Pedro Sanchez y la venta de armas a Arabia Saudi.

Sánchez deja a Margarita Robles 'señalada' tras la crisis de los misiles con Arabia Saudí
La ministra de Defensa, a quien el presidente desautorizó el domingo por la noche en una entrevista, indigna al PSOE con su ausencia este lunes en la celebración de los cien días de gobierno

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Robles compareciendo ante la Comisión de Defensa del Senado el pasado lunes 10 EFE/Kiko Huesca
GABRIEL SANZ
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18.09.2018 - 05:15

"Ella va por libre", comentaban este lunes indignados algunos ministros y cargos del PSOE que se dieron cita en Casa de América para celebrar los 100 días de la llegada al poder de Pedro Sánchez, ante la notoria ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, exportavoz del Grupo Socialista. Era un acto importante, repleto de empresarios y directivos de medios de comunicación, de esos que hacen los partidos de ciento en viento y donde pasan lista; y Robles decidió que la pusieran falta.

Echenique ve "lamentables" los argumentos de Celaá para vender bombas a Arabia SaudíEchenique ve "lamentables" los argumentos de Celaá para vender bombas a Arabia Saudí
Tenía excusa para no acudir -a esa misma hora, mediodía, le tocaba presidir el Consejo Superior del Ejército del Aire en la otra punta de Madrid- pero en la mente de todos estaba aún fresca la reconvención del presidente apenas unas horas antes, en la noche del domingo, durante una entrevista en El Objetivo, por su controvertido papel en la venta a Arabia Saudí de 400 misiles. "Motivo de más: Pudo venir, saludar e irse al cuarto de hora, pero ha preferido hacer pública discrepancia", señalaba una fuente.



Y, aunque Pedro Sánchez lo negó, sus palabras sonaron el domingo a desautorización en horario televisivo de máxima audiencia: Arabia Saudí podía interpretar la no entrega de esas bombas como una revisión de todos los contratos. Y, como esa "competencia" (sic) es suya, priorizó "garantizar los puestos de trabajo a la Bahía de Cádiz y a la empresa Navantia" con la construcción de cinco corbetas para la Armada saudí -1.800 millones y 6.000 empleos en juego, nada menos-.

Esta versión dulcificada oculta el pulso que le ha estado echando su ministra desde el 3 de septiembre, cuando ella hizo saber que "paralizaba" la entrega de unos misiles ya pagados. Tras el revuelo con Arabia, y en la propia Andalucía, que exigió la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, y hasta del director general del CNI, Félix Sanz Roldán, para calmar las aguas, el viernes 7 la ministra portavoz, Isabel Celáa, ya dijo al término del Consejo de Ministros que de "paralización", nada.

Pero, para sorpresa de todo el PSOE, el lunes 10, Margarita Robles volvía a insistir en que el contrato estaba "en estudio, paralizado, llámenlo como quieran". El hecho de que lo hiciera en el Senado acrecentó la alarma de los sindicatos en Navantía, que comenzaron a organizar manifestaciones en defensa de sus empleos. Fue el punto de no retorno: el presidente del Gobierno zanjór la cuestión con un puñetazo encima de la mesa e hizo incluso que Borrell desmintiera a Robles tres días más tarde, ya que ella se negaba a rectificar.

En el PSOE se comenta que Sánchez no puede permitirse una tercera dimisión, y menos de la ministra de Defensa, porque evidenciaría una crisis total en el Gobierno



En círculos socialistas se reconoce que el asunto es "grave" porque Robles ha quedado "tocada" en su autoridad; tanto internamente, en las Fuerzas Armadas, como externamente, ya que ha quedado invalidada como interlocutora ante Arabia Saudí, uno de los socios comerciales más importantes que tiene España -petróleo, AVE a la Meca y otros contratos-. Preocupa en el partido que la crisis de los misiles llegue cuando ya le han dimitido a Sánchez en cien días dos ministros -Máxim Huerta y Carmen Montón-, y hasta una directora general de Trabajo tras la pifia que supuso la legalización de un sindicato de prost*tutas.

"No podemos permitirnos una tercera dimisión sin que el Gobierno entrara en una crisis probablemente irreversible", sostiene un diputado y no precisamente de los críticos con el presidente del Gobierno. Todo, además, con la sombra de unas elecciones anticipadas que el propio Sánchez ya no se molesta en descartar si le rechazan el Presupuesto 2019.

Hasta el PNV, socio del Gobierno desde la moción censura, terció este lunes en el debate para ponerse del lado de La Moncloa y los que defienden mantener los acuerdos con el Reino wahabí, porque una ruptura podría llegar a afectar incluso a la industria armamentística del País Vasco. "Todos pensamos rápidamente en los astilleros, que iban a verse afectados. Por tanto, me parece un tanto inocente, porque muchas veces no depende tanto de la voluntad tomar una decisión, y de si algo es negro o blanco, sino de la realidad en la que estás metido", apunta su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.Esteban cree que "es muy difícil para el Gobierno romper los acuerdos con Arabia Saudí"en estos momentos no solo en el aspecto militar, sino también en otros aspectos en el ámbito civil, que son inversiones muy importantes en los dos sentidos".

El PP quiere hacer 'sangre' con Margarita Robles y este miércoles la preguntará en el Congreso: "¿Es consciente la ministra de que solo acierta cuando rectifica?"

El PP ha olido sangre en el conflicto abierto entre la ministra y su partido, y se dispone a sacar rentabilidad. Este miércoles, el diputado del Grupo Popular, Ricardo Tarno, va a preguntar a la titular de Defensa: "¿Es consciente la ministra de que solo acierta cuando rectifica?".

Su vicesecretario de Organización, Javier Maroto, considera que la actuación del Ejecutivo socialista en la venta de bombas a Arabia Saudí está "rozando el esperpento". A su entender, no se puede decir "una cosa y la contraria", hasta el punto de intentar "convencer" a los ciudadanos de que las bombas que vende España "no matan a nadie"
 
La ministra Celaá mintió: un informe de la ONU contradice la versión de las bombas saudíes
Publicado por Esteban Villarejo el Sep 20, 2018

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Numeral de la bomba MK-82 y la referencia de guiado (GBU-12)



La mentira -por desconocimiento o por ocultación de la verdad (se venden finalmente para no fastidiar las relaciones comerciales con Arabia Saudí… ¡tan difícil es decir eso!)- es grave, máxime cuando omite un informe de las Naciones Unidas, del 27 de enero de 2017, que confirma que bombas de guiado láser tipo GBU Paveway II (de Lockheed Martin y Raytheon) mataron yemeníes civiles en la guerra que vive ese país desde hace tres años.

La información, avanzada el miércoles por la agencia Colpisa, da cuenta de un informe del Grupo de Expertos sobre Yemen para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que verificó el uso de bombas aéreas de precisión láser en Yemen que causaron 292 víctimas civiles.

En concreto en aquel ataque fue empleada la bomba GBU-12, muy similar a la GBU-10 que enviará (o ha enviado ya) el Gobierno español a Arabia Saudí por 9,2 millones de euros tras la firma del contrato en 2015 (con Pedro Morenés de ministro de Defensa).




Parte del informe



«El informe de la ONU al que ha tenido acceso este periódico no deja lugar a las dudas de que estas “bombas inteligentes” han matado a civiles en Yemen. Asegura que la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí vulneró el derecho internacional humanitario “por lo menos en diez ataques aéreos” contra viviendas, mercados, fábricas y un hospital. Este documento se elaboró en virtud de la resolución 2266 tras el golpe de Estado en este país árabe en 2014, que renovó las sanciones y el embargo colectivo de armas a los bandos contrincantes», se explica aportando material fotográfico hallado en el lugar de aquel ataque.

Los ataques más mortíferos en Yemen fueron sendos bombardeos a un mercado el 15 de marzo de 2016 en la localidad de Haya, con 106 muertos y 41 heridos, y a unafuneraria civil el 8 de octubre de ese año en la capital Saná, con 132 muertos y 695 heridos, según han documentado los investigadores a partir de datos de Naciones Unidas o de Médicos Sin Fronteras.




