Repaso a la corrupción del Partido Popular (1 Viewer)


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Murcia aprueba recortar 57 millones en sanidad y subir el sueldo a su presidente casi 3.000 euros

23/04/2020Jota

La Asamblea Regional de Murcia ha celebrado el debate para la aprobación de los Presupuestos Regionales para 2020 y ha acordado entre otras medidas la subida del sueldo de su presidente López Miras en casi 3.000 euros y el recorte de 57 millones de sanidad.


PP, Ciudadanos y la abstención de Vox han permitido pese a la oposición de PSOE y Podemos que el recorte en sanidad y la subida de salario sea haga efectivo mientras la pandemia azota el país y más de quince mil Expedientes de Regulación de Empleo Temporal está en Murcia a la espera de tramitación.



22 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones ha sido el resultado de la votación celebrada en la asamble regional de Murcia en la que se han rechazado todas la enmiendas presentadas por Podemos y el PSOE.

Desde Podemos han manifestado como un «grave error» el resultado de la votación: «resulta imposible asumir unas cuentas que consagran recortes en el Sistema Murciano de Salud y en la sanidad en general de más de 57 millones de euros».»Todos los ciudadanos y ciudadanas estamos viendo el coste que tiene para la seguridad y para la salud no haber atendido la sanidad, especialmente la Atención Primaria».

Desde el PSOE ha manifestado que este presupuesto aprobado será «el más efímero de la historia de la Comunidad», dado que será revisado después de su aprobación.


 
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CASO COOPERACIÓN

La Audiencia de València impone un año de cárcel al poderoso exconseller Rafael Blasco por malversar ayudas a ONGs


También impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauron por el 'caso cooperación'.


Rafael Blasco y Augusto Tauroni durante el juicio del 'caso Cooperación' /EFE
Rafael Blasco y Augusto Tauroni durante el juicio del 'caso Cooperación' /EFE

VALÈNCIA

24/04/2020 14:49 ACTUALIZADO: 24/04/2020 15:06
EUROPA PRESS

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad (PP) Rafael Blasco en su segundo juicio por el caso Cooperación, relativo a irregularidades en las ayudas al desarrollo a través ONG y en el proyecto fallido para la construcción de Haití, mientras que impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni.
Así consta en la sentencia en relación con las piezas 2 y 3 del caso Cooperación abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según se desprende del fallo, el tribunal ha impuesto un año de prisión a Blasco –ya condenado por la pieza 1 de este procedimiento a seis años y medio de cárcel– por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas. Para fijar la pena se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.

Así mismo, fija dos años de cárcel para Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. También le impone una multa de 40.000 euros.

Por otro lado, el tribunal condena a un año y medio de prisión al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a otros dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a seis meses a la ex secretaria general de la Conselleria Tina.


 

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CASO COOPERACIÓN

La Audiencia de València impone un año de cárcel al poderoso exconseller Rafael Blasco por malversar ayudas a ONGs


También impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauron por el 'caso cooperación'.


Rafael Blasco y Augusto Tauroni durante el juicio del 'caso Cooperación' /EFE'caso Cooperación' /EFE
Rafael Blasco y Augusto Tauroni durante el juicio del 'caso Cooperación' /EFE

VALÈNCIA

24/04/2020 14:49 ACTUALIZADO: 24/04/2020 15:06
EUROPA PRESS

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad (PP) Rafael Blasco en su segundo juicio por el caso Cooperación, relativo a irregularidades en las ayudas al desarrollo a través ONG y en el proyecto fallido para la construcción de Haití, mientras que impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni.
Así consta en la sentencia en relación con las piezas 2 y 3 del caso Cooperación abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según se desprende del fallo, el tribunal ha impuesto un año de prisión a Blasco –ya condenado por la pieza 1 de este procedimiento a seis años y medio de cárcel– por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas. Para fijar la pena se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.

Así mismo, fija dos años de cárcel para Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. También le impone una multa de 40.000 euros.

Por otro lado, el tribunal condena a un año y medio de prisión al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a otros dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a seis meses a la ex secretaria general de la Conselleria Tina.


Esra sentencia si la respetas?????

