Nuevo Gobierno en Andalucía del PP y C's con apoyo de Vox

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PP, Cs y Vox impiden la investigación de un posible caso de corrupción en la Junta de Andalucía​

La Justicia se ha pronunciado contra los “contratos exprés” que el Gobierno andaluz habría sacado en el verano del pasado año, resolviendo que vulneran la Constitución
https://laultimahora.es/autor/alba-gonzalez-perez/
Por
Alba González.

3 de junio de 2021 12:00

Corrupción contratos exprés Andalucía PP Ciudadanos Vox

“Es lamentable que el señor Moreno Bonilla haya aprovechado la pandemia para saltarse las normas, aprovecharse de la pandemia para saltarse las normas es vergonzante, y debe afrontar las sentencias que les están cayendo en contra y dar explicaciones. Por supuesto, han de depurarse responsabilidades políticos, los andaluces merecen todo el respeto ante un evidente caso de enchufismo”, explicaba Toni Valero, portavoz de Unidas Podemos en Andalucía.

El presunto caso de corrupción llegaba a la Junta de Andalucía de la mano de varias convocatorias, ya calificadas por la Justicia como una vulneración de la Constitución, a través de las cuales se expidieron 4.000 “contratos exprés” arbitrarios el pasado verano bajo la excusa de la emergencia por la irrupción de la pandemia, a pesar de que Andalucía ya contaba con el 100% de la plantilla funcionarial incorporada y se encontraba en fase de nueva normalidad.

Según El Diario de Sevilla, El TSJA aseguraba que dichas licitaciones suponían una “absoluta supresión” de los derechos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, ya que no existían unas condiciones mínimas para la selección del personal, contratando por orden de inscripción, algo que les llevó a anular la validez de la convocatoria.

Para conocer en profundidad el caso y depurar las responsabilidades políticas, la coalición electoral de Podemos e Izquierda Unida impulsaron en el Parlamento una comisión de investigación tras las 13 sentencias favorables que la Justicia ha emitido al respecto. Sin embargo, la iniciativa no salió adelante debido a la oposición de los tres partidos de gobierno.

Las contrataciones, que afectan a varias tipologías de trabajo, pueden acabar en la vía penal por un posible caso de prevaricación continuada entre otros delitos, similar, según el propio Valero, a lo que ocurrió con los ERE en la misma autonomía. “Estaban mintiendo a sabiendas, estaban ninguneando al Parlamento y engañando a la ciudadanía a sabiendas, pues han ocultado las sentencias que certificaban el fraude a la Ley con esas contrataciones, que son ilegales y que favorecen el enchufismo”, declaraba en conversación con elDiario.es.

 
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