Cráter que provoca la bomba, recogido en el informe



Por cierto, otro ataque contra un autobús escolar el pasado 9 de agosto está siendo investigado igualmente. Ahí murieron 40 niños.

Es decir, ¿por qué se trató de dar una explicación tan peregrina y sin fundamento a los periodistas que asistieron al Consejo de Ministros?




Ataques constatados en 2017 y tipo de munición






INFORME DE LA ONU EN SU TOTALIDAD: https://digitallibrary.un.org/record/859551/files/S_2017_81-ES.pdf



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Una diputada del PP tacha a Robles de “ministra boba” y de ser “un peligro para los españoles”
La ministra Margarita Robles en la sesión de control al Gobierno de este miércoles
13 Comentarios
Robles ha afirmado que Rajoy a España "muy comprometida y para mal"
Un diputado del PP a Robles: “Las bombas son muy distintas a usted, parece ser que son inteligentes”



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a España “muy comprometida y para mal” internacionalmente, citando entre otros ejemplos el contratos de bombas compradas por Arabia Saudí para su guerra con Yemen, y la diputada del PP María José García Pelayo le ha replicado tachándola de “ministra boba” y de ser “un peligro para los españoles”.

Por segunda semana consecutiva, el Grupo Popular ha vuelto a preguntar a la ministra por la rectificación del contrato de las bombas para Arabia Saudí que en su día autorizó el PP y que Robles quiso suspender, aunque al final el Gobierno socialista lo acabó aceptando para evitar que el país del Golfo Pérsico tomara represalias con otros contratos millonarios.

La diputada María José García Pelayo ha asegurado que tras este episodio la ministra ha sido “desautorizada” por el presidente Pedro Sánchez, que la ha dejado como “una ministra boba, políticamente hablando”, y como “una auténtica irresponsable” que no mide las consecuencias de sus decisiones”.


“Un peligro para los españoles”

A su juicio, la ministra es “un peligro para los españoles”: “Usted ha quedado desprestigiado como ministra y ha contaminado a su Gobierno, al país y a Navantia –ha dicho–. Pida disculpas”.


Robles ha contestado que, “a diferencia” de sus antecesores, ella tiene “carrera profesional” en la judicatura, mientras que otros utilizaban su ministerio para “hacer una carrera empresarial y políticas”, algo que achaca a María Dolores de Cospedal, que en su opinión se fue de Defensa “a la fuga” para competir con Pablo Casado en el PP aunque al final no le saliese “bien”.

Según Robles, quien “ha puesto en peligro” los puestos de trabajo en los astilleros ha sido el Gobierno del PP, tanto con el submarino S-80, por el que ha habido que “pagar 1.800 millones de euros”, como con las fragatas, donde el Gobierno estaba “muy perdido” por “intereses empresariales”, y con los helicópteros Chinook, a los que por error se refirió como “Cherokees”.

“España está comprometida para mal”

A todo ello añade las últimas noticias que apuntan a que el contrato de las bombas con Arabia Saudí fue una decisión política en favor del régimen del Golfo en su conflicto con Yemen. “Ahora veo también que parece ser que había acuerdos secretos para apoyar guerras en algunos países –ha señalado–. Lo que pone en riesgo a España y su credibilidad internacional es que a espaldas de este Parlamento hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas”.

Por ello, ha instado al PP de Pablo Casado a hacer “una oposición seria” y “dejar de hacer vuelo gallináceo” porque “España, como consecuencia de lo que hizo el Gobierno del PP, está muy comprometida y para mal, internacionalmente”.
 

Margarita Robles bendice que una multinacional de un fondo offshore se haga con más del 70% de la principal empresa española de armas​

https://laultimahora.es
Por
La Última Hora.

20 de enero de 2021 23:59

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El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ha bendecido esta semana una curiosa operación empresarial que va a permitir que el accionariado de la principal empresa nacional de la industria de munición, Maxamcorp Holding SL, pase a estar controlado por una empresa de multinacional de Luxemburgo, Prill Holdings SARL, cuyos dos únicos socios son empresas con sede fiscal en las Islas Caimán, según denunció Infolibre el pasado lunes.

No es la primera vez que Robles hace algo parecido: en 2019 el Gobierno del PSOE ya autorizó algo similar entre las mismas empresas, de tal forma que Prill Holding pasó a tener el 45% que tenía hasta esta semana, en la que ha pasado a controlar el 71,17% de Maxamcorp.

Como relataba Infolibre hace algunos días, el entramado empresarial de Maxamcorp Holding y sus filiales (Expal, principalmente) tiene numerosos vínculos con dirigentes políticos y ex responsables públicos de alto nivel de PP y Vox. José Manuel Vargas preside la empresa desde mayo, y fue el máximo responsable de la empresa pública AENA en la etapa de Mariano Rajoy, por tanto, de la privatización del 49% de la empresa de aeropuertos.

Además, Rafael Bardají, dirigente de Vox que actuó como enlace de la formación de extrema derecha con Steve Bannon y Donald Trump, forma parte del consejo de administración de Expal Systems (compañía que pertenece a Maxamcorp) desde 2019. Y por ultimo, también es accionista de MaxamCorp Jorge Dezcallar, director del CESID -el actual CNI– durante la segunda legislatura de José María Aznar en el Gobierno.

Las polémicas de Expal

Expal, perteneciente a Maxamcorp, ha estado involucrada en numerosas ventas de explosivos y munición a países con violaciones de DDHH. Por ejemplo, antes de la prohibición de 2010 se dedicaba a a minas antipersona y bombas de racimo (aunque según fuentes se llegaron a usar en la Guerra de Libia de 2011). Más recientemente, ya en febrero de 2020, cuando estalló el caso de la venta de armas de Arabia Saudí, se conocía que Expal tenía encargos paralizados de ventas a este país. También ha tenido relaciones con Turquía e Israel, además de otros países de la UE.

 

La Abogacía del Estado avisa a los jueces que revelar datos sobre la venta de armas a Arabia Saudí provocará un "conflicto"​

En el marco de un recurso presentado por Greenpeace contra la opacidad en estos negocios, la representante legal del Estado alerta que esas informaciones dañarían las "relaciones bilaterales" y perjudicarían a las empresas exportadoras.​




Los reyes con MBS
Los reyes junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, durante una visita realizada a España en abril de 2018. — EFE
BILBAO
24/02/2021 22:55
DANILO ALBIN@DANIALRI
La política oficial de hermetismo en torno a las exportaciones de armamento hunde sus raíces en una ley franquista y, entre otras cosas, busca evitar que fracasen los negocios con el régimen saudí, responsable de los ataques contra la población civil en Yemen desde 2015. Así lo ha confirmado la Abogacía del Estado en un informe elevado a los tribunales en respuesta a un recurso presentado por la organización ecologista y pacifista Greenpeace, que buscaba precisamente poner fin a ese silencio.

En el documento remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que ha tenido acceso Público, la representación legal del Estado apela, por un lado, al acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987, que "declaró 'materia clasificada' con la calificación de secreto las actas de la JIMDDU", en alusión a la Junta Interministerial que analiza las solicitudes de exportación de armamento. El Ejecutivo de González se amparó entonces en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente a día de hoy.


El recurso formulado por Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid buscaba precisamente arrojar luz ante esas trabas. Apelaba en tal sentido a la "vulneración del derecho a la libertad de expresión tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados".

En respuesta a esa demanda, la Abogacía del Estado invoca aspectos de "seguridad nacional", remarcando que "las reservas militares de cada nación se consideran un Secreto de Estado", por lo que "si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial".

La representación legal del Estado sostiene además que el acceso a esa documentación "pondría en peligro tanto los intereses económicos y comerciales de España, como los de la entidad exportadora". Para ello, la defensa legal de la administración aportó al tribunal un informe especialmente elaborado para esta ocasión por la Secretaría de Estado de Comercio, en el que se indica que Arabia Saudí "es el primer socio comercial de España en Oriente Próximo, el segundo inversor árabe en España y el segundo destino de las inversiones españolas en el mundo árabe".

