Repaso a la corrupción del Partido Popular

Ministros, familiares, asesores y periodistas entre las 500 personas que viajan en los aviones oficiales


Según el diario El País, los aviones oficiales se han utilizado en 220 viajes y, en ellos, han volado 1.400 pasajeros, entre ellos familiares de los ministros

eldiario.es
12/01/2018 - 13:20h
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Rajoy a su llegada a la Casa Blanca en una imagen de archivo. EFE

El uso de aviones oficiales evidencia los dispares criterios de transparencia del Gobierno
En los 220 viajes que las autoridades españolas han realizado a lo largo de los últimos tres años, les han acompañado 1.400 pasajeros entre los que se incluyen diplomáticos, asesores, periodistas, parlamentarios y familiares, según publica este viernes el diario El País.

El diario, que ha tenido acceso a la lista de los más de doscientos vuelos en la que figuran los nombres de los ministros que recurren a estos aviones oficiales así como el nombre de sus acompañantes, ha obtenido esta lista al amparo de la Ley de Transparencia y después de que un juez obligase a hacerla pública.

Son los propios ministros los que deciden quién sube al avión en cada uno de sus viajes. Unos aviones reservados a las autoridades estatales como la Casa Real, la Presidencia del Gobierno, los ministerios o a los presidentes de las Cortes.

La mayoría de estos vuelos corresponden a los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Defensa, que, tal y como se destaca en la lista de los vuelos del Grupo 45 -la unidad militar encargada de los traslados de autoridades- viajaron con diversos familiares, como mujeres, maridos e hijos.

El exministro José Manuel García Margallo y el ministro Alfonso Dastis, viajaron con sus mujeres en diferentes viajes en los que alegaron que habría una cena oficial entre mandatarios con sus parejas. El País destaca, además, el viaje de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a Australia el pasado mes de junio. Un viaje que realizó en compañía de su marido, que no aparece en la lista de los acompañantes.

Con motivo de la toma de posesión del cardenal Carlos Osoro, que se llevó a cabo en Roma en 2016, viajaron el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes Generales, Josés Ayllón, acompañados de sus respectivas mujeres.

La hija del actual ministro de Exteriores también recurrió a este servicio de las autoridades del Estado. En noviembre de 2016, la hija de Dastis volvió a España desde Bruselas en uno de los aviones oficiales.

http://www.eldiario.es/politica/Ministros-familiares-asesores-periodistas-oficiales_0_728627401.html
 
El 'dos' de Gürtel acorrala a Ricardo Costa y reconoce pagos en B del PP de Valencia
Opta por cooperar pese a no haber alcanzado un pacto con Anticorrupción y deja en manos de Álvaro Pérez 'El Bigotes' la responsabilidad de 'rematar'
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Vista desde un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de la declaración de Pablo Crespo. (EFE)
El 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, ha estrechado este viernes con su declaración el cerco al PP de Valencia. En la misma línea que su jefe Correa ha indicado que fue el exsecretario general del partido Ricardo Costa quien le pidió facturar en falso a través de varios empresarios trabajos de campaña para el partido. También se ha referido a Francisco Camps con el que -ha dicho- se hicieron gestiones "para cobrar" la deuda del la formación con la trama. Ha reforzado, además, con su esperado interrogatorio en el juicio sobre la financiación irregular de la formación, los indicios de pagos en negro de la formación en Valencia.

En esta ocasión ha tenido que ser el juez José María Vázquez Honrubia quien se ocupara de sonsacar al acusado el nombre del antiguo dirigente de la formación. En los primeros momentos del interrogatorio, Crespo se ha mostrado poco explícito en cuanto a las identidades. El Bigotes "tenía relación con mucha gente del PP", desde Camps a Vicente Rambla pasando por Ricardo Costa. "Tenía la confianza necesaria con el partido", ha dicho en otro punto en respuesta a la fiscal Myriam Segura.

Finalmente ha optado por cooperar pese a no haber alcanzado un acuerdo de reducción de penas con Anticorrupción y ha relatado una reunión en la que Costa les comunicó a él y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', que el PP "no tenía dinero" y por ello, la única forma para que la empresa cobrara los trabajos efectuados era girar los gastos a través de una serie de empresarios. Eso sí, ha dejado en manos El Bigotes, el bombazo que se espera en el juicio por la financiación irregular del PP de Valencia y la explicación completa del papel jugado por el ex presidente de la comunidad, Francisco Camps, cuyo nombre ha sobrevolado todas las sesiones del juicio.

