Nuevo Gobierno en Andalucía del PP y C's con apoyo de Vox
- AutorSultanaXS
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GASTO FARMACÉUTICO
La factura de las recetas subirá en Andalucía
PP y Ciudadanos eliminarán la subasta de medicamentos si forman Gobierno en esta comunidad. La medida supuso para la Junta un ahorro de 177 millones el año pasado
81
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REYES RINCÓN
JAVIER MARTÍN-ARROYO
3 ENE 2019 - 09:45 CET
Un farmacéutico busca un medicamento en su oficina de Sevilla. PACO PUENTES
El 23 de marzo de 2012, dos días antes de unas elecciones autonómicas andaluzas que, según todas las encuestas, iba a ganar el PP de Javier Arenas con mayoría absoluta, la Consejería de Salud citó a los laboratorios a los que había adjudicado su primera subasta de fármacos. La licitación pública de fármacos había sido una de las principales medidas de ahorro puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la crisis económica, pero desde el principio contó con la oposición frontal del PP, que desde el Gobierno central la recurrió al Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias estatales.
La subasta ahorra a trompicones
El PP ‘copia’ la subasta andaluza para comprar fármacos más baratos
Salud había citado a 11 empresas para firmar el acuerdo, pero solo acudieron cuatro, las más pequeñas. Los grandes laboratorios, entre ellos Bayer, Sanofi y Abbott, siempre remisos ante un mecanismo que les obligaba a rebajar sus precios, no se presentaron a la cita. Alguno llegó a viajar a Sevilla para firmar el convenio, pero se dio la vuelta. Las que sí asistieron contaron que altos cargos del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, les habían llamado para exigirles que abandonaran, con la advertencia de que el PP iba a presidir la Junta unas semanas después y entre sus primeras medidas estaría la derogación de la subasta de medicamentos. El PP no pudo cumplir entonces con su compromiso ante los grandes laboratorios porque el PSOE siguió al frente de la Junta. Pero ahora, siete años después, los populares están a un paso de lograr la presidencia de Andalucía y una de las primeras medidas acordadas con Ciudadanos es poner fin a la licitación pública de fármacos, un mecanismo que reportó a la Junta 177 millones en 2017.
¿Qué tiene la subasta de fármacos para situarse entre las prioridades de un pacto de Gobierno? Estos concursos son habituales en España para la compra por parte de la Administración de los medicamentos de uso hospitalario, pero es la primera vez que se usa para la venta en farmacias. En esencia consiste en que la Junta licita la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública. Con esta fórmula, cuando un paciente acude a una farmacia con una receta por principio activo (por ejemplo, paracetamol), el boticario no le entrega cualquier genérico, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta.
Esos fármacos tienen un precio fijado por el ministerio, pero hasta entonces las farmacias negociaban a menudo con los laboratorios para que, a cambio de comprarle su presentación, le concedieran mejoras económicas en otros productos. Con la subasta, esas mejoras no se las llevan los farmacéuticos sino la Junta, y ahora los laboratorios ingresan mensualmente en una cuenta de la Consejería de Hacienda el importe de la rebaja que ofrecieron para ganar el concurso.
UN SISTEMA QUE GENERA CONFUSIÓN EN EL PACIENTE
Antonio García, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga y asesor del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, defiende la subasta pero la cree mejorable. “Es una herramienta económica y debes tenerla en cuenta, pero quisiera ver los números”. La Consejería de Salud, defiende que hay “una total transparencia en cuanto a concurrencia” y que “la rendición de resultados de la compra de medicamentos” se refleja en la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud.
Para García, uno de los peores efectos es que ignora la “continuidad farmacéutica” para los pacientes crónicos —diabéticos, hipertensos...— ya que el cambio de medicamentos se presta a confusión, un problema que ha subrayado el PP en su argumentario contra la subasta. El farmacéutico Javier Rodríguez relata su experiencia: “En seis meses, al abuelo le hemos cambiado varias veces de marca de pastillas y así le cuesta cumplir con la prescripción médica (...). Algunos no saben leer”.
Respecto a las multas impuestas a los laboratorios por desabastecimiento, García censura que la Junta les impide volverse a presentar a las subastas, pero no informa sobre si las multas son pagadas o no. “Ambas partes [Junta y oposición] tienen razón. Yo haría subasta, pero de otra manera, con mejoras en la seguridad del propio medicamento, con estudios de investigación de resultados en salud, que no se hacen por falta de voluntad política”, critica. Sobre las multas, la Junta matiza que desde 2016 “no aceptan ofertas de medicamentos cuyos laboratorios hayan presentado desabastecimiento en su suministro superiores a los dinteles establecidos”.
El Gobierno central llevó la subasta al Constitucional en marzo de 2012 nada más constatar que la Junta seguiría en manos del PSOE, pero el tribunal avaló la medida cuatro años después. Perdida esa batalla, los populares (a los que luego se sumó Ciudadanos) siguieron haciendo frente a la licitación de medicamentos, a pesar de que en 2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy avanzó un sistema de selección de precios de medicamentos inspirado en la subasta andaluza, que no llegó a entrar en vigor, según confirman hoy fuentes del ministerio. La subasta, que incluye 636 medicamentos, ha ido consiguiendo su objetivo, aunque a trompicones.
