Repaso a la corrupción de Unidas Podemos

Uno de los compinches de Iglesias pagó 21.618 € de deudas de CEPS tras recibir dinero de narcodictaduras

Podemos Pablo Iglesias
Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente de la Generalitat Valenciana
Más de 4,1 millones de euros llegaron a las arcas de CEPS procedentes de Venezuela durante los años en los que el actual vicepresidente valenciano Rubén Martínez Dalmau era el hombre clave de esta fundación ligada a Podemos. En su equipo se encontraban Pablo Iglesias y Antonio de Cabo de la Vega. Y este segundo protagonista figura como “titular” en el documento de pago en ventanilla de una deuda de CEPS abonada hace un año y que se realizó por medio del abono de 21.618,70 euros.
El abono por medio de “carta de pago” se efectuó el 20 de septiembre del pasado año. Se abonó en una ventanilla de una sucursal del Banco Santander de la Calle Gran Vía de Madrid, sin que se comunicase el autor del pago. La Conselleria de Participación y Transparencia de la Comunidad Valenciana, de hecho, esgrimió esta circunstancia para no desvelar quién abonó los 21.618.70 euros que CEPS.
El documento, sin embargo, deja claro que el titular del pago de Antonio de Cabo de la Vega, uno de los ocho compañeros de Pablo Iglesias en el Consejo Ejecutivo de CEPS en los años en los que lograban 1,36 millones de euros de Venezuela y más de 360.000 euros de Ecuador.


Toda la historia procede de una subvención concedida a CEPS en 2010. La ayuda se le adjudicó para un proyecto de ‘Gènere i democracia en América Latina’.
En 2015, fue la propia administración autonómica la que consideró que la subvención no se había justificado debidamente, motivo por el que se solicitó la devolución de la totalidad de la ayuda: el importe ascendía a 25.335 euros.


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Uno de los compinches de Iglesias pagó 21.618 € de deudas de CEPS tras recibir dinero de narcodictaduras
Las alegaciones de la Fundación CEPS hicieron que el importe a devolver se redujera hasta la cantidad de 15.625,96 euros. Todo ello, con la inestimable ayuda de la ahora directora de relaciones institucionales de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana, Adoración Guamán Hernández.
Al final, la cifra acabó elevándose hasta los 21.618,70 euros debido a los intereses de demora generados por la dificultad que tuvo la Generalitat para comunicar el procedimiento a CEPS y cobrar la cuantía. Y es que la Fundación entró en proceso de disolución en 2016.
Transparencia, en respuesta al requerimiento de información que realizó el PP valenciano en su momento, incluyó la contestación facilitada por la Agencia Tributaria Valenciana, que en un documento explicaba que el pago de los 21.618,70 euros se realizó por ventanilla.
La documentación aclara que el abono se realizó mediante una carta de pago, recogida el 29 de julio de 2019 en la conselleria por Isabel Luján Gimeno, en calidad de ‘patrona de la Fundación CEPS’.
En mayo de 2019, el presidente de esa entidad, Antonio de Cabo de la Vega, presentó un recurso de reposición a la Dirección General de Cooperación, exigiendo la suspensión del pago. La Conselleria rechazó en junio esta petición.
Dinero de narcodictaduras
Hay que recordar que la Fundación CEPS, principal impulsora de Podemos, logró convertirse en una gran captadora de fondos de narcodictaduras. Sólo de la venezolana recibió entre los años 2004 y 2013 un total de 4,196 millones de euros, según las propias cuentas de CEPS, a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Durante esa etapa hubo una figura primordial, al margen del periodo en el que el propio Pablo Iglesias formó parte del Consejo Ejecutivo. Se trata de Rubén Martínez Dalmau, podemita y actual vicepresidente segundo del Gobierno de la Comunidad Valenciana que encabeza el socialista Ximo Puig. Él llegó a ser presidente del patronato de la Fundación y miembro casi eterno del Consejo Ejecutivo. Y, tal y como señala la documentación de CEPS, todos los que tomaban parte en las actividades, eran “beneficiarios” de los fondos.
No se trata, además, del único bastión valenciano en la estructura de CEPS, ni mucho menos. De hecho, tampoco se trata del único cargo aupado por Podemos al Gobierno valenciano y con estrecha vinculación a CEPS y a la captación de fondos millonarios.
CEPS captaba fondos de dictaduras y convertía en “beneficiarios” de esos fondos a quienes intervenían en los supuestos trabajos de investigación y asesoría a regímenes políticos populistas, especialmente en el continente americano. El actual vicepresidente del Gobierno era en los años 2008 y 2009 miembro destacado del Consejo Ejecutivo de la Fundación. Era nada menos que el responsable del área de Investigación. Pero el listado de beneficiarios era largo. Y con profundo acento valenciano.
En total, el Consejo Ejecutivo estaba compuesto por nueve personas en la etapa de máximo protagonismo de Pablo Iglesias. Sus compañeros eran Rubén Martínez Dalmau -vicepresidente segundo del Gobierno de la Comunidad Valenciana en estos momentos-; Alberto Montero Soler -hasta hace cuatro años diputado nacional de Podemos y el profesor de la Universidad de Málaga que contrató a Errejón para estudiar la vivienda en Andalucía sin moverse de Madrid-; Adoración Guamán Hernández -recién aupada a directora general de Coordinación Institucional por Martínez Dalmau-; Fabiola Meco Tébar -diputada autonómica de Podemos-; Antonio de Cabo de la Vega -profesor de la Complutense ligado a la corriente de Carolina Bescansa y muy cercano a Gerardo Pisarello-; Roberto Viciano Pastor -impulsor de CEPS y de todo lo que ha rodeado a Podemos-; José Manuel de Pablos e Isabel Luján Gimeno, igualmente del entorno de Podemos.
Todos ellos podían acogerse al punto que determinaba que aquello que intervenían en las labores eran “beneficiarios” de la Fundación.
Martínez Dalmau, además, ha sido vicepresidente del patronato de la Fundación CEPS y de su Consejo Ejecutivo hasta 2007. A partir de 2008 ocupó los cargos de presidente tanto del patronato como del Comité Ejecutivo de CEPS

