova 13. Entre unas y otras Cajas están siendo investigados (imputados); procesados o han sido condenados una amplia muestra de cargos electos y orgánicos del PP. Entre otros, 3 ex Presidentes regionales, 3 ex Tesoreros Nacionales y la actual Tesorera y Gerente Nacional, Carmen Navarro.
En cuanto a los principales casos, la situación para el PP no es especialmente tranquilizante.
Caso Gürtel
- En estos momentos son 172 los investigados y procesados. Ya hay disponible una sentencia condenatoria (PS 3 Fitur); otra está a la espera de que se haga pública (PS Primera Época 1999-2005) y una tercera se está juzgando en estos momentos en la que de los 19 encausados, 13 han reconocido su culpabilidad (PS 1-2-6 Financiación PPCV).
- Se encuentra también pendiente las recusaciones que a comienzos de enero presentaron 4 acusaciones populares contra la designación del juez Juan Pablo González por considerar que, al igual que los recusados Concepción Espejel y Enrique López, mantiene estrechas vinculaciones con el Partido Popular.
- También se está a la espera que la Audiencia Provincial de Madrid fije fecha de apertura del juicio oral por la destrucción discos duros Bárcenas. Está procesada Carmen Navarro, Gerente y Tesorera Nacional del PP. Se le acusa de delitos de daños informáticos y encubrimiento.
- Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas. El juez De la Mata continúa llamando a declarar a nuevos testigos e imputados para aclarar las afirmaciones hechas por empresarios y comisionistas que en el juicio oral de la PS 1999-2005 declararon que grandes constructoras pagaron dinero negro al PP. El pasado 14 de marzo ha vuelto a practicar nuevas diligencias solicitando al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga la financiación irregular del PPCV que le envíe copia de las declaraciones de Correa, El Bigotes y de Ricardo Costa.
- Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. El pasado 23 de febrero el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregulares en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, ha llamado a Camps a declarar en calidad de investigado. La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la PS 4 de la trama Gürtel en Valencia donde se investiga las irregularidades que se cometieron con motivo de la visita de Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en julio del 2006.
Caso Púnica
- Pilar Barreiro. Senadora y ex alcaldesa de Cartagena. Tras declarar el 15 de enero ante la jueza Ana Ferrer, instructora de la Sala II del Tribunal Supremo, se han personado como acusación popular ADADE y el PSOE junto al Ayuntamiento de Cartagena que ya estaba presente como acusación particular. Tanto su defensa como el Fiscal han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones. Se investigan sus vinculaciones con los informes de reputación on line adjudicados durante su etapa como alcaldesa a Alejandro de Pedro, propietario de Eico y Madiva. Barreiro está acusada de los delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.
- Tras continuar las declaraciones de varios investigados y testigos, el juez García Castellón ha tomado declaración a petición de los interesados a los principales cabecillas de esta trama: David Marjaliza y Francisco Granados. El primero ha seguido aportando indicios incriminatorios contra varios acusados y otros que aún no lo están. El segundo, ex Secretario General del PP de Madrid, ha vinculado a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes con una Caja B del PP madrileño.
- Dos empresarios, Daniel Mercado (Over Marketing) y José Luis López Huerta (Waiter Music) han aportado nuevos indicios de pagos en B por parte de dirigentes del PP de Madrid.
- También se tendrá que decidir si llama a declarar a Eduardo Zaplana por sus vinculaciones con la “PS 10 Eico y Madiva sobre reputación on line” tras ser acusado por la UCO de un delito de tráfico de influencias en relación con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.
Caso Lezo
- Compra INASSA. Durante el mes de enero y febrero han declarado como investigados, entre otros, la practica totalidad de los ex consejeros del Canal de Isabel II y altos ejecutivos que participaron en el año 2003 en la compra de esta empresa colombiana. Se han solicitado nueva documentación a la CM y al propio Canal para decidir si finalmente también imputan al ex Presidente de la CM, Alberto Ruiz Gallardón.
- Sobre el resto de las PS deberán continuar las diligencias a lo largo del 2018 si bien la relativa al “Tren de Navalcarnero” y “Campo de Golf del Canal” están muy avanzadas las investigaciones.
Caso Bankia
En el segundo trimestre del 2018 la Audiencia Nacional deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral. Además de Rodrigo Rato, han sido procesados, el ex vicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú, los ex consejeros José Manuel Fernández Norniella, el ex ministro Ángel Acebesy una treintena de vocales, administradores y miembros del consejo de Administración. En total, 34 personas físicas y jurídicas que adoptaron las decisiones en la salida a bolsa de Bankia en los años 2010 y 2011.
