Repaso a la corrupción del Partido Popular

[pilou12]

El PP abandona la política para centrarse en su negocio de blanqueo
ESCUIN

15 noviembre 2017

El montón de causas de corrupción que rodean el Partido Popular, si las comparamos con el estado general del país, sólo puede significar una cosa: a los populares se les da mucho mejor robar que gobernar. Por eso, desde la cúpula del partido, han comenzado a escucharse peticiones de cambio de rumbo, a fin de focalizarse el grueso del negocio.

“Lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en nuestra actividad principal. Así que hemos decidido centrarnos en esta nueva línea de negocio mucho más lucrativa”, aseguran desde Génova.

Otros grupos del crimen organizado como la Camorra, la mafia rusa o el Opus Dei han puesto el grito en el cielo: “Esta gente es demasiado profesional y entran en el negocio con una agenda de favores que ya querría para sí Vito Corleone. ¡Niños de papá! ¡Son competencia desleal!”

“Gürtel, El Canal de Isabel II, Bárcenas… todo casos de éxito. Si en Silicon Valley valorarán más los chanchullos que la tecnología seríamos el puto Apple de la corrupción. ¿A qué esperas para invertir en Populares?”, anuncia la campaña lanzada en redes sociales.

 

[miraclor78]

 

[IDOLO]

La Justicia confirma el procesamiento del PP y su tesorera por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas


La Audiencia Provincial desestima los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados

Los magistrados creen que hay "indicios suficientes" de la comisión de posibles delitos de daños informáticos y encubrimiento

Confirman el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán

Europa Press
48 comentarios

15/11/2017 - 11:24h

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Bárcenas, en una imagen de archivo EFE

E
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

En un auto con fecha del pasado 3 de noviembre, la Sección ha desestimados los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del pasado 26 de julio en el que la juez instructora Rosa María Freire concluía la instrucción y veía claros indicios de su participación en el caso conocido como los 'ordenadores de Bárcenas'.

Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que piden la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.

La Fiscalía asegura que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales", en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera "inverosímil y contradictoria".

Por su parte, el PP señala en su recurso que no se dan los presupuestos que establece el artículo 31 bis del Código Penal para considerarle como responsable como persona jurídica y solicita la práctica de nuevas diligencias.

Se determinará la propiedad de los datos eliminados
Los magistrados Mario Pestaña, José Joaquín Hervas y Jacobo Vigil explican en su auto que el objeto de este procedimiento no es "determinar la propiedad del soporte (ordenadores), sino de los datos". Recuerda que, aunque un equipo -de la marca Toshiba- fuera propiedad de la formación política, el otro -un Apple MacBook-, fue adquirido por Bárcenas.

En este sentido, destaca que Bárcenas -que retiró su acusación en septiembre de 2016- fue exonerado de cualquier responsabilidad en esta causa por el hecho de no "haberse acreditado ni la fuerza típica, ni la intención de los investigados de sustraer bienes ajenos", y no por la titularidad de los equipos.

Por otro lado, el auto, de 19 páginas, se centra en los acusados y al contestar uno por uno a las alegaciones que hacen los recurrentes, apostilla por qué tienen que ser juzgados. En este sentido, sobre el PP, dice que cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó como prueba la aportación de los datos almacenados en dichos ordenadores, fue "imposible" entregar esos archivos.

"Se impidió así con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia", recalca la exposición razonada de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid. También incide en que el se cometió un "daño" a los documentos personales, como fotografías y archivos de música, del extesorero 'popular' con el borrado de los discos duros.

En cuanto a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, afirma que el cargo que ocupa le sitúa como la persona "inmediatamente superior" en la jerarquía de la organización a José Moreno Alarcón, que fue quien efectuó "físicamente" el borrado de los ordenadores. "Entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar que se hacía con estos equipos, tanto es así que se preocupó de pedir información al señor (Alberto) Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos y que el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega", añade.

Protocolo para el borrado de ordenadores
Sobre el abogado -a quien en un inicio la magistrada instructora confundió con la defensa del exsecretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo en la trama Gürtel, Miguel Durán- enfatizan que su presunta responsabilidad en esta causa es por su condición del director de los Servicios Jurídicos del PP desde 2010. Por este cargo, los jueces aseguran que conocía la reclamación de los ordenadores por Bárcenas y sus denuncias sobre la titularidad de los documentos eliminados.

Asimismo, el auto recuerda que, aunque el informático que procedió al borrado de los discos duros, José Moreno, comprobó si en los mismos había datos siguiendo un "Protocolo de Borrado Seguro", el cual dice que si existe en el equipo información personal se avisará al particular, la Audiencia Provincial duda de si existe y cuál es la "intención perseguida por los investigados".