 
Exdiputados de Podemos quieren personarse en el caso Neurona: "Queremos saber dónde acabó nuestro dinero"
Cargos del partido preparan para los próximos días una petición al juez que instruye la causa sobre la relación entre la consultora y Podemos en un supuesto caso de malversación y administración desleal
El vicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias en el Senado

El vicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias en el Senado Europa Press
LUCA COSTANTINI
PERFIL
EMAILTWITTER

PUBLICADO 24/09/2020 04:45ACTUALIZADO24/09/2020 04:45
Cargos y excargos de Podemos tanto en el Congreso como en el Senado estudian lanzar una ofensiva para personarse en el caso Neurona que investiga el juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Se trata de dirigentes del partido morado que quieren saber "dónde acabó" el dinero que donaron a lo largo de su actividad parlamentaria, según explican fuentes conocedoras de ese movimiento a Vozpópuli, y que se muestran alarmados ante la sospecha de un enriquecimiento encubierto de la cúpula de la formación.
MÁS INFO
La cuestión no es baladí. El juez Juan José Escalonilla está investigando, después de una denuncia del Tribunal de Cuentas, si Podemos incurrió en un posible caso de malversación y administración desleal. Son tres las pistas que está siguiendo: la cuenta paralela o B del partido, también conocida como Caja de Resistencia; la reforma de la nueva sede de Podemos y los centenares de miles de euros entregados por el partido de Pablo Iglesias a una consultora, Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero y que trabajó para la campaña electoral de la formación en 2019.
Las informaciones que van saliendo sobre los encargos de Podemos a Neurona, en muchos casos desveladas por este diario, han generado malestar en el partido. Más allá de los miembros de la cúpula de Podemos que el juez ha llamado a declarar, entre representantes del partido crece el número de los que quieren tener información actualizada y de primera mano, y sobre todo saber si de alguna manera se desvió el dinero que donaron durante la pasada legislatura.
"Perjudicados" como afiliados
La fórmula que están barajando es la de personarse como acusación particular. Se ven “perjudicados” por dos motivos: siendo afiliados quieren saber cómo se ha gastado el dinero del partido, y concretamente “dónde acabó” la donación que cada mes consistía en un 30% de su sueldo. “Si no lo han usado para lo que se dijo, que me lo devuelvan”, llega a comentar una de las personas que se consideran potencialmente afectadas por una supuesta irregularidad.
Algunos diputados de Podemos revelan que a lo largo de su etapa en el Congreso y el Senado obtuvieron varios recibos de sus donaciones, todos vinculados a dos cuentas corrientes diferentes. “¿Este dinero se ha ido a las donaciones o al bolsillo de algunos?”, pregunta uno de estos dirigentes interesados en personarse en el juicio.
El tema de las donaciones es muy sensible en Podemos. Los diputados del partido que durante años han entregado religiosamente parte de su salario creen que la cúpula no hizo lo mismo. Desde 2017, Podemos mantiene la máxima confidencialidad sobre su recaudación y el gasto de estas donaciones. Los encargos a la consultora de Monedero, en la que figura como “director” de proyecto, hicieron saltar todas las alarmas.
Juan Carlos Monedero en Madrid

