Repaso a la corrupción del Partido Popular

¿Por qué Gallardón se ha ‘salvado’ de declarar como investigado por la Lezo?
El año en que la Fiscalía cercó al exministro de Justicia

MARISU MORENO

@marisumoreno
# Alberto Ruiz-Gallardón |Caso Lezo |Inassa |Canal de Isabel II |
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Vie, 29 Dic 2017

¿Por qué Gallardón no ha sido citado por el juez del caso Lezo y todos sus consejeros sí? En el trasfondo de este asunto está la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa de aguas colombiana Inassa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde el 29 de noviembre de 2001. Todos los consejeros han sido citados a declarar como investigados por esta operación que, según la investigación habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de 25 millones de euros.

A la espera de que se aclara la situación jurídica de Gallardón, te contamos por qué desde hace un año, el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira de la Lezo.

El fiscal Carlos Yáñez siempre sostuvo que la cúpula de Gallardón, con él incluido, debían ser investigados por esta operación a la que dieron luz verde en el año 2001. Sin embargo, ni el juez de refuerzo del caso Lezo Alejandro Abascal ni el fiscal Anticorrupción de entonces, el dimitido Manuel Moix estaban de acuerdo con esta tesis. Ambos consideraron que este asunto no tenía nada que ver con la trama de corrupción liderada por Ignacio González.

Abascal dictaminó en un auto del 29 de noviembre de 2016 que no había razón alguna para investigar esta operación en el marco de Lezo y, por tanto, a aquellas autoridades o funcionarios públicos que participaron en la misma, tal y como pedía la Fiscalía. Entre otros, señalaba a Alberto Ruiz-Gallardón y los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dieron luz verde a la compra de Inassa.

Los argumentos del fiscal contra Gallardón...

Sin embargo, el fiscal Yañez no tiró la toalla y, enfrentándose incluso a su jefe Moix, presentó un recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacionalque, finalmente, le dio la razón. El fiscal insiste en que “presuntas inversiones fraudulentas realizadas por el Canal de Isabel II en Sudamérica desde la operación de compra en el 2001 de la sociedad Inassa deben seguir investigándose” en el marco del caso Lezo.

Y añade: “Esta línea de investigación comparte un mismo modus operandi, el desvío de dinero público a través de inversiones en Sudamérica, todas ellas alejadas de la fiscalización pública. (…) Dicho modus operandi y la continuidad delictiva aconsejan una investigación única para garantizar el buen fin de la misma”.

...avalados por la Audiencia Nacional



Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Nacional zanja esta polémica el 19 de enero de 2017 dando la razón a la Fiscalía y revocando la decisión del juez instructor de dejar fuera de Lezo a Gallardón y todos aquellos que participaron en la compra de la empresa de aguas colombiana.


Casi un año después de esa decisión, los antiguos consejeros de Gallardón han sido imputados en el caso, al igual que los responsables del Canal de Isabel II en 2001. El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad queda, de momento, fuera de esta investigación a la espera de que el Gobierno de Cristina Cifuentes envíe a la Audiencia extensa documentación sobre Inassa.

Se trata de la misma documentación que la presidenta madrileña ha ocultado a la oposición y que ahora no va a tener más remedio que entregar. En el auto de imputación de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón, el instructor de la Lezorequiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviembre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla. Una vez examinada esa documentación, decidirá sobre la petición de la Fiscalía de imputarle.

Gallardón no sólo ha sido ministro de Justicia, sino que es fiscal de carrera. Según ha podido saber El Plural de fuentes conocedoras de la instrucción, jueces y fiscales van con pies de plomo en este asunto y no quieren dejar ningún cabo suelto. Los delitos que se investigan en esta causa son muy graves y podrían implicar penas de cárcel. Recordemos que se habla de organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. De ahí el hecho de recibir de facto un trato de aforado pese a que perdió esta condición cuando dimitió en septiembre de 2014 cuando dimitió como ministro al sentirse desautorizado por Mariano Rajoy por la retirada de la reforma de la ley del aborto que había impulsado y renunció también a su acta de diputado en el Congreso.

La situación jurídica del exministro resulta compleja. Lleva más de un año en el punto de mira de la Lezo, donde ya están imputados algunos de sus hombres de confianza. En un auto del juez de refuerzo que sustituyó a Abascal del pasado 17 de octubre, asumiendo los argumentos de la Fiscalía se habla de él como “investigado”, algo que resulta contradictorio con el dictado el pasado 26 de diciembre, en el que se imputa a todo su equipo de gobierno.

Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa

Con independencia de su situación judicial, Alberto Ruiz-Gallardón sí se ha defendido ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que estaba “profundamente orgulloso” de la compra de la colombiana. El antiguo dirigente popular insistió en que se trató de una operación lícita e incluso fue más lejos al afirmar que, con todo lo que sabe hoy, la habría aprobado. “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II”, concluyó.

El expresidente se presentó como una víctima de maledicencias, aunque celebró al mismo tiempo que la Asamblea le diera la “oportunidad” de defenderse. "No dejen ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda duda", pidió entonces.

https://www.elplural.com/politica/2...vado-de-declarar-como-investigado-por-la-lezo

Y le salva que Gallardón no es político catalán:LOL: Primero se mete a la cárcel y luego ya veremos. Con Gallardón pies de plomo.:love:
 
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El juez de la Gürtel valenciana abre la puerta a citar a Rajoy como testigo
La petición nace de Ricardo Costa y se amplía a Acebes, Rato, Mayor Oreja, Álvarez Cascos y Arenas

MARCOS PARADINAS

@mparadinas
# Mariano Rajoy |Ricardo Costa |Gürtel |Partido Popular |Valencia |
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Vie, 5 Ene 2018

El que fuera secretario general del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, es una de las estrellas en el juicio sobre la financiación irregular de la formación que arranca este 15 de enero en la Audiencia Nacional. En esta causa, encuadrada en el caso Gürtel, Costa ha pedido de nuevo varias testificaciones, en concreto que se envíen al juzgado las realizadas por Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Pero, sorprendentemente, el juez le ha contestado que, si quiere, puede llamarlos para que acudan en persona como testigos.

Dentro de esta causa, perteneciente al caso Gürtel, la estrategia de defensa de Costa siempre se ha centrado en presentarse como un mandado que recibía órdenes de la cúpula nacional del PP. La misma línea que siguió en su día Luis Bárcenas y el exalcalde de Majahonda, Guillermo Ortega en la pieza de la primera época de Gürtel.

Aunque Bárcenas luego intentó retirar su maniobra, dentro de su supuesto pacto de no agresión con Génova, ya era tarde y por la Audiencia Nacional pasaron todos los que habían tenido mando en Génova: Acebes, Arenas, Rato, Mayor Oreja y Álvarez Cascos. A Rajoy, en cambio, se le citó a petición de la acusación popular ADADE, en lo que fue un hecho histórico.

Algo que podría repetirse, a pesar de la maniobra del golpe judicial dado en la Audiencia Nacional para cambiar a los jueces de las principales piezas de Gürtel, porque el magistrado del Juzgado Central de lo Penal ha respondido ya a la petición de Ricardo Costa y deja la puerta abierta a volver a ver esa estampa.



En un escrito de finales de diciembre, al que ha tenido acceso El Plural, Costa pedía que el juzgado reclamara a la Sala de Gürtel las actas de las declaraciones de Rajoy, Arenas, Álvarez-Cascos, Acebes, Mayor Oreja, Rato, pero el juez se ha negado.



Rajoy en Castellón en julio de 2008, junto a Ricardo Costa, Vicente Rambla, Carlos Fabra, Francisco Camps, Javier Moliner, Manuel Altava, Juan José Monzonís, Jorge Moragas.



Rajoy en Castellón en julio de 2008, junto a Ricardo Costa, Vicente Rambla, Carlos Fabra, Francisco Camps, Javier Moliner, Manuel Altava, Juan José Monzonís, Jorge Moragas.


Lo sorprendente es la explicación que da el magistrado José María Vázquez Honrrubia, quien señala que no hay por qué pedir esos documentos dado que no hay “causa alguna de que estas personas estén impedidas a declarar en el presente juicio”. Y, además, le recuerda que puede pedirlo cuando se abra el juicio oral, el próximo 15 de enero, según señala “el trámite establecido en el artículo 786.2 de la Ley Procesal Penal”.