Es más, indica que hay una "cierta contradicción" entre Navarro, Durán y Moreno en sus declaraciones relativas a este protocolo pues otro de los investigados, Javier Barrero, dijo que éste no existía. Según la juez instructora el borrado del contenido de los equipos informáticos que utilizaba Bárcenas se hicieron para "impedir que los datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que el extesorero guardaba en los ordenadores portátiles".

Este auto de confirmación del procesamiento del PP, la tesorera de la formación política y de su director de Servicios Jurídicos da la razón a las acusaciones populares Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que han persistido en que el procedimiento siga adelante, en contra del criterio de la Fiscalía de Madrid.

http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Provincial-Madrid-PP-Barcenas_0_708329344.html

 

[IDOLO]

El PP de Esperanza Aguirre diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez aprueba a las diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reclama datos sobre los contratos suscritos entre la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y las empresas Thinking Forward, Central de Producers y la Joya Producciones. Tres proveedores del PP que están relacionados con Laboratorio de Almagro, una de las empresas que el juez incluye en la financiación ilegal del partido.


García Castellón accede a reclamar nuevas pruebas sobre estas empresas, con el fin de "recabar nuevas evidencias" y ampliar la información que ya se dispone sobre "subvenciones, donantes, adjudicaciones, facturaciones de cobertura con empresas intermediarias, o la simple ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del Partido Popular de Madrid, confeccionada 'ad hoc'".

El juez señala que estas nuevas diligencias se ordenan tras localizar un documento donde se revelaba "la posible participación encubierta de la empresa citada -Laboratorio de Almagro- en un concurso público licitado por la Comunidad de Madrid poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011".

La UCO desarrolla la participación de esta empresa en un informe, en el que advierte de que Laboratorio de Almagro desarrolló los trabajos de un contrato público licitado por la Consejería de Hacienda a otra empresa, Thinking Forward. La primera "participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, llegó a percibir el sesenta por ciento de los beneficios del mismo".

Es más, la UCO señala que este proveedor del PP "parece dirigir todas las actuaciones del contrato y ordenar los pagos a los proveedores del mismo, pese no ser la adjudicataria real del contrato público investigado". Los agentes destacan que estas empresas también colaboraron después en diversos aspectos de la campaña de Aguirre.

Contactos y reuniones previas al contrato
Los agentes también destacan que en el registro de Laboratorio de Almagro encontraron un documento denominado "contactos PP". En él aparecen nombres y teléfonos de cargos del PP, pero también de la Consejería de Hacienda, como el mismo consejero, Antonio Beteta. En la lista de contactos de esta empresa aparecen también Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, o Francisco Granados.

En otro correo interceptado, responsables de la empresa dejan claro que tiene contactos en el gobierno de Aguirre que pueden ayudarles con los contratos públicos: "Creo que tendríamos que coordinar bien estos temas para que haya siempre alguien pendiente de los concursos públicos, especialmente de la CAM (donde se supone que tenemos amigos ¿no?)".

La UCO hace hincapié en que el contrato investigado se tramitó poco antes de las elecciones por el procedimiento de urgencia, cuando su objeto era "informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributarias en la Comunidad de Madrid".

Es más, rematan los agentes que los responsables de Laboratorio de Almagro "habrían mantenido contactos directos con responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, produciéndose uno de esos contactos antes de la publicación del concurso y en relación directa con esa licitación concreta, produciéndose la segunda de esas reuniones durante el proceso de licitación del contrato y antes de su adjudicación provisional".

En un correo posterior de la responsable de la empresa se refuerzas las sospechas de los agentes. Maria Luisa de Madariaga, al frente de Laboratorio de Almagro, escribe que "hemos recibido el briefing de lo que quiere la Consejera hace semanas, y habéis podido trabajar con esta información, incluso antes de la salida de pliegos".