Juan Carlos Monedero en Madrid Europa Press
La 'caja b'
Parte del dinero de las donaciones acaba en la llamada caja B o Caja de Resistencia. Se trata de una cuenta bancaria registrada en la Caja de Ingenieros (la entidad que financió el préstamo para la compra del chalet del secretario general) que según varias fuentes internas del partido alcanzó una suma de al menos 400.000 euros.
Ese dinero tenía que ser destinado a proyectos sociales, pero nadie en el partido --excluyendo a los de la Ejecutiva-- sabe cómo y cuándo se invirtieron los fondos. En la investigación del juez Escalonilla, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, se detectó una transferencia sospechosa de unos 50.000 euros a una sociedad que algunos vinculan a Rafa Mayoral.
El dirigente madrileño es el responsable de la Caja de Resistencia y el temor es que de manera directa o indirecta haya utilizado el dinero de manera inoportuna. Mayoral es también fundador de Kinema, otra empresa de la órbita de Podemos, que trabaja para el partido y sobre cuya actividad algunos sostienen que existe un conflicto de intereses.
"Que nos llamen a declarar"
Cabe señalar que aunque el juez Escalonilla, según fuentes judiciales, quiere investigar a fondo el caso Neurona, la Fiscalía de Madrid ha pedido ignorar las sospechas sobre la caja B y la reforma de la sede del partido. La pelota sigue, no obstante, en el tejado del juez. Mientras que el vicepresidente Iglesias ha desafiado a los denunciantes afirmando públicamente que "se investigue hasta el final" y que él está dispuesto a ir a "declarar si eso ayuda".
Si finalmente los exdiputados y cargos de Podemos se personan en la causa, tendrán acceso directo a información relevante del caso. A la vez, podrán aportar información en una investigación que amenaza con sacudir al partido que se fundó en 2014 prometiendo luchar contra la corrupción y la vieja política.
Nadie duda, además, que puedan sumarse algunas de las corrientes críticas del partido, e incluso ex miembros de Podemos interesados en promover un liderazgo alternativo al de Iglesias, y por el otro a lanzar nuevas siglas en ese mismo espacio político. La evolución de la situación judicial determinará sin duda el presente y futuro de Podemos

 
Exdiputados de Podemos quieren personarse en el caso Neurona: "Queremos saber dónde acabó nuestro dinero"
Cargos del partido preparan para los próximos días una petición al juez que instruye la causa sobre la relación entre la consultora y Podemos en un supuesto caso de malversación y administración desleal
El vicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias en el Senado

El vicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias en el Senado Europa Press
LUCA COSTANTINI
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PUBLICADO 24/09/2020 04:45ACTUALIZADO24/09/2020 04:45
Cargos y excargos de Podemos tanto en el Congreso como en el Senado estudian lanzar una ofensiva para personarse en el caso Neurona que investiga el juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Se trata de dirigentes del partido morado que quieren saber "dónde acabó" el dinero que donaron a lo largo de su actividad parlamentaria, según explican fuentes conocedoras de ese movimiento a Vozpópuli, y que se muestran alarmados ante la sospecha de un enriquecimiento encubierto de la cúpula de la formación.
MÁS INFO
La cuestión no es baladí. El juez Juan José Escalonilla está investigando, después de una denuncia del Tribunal de Cuentas, si Podemos incurrió en un posible caso de malversación y administración desleal. Son tres las pistas que está siguiendo: la cuenta paralela o B del partido, también conocida como Caja de Resistencia; la reforma de la nueva sede de Podemos y los centenares de miles de euros entregados por el partido de Pablo Iglesias a una consultora, Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero y que trabajó para la campaña electoral de la formación en 2019.
Las informaciones que van saliendo sobre los encargos de Podemos a Neurona, en muchos casos desveladas por este diario, han generado malestar en el partido. Más allá de los miembros de la cúpula de Podemos que el juez ha llamado a declarar, entre representantes del partido crece el número de los que quieren tener información actualizada y de primera mano, y sobre todo saber si de alguna manera se desvió el dinero que donaron durante la pasada legislatura.
"Perjudicados" como afiliados
La fórmula que están barajando es la de personarse como acusación particular. Se ven “perjudicados” por dos motivos: siendo afiliados quieren saber cómo se ha gastado el dinero del partido, y concretamente “dónde acabó” la donación que cada mes consistía en un 30% de su sueldo. “Si no lo han usado para lo que se dijo, que me lo devuelvan”, llega a comentar una de las personas que se consideran potencialmente afectadas por una supuesta irregularidad.
Algunos diputados de Podemos revelan que a lo largo de su etapa en el Congreso y el Senado obtuvieron varios recibos de sus donaciones, todos vinculados a dos cuentas corrientes diferentes. “¿Este dinero se ha ido a las donaciones o al bolsillo de algunos?”, pregunta uno de estos dirigentes interesados en personarse en el juicio.
El tema de las donaciones es muy sensible en Podemos. Los diputados del partido que durante años han entregado religiosamente parte de su salario creen que la cúpula no hizo lo mismo. Desde 2017, Podemos mantiene la máxima confidencialidad sobre su recaudación y el gasto de estas donaciones. Los encargos a la consultora de Monedero, en la que figura como “director” de proyecto, hicieron saltar todas las alarmas.
Juan Carlos Monedero en Madrid

Juan Carlos Monedero en Madrid Europa Press
La 'caja b'
Parte del dinero de las donaciones acaba en la llamada caja B o Caja de Resistencia. Se trata de una cuenta bancaria registrada en la Caja de Ingenieros (la entidad que financió el préstamo para la compra del chalet del secretario general) que según varias fuentes internas del partido alcanzó una suma de al menos 400.000 euros.
Ese dinero tenía que ser destinado a proyectos sociales, pero nadie en el partido --excluyendo a los de la Ejecutiva-- sabe cómo y cuándo se invirtieron los fondos. En la investigación del juez Escalonilla, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, se detectó una transferencia sospechosa de unos 50.000 euros a una sociedad que algunos vinculan a Rafa Mayoral.
El dirigente madrileño es el responsable de la Caja de Resistencia y el temor es que de manera directa o indirecta haya utilizado el dinero de manera inoportuna. Mayoral es también fundador de Kinema, otra empresa de la órbita de Podemos, que trabaja para el partido y sobre cuya actividad algunos sostienen que existe un conflicto de intereses.
"Que nos llamen a declarar"
Cabe señalar que aunque el juez Escalonilla, según fuentes judiciales, quiere investigar a fondo el caso Neurona, la Fiscalía de Madrid ha pedido ignorar las sospechas sobre la caja B y la reforma de la sede del partido. La pelota sigue, no obstante, en el tejado del juez. Mientras que el vicepresidente Iglesias ha desafiado a los denunciantes afirmando públicamente que "se investigue hasta el final" y que él está dispuesto a ir a "declarar si eso ayuda".
Si finalmente los exdiputados y cargos de Podemos se personan en la causa, tendrán acceso directo a información relevante del caso. A la vez, podrán aportar información en una investigación que amenaza con sacudir al partido que se fundó en 2014 prometiendo luchar contra la corrupción y la vieja política.
Nadie duda, además, que puedan sumarse algunas de las corrientes críticas del partido, e incluso ex miembros de Podemos interesados en promover un liderazgo alternativo al de Iglesias, y por el otro a lanzar nuevas siglas en ese mismo espacio político. La evolución de la situación judicial determinará sin duda el presente y futuro de Podemos

Gracias Sultana, a ver si es verdad.
 