Sin embargo, ahora el ahorro parece tener los días contados con el plan que PP y Ciudadanos se han fijado para acometer —si forman Gobierno— en los próximos 100 días. Entre las “medidas de urgencia para la cohesión y la inclusión social”, el pacto incluye “la reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos”. El PP presenta su decisión de revertir el modelo apoyándose en que “farmacéuticas, profesionales y pacientes han mostrado su oposición”, aunque admite que aún debe solventar cómo recuperar esos 177 millones anuales que la Junta restará a sus cuentas.
Mientras, Ciudadanos considera que la subasta “atenta contra la igualdad de acceso a prestaciones y fármacos para los andaluces en comparación con el resto de ciudadanos”, y les impide acceder a “fármacos novedosos” y limita sus “opciones terapéuticas”, precisa una portavoz. Ambas formaciones denuncian que la subasta causa desabastecimiento y que los andaluces toman fármacos de peor calidad que el resto de españoles, porque entre los adjudicatarios de las subastas abundan las compañías indias, a pesar de que todos cuentan con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
La Junta defiende que la subasta es “una medida de eficiencia y ahorro que no afecta a la calidad farmacéutica y que permite revertir los beneficios del ahorro en el propio sistema sanitario público”.
Para la formación que preside Albert Rivera, “es un sistema que limita la I+D+i al negar el acceso al mercado a principios activos de pequeños laboratorios que no pueden competir con las ofertas de los grandes laboratorios”.
Sin embargo, la realidad parece ser justo la inversa, ya que los grandes laboratorios han optado tradicionalmente por evitar la subasta para no rebajar sus precios en Andalucía y así producir agravios comparativos en el resto de regiones, según fuentes del sector.
A pie de calle, Javier Rodríguez, dueño de una céntrica farmacia en Sevilla, está molesto con la subasta pero entiende “la parte económica de la Junta” y lo explica de manera gráfica: “El SAS [Servicio Andaluz de Salud] quería su parte de la tarta que se llevaban farmacias y laboratorios”. Desde 2012, la porción de la Junta han sido 586 millones tras 14 convocatorias de subasta.
Rafael Durbán, director de Laboratorios Durbán, que suministra ocho fármacos en Andalucía, subraya: “Los laboratorios grandes no se presentan porque si hacen ese descuento también en el resto de España, perderían mucho”. Durbán afirma que se interponen en los juzgados “cinco querellas” al mes contra la subasta para presionar y “han conseguido que otras comunidades autónomas no hagan subastas porque le da miedo al político de turno”. Mientras, la patronal Farmaindustria, tradicionalmente en contra de la subasta, opta por “esperar para valorar la idea hasta que se concrete”, según un portavoz.
Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos que aglutina a 3.900 boticarios, censura la “inmensa burocracia” que les acarrea la medida. Mingorance matiza que el desabastecimiento solo lo sufren las farmacias, no los ciudadanos, y que es un problema europeo. Y aprovecha para acallar las voces críticas sobre la calidad de los genéricos producto de la subasta: “Todos los medicamentos son seguros y eficaces”.
https://elpais.com/sociedad/2019/01...RuhQlN6T0C1B67-frk0BmOedZcUC36kcLmwYQnNzlJ9Nc
La factura de las recetas subirá en Andalucía
PP y Ciudadanos eliminarán la subasta de medicamentos si forman Gobierno en esta comunidad. La medida supuso para la Junta un ahorro de 177 millones el año pasado
81
Conéctate
REYES RINCÓN
JAVIER MARTÍN-ARROYO
3 ENE 2019 - 09:45 CET
Un farmacéutico busca un medicamento en su oficina de Sevilla. PACO PUENTES
El 23 de marzo de 2012, dos días antes de unas elecciones autonómicas andaluzas que, según todas las encuestas, iba a ganar el PP de Javier Arenas con mayoría absoluta, la Consejería de Salud citó a los laboratorios a los que había adjudicado su primera subasta de fármacos. La licitación pública de fármacos había sido una de las principales medidas de ahorro puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la crisis económica, pero desde el principio contó con la oposición frontal del PP, que desde el Gobierno central la recurrió al Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias estatales.
La subasta ahorra a trompicones
El PP ‘copia’ la subasta andaluza para comprar fármacos más baratos
Salud había citado a 11 empresas para firmar el acuerdo, pero solo acudieron cuatro, las más pequeñas. Los grandes laboratorios, entre ellos Bayer, Sanofi y Abbott, siempre remisos ante un mecanismo que les obligaba a rebajar sus precios, no se presentaron a la cita. Alguno llegó a viajar a Sevilla para firmar el convenio, pero se dio la vuelta. Las que sí asistieron contaron que altos cargos del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, les habían llamado para exigirles que abandonaran, con la advertencia de que el PP iba a presidir la Junta unas semanas después y entre sus primeras medidas estaría la derogación de la subasta de medicamentos. El PP no pudo cumplir entonces con su compromiso ante los grandes laboratorios porque el PSOE siguió al frente de la Junta. Pero ahora, siete años después, los populares están a un paso de lograr la presidencia de Andalucía y una de las primeras medidas acordadas con Ciudadanos es poner fin a la licitación pública de fármacos, un mecanismo que reportó a la Junta 177 millones en 2017.