No es la primera vez que Ricardo Costa toma este camino. En septiembre de 2016, el que fuera mano derecha de Francisco Camps ya pidió que se citara a Mariano Rajoy como testigo. El juicio estaba a punto de empezar, pero luego sería suspendido durante un año por enfermedad del magistrado y de una de las fiscales, y entonces, que el presidente del Gobierno fuera llamado por un tribunal parecía una quimera. Sin embargo, el magistrado lo aceptó… aunque por error. Después de que El Plural informara en exclusiva de este extremo, Vázquez Honrrubia tuvo que corregir en un auto apresurado.

Lo que sí ha conseguido Ricardo Costa es que sea citada como testigo la actual tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro. Aunque es el menor de los problemas de Navarro, pues también está imputada en el caso Taula por la financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia y está procesado y a punto de sentarse en el banquillo por el caso de la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/04/mariano-rajoy-gurtel-testigo-valencia
 
CASO GÜRTEL
Correa confiesa pagos en b del PP valenciano y acusa a Camps como el introductor de Orange Market
El cabecilla de Gürtel busca un acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena de 24 a nueve años - El empresario colabora con el juez para desbloquear sus fondos en Suiza y "reparar los daños"
teresa domínguez a. garcia | valència 10.01.2018 | 07:49
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Francisco Correa, junto a Pablo Crespo, durante el juicio por los contratos de Fitur en València. Foto: Germán caballero
Más problemas judiciales para el PP valenciano y para el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Vienen esta vez de la mano de un antiguo aliado comercial, Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, que cumple pena de prisión (13 años) impuesta por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por amañar los contratos del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Correa ha pasado a colaborar con la Fiscalía, como se comprobó en el juicio que finalizó en noviembre pasado sobre la primera época de la trama Gürtel en Madrid (está a la espera de sentencia), y quiere mantener esa actitud en el juicio que se inicia el próximo lunes en Madrid sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y que sentará en el banquillo de los acusados a exdirigentes populares como Vicente Rambla, Ricardo Costa y David Serra.

En esta línea de colaboración, el cabecilla de Gürtel envió el pasado lunes al juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional (el encargado del caso) un escrito en el que admite la realización de actos electorales y de otro tipo para el PP de València por parte de Orange Market (la sucursal valenciana de la trama) «mediante pagos en b» y «mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas». Admite, por tanto, la operativa fraudulenta descrita por la Fiscalía.

Precisa al respecto que no podía conocer los detalles concretos de tales operaciones, «pero sí estaba el corriente de que se nos pagaba de esa forma».

Correa confirma asimismo los orígenes de Orange Market, firma que «se creó porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid», asegura. Y apunta al expresidente Camps para explicar el inicio de la relación con el PP valenciano: «Álvaro Pérez (el Bigotes) tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de València».

Este diario intentó ayer conocer la posición del exjefe del Consell sobre la última declaración del cabecilla de Gürtel.
Francisco Correa señala asimismo en el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, que «el dinero ´b´ de València se trasladaba a Madrid», donde existía una caja b que controlaba el propio empresario y líder de Gürtel, según reconoce. A través de esta fue como el Bigotes cobró durante un tiempo en b, detalla, «hasta que se solucionaron sus problemas fiscales».

Correa, que habla siempre en su escrito del PPCV y no del Consell y que descarga la responsabilidad de la ocultación de ingresos de Orange Market y la creación de facturas ficticias en José Ramón Blanco Balín «o una persona a su cargo», manifiesta su deseo de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. En este sentido, admite la veracidad de los hechos descritos en el escrito de acusación de febrero de 2015.

El objetivo del empresario, según ha podido saber este diario en fuentes jurídicas, es que el Ministerio Público reduzca su petición de condena contra él de 24 años a, como máximo, nueve. Ese aspecto deberá dirimirse en la jornada dedicada a cuestiones previas del juicio que se inicia el lunes.

Correa busca que se le aplique la atenuante del reconocimiento de los hechos (no habla de delitos), algo que se enmarca en la negociación con el Ministerio Público y con Suiza para el desbloqueo de los fondos del acusado depositados en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de Golden Chain Properties y que irían destinados a reparar los daños causados en España y, con ello, la disminución de la pena.