Caso Emarsa
Tras sietes meses de juicio y 7 de instrucción ha quedado a finales diciembre del pasado año visto para sentencia. Se ha juzgado el desvió de 23,5 millones de euros en la depuradora de Pinedo. La sentencia no se conocerá hasta mediados de este año. Son 24 los investigados.
Caso Imelsa
Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.
Caso Taula
En esta PS del Caso Imelsa, se investiga por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Según las investigaciones bajo el denominado pitufeo parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral.
Caso Formula 1
La investigación es doble y se está llevando a cabo por dos juzgados de instrucción de Valencia. Uno tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula 1 que tuvieron lugar en Valencia entre 2008 y 2012. La segunda investigación está bajo secreto y afecta a los costes de construcción del circuito. Entre los investigados se encuentra Francisco Camps acusado de los supuestos delitos de prevaricación y de malversación
Caso Novo Carthago
Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 37 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. Según un auto de la juez del año 2016 también estaría implicado Ramón Luis Valcárcel, ex Presidente de Murcia y en la actualidad eurodiputado.
Caso Auditorio
Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.
https://www.elplural.com/los-genoveses/2018/03/18/el-pp-continua-en-el-banquillo
El PP continúa en el banquillo
Una nueva actualización de los 25 casos judiciales donde los genoveses son los protagonistas
LOS GENOVESES
@LosGenoveses
# corrupción PP |Gürtel |Púnica |Lezo |Rajoy |rato |Barreiro |Audiencia Nacional |
Dom, 18 Mar 2018
A punto de estrenar una nueva primavera el PP continúa con su particular empeño político de mirar para otro lado sobre los casos de corrupción que le rodean desde hace años. No reparan en medios para intentar ocultar sus vergüenzas colocando al precio que sea en la primera fila de las preocupaciones de los ciudadanos otros temas de actualidad.
Vuelve el "todo vale".....
En estos días hemos comprobado que su populismo, demagogia y miseria moral no tienen límites. Tras agotar el caladero del terrorismo, donde utilizaron a las propias víctimas para obtener rédito electoral, ha tomado el relevo el proceso independentista de Cataluña otra de esas minas electoralistas que creen les darán votos aunque haya que sacrificar a los que pudieran obtener en esa Comunidad Autónoma.
Y ahora, sin complejos ni vergüenza, junto al tema catalán han seleccionado un asunto de especial sensibilidad para la ciudadanía : la prisión permanente revisable. El “todo vale” se ha impuesto dentro de la dirección nacional genovesa con un Rajoy echado al monte. El reciente asesinato del niño Gabriel Cruz ha sido la señal de salida para la puesta en escena de una calculada estrategia encaminada a remover los sentimientos de la inmensa mayoría de los ciudadanos para después obtener sus beneficios políticos electorales. Nada nuevo bajo el sol genovés.
Mientras la corrupción les persigue
Pero todos estos intentos y otros muchos menos confesables y conocidos no pueden impedir que el calendario judicial que le afecta por los múltiples casos de corrupción siga su curso. Y nada mejor que para acreditarlo que poner a nuestros lectores al día repasando como viene siendo habitual una selecta selección de 25 causas que se investigan y que con más detalle pueden ser consultadas en este enlace.
En esta crónica resumen hemos reunido una muestra representativa de las mismas. Aquí os van algunas pinceladas:
De entrada, como siempre, no está de más recordar que el PP como organización, continúa estando presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral.
Tampoco conviene olvidar que, como quien no quiere la cosa, se ha constatado “indiciariamente” la existencia de diversas Cajas B regionales, además de la gestionada durante 19 años en Génova 13. Entre unas y otras Cajas están siendo investigados (imputados); procesados o han sido condenados una amplia muestra de cargos electos y orgánicos del PP. Entre otros, 3 ex Presidentes regionales, 3 ex Tesoreros Nacionales y la actual Tesorera y Gerente Nacional, Carmen Navarro.
En cuanto a los principales casos, la situación para el PP no es especialmente tranquilizante.