"Las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí descansan en un principio de confianza mutua que abarca de forma integral todos los ámbitos de la relación, sin poder hacer departamentos estancos de ninguno de ellos", destaca la Abogada del Estado en su documento, en el que indica además que "la publicidad de los detalles de las operaciones comerciales en materia de armamento (especialmente el destinatario concreto y su uso específico), sujetas a la confidencialidad antes aludida supondría una pérdida de confianza hacia España como socio comercial, que forzosamente se resentiría en las relaciones bilaterales entre ambos países".

También apela a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas españolas exportadoras de armamento, remarcando que el acceso a la información sobre las ventas a Arabia Saudí "dañaría la posición competitiva de la entidad solicitante de la licencia, debilitaría su posición en el mercado y produciría un perjuicio económico al revelar y hacer accesibles conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial de la empresa amparada por el secreto empresarial".

"Ejercicio abusivo"​

Ante las afirmaciones contenidas en este documento, la abogada de Greenpeace a cargo de este recurso, Lorena Ruiz-Huerta indicó a Público que "el objetivo fundamental del Gobierno es proteger la actividad comercial de la empresa exportadora de armas, así como los intereses económicos y comerciales de España". "Es increíble que en este momento, que tenemos el Gobierno más progresista de la historia de este país, la Abogacía del Estado ponga un negocio por encima del derecho fundamental a la vida de millones de personas en Yemen".
En ese contexto, remarcó que "existe un grave problema en el abusivo ejercicio del secreto de Estado, y no solo porque con ello se interfiera en la transparencia en la gestión de los asuntos públicos por el Gobierno, sino por la posibilidad de amparo de conductas delictivas bajo el férreo manto que proporciona el secreto de Estado". "De este modo, el problema no reside en la existencia del secreto como tal, sino en que cualquier cosa sea considerada como secreto por el Gobierno, de modo que la espiral del secreto y la mentira devienen en una monstruosidad jurídica intolerable", subrayó.

La tramitación del recurso de Greenpeace en los tribunales está ahora a la espera de otro punto: la contestación de la empresa madrileña NTGS, exportadora de morteros Alakran a Arabia Saudí. Cuando se produzca su respuesta, el tribunal tendrá ya todos los elementos para dictar sentencia.

"La antigua Roma y Grecia"​

Según ha podido confirmar Público, la Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto. Al igual que la Abogacía del Estado, el Ministerio Público defiende en su escrito que resulta imposible acceder a los datos solicitados por Greenpeace debido a que los mismos forman parte de las materias calificadas como secretas por el Gobierno de Felipe González en 1987. Asimismo, la Fiscalía echa la vista atrás para remarcar que la "reserva y ocultación de información por parte del Estado se producía ya en la antigua Roma y Grecia".


  • J
    juanlvis
    hace 3 horas
    25 de febrero de 2021, 07:28
    Otro sí, digo: ¿Es España una democracia PLENA cuando su ley de secretos oficiales está firmada por Franco? ¿En qué put* MIERDOCRACIA VIVIMOS? ¿LA put* PESOEZ DEL GAL ES SOCIALISTA? Vayanse a tomar por el culo, LADRONES.

  • juanlvis
    hace 3 horas
    25 de febrero de 2021, 07:15
    O sea que la a Abogacía del Estado ABOGA por el armamentismo, el NEGOCIO y contra la PAZ. VÁYANSE A LA put* MIERDA FUNCIONARIOS INDECENTES. En el fondo lo que queréis es taparle las vergüenzas al comisionista BORBÓN.



    • Yoar
      hace 2 horas
      25 de febrero de 2021, 08:23
      Así me gusta, a eso se le llama transparencia y lo demás son gilipolleces. Y le llaman democracia plena. Mucho asco.
 

La revelación de datos de venta de armas de España a Arabia Saudí puede provocar un “conflicto”​

La opacidad de los contratos de venta de armas que Defensa y las empresas españolas mantienen con el país árabe ha sido cuestionada por múltiples organizaciones, que señalan la masacre humanitaria que se está llevando a cabo en Yemen. La revelación de esos datos, según la Abogacía del Estado, podría provocar un "conflicto"

Por
Alba González.

26 de febrero de 2021 15:00

Venta armas Arabia Saudí revelación datos causa conflicto

Los negocios armamentísticos con Arabia Saudí están en el punto de mira desde hace varios años. Ya en 2018, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, se vio obligada a esclarecer el suceso en torno a la venta de armas al país días antes del asesinato perpetrado en su consulado de Estambul que acabó con la vida del periodista crítico Jamal Khashoggi, lo que supuso una sonada violación de los derechos humanos. Sin embargo, días después anunciaron desde la bancada socialista la no supresión de los mismos.

De facto, el último movimiento de la Ministra de dar luz verde a que el accionariado de la principal empresa nacional de la industria de munición, Maxamcorp Holding SL (encabezada por su filial Expal), pasase a estar controlado por una entidad multinacional de Luxemburgo, Prill Holdings SARL, cuyos dos únicos socios son empresas con sede fiscal en las Islas Caimán, estuvo muy señalado justamente por las acusaciones que rodean a las prácticas productivas del entramado.

En concreto, Expal ha estado involucrada en numerosas ventas de explosivos y munición a países acusados de violar sistemáticamente los Derechos Humanos. Por ejemplo, antes de la prohibición de su uso en 2010, la filial de Maxamcopr se dedicaba a la fabricación y exportación de minas antipersona y bombas de racimo (aunque, según fuentes, se llegaron a usar en la Guerra de Libia de 2011). Más recientemente, ya en febrero de 2020, cuando estalló el caso de la venta de armas de Arabia Saudí, se conocía que Expal mantenía encargos, temporalmente paralizados, con este país. Asímismo, se le conocen relaciones económicas con Turquía e Israel.

Desde entonces, múltiples organizaciones impulsadas, sobre todo, por la reiterada masacre que se produce en Yemen desde 2015, han iniciado procesos judiciales para conocer cuál es la dimensión de las relaciones de venta de armas entre España y Arabia Saudí, algo que produce preocupación en partidos y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos. "Una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen", señalaba Ione Belarra a Margarita Robles.

Uno de esos recursos legales lo ha protagonizado Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que buscaba poner fin al hermetismo de las contrataciones y la opacidad en la venta de armas. La Abogacía del Estado ha contestado el requerimiento, y asegura que revelar dicha información supondría un “conflicto”.

"Si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial", informaba la Abogacía.

Las cuestiones relacionadas con el armamento estatal y la relación con otros países se considera Secreto de Estado, y basa su opacidad en una ley de secretos oficiales heredada desde el franquismo, que profundizó Felipe González clasificando como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.


¡Eso sí que es transparencia! ¡Viva la democracia plena!
 

La revelación de datos de venta de armas de España a Arabia Saudí puede provocar un “conflicto”​

La opacidad de los contratos de venta de armas que Defensa y las empresas españolas mantienen con el país árabe ha sido cuestionada por múltiples organizaciones, que señalan la masacre humanitaria que se está llevando a cabo en Yemen. La revelación de esos datos, según la Abogacía del Estado, podría provocar un "conflicto"

Por
Alba González.

26 de febrero de 2021 15:00

Venta armas Arabia Saudí revelación datos causa conflicto

Los negocios armamentísticos con Arabia Saudí están en el punto de mira desde hace varios años. Ya en 2018, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, se vio obligada a esclarecer el suceso en torno a la venta de armas al país días antes del asesinato perpetrado en su consulado de Estambul que acabó con la vida del periodista crítico Jamal Khashoggi, lo que supuso una sonada violación de los derechos humanos. Sin embargo, días después anunciaron desde la bancada socialista la no supresión de los mismos.

De facto, el último movimiento de la Ministra de dar luz verde a que el accionariado de la principal empresa nacional de la industria de munición, Maxamcorp Holding SL (encabezada por su filial Expal), pasase a estar controlado por una entidad multinacional de Luxemburgo, Prill Holdings SARL, cuyos dos únicos socios son empresas con sede fiscal en las Islas Caimán, estuvo muy señalado justamente por las acusaciones que rodean a las prácticas productivas del entramado.

