Repaso a la corrupción del Partido Popular

RAJOY HABRÍA COBRADO 15 MILLONES DE PESETAS DE SOBRESUELDOS DURANTE TRES AÑOS

ESTO LO HACÍA CONSTAR LUIS EL CABRÓN, SE LO HA DEJADO ATRÁS EL FISCAL ?

 
Esto de la Corrupción es un no parar:cautious:.Nos van a dejar hasta la tierra intoxicada con las incineradoras a pleno rendimiento, para quemar los documentos de sus trapicheos vergonzantes.
 
Donde están las hojas de reclamaciones.

Un año de Rajoy: las reformas económicas que no ha cumplido mientras discutíamos sobre Catalunya


El PP culmina su primer año en minoría sin concretar algunas reformas que vendió en su programa electoral y que incluso la Comisión Europea le exige para cumplir la normativa comunitaria

Economía
29/10/2017 - 19:30h
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Rajoy en su toma de posesión de octubre de 2016.

El 31 de octubre se cumple un año de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El aniversario es muy triste en el contexto político pero aparentemente dulce en lo económico. Los buenos datos de creación de empleo, expansión económica y saneamiento de las finanzas públicas deberían haber sido el caldo de cultivo ideal para cumplir con la agenda de reformas económicas pendiente.

Pero la parálisis ejecutiva, que lleva desde principios de julio absorbida por el conflicto catalán, mantiene en vilo gran parte de los proyectos pendientes en materia económica. La prórroga presupuestaria no abre la vía a ninguna de sus promesas más inmediatas, como la bajada de impuestos o la creación de empleo público. Pero, además, un importante número de reformas prometidas en el arranque de la legislatura siguen en stand-by, durmiendo en el limbo de la minoría parlamentaria y de las fuertes inercias y resistencias que se dan en los sectores económicos más tradicionales.

Estas son algunas de las reformas que deberían estar operando ya pero que esperan tiempos menos revueltos para ver la luz. Mención aparte merecen la elevada tasa de paro o la desigualdad que sigue estancada, dos problemas pilares del crecimiento que se está fomentado el país pero para los cuales no se han prometido reformas concretas.

La reforma hipotecaria
"La reforma hipotecaria está ya lista para enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley", dijo hace unos días la secretaría de Estado de Comercio y pymes en un foro organizado por Cinco Días. Y en ese trámite se ha quedado estancada en medio de la crisis catalana. El Ejecutivo se enfrenta a una posible sanción después de que Bruselas presentara un recurso contra España (y otros países como Croacia, Chipre y Portugal) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa por el retraso en adaptar una directiva que tenía como fecha límite el 21 de marzo de 2016.

La reforma hipotecaria pretende, además de trasponer la norma, adaptar esta norma tras los últimos varapalos sufridos por la justicia como el de las cláusulas suelo o el fallo de que los gastos hipotecarios no pueden ser asumidos solo por el consumidor. Entre las novedades que incluirá la reforma está que el banco tenga que darle al cliente una ficha con los datos básicos del préstamos y sus escenarios más preocupantes. Además, se deberá advertir de las condiciones y explicar los distintos gastos hipotecarios y quién los asume.

Otra de los puntos que se incluirá es el de controlar las "operaciones vinculadas" en las firmas de hipotecas, es decir, los seguros o las condiciones que obliga a contratar el banco para dar la hipoteca. La nueva ley hipotecaria busca también acabar con el vencimiento anticipado, que permite a los bancos iniciar los trámites de desahucio a partir del tercer mes de impago. La nueva normativa establecerá un umbral de impago que se traspase cuando el cliente en la primera mitad del préstamos deje de pagar un 2% y en la segunda mitad, un 4%.

División del organismo supervisor de la Competencia
En 2013, el Gobierno puso patas arriba el modelo de regulación sectorial y de la competencia con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo cuyo troceo ha exigido Ciudadanos. Su separación en dos entidades independientes (una para la regulación sectorial y otra para la competencia) figuraba en el acuerdo de investidura que la formación naranja y el PP suscribieron en agosto de 2016. En enero, tras sumar también el apoyo del PSOE, Luis de Guindos confirmó en el Congreso su intención de llevar adelante la separación y en marzo el Ministerio de Economía lanzó una consulta pública sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Pero a día de hoy, la separación de la CNMC, que acaba de cumplir cuatro años con un bagaje muy cuestionado, es uno de los muchos incumplimientos de esos “150 compromisos para mejorar España” pactados con Ciudadanos y uno de los que se presentan como más verdes dentro de los proyectos pendientes.

