Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán

[Maria Sestieri]

Precisamente para no imponer se pacta un referéndum con el estado. La imposición radica justo en lo contrario, no permitirlo y no querer escuchar a la población. Es de un democrático que te mueres.

Si España lo hubiese celebrado, ya no digo ahora, sino años atrás, lo hubiera ganado por goleada, pero aquí somos así, hay que ser y sentirse español por coj*nes, porque ser español es lo mejor del mundo mundial y no hay más que hablar. Democracia en estado puro.

Pues va a ser que no, que hay millones de personas que no quieren serlo, que no se identifican con ello, y ni las cárceles ni los tribunales les harán cambiar de opinión/sentimiento, ni les hará desistir de luchar por lo que creen que es mejor para ellos.

Directa a la página 1 del hilo.

Ese referéndum NO se puede pactar . Y NO ha habido mociones independentistas en el Congreso de los Diputados para cambiar los artículos de la Constitución que a día de hoy impiden la celebración de dicho referéndum.

Y bragas p'a mí. ¡ @MMarina, las quiero de lunares que ya huele a Feriaaaaaa!!

 

[Hastings]

 

[MissCaroline]

Mientras tengan las teles, los coles fabricando adoctrinaditos y los enjuagues con el presupuesto, nada que hacer.

Yo de vez en cuanto veo TV3, como ejercicio de masoquismo. Es tremendo.

 

[karolaina93]

En Cáceres. España es bastante pequeña, hablando en distancia.

La mayoría es independentistas,no lo olvides.En una democracia no se puede desde un juzgado, impedir que no se pueda investir a lo que la mayoría del pueblo calán ha votado.la mayoria es quien pueda formar gobierno a tres partidos independentistas que suman una mayoría,Por muchas vueltas que se quiera dar,la realidad es la que es.Ya basta de intoxicar,no cuela.

Un 52 % en reparto de escaños que no de personas, vale 2,3 más un voto de Lérida que de Barcelona no?
Pasáis de puntillas por lo que no os interesa.

 

[MissCaroline]

Y seguimos sin saber dónde está Carmen Sandiego.. digo... Puigdemont. Fuente: El nacional.cat (para que no me digan que la fuente es interesada)
https://www.elnacional.cat/ca/politica/puigdemont-no-es-finlandia_251475_102.html
El president Carles Puigdemont ja no és a Finlàndia i va sortir ahir a la nit del país, amb la qual cosa ha burlat l'euroordre dictada per Espanya.

El diputat Mikko Kärnä, que és qui el va convidar a fer la gira pel país, ho ha confirmat. En una nota de premsa ha explicat que Carles Puigdemont va marxar aquest divendres al vespre, poc després de saber-se que el jutge Pablo Llarena havia reactivat l’ordre de detenció contra ell.

Fins fa pocs minuts, la policia de Finlàndia l’estava buscant per tot el país, sobretot per la capital i per l’aeroport, on el president havia d’agafar el vol directe a Brussel·les a les 15.40 hores. Fonts de la policia explicaven que no el trobaven per detenir-lo i portar-lo davant la Justícia, si bé el ministeri de l'Interior ja descartava que se l'acabés extradint.

Kärnä ha explicat que el president ha abandonat Finlàndia i que ho ha fet concretament divendres al vespre cap a Bèlgica. Això no vol dir, però, encara que Puigdemont sigui a Brussel·les. Actualment es desconeix on és.

 

[karolaina93]

En Cáceres. España es bastante pequeña, hablando en distancia.

Prendaaaaaaaaa
Y todo acaba en ino e ina
Muy grandes e humildes los mangurrinos
México encanta Cáceres

 

[IDOLO]

Los negros de Llarena


Todo escritor de ficción sabe que para conseguir la adhesión del lector debe ser capaz de conseguir que la audiencia deje de lado el sentido crítico y, por tanto, ignore las incoherencias o fantasías que contiene la obra de ficción

Allí, en el Tribunal Supremo, saben que cuentan con un público mayoritariamente entregado y creo que por eso no han cuidado demasiado estos extremos