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Galicia frenó la tramitación de los ERTE mientras Feijóo acusaba al Gobierno de ser el responsable del retraso en los pagos

Un acuerdo de la Xunta del pasado 2 de abril amplía el plazo para la tramitación de cada ERTE porque el volumen de solicitudes "hace imposible la resolución de los procedimientos"
Gonzalo Cortizo
16/04/2020 - 10:50h
El CIS introduce a Feijóo y pregunta si le gustaría que fuese el presidente del Gobierno en la crisis del covid-19

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo
más INFO
El Gobierno central ha autorizado que la tramitación de cada ERTE se pueda hacer de manera exprés y en tan solo cinco días. La Xunta, sin embargo, asegura que en ese plazo no tiene tiempo suficiente para estudiar la multitud de solicitudes presentadas por las empresas gallegas. El Gobierno gallego adoptó un acuerdo el pasado 31 de marzo en el que dobla el tiempo necesario para resolver y notificar los procedimientos de suspensión temporal de contratos. Mientras tanto, Feijóo acusa a Madrid de no pagar a tiempo a cada uno de los trabajadores afectados por un ERTE, cuando en realidad la burocracia gallega también está contribuyendo a dilatar el proceso. La decisión adoptada por Galicia también ha sido puesta en marcha por otras comunidades como Asturias o Valencia.

La orden de la Xunta publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma el pasado 2 de abril dice así: "El volumen de las solicitudes presentadas en Galicia hace imposible la resolución de los procedimientos en el plazo de cinco días". Galicia ha dedicido darse el doble de tiempo que el resto para tramitar cada ERTE, un supuesto que el Gobierno permite aunque no recomienda con carácter general. Se trata de 10 días naturales, lo que en la práctica se acaba convirtiendo en medio mes para tramitar y aceptar los despidos temporales de cuya resolución dependen los ingresos en cuenta que esperan los afectados.




En su justificación, el Gobierno gallego asegura que "los procedimientos de regulación de empleo tienen un impacto negativo sobre la economía y por este motivo la administración debe ser rigurosa en su aplicación". Pese a esta afirmación, Galicia está rechazando menos del 1% de los ERTE presentados por la empresas. Según datos del departamento de economía del gobierno gallego, a día de hoy "está resuelto el 89% de los ERTE presentados en Galicia" desde el inicio del estado de alarma.

La medida aplicada por el Gobierno gallego hace que los trabajadores cobren más tarde y los empresarios asuman menos riesgos de ser investigados. El Gobierno central permitió, tras la declaración del estado de alarma, que la resolución de cada ERTE se produjese en cinco días, dejando para después la inspección sobre cada caso para detectar el fraude. Con el plan de la Xunta, los ERTE se tramitan de manera más lenta pero se dejan cerrados. Así, la dificultad de imponer posteriormente multas a los empresarios que se hubieran aprovechado de la situación de pandemia para despedir a sus plantillas sin justificación es mucho mayor. A todo ello hay que sumar el atasco que el SEPE también está asumiendo en la gestión y pago de las partidas vinculadas a los despidos temporales.

Paralelamente al freno burocrático que la Xunta ha impuesto sobre los ERTE, la Administración gallega se ha lanzado a buscar fuera al culpable en el retraso de los pagos a cada trabajador afectado por un despido temporal. "Queremos que el Gobierno nos diga cuando van a cobrar los afectados por los ERTE", aseguró Feijóo durante una de sus ruedas de prensa para evaluar el estado de las cosas en torno al coronavirus.


El Ministerio de Trabajo desconoce el porcentaje exacto de ERTE que Galicia ha aprobado en este periodo, porque la Xunta no les envía la información. Así lo aseguran a eldiario.es fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. Mientras tanto, el equipo de Feijóo deposita la responsabilidad en Madrid y exige que Pedro Sánchez ofrezca una cifra sobre el número de prestaciones que se abonaron en la comunidad autónoma en los primeros días de la crisis.