Caso Gürtel
- En estos momentos son 172 los investigados y procesados. Ya hay disponible una sentencia condenatoria (PS 3 Fitur); otra está a la espera de que se haga pública (PS Primera Época 1999-2005) y una tercera se está juzgando en estos momentos en la que de los 19 encausados, 13 han reconocido su culpabilidad (PS 1-2-6 Financiación PPCV).
- Se encuentra también pendiente las recusaciones que a comienzos de enero presentaron 4 acusaciones populares contra la designación del juez Juan Pablo González por considerar que, al igual que los recusados Concepción Espejel y Enrique López, mantiene estrechas vinculaciones con el Partido Popular.
- También se está a la espera que la Audiencia Provincial de Madrid fije fecha de apertura del juicio oral por la destrucción discos duros Bárcenas. Está procesada Carmen Navarro, Gerente y Tesorera Nacional del PP. Se le acusa de delitos de daños informáticos y encubrimiento.
- Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas. El juez De la Mata continúa llamando a declarar a nuevos testigos e imputados para aclarar las afirmaciones hechas por empresarios y comisionistas que en el juicio oral de la PS 1999-2005 declararon que grandes constructoras pagaron dinero negro al PP. El pasado 14 de marzo ha vuelto a practicar nuevas diligencias solicitando al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga la financiación irregular del PPCV que le envíe copia de las declaraciones de Correa, El Bigotes y de Ricardo Costa.
- Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. El pasado 23 de febrero el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregulares en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, ha llamado a Camps a declarar en calidad de investigado. La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la PS 4 de la trama Gürtel en Valencia donde se investiga las irregularidades que se cometieron con motivo de la visita de Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en julio del 2006.
Caso Púnica
- Pilar Barreiro. Senadora y ex alcaldesa de Cartagena. Tras declarar el 15 de enero ante la jueza Ana Ferrer, instructora de la Sala II del Tribunal Supremo, se han personado como acusación popular ADADE y el PSOE junto al Ayuntamiento de Cartagena que ya estaba presente como acusación particular. Tanto su defensa como el Fiscal han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones. Se investigan sus vinculaciones con los informes de reputación on line adjudicados durante su etapa como alcaldesa a Alejandro de Pedro, propietario de Eico y Madiva. Barreiro está acusada de los delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.
- Tras continuar las declaraciones de varios investigados y testigos, el juez García Castellón ha tomado declaración a petición de los interesados a los principales cabecillas de esta trama: David Marjaliza y Francisco Granados. El primero ha seguido aportando indicios incriminatorios contra varios acusados y otros que aún no lo están. El segundo, ex Secretario General del PP de Madrid, ha vinculado a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes con una Caja B del PP madrileño.
- Dos empresarios, Daniel Mercado (Over Marketing) y José Luis López Huerta (Waiter Music) han aportado nuevos indicios de pagos en B por parte de dirigentes del PP de Madrid.
- También se tendrá que decidir si llama a declarar a Eduardo Zaplana por sus vinculaciones con la “PS 10 Eico y Madiva sobre reputación on line” tras ser acusado por la UCO de un delito de tráfico de influencias en relación con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.
Caso Lezo
- Compra INASSA. Durante el mes de enero y febrero han declarado como investigados, entre otros, la practica totalidad de los ex consejeros del Canal de Isabel II y altos ejecutivos que participaron en el año 2003 en la compra de esta empresa colombiana. Se han solicitado nueva documentación a la CM y al propio Canal para decidir si finalmente también imputan al ex Presidente de la CM, Alberto Ruiz Gallardón.
- Sobre el resto de las PS deberán continuar las diligencias a lo largo del 2018 si bien la relativa al “Tren de Navalcarnero” y “Campo de Golf del Canal” están muy avanzadas las investigaciones.
Caso Bankia
En el segundo trimestre del 2018 la Audiencia Nacional deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral. Además de Rodrigo Rato, han sido procesados, el ex vicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú, los ex consejeros José Manuel Fernández Norniella, el ex ministro Ángel Acebesy una treintena de vocales, administradores y miembros del consejo de Administración. En total, 34 personas físicas y jurídicas que adoptaron las decisiones en la salida a bolsa de Bankia en los años 2010 y 2011.
Caso Emarsa
Tras sietes meses de juicio y 7 de instrucción ha quedado a finales diciembre del pasado año visto para sentencia. Se ha juzgado el desvió de 23,5 millones de euros en la depuradora de Pinedo. La sentencia no se conocerá hasta mediados de este año. Son 24 los investigados.
Caso Imelsa
Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.