¿Qué tiene la subasta de fármacos para situarse entre las prioridades de un pacto de Gobierno? Estos concursos son habituales en España para la compra por parte de la Administración de los medicamentos de uso hospitalario, pero es la primera vez que se usa para la venta en farmacias. En esencia consiste en que la Junta licita la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública. Con esta fórmula, cuando un paciente acude a una farmacia con una receta por principio activo (por ejemplo, paracetamol), el boticario no le entrega cualquier genérico, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta.
Esos fármacos tienen un precio fijado por el ministerio, pero hasta entonces las farmacias negociaban a menudo con los laboratorios para que, a cambio de comprarle su presentación, le concedieran mejoras económicas en otros productos. Con la subasta, esas mejoras no se las llevan los farmacéuticos sino la Junta, y ahora los laboratorios ingresan mensualmente en una cuenta de la Consejería de Hacienda el importe de la rebaja que ofrecieron para ganar el concurso.
UN SISTEMA QUE GENERA CONFUSIÓN EN EL PACIENTE
Antonio García, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga y asesor del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, defiende la subasta pero la cree mejorable. “Es una herramienta económica y debes tenerla en cuenta, pero quisiera ver los números”. La Consejería de Salud, defiende que hay “una total transparencia en cuanto a concurrencia” y que “la rendición de resultados de la compra de medicamentos” se refleja en la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud.
Para García, uno de los peores efectos es que ignora la “continuidad farmacéutica” para los pacientes crónicos —diabéticos, hipertensos...— ya que el cambio de medicamentos se presta a confusión, un problema que ha subrayado el PP en su argumentario contra la subasta. El farmacéutico Javier Rodríguez relata su experiencia: “En seis meses, al abuelo le hemos cambiado varias veces de marca de pastillas y así le cuesta cumplir con la prescripción médica (...). Algunos no saben leer”.
Respecto a las multas impuestas a los laboratorios por desabastecimiento, García censura que la Junta les impide volverse a presentar a las subastas, pero no informa sobre si las multas son pagadas o no. “Ambas partes [Junta y oposición] tienen razón. Yo haría subasta, pero de otra manera, con mejoras en la seguridad del propio medicamento, con estudios de investigación de resultados en salud, que no se hacen por falta de voluntad política”, critica. Sobre las multas, la Junta matiza que desde 2016 “no aceptan ofertas de medicamentos cuyos laboratorios hayan presentado desabastecimiento en su suministro superiores a los dinteles establecidos”.
El Gobierno central llevó la subasta al Constitucional en marzo de 2012 nada más constatar que la Junta seguiría en manos del PSOE, pero el tribunal avaló la medida cuatro años después. Perdida esa batalla, los populares (a los que luego se sumó Ciudadanos) siguieron haciendo frente a la licitación de medicamentos, a pesar de que en 2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy avanzó un sistema de selección de precios de medicamentos inspirado en la subasta andaluza, que no llegó a entrar en vigor, según confirman hoy fuentes del ministerio. La subasta, que incluye 636 medicamentos, ha ido consiguiendo su objetivo, aunque a trompicones.
Sin embargo, ahora el ahorro parece tener los días contados con el plan que PP y Ciudadanos se han fijado para acometer —si forman Gobierno— en los próximos 100 días. Entre las “medidas de urgencia para la cohesión y la inclusión social”, el pacto incluye “la reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos”. El PP presenta su decisión de revertir el modelo apoyándose en que “farmacéuticas, profesionales y pacientes han mostrado su oposición”, aunque admite que aún debe solventar cómo recuperar esos 177 millones anuales que la Junta restará a sus cuentas.
Mientras, Ciudadanos considera que la subasta “atenta contra la igualdad de acceso a prestaciones y fármacos para los andaluces en comparación con el resto de ciudadanos”, y les impide acceder a “fármacos novedosos” y limita sus “opciones terapéuticas”, precisa una portavoz. Ambas formaciones denuncian que la subasta causa desabastecimiento y que los andaluces toman fármacos de peor calidad que el resto de españoles, porque entre los adjudicatarios de las subastas abundan las compañías indias, a pesar de que todos cuentan con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
La Junta defiende que la subasta es “una medida de eficiencia y ahorro que no afecta a la calidad farmacéutica y que permite revertir los beneficios del ahorro en el propio sistema sanitario público”.
Para la formación que preside Albert Rivera, “es un sistema que limita la I+D+i al negar el acceso al mercado a principios activos de pequeños laboratorios que no pueden competir con las ofertas de los grandes laboratorios”.
Sin embargo, la realidad parece ser justo la inversa, ya que los grandes laboratorios han optado tradicionalmente por evitar la subasta para no rebajar sus precios en Andalucía y así producir agravios comparativos en el resto de regiones, según fuentes del sector.
A pie de calle, Javier Rodríguez, dueño de una céntrica farmacia en Sevilla, está molesto con la subasta pero entiende “la parte económica de la Junta” y lo explica de manera gráfica: “El SAS [Servicio Andaluz de Salud] quería su parte de la tarta que se llevaban farmacias y laboratorios”. Desde 2012, la porción de la Junta han sido 586 millones tras 14 convocatorias de subasta.
