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¿Quién mató a Otilia Martínez?
Se disparan los asesinatos de activistas ambientales que hacen frente a los proyectos de explotación maderera, minera, energética y de la industria agrícola sobre sus tierras.
REDACCIÓN
09/08/2020 01:00
Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20 años, fueron encontrados muertos fuera de su casa el 1 de mayo de 2019, en la ciudad de El Chapote, en el noroeste de México. En el lugar de los hechos fueron localizados siete casquillos de bala. Tres pistoleros irrumpieron en su domicilio y les dispararon. Todo indica que eran asesinos a sueldo que actuaron contra estos dos indígenas tarahumaras por encargo de los madereros y como represalia por la oposición que ambos mantenían contra la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales de la Sierra Madre.
Ambas víctimas eran familiares del activista Carrillo Martínez, quien fue asesinado el 24 de octubre del 2018 presuntamente por talamontes, pese a que en teoría estaba custodiado por la policía federal.
El aumento de asesinatos de este tipo, perpetrados sobre personas perseguidas por la presión y los intereses de las empresas madereras, mineras, energéticas y agroindustriales sobre sus tierras, están aumentando de forma alarmante en el planeta. El número de víctimas alcanzó las 212 en 2019, según la oenegé Global Witness. De promedio, cuatro personas defensoras del medio ambiente son asesinadas cada semana. Además, un incontable número de defensores de la tierra son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales, según denuncia esta organización.
¿Y por qué? “La explotación de los recursos está haciendo que las empresas estén llegando a territorios más lejanos e inexplorados para satisfacer las demandas de un consumo barato e inmediato”, dice Ben Leather, miembro de Global Witness. ”Acuerdos de apropiación de tierras entre estas empresas y políticos corruptos, sin el consentimiento de las comunidades locales, están ocasionando estos crímenes”, dice Leather.
El petróleo, el gas, la minería y la agroindustria aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son estas industrias las que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono” explica Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness.
En gran medida, las personas asesinadas ocupan una primera línea en la batalla contra la crisis climática. Se oponen a la extracción de combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón o apertura de minas); defienden los bosques (sumideros de CO2) de las talas indiscriminadas; o se enfrentan a la industria agraria que transforma o sustituye masas boscosas en explotaciones agrícolas o haciendas destinadas a producir carne para el mundo desarrollado. Y la implicación de estas ultimas actividades en el calentamiento no es menor. La industria agrícola, la silvicultura y otros usos de los suelos son responsables del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Más de la mitad de este tipo de asesinatos ocurrieron el año pasado solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019).
¿Qué está pasando en Colombia?
En mayo de 2019, Francia Márquez estaba reunida con otros líderes ambientalistas y sociales en la ciudad de Lomitas (Colombia), cuando fueron atacados por hombres armados. Milagrosamente, nadie murió en el ataque, que duró 15 minutos, y durante el cual se lanzó una granada contra el grupo. Francia es una de las defensoras ambientales y de derechos humanos afrodescendiente más reconocida de Colombia. En 2018 ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su activismo. No fue la primera vez que fue atacada por su labor como defensora. Durante una exitosa campaña para detener la minería ilegal en La Toma (en la región del Cauca, en el suroeste de Colombia), fue amenazada, hostigada y, finalmente, forzada
“Lo que ocurre en Colombia resume lo que está pasando en todo el mundo, pero tiene ingredientes añadidos”, dice Ben Leather. “A la falta de reglamentación, conflictos por las tierras o la impunidad generalizada con intentos de silenciar a estos defensores, se une una inadecuada aplicación de los acuerdos de paz con las FARC”, añade este especialista.
