Nuevo Gobierno en Andalucía del PP y C's con apoyo de Vox (2 Visitantes)

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ENSEÑANZA PÚBLICA

Denuncian una campaña de intimidación al profesorado de la pública en las comunidades donde PP y Cs gobiernan con Vox


El intento de Vox en varias CCAA de que los alumnos reciban enseñanza a la carta en asuntos de consenso constitucional -el llamado Pin parental- es "una idea estrafalaria" y sin posibilidad de aplicación, según diversos expertos. Pero sí supone una forma eficaz de control del profesorado y de los contenidos académicos mediante la amenaza y el miedo.


Santiago Abascal, líder de Vox. REUTERS
Santiago Abascal, líder de Vox, exhibiendo una chapa de esa formación / EFE
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MADRID
22/12/2019 22:58 Actualizado: 23/12/2019 18:10
MARISA KOHAN

La citación judicial a un profesor del colegio IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena (Córdoba) el pasado 18 de diciembre ha disparado todas las alertas. Se le requirió para que explicara la actividad que el centro había llevado a cabo el pasado 25 de noviembre (Día Internacional contra la violencia machista), en la que los alumnos de secundaria vieron un vídeo del testimonio televisivo de Ana Orantes el 4 de diciembre 1997 en el que denunció los malos tratos que había recibido por parte de su expareja durante 40 años. Trece días después, éste la asesinó quemándola viva en el patio de su casa. Su revelación y posterior asesinato cambiaron para siempre la percepción de la violencia machista.

Aunque no está claro lo que rodea la citación de Baena, puesto que el juzgado ha decretado el secreto del sumario, el sindicato Ustea denunció que forma parte de una escalada de acoso y amedrentamiento que el profesorado y los centros están sufriendo desde que hace un año Vox entrara en el Parlamento andaluz y se convirtiera en pieza clave para apuntalar el Gobierno de PP y Ciudadanos.

Desde entonces, uno de los caballos de batalla del partido de ultraderecha ha sido lo que se conoce como el Pin parental, es decir, una supuesta 'llave' que los padres tendrían para autorizar o no a que sus hijos e hijas participen en determinados contenidos escolares.

Esta es una idea ampliamente difundida por Vox, que según todas las fuentes consultadas entra dentro de la categoría de la ciencia ficción y que sólo sirve para acosar y amedrantar profesores y centros educativos.

"Se trata de una idea estrafalaria que no tiene el más mínimo sustento legal", afirma a Público Antonio Bujalance, responsable de acción sindical de Ustea en Andalucía.
"Los temas de igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, el respeto y la tolerancia hacia personas de distinta identidad sexual... no son materias extraescolares, sino parte del currículum, y este viene determinado por normativas estatales. Por ello, la Junta de Andalucía, por mucho que se empeñe, no puede darle a Vox este Pin parental. Los progenitores y tutores legales lo único que pueden decidir es si sus hijos participan o no en determinadas excursiones organizadas por el colegio o si estudian o no religión. Lo demás es un invento de Vox". "Si los padres quieren una educación a la carta, la única solución que existe es que monten una escuela en su casa", afirma Bujalance.

Pero el problema va mucho más allá de las nociones de igualdad y de violencia de género, tal como apuntan diversos expertos.

"Lo que Vox llama despectivamente 'el consenso progre' es en realidad el consenso constitucional"

"Lo que plantea Vox es que el consenso constitucional no vale y que lo que es el desarrollo curricular puede ser cuestionado por una familia. Es decir, puede cuestionar que su hijo o hija aprenda que la tierra no es plana o la teoría de la evolución humana. De esto es de lo que estamos hablando en realidad. De que han emprendido un cruzada contra lo que hemos avanzado en igualdad de derechos y que está recogido en la Constitución, que establece que todos somos iguales independientemente de nuestro género y de cualquier otra consideración. Lo que Vox llama despectivamente el 'consenso progre' es en realidad el consenso constitucional. Y esto es lo que está en juego", afirma Isabel Galvín, responsable del área de Educación de CCOO en Madrid. "Es imposible pensar que en Madrid haya colegios en los que entra la Constitución y otros en los que no", añade esta sindicalista.

Murcia a la cabeza

Murcia es, sin duda, la comunidad autónoma en la que el acoso a al profesorado y la implantación del llamado Pin parental han ido más allá. El pasado 29 de agosto todos los centros escolares públicos de Murcia recibieron una instrucción en forma de resolución emitida desde la Consejería de Educación. En ella se establecía una serie de criterios a la hora de tratar las actividades complementarias. "Estas actividades son un concepto incluido en los currículums que desarrollan contenidos. Se trata, por tanto, de asignaturas obligatorias y evaluables contenidas en un decreto, que legalmente tiene un jerarquía mayor a la resolución. Según ella [la instrucción], los progenitores debían dar su consentimiento expreso para que sus hijos participaran en dichas actividades obligatorias", afirma José Ignacio Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Murcia.