Rafael Durbán, director de Laboratorios Durbán, que suministra ocho fármacos en Andalucía, subraya: “Los laboratorios grandes no se presentan porque si hacen ese descuento también en el resto de España, perderían mucho”. Durbán afirma que se interponen en los juzgados “cinco querellas” al mes contra la subasta para presionar y “han conseguido que otras comunidades autónomas no hagan subastas porque le da miedo al político de turno”. Mientras, la patronal Farmaindustria, tradicionalmente en contra de la subasta, opta por “esperar para valorar la idea hasta que se concrete”, según un portavoz.
Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos que aglutina a 3.900 boticarios, censura la “inmensa burocracia” que les acarrea la medida. Mingorance matiza que el desabastecimiento solo lo sufren las farmacias, no los ciudadanos, y que es un problema europeo. Y aprovecha para acallar las voces críticas sobre la calidad de los genéricos producto de la subasta: “Todos los medicamentos son seguros y eficaces”.
https://elpais.com/sociedad/2019/01...RuhQlN6T0C1B67-frk0BmOedZcUC36kcLmwYQnNzlJ9Nc
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La Junta ocultó la dramática situación de las listas de espera hasta después de las elecciones
La Junta ocultó que las listas de espera en sanidad habían aumentado en 26.033 pacientes hasta después de las elecciones.
Pedro de Tena
2019-01-07
0
Susana Díaz, en un acto días después de las elecciones | EFE
El 11 de abril de 2018 la doctora Julia Paloma Hergueta y Cornelia Cinna Minor, seudónimo mantenido aún por la autora debido a la certeza de represalias por parte de la Junta, escribieron un artículo titulado "310.212 pacientes andaluces en lista de espera", en el año 2017. Este documento y su contenido en pacientes, familias, amigos, a veces vidas, era una de las pruebas de la pésima gestión sanitaria del Gobierno de Susana Díaz: los peores de la historia revisada desde 2009.
¿Y las cifras de 2018? Pues fueron publicadas por la Junta hace unos veinte días, el 11 de diciembre de 2018, casi diez días después de la celebración de las elecciones del pasado día 2 de diciembre. ¿Razón? Que los pacientes en lista de espera habían aumentado nada menos que en 26.033.
Los datos aportados por la Junta, tras las elecciones, son de junio de 2018, cuando las listas de espera son menores, antes del periodo vacacional. A pesar de que las cifras de la Junta son discutibles ya que son medias y los criterios de elaboración no son transparentes, lo cierto es que la todavía consejera de Salud mintió en noviembre cuando dijo que los resultados de 2018 eran mejores y que los datos se habían publicado.
En nuevo artículo, Cornelia-Hergueta afirman que se incumplen los decretos de garantías de la propia Junta en 40.218 pacientes en Andalucía (5.632 cirugía + 23.768 consultas+ 10.818 pruebas), siendo en 2017, 36.788. Pero la consejera dijo que "nuestra Comunidad se encuentra en una situación muy favorable", sin pudor alguno.
Huelva y Granada (afectadas por las fusiones hospitalarias decididas por la Junta) son las que se encuentran en la peor situación. Granada es provincia andaluza peor parada en demora de las intervenciones quirúrgicas, en demora de primera consulta y demora media de pruebas diagnósticas. Le siguen Huelva y Málaga.
En concreto, Huelva tiene casi 4.000 pacientes con los que se están incumpliendo los decretos de garantías en 1ª consulta y pruebas complementarias y faltan los datos sobre los pacientes que sobrepasan los plazos para las intervenciones quirúrgicas que no se han publicado.
Las autoras se preguntan: "¿De esos datos cuántos son niños y "niñas"? ¿Nadie de la oposición pidió los datos totales de las listas de espera de las 47 especialidades? ¿Ni el de las revisiones? ¿Por qué el Gobierno de Susana Díaz creó un Decreto de Garantías, sabedores de que lo iban a incumplir? ¿Por qué la gran mayoría de los medios no se hacen eco de estas catastróficas cifras públicas? ¿Por qué los sindicatos CCOO y UGT callan? ¿Por qué la oposición al Gobierno de Susana Díaz no exigió el cumplimiento del Decreto de Garantías, si lleva transgrediendo los plazos desde 2013?
En definitiva, el total de pacientes en listas de espera en la sanidad pública andaluza es de 336.245 y se incumplen los decretos de garantías de la propia Junta.
* El más alto de la serie revisada desde el año 2009, antes era 2013 con 216.949.
* * El más alto de la serie revisada desde el año 2009. Antes eran los datos de 2017 los peores.
La Junta ocultó la dramática situación de las listas de espera hasta después de las elecciones https://www.libertaddigital.com/esp...a-hasta-despues-de-las-elecciones-1276630855/ vía @libertaddigital
La Junta ocultó que las listas de espera en sanidad habían aumentado en 26.033 pacientes hasta después de las elecciones.
Pedro de Tena
2019-01-07
0
Susana Díaz, en un acto días después de las elecciones | EFE
El 11 de abril de 2018 la doctora Julia Paloma Hergueta y Cornelia Cinna Minor, seudónimo mantenido aún por la autora debido a la certeza de represalias por parte de la Junta, escribieron un artículo titulado "310.212 pacientes andaluces en lista de espera", en el año 2017. Este documento y su contenido en pacientes, familias, amigos, a veces vidas, era una de las pruebas de la pésima gestión sanitaria del Gobierno de Susana Díaz: los peores de la historia revisada desde 2009.