En concreto, Expal ha estado involucrada en numerosas ventas de explosivos y munición a países acusados de violar sistemáticamente los Derechos Humanos. Por ejemplo, antes de la prohibición de su uso en 2010, la filial de Maxamcopr se dedicaba a la fabricación y exportación de minas antipersona y bombas de racimo (aunque, según fuentes, se llegaron a usar en la Guerra de Libia de 2011). Más recientemente, ya en febrero de 2020, cuando estalló el caso de la venta de armas de Arabia Saudí, se conocía que Expal mantenía encargos, temporalmente paralizados, con este país. Asímismo, se le conocen relaciones económicas con Turquía e Israel.

Desde entonces, múltiples organizaciones impulsadas, sobre todo, por la reiterada masacre que se produce en Yemen desde 2015, han iniciado procesos judiciales para conocer cuál es la dimensión de las relaciones de venta de armas entre España y Arabia Saudí, algo que produce preocupación en partidos y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos. "Una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen", señalaba Ione Belarra a Margarita Robles.

Uno de esos recursos legales lo ha protagonizado Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que buscaba poner fin al hermetismo de las contrataciones y la opacidad en la venta de armas. La Abogacía del Estado ha contestado el requerimiento, y asegura que revelar dicha información supondría un “conflicto”.

"Si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial", informaba la Abogacía.

Las cuestiones relacionadas con el armamento estatal y la relación con otros países se considera Secreto de Estado, y basa su opacidad en una ley de secretos oficiales heredada desde el franquismo, que profundizó Felipe González clasificando como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.


¡Eso sí que es transparencia! ¡Viva la democracia plena!

Euskadi lidera el puesto de ventas de armas del estado


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El contrato secreto para vender armas a Arabia Saudí que autorizó el Gobierno de Rajoy: 250 morteros y 175.000 proyectiles​


Grandes consultoras como Everis venden armamento a Arabia Saudí desoyendo las peticiones del Parlamento europeo.
Grandes consultoras como Everis venden armamento a Arabia Saudí desoyendo las peticiones del Parlamento europeo.
Pol Pareja
11 de mayo de 2021 22:31h
52
@polpareja
La consultora Everis, presidida por Eduardo Serra -exministro de Defensa de José Maria Aznar- negoció en secreto en 2017 con el Gobierno de Arabia Saudí la venta de armamento por más de 108 millones de dólares (88,8 millones de euros), según una investigación de varios meses de elDiario.es. El negocio, partido en dos contratos distintos, fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (compañero de Serra en el Consejo de Ministros entre 1996 y 2000) a pesar de que Arabia Saudí ya estaba implicada en la guerra de Yemen y en un momento en que el Parlamento Europeo pedía que no se le vendiera armamento a aquel país ante el riesgo de que fuese utilizado en el conflicto, tal y como acabó ocurriendo.

Este periódico ha tenido acceso a numerosa documentación sobre los negocios de venta de armamento español al régimen de Riad, incluidas imágenes internas, documentación de carga de los puertos españoles y diversos contratos firmados por empresas nacionales con Muhammad bin Naif, el antiguo heredero saudí al trono y entonces ministro del Interior. Los contratos contaron con el beneplácito del Gobierno de Rajoy, que autorizó estas exportaciones a pesar de que contravienen la normativa nacional y europea de exportación de material militar. Según la ONU, la guerra de Yemen se ha cobrado ya más de 230.000 vidas.

Extractos de los contratos firmados con pocas semanas de diferencia por Everis y su filial NTGS con el Ministerio del Interior de Arabia Saudí.

Diversas resoluciones del Parlamento Europeo (en 2016, 2017, 2018 y 2021) vienen reclamando a los Estados miembro que cumplan con la normativa comunitaria y no vendan armas a Arabia Saudí debido a su implicación en la guerra de Yemen basándose en las "serias alegaciones" sobre "vulneraciones de las leyes internacionales humanitarias" acometidas por el régimen. También la ONU ha pedido lo mismo en más de una ocasión para evitar que lleguen más armas al conflicto. En su último informe, el panel de expertos de Naciones Unidas hace hincapié en denunciar el uso de morteros y las consecuencias que tienen para la población civil.
El Gobierno de Rajoy ignoró estas reclamaciones y concedió la autorización para que Everis y su filial firmaran sendos contratos con los saudíes: les vendieron 250 morteros, la tecnología para usarlos y 175.500 proyectiles explosivos a un país inmerso en una guerra. Entre otras cláusulas, esta empresa presidida por un exministro de Aznar se comprometió en el contrato a lograr la autorización pertinente de La Moncloa para exportar estas armas "asegurando" que "no habría ninguna objeción" por parte del Ejecutivo español.

Everis, propiedad del gigante de telecomunicaciones japonés NTT, es una de las grandes consultoras a nivel mundial, especializada en tecnologías de la información. Su delegación en España, que emplea a más de 10.000 personas, abarca todo tipo de sectores y suele obtener contratos de administraciones y empresas públicas: desde la asistencia técnica para Renfe hasta el soporte informático para la Seguridad Social, entre otros contratos obtenidos recientemente.

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Listado detallado del armamento y munición exportado por parte de la filial de Everis a Arabia Saudí.
A pesar de vender armas a dictaduras que vulneran los derechos humanos ignorando a relevantes instituciones internacionales, la compañía asegura en su reporte anual estar "alineada" con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas "como guía para construir una sociedad mejor" a través del "uso de la tecnología de manera responsable".

El armamento se utiliza en la guerra de Yemen​

Poco tiempo después de la venta de estos morteros y proyectiles a Arabia Saudí, el armamento de Everis y su filial ya estaba siendo utilizado en la guerra yemení. Una investigación de este periódico junto a Greenpeace, publicada el pasado agosto, encontró y geolocalizó imágenes de la guardia fronteriza saudí disparando proyectiles en un área donde se registran habitualmente enfrentamientos con los rebeldes hutíes.

El riesgo de que se acabasen utilizando en el conflicto de Yemen constituye uno de los supuestos a tener en cuenta para haber denegado la exportación o haberla revocado en la actualidad, según la normativa española y europea de comercio de armas.

El contrato con Riad fue negociado al más alto nivel e incluye todo tipo de cláusulas de confidencialidad. Lo firman el ministro de Interior saudí y Leon Bitar, vicepresidente de la sección de Defensa de Everis. Bitar es un viejo conocido de las autoridades saudíes y ha asesorado a diversos ministerios del régimen durante la última década. En el documento, se comprometió ante el ministro del Interior a ofrecerle el precio de los "mejores clientes" por los morteros.

En el momento de cerrar este artículo el martes por la tarde, la compañía no había respondido a las preguntas de elDiario.es.







El vicepresidente de la sección de Defensa de Everis y Consejero Delegado de Ventura Defense (antiguamente NTGS), León Bitar, frente a centenares de proyectiles a punto de ser exportados a Arabia Saudí.

Un macrocontrato dividido en dos empresas

Everis se valió de una estructura societaria para vender al mismo tiempo cientos de morteros, la tecnología necesaria para utilizarlos y decenas de miles de proyectiles explosivos a través de una segunda compañía participada, según la documentación obtenida por este periódico. La suma de ambos contratos, firmados con pocas semanas de diferencia, es de más de 108 millones de dólares (88 millones de euros).

En junio de 2017, Everis firmó un primer contrato de 29 millones de dólares (23,8 millones de euros) con el Gobierno saudí para vender sistemas de mortero (la tecnología necesaria para portarlos y poder dispararlos a un objetivo concreto). Pocas semanas después, la compañía dobló su participación en una empresa española, llamada NTGS, que se dedica a fabricar munición y morteros: se hizo con el 49,99% de esta compañía, que recientemente ha cambiado de nombre y ahora se llama Ventura Defense.

Una semana después de este movimiento empresarial, NTGS firmó un segundo contrato con el Ministerio de Interior saudí para vender los proyectiles y los propios morteros. Este segundo contrato, al que también ha tenido acceso elDiario.es, era todavía mayor que el firmado por Everis: superó los 79,7 millones de dólares (65,5 millones de euros).

La cantidad de explosivos que se acordó vender a Arabia Saudí –con la aquiescencia del Gobierno del PP– es muy alta: 75.000 proyectiles altamente explosivos de 120 mm, 25.000 proyectiles de alta explosión de 81 mm, 40.000 de 60 mm...