Grupos del crimen organizado y paramilitares se han apoderado de áreas geográficas anteriormente controladas por las FARC. Y, en segundo lugar, los agricultores que han aceptado renunciar a la producción de cocaína y sustituirla por cultivos alternativos (cacao y el café), acogiéndose a las subvenciones de Gobierno, están siendo amenazados por organizaciones criminales y paramilitares que aún invierten mucho en el tráfico de drogas y ven amenazado su negocio. “El pago de estas subvenciones no llega, y, ademas, el Gobierno no defiende a estas familias amenazadas por el crimen organizado”, dice Leather.
Brasil aumenta su deforestación
Ningún país como Brasil refleja mejor esta tendencia. Las políticas agresivas del presidente Bolsonaro para impulsar la expansión de la minería y la industria agraria en la Amazonía esá teniendo graves consecuencias para los pueblos indígenas, así como para el clima global, señala el informe. La tasa de deforestación en sus territorios indígenas aumentó bruscamente un 74% en el 2019 respecto a 2018 a 2019. Brasil representó un tercio de la pérdida de bosques tropicales del mundo en 2019. “A medida que Bolsonaro retrocede en la aplicación de disposiciones ambientales, las redes criminales que están impulsando la deforestación de la Amazonía se sienten legitimadas para actuar”, señala Global Witness.
los conflictos del aceite de palma
Dos reporteros muertos en Indonesia
Entre las muertes del año pasado se encuentran las de Maraden Sianipar y Maratua Siregar, dos reporteros indonesios que habían denunciado la expropiación ilegal de tierras por parte de compañías de aceite de palma en la isla de Sumatra. Sus cuerpos fueron encontrados cosidos a puñaladas cerca de una plantación de palmeras en el condado de Labuhan Batu, en la costa noreste de Sumatra
Goblal Witness señala que las comunidades indígenas son víctimas de un porcentaje desproporcionado de los ataques documentados contra las personas defensoras de la tierra.
La inseguridad legal en la tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas sobre los derechos humanos están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
Se estima que las comunidades indígenas y locales tienen derecho sobre más de la mitad de la superficie terrestre del mundo, pero solo poseen el título legal del 10%.
Diversas investigaciones muestran que las tierras gestionadas por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación en comparación con las zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas”.
Las cifras del 2019 muestran también que más de una de cada 10 víctimas en 2019 eran mujeres.
Entre los activistas que ahora están bajo amenaza se encuentra Angélica Ortiz, defensora del pueblo Wayuu de La Guajira, quien durante años se ha opuesto a la mina de carbón más grande de América Latina, como parte de los esfuerzos para proteger el derecho al agua de las comunidades que viven en una de las regiones más pobres de Colombia.
Personas como ella afrontan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, y normalmente no se denuncia.
Logros y avances
Pese a todo, también obtuvieron varios logros en 2019, testimonio de su resistencia, fortaleza y determinación por proteger sus derechos, el medio ambiente y nuestro clima mundial.
En Ecuador, la tribu indígena Waorani ganó un fallo histórico evitando que el gobierno subaste su territorio para la exploración de petróleo y gas.
En Indonesia, la comunidad indígena Dayak Iban del centro de Borneo, aseguró la propiedad legal de 10.000 hectáreas de tierra, luego de una lucha que se extendió por décadas.
En un caso presentado ante el Tribunal Supremo del Reino Unido por parte de las comunidades afectadas por una mina de cobre a gran escala en Zambia, un juez dictaminó significativamente que la demanda puede ser escuchada en los tribunales ingleses, lo que podría tener implicaciones más amplias para las empresas que no cumplan sus compromisos públicos con las comunidades y el medio ambiente.
Corrupción y responsabilidades
La explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico en muchos países está dando lugar a los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo. “Empresas y gobiernos que actúan de manera ilegal y silencian a los opositores a estas prácticas con represión opositores”, dice Leather, convencido de que los consumidores del mundo desarrollado pueden ejercer su responsabilidad dando la espalada a la compra de productos que procedan de esta explotaciones insostenibles.
“Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que sitúe la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático”, afirma Rachel Cox.
www.lavanguardia.com
Se disparan los asesinatos de activistas ambientales que hacen frente a los proyectos de explotación maderera, minera, energética y de la industria agrícola sobre sus tierras.