 

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Galicia frenó la tramitación de los ERTE mientras Feijóo acusaba al Gobierno de ser el responsable del retraso en los pagos

Un acuerdo de la Xunta del pasado 2 de abril amplía el plazo para la tramitación de cada ERTE porque el volumen de solicitudes "hace imposible la resolución de los procedimientos"
Gonzalo Cortizo
16/04/2020 - 10:50h
El CIS introduce a Feijóo y pregunta si le gustaría que fuese el presidente del Gobierno en la crisis del covid-19

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo
más INFO
El Gobierno central ha autorizado que la tramitación de cada ERTE se pueda hacer de manera exprés y en tan solo cinco días. La Xunta, sin embargo, asegura que en ese plazo no tiene tiempo suficiente para estudiar la multitud de solicitudes presentadas por las empresas gallegas. El Gobierno gallego adoptó un acuerdo el pasado 31 de marzo en el que dobla el tiempo necesario para resolver y notificar los procedimientos de suspensión temporal de contratos. Mientras tanto, Feijóo acusa a Madrid de no pagar a tiempo a cada uno de los trabajadores afectados por un ERTE, cuando en realidad la burocracia gallega también está contribuyendo a dilatar el proceso. La decisión adoptada por Galicia también ha sido puesta en marcha por otras comunidades como Asturias o Valencia.

La orden de la Xunta publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma el pasado 2 de abril dice así: "El volumen de las solicitudes presentadas en Galicia hace imposible la resolución de los procedimientos en el plazo de cinco días". Galicia ha dedicido darse el doble de tiempo que el resto para tramitar cada ERTE, un supuesto que el Gobierno permite aunque no recomienda con carácter general. Se trata de 10 días naturales, lo que en la práctica se acaba convirtiendo en medio mes para tramitar y aceptar los despidos temporales de cuya resolución dependen los ingresos en cuenta que esperan los afectados.




En su justificación, el Gobierno gallego asegura que "los procedimientos de regulación de empleo tienen un impacto negativo sobre la economía y por este motivo la administración debe ser rigurosa en su aplicación". Pese a esta afirmación, Galicia está rechazando menos del 1% de los ERTE presentados por la empresas. Según datos del departamento de economía del gobierno gallego, a día de hoy "está resuelto el 89% de los ERTE presentados en Galicia" desde el inicio del estado de alarma.

La medida aplicada por el Gobierno gallego hace que los trabajadores cobren más tarde y los empresarios asuman menos riesgos de ser investigados. El Gobierno central permitió, tras la declaración del estado de alarma, que la resolución de cada ERTE se produjese en cinco días, dejando para después la inspección sobre cada caso para detectar el fraude. Con el plan de la Xunta, los ERTE se tramitan de manera más lenta pero se dejan cerrados. Así, la dificultad de imponer posteriormente multas a los empresarios que se hubieran aprovechado de la situación de pandemia para despedir a sus plantillas sin justificación es mucho mayor. A todo ello hay que sumar el atasco que el SEPE también está asumiendo en la gestión y pago de las partidas vinculadas a los despidos temporales.

Paralelamente al freno burocrático que la Xunta ha impuesto sobre los ERTE, la Administración gallega se ha lanzado a buscar fuera al culpable en el retraso de los pagos a cada trabajador afectado por un despido temporal. "Queremos que el Gobierno nos diga cuando van a cobrar los afectados por los ERTE", aseguró Feijóo durante una de sus ruedas de prensa para evaluar el estado de las cosas en torno al coronavirus.


El Ministerio de Trabajo desconoce el porcentaje exacto de ERTE que Galicia ha aprobado en este periodo, porque la Xunta no les envía la información. Así lo aseguran a eldiario.es fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. Mientras tanto, el equipo de Feijóo deposita la responsabilidad en Madrid y exige que Pedro Sánchez ofrezca una cifra sobre el número de prestaciones que se abonaron en la comunidad autónoma en los primeros días de la crisis.

BRAVO!!!!!
 
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“No hice ni un solo recorte en sanidad. Este gobierno está acabado”. Esperanza Aguirre
27/04/2020Jota

La expresidenta de la Comunidad y ex concejala de Madrid, Esperanza Aguirre, fue entrevistada de forma telemática en el programa de ‘La Sexta’ ‘Liarla Pardo’ para hablar sobre la situación actual sanitaria y política.