El vínculo entre ambas empresas es evidente: el vicepresidente de la sección de Defensa de Everis, el mencionado Leon Bitar, es también el Consejero Delegado de Ventura Defense (la antigua NTGS), según figura en su perfil de Linkedin.
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Según fuentes de la empresa, Everis optó por dividir su negocio con Arabia Saudí en dos compañías para evitar que se vinculara a la consultora con la venta de armamento a una dictadura. "La intención es simular que no comercializamos armas sino sistemas electrónicos", señala un antiguo trabajador. Everis vendía la tecnología de los morteros y su filial el material pesado, afirman las mismas fuentes.

A pesar de que Everis dividió en dos empresas y dos contratos sus negocios armamentístico con el régimen saudí, los manifiestos de carga de los buques de aquel país que transportan el material militar, también obtenidos por este diario, demuestran que todo formaba parte del mismo envío: los productos de Everis y de NTGS se cargaban el mismo día, en el mismo puerto, en el mismo barco y con el mismo destino: el Ministerio de Interior de Arabia Saudí.


Los manifiestos de carga de la naviera saudí Bahri demuestran que Everis y NTGS enviaban el material en el mismo barco, el mismo día, desde el mismo puerto.

Opacidad en la autorización

A día de hoy es imposible saber qué argumentos empujaron al Ejecutivo de Rajoy a autorizar –desoyendo al Parlamento Europeo– la exportación de decenas de miles de bombas a un régimen que asesina y descuartiza periodistas y que en el momento de firmar el contrato con Everis ya estaba inmerso en una guerra desde hacía dos años.

"Dado el uso final de los morteros españoles por parte de la guardia fronteriza saudí en el conflicto de Yemen, las autoridades españolas están incumpliendo su obligación según la legislación española [y en línea con las obligaciones del Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la UE] de revisar y suspender las licencias que puedan contribuir a graves violaciones por parte de Arabia Saudí", señala la doctora en Derecho Internacional Valentina Azarova, miembro del International Law Center de Manchester y de la Global Legal Action Network.

Quien decide en España a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), integrada por representantes de varios ministerios. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles en virtud de la ley de secretos oficiales, aprobada durante el franquismo en 1968 y que el actual Ejecutivo asegura querer reformar.

"Esta investigación confirma una vez más que el secretismo y la impunidad con la que opera la industria armamentística no tiene límites", señala Sara del Río, responsable de la campaña a favor de la paz de Greenpeace. "Hemos iniciado acciones legales para acabar con la opacidad del comercio de armas porque es antidemocrática e impide el control a la industria y al Gobierno", subraya.

Este año tanto EEUU como Italia han suspendido las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos para evitar que se acaben utilizando en Yemen. España, sin embargo, sigue exportando material militar a Riad. Solo en 2020, los barcos saudíes que cargan armas desde España visitaron al menos en seis ocasiones los puertos nacionales: venían a cargar munición y recambios de la filial de Everis.
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Sara del Río y Conrado García (Greenpeace) han participado en esta investigación, iniciada en 2019 durante el proyecto #EUArms de Lighthouse Reports.

Respuestas ofrecidas por parte del Gobierno a la investigación de elDiario.es​

¿Por qué la JIMDDU autorizó en 2017 la venta de cientos de morteros y más de 175.000 proyectiles a Arabia Saudí cuando ya estaba inmerso en la guerra de Yemen?

Como consecuencia del golpe de Estado que tuvo lugar en Yemen a finales de 2014 y la intervención de la Coalición de la Liga Árabe en dicho país, se reforzaron en otoño de 2016 las garantías de uso final en las exportaciones de armamento letal y municiones a Arabia Saudí (también a Emiratos Árabes Unidos y Catar), exigiéndose el compromiso de no utilización fuera del territorio del país importador. Dichas licencias de exportación fueron acompañadas de estas garantías.

¿El hecho de que la consultora Everis –que negoció el contrato con el Ministerio del Interior de Arabia Saudí– esté presidida por el exministro de Defensa Eduardo Serra afectó a la decisión de la JIMDDU?

Las autoridades españolas realizan un análisis minucioso de cada solicitud de exportación de productos de una especial sensibilidad y con destino a países que estén involucrados en conflictos internacionales. Se aplica de manera escrupulosa la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Así, se estudia caso por caso y de manera completa cada solicitud de exportación de material de defensa a países de una especial sensibilidad, teniendo en cuenta los ocho criterios contenidos en esta Posición Común, además de los criterios del Documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras de 24 de octubre de 2000.

Este periódico demostró el pasado agosto que los morteros Alakran exportados desde España están siendo utilizados en la frontera yemení por parte de la guardia fronteriza de Arabia Saudí. ¿Se ha hecho alguna actuación al respecto en virtud del sistema reforzado "ex post" que se introdujo recientemente? En caso de respuesta negativa: ¿Por qué no se ha actuado al respecto ante las evidencias del mal uso de los morteros Alakran? Las exportaciones de munición para estos morteros han continuado durante 2020.

La aplicación del instrumento de verificación ex post será expuesta en la comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para explicar el informe de estadísticas de las exportaciones de material de defensa, otro material y doble uso del año 2020.

¿España se plantea algún tipo de suspensión de las exportaciones de armamento a Arabia Saudí tal y como han hecho este 2021 Italia y EEUU?

Los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen, es decir, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Egipto, Jordania y Sudán, no están sometidos a embargo alguno por parte de la ONU o la UE en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios. La Resolución 2216 (2015), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 14 de abril, establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado en Yemen, pero no a los países antes citados.

Si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados, el Gobierno español aplicaría el artículo 8 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida.

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Empresas españolas entrenaron a militares de Arabia Saudí en dependencias del Ejército en Zaragoza​


Miembros de la Guardia Fronteriza de Arabia Saudí, durante un entrenamiento realizado por la consultora Everis.
Miembros de la Guardia Fronteriza de Arabia Saudí, durante un entrenamiento realizado por la consultora Everis.
Pol Pareja
12 de mayo de 2021 21:58h
37
@polpareja
Cada pocos meses, tres o cuatro miembros de la Guardia Fronteriza de Arabia Saudí tomaban un avión en Riad y viajaban discretamente a España.

Su destino era el campo de maniobras de San Gregorio, situado en Zaragoza y propiedad del Ejército de Tierra. El objetivo: recibir entrenamiento militar por parte de dos empresas privadas que venden armas al régimen saudí. Una vez entrenados, los soldados fueron destinados a la frontera de Yemen, donde actualmente disparan morteros de fabricación española en una guerra que se ha cobrado ya más de 230.000 muertos según la ONU.

La consultora Everis –presidida por el exministro de Defensa de Aznar Eduardo Serra– y una filial llamada NTGS trajeron una veintena de soldados saudíes a España en 2018 y 2019 para entrenarles en el uso de las armas que venden al Ministerio de Interior de Arabia Saudí, según una investigación de elDiario.es. Ambas compañías también enviaron personal desde España a Riad para completar estos ejercicios.

Este periódico ha tenido acceso a numerosa documentación de ambas empresas que demuestra cómo algunos de los soldados que participan actualmente en la guerra de Yemen reciben formación en dependencias del Ejército en España. Los entrenamientos se realizaron cuando el conflicto ya llevaba años latente (empezó en 2015) y tanto el Parlamento Europeo como la ONU pedían a los Estados miembro que se abstuvieran de mandar armamento a Arabia Saudí.

En 2018, varios estados occidentales suspendieron la venta de armas a Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen. También como condena al asesinato y descuartizamiento del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi a manos de las autoridades saudíes. Durante ese mismo periodo, miembros de la Guardia Fronteriza saudí llegaban a España regularmente para ser entrenados en dependencias del ejército por parte de las dos empresas mencionadas.