¿Y las cifras de 2018? Pues fueron publicadas por la Junta hace unos veinte días, el 11 de diciembre de 2018, casi diez días después de la celebración de las elecciones del pasado día 2 de diciembre. ¿Razón? Que los pacientes en lista de espera habían aumentado nada menos que en 26.033.
Los datos aportados por la Junta, tras las elecciones, son de junio de 2018, cuando las listas de espera son menores, antes del periodo vacacional. A pesar de que las cifras de la Junta son discutibles ya que son medias y los criterios de elaboración no son transparentes, lo cierto es que la todavía consejera de Salud mintió en noviembre cuando dijo que los resultados de 2018 eran mejores y que los datos se habían publicado.
En nuevo artículo, Cornelia-Hergueta afirman que se incumplen los decretos de garantías de la propia Junta en 40.218 pacientes en Andalucía (5.632 cirugía + 23.768 consultas+ 10.818 pruebas), siendo en 2017, 36.788. Pero la consejera dijo que "nuestra Comunidad se encuentra en una situación muy favorable", sin pudor alguno.
Huelva y Granada (afectadas por las fusiones hospitalarias decididas por la Junta) son las que se encuentran en la peor situación. Granada es provincia andaluza peor parada en demora de las intervenciones quirúrgicas, en demora de primera consulta y demora media de pruebas diagnósticas. Le siguen Huelva y Málaga.
En concreto, Huelva tiene casi 4.000 pacientes con los que se están incumpliendo los decretos de garantías en 1ª consulta y pruebas complementarias y faltan los datos sobre los pacientes que sobrepasan los plazos para las intervenciones quirúrgicas que no se han publicado.
Las autoras se preguntan: "¿De esos datos cuántos son niños y "niñas"? ¿Nadie de la oposición pidió los datos totales de las listas de espera de las 47 especialidades? ¿Ni el de las revisiones? ¿Por qué el Gobierno de Susana Díaz creó un Decreto de Garantías, sabedores de que lo iban a incumplir? ¿Por qué la gran mayoría de los medios no se hacen eco de estas catastróficas cifras públicas? ¿Por qué los sindicatos CCOO y UGT callan? ¿Por qué la oposición al Gobierno de Susana Díaz no exigió el cumplimiento del Decreto de Garantías, si lleva transgrediendo los plazos desde 2013?
En definitiva, el total de pacientes en listas de espera en la sanidad pública andaluza es de 336.245 y se incumplen los decretos de garantías de la propia Junta.
* El más alto de la serie revisada desde el año 2009, antes era 2013 con 216.949.
* * El más alto de la serie revisada desde el año 2009. Antes eran los datos de 2017 los peores.
La Junta ocultó la dramática situación de las listas de espera hasta después de las elecciones https://www.libertaddigital.com/esp...a-hasta-despues-de-las-elecciones-1276630855/ vía @libertaddigital
https://sevilla.abc.es/20110213/opinion-columnas/sevi-andaluz-201102122212.html
<<El viejo socialista dejó sobre el aire un pronóstico que está empezando a cumplirse. En aquel momento parecía algo atrevido, la formulación de un temor más que el resultado de un análisis objetivo. Pero ahora todo empieza a encajar.
—Cuando mi partido pierda las elecciones será una catástrofe, porque no será un cambio de Gobierno, un episodio más del principio de alternancia en que se basan las democracias modernas, sino el derrumbamiento de un Régimen, y eso traerá consecuencias nefastas, no nos recuperaremos al cabo de cuatro años, sino que habrá que empezar por limpiar los fosos y las sentinas donde se acumula la corrupción, y algo más importante aún: la mentalidad de los militantes que ven el partido como una empresa para colocarse y vivir del cuento, no como una aspiración humanística de servicio a la comunidad, que era lo que pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes y queríamos cambiar las cosas, ahora hacen lo contrario porque son lo más ultraconservador que uno pueda imaginarse.>>
<<El viejo socialista dejó sobre el aire un pronóstico que está empezando a cumplirse. En aquel momento parecía algo atrevido, la formulación de un temor más que el resultado de un análisis objetivo. Pero ahora todo empieza a encajar.
—Cuando mi partido pierda las elecciones será una catástrofe, porque no será un cambio de Gobierno, un episodio más del principio de alternancia en que se basan las democracias modernas, sino el derrumbamiento de un Régimen, y eso traerá consecuencias nefastas, no nos recuperaremos al cabo de cuatro años, sino que habrá que empezar por limpiar los fosos y las sentinas donde se acumula la corrupción, y algo más importante aún: la mentalidad de los militantes que ven el partido como una empresa para colocarse y vivir del cuento, no como una aspiración humanística de servicio a la comunidad, que era lo que pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes y queríamos cambiar las cosas, ahora hacen lo contrario porque son lo más ultraconservador que uno pueda imaginarse.>>
https://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2019-01-06/junta-de-andalucia_1741654/
La telaraña andaluza 4.0
Desde hace años, la ‘tela de araña’ ha sido la metáfora más utilizada para definir la trama de intereses creada por el Gobierno socialista en Andalucía
Villegas, Rivera y Marín antes de reunirse con diputados del grupo parlamentario de su formación política en el Parlamento andaluz en Sevilla. (EFE)
Javier Caraballo
06/01/2019 09:21 - Actualizado: 07/01/2019 13:44
La paradoja del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, si no se frustra el pacto, es que están llamados a destruir antes que a construir. Sólo cuando en una democracia se atrofia la alternancia y el partido gobernante se convierte en hegemónico, como ha ocurrido en Andalucía en las cuatro últimas décadas, se genera un entramado de poder tan amplio y copioso como el que han construido los socialistas andaluces en ese tiempo. Y como ha sido el PSOE el que lo ha creado y lo ha dotado generosamente, incluso cuando sucede lo inesperado, que se pierden unas elecciones, el entramado permanece y, además, pasa a convertirse en una sólida red de seguridad para resistir en la oposición y regresar al gobierno en el menor plazo de tiempo posible. De ahí lo paradójico del momento, que dos partidos que llegan nuevos a un Gobierno tengan que dedicarse, antes que nada, a desarmar la estructura clientelar creada y diseñada por el Partido Socialista sin, ni siquiera, tener la certeza de que podrán conseguirlo en una legislatura. Eso, además, con un añadido importante: pase lo que pase, en cualquiera de las hipótesis que se imaginen, se convertirá en una incesante fuente de conflictos contra el nuevo Gobierno andaluz.