Mercado del gas
En enero pasado, en plena crisis de precios de la luz, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció la creación de la figura de un “creador obligatorio” en el mercado del gas natural para obligar a los operadores dominantes (Gas Natural y Endesa) a ofrecer esa materia prima a terceros e intentar evitar subidas de precios como las que se vivieron esos días, en plena ola de frío y con las centrales de ciclo combinado (gas natural) sosteniendo la cobertura de la demanda. “Esto requiere previamente la fijación de una metodología por parte de la CNMC que ya el viernes pasado fue pedida”; “en cuanto la tengamos, ya daremos cuenta de los siguientes pasos a dar sobre esta medida”, dijo el ministro el 26 de enero pasado en el Congreso. La CNMC realizó su propuesta en marzo, pero la prometida reforma urgente no se ha aprobado a día de hoy en la antesala del frío y con avisos ya de récord de subidas del precio de la luz.

La financiación autonómica
La raíz de muchos de los problemas de Catalunya, la queja por la forma en la que contribuyen a la financiación autonómica, está también in albis. La intención era acabar con los agravios comparativos entre regiones en aspectos como el impuesto de sucesiones y con los problemas de infrafinanciación para unas administraciones que deben lidiar con las competencias de educación, sanidad o dependencia. El ambicioso calendario, que de ningún modo se va a cumplir, suponía su aprobación este mismo año para su entrada en vigor en 2018. A la conferencia de presidentes no acudió el catalán Carles Puigdemont, y Catalunya tampoco participó posteriormente en el comité de sabios que hizo una primera propuesta para la reforma.

Ahora, en plena aplicación (si se cumple lo que parece inevitable) del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana por el proceso secesionista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se relanzan los trabajos. Está por ver cuándo se conforma el siguiente comité de expertos, esta vez más político, que deberá continuar con las discusiones. Las de los expertos técnicos se saldaron con un fuerte grado de desacuerdo y un 40% de su informe lo conformaron los votos particulares.

Los colegios profesionales
Unas de las reformas interruptus por excelencia del Gobierno de Rajoy. La liberalización de los colegios profesionales en España, reclamada por Bruselas en el cénit de la crisis económica, se ha visto pospuesta y relegada una y otra vez desde que el Ejecutivo anunciara su puesta en marcha en 2012. Llegó a anunciarse el día en que se aprobaría el anteproyecto, se celebraron briefing explicativos para periodistas en el Ministerio de Economía sobre su alcance… pero acabó guardada en un cajón a pesar de que el PP contaba con mayoría absoluta en su primera legislatura. Y la historia se repitió casi un año después con una versión “light” de la reforma de lberalización.

Ahora que necesitan el apoyo de otros grupos para sacar adelante las reformas, De Guindos se excusó el pasado marzo delante de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, asegurando que si "mañana mismo" el PSOE, Ciudadanos y PNV apoyasen una propuesta legislativa, el Gobierno daría respaldo a la reforma de la liberalización de los colegios y servicios profesionales.

Las sicavs
Todos los partidos han prometido en mayor o menor medida modificar el beneficioso régimen de las sicav. Incluso el PP aceptó hacer unas mejoras en su pacto de investidura con Ciudadanos que a día de hoy no se han concretado en nada. Ciudadanos reclama que su control pase de la CNMV a la Agencia Tributaria y que pasen de tributar del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades. Además, sólo se computarían a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. De este modo se evitaría la figura del llamado "mariachi".

La trampa de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes son socios de Paj*.
 

David Marjaliza, a su salida de la prisión de Aranjuez.
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Fuente
:
EFE
Marjaliza saca los esqueletos corruptos del PP del armario del procés
El exsocio de Granados vuelve a dar su "máxima colaboración" ante la Justicia para explicar el funcionamiento de la 'Púnica'

MARCOS PARADINAS

@mparadinas
# David marjaliza |francisco granados |caso Púnica |Partido Popular |
0 |


Lun, 30 Oct 2017

Con una pequeña pausa para celebrar el Día de Todos los Santos, este 1 de noviembre, David Marjaliza ha iniciado este lunes el primero de los tres días en que volverá a la Audiencia Nacional para corroborar su confesión sobre los presuntos delitos de la trama Púnica. El que fuera socio de Francisco Granados volverá mañana martes y el próximo jueves, al juzgado de Instrucción número 6, el mismo que pisó en diciembre de 2016, también en una maratoniana sesión de tres días, para ratificar todo lo que dijo en aquellas fechas en que decidió tirar de la manta para poder salir de prisión.

Este reflejo del pasado servirá a las fiscales del caso para apuntalar todas las causas relativas a la empresa Cofely dentro de la trama Púnica. Y, al igual que con las calaveras que adornan en estas fechas las tumbas en México, Marjaliza amenaza con desempolvar varios esqueletos del Partido Popular que en las últimas semanas se habían escondido en el armario del independentismo catalán.

Tras su declaración de este lunes, Marjaliza ha atendido a los medios para confirmar que ha vuelto a prestar su “máxima colaboración” con la Justicia y ha ratificado la declaración que hiciera ante el juez Eloy Velasco, ahora que el magistrado Manuel García Castellón ha tomado las riendas del juzgado.