Elisa Beni
24/03/2018 - 21:08h

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO / EFE

Ser magistrado del Tribunal Supremo es una categoría. Quiero decir que no es sólo un destino, más o menos alto, sino que es de facto una de las tres categorías a las que han quedado reducidas las anteriormente existentes para el ascenso en la carrera judicial. Y eso marca muchas diferencias. Una de ellas es que cuando eres promovido a magistrado del Supremo puedes disfrutar de una legión de “negros” que te ayudan en tu trabajo. Son otros jueces de categorías inferiores, muy bien pagados para lo que se estila en la judicatura, que ayudan a los llamados al Olimpo de los togados a estudiar los asuntos, buscar jurisprudencia o redactar y preparar las resoluciones. Los demás jueces se lo cuecen todo a pelo, pero los del Supremo, no. Los del Supremo tienen una pléyade de negros que se llaman letrados.

Lo que es una novedad es que al cuerpo de letrados del Tribunal Supremo se hayan incorporado en los últimos tiempos otro tipo de “negros”, pero es que la ficción tiene unas normas muy distintas a las del texto forense y no es de extrañar que las huestes que trabajan en la salvación de la patria hayan buscado refuerzos. Soy muy crítica con el último auto dictado por el juez Llarena pero ya les avanzo que tengo claro que para criticar los textos, uno debe hacerlo interpretando las normas de cada género. Algunos habrá que pongan en tela de juicio mi capacidad para realizar una crítica jurídica del auto de procesamiento dictado, pero hoy voy a rebatirles no alegando mi larga trayectoria en la información jurídica sino mis conocimientos ciertos en materia literaria y de ficción. No puedo leer en otra clave ese auto. Mi razón se rebela. Y ojo con eso porque en materia de rebeliones se está poniendo amplia y extensa la senda.

Los nuevos negros de Llarena han olvidado un concepto muy importante que ya definió en 1817 el poeta Coleridge y que se denomina “suspensión de la incredulidad”. Todo escritor de ficción sabe que para conseguir la adhesión del lector a su texto debe ser capaz de conseguir que la audiencia deje de lado el sentido crítico, lo suspenda, y por tanto ignore las incoherencias, incompatibilidades, saltos en el vacío o directamente fantasías que contiene la obra de ficción. Sin cumplir ese requisito, la obra está perdida. Allí, en el Tribunal Supremo, saben que cuentan con un público mayoritariamente entregado y creo que por eso no han cuidado demasiado estos extremos. Por eso han pegado saltos de tal magnitud que les llevan a afirmar que una manifestación en un país democrático, de las características que sea, es equiparable a unos militares entrando a tiros en un Parlamento. Lo han hecho y encima han resonado los aplausos. Si hubieran conseguido esa suspensión de la incredulidad de todos, no tendríamos que recordarles la enorme incoherencia que supone afirmar que durante el mes de octubre asistimos a unos hechos similares a los de mi adolescencia y que ni el Gobierno de la Nación ni nadie hiciera nada por impedirlos. Es decir, pretenden que aceptemos que durante todo ese tiempo tanto los ciudadanos como el Gobierno de España asistieron en directo a una revolución violenta y que, por toda respuesta, se limitaron a enviar papelitos con resoluciones de un órgano constitucional. Entiendo que alguna responsabilidad por dejación de funciones deberían tener ¿no? No, no teman. La ciudadanía que está al otro lado de la cuarta pared se ha convencido ya de que todo esto fue un golpe de estado desde el momento uno y de que el relato que se ha armado para construir un delito en el que los hechos no encajan de manera alguna es incuestionable. Público entregado. Emoción patriótica o como quieran llamarla pero no resiste el más mínimo embate de la razón.

Sucede que los buenos guionistas saben que los públicos son diversos, las audiencias variopintas y que si sus obras van a ser exportadas y traducidas, es posible que algunos elementos demasiado locales se pierdan y hagan perder la suspensión de la incredulidad. Y mucho me temo que a los guionistas del Tribunal Supremo los defectos de su relato a la hora de lograr la “willing suspension of disbelief” le van a estallar en toda la cara. No sólo a ellos, nos va a estallar a todos como nación y como sistema democrático.