Esos fondos, que podrían ascender a más de 30 millones de euros, están bloqueados desde marzo de 2009 y el propio Correa ha pedido su desbloqueo con la adhesión de la Fiscalía. El titular del juzgado central de lo Penal aprobó el pasado 18 de diciembre dejar sin efecto ese bloqueo y ese es el trámite en el que se está ahora con las autoridades suizas.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/01/10/correa-confiesa-pagos-b-pp/1664289.html
 
La Audiencia Nacional cita a Villar Mir para tomarle las huellas por un documento aparecido en el caso Lezo


El dueño de OHL ya estaba imputado y debe acudir este viernes a la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid

La diligencia pertenece a la investigación por la presunta mordida a Ignacio González a cambio de la concesión del tren de Navalcarnero

Pedro Águeda
11/01/2018 - 19:52h
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El dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir

Villar Mir niega ante el juez el pago de una comisión a Ignacio González por las obras de un tren de cercanías
El dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, está citado este viernes a las 9 de la mañana en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) para que los agentes le tomen las huellas dentro de una investigación secreta del caso Lezo. Así consta en el requerimiento que ha sido notificado al empresario, imputado en una de las piezas de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En dicho requerimiento se señala que la finalidad de la diligencia es comprobar la veracidad de un documento incautado en un registro del caso Lezo, dentro de una pieza que permanece secreta. Villar Mir está imputado en la pieza que investiga la presunta mordida a Ignacio González por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero.

Los investigadores creen que hubo una transferencia de dinero desde una filial de OHL en México a una cuenta del Anglo Irish Bank en Suiza, controlada por una sociedad panameña y que el destino final era el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El montante de la mordida ascendería a 1,4 millones de euros.

Villar Mir está imputado en el caso Lezo y declaró el pasado septiembre ante el juez del caso, Manuel García Castellón. Ante el magistrado, el accionista mayoritario de la gran constructora OHL negó el pago y añadió que el proyecto del tren de Navalcarnero, además de no concretarse, resultó ruinoso para la compañía. La declaración de Villar Mir se extendió durante dos horas.

Otro de los imputados en la causa, Adrián de la Joya, admitió que el yerno de Villar Mir, el empresario Javier López Madrid, le remitió los fondos a una cuenta suya en Suiza, pero que se quedó con ellos porque OHL tenía una deuda previa con él. López Madrid fue detenido por estos hechos y también sigue imputado.

En un careo entre De la Joya y López Madrid en la Audiencia Nacional, el primero aseguró que el yerno de Villar Mir le ingresó el dinero en Suiza y le dijo que su destinatario era Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, con Ignacio González como beneficiario último. López Madrid negó esa versión, añadió que el pago era por servicios de De la Joya a OHL, que tiene documentos que así lo demuestran y que esa acusación se debe a la enemistad personal que mantienen ambos y que su interlocutor en el careo negó.

La Audiencia Nacional había citado a Villar Mir por las huellas para el 8 de enero, pero el imputado justificó que ese día no podía, al tiempo que su abogado alegó indefensión por desconocer el objeto de la diligencia. El letrado de la Administración de Justicia le respondió que la investigación está secreta y que el auto por el que se acordaba la citada diligencia no le podía ser trasladado. Asimismo acordó la toma de huellas para mañana, 12 de enero.

http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Villar-Mir-Lezo_0_728278100.html
 
l Gobierno de Rajoy oculta sus primeros vuelos en aviones oficiales tras desvelar los que hizo el exministro Blanco a Galicia




La Audiencia Nacional obliga a hacer públicos los nombres de los viajeros pero sólo desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia en diciembre de 2014

Hace año y medio Praza.gal publicó información previa a esa fecha facilitada por el Ministerio de Fomento de Ana Pastor



David Reinero
13/01/2018 - 10:34h
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Respuesta de Fomento hace año y medio en aplicación de la Ley de Transparencia ofreciendo datos desde 2009 PRAZA PÚBLICA

El uso de aviones oficiales evidencia los dispares criterios de transparencia del Gobierno
El diario El País ha publicado este viernes un listado con los nombres de unas 500 personas que viajaron a bordo de 220 vuelos oficiales realizados en los aviones militares del Grupo 45, los conocidos Falcon. La Audiencia Nacional, a petición de la Fundación Civio, obligó al Gobierno a hacer públicos esos nombres en aplicación de la Ley de Transparencia, pero el listado sólo incluye datos desde diciembre de 2014, cuando entró en vigor la norma. Sin embargo, hace año y medio el Ministerio de Fomento entonces dirigido por Ana Pastor había facilitado información previa a esa fecha, publicada por Praza. gal y también requerida en aplicación de la Ley de Transparencia, que reflejaba que desde 2009 el exministro socialista José Blanco había empleado los Falcon cinco veces para desplazarse a Galicia por dos de la propia Pastor.