Caso Taula
En esta PS del Caso Imelsa, se investiga por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Según las investigaciones bajo el denominado pitufeo parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral.
Caso Formula 1
La investigación es doble y se está llevando a cabo por dos juzgados de instrucción de Valencia. Uno tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula 1 que tuvieron lugar en Valencia entre 2008 y 2012. La segunda investigación está bajo secreto y afecta a los costes de construcción del circuito. Entre los investigados se encuentra Francisco Camps acusado de los supuestos delitos de prevaricación y de malversación
Caso Novo Carthago
Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 37 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. Según un auto de la juez del año 2016 también estaría implicado Ramón Luis Valcárcel, ex Presidente de Murcia y en la actualidad eurodiputado.
Caso Auditorio
Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.
https://www.elplural.com/los-genoveses/2018/03/18/el-pp-continua-en-el-banquillo
El Gobierno adjudicó contratos por más de 300 millones con una fórmula ilegal que favorecía el 'dedazo' a las constructoras
Entre abril de 2014 y octubre de 2015, Fomento adjudicó al menos cuarenta contratos de mantenimiento de carreteras a treinta empresas con una fórmula luego declarada ilegal
La cláusula fue anulada en enero de 2016 por el Tribunal de Recursos Contractuales "por no ser conforme a Derecho"
Los pliegos con la cláusula ilegal llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá
Antonio M. Vélez
23 comentarios
19/03/2018 - 20:23h
Rafael Catalá y Ana Pastor entregan la cartera de Fomento a Íñigo de la Serna. EFE
Los 'contratos fantasma' del Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento adjudicó en la etapa de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, más de 300 millones de euros en contratos con una fórmula ilegal que favorecía el 'dedazo' a las empresas constructoras.
Los contratos fueron adjudicados entre abril de 2014 y octubre de 2015 a una treintena de compañías del sector de la construcción a las que (en solitario o a través de uniones temporales de empresas) se encargó la conservación de carreteras en doce comunidades autónomas por un periodo de hasta cinco años. Son al menos cuarenta contratos que en su inmensa mayoría están todavía vigentes y que expiran este mismo año, aunque en teoría Fomento podría prorrogarlos, según los pliegos de condiciones, que llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En enero de 2016, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, determinó que Fomento había incluido una cláusula ilegal en cuatro licitaciones de carreteras en las provincias de Cáceres, Cádiz, Guadalajara y Valencia y dio la razón a un recurso presentado en noviembre de 2015 por la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).
Como contó entonces Vozpópuli, el tribunal determinó que la cláusula, una compleja fórmula matemática para puntuar las ofertas, debía anularse "por no ser conforme a Derecho", porque concedía excesivo peso en la valoración de las propuestas a criterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.
En virtud de esa cláusula, incluida bajo el epígrafe "Enumeración y puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas", el valor de la puntuación económica de la ofertas de los licitadores se diluía en favor de la técnica (sin fórmulas automáticas de evaluación) y, en definitiva, se dejaba "al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación", según la sentencia.
En el momento de anularse esa cláusula, habían pasado apenas 22 días desde las elecciones de diciembre de 2015. Sin Gobierno a la vista, Fomento, que en ese momento estaba en funciones como el resto del Ejecutivo, no recurrió esa resolución de Hacienda, que obligó al Ministerio a rectificar licitaciones que tenía en curso por importe de más de 400 millones.
El problema es que, tal y como ha podido comprobar eldiario.es, el Ministerio ya llevaba año y medio aplicando esa cláusula ilegal en decenas de contratos de mantenimiento de carreteras. Aunque Fomento no responde a la pregunta de a cuántos contratos ya adjudicados afectó, este diario ha confirmado la existencia de un total de 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula contraria a Derecho.
Esos contratos tenían un presupuesto inicial de 407 millones de euros y fueron adjudicados por un importe global de 306,9 millones. Fuentes conocedoras de la operativa aseguran que hay más: cifran los contratos ilegales en más de cincuenta, con un presupuesto de más de 450 millones.
Las licitaciones fueron puestas en marcha por la Dirección General de Carreteras, cuyo responsable es desde 2012 Jorge Urrecho, antiguo colaborador del exministro Francisco Álvarez-Cascos. Los pliegos tenían el visto bueno de Catalá, responsable de firmar las resoluciones que los autorizaron entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y la bendición previa de la Abogacía del Estado.