Delcy Rodríguez ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y sus 8 compinches
Pablo Iglesias
Pablo Iglesias y Delcy Rodríguez
La Fundación CEPS en la que Pablo Iglesias estuvo en el Consejo Ejecutivo recibió dinero de la dictadura chavista venezolana de forma habitual. Una de las personas clave en los pagos a la fundación de Podemos fue Delcy Rodríguez, que dio dinero a CEPS desde los diferentes departamentos por los que fue pasando. La cifra global de dinero que la fundación podemita y sus ocho compinches recibieron a título personal de las distintas áreas que comandaba la protagonista del ‘Delcygate’ se eleva a 1.856.849,53 euros, tal y como detalla la documentación interna de esta fundación en poder de OKDIARIO.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tenía una posición privilegiada en CEPS: formaba parte del Consejo Ejecutivo como “responsable de investigación”, justo el concepto por el que más trabajó la fundación para la dictadura venezolana. Junto a Iglesias, gran parte de la cúpula que posteriormente fundó Podemos trabajaba también para CEPS: Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Alberto Montero, Ariel Jerez, Rubén Martínez Dalmau y Txema Guijarro.
Los pagos realizados por los departamentos liderados por Delcy Rodríguez abarcan desde febrero de 2006 hasta octubre de 2014. Hay que recordar que Podemos nació ese mismo año 2014, en el mes de marzo. Mantener esos cobros con el partido creado era un riesgo evidente a efectos de la normativa española de financiación ilegal y con dinero procedente del extranjero. Justo en ese momento, se paralizó el cobro a través de CEPS y se incrementó la relación con otra entidad, CELAG, en la que figuran Juan Carlos Monedero, Alfredo Serrano y el propio Rafael Correa –ex presidente de Ecuador– como miembros de los Consejos determinantes de la entidad. En CELAG, además, jugó un papel clave como impulsor, Íñigo Errejón.

Durante ocho años, Delcy Rodríguez destinó diferentes cantidades de dinero a la Fundación CEPS otorgados por los distintos departamentos en los que tuvo voz y mando: desde el área del Ministerio de Poder Popular dependiente del Despacho de la Presidencia de Venezuela –febrero de 2006 a agosto de 2006–; desde su cargo de coordinadora general de la Vicepresidencia de Venezuela –2007 a 2008– y desde su función de ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información –entre agosto de 2013 y octubre de 2014–.
Delcy Rodríguez ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y sus 8 compinches


Los convenios de colaboración, firmados por la mano derecha de Maduro que ha puesto en jaque al Gobierno socialcomunista por el ‘Delcygate’, permitieron a las arcas de la Fundación CEPS, controlada por Pablo Iglesias y otros de los impulsores de Podemos, contar con una inacabable fuente de financiación de más de 1,85 millones de euros.
Hasta 290.000 euros
Algunos de los ‘encargos’ contaban con indicaciones genéricas, como la de “Convenio con Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, y otros más específicos, como el “Convenio con la Compañía Venezolana de Televisión”. Pero todos ello tenían como denominador común una mentora: Delcy Rodríguez.
Los importes otorgados a CEPS, como demuestra la documentación en poder de este diario, oscilan entre los más pequeños de 31.939 euros hasta cifras más importantes de 173.967,48 euros o 290.260,24 euros.
Delcy Rodríguez ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y sus 8 compinches