Respecto a los pagos en efectivo, ha asegurado que los trabajos realizados para el PP se cobraron en parte en dinero contante y sonante. Las cantidades, que no se declaraban, fueron a parar "en su práctica totalidad a la caja B del señor Correa". La declaración de Crespo se ha producido después de que su defensa y la del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' se reunieran este jueves con la Fiscalía Anticorrupción para tratar de obtener una reducción en la petición de penas a cambio de aportar "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps.
Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para 'El Bigotes' por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y varios contra la Hacienda Pública. Todo ha venido provocado por la declaración del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que reveló que la formación política regional les indicaba a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si "querían cobrar". "Fue iniciativa del PP", dijo.

Tras esta revelación, Correa decidió mojarse aún un poco más y apuntó directamente al 'número dos' de Camps, Ricardo Costa, quién se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y otro de falsedad documental. Según explicó Correa, se enteró de esta exigencia por Pablo Crespo, que era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel y el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. Añadió que su mano derecho se enfadó al conocer las indicaciones porque su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar.
 
Pues ya está: a culpar al que no pueden procesar y dejar libres a quienes sí.
Jugada maestra.
 
Los empresarios que financiaron al PP siguen copando las adjudicaciones públicas: 52 millones tras confesar


Los patronos valencianos que firmaron la autoinculpación para no entrar a la cárcel a cambio de una multa global de dos millones siguen ganando los mayores concursos de obras públicas, gestión de residuos, agua y hasta mantienen residencias de mayores

Sólo con el beneficio industrial de los últimos grades contratos, los hermanos Martínez Berna (Hormigones Martínez), Enrique Gimeno (Facsa) o Gabriel Batalla (Becsa) sufragan con creces la multa impuesta por la justicia

Sergi Pitarch
20/01/2018 - 19:49h
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El empresario Rafael Martínez Berna, en su declaración ante el juez de Gürtel.

En marzo de 2017 los nueve empresarios "cazados" por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2007, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos pasaron de enfrentarse a casi cinco años de cárcel cada uno a entre un año y tres meses y un año y nueve meses a la sombra.

En el juicio que empezó esta semana, los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban.

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El empresario Gabriel Batalla declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano

Así y tras su declaración, el magistrado les ordenó su salida de la sala. Ya no volverán a acudir a la Audiencia Nacional hasta el último día en que podrán decir su última palabra, que será ninguna. La sentencia para ellos ya es conocida y a su salida de la sala no dudaron en mostrar su satisfacción y en algunos casos jolgorio, abrazos incluidos. Lástima que esté prohibido hacer fotos en el hall de la Audiencia Nacional.

Cierto es que la confesión de los empresarios -es la primera vez en España que reconocen la financiación ilegal de un partido- le ha servido a la fiscal para apuntalar el caso contra los políticos y ha forzado a Francisco Correa, Álvaro PérezEl Bigotes y Pablo Crespo a tirar de la manta para rebajar penas. Pero el acuerdo le ha salido a los empresarios bastante barato económicamente y sin ninguna repercusión sobre sus negocios, que continúan siendo los mismos que cuando el PP arrasaba en la Comunitat Valenciana gracias a sus generosas aportaciones -1,1 millones en 2007-.



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El empresario Enrique Ortíz declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Así, cuando no habían pasado ni tres meses del pacto de marzo de 2017, que se hizo público el mismo día, dos de estos empresarios corruptos confesos, según han reconocido ante el juez, ganaban un concurso de obra pública millonario. Becsa, de Gabriel Batalla, conseguía el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros, mientras que Hormigones Martínez, de los hermanos Martínez Berna, en UTE con otra firma, obtuvieron los trabajos en las vías del norte de Alicante por 25. En total, 52 millones euros adjudicados por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat valenciana, gestionada por el PSPV.

El beneficio industrial -lo que ganan los accionistas tras restar los gastos- solo en estos dos contratos puede rondar siendo restrictivos entre los tres y los cincos millones de euros, es decir, que supera con creces la multa abonada al Estado para librarse de la cárcel.