Las licitaciones comprenden contratos de conservación de carreteras en las comunidades de Castilla y León (diez contratos), Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura (cuatro contratos), Andalucía, Aragón, Catalunya, Galicia y Murcia (tres) y Asturias, Cantabria y Madrid (uno). El presupuesto de cada uno de ellos oscila entre los 54 millones de euros (sin contar posibles prórrogas ni modificaciones) del contrato de la Comunidad de Madrid y los 5,5 millones de uno de los adjudicados en Extremadura.
Aunque las valoraciones de las ofertas no son públicas, fuentes conocedoras de esta operativa aseguran que Carreteras utilizaba esa cláusula ilegal "de forma absolutamente arbitraria para adjudicar los contratos a las empresas previamente elegidas, simplemente puntuando técnicamente 3 puntos más que al siguiente licitador, como lo demuestra que durante ese periodo de tiempo más del 90% de las adjudicaciones recaían en las empresas mejor valoradas técnicamente, sin importar la oferta económica que se hiciera".
Bajas temerarias
La cláusula que luego anuló el Tribunal de Recursos Contractuales en teoría estaba pensada para evitar las bajas temerarias en las ofertas económicas. Pero el órgano dependiente de Hacienda la tumbó por entender que propiciaba "que sean los criterios de valoración no automática los determinantes de la adjudicación". Aunque las bajas eran "nominal y formalmente posibles más allá del límite de referencia fijado", la fórmula anulada las privaba "de relevancia práctica", según el órgano dependiente de Hacienda.
En otras palabras, y siempre según la resolución, "se está penalizando a las ofertas más baratas de tal modo que, por debajo de ese determinado límite o umbral, aunque bajen el precio ofertado a la Administración, no obtienen una puntuación relevante, de modo que se disuade una posible mayor baja o economía en el contrato, al tiempo que no se permite la formulación de alegación alguna por parte de los contratistas en justificación de su oferta de modo que la baja obtenga una puntuación relevante".
La patronal del sector de las adjudicatarias de estos contratos es la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que reconoce que la resolución del tribunal que supuso la derogación de la fórmula de valoración económica de los concursos fue una decisión "sin precedentes". Acex subraya que, independientemente de la ilegalidad de esa cláusula, el cambio periódico de las fórmulas de valoración es una medida "sana" porque "cuando se mantienen determinadas líneas, se produce cierta retroalimentación y se genera calentamiento en las ofertas".
Por su parte, el Ministerio de Fomento no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. El lunes a última hora de la tarde, fuentes del departamento de Íñigo de la Serna se limitaron a señalar en un correo electrónico que "se anularon las licitaciones que llevaban esta cláusula y posteriormente se volvieron a licitar con los pliegos corregidos". Pero obvian esos contratos valorados en más de 300 millones adjudicados con anterioridad a la decisión de Hacienda.
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-adjudico-millones-favorecia-constructoras_0_751725697.html
Entre abril de 2014 y octubre de 2015, Fomento adjudicó al menos cuarenta contratos de mantenimiento de carreteras a treinta empresas con una fórmula luego declarada ilegal
La cláusula fue anulada en enero de 2016 por el Tribunal de Recursos Contractuales "por no ser conforme a Derecho"
Los pliegos con la cláusula ilegal llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá
Antonio M. Vélez
23 comentarios
19/03/2018 - 20:23h
Rafael Catalá y Ana Pastor entregan la cartera de Fomento a Íñigo de la Serna. EFE
Los 'contratos fantasma' del Ministerio de Fomento
- ETIQUETAS: Ministerio de Fomento, Ana Pastor, Rafael Catalá
El Ministerio de Fomento adjudicó en la etapa de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, más de 300 millones de euros en contratos con una fórmula ilegal que favorecía el 'dedazo' a las empresas constructoras.
Los contratos fueron adjudicados entre abril de 2014 y octubre de 2015 a una treintena de compañías del sector de la construcción a las que (en solitario o a través de uniones temporales de empresas) se encargó la conservación de carreteras en doce comunidades autónomas por un periodo de hasta cinco años. Son al menos cuarenta contratos que en su inmensa mayoría están todavía vigentes y que expiran este mismo año, aunque en teoría Fomento podría prorrogarlos, según los pliegos de condiciones, que llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En enero de 2016, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, determinó que Fomento había incluido una cláusula ilegal en cuatro licitaciones de carreteras en las provincias de Cáceres, Cádiz, Guadalajara y Valencia y dio la razón a un recurso presentado en noviembre de 2015 por la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).
