Podemos, Ciudadanos y PSOE piden que la Constitución asegure fondos para los partidos

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Los expertos lamentan que los partidos bloqueen las reformas

El PDeCAT rectifica en su pretensión de que el Estado 'rescate' sus "desequilibradas" cuentas financieras

Los partidos políticos reciben cada año más de 50 millones de euros como subvención del Estado. El dinero público es su principal fuente de ingresos. De hecho, el 80% del montante que perciben es de origen público. Y no están dispuestos a renunciar a este plácido colchón. Es más, quieren blindar su sustento a cargo de los contribuyentes en la Constitución. El informe para La reforma del régimen y la financiación de los partidos, validado esta semana en el Congreso, pide que el artículo 6 de la Carta Magna recoja este principio de suficiencia en la financiación de los partidos políticos.

Las formaciones políticas en España tienen una dependencia total de las subvenciones que conceden las distintas Administraciones Públicas. Una parte importante la desembolsa el propio Gobierno cada año en concepto de financiación ordinaria. Desde hace meses una subcomisión elabora en el Congreso de los Diputados un dictamen sobre el régimen y la financiación de los partidos políticos. Un informe que han pactado PSOE, Podemos y Ciudadanos -que suman mayoría-, al margen del PP y las fuerzas nacionalistas, que votaron en contra del mismo este miércoles en la Comisión de Calidad Democrática y contra la corrupción.

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En concreto, el texto pactado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, que contempla 75 recomendaciones y que ahora se debatirá y votará en el Pleno del Congreso -donde también tiene mayoría- , aboga por que el «sistema de financiación que se establezca tenga en consideración la necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales». Y la vía para ello es que se aproveche la posible reforma de la Constitución para blindar estos más de 50 millones de subvenciones estatales.

«Sería conveniente evaluar la posibilidad de que este principio de suficiencia en la financiación de los partidos políticos se recoja en el propio artículo 6 de la Constitución para garantizar que los partidos dispongan de las condiciones para cumplir con su papel constitucional», es la recomendación que eleva este dictamen.

Ese artículo de la Carta Magna es el que, de alguna manera, regula el funcionamiento de los partidos: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren añadir un punto que asegure una financiación suficiente.

Financiación privada
Este hecho choca con otra de las reflexiones contenidas en el dictamen, que si bien reconoce que en el sistema español de financiación de partidos la vía pública prevalece sobre la privada, resalta que existe «una tendencia hacia el incremento de la financiación privada a la que no deberían ser ajenos los partidos, incrementando sus esfuerzos en la captación de recursos privados e implicando a la ciudadanía en el mantenimiento de su actividad».

Y es que pese al propósito de aumentar la financiación privada que deslizan los partidos, el trasfondo de la propuesta de PSOE, Podemos y Ciudadanos para reformar la financiación supone un salvavidas para consolidar el dinero público como pilar de su quehacer. El planteamiento de contar con un colchón económico permanente, «principio de suficiencia» lo llaman, se complementa con la petición de que el Estado abone «fondos compensatorios» si los partidos, por ejemplo, presentan un equilibrio de género en las listas u órganos directivos, limitan los mandatos de sus dirigentes o celebran primarias. Esto es, demandan una serie de pluses de dinero público a sumar a la subvención fija.

«Un mecanismo que ha sido frecuentemente analizado por la doctrina es el de que el Estado promueva con sus subvenciones la consecución del equilibrio de la financiación de las formaciones políticas entre aportaciones públicas con fondos procedentes de aportaciones privadas», es la petición que hacen los partidos. Que el Estado garantiza la viabilidad de las formaciones políticas.

Las propuestas
Reforma constitucional. «Sería conveniente evaluar que el principio de suficiencia en la financiación de los partios se recoja en el propio artículo 6 de la Constitución para que dispongan de condiciones para cumplir su papel».

Más dinero público. Los partidos firmantes reclaman «fondos compensatorios» a su financiación si cumplen determinados preceptos, como la paridad o la limitación de mandatos.


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Ademas de tener todos los privilegios que tienen, ademas de ser aforados (10.000 en España, 0 en Alemania), ademas de no solucionar nuestros problemas ahora quieren mas money !se les ha ido la olla!
 