La lluvia de contratos firmados con Venezuela por esta fundación supera la treintena, y los otorgados directamente por Delcy Rodríguez supone cerca de un tercio de los mismos. Hechos que demuestran el especial interés y mimo de la vicepresidenta chavista por el entorno de Pablo Iglesias. Pero también demuestra que el apoyo venia respaldado directamente desde arriba, por parte de la Presidencia.
Toda la documentación en poder de OKDIARIO demuestra, no sólo, la enorme y lucrativa compenetración entre la dictadura chavista y el entorno del naciente Podemos, sino que Pablo Iglesias era conocedor de todos los aspectos relativos a la financiación. Porque, como se puede apreciar en los documentos, los convenios firmados por CEPS se hacían con conocimiento del ahora vicepresidente del Gobierno socialcomunista.
Por eso, el nombre del líder de Podemos figura de forma reiterada en los documentos, junto con el de otras personas relevantes en la extrema izquierda española, como Rubén Martínez Dalmau –hoy vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana en el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra–, o Alberto Montero –miembro igualmente de Podemos y que ha alcanzado el rango de diputado nacional–.
CEPS dio paso a CELAG
Las fechas también son llamativas. La pérdida de protagonismo de la Fundación CEPS en Venezuela coincide con el auge del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en Ecuador. Hay que recordar, como ya ha publicado OKDIARIO, que dos cargos del entonces recién creado Podemos, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, y un economista de referencia máxima del partido morado y asesor chavista, Alfredo Serrano, fueron claves en el lanzamiento y afianzamiento del CELAG, una organización surgida en Ecuador durante el mandato de Rafael Correa y que ahora está siendo investigada por las autoridades ecuatorianas por pagos a la cúpula de Podemos o a la propia estructura del partido de Pablo Iglesias.
Delcy Rodríguez ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y sus 8 compinches

Íñigo Errejón fue uno de los impulsores de CELAG, la fundación bolivariana de Ecuador. La organización ha perdido en estos momentos gran parte de su fuerza tras la caída de Rafael Correa, pero sigue mostrando entre sus profesores invitados al ahora vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Es más, exhibe como parte de los miembros de sus distintos consejos a Juan Carlos Monedero y a Alfredo Serrano Mancilla, uno de los principales asesores chavistas y autor –junto con Errejón– del libro Ahora es Cuándo Carajo: del asalto a la transformación del Estado en Bolivia.
Pablo Iglesias

En Venezuela fue la Fundación CEPS la encargada de desarrollar esta estructura de asesoría chavista y de pagar a los miembros que, posteriormente, formaron la cúpula fundadora de Podemos. El mismo esquema se repitió en Ecuador, pero con Podemos ya inscrito en los registros públicos de partidos y a través de CELAG. Un centro de pensamiento al que también se le investiga ya por los pagos a Podemos.
CEPS cogió demasiado protagonismo en un momento clave. Y los miembros de Podemos decidieron que era mejor pasar el esquema de trabajo a una fundación menos conocida: CELAG. Los innumerables contratos de CEPS con Venezuela que ahora prueba este diario confirman ese evidencia.





La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización política española, no adscrita a ningún partido, de ideología anticapitalista. Una de sus actividades más destacadas es proporcionar consultoría política, jurídica y económica a fuerzas y gobiernos progresistas de América Latina. Algunos de los clientes de esta Fundación han sido los gobiernos de la Comunidad Valenciana, España, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Bolivia.12

Con la irrupción en 2014 de Podemos en el panorama político español, la Fundación CEPS saltó a los medios de comunicación porque algunos miembros de su consejo ejecutivo eran dirigentes de ese partido (Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, o Luis Alegre entre otros).1 Desde entonces, numerosos medios de comunicación, periodistas y políticos españoles han tratado de vincular a Podemos con una supuesta financiación encubierta por parte del gobierno de Venezuela con el fin de implantar el chavismo en España.3456 .

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictaminado hasta en cinco ocasiones que las denuncias sobre la hipotética financiación ilegal de Podemos no tienen entidad suficiente para prosperar ni se deduce de ellas nada relevante.