Insisto, como he hecho semana tras semana en este espacio, que esto es lo único que a mi me importa. No estoy volcando aquí mi opinión sobre patéticas investiduras, engaños colectivos o intentos de realizar secesiones unilaterales que siempre me parecieron imposibles. Estoy aquí constatando, como también les he contado, que nuestro país corre un riesgo serio de tener problemas con el incumplimiento del artículo 7 de la Convención Europea, como le ha sucedido a Polonia por el deterioro imparable de su Estado de Derecho.

La admisión a trámite de la denuncia de Jordi Sánchez por el Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, después de que se le impidiera acudir a ser investido, ha sido recibida al parecer por esa opinión pública en suspenso de razón, como una especie de resolución folclórica. Lo cierto es que el alto organismo ha decidido ordenar unas medidas cautelares por las cuales se insta al estado miembro, España, “a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos”. Es la primera en toda la cara de los guionistas del Supremo. La incredulidad de la ONU no ha sido suspendida y España tiene obligación de cumplir sus resoluciones si no quiere acabar fuera del tratado.

Tras este fallo de “suspension of disbelief” vendrán otros. La emocionalidad que precisa aceptar el relato de esa rebelión diferida y en fascículos con su violencia de cartón piedra va a ser muy difícilmente aceptada por Bélgica, Gran Bretaña y Suiza. Cuando tales defecciones del arte novelesco del Tribunal Supremo comiencen a llegar en cascada, las voces que en Bruselas mascan la situación inaceptable del Estado de Derecho en España, en lo relativo a la crisis catalana, van a plasmarse más allá de las columnas de algunos periodistas. Y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, que eso llegará, sobre los incumplimientos del Convenio, no va a ser tan fácil echárselo al coleto y seguir.

A mí, lo de que el fin no justifica los medios me lo grabaron a fuego en mi educación cristiana. Lo digo porque quizá el jefe de los negros tenga motivos para guardar algo de ese principio en el fondo de su ambición.

https://www.eldiario.es/zonacritica/negros-Llarena_6_753534650.html

 

[karolaina93]

Directa a la página 1 del hilo.

Ese referéndum NO se puede pactar . Y NO ha habido mociones independentistas en el Congreso de los Diputados para cambiar los artículos de la Constitución que a día de hoy impiden la celebración de dicho referéndum.

Y bragas p'a mí. ¡ @MMarina, las quiero de lunares que ya huele a Feriaaaaaa!!

No las hay porque saben que van a perder y pueden comenzar las mociones sobre cosas que no les interesa cambiar y que salgan adelante

 

[karolaina93]

Yo de vez en cuanto veo TV3, como ejercicio de masoquismo. Es tremendo.

Había una de radio Catalunya que salía haciéndose una bufanda con una cubana en un vídeo que era brutal, no me acuerdo donde lo vi
Ya me acuerdo, en Dolca Catalunya

 

[pedrogoera]

El guionista Llarena
Enric Juliana

156
Enric Juliana, Madrid
25/03/2018 01:50 | Actualizado a 25/03/2018 03:45
Felipe González oye crecer la hierba. Ha perdido mucho esmalte ante las nuevas generaciones, pero sigue siendo el político español más inteligente de los últimos cuarenta años. Seguramente cometió el error de no prestar más atención a su colega portugués Mário Soares durante el estallido de la crisis económica. El patriarca Soares, el socialista que evitó que los comunistas y los militares seducidos por el bonapartismo de izquierdas se hiciesen con el control de Portugal en 1975, se encaró hace diez años con el directorio europeo, pidió un frente común de los países del sur de Europa frente al dogma de la austeridad y se ganó el cariño de los jóvenes portugueses, la geração à rasca, la generación precaria, hoy muy dispersa por el mundo. Soares supo ver la situación desde abajo. González suele observarla desde arriba, muy atento a las vigas maestras que sostienen el edificio España.

“Espero que al juez Llarena no se le ocurra meter a Turull en la cárcel. Ojalá no se le ocurra meter en la cárcel a ninguno de ellos. Ya sé que nado a contracorriente, pero ojalá no lo haga, porque al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo”, dijo González el jueves por la noche en Madrid, durante la presentación de un libro de Joaquín Almunia que lleva por título Ganar el futuro.