Para este profesor y sindicalista, el precedente de esto se sentó hace un par de años, cuando "algunas organizaciones ultracatólicas y ultraderechistas como el Foro de la Familia comenzaron a bombardear a la opinión pública de Murcia con discursos sobre la ideología de género o de la igualdad que, según dicen, horada los valores éticos y pretende coartar la libertad de enseñanza o adoctrinar. Incluso el actual presidente [Fernando López Miras], ya en campaña electoral comenzó a hablar de que los centros de enseñanza públicos estaban adoctrinando, lo que es una absoluta locura. Acusar a tus empleados públicos de usar su actividad docente para adoctrinar cuando enseñan aspectos de la vida afectivo sexual en una comunidad en la que los delitos sexuales se han incrementado en un 24% en los últimos años es una absoluta temeridad y un despropósito. Es volver la cara a la realidad. No gestionar medidas para afrontar este problema es un absoluta irresponsabilidad", afirma Tornel.

La aplicación de esta resolución fue denunciada por los sindicatos y en la actualidad se encuentra paralizada hasta que la justicia se pronuncie.

Alas a la derecha más extrema

La entrada de Vox en diversas instituciones ha permitido el ingreso en las mismas de representantes de los grupos más católicos y ultraconservadores de la esfera política, como la organización Hazte Oír o Abogados Cristianos, varios de cuyos miembros se sientan en los escaños de diversos parlamentos autonómicos.
A principios de este curso escolar, la organización Hazte Oír envió 23.000 cartas y folletos a centros educativos públicos y concertados de toda España, principalmente en aquellas comunidades gobernadas por el PP. En ellas iba incluido un formulario para que los padres y madres solicitaran información previa y consentimiento expreso a que sus hijos pudieran asistir a clases en las que se impartiera contenido afectivo sexual dentro del horario lectivo.

Junto con la carta, la organización distribuyó una campaña y un folleto titulado "Dejad a mis hijos en paz", que contiene diversos artículos destinados a informar a los padres sobre lo que denominan el "adoctrinamiento de género". Uno de estos artículos está firmado por Alicia Rubio, diputada por Vox en la Asamblea de Madrid. Por último y como parte de esta campaña, Hazte Oír hizo pública en una web los nombres de 300 centros educativos de toda España donde se llevan a cabo clases y talleres y charlas sobre igualdad y diversidad LGTBI.

Tanto CCOO como el sindicato Stem denunciaron ante diversas instancias (Fiscalía, Agencia Española de Proteccion de Datos, juzgados y las propias consejerías de Educación de diversas comunidades) esta campaña y el acoso que supone hacia centros y profesores.

Amedrenta que algo queda

Si tal como afirman todas las fuentes consultadas, la implantación del Pin parental -es decir el control por parte de los padres de los contenidos que quieren o no que sus hijos aprendan-, es imposible, ¿cuál es la finalidad de esta presión?
"Lo que intentan es amedrentar, sembrar la semilla del miedo, pero no sólo hacia los centros educativos, sino y principalmente hacia los profesores con nombre y apellido, porque es más eficaz. Si te denuncian tendrás que correr con los gastos de un proceso judicial y además te arriesgas a perder el trabajo, lo que probablemente influye en la manera en la que vas a llevarlo a cabo y en los contenidos que incluyas o dejes fuera", afirma Mari Luz González Rodríguez, responsable de Mujeres de la Confederación Interseccional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES).

Esta campaña está suponiendo una intimidación al profesorado y una distorsión de las actividades y del buen clima en los colegios. Un llamamiento de Vox, que es quien lidera esto, pero con la complicidad de PP y de Ciudadanos, que lo están permitiendo porque necesitan los votos de Vox, y que está generando un problema donde hasta ahora no existía", afirma Galvín.

Lo que sí está claro es que uno de los colectivos a los que Vox tiene en su punto de mira es el profesorado. "Se cuestiona su libertad de cátedra, que también está en la Constitución, nuestra labor docente y los currículums que están aprobados y desarrollados", añade Galvín.

"Yo llevo más de 30 años de profesión y esto que está ocurriendo ahora no lo he visto ni al final del franquismo y tampoco esperaba verlo. Su objetivo no es conseguir el Pin parental, que es algo imposible. Lo que hacen es apuntar a lo más alto para generar una situación de amedrentemiento y temor, y conseguir frenar al profesorado. Que se vuelvan funcionarios grises que no se impliquen en nada. Esto no sólo es un grave peligro para la profesión, sino para la sociedad. En esto están ganando", concluye Bujalance.

 

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ECORTESLa Junta de Andalucía liquida un programa de atención a personas con discapacidad en fin de semana y festivos

El Gobierno, una coalición de PP y Ciudadanos, afirma que trabaja para atender a las 81 personas afectadas a través de otros servicios

Rocío Ruiz atendiendo a los medios de comunicación. EFE/Archivo.