:shame::kiss::kiss::shame::smuggrin:
 
Hasta los propios pandemitas quieren saber en que se han pulido su dinero. Salvo a los marqueses, a todos les cuesta ganarlo
 
El juez ratifica la imputación de Podemos por financiación ilegal y delito electoral tras la "distracción" de 308.257€
En un auto, al que ha tenido acceso LD, el juez Escallonilla asegura que la formación de Pablo Iglesias realizó "un contrato simulado" con Neurona.
Miguel Ángel Pérez Seguir a miguelpr83
2020-09-27
21
[IMG alt="En un auto, al que ha tenido acceso LD, el juez Escallonilla asegura que la formación de Pablo Iglesias realizó un contrato simulado con Neurona.
"]https://s.libertaddigital.com/2020/04/25/954/0/pablo-iglesias-senado-21042020.jpg[/IMG]

Pablo Iglesias, esta martes, a su llegada a la primera sesión de control al Ejecutivo en el Senado. | EFE/ Chema Moya / POOL
El juez estrecha el cerco sobre la financiación ilegal de Podemos. En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratifica la imputación de la formación de Pablo Iglesias tras la "distracción" de 308.257 euros de sus cuentas electorales para fines distintos a través de un "contrato simulado" con la consultora Neurona.
Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral que justifican su investigación como persona jurídica, que ya fue acordada el pasado mes de julio. El magistrado inició la instrucción tras la denuncia presentada por el exletrado de la formación, José Manuel Calvente.
El abogado purgado denunció la posible financiación ilegal del partido a través de la agencia de comunicación Neurona Consulting y los microcréditos. Según Calvente, en esta supuesta "trama" delictiva habría participado presuntamente el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, como "intermediario y comisionista". Además, el nº 2 de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda, Juanma del Olmo, imputado en el caso, es señalado como la persona que dirigió el presupuesto de la campaña electoral.


El auto apunta que en el informe efectuado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de Podemos de las pasadas elecciones del 28 de abril de 2019 "se expone y se justifica el rechazo de la consideración de gasto electoral de los servicios prestados por Neurona Comunidad S.L, en base al contrato firmado entre las partes el día 6 de mayo de 2.019. En él, se rechaza que los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral, los gastos para la constitución y presentación de la candidatura por parte de la coalición y los trabajos de consultoría estratégica "se encuentren incluidos entre los gastos electorales".
Indicios de "distracción" de fondos
Según el juez Escalonilla, "existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General LOREG infiriéndose en este estado del procedimiento indicios de que dicho contrato fue formalizado con Neurona Comunidad S.L, entidad constituida mediante escritura pública de fecha 19 de marzo de 2.019".
"Presumiblemente", añade el juez, "a los solos efectos de suscribir dicho contrato, se trató de un contrato simulado, habiendo sido transferidos finalmente a través de dicha sociedad un total de 308.257,20 euros a la mercantil Creative Advice Interactive. En el extracto de la cuenta de dicha sociedad mercantil puede comprobarse que aparte de las comisiones cobradas por el administrador de dicha entidad, no constan gastos de personal, ni de medios materiales".
"Consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva del delito electoral, tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales. Dichos hechos podrían ser igualmente constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos", destaca el magistrado.
Sobre la imputación de Podemos y el cese de Carmona
El juez Escalonilla sostiene en el mismo auto que en relación al delito de financiación ilegal de partidos políticos por el que está Podemos imputado "está prevista la posible responsabilidad de la persona jurídica al haberse suscrito dichos contratos con Neurona por representantes legales" del partido.
Según el instructor, la formación de Iglesias no ha "respetado en modo alguno la autonomía de la persona nombrada, como órgano específico de la persona jurídica, para vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención, y en su caso investigar y denunciar la presunta comisión de delitos, tratándose dicha persona de Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento Normativo Penal de dicho partido, a quien, presuntamente se procedió a su cese inmediato en cuanto comenzó a investigar, entre otros hechos presuntamente irregulares, dicha contratación efectuada por el partido político con dichas dos sociedades mercantiles".
"Nos encontramos en el inicio del procedimiento, de modo y manera que deberá ser objeto de investigación no sólo la realización o cumplimentación por parte de dicho partido político del programa de compliance (cumplimiento normativo), sino la existencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización de dicho partido", concluye el magistrado.