Como contó entonces Vozpópuli, el tribunal determinó que la cláusula, una compleja fórmula matemática para puntuar las ofertas, debía anularse "por no ser conforme a Derecho", porque concedía excesivo peso en la valoración de las propuestas a criterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.
En virtud de esa cláusula, incluida bajo el epígrafe "Enumeración y puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas", el valor de la puntuación económica de la ofertas de los licitadores se diluía en favor de la técnica (sin fórmulas automáticas de evaluación) y, en definitiva, se dejaba "al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación", según la sentencia.
En el momento de anularse esa cláusula, habían pasado apenas 22 días desde las elecciones de diciembre de 2015. Sin Gobierno a la vista, Fomento, que en ese momento estaba en funciones como el resto del Ejecutivo, no recurrió esa resolución de Hacienda, que obligó al Ministerio a rectificar licitaciones que tenía en curso por importe de más de 400 millones.
El problema es que, tal y como ha podido comprobar eldiario.es, el Ministerio ya llevaba año y medio aplicando esa cláusula ilegal en decenas de contratos de mantenimiento de carreteras. Aunque Fomento no responde a la pregunta de a cuántos contratos ya adjudicados afectó, este diario ha confirmado la existencia de un total de 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula contraria a Derecho.
Esos contratos tenían un presupuesto inicial de 407 millones de euros y fueron adjudicados por un importe global de 306,9 millones. Fuentes conocedoras de la operativa aseguran que hay más: cifran los contratos ilegales en más de cincuenta, con un presupuesto de más de 450 millones.
Las licitaciones fueron puestas en marcha por la Dirección General de Carreteras, cuyo responsable es desde 2012 Jorge Urrecho, antiguo colaborador del exministro Francisco Álvarez-Cascos. Los pliegos tenían el visto bueno de Catalá, responsable de firmar las resoluciones que los autorizaron entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y la bendición previa de la Abogacía del Estado.
Las licitaciones comprenden contratos de conservación de carreteras en las comunidades de Castilla y León (diez contratos), Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura (cuatro contratos), Andalucía, Aragón, Catalunya, Galicia y Murcia (tres) y Asturias, Cantabria y Madrid (uno). El presupuesto de cada uno de ellos oscila entre los 54 millones de euros (sin contar posibles prórrogas ni modificaciones) del contrato de la Comunidad de Madrid y los 5,5 millones de uno de los adjudicados en Extremadura.
Aunque las valoraciones de las ofertas no son públicas, fuentes conocedoras de esta operativa aseguran que Carreteras utilizaba esa cláusula ilegal "de forma absolutamente arbitraria para adjudicar los contratos a las empresas previamente elegidas, simplemente puntuando técnicamente 3 puntos más que al siguiente licitador, como lo demuestra que durante ese periodo de tiempo más del 90% de las adjudicaciones recaían en las empresas mejor valoradas técnicamente, sin importar la oferta económica que se hiciera".
Bajas temerarias
La cláusula que luego anuló el Tribunal de Recursos Contractuales en teoría estaba pensada para evitar las bajas temerarias en las ofertas económicas. Pero el órgano dependiente de Hacienda la tumbó por entender que propiciaba "que sean los criterios de valoración no automática los determinantes de la adjudicación". Aunque las bajas eran "nominal y formalmente posibles más allá del límite de referencia fijado", la fórmula anulada las privaba "de relevancia práctica", según el órgano dependiente de Hacienda.
En otras palabras, y siempre según la resolución, "se está penalizando a las ofertas más baratas de tal modo que, por debajo de ese determinado límite o umbral, aunque bajen el precio ofertado a la Administración, no obtienen una puntuación relevante, de modo que se disuade una posible mayor baja o economía en el contrato, al tiempo que no se permite la formulación de alegación alguna por parte de los contratistas en justificación de su oferta de modo que la baja obtenga una puntuación relevante".
La patronal del sector de las adjudicatarias de estos contratos es la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que reconoce que la resolución del tribunal que supuso la derogación de la fórmula de valoración económica de los concursos fue una decisión "sin precedentes". Acex subraya que, independientemente de la ilegalidad de esa cláusula, el cambio periódico de las fórmulas de valoración es una medida "sana" porque "cuando se mantienen determinadas líneas, se produce cierta retroalimentación y se genera calentamiento en las ofertas".