Rocío Ruiz atendiendo a los medios de comunicación. EFE/Archivo.
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SEVILLA
26/12/2019 14:23 Actualizado: 26/12/2019 16:54
RAÚL BOCANEGRAç
A través de frías cartas, la Consejería andaluza de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), anunció a las asociaciones que gestionan el programa de atención en fin de semana y festivos a personas con discapacidad en situación de dependencia que el servicio no iba a ser renovado, tal y como adelantó la periodista Eva Saiz, en el diario El País.
La decisión afecta de manera directa a 81 personas –y a sus familiares y cuidadores–, según los datos oficiales, que venían disfrutando del servicio, que se ejecutaba mediante un sistema de copago, en el que la administración ponía una parte del coste, desde el año 2009, cuando el entonces gobierno socialista puso en marcha el servicio, que sobrevivió, aunque mermado y en decadencia, a los años más duros de la crisis.


En las misivas, a una de las cuales ha tenido acceso Público, la Consejería afirma –en un estilo burocrático– que el programa desaparece porque, en el proceso de “revisión de todos los convenios suscritos por la Agencia de la Dependencia de Andalucía”, se ha detectado que estos, los que afectan a este servicio, “correspondían a un programa piloto que nunca llegó a desarrollarse y que por tanto no cuentan con ningún fundamento normativo que los sustente”.

Público contactó con la Consejería tras la publicación en el diario El País de la noticia. La respuesta que dio el Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, a este diario sobre la liquidación del servicio fue la siguiente: “Se trata de un programa que fue piloto y que carecía de sustento legal. Es una prestación que no está recogida en la Ley de Dependencia. La demanda ha sido escasa, ha ido perdiendo solicitantes a lo largo de los años y no se adaptaba a la finalidad del centro de día”.

El programa comenzó en el año 2009, a través de un sistema de convenios, de duración anual prorrogables por años sucesivos, “salvo denuncia expresa de alguna de las partes”, lo que ahora ha sucedido.
La Junta de Andalucía ha acabado de un día para otro, de un plumazo, con esta prestación. Igualdad aseguró a Público sobre la situación en la que quedan las personas afectadas por la decisión lo siguiente: “Se está realizando un análisis del sistema de respiro familiar para hacerlo más eficiente y que cubra estas demandas”.

El problema de la derivación a los programas de respiro, tal como están hoy configurados, es que la estancia mínima es de 24 horas, lo que implica que la persona dependiente se queda a dormir en el centro. Es decir, que es un concepto diferente al de estancias de horas durante el día en festivos y en fines de semana.

Alarma, enfado, preocupación

La decisión del Gobierno ha causado alarma, enfado y preocupación entre los familiares afectados, entre las asociaciones que gestionan los centros y que han venido trabajando en el desarrollo del programa y también ha provocado que la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, se ponga a trabajar el asunto, con la idea de defender el servicio, según las fuentes consultadas por Público.

Diferentes ayuntamientos y administraciones en España se han ocupado estos años, tras la promulgación de la Ley de Dependencia, de elaborar programas de respiro en fin de semana y festivos. Complementarios de los programas y
talleres que se ocupan del día a día, atienden a las personas en situación de dependencia, y también sirven para descargar a las personas –en su inmensa mayoría mujeres– que se ocupan de ellas del estrés y del cansancio que les genera la atención permanente.

“La familia que se encarga de su familiar dependiente acumula cansancio físico y psicológico que tendrá que ser corregido mediante el disfrute de momentos de descanso, de ocio, de tiempo libre. El rol de cuidador debe sustituirse. Es hora de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja, de liberarse del constante cuidado y de atender facetas de la vida que en el día a día se desplazan, se aparcan o se olvidan”, se afirma en discapnet, de la Fundación ONCE, un portal web destinado a las personas con discapacidad.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos aseguró a Público que ya en 2015 el Ejecutivo del PSOE ya dijo que iba a eliminar el programa. Sin embargo, los anteriores ejecutivos no le quitaron el servicio de un plumazo a alguien que ya lo tuviera adjudicado. En este caso, 81 personas.

 


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La Junta de Andalucía pagará a Carlos Herrera 336.000 euros por 8 programas de una hora de duración cada programa o lo que es lo mismo, 42.000 euros por una hora, 700 euros por cada minuto.

Por lo visto en SomaliAndalucia el alcohol es muy caro y este se bebe hasta el agua de los floreros
La imagen puede contener: una o varias personas y personas sentadas
 
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Un empresa de tauromaquia enseñando a niños de 3 años a matar animales en un colegio público
En cualquier país civilizado esto sería motivo para encarcelar a estos descerebrados.
VOX encatado
La imagen puede contener: una o varias personas, calzado y exterior, texto que dice El toreo llega a las aulas de un colegio de Sevilla Gracias a la Empresa Pagés, los niños de ese centro educativo pudieron aprender las suertes y conceptos básicos


¿Pidieron autorización a los padres para que los niños recibieran éstas clases para aprender a matar animales? ¿O para ésto no es necesario? :smuggrin:
 
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La Junta de Andalucía pagará a Carlos Herrera 336.000 euros por 8 programas de una hora de duración cada programa o lo que es lo mismo, 42.000 euros por una hora, 700 euros por cada minuto.

Por lo visto en SomaliAndalucia el alcohol es muy caro y este se bebe hasta el agua de los floreros
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Estos son los que dicen que la subida de 50 Euros del SMI es rompera la economía del pais
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