La información ahora publicada por El País ratifica, como ya había avanzado Praza.gal, la disparidad de criterios del Gobierno a la hora de responder a peticiones de información en aplicación de la Ley de Transparencia. El nuevo listado, al contrario del facilitado entonces a este diario, no indica las fechas de los vuelos y sólo en algún caso indica los destinos.

En su momento la información publicada por Praza. galpretendía analizar qué uso habían realizado de los aviones oficiales los ministros gallegos de Fomento de PSOE y PP, que solían ajustar sus agendas oficiales para tener actos en Galicia en los fines de semana. Para poder comparar, también se había preguntado al Ministerio de Industria por los vuelos a Canarias del exministro canario José Manuel Soria. Entonces, mientras Pastor sí había ofrecido información sobre los vuelos de su predecesor Blancoprevios a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Industria sólo los había facilitado con posterioridad a esa fecha. Con ese criterio había informado de que Soria sólo había empleado una vez un avión oficial para desplazarse a Canarias y explicaba que lo había hecho acompañado del embajador de Estados Unidos, James Costos. Sin embargo, en el listado ahora facilitado por el Gobierno con el mismo criterio de que sean vuelos posteriores a 2014, el nombre de Costos no aparece.


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Lucía Molares, responsable de la sociedad estatal de suelo, en un acto con Feijóo, y la información sobre su viaje Madrid-Vigo con el ministro de Justicia PRAZA PÚBLICA



Uno de los pocos vuelos en los que se indica el destino en el listado publicado por El País es uno realizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que se dice que en el trayecto Madrid-Vigo fue acompañado por la viguesa Lucía Molares, responsable de la entidad estatal de suelo público (SEPES), organismo que nada tiene que ver con su ministerio. Molares, que fue concejal en Vigo y delegada en la ciudad de la Xunta de Feijóo, acompañó en octubre de 2015 a Catalá en una visita que este hizo a la sede local del PP en el marco de un viaje del ministro a la ciudad en la que tuvo también agenda pública de su departamento
 
POLÍTICA
16/01/2018 11:01 CET | Actualizado Hace 1 hora
Imputado el alcalde de Majadahonda por delitos urbanísticos
Permitió que el hospital de Puerta de Hierro funcionase sin licencia desde 2008
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  • Narciso de Foxá, ha sido imputado en dos causas de juzgados de la localidad, tras la petición de la Fiscalía, por permitir que el Hospital Puerta de Hierro del municipio funcionase sin licencia desde 2008.


    Fuentes del TSJM han confirmado a Efe que el Juzgado número 4 de Majadahonda ha iniciado una causa por delitos urbanísticos por no haber sancionado al centro sanitario por abrir sin licencia, y el Juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales.


    Estas mismas fuentes explican que hace un año llegaron sendas denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y se repartieron los casos ante los grueso que era la investigación. Así, se reclamó documentación a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente, informes que llegaron al juzgado antes de fin de año.


    En ambos casos el regidor de la localidad está en la figura de imputado y el caso llevado a cabo por el juzgado número 4 aún se encuentra en fase de diligencias previas.

    DENUNCIAS DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE


    Ambas denuncias fueron efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y le piden la aplicación del artículo 320 del Código Penal por un delito contra la Ordenación del Territorio y por otro contra el Medio Ambiente lo que conllevaría unas penas de hasta cuatro años de cárcel.

    La Fiscalía considera que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por las irregularidades ya que el Puerta de Hierro no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015.

    Sobre este asunto, la Fiscalía considera que durante varias legislaturas "no adoptaron ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida ni ninguna medida sancionadora, tal como exigían los artículos 193 y 201 de la Ley del Suelo".

    En esta causa el juez también considera como investigados a los concejales Javier Caballero López, Carmen Menéndez Rodríguez, Pablo García González, Juan Carlos Pérez González y África Sánchez Marín.

    Los delitos medio ambientales de los que se le acusan es que el centro estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales.

    La Comunidad de Madrid ya reclamó 20 millones de euros a la empresa concesionaria por la existencia de 135 camas que no se encuentran en el centro
 
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