REDACCIÓN
09/08/2020 01:00
Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20 años, fueron encontrados muertos fuera de su casa el 1 de mayo de 2019, en la ciudad de El Chapote, en el noroeste de México. En el lugar de los hechos fueron localizados siete casquillos de bala. Tres pistoleros irrumpieron en su domicilio y les dispararon. Todo indica que eran asesinos a sueldo que actuaron contra estos dos indígenas tarahumaras por encargo de los madereros y como represalia por la oposición que ambos mantenían contra la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales de la Sierra Madre.
Ambas víctimas eran familiares del activista Carrillo Martínez, quien fue asesinado el 24 de octubre del 2018 presuntamente por talamontes, pese a que en teoría estaba custodiado por la policía federal.
El aumento de asesinatos de este tipo, perpetrados sobre personas perseguidas por la presión y los intereses de las empresas madereras, mineras, energéticas y agroindustriales sobre sus tierras, están aumentando de forma alarmante en el planeta. El número de víctimas alcanzó las 212 en 2019, según la oenegé Global Witness. De promedio, cuatro personas defensoras del medio ambiente son asesinadas cada semana. Además, un incontable número de defensores de la tierra son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales, según denuncia esta organización.
¿Y por qué? “La explotación de los recursos está haciendo que las empresas estén llegando a territorios más lejanos e inexplorados para satisfacer las demandas de un consumo barato e inmediato”, dice Ben Leather, miembro de Global Witness. ”Acuerdos de apropiación de tierras entre estas empresas y políticos corruptos, sin el consentimiento de las comunidades locales, están ocasionando estos crímenes”, dice Leather.
El petróleo, el gas, la minería y la agroindustria aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son estas industrias las que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono” explica Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness.
En gran medida, las personas asesinadas ocupan una primera línea en la batalla contra la crisis climática. Se oponen a la extracción de combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón o apertura de minas); defienden los bosques (sumideros de CO2) de las talas indiscriminadas; o se enfrentan a la industria agraria que transforma o sustituye masas boscosas en explotaciones agrícolas o haciendas destinadas a producir carne para el mundo desarrollado. Y la implicación de estas ultimas actividades en el calentamiento no es menor. La industria agrícola, la silvicultura y otros usos de los suelos son responsables del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Más de la mitad de este tipo de asesinatos ocurrieron el año pasado solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019).
¿Qué está pasando en Colombia?
En mayo de 2019, Francia Márquez estaba reunida con otros líderes ambientalistas y sociales en la ciudad de Lomitas (Colombia), cuando fueron atacados por hombres armados. Milagrosamente, nadie murió en el ataque, que duró 15 minutos, y durante el cual se lanzó una granada contra el grupo. Francia es una de las defensoras ambientales y de derechos humanos afrodescendiente más reconocida de Colombia. En 2018 ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su activismo. No fue la primera vez que fue atacada por su labor como defensora. Durante una exitosa campaña para detener la minería ilegal en La Toma (en la región del Cauca, en el suroeste de Colombia), fue amenazada, hostigada y, finalmente, forzada
“Lo que ocurre en Colombia resume lo que está pasando en todo el mundo, pero tiene ingredientes añadidos”, dice Ben Leather. “A la falta de reglamentación, conflictos por las tierras o la impunidad generalizada con intentos de silenciar a estos defensores, se une una inadecuada aplicación de los acuerdos de paz con las FARC”, añade este especialista.
Grupos del crimen organizado y paramilitares se han apoderado de áreas geográficas anteriormente controladas por las FARC. Y, en segundo lugar, los agricultores que han aceptado renunciar a la producción de cocaína y sustituirla por cultivos alternativos (cacao y el café), acogiéndose a las subvenciones de Gobierno, están siendo amenazados por organizaciones criminales y paramilitares que aún invierten mucho en el tráfico de drogas y ven amenazado su negocio. “El pago de estas subvenciones no llega, y, ademas, el Gobierno no defiende a estas familias amenazadas por el crimen organizado”, dice Leather.