Por su parte, el Ministerio de Fomento no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. El lunes a última hora de la tarde, fuentes del departamento de Íñigo de la Serna se limitaron a señalar en un correo electrónico que "se anularon las licitaciones que llevaban esta cláusula y posteriormente se volvieron a licitar con los pliegos corregidos". Pero obvian esos contratos valorados en más de 300 millones adjudicados con anterioridad a la decisión de Hacienda.
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-adjudico-millones-favorecia-constructoras_0_751725697.html
Mayor cinismo es imposible.
Rajoy: "Hemos recuperado el nivel de riqueza de antes de la crisis".
Cospedal: "Nosotros creemos en una España donde los españoles tengan un puesto de trabajo y tengan garantizadas su pensión, la sanidad y la educación".
Trabajar para ser pobre: la realidad del 20% de los jóvenes en España
Ampliar
Dani, 25 años, técnico de sonido, es repartidor sin vacaciones ni seguridad social. (Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón)
El empleo "basura" afecta especialmente a los menores de 30, que representan un tercio de las rentas más bajas del país.
Por Violeta Muñoz(elboletin.com)
domingo 18 de marzo de 2018, 09:00h
En España, casi 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Suponen el 28% de la población y perciben menos de 684 euros al mes. Pero trabajar no garantiza salir del colectivo que mide la tasa AROPE, el indicador europeo para el riesgo de pobreza y exclusión: el 14% de los trabajadores españoles roza la pobreza a pesar de tener un empleo.
Estos días de lucha por la revalorización de las pensiones hemos recordado que uno de cada tres pensionistas cobra una renta inferior al umbral de la pobreza, en un país cuyas pensiones máximas están entre las más elevadas de Europa.
Sin embargo, no tener empleo o ser pensionista no son los únicos factores de riesgo para afrontar pobreza a pesar de trabajar o percibir una renta. A tenor de las cifras que recopila Eurostat, hasta el 30% de las personas con sueldos más bajos en España (entendidos como retribuciones inferiores a dos tercios del salario medio por hora del país) son menores de 30 años, pese a que los trabajadores de hasta 29 años representan poco más del 13% de los ocupados del país.
En 2017, el 16,7% de los jóvenes que trabajan en las economías emergentes y en desarrollo vivían por debajo del umbral “de extrema pobreza de 1,9 dólares americanos por día”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El porcentaje es del 10,6% para el total de la población. En el caso de España, los jóvenes trabajadores con rentas inferiores al umbral de pobreza escalan hasta el 20%. Junto a Grecia, España sufre el mayor escalón entre los sueldos de los jóvenes y los adultos en la Unión Europea.
Otro dato: en una pregunta parlamentaria, el Gobierno aportó datos del INE que reflejaban que más del 29% de los autónomos jóvenes de muestro país reciben ingresos que les dejan bajo el umbral de la pobreza. Hay más de 850.000 autónomos jóvenes y casi un tercio de ellos recibe menos del 60% del ingreso medio anual del país.
Por otro lado, el último informe sobre la emancipación juvenil en España que elabora el INJUVE constató que la tasa de trabajadores de entre 18 y 24 años se triplicó con la crisis, pasando del 7% en 2007 al 21% de 2014.
Según los últimos datos de la encuesta salarial del INE (para 2015), el sueldo medio de los menores de 25 años cayó un 15% desde 2008. El de los jóvenes entre 25 y 34 años disminuyó un 5%. Mientras, el sueldo medio del conjunto de los trabajadores aumentó un 5,5% en esos siete años, principalmente por el tirón de los mayores de 55 y su mayor representatividad de éstos en el mercado laboral que al inicio de la crisis.
Sin embargo, desglosando aún más los salarios medios anuales por edad, los datos para los menores de 20 años no dejan lugar a dudas sobre el impacto del empleo 'basura' entre los más jóvenes de entre los jóvenes: sus sueldos medios se desplomaron un 25%.
Rajoy: "Hemos recuperado el nivel de riqueza de antes de la crisis".
Cospedal: "Nosotros creemos en una España donde los españoles tengan un puesto de trabajo y tengan garantizadas su pensión, la sanidad y la educación".
Trabajar para ser pobre: la realidad del 20% de los jóvenes en España
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Dani, 25 años, técnico de sonido, es repartidor sin vacaciones ni seguridad social. (Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón)
El empleo "basura" afecta especialmente a los menores de 30, que representan un tercio de las rentas más bajas del país.