Desde hace años, la ‘tela de araña’ ha sido la metáfora más utilizada para definir la trama de intereses creada por el Gobierno socialista en Andalucía, que ha manejado presupuestos que ascienden a casi 35.000 millones de euros, el más elevado de todas las comunidades autónomas. Incluso se llegaron a publicar dos libros que se titulaban así, en los que se detallaban todas las conexiones posibles a lo largo de la extensa región andaluza. Uno de los autores de ese libro, Pedro de Tena, describía la realidad de esa telaraña como “una ocupación nepotista del poder que se extiende por todas las instituciones, entes y organismos públicos” integrados todos ellos por “amigos, afines y familiares” de cargos socialistas, con lo que no sólo se aseguran el control “sino que, en caso de derrota política se dificultaría hasta límites insospechados la labor del Gobierno que salga de las urnas”.
El Gobierno de la Junta en funciones adjudica puestos a dedo a mansalva
Agustín Rivera. Málaga
Las consejerías utilizan el Boletín Oficial de la Junta para aumentar el ritmo de PLD (puestos de libre designación) antes del ERE de la derrota que supondrá el previsible pacto PP y Cs
El mismo símil lo empleó también un profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, cuando estallaron los grandes casos de corrupción de la Junta de Andalucía, fundamentalmente los ERE y los cursos de formación, y se descubrió la extensión real de aquella podredumbre. Al analizarlo, Arias Maldonado concluía que “el ciudadano andaluz está condenado a encontrarse con esa tela de araña en algún momento de su biografía personal o profesional, momento en el que tendrá que elegir entre pasar a formar parte de ella o perjudicar seriamente sus oportunidades vitales”. Si sumamos todos esos conceptos, no parece exagerado afirmar que la ‘tela de araña’ andaluza, a diferencia de cualquier otra que se haya podido construir en torno a otros gobiernos y en otras autonomías, es la más sofisticada y tupida de todas, una ‘telaraña 4.0’.
Pablo Casado y Juanma Moreno. (Reuters)
La dificultad mayor a la hora de intentar tomar algún tipo de medida sobre ese magma radica en la imposibilidad de que alguien pueda decir, exactamente, de cuántos organismos estamos hablando y, mucho menos, cuántas personas están ligadas a ellos. Ha habido veces que hasta los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía se llevaban las manos a la cabeza cuando empezaban a sumar y a restar y les aparecían miles de ‘trabajadores fantasmas’, que nadie era capaz de saber dónde estaban. Las cuentas que ha realizado el Sindicato Andaluz de Funcionarios ofrecen un panorama desolador por la desproporción que existe entre la ‘administración real’, que es la que se puede controlar políticamente y donde están los funcionarios que han aprobado unas oposiciones, y la llamada ‘administración paralela’, donde proliferan los enchufes. Este sindicato, en concreto, afirma que el sector público instrumental de la Junta de Andalucía, la ‘administración paralela’, reúne a un total de 26.900 trabajadores (entidades públicas empresariales, fundaciones y personal laboral propio de agencias de régimen especial) mientras que el personal funcionario de la Administración General representaba en el año 2016 un total de 20.031 funcionarios de carrera y 2.495 interinos. Esa desproporción se produce, según este sindicato, por una política concreta y sostenida de los distintos gobiernos socialistas que, durante años, han estado recortando la plantilla de funcionarios (en 2009 era de 26.249 personas) mientras que ha ido aumentando y consolidando la estructura de la ‘administración paralela’.
¿Podrá un gobierno de coalición, que ni siquiera cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, desmantelar toda esa ‘tela de araña’, tejida minuciosamente durante cuarenta años? Para Ciudadanos será el segundo intento, porque ya lo incluyó, sin éxito alguno, cuando apoyó a la socialista Susana Díaz como presidenta, y lo ha vuelto a solicitar ahora, que quiere formar gobierno junto al Partido Popular. De todas formas, lo que han firmado PP y Ciudadanos para formalizar su pacto es muy impreciso, y se limita a decir que quieren suprimir todos aquellos entes, que en total pueden ser más de doscientos, “que se consideren innecesarios” y también los que se hayan visto salpicados por la corrupción, como la famosa Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) que aparece en el escándalo de los ERE. Eso, además de otras medidas que tienen el mismo sesgo, como la Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía –que con la sola lectura de su enunciado ya resulta insólita en una democracia moderna- con la que se pretende garantizar la "profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad" de los trabajadores de la administración autonómica andaluza. Si finalmente sale adelante ese nuevo Gobierno en Andalucía, lo que está claro es que harán falta mucho más de cien días para, simplemente, saber si la ‘telaraña 4.0’ empieza a remitir o si se mantiene intacta.