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El empresario Vicente Cotino declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Pero Batalla y los Martínez Berna no son los únicos cuyas empresas continúan consiguiendo los mejores y mayores contratos públicos. Enrique Gimeno con su empresa Facsa continúa ganando contratos del servicio de agua y depuradoras. De hecho, copa el 90 % de las plantas públicas de depuración en la provincia de Castellón que adjudica la empresa pública Epsar, cuyo gerente es de Compromís. Recientemente, Facsa ha obtenido un contrato en Vinarós, donde gobierna Podemos.

Enrique Ortiz, conocido por la trama como "el de las galletas" y que también está imputado en el caso Brugal, continúa con contratos millonarios de recogida de basuras aunque en su caso ha perdido en el último año contratos millonarios como el de la Universidad de Alicante. Vicente Cotino, que todavía es propietario de Savia, sigue con contratos vigentes para gestiona residencias concertadas de la Generalitat que se blindaron con Rafael Blasco y se mejoraron posteriormente con su tío Juan Cotino como conseller de Bienestar Social.



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El empresario José Francisco Bevià declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Los que más problemas están teniendo por su implicación en la trama de corrupción del PP son los hermanos Pons Dols, que además de haber roto la relación personal, han visto como su empresa Piaf se encuentra en concurso de acreedores. La sociedad también sufrió mucho el hundimiento del mercado inmobiliario y la crisis económica.

Otro dato llamativo que subyace de la actuación de estas empresas valencianas -entre ellas están las más fuertes de Alicante y Castellón- es que en la actualidad continúan con un curioso reparto territorial del negocio. De hecho, los contratos de carreteras para las vías del sur de la Comunidad Valenciana los ha ganado la empresa de Alicante y los de las carreteras del norte los ha ganado la firma de Castellón. En las carreteras de Valencia se impusieron firmas radicadas en la provincia.

Los contratos públicos tienen una cláusula en el que se pueden rescindir por parte de la administración si la empresa es condenada en sentencia firme e inhabilitada. En este caso, los condenados son los empresarios así que legalmente sería difícil plantear alguna ruptura. Eso sí, exigen fórmulas para garantizar la transparencia de las empresas que trabajan en la administración y, sobre todo, para garantizar la libre competencia. Porque, como aseguró El Bigotes en su demoledora declaración: “Aquí no están todos los empresarios que son. Y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga”.

http://www.eldiario.es/cv/empresarios-financiaron-PP-adjudicaciones-publicas_0_731426898.html
 
El contrato de entrada de la Gürtel en Valencia: la guía de medios que presentó González Pons


Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha revelado en el juicio de la trama Gürtel que Orange Market, la empresa de cabecera de la red para hacer negocios en la Comunitat Valenciana, entró por la puerta grande de la mano de Francisco Camps y quienes en 2003 ganaron con él las elecciones, incluido el actual eurodiputado del PP, que fue su consejero portavoz

Sergi Pitarch
20/01/2018 - 20:24h
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Camps y González Pons, en un acto del PP en València.

El juicio de la trama de corrupción Gürtel no solo está sirviendo para certificar que el PP valenciano se financió de manera irregular en las campañas de 2007 y 2008 sino para evidenciar que una red corrupta se introdujo -o emanó- del mismo tuétano de la formación política. La versión de Álvaro Pérez El Bigotes desvela que tras una discusión con el equipo de Mariano Rajoy y, sobre todo, tras la pérdida en 2004 del Gobierno de España, la red corrupta emigró a las autonomías donde los populares afianzaban su poder, sobre todo en València y la Comunitat Valenciana.

Y las fechas y los hechos cuadran con la versión de El Bigotes. Álvaro Pérez explicó al juez que ayudó a organizar la campaña de Francisco Camps que le aupó a la presidencia de la Generalitat en junio de 2003, tras la abrupta salida al Gobierno de Eduardo Zapalana en 2002 y el interregno de José Luis Olivas, imputado ahora en el caso Bankia, entre otros. Pérez declaró ante el magistrado que, como quedó sorprendido ante sus encantos, el expresidente Camps le dijo "vente para Valencia".