Pero, sobre todo, Marjaliza ha entregado más documentación sobre el caso y estos días tiene la oportunidad de enfrentarse cara a cara con las defensas del caso, aprovechando que se ha levantado el secreto de sumario del caso Púnica. Y su intervención ayudará a apuntalar las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción, que pretende aprovechar el alzamiento del secreto para citarle en todas las piezas del caso para que pueda colaborar en ellas.



Marjaliza ya explicó ante Velasco el mecanismo de participación de la empresa Cofely en la trama Púnica, con el pago de comisiones de todo tipo a alcaldes de la Comunidad de Madrid a cambio de contratos de eficiencia energética con esta empresa, filial de la compañía energética francesa GDF Suez. Comisiones que iban de los 2.000 a los 500.000 euros, como en el caso de Parla, donde entonces gobernaba el PSOE. Sin embargo, es en el PP donde más deben temer la declaración de Marjaliza; y no solo por el funcionamiento en Collado Villalba, donde asegura que se dio una comisión de 200.000 euros al entonces alcalde, Agustín Juárez.


Sin embargo, son casos ya amortizados: Móstoles, Serranillos del Valle, Valdemoro.... El problema viene con los casos que siguen latentes y con importantes cargos aún en activo. Porque la sombra de Cofely es alargada y cubre buena parte de Madrid… y más allá. En Brunete, pese a su imputación, sigue gobernando Borja Gutiérrez, hombre de confianza de Cristina Cifuentes, a quien García Castellón citó “por diversos delitos contra la Administración Pública por su participación en los procesos de preparación del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Brunete con la mercantil Cofely”.

Y, el caso de Brunete es un espejo de lo ocurrido en Almendralejo (Extremadura), cuyo alcalde, José García Lobato, está acusado por la Guardia Civil de cuatro delitos. En un informe de 124 folios, la Unidad Central Operativa desgrana ante el mismo juez las pruebas de presuntos cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias por un contrato amañado con Cofely que, finalmente, fue frustrado y no se pudo cerrar por el estallido de la Púnica.

O el de Alcalá de Henares, Bartolo González, quien no está imputado pero la UCO investiga las actividades presuntamente delictivas durante su mandato, consistentes en la obtención fraudulenta de adjudicaciones de contratos públicos a la multinacional francesa Cofely. El problema es que Bartolo González sigue ocupando un cargo de diputado en la Asamblea de Madrid, donde Cristina Cifuentes tiene pactado que no puede mantener a imputados. Y si se diera el caso de que fuera imputado, sería la enésima vez que tiene que echar a un diputado para mantener el pacto de Gobierno con Ciudadanos y ahora tiene difícil darles la salida del Senado. Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud.


https://www.elplural.com/politica/2...letos-corruptos-del-pp-del-armario-del-proces
 
Donde están las hojas de reclamaciones.

Un año de Rajoy: las reformas económicas que no ha cumplido mientras discutíamos sobre Catalunya


El PP culmina su primer año en minoría sin concretar algunas reformas que vendió en su programa electoral y que incluso la Comisión Europea le exige para cumplir la normativa comunitaria

Economía
29/10/2017 - 19:30h
Rajoy-presidente-Gobierno-lealtad-responsabilidad_EDIIMA20161031_0256_4.jpg

Rajoy en su toma de posesión de octubre de 2016.

El 31 de octubre se cumple un año de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El aniversario es muy triste en el contexto político pero aparentemente dulce en lo económico. Los buenos datos de creación de empleo, expansión económica y saneamiento de las finanzas públicas deberían haber sido el caldo de cultivo ideal para cumplir con la agenda de reformas económicas pendiente.

Pero la parálisis ejecutiva, que lleva desde principios de julio absorbida por el conflicto catalán, mantiene en vilo gran parte de los proyectos pendientes en materia económica. La prórroga presupuestaria no abre la vía a ninguna de sus promesas más inmediatas, como la bajada de impuestos o la creación de empleo público. Pero, además, un importante número de reformas prometidas en el arranque de la legislatura siguen en stand-by, durmiendo en el limbo de la minoría parlamentaria y de las fuertes inercias y resistencias que se dan en los sectores económicos más tradicionales.

Estas son algunas de las reformas que deberían estar operando ya pero que esperan tiempos menos revueltos para ver la luz. Mención aparte merecen la elevada tasa de paro o la desigualdad que sigue estancada, dos problemas pilares del crecimiento que se está fomentado el país pero para los cuales no se han prometido reformas concretas.