Brasil aumenta su deforestación
Ningún país como Brasil refleja mejor esta tendencia. Las políticas agresivas del presidente Bolsonaro para impulsar la expansión de la minería y la industria agraria en la Amazonía esá teniendo graves consecuencias para los pueblos indígenas, así como para el clima global, señala el informe. La tasa de deforestación en sus territorios indígenas aumentó bruscamente un 74% en el 2019 respecto a 2018 a 2019. Brasil representó un tercio de la pérdida de bosques tropicales del mundo en 2019. “A medida que Bolsonaro retrocede en la aplicación de disposiciones ambientales, las redes criminales que están impulsando la deforestación de la Amazonía se sienten legitimadas para actuar”, señala Global Witness.
los conflictos del aceite de palma
Dos reporteros muertos en Indonesia
Entre las muertes del año pasado se encuentran las de Maraden Sianipar y Maratua Siregar, dos reporteros indonesios que habían denunciado la expropiación ilegal de tierras por parte de compañías de aceite de palma en la isla de Sumatra. Sus cuerpos fueron encontrados cosidos a puñaladas cerca de una plantación de palmeras en el condado de Labuhan Batu, en la costa noreste de Sumatra
Goblal Witness señala que las comunidades indígenas son víctimas de un porcentaje desproporcionado de los ataques documentados contra las personas defensoras de la tierra.
La inseguridad legal en la tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas sobre los derechos humanos están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
Se estima que las comunidades indígenas y locales tienen derecho sobre más de la mitad de la superficie terrestre del mundo, pero solo poseen el título legal del 10%.
Diversas investigaciones muestran que las tierras gestionadas por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación en comparación con las zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas”.
Las cifras del 2019 muestran también que más de una de cada 10 víctimas en 2019 eran mujeres.
Entre los activistas que ahora están bajo amenaza se encuentra Angélica Ortiz, defensora del pueblo Wayuu de La Guajira, quien durante años se ha opuesto a la mina de carbón más grande de América Latina, como parte de los esfuerzos para proteger el derecho al agua de las comunidades que viven en una de las regiones más pobres de Colombia.
Personas como ella afrontan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, y normalmente no se denuncia.
Logros y avances
Pese a todo, también obtuvieron varios logros en 2019, testimonio de su resistencia, fortaleza y determinación por proteger sus derechos, el medio ambiente y nuestro clima mundial.
En Ecuador, la tribu indígena Waorani ganó un fallo histórico evitando que el gobierno subaste su territorio para la exploración de petróleo y gas.
En Indonesia, la comunidad indígena Dayak Iban del centro de Borneo, aseguró la propiedad legal de 10.000 hectáreas de tierra, luego de una lucha que se extendió por décadas.
En un caso presentado ante el Tribunal Supremo del Reino Unido por parte de las comunidades afectadas por una mina de cobre a gran escala en Zambia, un juez dictaminó significativamente que la demanda puede ser escuchada en los tribunales ingleses, lo que podría tener implicaciones más amplias para las empresas que no cumplan sus compromisos públicos con las comunidades y el medio ambiente.
Corrupción y responsabilidades
La explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico en muchos países está dando lugar a los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo. “Empresas y gobiernos que actúan de manera ilegal y silencian a los opositores a estas prácticas con represión opositores”, dice Leather, convencido de que los consumidores del mundo desarrollado pueden ejercer su responsabilidad dando la espalada a la compra de productos que procedan de esta explotaciones insostenibles.
“Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que sitúe la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático”, afirma Rachel Cox.
¿Quién mató a Otilia Martínez?
Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20 años, fueron encontrados muertos fuera de su casa el 1 de mayo de 2019, en la ciudad de El