La telaraña andaluza 4.0
Desde hace años, la ‘tela de araña’ ha sido la metáfora más utilizada para definir la trama de intereses creada por el Gobierno socialista en Andalucía
Villegas, Rivera y Marín antes de reunirse con diputados del grupo parlamentario de su formación política en el Parlamento andaluz en Sevilla. (EFE)
Javier Caraballo
06/01/2019 09:21 - Actualizado: 07/01/2019 13:44
La paradoja del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, si no se frustra el pacto, es que están llamados a destruir antes que a construir. Sólo cuando en una democracia se atrofia la alternancia y el partido gobernante se convierte en hegemónico, como ha ocurrido en Andalucía en las cuatro últimas décadas, se genera un entramado de poder tan amplio y copioso como el que han construido los socialistas andaluces en ese tiempo. Y como ha sido el PSOE el que lo ha creado y lo ha dotado generosamente, incluso cuando sucede lo inesperado, que se pierden unas elecciones, el entramado permanece y, además, pasa a convertirse en una sólida red de seguridad para resistir en la oposición y regresar al gobierno en el menor plazo de tiempo posible. De ahí lo paradójico del momento, que dos partidos que llegan nuevos a un Gobierno tengan que dedicarse, antes que nada, a desarmar la estructura clientelar creada y diseñada por el Partido Socialista sin, ni siquiera, tener la certeza de que podrán conseguirlo en una legislatura. Eso, además, con un añadido importante: pase lo que pase, en cualquiera de las hipótesis que se imaginen, se convertirá en una incesante fuente de conflictos contra el nuevo Gobierno andaluz.
Desde hace años, la ‘tela de araña’ ha sido la metáfora más utilizada para definir la trama de intereses creada por el Gobierno socialista en Andalucía, que ha manejado presupuestos que ascienden a casi 35.000 millones de euros, el más elevado de todas las comunidades autónomas. Incluso se llegaron a publicar dos libros que se titulaban así, en los que se detallaban todas las conexiones posibles a lo largo de la extensa región andaluza. Uno de los autores de ese libro, Pedro de Tena, describía la realidad de esa telaraña como “una ocupación nepotista del poder que se extiende por todas las instituciones, entes y organismos públicos” integrados todos ellos por “amigos, afines y familiares” de cargos socialistas, con lo que no sólo se aseguran el control “sino que, en caso de derrota política se dificultaría hasta límites insospechados la labor del Gobierno que salga de las urnas”.
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Agustín Rivera. Málaga
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El mismo símil lo empleó también un profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, cuando estallaron los grandes casos de corrupción de la Junta de Andalucía, fundamentalmente los ERE y los cursos de formación, y se descubrió la extensión real de aquella podredumbre. Al analizarlo, Arias Maldonado concluía que “el ciudadano andaluz está condenado a encontrarse con esa tela de araña en algún momento de su biografía personal o profesional, momento en el que tendrá que elegir entre pasar a formar parte de ella o perjudicar seriamente sus oportunidades vitales”. Si sumamos todos esos conceptos, no parece exagerado afirmar que la ‘tela de araña’ andaluza, a diferencia de cualquier otra que se haya podido construir en torno a otros gobiernos y en otras autonomías, es la más sofisticada y tupida de todas, una ‘telaraña 4.0’.
Pablo Casado y Juanma Moreno. (Reuters)
La dificultad mayor a la hora de intentar tomar algún tipo de medida sobre ese magma radica en la imposibilidad de que alguien pueda decir, exactamente, de cuántos organismos estamos hablando y, mucho menos, cuántas personas están ligadas a ellos. Ha habido veces que hasta los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía se llevaban las manos a la cabeza cuando empezaban a sumar y a restar y les aparecían miles de ‘trabajadores fantasmas’, que nadie era capaz de saber dónde estaban. Las cuentas que ha realizado el Sindicato Andaluz de Funcionarios ofrecen un panorama desolador por la desproporción que existe entre la ‘administración real’, que es la que se puede controlar políticamente y donde están los funcionarios que han aprobado unas oposiciones, y la llamada ‘administración paralela’, donde proliferan los enchufes. Este sindicato, en concreto, afirma que el sector público instrumental de la Junta de Andalucía, la ‘administración paralela’, reúne a un total de 26.900 trabajadores (entidades públicas empresariales, fundaciones y personal laboral propio de agencias de régimen especial) mientras que el personal funcionario de la Administración General representaba en el año 2016 un total de 20.031 funcionarios de carrera y 2.495 interinos. Esa desproporción se produce, según este sindicato, por una política concreta y sostenida de los distintos gobiernos socialistas que, durante años, han estado recortando la plantilla de funcionarios (en 2009 era de 26.249 personas) mientras que ha ido aumentando y consolidando la estructura de la ‘administración paralela’.