La reforma hipotecaria
"La reforma hipotecaria está ya lista para enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley", dijo hace unos días la secretaría de Estado de Comercio y pymes en un foro organizado por Cinco Días. Y en ese trámite se ha quedado estancada en medio de la crisis catalana. El Ejecutivo se enfrenta a una posible sanción después de que Bruselas presentara un recurso contra España (y otros países como Croacia, Chipre y Portugal) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa por el retraso en adaptar una directiva que tenía como fecha límite el 21 de marzo de 2016.

La reforma hipotecaria pretende, además de trasponer la norma, adaptar esta norma tras los últimos varapalos sufridos por la justicia como el de las cláusulas suelo o el fallo de que los gastos hipotecarios no pueden ser asumidos solo por el consumidor. Entre las novedades que incluirá la reforma está que el banco tenga que darle al cliente una ficha con los datos básicos del préstamos y sus escenarios más preocupantes. Además, se deberá advertir de las condiciones y explicar los distintos gastos hipotecarios y quién los asume.

Otra de los puntos que se incluirá es el de controlar las "operaciones vinculadas" en las firmas de hipotecas, es decir, los seguros o las condiciones que obliga a contratar el banco para dar la hipoteca. La nueva ley hipotecaria busca también acabar con el vencimiento anticipado, que permite a los bancos iniciar los trámites de desahucio a partir del tercer mes de impago. La nueva normativa establecerá un umbral de impago que se traspase cuando el cliente en la primera mitad del préstamos deje de pagar un 2% y en la segunda mitad, un 4%.

División del organismo supervisor de la Competencia
En 2013, el Gobierno puso patas arriba el modelo de regulación sectorial y de la competencia con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo cuyo troceo ha exigido Ciudadanos. Su separación en dos entidades independientes (una para la regulación sectorial y otra para la competencia) figuraba en el acuerdo de investidura que la formación naranja y el PP suscribieron en agosto de 2016. En enero, tras sumar también el apoyo del PSOE, Luis de Guindos confirmó en el Congreso su intención de llevar adelante la separación y en marzo el Ministerio de Economía lanzó una consulta pública sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Pero a día de hoy, la separación de la CNMC, que acaba de cumplir cuatro años con un bagaje muy cuestionado, es uno de los muchos incumplimientos de esos “150 compromisos para mejorar España” pactados con Ciudadanos y uno de los que se presentan como más verdes dentro de los proyectos pendientes.

Mercado del gas
En enero pasado, en plena crisis de precios de la luz, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció la creación de la figura de un “creador obligatorio” en el mercado del gas natural para obligar a los operadores dominantes (Gas Natural y Endesa) a ofrecer esa materia prima a terceros e intentar evitar subidas de precios como las que se vivieron esos días, en plena ola de frío y con las centrales de ciclo combinado (gas natural) sosteniendo la cobertura de la demanda. “Esto requiere previamente la fijación de una metodología por parte de la CNMC que ya el viernes pasado fue pedida”; “en cuanto la tengamos, ya daremos cuenta de los siguientes pasos a dar sobre esta medida”, dijo el ministro el 26 de enero pasado en el Congreso. La CNMC realizó su propuesta en marzo, pero la prometida reforma urgente no se ha aprobado a día de hoy en la antesala del frío y con avisos ya de récord de subidas del precio de la luz.

La financiación autonómica
La raíz de muchos de los problemas de Catalunya, la queja por la forma en la que contribuyen a la financiación autonómica, está también in albis. La intención era acabar con los agravios comparativos entre regiones en aspectos como el impuesto de sucesiones y con los problemas de infrafinanciación para unas administraciones que deben lidiar con las competencias de educación, sanidad o dependencia. El ambicioso calendario, que de ningún modo se va a cumplir, suponía su aprobación este mismo año para su entrada en vigor en 2018. A la conferencia de presidentes no acudió el catalán Carles Puigdemont, y Catalunya tampoco participó posteriormente en el comité de sabios que hizo una primera propuesta para la reforma.

Ahora, en plena aplicación (si se cumple lo que parece inevitable) del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana por el proceso secesionista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se relanzan los trabajos. Está por ver cuándo se conforma el siguiente comité de expertos, esta vez más político, que deberá continuar con las discusiones. Las de los expertos técnicos se saldaron con un fuerte grado de desacuerdo y un 40% de su informe lo conformaron los votos particulares.

Los colegios profesionales
Unas de las reformas interruptus por excelencia del Gobierno de Rajoy. La liberalización de los colegios profesionales en España, reclamada por Bruselas en el cénit de la crisis económica, se ha visto pospuesta y relegada una y otra vez desde que el Ejecutivo anunciara su puesta en marcha en 2012. Llegó a anunciarse el día en que se aprobaría el anteproyecto, se celebraron briefing explicativos para periodistas en el Ministerio de Economía sobre su alcance… pero acabó guardada en un cajón a pesar de que el PP contaba con mayoría absoluta en su primera legislatura. Y la historia se repitió casi un año después con una versión “light” de la reforma de lberalización.