Por Violeta Muñoz(elboletin.com)
domingo 18 de marzo de 2018, 09:00h
En España, casi 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Suponen el 28% de la población y perciben menos de 684 euros al mes. Pero trabajar no garantiza salir del colectivo que mide la tasa AROPE, el indicador europeo para el riesgo de pobreza y exclusión: el 14% de los trabajadores españoles roza la pobreza a pesar de tener un empleo.
Estos días de lucha por la revalorización de las pensiones hemos recordado que uno de cada tres pensionistas cobra una renta inferior al umbral de la pobreza, en un país cuyas pensiones máximas están entre las más elevadas de Europa.
Sin embargo, no tener empleo o ser pensionista no son los únicos factores de riesgo para afrontar pobreza a pesar de trabajar o percibir una renta. A tenor de las cifras que recopila Eurostat, hasta el 30% de las personas con sueldos más bajos en España (entendidos como retribuciones inferiores a dos tercios del salario medio por hora del país) son menores de 30 años, pese a que los trabajadores de hasta 29 años representan poco más del 13% de los ocupados del país.
En 2017, el 16,7% de los jóvenes que trabajan en las economías emergentes y en desarrollo vivían por debajo del umbral “de extrema pobreza de 1,9 dólares americanos por día”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El porcentaje es del 10,6% para el total de la población. En el caso de España, los jóvenes trabajadores con rentas inferiores al umbral de pobreza escalan hasta el 20%. Junto a Grecia, España sufre el mayor escalón entre los sueldos de los jóvenes y los adultos en la Unión Europea.
Otro dato: en una pregunta parlamentaria, el Gobierno aportó datos del INE que reflejaban que más del 29% de los autónomos jóvenes de muestro país reciben ingresos que les dejan bajo el umbral de la pobreza. Hay más de 850.000 autónomos jóvenes y casi un tercio de ellos recibe menos del 60% del ingreso medio anual del país.
Por otro lado, el último informe sobre la emancipación juvenil en España que elabora el INJUVE constató que la tasa de trabajadores de entre 18 y 24 años se triplicó con la crisis, pasando del 7% en 2007 al 21% de 2014.
Según los últimos datos de la encuesta salarial del INE (para 2015), el sueldo medio de los menores de 25 años cayó un 15% desde 2008. El de los jóvenes entre 25 y 34 años disminuyó un 5%. Mientras, el sueldo medio del conjunto de los trabajadores aumentó un 5,5% en esos siete años, principalmente por el tirón de los mayores de 55 y su mayor representatividad de éstos en el mercado laboral que al inicio de la crisis.
Sin embargo, desglosando aún más los salarios medios anuales por edad, los datos para los menores de 20 años no dejan lugar a dudas sobre el impacto del empleo 'basura' entre los más jóvenes de entre los jóvenes: sus sueldos medios se desplomaron un 25%.
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El photochop en el PP ésta echando humos
SOBRESUELDOS A LA CÚPULA DEL PP
Bárcenas manipuló sus papeles y suprimió un pago de 12.600 euros en ‘b’ a Rajoy
El extesorero del PP alteró la única parte no prescrita de la caja opaca que tuvo el partido durante 23 años
74
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Investigación EL PAÍS
Madrid 22 MAR 2018 - 11:52 CET
El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.
Luis Bárcenas, en noviembre de 2017, en el Congreso durante su comparecencia en la comisión de investigación. JAVIER LIZÓN EFE
El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.
Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.
al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él elevó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos puedan ser remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.
presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.
Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.
Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.
EL SUPREMO Y LAS NULIDADES
Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.
Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.
El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.
Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.
investigacion@elpais.es
SOBRESUELDOS A LA CÚPULA DEL PP
Bárcenas manipuló sus papeles y suprimió un pago de 12.600 euros en ‘b’ a Rajoy
El extesorero del PP alteró la única parte no prescrita de la caja opaca que tuvo el partido durante 23 años
74
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Investigación EL PAÍS
Madrid 22 MAR 2018 - 11:52 CET
El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.
Luis Bárcenas, en noviembre de 2017, en el Congreso durante su comparecencia en la comisión de investigación. JAVIER LIZÓN EFE
El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.
Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.
al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él elevó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos puedan ser remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.
presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.
Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.
Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.
EL SUPREMO Y LAS NULIDADES
Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.
Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.
El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.
Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.
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