Al expresidente le gustan las frases lapidarias: “No hay que destruirlos, hay que ganarlos”. Conviene apuntar esa frase, puesto que varios aspirantes a conformar una nueva clase dirigente en España creen estar en condiciones de alcanzar el poder, dentro de un año o dos, exhibiendo la cabeza de los dirigentes del independentismo catalán en todas las plazas mayores.

González habría estrangulado con sus propias manos a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pasqual Maragall cuando en el 2004 pusieron en marcha la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya. “Cuidado con los experimentos, Catalunya hace años que ya está inventada”, dijo una noche en Madrid, en presencia de Jordi Pujol. No siente ninguna simpatía por el independentismo catalán, pero oye el crujido en las vigas en el piso de arriba. Y no le gusta el ruido que llega a sus oídos.

“Nos amparamos en las togas a ver si alguien nos resuelve los problemas y cuando perdemos [alusión a las elecciones catalanas de diciembre del 2017], vamos a que los resuelvan los jueces. Si me dicen que yo resuelva un problema que es suyo, después no me digan que no me meta en política, porque es usted el que está renunciando a hacer política. Cuando los jueces empiezan a tomar decisiones políticas, eso se llama “Gobierno de los jueces”. Lo puedo decir más alto, pero creo que no más claro”. González pronunció estas palabras el jueves por la noche. Aún no había leído el auto de procesamiento emitido por el juez Llarena, ni tenía noticia de las cinco ordenes de prisión provisional para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa, ni de las ordenes de detención internacional, ni del impacto que estas medidas están teniendo en la sociedad catalana. Un impacto profundo, que trasciende claramente los límites electorales del soberanismo. El malestar, la irritación y el desasosiego superan con creces el 50% en estos momentos. Hoy la mayoría principal catalana es la que comparte dos disgustos: disgusto por los graves errores cometidos (disgusto por la “confabulación de los irresponsables”, título de un libro de Jordi Amat que definirá la época), y un profundo disgusto por los evidentes resortes de venganza que se están poniendo en marcha. Basta leer las declaraciones que ayer efectuó el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, miembro del Opus Dei: “Los encarcelamientos hacen muy difícil un futuro de convivencia”. Ha protestado el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, pero también ha hablado el moderado Pujol. El disgusto es amplísimo. Esa es hoy la mayoría catalana. Puede esfumarse, puede enquistarse, o puede transformarse en una nueva mayoría política. Dependerá de lo que decida el Parlament en los próximos dos meses y de lo que ocurra en las elecciones municipales de mayo del 2019, que serán tremendamente competidas en la ciudad de Barcelona. La crisis de Catalunya está entrando en una nueva fase.

González lo ha sabido captar de inmediato. Pedro Sánchez, no. El secretario general que resucitó en el octavo mes después de su defenestración, ahora no quiere arriesgar. Sánchez sigue amarrado al argumentario de seguridad –¡cuidado con Catalunya!–, porque vuelve a tenerle miedo a las encuestas y a las maquinaciones dentro del PSOE. Pablo Iglesias, que también había cogido miedo a los sondeos, ha visto venir el cambio de rasante. En Podemos ya vuelven a hablar de la España plurinacional, un concepto que no gusta a sus dirigentes más jacobinos, hoy fascinados por la nueva oleada de protestas sociales.

Mariano Rajoy quería otra cosa. El Gobierno empezó la semana buscando una señal de apaciguamiento y por ello el Fiscal General del Estado pidió la libertad para Joaquim Forn, petición denegada por el Tribunal Supremo. Un gesto que el PNV habría valorado. Rajoy quiere tranquilidad para poder aprobar los presupuestos del 2018 y disponer de la plataforma de estabilidad necesaria para afrontar las protestas de los descontentos y un ciclo electoral que se le presenta muy envenenado. Al Partido Popular se le está yendo de las manos la Comunidad de Madrid. Siendo marginales en Catalunya y sin poder en Madrid no se puede gobernar España.

En esta coyuntura, el juez Pablo Llarena se ha convertido en el principal guionista de la política española.