¿Podrá un gobierno de coalición, que ni siquiera cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, desmantelar toda esa ‘tela de araña’, tejida minuciosamente durante cuarenta años? Para Ciudadanos será el segundo intento, porque ya lo incluyó, sin éxito alguno, cuando apoyó a la socialista Susana Díaz como presidenta, y lo ha vuelto a solicitar ahora, que quiere formar gobierno junto al Partido Popular. De todas formas, lo que han firmado PP y Ciudadanos para formalizar su pacto es muy impreciso, y se limita a decir que quieren suprimir todos aquellos entes, que en total pueden ser más de doscientos, “que se consideren innecesarios” y también los que se hayan visto salpicados por la corrupción, como la famosa Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) que aparece en el escándalo de los ERE. Eso, además de otras medidas que tienen el mismo sesgo, como la Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía –que con la sola lectura de su enunciado ya resulta insólita en una democracia moderna- con la que se pretende garantizar la "profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad" de los trabajadores de la administración autonómica andaluza. Si finalmente sale adelante ese nuevo Gobierno en Andalucía, lo que está claro es que harán falta mucho más de cien días para, simplemente, saber si la ‘telaraña 4.0’ empieza a remitir o si se mantiene intacta.
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Vox marca la agenda al PP que se abre a debatir la ley de violencia de género en el Congreso
Teodoro García Egea. EFE
FERNANDO ASUNCIÓN
PERFIL
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado hoy la disposición de su partido a "mejorar" la ley contra la violencia de género a través de un debate en el Congreso y no de un debate "en Twitter o en los platós de televisión" como considera que está haciendo Vox.
Vox amenaza con nuevas elecciones si PP y Cs no le tienen en cuenta para negociarVox amenaza con nuevas elecciones si PP y Cs no le tienen en cuenta para negociar
García Egea, que ha sido entrevistado en Telecinco y Antena 3, ha manifestado que "todas las leyes se pueden mejorar", en respuesta a la exigencia de Vox de modificar la normativa contra la violencia de género para proteger a "todos los seres humanos", incluyendo a los hombres, algo a lo que el PP está dispuesto si se hace de manera "sosegada y rigurosa" y en el foro adecuado.
"Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse"
"Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse", ha afirmado, tras decir que también hay que perseguir las denuncias falsas, esas que "en ocasiones pudieran no ser adecuadas a los hechos".
Pero ha lamentado que este debate está alejando el foco de lo "verdaderamente importante" que es el cambio en Andalucía y ha advertido de que "la única esperanza de Susana Díaz de seguir al frente de la Junta se llama Vox" porque si no apoyan al candidato del PP Juanma Morenocontribuirán a perpetuar el socialismo en Andalucía.
García Egea ha asegurado que están a "pocas horas" de culminar el acuerdo con Ciudadanos sobre la estructura de un Gobierno en Andalucía, presidido por Moreno, y ha considerado que "nadie puede negarse a ese cambio".
Sobre la reunión que mantendrá mañana con Vox para negociar el apoyo de este partido a la investidura de Moreno, García Egea ha dicho que está en manos de Ciudadanos decidir si quiere asistir, y ha insistido en que su partido va "sin ningún línea roja" más que mejorar la vida de los andaluces.
Vox marca la agenda al PP que se abre a debatir la ley de violencia de género en el Congreso https://www.vozpopuli.com/_47f291fe vía @voz_populi
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El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado hoy la disposición de su partido a "mejorar" la ley contra la violencia de género a través de un debate en el Congreso y no de un debate "en Twitter o en los platós de televisión" como considera que está haciendo Vox.
Vox amenaza con nuevas elecciones si PP y Cs no le tienen en cuenta para negociarVox amenaza con nuevas elecciones si PP y Cs no le tienen en cuenta para negociar
García Egea, que ha sido entrevistado en Telecinco y Antena 3, ha manifestado que "todas las leyes se pueden mejorar", en respuesta a la exigencia de Vox de modificar la normativa contra la violencia de género para proteger a "todos los seres humanos", incluyendo a los hombres, algo a lo que el PP está dispuesto si se hace de manera "sosegada y rigurosa" y en el foro adecuado.
"Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse"
"Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse", ha afirmado, tras decir que también hay que perseguir las denuncias falsas, esas que "en ocasiones pudieran no ser adecuadas a los hechos".
Pero ha lamentado que este debate está alejando el foco de lo "verdaderamente importante" que es el cambio en Andalucía y ha advertido de que "la única esperanza de Susana Díaz de seguir al frente de la Junta se llama Vox" porque si no apoyan al candidato del PP Juanma Morenocontribuirán a perpetuar el socialismo en Andalucía.
García Egea ha asegurado que están a "pocas horas" de culminar el acuerdo con Ciudadanos sobre la estructura de un Gobierno en Andalucía, presidido por Moreno, y ha considerado que "nadie puede negarse a ese cambio".
Sobre la reunión que mantendrá mañana con Vox para negociar el apoyo de este partido a la investidura de Moreno, García Egea ha dicho que está en manos de Ciudadanos decidir si quiere asistir, y ha insistido en que su partido va "sin ningún línea roja" más que mejorar la vida de los andaluces.
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vox y Psoe... se hundirá C´s y Podemos descenderá mogollón más
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