Ahora que necesitan el apoyo de otros grupos para sacar adelante las reformas, De Guindos se excusó el pasado marzo delante de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, asegurando que si "mañana mismo" el PSOE, Ciudadanos y PNV apoyasen una propuesta legislativa, el Gobierno daría respaldo a la reforma de la liberalización de los colegios y servicios profesionales.

Las sicavs
Todos los partidos han prometido en mayor o menor medida modificar el beneficioso régimen de las sicav. Incluso el PP aceptó hacer unas mejoras en su pacto de investidura con Ciudadanos que a día de hoy no se han concretado en nada. Ciudadanos reclama que su control pase de la CNMV a la Agencia Tributaria y que pasen de tributar del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades. Además, sólo se computarían a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. De este modo se evitaría la figura del llamado "mariachi".

La trampa de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes son socios de Paj*.
Que buenos amigos los de la foto...
 
Es sorprendente lo que está pasando en un país que dice que esto es un Estado de Derecho.La corrupción se generaliza y campando a su anchas.Un gobierno en minoría que hace y deshace instiruciones como le da la gana.No se reunen con el Congreso de los diputados, para explicar sus medidas antisociales que es el verdadero órgano que representa a todos los españoles.El 155 se ha sacado de contexto y me temo que está para quedarse.Se van a cepillar a los que protesten por sus políticas represivas y finalmente se convertirán en lo que en el fondo son,la extrema-derecha, que han tratado de ocultar durantes todos estos años.El tiempo dará cumplimiento de estas palabras.Por desgracia para todos no es solo especulación.Se ven venir.
 
El Gobierno justifica el alquiler de camiones que dificultaron grabar la llegada de Rajoy a la Audiencia Nacional


Agentes de la policía guiaron a los camiones de alquiler y les indicaron dónde aparcar: en la puerta de la entrada, donde dificultaron el trabajo de los reporteros gráficos

Fuentes policiales confirmaron a eldiario.es el día en que Rajoy declaró como testigo en el juicio de Gürtel que las Fuerzas de Seguridad alquilaron esos vehículos

eldiario.es Política
01/11/2017 - 12:00h
Camiones-Audiencia-Nacional-Fernando-Henares_EDIIMA20170726_0198_25.jpg

Estos son los camiones aparcados a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional el día de la declaración de Rajoy.

Interior coloca dos camiones que han dificultado grabar a Rajoy en la Audiencia Nacional
El Gobierno justifica el alquiler de dos camiones que dificultaron a los periodistas grabar y fotografiar la llegada de Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional el día que declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel. Agentes de la Policía guiaron y colocaron los tráilers en la entrada de los coches de la sede judicial en San Fernando de Henares, en un lugar estratégico, en el que no había más vehículos, y en el que dificultaban a los reporteros gráficos tomar imágenes de la llegada y la salida del presidente del Gobierno.

En una respuesta por escrito al senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo justifica la colocación de los camiones y la enmarca dentro del dispositivo de seguridad que conllevó el desplazamiento de Rajoy a la Audiencia que siguió "los protocolos habituales de seguridad con el fin de garantizar la misma en el entorno donde debía desarrollarse la intervención del presidente".




A pesar de que el parlamentario preguntó específicamente si esos camiones habían sido alquilados el pasado 26 de julio por las Fuerzas de Seguridad así como por su coste, el Gobierno elude responder y se limita a justificar su presencia –sin citarla– en el sistema de seguridad de Rajoy.

Fuentes policiales confirmaron ese mismo día a eldiario.es que esos camiones fueron alquilados por las Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio del Interior.

https://twitter.com/JonInarritu/status/925660582283546624
Jon Inarritu @JonInarritu

¿Recordáis el #camiongate? Los camiones q dificultaron la toma d imágenes d Rajoy en la AN fueron colocados y pagados x el M. dl Interior
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10:47 - 1 nov. 2017
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La colocación de esos vehículos dificultaron a los reporteros gráficos tener buen tiro de cámara ya que impedían que, salvo las personas que trabajaban en las unidades móviles que estaban en el camino de entrada, nadie más pudiera apostarse para tomar fotos: había que salir del perímetro que montó la policía. Aquel día no había más vehículos en el perímetro que rodea el edificio de la Audiencia Nacional.

El despliegue de medidas de seguridad fue inusual en la jornada de la declaración de Rajoy, incluso para tratarse de un acto en el que participa el presidente del Gobierno. Los agentes montaron un primer control de seguridad a 300 metros de la puerta de la Audiencia Nacional, donde se registraba las mochilas de los periodistas acreditados. Ya a la entrada de la sede había que atravesar otro control, el habitual para entrar al tribunal, donde las mochilas pasan por un escáner y hay que atravesar un arco detector de metales.