 

[IDOLO]

Un estado de excepción a la vieja usanza


El 155 no está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos ni para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción”; sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido

Javier Pérez Royo
24/03/2018 - 21:08h

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño del Congreso. / EFE

El 155 CE estaba previsto para reaccionar políticamente ante un incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes o ante una actuación de la misma que atente gravemente contra el interés de España. Se trataba de corregir un ejercicio desviado del poder, imponiéndole a las autoridades de la comunidad autónoma el comportamiento constitucionalmente exigible. El 155 tiene un componente de “estado de excepción”, pero limitado al ejercicio del derecho a la autonomía y con la finalidad de restaurar el ejercicio de tal derecho de conformidad con la Constitución. No está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos. Es decir, no está en la Constitución para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción” en el sentido tradicional del término, del que en España, por desgracia, sabemos mucho.

Y, sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido. Al día siguiente de que el Consejo de Ministros decidiera activar las medidas autorizadas por el Senado, el Fiscal General aprovechó la ocasión para activar querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. La sincronización entre la acción del Gobierno, de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no pudo ser más perfecta. Y para activarlas mediante la “fabricación” de una acusación por un delito inexistente, el delito de rebelión, que más de cien profesores de derecho penal de las Universidades españolas consideran que no ha sido cometido por las personas contra las que la querella se ha dirigido. En el día de ayer, 23 de marzo, el juez instructor acaba de dictar un auto de procesamiento, acompañado de la medida cautelar más extrema que puede adoptarse.

Estamos volviendo a algo que hemos conocido en el pasado: la declaración del “estado de excepción” para, a continuación, actuar contra los adversarios, transformados de esta manera en “enemigos”, a los que hay que destruir. La lógica que se está siguiendo contra el nacionalismo catalán no es una lógica propia de la democracia, sino de épocas predemocráticas. Los que ya tenemos una edad conocimos esta forma de actuar por parte del Estado. La utilización del aparato jurídico del Estado a través de la declaración de un estado de excepción para reprimir penalmente al adversario, convertido de esta manera en enemigo, político. Esa es la lógica del estado de excepción. Al adeversario polítco no se le combate políticamente, sino que se le persigue penalmente. Es lo que se está haciendo con el nacionalismo catalán. No hay que hacer política. Únicamente cabe la represión penal. El 155 político no fue más que la coartada para el 155 penal. Para el nacionalismo catalán sólo vale la Constitución Negativa, que es, justamente, en lo que consiste el Código Penal.

¿A qué “normalidad” se puede volver tras el auto dictado en el día de ayer por el juez Pablo Llarena? La vuelta a la normalidad era el objetivo declarado de la aplicación del artículo 155 CE. Así se presentó públicamente la activación de la coacción federal y en tales términos fue aceptada por el PSOE. ¿Qué queda de ese objetivo tras un auto que es el anticipo de una condena? ¿O es que la normalidad a la que se pretende volver es la anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1978?

De Mariano Rajoy y de su partido, que no está disuelto porque la Fiscalía General del Estado, que tan diligente es en otros asuntos, no se considera vinculada por la Constitución, que dice textualmente que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios constitutivos de delitos SON ILEGALES” (art. 22.2), no cabe esperar nada. Pero del PSOE sí cabría esperar algún tipo de reacción.

¿Cómo piensa Pedro Sánchez que se puede proceder en este momento a la investidura del President de la Generalitat? ¿Cuántos parlamentarios van a quedar suspendidos, que no inhabilitados, en los próximos días una vez que sea firme el auto de procesamiento? ¿Puede reflejar, tras esas suspensiones la composición del Parlament la voluntad del cuerpo electoral expresada el 21D? ¿Puede el nacionalismo tomar algún tipo de iniciativa política con sus máximos dirigentes en prisión y amenazados los demás con esa misma situación en cuanto se expresen de conformidad con la ideología con la que se presentaron ante los electores? ¿Se puede dirigir Catalunya democráticamente sin que los nacionalistas puedan participar en su condición de nacionalistas en la vida política?

Estamos volviendo a una etapa negra de la historia de España que pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás. A través de la activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con el concurso explicable aunque lamentable de Ciudadanos, e inexplicable del PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y a través de ella a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a la persecución penal del nacionalismo, como si fuera un enemigo al que hay que aniquilar.