España es el país europeo con mayor número de personas aforadas
Otros jefes de Estado pierden la protección jurídica cuando dejan el cargo
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EL PAÍS
Madrid 20 JUN 2014 - 22:43 CEST


En el derecho comparado, España es líder europeo en personas aforadas, cuyo enjuiciamiento corresponde a un tribunal superior. Cerca de 10.000 personas gozan de este tipo de protección jurídica: más de 7.000 jueces y fiscales, diputados nacionales y autonómicos, senadores, ejecutivos regionales, altos cargos de la administración del Estado y todo el Gobierno central. Mientras, en Portugal e Italia sólo está aforado el Presidente de la República, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente.

En Francia están aforados el Presidente de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno. En Alemania, en Reino Unido y en EE UU, no hay ni un aforamiento, según consta en un informe del Consejo General del Poder Judicial, donde plantea al Gobierno español la necesidad de reducir el número de personas con esta protección jurídica.

En relación con el aforamiento del rey saliente, también España es especial. Mientras que el Gobierno va a otorgar un fuero especial único para el rey Juan Carlos y su esposa, la reina doña Sofia, para todo tipo de causas civiles y penales que sólo podrán instruirse en el Tribunal Supremo, en otros países el monarca que abdica pierde cualquier tipo de protección judicial
 
España se consolida como el país con más políticos de toda la Unión Europea
Javier Romera/Carmen Obregón
8:00 - 9/07/2012


¿Sobran en España políticos?

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"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Así resumía el mítico actor norteamericano Groucho Marx la gestión de la cosa pública. Más allá del carácter humorístico de la sentencia, lo cierto es que los partidos y la clase política se han consolidado como el tercer gran problema para los españoles.



Crece el desapego a la clase política


Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por un 22,5 por ciento de los encuestados.

La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local.

Cargos públicos
Lo único evidente es que la organización del Estado autonómico ha consolidado al país como el primero de la Unión Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan, en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y cargos de confianza.

Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000.

Más o menos en el mismo nivel estaría Francia, y muy por detrás, con poco más de 100.000, Alemania. Y eso en un país federal, dividido en 16 lander, y con un grado de descentralización mucho mayor que España.

El aparato del Estado
Hay que tener en cuenta que no hay cifras oficiales y que se trata tan sólo de estimaciones, pero aún así, en nuestro país habría alrededor de un cargo político por cada 115 ciudadanos, lo que nos sitúa muy por encima de nuestros vecinos. Entre las grandes economías de la eurozona, el ratio es, de hecho, mucho más bajo. En Italia hay así uno por cada 300 aproximadamente, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800 ciudadanos. No hay así comparación posible de gasto.

Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas.

Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, el que fuera director de la Nebrija Business School. "A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos".

Una gran parte del problema está ahora mismo en las empresas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de "simplificación y racionalización" tanto en éstas como en las fundaciones, que debe acabar con el cierre o privatización de una buena parte de ellas. Pero aún así no es una tarea fácil porque, de acuerdo con los últimos datos oficiales, hay todavía 2.800 empresas públicas estatales y otras 2.350 más autonómicas.

Según informó el diario La Razón, el Ejecutivo estaría estudiando también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para reducir sustancialmente el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Actualmente hay en la administración local 68.462 cargos electos, lo que supone 2.300 más que en la anterior legislatura.

El ranking por provincias lo encabezan Barcelona, con 3.761 concejales; Valencia, con 2.964; Madrid, con 2.287, y Salamanca, con 2.168. En el lado opuesto están Álava, con 431; Las Palmas, con 598, y Cádiz, con 716. Pero a estas cifras hay que sumar además los 8.116 alcaldes, por cada uno de los ayuntamientos existentes en la actualidad.

El Gobierno aprobó ya el pasado mes de abril incluir una propuesta para reducir el número de consistorios en el Programa Nacional de Reformas 2012, que se remitió además a Bruselas. "España tiene un número de ayuntamientos muy superior al de otros países del mismo tamaño", reconoció entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos.