El PP alegó, en su intento de que Rajoy declarase por videoconferencia, que su desplazamiento necesitaba de unas medidas de seguridad extraordinarias. El tribunal se sorprendió de esa afirmación por ser la sede de la Audiencia Nacional un lugar más seguro que los "mercados" a los que Rajoy acude habitualmente durante las campañas electorales.

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-dificultaron-Rajoy-Audiencia-Nacional_0_703429799.html

¿Esto no se considera malversación de dinero público? Se contratan camiones para proteger a Rajoy de la vista de los periodistas a cargo del erario público. ¿Nadie cuestiona nada? ¡Que vergüenza de Gobierno español!
 
Cinco senadores genoveses bajo sospecha
El caso de Pilar Barreiro no es el único, la Cámara Alta es un comodín para reubicar a genoveses con problemas por corrupción

LOS GENOVESES

@LosGenoveses
# Senado |PP |corrupción |Tribunal Supremo |aforados |
7 |
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Vie, 20 Oct 2017

No es ningún secreto que el Senado para algunos genoveses que han tenido o tienen problemas con los tribunales de justicia ha sido y sigue siendo un apartamento de lujo con formato de escaño y aforamiento incluido. Un rápido repaso alfabético así lo acredita. Para los más distraídos, aquí os recordamos algunosde los casos más conocidos agrupados en 3 bloques:

1. Ex senadores que están siendo juzgados

Luis Bárcenas Gutiérrez, ex Tesorero Nacional del PP, hoy doblemente procesado en el Caso Gürtel. Fue senador electo por Cantabria.

Jesús Sepúlveda Recio, ex Alcalde Pozuelo (Madrid) procesado por la PS 1999-2005 de Gürtel. Ocupó un escaño por Murcia.

Francisco Granados Lerena, ex Secretario General del PP de Madrid y Consejero durante los gobiernos de Esperanza Aguirre. Designado senador territorial por la Asamblea de Madrid. En estos momentos está siendo investigado por el Caso Púnica.

2. Senadores que continúan siéndolo tras pasar por el Supremo

También los hay que gracias a su aforamiento, sus causas fueron investigadas por el Tribunal Supremo donde fueron in extremis archivadas a pesar de las evidencias más que evidentes. Sin animo exhaustivo valgan como muestra dos ejemplos:

José Manuel Barreiro Fernández. Senador por Pontevedra y actual Portavoz del GPP en la Cámara Alta. En dos ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado dos causas abiertas contra el. En la primera, tras elogiar la exposición razonada que había enviado la jueza del Caso Pokemon, rechaza abrirle causa por los supuestos delitos de malversación y cohecho porque por el momento no existen indicios suficientes. Como algún lector recordará en un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que depende de la Agencia Tributaria y lleva el peso de la investigación en la operación Pokemon, los agentes encargados del caso formulaban la sospecha de que Barreiro pudo haber recibido dinero en mayo de 2011 del delegado en Galicia del grupo Vendex, José María Tutor. En la segunda causa, la investigación deriva de otro informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que señalaba a una veintena de cargos de Galicia y de otras zonas de España entre los que se citaba, al senador Barreiro por haber recibido regalos de un empresario también investigado en el Caso Pokemon. El TS cerró el asunto señalando que los regalos responden a actos de cortesía y no comprometieron la imparcialidad de los aforados en su ejercicio de las funciones públicas. Para el Supremo la naturaleza de los regalos navideños, botellas de vino, y su valor no puede considerarse excesiva, y se encuentra dentro del marco de la adecuación social de los regalos, careciendo de entidad para influir en el ejercicio de la función pública, sin que existan indicios de la relación causal exigida por el tipo penal.

Juan José Imbroda Ortiz. Presidente de la Ciudad de Melilla y senador electo desde el año 2000. Tras una exposición motivada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla acusando a Imbroda de prevaricación por contratar irregularmente a un abogado, el instructor de TS, tras reconocer que había dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que unía al citado letrado con la ciudad y por tanto si era necesario o no tramitar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación, decidió archivarlo aún reconociendo que "la actuación del aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo, o que se dé por buena una de las interpretaciones contractuales discutidas en el presente supuesto, sino que se entiende que su actuar no es delictivo".

María José García Pelayo. Ex alcaldesa de Jerez. El juez De la Mata de la Audiencia Nacional que instruía la “PS Jerez del Caso Gürtel" envió una exposición motivada al Tribunal Supremo para que juzgara a la entonces senadora electa por Cádiz. La acusaba de un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de falsificación. La Fiscalía del Tribunal Supremo informó favorablemente pero hete aquí que el juez instructor Antonio Del Moral decide que la alcaldesa no benefició a la red de corrupción de forma consciente aunque reconoce que hay indicios de delito porque se trató de una decisión "arbitraria" que fue adoptada "al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas – tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”. Admite el juez que para que se pudieran hacer efectivos esos contratos tenían que llevar la firma del alcaldesa, pero concluye que lo hizo sin saber que aquello era arbitrario. Y por ello exculpa a la exalcaldesa de cualquier responsabilidad : "No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma". En estos momentos García Pelayo continua aforada pero como Diputada al Congreso.