 
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El juez ratifica la imputación de Podemos por financiación ilegal y delito electoral tras la "distracción" de 308.257€
En un auto, al que ha tenido acceso LD, el juez Escallonilla asegura que la formación de Pablo Iglesias realizó "un contrato simulado" con Neurona.
Miguel Ángel Pérez Seguir a miguelpr83
2020-09-27
21
[IMG alt="En un auto, al que ha tenido acceso LD, el juez Escallonilla asegura que la formación de Pablo Iglesias realizó un contrato simulado con Neurona.
"]https://s.libertaddigital.com/2020/04/25/954/0/pablo-iglesias-senado-21042020.jpg[/IMG]

Pablo Iglesias, esta martes, a su llegada a la primera sesión de control al Ejecutivo en el Senado. | EFE/ Chema Moya / POOL
El juez estrecha el cerco sobre la financiación ilegal de Podemos. En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratifica la imputación de la formación de Pablo Iglesias tras la "distracción" de 308.257 euros de sus cuentas electorales para fines distintos a través de un "contrato simulado" con la consultora Neurona.
Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral que justifican su investigación como persona jurídica, que ya fue acordada el pasado mes de julio. El magistrado inició la instrucción tras la denuncia presentada por el exletrado de la formación, José Manuel Calvente.
El abogado purgado denunció la posible financiación ilegal del partido a través de la agencia de comunicación Neurona Consulting y los microcréditos. Según Calvente, en esta supuesta "trama" delictiva habría participado presuntamente el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, como "intermediario y comisionista". Además, el nº 2 de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda, Juanma del Olmo, imputado en el caso, es señalado como la persona que dirigió el presupuesto de la campaña electoral.


El auto apunta que en el informe efectuado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de Podemos de las pasadas elecciones del 28 de abril de 2019 "se expone y se justifica el rechazo de la consideración de gasto electoral de los servicios prestados por Neurona Comunidad S.L, en base al contrato firmado entre las partes el día 6 de mayo de 2.019. En él, se rechaza que los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral, los gastos para la constitución y presentación de la candidatura por parte de la coalición y los trabajos de consultoría estratégica "se encuentren incluidos entre los gastos electorales".
Indicios de "distracción" de fondos
Según el juez Escalonilla, "existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General LOREG infiriéndose en este estado del procedimiento indicios de que dicho contrato fue formalizado con Neurona Comunidad S.L, entidad constituida mediante escritura pública de fecha 19 de marzo de 2.019".
"Presumiblemente", añade el juez, "a los solos efectos de suscribir dicho contrato, se trató de un contrato simulado, habiendo sido transferidos finalmente a través de dicha sociedad un total de 308.257,20 euros a la mercantil Creative Advice Interactive. En el extracto de la cuenta de dicha sociedad mercantil puede comprobarse que aparte de las comisiones cobradas por el administrador de dicha entidad, no constan gastos de personal, ni de medios materiales".
"Consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva del delito electoral, tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales. Dichos hechos podrían ser igualmente constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos", destaca el magistrado.
Sobre la imputación de Podemos y el cese de Carmona
El juez Escalonilla sostiene en el mismo auto que en relación al delito de financiación ilegal de partidos políticos por el que está Podemos imputado "está prevista la posible responsabilidad de la persona jurídica al haberse suscrito dichos contratos con Neurona por representantes legales" del partido.
Según el instructor, la formación de Iglesias no ha "respetado en modo alguno la autonomía de la persona nombrada, como órgano específico de la persona jurídica, para vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención, y en su caso investigar y denunciar la presunta comisión de delitos, tratándose dicha persona de Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento Normativo Penal de dicho partido, a quien, presuntamente se procedió a su cese inmediato en cuanto comenzó a investigar, entre otros hechos presuntamente irregulares, dicha contratación efectuada por el partido político con dichas dos sociedades mercantiles".
"Nos encontramos en el inicio del procedimiento, de modo y manera que deberá ser objeto de investigación no sólo la realización o cumplimentación por parte de dicho partido político del programa de compliance (cumplimiento normativo), sino la existencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización de dicho partido", concluye el magistrado.



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A ver si cambia de protagonistas e investiga las cuentas de PP, de Vox y de PXXE. amen de C's para variar.
 
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