Los agentes concluyen que es necesario investigar si hubo amaño en ese contrato, dado que durante la investigación se han reunido "elementos probatorios sólidos que acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada". En base a este informe, el juez accede a reclamar documentación a la Consejería de Hacienda y a las empresas sobre ese contrato.

http://www.eldiario.es/politica/Punica-sostiene-PP-Aguirre-contabilidad_0_707980380.html

 

[IDOLO]

Ana Garrido, la mujer que destapó la Gürtel: "Los denunciantes no podemos esperar 10 años a que se haga justicia"


El Tribunal Supremo ha ratificado que la testigo clave de la Gürtel sufrió acoso por parte del ayuntamiento del PP al que denunció

15/11/2017 - 12:25h

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El Tribunal Supremo ha ratificado que la denunciante de la Gürtel Ana Garrido sufrió acoso por parte del ayuntamiento del PP al que denunció. Desde que se negó a firmar irregularidades en el ayuntamiento de Boadilla del Monte hace 10 años y las puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace 8, Ana Garrido ha sufrido amenazas, extorsión, la pérdida de su trabajo y un calvario que ahora el máximo tribunal reconoce con una indemnización de casi 100 mil euros que el consistorio tendrá que pagar a la mujer que denunció la Gürtel. Conectamos en laLlamada de actualidad con ella, una de las personas clave para destapar la trama Gürtel.

Ana Garrido se negó a firmar irregularidades en el Ayto. de Boadilla del Monte hace 10 años y las puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción

http://www.eldiario.es/carnecruda/llamada-a-la-actualidad/Ana-Garrido_6_708389156.html

 

[Amadís]

 

[miraclor78]

Los recortes en educación están haciendo mella en la alta suciedad española.

 

[windsor]

Nos gobierna un partido corrupto , el partido del gobierno en el banquillo por prácticas ilícitas y delictivas.El presidente del gobierno el jefe de la banda.El chino González hablando con catalá para manipular y obstruir la justicia.

Hay en la Constitución algún artículo para aplicarlo inmediatamente, intervenir el gobierno y mandarlos a prisión???
@SuperCotilla, puedes cambiar el título del hilo. y añadir el PP procesado?
El uso de lo público en beneficio propio
Cómo va a garantizar este partido la aplicación de la ley?

 

[laseca]

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FALTA DE TRANSPARENCIA
El alcalde de Guadalajara ocultó informes contra el dúplex que Rajoy quiere regalar al duque del Infantado

Mariano Rajoy y Antonio Román frente al Palacio del Infantado en una foto de archivo
S. JIMÉNEZ
15 DE NOVIEMBRE DE 2017 (12:30 H.)

Antonio Román buscaba así una alternativa que permitiera llevar a cabo la construcción. Aunque la Junta de Gobierno Local ha acabado denegando la licencia de obra solicitada por el Ejecutivo central, el regidor sigue sin cerrar la puerta a que el Palacio del Infantado pueda albergar la vivienda de lujo del duque.

GUADALAJARA.- Con la intención de buscar una fórmula que permitiera llevar a cabo las obras, el Gobierno municipal de Guadalajara, presidido por el conservador Antonio Román, habría ocultado informes técnicos que establecían la imposibilidad de autorizar la construcción del dúplex valorado en medio millón de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende regalar al duque Íñigo de Arteaga y Martín en el Palacio del Infantado.

Informes que datan de hace más de un mes, y cuya existencia habría escondido, deliberadamente, a los miembros de la plataforma Abraza el Infantado, con los que se reunía el pasado 18 de octubre, y a los que trasladó que, si tal y como el informe jurídico encargado por la plataforma señalaba, el Plan de Ordenación Municipal impedía usar el Palacio del Infantado para la vivienda del duque, se denegaría la licencia.

Una negativa a la licencia de obra solicitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, atendiendo a lo decretado por sentencia judicial, que finalmente se ha materializado este martes mediante acuerdo de la Junta de Gobierno. Denegación basada en informes técnicos y jurídicos que datan, el primero de ellos, de hace más de un mes y de los que se desprende la existencia de una incompatibilidad urbanística, recogida en la ordenanza número 9 del Plan de Ordenación Municipal (POM), entre el uso público del Palacio y la existencia de una vivienda privativa dentro del edificio, puesto que la ordenanza solo establece la opción de residencia para guardeses o personal del Palacio.

La licencia se solicitaba, cabe recordar, para construir un dúplex de 340 metros cuadrados al que además habría que dotar de accesos y un ascensor. Una vivienda de lujo en pleno corazón de la ciudad que, de momento, se queda sin licencia de obra.

Según los datos hechos públicos por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, el primero de los informes técnicos municipales que establece dicha imposibilidad de autorizar la construcción de la vivienda del duque en el Palacio del Infantado está fechada el 9 de octubre, mientras que el informe jurídico que lo confirma se realizó siete días después y tiene firma electrónica del día 23.