Esperanza Aguirre ha contestado a los que los que la acusan de haber perpetrado recortes en la sanidad durante su mandato entre los años 2003 y 20012 como presidenta al frente de la ciudad.



“No solamente no hice ni un solo recorte, por eso no lo pueden decir, sino que construí doce nuevos hospitales públicos. Eso es lo que más les duele a los que están en el Gobierno porque entonces lo criticaron porque querían la clientela cautiva en los hospitales”.

Desde el programa le desmintieron asegurando que durante los años 2009-2012 el número de hospitales del servicio público de salud madrileño aumentó en 8, no en 12 hospitales, pasó de 30 a 38 centros.

A Aguirre le recordaron que se cerraron hospitales públicos en favor de la sanidad privada durante su mandato. La expresidente aseguró que el servicio madrileño de salud mienten al decir que hay menos sanitario y camas en los hospitales: «Todos tienen el tamaño suficiente para duplicar el número de camas. Que no hay suficientes UCIs para hacer frente a la pandemia sí es una realidad».

Según El Periódico, la plantilla de sanitarios era inferior a comienzos de 2019 que la de 2010, así como el número de trabajadores del propio Servicio Madrileño de Salud, que se vio como 3.000 empleados en nueve años se esfumaron.

Actualmente Madrid tiene 86 hospitales y sólo 38 son público, justo los que han afrontado la crisis sanitaria.

Aguirre arremetió contra el gobierno y Fernando Simón: «este Gobierno está totalmente acabado y es necesario un Consejo de Ministros de concentración para que España pueda concentrarse en la lucha contra la pandemia».

«Simón dijo que las mascarillas no servían y hemos visto que en los países donde más se curan llevan mascarilla».


Aguirre en ‘El Objetivo’ aseguró que lo privado es más eficiente que lo público:

«Que no le quepa la menor duda que la empresa privada es más eficaz que la privada».



 
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“No hice ni un solo recorte en sanidad. Este gobierno está acabado”. Esperanza Aguirre
27/04/2020Jota

La expresidenta de la Comunidad y ex concejala de Madrid, Esperanza Aguirre, fue entrevistada de forma telemática en el programa de ‘La Sexta’ ‘Liarla Pardo’ para hablar sobre la situación actual sanitaria y política.

Esperanza Aguirre ha contestado a los que los que la acusan de haber perpetrado recortes en la sanidad durante su mandato entre los años 2003 y 20012 como presidenta al frente de la ciudad.



“No solamente no hice ni un solo recorte, por eso no lo pueden decir, sino que construí doce nuevos hospitales públicos. Eso es lo que más les duele a los que están en el Gobierno porque entonces lo criticaron porque querían la clientela cautiva en los hospitales”.

Desde el programa le desmintieron asegurando que durante los años 2009-2012 el número de hospitales del servicio público de salud madrileño aumentó en 8, no en 12 hospitales, pasó de 30 a 38 centros.

A Aguirre le recordaron que se cerraron hospitales públicos en favor de la sanidad privada durante su mandato. La expresidente aseguró que el servicio madrileño de salud mienten al decir que hay menos sanitario y camas en los hospitales: «Todos tienen el tamaño suficiente para duplicar el número de camas. Que no hay suficientes UCIs para hacer frente a la pandemia sí es una realidad».

Según El Periódico, la plantilla de sanitarios era inferior a comienzos de 2019 que la de 2010, así como el número de trabajadores del propio Servicio Madrileño de Salud, que se vio como 3.000 empleados en nueve años se esfumaron.

Actualmente Madrid tiene 86 hospitales y sólo 38 son público, justo los que han afrontado la crisis sanitaria.

Aguirre arremetió contra el gobierno y Fernando Simón: «este Gobierno está totalmente acabado y es necesario un Consejo de Ministros de concentración para que España pueda concentrarse en la lucha contra la pandemia».

«Simón dijo que las mascarillas no servían y hemos visto que en los países donde más se curan llevan mascarilla».


Aguirre en ‘El Objetivo’ aseguró que lo privado es más eficiente que lo público:

«Que no le quepa la menor duda que la empresa privada es más eficaz que la privada».



Jajajajajaja....