En el mismo plan se contempla también la reordenación competencial para eliminar duplicidades entre las administraciones y la posible supresión de oficinas comerciales autonómicas o su integración en el Icex, algo que en cualquier caso dependerá en última instancia de lo que decida hacer cada autonomía. Eso claro está, salvo que se cambie la ley a nivel nacional y se les retiren competencias.

"¿Qué falla entonces?"
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria, asesor de Rodríguez Zapatero antes de que ganara en las urnas, denuncia la existencia de estructuras clientelares y añade que la preocupación del político español es cómo mantener a los suyos en su puesto. Villoria tiene claro que "sobran políticos pagados con fondos públicos". Según dice, "apenas hay unos pocos, concejales de pueblo que trabajan desinteresadamente y que incluso les cuesta dinero desempeñar sus cargos". El resto sigue cobrando del erario público.

El problema, además, es que no se trata ya de que haya un número excesivo de políticos, sino, sobre todo, de su falta de cualificación en muchas ocasiones para el puesto que ocupan. Aunque uno de los recientes estudios del grupo de investigación Democracia y autonomías: sociedad y política (DASP) concluye que, en la actual legislatura, el 87 por ciento de los parlamentarios españoles goza de un alto nivel de estudios, hay otro dato que contrarresta con otro guarismo. Y es que el 88 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión. "¿Qué falla entonces?", se pregunta el catedrático y experto en comunicación política Xavier Coller: la formación especializada. "Nuestros dirigentes no están preparados para ejercer la política", dictamina.

Perfiles políticos
"En España nos encontramos con dos perfiles políticos, "el que entiende que es una correa de transmisión de la sociedad, y el que piensa sin embargo que hay que modular las demandas sociales porque a veces los ciudadanos no tienen el conocimiento profundo de las materias". Estas son dos conclusiones genéricas de la encuesta elaborada por DASP, que analiza, con un universo de 600 parlamentarios, la semblanza del dirigente español.

Apenas hay cursos especializados que enseñen al político "cómo se debe relacionar con la gente, cómo se lee una encuesta, qué contar en una rueda de prensa, y lo que es más importante, cómo hacer una ley... Muchos de nuestros políticos llegan a las instituciones sin saber cómo se hacen las leyes. No es el caso de Estados Unidos, donde una vez ganado tu escaño recibes cursos de iniciación a la vida parlamentaria", relata Coller, director del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política.

La escasa formación especializada no es, sin embargo, el único obstáculo del político español para el correcto desempeño de la cosa pública. En opinión de Coller, a los problemas formativos se suma la ausencia de empatía. "Hay casos clamorosos de desconexión. Los políticos legislan en función de lo que conocen. Reproducen el entorno en el que se han socializado. Son incapaces de desarrollar una sensibilidad social. Se relacionan entre ellos. Se reúnen con sus asociaciones y sus sindicatos afines. Carecen de trasnversalidad", dice.

Pero todo eso puede cambiar. Según Daniel Montero, periodista y autor de La casta, el increíble chollo de ser político en España, "ahora sabemos que las carreteras se hacen con nuestro dinero, que los hospitales se levantan con nuestros impuestos... Y en España apenas somos conscientes desde hace unos días de que existe un derecho a acceder a la información pública
http://ecodiario.eleconomista.es/po...onmas-politicos-de-toda-la-Union-Europea.html
 
Son tantos los problemas que tiene el pueblo español,que se ha convertido en un sistema caótico.Los aforados han hecho las leyes para protegerse de sus latrocinios,se ha preocupado que los altos cargos de la Justicia sean afines, para que sirvan de tapón y que sea delito quien denuncia y no al denunciado.Lo que se dice derecho de pernada.Si se revisa institución por institución, no hay por donde meter mano.
 
Son tantos los problemas que tiene el pueblo español,que se ha convertido en un sistema caótico.Los aforados han hecho las leyes para protegerse de sus latrocinios,se ha preocupado que los altos cargos de la Justicia sean afines, para que sirvan de tapón y que sea delito quien denuncia y no al denunciado.Lo que se dice derecho de pernada.Si se revisa institución por institución, no hay por donde meter mano.
O alguien "limpio" viene a arreglar esto o me temo que esto acaba muy mal
 
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