3. Senadores con problemas judiciales

Y finalmente hay un lote de actuales senadores que si lo son es a sabiendas y con el visto bueno de las direcciones nacionales y regionales del PP ya que saben bien que diferentes tribunales de justicia, directa o indirectamente, les siguen la pista por sus vinculaciones con causas abiertas de corrupción. También si ánimo exhaustivo os hemos seleccionado los siguientes ejemplos que como se verá son poco ejemplarizadores:

Pilar Barreiro Álvarez. Senadora electa por Murcia y ex alcaldesa de Cartagena. El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, en su momento instructor del Caso Púnica, envió al Tribunal Supremo una exposición motivada acusándola de cometer presuntamente los delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Fiscalía del Tribunal Supremo informó favorablemente para que fuera admitida la competencia y la Sala de lo Penal acaba abrir causa designando como juez instructora a Ana Ferrer.

Pedro Alonso Sanz. Senador electo por La Rioja y en la actualidad Vicepresidente de la Mesa de la Cámara Alta. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Logroño ha remitido al Tribunal Supremo una exposición motivada acusando al que fuera ex Presidente de la C.A de la Rioja de un delito urbanístico al ampliar su chalé sin la oportuna licencia y en contra de la normativa municipal. La Fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, a la sazón ex Fiscal General del Estado, ha informado favorablemente para que el Alto Tribunal se declare competente.

José Luis Sanz Ruiz. Senador electo por Sevilla y Alcalde de Tomares. La Fiscalía de Sevilla ha pedido al juzgado de instrucción 8 de Sevilla que remita al Tribunal Supremo una exposición razonada para investigar al senador por la adjudicación fraudulenta de contratos municipales. Ya que considera que existen indicios de su participación en un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. En total, se investigan contratos por valor de 800.000 euros adjudicados entre 2007 y 2014 a un “entramado empresarial” creado con el fin de “resultar únicos adjudicatarios” de servicios del municipales, “contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares”.

Jaime González Taboada. Ex Consejero Medio Ambiente, Administración. Local y Ordenación del Territorio (2015-2017) en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Su nombre aparece con profusión en el sumario del Caso Púnica por su controvertida gestión del Plan Prisma durante su larga etapa como Director General de Cooperación Local (2003-2015). Tras ser cesado como Consejero, tras constatar Cifuentes que los principales colaborares de Taboada están siendo investigados, decide aforarle y designarle senador territorial. El juez García Castellón, instructor del Caso Púnica continúa con la investigación y está tomando declaración en calidad de investigados a todos los miembros de las Mesas de Contratación que adjudicaron contratos a empresas relacionadas con este caso de corrupción.

Juan Soler Espiauba. Ex alcalde de Getafe y senador territorial designado por la Asamblea de Madrid con el visto bueno de Cristina Cifuentes. Su gestión en este municipio aparece en varios informes policiales remitidos al juez Francisco Javier Achaerandio, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe. Se investigan las presuntas irregularidades en la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe en el antiguo Teatro Madrid así como la adjudicación de cuatro contratos para la redacción de otros tantos proyectos urbanísticos en el municipio del que el era alcalde.

Acabamos ya recordando un hecho que ni es casual ni fortuito como es que el actual Presidente del Senado, Pío García Escudero, IV Conde Badarán, haya declarado dos veces como testigo en el Caso Gürtel. La primera en su despacho oficial por aparecer su nombre en “Los papeles de Bárcenas” y la segunda por la financiación del PP de Madrid en el juicio oral que sobre la Primera Época gurteliana se está celebrando en la Audiencia Nacional. Lo dicho, ni casual ni fortuito. Seguiremos informando.

https://www.elplural.com/los-genoveses/2017/10/20/cinco-senadores-genoveses-bajo-sospecha
 
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Púnica: A Cifuentes se le acaba el tiempo de prórroga
Tatiana Recoder Vallina, letrada de la Asamblea de Madrid, declara hoy como investigada ante el juez de 'Púnica'

LOS GENOVESES

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Mar, 17 Oct 2017

Para la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y Presidenta regional del PP el calendario del Caso Púnica se le viene encima. Tras intoxicar durante meses a propios y extraños negando que ella tuviera algo que ver con los hechos que se están juzgando en la Audiencia Nacional, el juez García Castellón con el apoyo expreso de las Fiscales ha decidido llamar a declarar como investigada a Tatiana Recoder Vallina.