La consultora Everis obtuvo en 2017 la necesaria autorización del Ejecutivo de Rajoy –con quien el presidente de la compañía había compartido Consejo de Ministros entre 1996 y 2000– para realizar estos entrenamientos, ignorando las reclamaciones de distintas instituciones comunitarias e internacionales. La compañía no ha respondido a las peticiones de comentario de elDiario.es
El Ministerio de Defensa tampoco ha respondido a las preguntas de esta redacción. La Secretaría de Estado de Comercio, departamento del que depende el organismo que autoriza las exportaciones de material militar (incluyendo actividades de entrenamiento) ha contestado que esta formación "no está sometida a restricciones" al "no recaer sanción internacional alguna" sobre Arabia Saudí.

Entrenamientos en dos fases​

Los entrenamientos en España se hacían en dos fases, una de 10 días y otra de cinco, según figura en los contratos que Everis y la filial NTGS (renombrada hace poco como Ventura Defense) firmaron con el Ministerio del Interior de Arabia Saudí. Ambos contratos incluían la venta de 250 morteros y 175.500 proyectiles explosivos por más 88,8 millones de euros. Según fuentes de la compañía, los militares saudíes llegaban a España unos días antes de cada nuevo embarque de morteros con destino a Riad.
Tras dos días de presentaciones teóricas, los soldados saudíes aprendían en el campo de San Gregorio a identificar objetivos y dispararles introduciendo las debidas coordenadas en los morteros. También les enseñaban a corregir la posición para afinar más los disparos y a utilizar los morteros en casos de emergencia. En la segunda fase del entrenamiento los soldados aprendían también a utilizar un visor láser para identificar objetivos.

La formación a los soldados no solo se realizaba en España. Everis también envió personal a la sede del Ministerio del Interior en Riad para completar la formación de los soldados saudíes. El programa de entrenamiento en Arabia Saudí era el mismo que el que se realizaba en España, según figura en la documentación. Una vez acabada la formación, Everis entregaba un diploma a los soldados.

Un empleado de Everis entrega diplomas a los soldados de la Guardia Fronteriza saudí al culminar los entrenamientos.
Fuentes conocedoras de estos procesos de formación señalan que se hacían bajo la supervisión de Leon Bitar, vicepresidente de la sección de defensa de Everis y un viejo conocido de las autoridades saudíes: durante la última década ha asesorado a numerosos ministerios del régimen de Riad, según una versión de su currículum de 2013.

En las grabaciones de los entrenamientos, a los que ha tenido acceso esta redacción, se escucha a los instructores de estas empresas españolas hablando en castellano mientras los soldados saudíes disparan a objetivos en los campos de prueba. "¡De put* madre!", les dice un instructor tras un disparo durante un entrenamiento. "Paramos para desayunar", remacha el instructor, cuyas indicaciones se mezclan con el árabe de los soldados.

En el contrato, Everis también se comprometió a enviar personal desde España a Riad para instalar los sistemas de mortero en un centenar de vehículos Toyota Land Cruiser. A su vez, la consultora accedió a ofrecer durante un año un servicio de mantenimiento de los morteros en las dependencias del Ministerio del Interior saudí en Riad y también a enseñar a 20 miembros del Ministerio a realizar estas tareas de mantenimiento.

Programas de entrenamiento en España y Riad por parte de la consultora Everis a soldados saudíes.

Los soldados participan luego en la guerra de Yemen

La formación a militares saudíes que Everis y su filial llevan a cabo en dependencias del Ejército español están directamente vinculados con el conflicto yemení. Los soldados entrenados en España son miembros de la Guardia Fronteriza y buena parte de ellos fueron desplegados en la frontera de Yemen después de recibir la formación.

El papel de este cuerpo saudí ha cambiado durante los últimos años, especialmente desde el estallido de la guerra de Yemen en 2015. Si en un principio su objetivo era detectar traficantes de personas y contrabandistas, desde el inicio del conflicto se han convertido en uno de los cuerpos más activos en el enfrentamiento con los rebeldes hutíes en Yemen. La frontera sur de Arabia Saudí se ha convertido en el punto más caliente de la guerra y la Guardia Fronteriza en uno de sus actores destacados.
Soldados saudíes durante uno de los entrenamientos de la consultora Everis.

Solo entre enero de 2019 y enero de 2020, la base de datos de ACLED (Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, en sus siglas en inglés) identificó más de 300 ataques de artillería o misiles del ejército saudí en esa región. Según este observatorio, buena parte de estos ataques de artillería en la región son obra de este cuerpo fronterizo entrenado en España.
En una investigación publicada el pasado agosto, esta redacción identificó y geolocalizó imágenes de miembros de la Guardia Fronteriza disparando morteros de fabricación española en la región de Saddah, a apenas tres kilómetros de la frontera con Yemen.

Diversos expertos en derecho internacional consultados consideran que tanto los entrenamientos como las exportaciones recientes de material militar a Arabia Saudí "posiblemente contravienen" la legislación comunitaria, internacional y nacional de exportación de armas. "Estas exportaciones alimentan el conflicto yemení y pueden equivaler a la ayuda y asistencia a actos ilícitos internacionales en contravención del derecho internacional", apunta Stefano Trevisan, experto en derecho internacional.
Tanto Trevisan como Valentina Azarova, doctora en Derecho Internacional, apuntan también a una hipotética responsabilidad de Everis. "El hecho de disponer de una licencia de exportación no es una defensa para las empresas implicadas, que se exponen a posibles litigios así como a consecuencias reputacionales por falta de la diligencia debida", apunta Azarova.
Sara del Río y Conrado García (Greenpeace) han participado en esta investigación, iniciada en 2019 durante el proyecto #EUArms de Lighthouse Reports.


https://www.eldiario.es/politica/empresas-espanolas-entrenan-militares-arabia-saudi-dependencias-ejercito-zaragoza_1_7923167.html

#1 Artero
12 de mayo de 2021. 10:43 h
O sea, que no solo se le venden armas, si no que además, se adiestra a miembros de su ejercito, para utilizarlas contra Yemen


#9 moqtadir
12 de mayo de 2021. 11:17 h
Una auténtica vergüenza. Las 34.000 hectáreas del campo militar de San Gregorio, de las que 29.000 son de la ciudad de Zaragoza, sirviendo a los intereses de empresas privadas para fines dudosamente legales (cuando no claramente ilícitos) y, desde luego, totalmente inmorales.


#13 Acrua
12 de mayo de 2021. 11:52 h
Vale, ya se ha descubierto el pastel ( seguro que queda mucha mierda todavía por descubrir), ya sabemos que Eduardo Serra ( el que fue ministro y compy de Rajoy en el gobierno de Aznar) se debe haber forrado vendiendo armas para matar a yemeníes, ya sabemos que en el país comprador gobiernan unos grandes amigos de la monarquia española y que además suelen dar comisiones generosas, ya sabemos que el glorioso ejército español ha colaborado en formar a los clientes. Y que ? Pues nada, no va a pasar absolutamente nada.
 

Ejecuciones, torturas y mordazas: los crímenes saudíes que no consiguen frenar las ventas de armamento español​

Un informe de Amnistía Internacional consiguió documentar 64 casos de personas judicialmente perseguidas "por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión". Desde enero pasado se hicieron efectivas 40 penas de muerte. Las graves vulneraciones de derechos humanos no aparecen en los informes del Gobierno español, que en 2020 autorizó nuevas exportaciones de armas y municiones.​


Aeropuerto Rey Abdulaziz
Una persona pasa junto a una imagen del monarca saudí en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Jeddah el pasado 17 de julio de 2021. — Ahmed Yosri / REUTERS
BILBAO
22/08/2021 21:44
DANILO ALBIN@DANIALRI
Mohammad al Otaibi tuvo una mala idea: fundar una asociación defensora de los derechos humanos en Arabia Saudí, una de las últimas monarquías absolutistas del planeta. Su papel de miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos le ha costado una condena de 17 años de cárcel. Su tocayo Mohamad al Bajadi, creador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), aún no sabe cuánto tiempo tendrá que estar preso: está recluido sin cargos ni juicio desde mayo de 2018.

Ambos casos figuran en el último informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la represión salvaje que el régimen de Salmán bin Abdulaziz mantiene contra sus compatriotas. El documento se centra en lo ocurrido en ese reino desde diciembre de 2020, cuando Arabia Saudí abandonó la presidencia de la cumbre del G20. Cuando la comunidad internacional dejó de mirar formalmente hacia Riad, el Gobierno dijo adiós a su cara amable y recuperó la senda de la opresión hacia activistas de derechos humanos, periodistas o tuiteros.