Por ello, los socialistas consideran que el alcalde "no ha sido todo lo transparente que requería una situación que ha generado tanta sensibilización entre la sociedad de Guadalajara". Y es que, mientras Antonio Román conocía desde el 9 de octubre que el informe de los técnicos era desfavorable respecto a la concesión de la licencia de obra, "no dijo nada", ni siquiera a los representantes de la plataforma Abraza el Infantado, con los que se reunió pocos días después.

Una situación que lleva al PSOE municipal a preguntarse por qué el alcalde ha permanecido en silencio y ha seguido manteniendo que "haría lo que dijeran los técnicos, cuando ya sabía lo que decían". Algo que "tendrá que explicar él", apunta el portavoz socialista, para quien queda claro que "la actuación del Gobierno de España no ha sido la correcta" al gastar "miles de euros en un proyecto que la normativa urbanística de Guadalajara hace inviable", ni tampoco la de Román "en la gestión de una información relevante que él conocía desde el 9 de octubre".

En su opinión, todo esto viene a demostrar que "mientras unos hemos luchado para evitar que se hiciera una vivienda de lujo al duque en el Palacio del Infantado con todos los argumentos posibles, otros han estado especulando para ver si encontraban alguna posibilidad para que se llevara a término" el proyecto. Lo cual, para el PSOE, habría sido "una actuación injusta en el monumento más importante y emblemático" de la ciudad de Guadalajara.

ROMÁN SUGIERE LAS VIVIENDAS EXISTENTES EN EL PALACIO

Una sospecha que el mismo Román parecía este lunes confirmar, al sugerir que "si quieren modificar el proyecto, a juicio de los técnicos municipales, esa vivienda cabría en las viviendas que hay en el propio palacio, como la de la antigua bibliotecaria que ha estado viviendo décadas allí". Palabras con las que el regidor no cierra la puerta a que el Palacio del Infantado pueda albergar una vivienda de lujo para el duque, señalando claramente al Ministerio ‑y al propio duque a la hora de exigir‑ cuál es el camino que debe seguir si mantiene la intención de cumplir la sentencia judicial construyendo la vivienda cuya ejecución se valoraba en alrededor de medio millón de euros.

Frente a esto, desde el PSOE municipal creen que la solución pasa por una negociación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el duque del Infantado, para que la sentencia se cumpla mediante una indemnización, abandonando toda intención de construir una vivienda de lujo en el Palacio.

Por su parte, desde el Grupo Municipal Ahora Guadalajara han mostrado también su satisfacción por la denegación de la licencia de obra, y subrayan la importancia de que la ciudad siga "disfrutando del Palacio del Infantado, como ha hecho hasta ahora" del mismo modo que el Ayuntamiento debe "velar siempre" por el cumplimiento de la normativa urbanística.

Al mismo tiempo, la concejala de Ahora Guadalajara, Susana Martínez, considera que "es el momento de dejar de hablar del dúplex del duque del Infantado y empezar a hablar de las inversiones que necesita y que está esperando desde hace mucho tiempo" este Bien de Interés Cultural. Inversiones para la modernización del Museo de Guadalajara, para nuevos proyectos culturales y turísticos para el edificio "más emblemático y querido" de la ciudad.

Asimismo, desde la formación recuerdan que fue hace un año cuando Ahora Guadalajara advirtió de la intención del Ministerio de Cultura de construir un piso al duque dentro del Palacio del Infantado, a través de un artículo firmado por la exdirectora de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, Blanca Calvo. Desde entonces, subrayan, se han sucedido diversos movimientos, que finalmente han conducido a la denegación de la licencia de obra solicitada por el Ministerio.

NOTICIA TRANQUILIZADORA, PERO CON CAUTELA

Por su parte, desde la plataforma Abraza el Infantado se congratulan por la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

Para este colectivo, que había iniciado una recogida de firmas para pedir que se desistiera del proyecto, esta negativa es "una noticia tranquilizadora", pero prefieren mantener la cautela ante cómo acabará el asunto, puesto que todo se ha producido en cumplimiento de una sentencia que da la razón al duque del Infantado.

Insisten así que con la "excusa" de cumplir una sentencia "no se pueden incumplir las normas urbanísticas". Y es que, apuntan, la normativa urbanística, como muchos vecinos de la ciudad, prioriza los usos culturales del Palacio del Infantado a los "intereses particulares".


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[El karma]

 

[Carolino]

Vaya, no veo por aquí a las adalides de la legalidad.
Deben de estar muy ocupadas contando comas y puntos.

 

[IDOLO]

Vaya, no veo por aquí a las adalides de la legalidad.
Deben de estar muy ocupadas contando comas y puntos.

Están asesorando en Cataluña pero por aquí no parece que les importe ésta "legalidad".