NO CUELA.......
 
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Una diputada del PP en La Rioja hace un alegato pidiendo "un golpe militar"
Sábado 25 de abril de 2020, 13:21h
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El PSOE su dimisión. Se trata de la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Catalina Bastida, que ha compartido un mensaje en su perfil de Facebook en el que "se llama a un alzamiento militar en España"

El PSOE de La Rioja ha pedido este jueves la dimisión de la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Catalina Bastida.
La diputada riojana había compartido un mensaje en su perfil de Facebook en el que "se llama a un alzamiento militar en España".



La publicación de la diputada del PP decía así: "Me dicen que un general le ha transmitido al jefe de las fuerzas armadas que hay un grupo de generales en absoluta disposición de cumplir órdenes en caso de que surjan, entre los iluminados del Gobierno, nuevas ideas que ataquen el orden público". "Me cuentan que el Rey no quiere firmar los reales decretos que les pasa el Gobierno", finalizaba este mensaje de Bastida,

La denuncia del secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, en una rueda de prensa telemática no tardaría en llegar.

El PSOE le ha exigido la dimisión de todos sus cargos públicos, también como alcaldesa de Autol y ha instado a que el PP se lo pida porque sino "serán cómplices".

Catalina Bastida ha pedido "disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos" por alguna de las publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook y ha reconocido "el error que supone compartir un mensaje cuya autoría y veracidad no está acreditada ni puede ser comprobada".

 
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La importancia de elegir un verbo

Decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del 'reiniciar' y los defensores se van a amarrar al 'reanudar'

Elisa Beni
02/05/2020 - 21:47h
Rafael Catalá a Podemos: No sé lo que es la mafia del canapé

El exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá. EFE
"Porque significan:
las palabras




significan. Ay! si fuesen solo un suave sonido"

Vicente Aleixandre


El PP está temblando porque puede que le haya salido el tiro por la culata y todo porque al ministro Campo se le ha escapado (¿?) un tiro aunque ellos señalen a la fiscal general Delgado como la propietaria del arma humeante. Todo esto por un verbo. Es de estas historias que a muchos de mis lectores les apasionan y a mí, a mí ya saben que también. En el fondo del asunto, y por no mantenerles en la intriga fácil, el posible fracaso de la estrategia para que varios casos de corrupción del Partido Popular acaben archivados sin haber logrado recabar toda la información sobre cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y chanchullos varios. Les he adelantado el final porque la trama es ya lo suficientemente apasionante como para mantenerles enganchados. Seguro. Todo por un verbo, ya les digo.

No sé si recordarán cuando les contamos en 2015 que Rajoy había decidido reformar un artículo de la ley procesal para ponerle un límite a los periodos de instrucción. Esto, que sucedió en 2015 y se vendió bajo el lema "las instrucciones no pueden eternizarse", como si el problema fuera que los jueces se dormían en los laureles, era otra muestra de legislación creativa para sacarse de encima gran parte de las causas por corrupción que atenazaban y aún lo hacen a los populares. Todo el mundo lo denunció. Sucedió. Como muestra, un botón: el archivo de la causa contra el presidente de Murcia, PAS, (lo conté en "Apostillas al zagalico"). Esta historia sigue coleando. En la legislatura anterior se llevó por la mayoría la derogación de tal reforma a la Cámara y no se pudo hacer porque el Partido Popular y Ciudadanos pidieron ¡58 veces! la ampliación del periodo de enmiendas para una cosa que tenía tres párrafos mal contados. Así que ahí sigue la cosa, en el Parlamento, y hace un par de semanas el PP volvió a enmendar para solicitar que esa corrección de lo que cambió Rajoy sólo afecte a causas nuevas y no, desde luego, a las antiguas del PP. Y es que algunas están a punto de caramelo para ellos. La instrucción del Caso Púnica caduca el 6 de junio, el Caso Lezo en diciembre y los Papeles de Bárcenas por ahí andan. Así que muchos se frotaban ya las manos… cuando todo se ha puesto patas arriba por un verbo.