Para la inmensa mayoría de nuestros lectores ni su nombre ni sus apellidos le serán familiares. Y no es para menos. De hecho hasta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil decide por indicación del juez Velasco y de las fiscales adscritas a este caso, investigar la presunta financiación del PP de Madrid, esta letrada de la Asamblea de Madrid era una perfecta y desconocida funcionaria.

Sin embargo, a partir de esas primeras investigaciones, su nombre aparece vinculado a la adjudicación de un contrato a Arturo Fernández, empresario estrechamente ligado al PP de Madrid. Esta adjudicación forma parte de otros muchos contratos que recibió de diferentes instituciones gobernadas por los genoveses madrileños.

Y es sobre este contrato del 2009, al que luego le siguió otro en el 2011, por el que Tatiana Recoder comparece ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6. Sobre su CV además de trabajar entre el 2001-2003 en el despacho Garrigues, obtuvo en el 2004 por oposición la plaza de Letrada de la Asamblea de Madrid. Ha sido Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica entre el 8 de julio de 2008 y el 3 de marzo de 2010 y Directora de Gestión Parlamentaria entre abril del 2010 y julio 2014. Desde el 2014 es letrada de varias Comisiones.

En cuanto a los hechos por el que está siendo investigada estos son los más relevantes:

- El 24 de Marzo del 2009 en su calidad de Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica informó favorablemente sobre el borrador del pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid.

- El 5 de junio el Comité de Expertos, del que formaba parte junto a Cristina Cifuentes Cuencas (Vicepresidenta 1ª de la Asamblea) y María Merino Muñoz(Jefa de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidenta de la Asamblea), aprobó proponer al GRUPO CANTOBLANCO COLECTIVIDADES, S.L, cuyo propietario es Arturo Fernández, la adjudicación del contrato.

- El 19 de junio del 2009 la Mesa de Contratación, presidida también por Cristina Cifuentes, propuso a la Mesa de la Asamblea la adjudicación del contrato al GRUPO CANTOBLANCO COLECTIVIDADES, S.L

- El 22 de julio 2009 Elvira Rodríguez Herrer , Presidenta de la Asamblea, firmó la resolución por la que se acordó la adjudicación definitiva al GRUPO CANTOBLANCO COLECTIVIDADES, S.L

Hasta aquí unos hechos, por otro lado, fácilmente constatables que llevaron a la UCO a que el 9 de marzo del 2017 decidieran tomarla declaración como investigada en relación a la presunta comisión de un supuesto delito de PREVARICACIÓN en relación a la adjudicación al citado Grupo Cantoblanco. A esta declaración hay que añadir la que hicieron otros 2 vocales de los Comités de Expertos que informaron favorablemente en las adjudicaciones del 2009 y 2011. El tercer miembro y Presidenta de ambos Comités de Expertos, era Cristina Cifuentes que por razón de su aforamiento no ha declarado aún.

En junio del 2017, Tatiana Recoder se negó a declarar ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción política constituida en la Asamblea de Madrid.

Sobre su declaración ante la UCO apenas se sabe nada salvo lo que se ha ido publicando por algunos medios de comunicación. Negó que como letrada participara en los criterios que se utilizaron para el borrador de pliegos de contratación y que su informe fue estrictamente jurídico limitándose a verificar que el órgano y el procedimiento fueran los adecuados. Sobre la incompatibilidad de Cristina Cifuentes de simultanear la Presidencia del Comité de Expertos y de la Mesa de Contratación negó que ella supiera con antelación que era la Presidenta de la citada Mesa. Tampoco supo o no quiso explicar por qué se valoró más la oferta del Grupo Cantoblanco (Arturo Fernández) que la ofertada por las otras 2 empresas por el hecho de haber trabajado el primero más para el sector público que para el privado. En todo caso, como es habitual en este tipo de comparecencias, alegó que había pasado ya mucho tiempo desde los hechos acaecido en el 2009 y que apenas se acordaba de nada.

Pero más allá de sus vaguedades y lagunas, y a la espera de que se vayan conociendo en los próximos días y semanas el contenido de su declaración de hoy ante el juez, fiscales y acusaciones populares, el hecho cierto es que muy a pesar de Cifuentes a esta primera declaración se añadirán en breve previsiblemente la de los otros 2 vocales , María Merino Muñoz y Arturo Zubiri García así como la de otros testigos e investigados. Y si esto es así lo razonable es que, como bien se señala en los informes de la UCO, más pronto que tarde tendrá que dar también en sede judicial explicaciones sobre las decisiones que se tomaron entonces bajo su doble presidencia y que culminaron en la adjudicación de los contratos al empresario donante del PP, Arturo Fernández. Mientras esto sucede os seguiremos informando.

https://www.elplural.com/los-genoveses/2017/10/17/punica-cifuentes-se-le-acaba-el-tiempo-de-prorroga
 
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