Tras concluir la presidencia saudí del G20, los tribunales locales "dictaron duras penas de prisión por simples tuits e impusieron restrictivas condiciones –como prohibiciones de viajar o el cierre de cuentas de las redes sociales– a personas que ya habían quedado en libertad tras haber cumplido condena", subraya el documento.

Carlos de las Heras, portavoz de AI España para Arabia Saudí, señala a Público que "el año pasado las autoridades saudíes llevaron a cabo una estupenda campaña de relaciones públicas de cara al exterior: hicieron algunos anuncios positivos, como la reducción del número de condenas a penas de muerte y ejecuciones". Sin embargo, "esos signos de apertura o reforma se han convertido en un espejismo".


La organización de derechos humanos ha conseguido documentar 64 casos de personas "judicialmente perseguidas por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión". De ellas, 39 continuaban en prisión, "mientras que las restantes habían quedado recientemente en libertad condicional tras haber cumplido condena o estaban en espera de juicio por cargos relaciones con su libertad de expresión y su labor de derechos humanos".

En la mayoría de los casos "el Tribunal Penal Especializado había dictado condena en juicios manifiestamente injustos, empañados por meses de reclusión en régimen de incomunicación y de aislamiento, sin asistencia letrada durante los periodos de detención, los interrogatorios y el juicio, a lo que se sumaba la admisión indiscutida, en los tribunales, de 'confesiones' extraídas mediante tortura que, en muchas ocasiones, desembocaron en condenas a muerte".

De hecho, las condenas a la pena capital, que habían experimentado un descenso del 85% durante la presidencia saudí del G20, han crecido notoriamente desde entonces. En diciembre, tras el fin de la cumbre celebrada el mes anterior, hubo nueve ejecuciones de presos. En lo que va de 2021 suman ya 40.

El documento cita el caso de Mustafa al Darwish, un joven saudí de la minoría chií ejecutado en junio pasado, tras tres años con una condena a muerte sobre su espalda. Entre los cargos en su contra figuraban acusaciones tales como una supuesta "participación en rebelión armada contra los gobernantes, bloquear carreteras y sembrar la discordia", "formar una red terrorista armada y disparar contra agentes de seguridad" o "buscar la ruptura de la cohesión nacional mediante su participación en más de 10 disturbios".

AI recoge las declaraciones de Mustafa al Darwish durante una de las vistas judiciales ante el Tribunal Penal Especializado. "Mi confesión no es válida, porque me amenazaron, me pegaron y me torturaron para extraer una confesión. También me torturaron en zonas sensibles del cuerpo hasta que perdí el conocimiento. Confesé por temor a perder la vida", denunció.



Juicios injustos​

En ese contexto, AI también ha documentado "decenas de casos de personas que siguen condenadas a muerte en la actualidad, y que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal Penal Especializado por diversos cargos relacionados con su oposición al gobierno, su participación en protestas contra éste y su presunta implicación en ataques o asesinatos". "Todas ellas fueron condenadas en juicios manifiestamente injustos, empañados por denuncias de tortura durante la detención, que no fueron investigadas, en ningún caso, por la fiscalía", remarca.
En otro apartado, el informe recalca que "todas las personas recientemente juzgadas o condenadas por el Tribunal Penal Especializado han sido sometidas a régimen de incomunicación y, durante meses, han permanecido recluidas en régimen de aislamiento, sin poder mantener ningún contacto regular con el mundo exterior".

De hecho, en casi ninguno de los casos "se permitió consultar a sus representantes legales desde el momento de su detención hasta el principio del juicio, y algunas de ellas fueron sometidas a tortura y a otros malos tratos durante sus primeros meses de detención". "Otras fueron condenadas a duras penas de prisión, o a muerte, en juicios ostensiblemente injustos", subraya AI.

Abdulrahman al Sadhan, empleado de la Media Luna Roja que tuvo la osadía de criticar al régimen desde su cuenta de Twitter, fue detenido sin orden judicial y sometido a desaparición forzada, desde el momento de su detención en marzo de 2018 hasta que le permitieron llamar por primera vez a su familia, el 12 de febrero de 2020.

Sus seres queridos explicaron a AI que "mientras permaneció recluido en régimen de incomunicación, había sido sometido a descargas eléctricas, palizas, flagelación, suspensión en posturas en tensión, privación del sueño, amenazas de muerte, insultos, humillación verbal y régimen de aislamiento". En abril pasado fue condenado a 20 años de cárcel.

También en abril llegó la condena contra el defensor de los derechos humanos Khaled al Omeir, quien recibió una pena de siete años de prisión. "No tuvo acceso a asistencia letrada ni durante el juicio ni durante el periodo de detención previa a éste. Pasó largo tiempo en régimen de aislamiento, y afirma que en prisión preventiva, antes de los interrogatorios, lo mantenían con los ojos vendados durante horas", relata AI.

Oportunidades de negocios​

Estas graves violaciones a los derechos humanos son omitidas en los distintos informes elaborados por la Oficina Económica y Comercial del Gobierno de España en Riad. Tanto la "guía de negocios" actualizada en junio pasado y que contiene "información relativa a la situación actual del país, tanto política como económica", como la "Guía País" sobre Arabia Saudí, publicada un mes antes, excluyen cualquier alusión a los casos de persecución contra opositores políticos, tuiteros o defensores de derechos humanos.

Según ha podido constatar Público, el documento titulado "Guía País" no hace ni una sola mención a los derechos humanos, algo que tampoco ocurre en la guía de negocios. En ambos documentos sí puede encontrarse una alusión directa al sector de Defensa como uno de los ámbitos "prioritarios" donde las empresas españolas pueden buscar oportunidades comerciales.

Casi una treintena de licencias​

En efecto, España es uno de los principales suministradores de armamento a Arabia Saudí. En 2020 –último periodo del que existe información disponible– la junta interministerial que se encarga de autorizar o rechazar las solicitudes de exportación de armamento español dio su visto bueno a 26 licencias de material de defensa por valor de 215,3 millones de euros.

Según consta en el contrainforme elaborado por la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– hubo autorizaciones por un valor de 1 millón de euros en armas pequeñas, 4 millones en armas ligeras, 122 millones en munición o 75 millones en aeronaves, además 6,2 millones en equipos de formación de imagen o contramedida, que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen, "susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen".

Desde las oficinas de AI España, De las Heras sostiene que "el Gobierno no puede ignorar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí". "España no puede ni debe vender armas a países que puedan utilizarlas para llevar a cabo violaciones a los derechos humanos", agregó.
La Secretaría de Estado de Comercio ha defendido en reiteradas ocasiones que las armas vendidas por España no son utilizadas para la vulneración de derechos humanos, al tiempo que reivindica las garantías que ofrecen los protocolos vigentes a día de hoy. No obstante, las actas de la junta interministerial que analiza dichas operaciones son secretas.

 

El Gobierno subvenciona la participación del lobby armamentístico español en una feria de Defensa en Arabia Saudí​

Riad acoge del 6 al 9 de marzo la primera edición del 'World Defense Show', un evento patrocinado por el régimen de Salman bin Abdulaziz. Según datos de los organizadores, se han apuntado 11 empresas españolas.​


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Un tanque del ejército de Arabia Saudí en una imagen de archivo. — Faisal Al Naser / REUTERS

BILBAO
01/03/2022 19:15
DANILO ALBIN@DANIALRI
Se avecinan días intensos para los vendedores de armamento. Del 6 al 9 de marzo, Arabia Saudí abrirá sus puertas a los fabricantes de material bélico para que expongan sus innovaciones en el 'World Defense Show', una nueva gran feria de productos de guerra en la que participarán varias empresas españolas.
"La primera edición de la Feria Mundial de la Defensa es la oportunidad ideal para que los visitantes sigan explorando el ecosistema de defensa de Arabia Saudí y se reúnan con los principales actores en un lugar especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los compradores y proveedores en todos los niveles de la cadena de suministro", destaca la última nota difundida desde Riad por los organizadores de este evento.