Vamos a lo del verbo, ahora que ya saben lo gordo que está en juego y que no es otra cosa que la posibilidad de no extender las instrucción de estos casos de corrupción que es necesaria para que las comisiones rogatorias, los equipos conjuntos y la colaboración de terceros países dé sus frutos en forma de material incriminatorio. Él favorece que la Justicia para el delincuente de cuello blanco acabe embarrancando. Vamos a lo del verbo. Resulta que el pasado 28 de abril se promulgó un decreto por el que debe regirse la puesta en marcha de nuevo de los mecanismos de la Justicia que el confinamiento detuvo. En este decreto se afirma que se REINICIARÁN los plazos procesales que han quedado suspendidos y que "volverán a computarse desde su inicio". Lo dice en el artículo 2 y en la exposición de motivos del decreto. Reiniciar. Claro, la Fiscalía General ha hecho un informe técnico sobre el decreto en el que concluyen que los plazos previstos para la instrucción en el famoso artículo 324 pues también se REINICIAN, es decir, se empiezan a contar desde el principio. ¿Se imaginan qué drama para todos los peperos que esperaban el archivo por agotamiento del plazo?

Se ha liado la de Dios es Cristo y aún más que se va a liar. Resulta que en la disposición adicional del decreto de alarma inicial se decía que los plazos procesales se suspenden y que "se REANUDARÁN" al perder vigencia la alarma. Reanudar, no hace falta que se lo diga, es volver a empezar donde estaban mientras que reiniciar es volver al principio del plazo. ¿Lo ven? Es un verbo, pero vaya verbo. No crean, esto no es tan extraño. Resulta chocante que siendo el Derecho una ciencia que se basa en el uso y el significado de las palabras, estas cada vez se usen con menos propiedad y su uso deficiente dé lugar a las más variadas y hasta disparatadas interpretaciones. Pero ese es otro tema. Tan relevante es esto para tantos imputados de las tramas corruptas del PP que hasta el abogado Choclán, un cerebro al que conocí en su época de magistrado, y que huye de la prensa y de la publicidad como el agua del teflón, ha escrito un artículo y ha hecho declaraciones a varios medios. Claro que representa a varios de los interesados por el asunto.

¿Y qué va a pasar en la batalla de los verbos? Pues decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del reiniciar y los defensores se van a amarrar al reanudar del primer decreto. Decidirá cada juez una cosa y luego los recursos y luego … hasta el Supremo. O sea, un carajal. Para que no se queden con la intriga les diré que lo que han de ponderar es la contradicción entre dos normas (el decreto de alarma y el decreto 16/2020) y para ello tendrán en cuenta que lex superior derogat lexinferior y a la vez que lex posterior derogat lexanterior. Parece un lío pero no lo es tanto. Desde luego el decreto de Campo (reiniciar) es posterior al decreto de alarma (reanudar) y además se puede pensar que el legislador se ha autocorregido puesto que insiste con toda contundencia en el decreto posterior en reiniciar y hasta lo define y lo explica. Pero, y aquí hay un pero, habrá quien discuta cual de los dos es de rango superior. Y eso tampoco está tan claro, porque el rango del decreto del estado de alarma es complejo de determinar y sólo tenemos la jurisprudencia del caso de los controladores. Un jari, vamos.

Ahora pues, hemos empezado a oír clamar tanto a la derecha como a su imperio mediático que aquí lo que vale es lo de reanudar y que apostar por el reiniciar es vulnerar los derechos procesales de los presuntos corruptos. Es algo a analizar, pero no deja de ser curioso que aquellos que han jaleado las vulneraciones de derechos procesales de los políticos catalanes, o las violaciones de las mismas normas en cualquier caso mediático que no les interesaba, sean ahora los adalides de los derechos del procesado. Como me decía ayer un sabio jurista, y no por ello menos cachondo, la carcundia que nunca se ha despeinado un pelo en defensa de un derecho fundamental ahora va a ser vista en plan la libertad guiando al pueblo, llevando la bandera, con crespón, y con una teta viril y peluda fuera. La imagen es más completa: no se pondrán gorro frigio, no sea que se confunda alguien con una barretina.

Se lo cuento porque en los próximos meses veremos muchas cosas en torno a la semántica. Al tiempo.

La importancia de elegir un verbo.

 

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