Así, el 24 de julio de 2003 la trama constituyó Orange Market con 3.001 euros y Pablo Crespo de administrador. Para evitar trámites ante las prisas y las expectativas de negocio, la firma se la compraron a Ramón Cerdá, el mismo empresario valenciano a quien Urdangarin y su socio le compraron el Instituto Nóos. En ese momento, la Comunitat Valenciana esperaba la llegada de grandes eventos como la Copa América o la visita del Papa, donde la Gürtel hizo su negocio.

En marzo de 2004, Mariano Rajoy perdió las elecciones generales de manera inesperada y a la trama Gürtel le saltaron las prisas puesto que necesita negocio público para sustentar su estructura. Con Álvaro Pérez ya en Valencia y con Orange Market montada comenzaron a engrasar la maquinaria que, por poner un ejemplo más que sustancial, permitió a El Bigotes ganar él solo una media entre 2006 y 2007 de 400.000 euros anuales, según los datos hechos públicos por las acusaciones en el juicio.

Y así llegó el primer contrato público para la red. La guía de medios de comunicación de 2005 -una recopilación de teléfonos y direcciones de medios de comunicación- que se adjudicó a mediados de 2004. Este contrato ha sido investigado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha evidenciado que las órdenes para contratarlo llegaron directamente desde Presidencia de la Generalitat. El 27 de agosto de 2004 Esteban González Pons, amigo de Camps de la universidad y en aquel momento persona de su máxima confianza, se convirtió en portavoz del Gobierno y consejero de Relaciones Institucionales.



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La guía de medios que elaboró Orange Market y que presentó Esteban González Pons.



Como se observa en la guía de medios de 2005, Esteban González Pons presentaba este documento que había sido diseñado y maquetado por Orange Market con un coste de 12.020 euros. El contrato formaba parte de una operación más grande de servicios, como el reparto de USB, que se adjudicó también a dedo a empresas de la trama corrupta. En concreto a DT Consulting (12.020,24 euros), Boomerangdrive (10.500 euros), Trece S.L. (6.354,15 euros), Technology Consulting Managemente S.L. (12.020,24 euros) y Good and Better S.L.(12.020,24 euros). Lo que viene a ser un contrato fraccionado para evitar los concursos públicos.

Estas decisiones, según la instrucción de la pieza separada número 5, fueron tomadas directamente por el equipo de Francisco Camps. Fue la aparición de Orange Market en la mancheta de la guía de medios lo que hizo saltar las alarmas en la oposición valenciana, que a través del diputado socialista José Camarasa preguntó por el motivo y la identidad de esta empresa nueva que entraba en la Administración. El PP, que tenía mayoría parlamentaria en las Corts Valencianes en ese momento, paró las preguntas al no considerarlas de interés general.

El resto de la historia ya es conocido. Contratos millonarios amañados en Turismo para Orange Market y beneficios para la trama en la televisión valenciana con la llegada del Papa en 2006, con un contrato de 14 millones de euros también investigado para el servicio de pantallas gigantes.

Esteban González Pons relató en su autobiografía Camisa Blanca, que este contrato estuvo a punto de salirle muy caro porque estuvo a punto de ser imputado. "Alguien muy importante en el Ministerio del Interior insistió confidencialmente ante los periodistas para que me presentaran como posible enredado en un conocido asunto judicial que no tenía nada que ver conmigo", relata. El ahora eurodiputado y portavoz de la delegación española del PP en Bruselas afirma en su libro que se intentó "hacerle daño" y "ensuciarle", y revela: "sin tener por qué, me salvó Garzón". El exjuez fue el primer instructor del caso Gürtel.

Cuando estalló el escándalo en el año 2009 y ya como vicesecretario portavoz del PP, González Pons fue quien forzó la dimisión del exsecretario general del PP Ricardo Costa cuando fue imputado. Ese 9 de Octubre, día de la Comunitat Valenciana, dijo la célebre frase: "La fiesta se ha acabado". A lo que Costa le replicó en una memorable rueda de prensa: "La fiesta en el PP no se acaba nunca".

Por lo vivido en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel de esta semana, Ricardo Costa tenía razón.


http://www.eldiario.es/cv/contrato-Gurtel-Valencia-Gonzalez-Pons_0_731427019.html


¿Se enteran en Tabarnia de lo que ocurre en España?
 
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