¿Es este el Estado social y democrático de Derecho definido en la Constitución, uno de cuyos objetivos, de acuerdo con el PREÁMBULO era “proteger a todos los españoles y PUEBLOS de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”?

https://www.eldiario.es/zonacritica/excepcion-vieja-usanza_6_753534644.html


Me hizo gracia ayer Margarita Robles saliendo como podía cuando se le preguntaba por la deriva del juez Llarena. No quería meterse en avalar o criticar la decisión y eso que es magistrada. Toda una vergüenza. Es la portavoz del principal partido de la oposición, y encima magistrada, por lo tanto con suficientes conocimientos de Derecho para emitir un juicio sobre la actuación de Llarena y no quiso hacerlo. Como dice el refrán : Quien calla otorga.

El PE de Pedro Sanchez pactó el 155 con el compromiso por parte de Rajoy de que iba a haber modificaciones en la CE. Pues bien o Pedro Sanchez se dejó engañar por parte de un mandatario, que está al frente de su país y del nuestro, que no ha sabido respetar ni los acuerdos con su socio de Gobierno Albert Rivera, o nos ha mentido a nosotros para tener la coartada de aprobar el 155 a Rajoy. Aunque sea de una manera o de otra lo deja en mal lugar, y mucho mas si ahora no propone ni intenta una moción de censura.

Parece que está muy a gusto superviviendo en ésta legislatura sin mover ni un solo dedo, sólo la lengua de vez en cuando en su sede, a la que llama a los periodistas para que recojan sus declaraciones insulsas que no llevan a ninguna parte. Quizás le han prometido que si se porta bien y no mete mucho ruido le reservan algún sillón como a su predecesor Felipe Gonzalez.

¡Que asco de Gobierno y que asco del principal partido de la oposición que no está a la altura ni su líder ni su portavoz o portavoza Margarita Robles.

 

[pedrogoera]

Catalunya creció más que la media española en 2017 pese a la incertidumbre política
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La CCAA se mantiene por encima de Madrid como mayor región por peso en el PIB y eleva su cuota al 19,2%

Vista del Portal de l’Àngel, en Barcelona (Ana Jiménez)
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Redacción | Agencias , Barcelona
Actualizado a 23-03-2018 14:50

• PIB
• Crisis económica

Catalunya creció por encima de la media nacional en 2017, pese a la incertidumbre por el contexto político. La autonomía vio aumentar su PIB en un 3,3%, dos décimas más que la media nacional del 3,1%. Este año el PIB total nacional ha alcanzado máximos históricos.

Catalunya aporta el 19,2% de ese total, por delante del 18,9% de Madrid, segunda por importancia, si bien esta crece más, hasta un 3,4%. Siete regiones han superado el crecimiento del 3%, con Aragón a la cabeza, con un alza de su PIB del 3,6%, seguido de Asturias (+3,5%), la Comunidad de Madrid (+3,4%), Murcia (+3,3%) y Catalunya (+3,3%).

El mayor PIB per cápita de la historia

En otro aspecto, el PIB per cápita se situó en 24.999 euros y ha alcanzado en 2017 la mayor riqueza por habitante de su historia, que ya supera los 24.275 euros que registró en 2008, justo antes del inicio de la crisis económica

La Comunidad de Madrid registró el mayor PIB per cápita en el año 2017, con 33.809 euros. Le siguieron País Vasco (33.088 euros) y Navarra (30.914 euros). Otras cuatro comunidades superaron la media nacional de PIB por habitante (24.999 euros): Catalunya (29.936 euros), Aragón (27.403 euros), La Rioja (26.044 euros) e Islas Baleares (25.772 euros).

Andalucía y Extremadura, las comunidades con menor PIB por habitante

Les siguieron Castilla y León (23.555 euros), Cantabria (22.513 euros), Galicia (22.497 euros), Comunidad Valenciana (22.055 euros), Asturias (22.046 euros), Murcia (20.585 euros), Canarias (20.425 euros) y Castilla-La Mancha (19.681 euros).

De su lado, las menores tasas de actividad económica nominal por habitante se dieron Andalucía (18.470 euros) y Extremadura (17.262 euros), así como en las ciudades autónomas de Ceuta (19.524 euros) y Melilla (17.945 euros).