La participación española cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a través de la entidad pública ICEX lanzó una convocatoria de apoyo a las empresas armamentísticas que pretendiesen llevar sus productos bélicos a Riad.


"World Defense Show es la primera feria de defensa organizada por Arabia Saudí, uno de los principales países de referencia a nivel mundial para el mercado de la Defensa y la Seguridad, tanto en sus ámbitos terrestre, como naval, aéreo y espacial", destaca el ministerio en la convocatoria dirigida a las empresas españolas.

En tal sentido, destaca que la feria "cuenta con el impulso y respaldo de las autoridades saudíes, estando organizada por la Autoridad Militar de Industrias Militares de Arabia Saudí (GAMI por sus siglas en inglés), en asociación con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí y con el apoyo del resto de autoridades del país".
De acuerdo a dicha convocatoria, que se cerró formalmente el pasado 11 de febrero, el monto total de apoyo que ICEX aporta al desarrollo de la actividad tendría un tope de 30.000 euros. "Las empresas que participen por primera vez con ayuda de ICEX en la feria recibirán un apoyo de 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la feria (35%), hasta un máximo del 40%", indica ese documento. En la cabecera aparece también el logo de TEDAE, la patronal del sector armamentístico español.


Los organizadores saudíes tienen registrada la participación de 11 empresas españolas, entre las que figuran Indra, Navantia, Escribano o Expal. Asimismo, el lobby TEDAE también tendrá su propio stand.
En total habrá "más de 450 empresas de unos 37 países que mostrarán las últimas tecnologías del aire, la tierra, el mar, el espacio y la seguridad en un entorno de red óptimo para la colaboración y la innovación", avanzan desde Riad los promotores de la feria.
"La respuesta de la industria ha sido abrumadora", afirmó en un comunicado el jefe ejecutivo de la feria, Andrew Percey, quien destacó la "gran confianza" e interés del sector armamentístico "en el mercado de defensa del Reino".

Negocio millonario​

La industria armamentística española tiene especial relevancia en ese ámbito: de acuerdo a un informe de la Unión Europea (UE) publicado en octubre pasado, España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa al régimen saudí.

Por su parte, la Dirección General de Armamento –un organismo perteneciente al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Roblesadmitió en un documento que el reino de Salmán bin Abdulaziz ocupó en 2019 el primer puesto en el ranking de clientes de la industria militar española.

Estos millonarios negocios fueron autorizados por el Gobierno en plenos ataques de la coalición que encabeza Arabia Saudí en la guerra de Yemen. El Ejecutivo suele argumentar que esas operaciones comerciales no implican vulneración alguna del Tratado de Comercio de Armas (TCA) suscrito por España.
No obstante, las actas de la Junta Interministerial que actúa en estos casos tienen carácter secreto debido a un decreto adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1987. Varios organismos de derechos humanos han reclamado en reiteradas ocasiones el fin de ese secretismo y el cese de las ventas de armas a Arabia hasta que finalicen los ataques contra Yemen.

Bombardeos en Yemen​

De hecho, la gran feria internacional de armamento que empieza el próximo miércoles 6 de marzo tendrá lugar tras un notorio incremento de los bombardeos saudíes en suelo yemení. Según datos de la ONG Yemen Data Project, en diciembre de 2021 se registró la mayor tasa mensual de incursiones aéreas desde junio de 2020.

El pasado 21 de enero, un ataque aéreo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la localidad de Saada dejó al menos 90 muertos, entre los que se encontraban migrantes de países africanos.


países africanos.
 

El Gobierno subvenciona la participación del lobby armamentístico español en una feria de Defensa en Arabia Saudí​

Riad acoge del 6 al 9 de marzo la primera edición del 'World Defense Show', un evento patrocinado por el régimen de Salman bin Abdulaziz. Según datos de los organizadores, se han apuntado 11 empresas españolas.​


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Un tanque del ejército de Arabia Saudí en una imagen de archivo. — Faisal Al Naser / REUTERS

BILBAO
01/03/2022 19:15
DANILO ALBIN@DANIALRI
Se avecinan días intensos para los vendedores de armamento. Del 6 al 9 de marzo, Arabia Saudí abrirá sus puertas a los fabricantes de material bélico para que expongan sus innovaciones en el 'World Defense Show', una nueva gran feria de productos de guerra en la que participarán varias empresas españolas.
"La primera edición de la Feria Mundial de la Defensa es la oportunidad ideal para que los visitantes sigan explorando el ecosistema de defensa de Arabia Saudí y se reúnan con los principales actores en un lugar especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los compradores y proveedores en todos los niveles de la cadena de suministro", destaca la última nota difundida desde Riad por los organizadores de este evento.



La participación española cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a través de la entidad pública ICEX lanzó una convocatoria de apoyo a las empresas armamentísticas que pretendiesen llevar sus productos bélicos a Riad.


"World Defense Show es la primera feria de defensa organizada por Arabia Saudí, uno de los principales países de referencia a nivel mundial para el mercado de la Defensa y la Seguridad, tanto en sus ámbitos terrestre, como naval, aéreo y espacial", destaca el ministerio en la convocatoria dirigida a las empresas españolas.

En tal sentido, destaca que la feria "cuenta con el impulso y respaldo de las autoridades saudíes, estando organizada por la Autoridad Militar de Industrias Militares de Arabia Saudí (GAMI por sus siglas en inglés), en asociación con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí y con el apoyo del resto de autoridades del país".
De acuerdo a dicha convocatoria, que se cerró formalmente el pasado 11 de febrero, el monto total de apoyo que ICEX aporta al desarrollo de la actividad tendría un tope de 30.000 euros. "Las empresas que participen por primera vez con ayuda de ICEX en la feria recibirán un apoyo de 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la feria (35%), hasta un máximo del 40%", indica ese documento. En la cabecera aparece también el logo de TEDAE, la patronal del sector armamentístico español.


Los organizadores saudíes tienen registrada la participación de 11 empresas españolas, entre las que figuran Indra, Navantia, Escribano o Expal. Asimismo, el lobby TEDAE también tendrá su propio stand.
En total habrá "más de 450 empresas de unos 37 países que mostrarán las últimas tecnologías del aire, la tierra, el mar, el espacio y la seguridad en un entorno de red óptimo para la colaboración y la innovación", avanzan desde Riad los promotores de la feria.
"La respuesta de la industria ha sido abrumadora", afirmó en un comunicado el jefe ejecutivo de la feria, Andrew Percey, quien destacó la "gran confianza" e interés del sector armamentístico "en el mercado de defensa del Reino".

Negocio millonario​

La industria armamentística española tiene especial relevancia en ese ámbito: de acuerdo a un informe de la Unión Europea (UE) publicado en octubre pasado, España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa al régimen saudí.

Por su parte, la Dirección General de Armamento –un organismo perteneciente al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Roblesadmitió en un documento que el reino de Salmán bin Abdulaziz ocupó en 2019 el primer puesto en el ranking de clientes de la industria militar española.

Estos millonarios negocios fueron autorizados por el Gobierno en plenos ataques de la coalición que encabeza Arabia Saudí en la guerra de Yemen. El Ejecutivo suele argumentar que esas operaciones comerciales no implican vulneración alguna del Tratado de Comercio de Armas (TCA) suscrito por España.
No obstante, las actas de la Junta Interministerial que actúa en estos casos tienen carácter secreto debido a un decreto adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1987. Varios organismos de derechos humanos han reclamado en reiteradas ocasiones el fin de ese secretismo y el cese de las ventas de armas a Arabia hasta que finalicen los ataques contra Yemen.

Bombardeos en Yemen​

De hecho, la gran feria internacional de armamento que empieza el próximo miércoles 6 de marzo tendrá lugar tras un notorio incremento de los bombardeos saudíes en suelo yemení. Según datos de la ONG Yemen Data Project, en diciembre de 2021 se registró la mayor tasa mensual de incursiones aéreas desde junio de 2020.

El pasado 21 de enero, un ataque aéreo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la localidad de Saada dejó al menos 90 muertos, entre los que se encontraban migrantes de países africanos.


países africanos.

Y los ultracomunistas en el gobierno...
No escupas al cielo, que te vuelve
 
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