Nacionalismo Vasco

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PONENCIA AUTOGOBIERNO
Los nacionalistas vascos diferencian en el nuevo Estatuto entre ciudadanos y nacionalizados
PNV y EH Bildu, que rescatan ese precepto del Plan Ibarretxe proponen blindar el Estatuto y eliminar el artículo 155
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PEDRO GOROSPE
Bilbao 31 MAY 2018 - 09:04 CEST
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Lander Martínez de Podemos, Maddalen Iriarte, de EH Bildu, Joseba Egibar del PNV y José Antonio Pastor del PSE este miércoles en Vitoria. L. RICO
El nuevo estatuto vasco ya tiene preámbulo y un título preliminar. De momento no es más que una propuesta, pero si el pasado miércoles el PNV y EH Bildu impusieron al resto su concepto del derecho a decidir, con un voto particular de Elkarrekin Podemos, que no se sumó al acuerdo, este miércoles han dado un paso más al diferenciar entre los ciudadanos vascos que vivan en Euskadi, y los que tengan la nacionalidad. Podemos, el PSE y el PP lo consideran una postura "maximalista" que aleja un eventual acuerdo en el seno de la Ponencia de Autogobierno, y acusan a los nacionalistas de buscar un texto en el que se prima la identidad sobre los derechos. El PNV y EH Bildu han vuelto a unir sus fuerzas, (46 de los 75 escaños del Parlamento vasco) para sacar adelante esos dos documentos base que, una vez completados con el resto de títulos, serán enviados a un grupo de expertos juristas para que elaboren el texto articulado que después empezará el trámite de enmiendas. Los partidos quieren que el nuevo Estatuto esté listo para ser aprobado en el Parlamento vasco y consultado a la ciudadanía, esta misma legislatura.

El derecho a decidir abre una brecha en la Ponencia vasca de Autogobierno
Según el título preliminar, el proceso de nacionalizaciones se pondría en marcha una vez constituida la nación vasca, pero ni el PNV ni EH Bildu concretan si quienes sean solo ciudadanos mantendrán el DNI español y los nacionalizados vascos otro con su nueva nacionalidad. Dejan las concreciones para un desarrollo legislativo posterior. Tampoco aclaran en el documento base si unos y otros tendrán derechos y deberes diferentes, aunque sí especifican que quienes no se nacionalicen no perderán sus derechos.


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El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado tras los cuarenta minutos que ha durado la reunión que "el apartado 2.8 en el que se diferencia ciudadanía y nacionalidad vasca, rescatando casi literalmente el texto de Ibarretxe de 2004, es la más clara constatación de la deriva excluyente que está tomando la entente entre PNV y EH Bildu, y su nula voluntad de sumar a ninguna fuerza política que no sea nacionalista".

El documento especifica: "El reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como punto de conexión, posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el Sujeto Político, con independencia de cual sea su procedencia o nacionalidad", pero a renglón seguido especifica que "habida cuenta del carácter plurinacional del Estado Español y las características del nuevo modelo de relación con el Estado contenido en el Nuevo Estatus Político, se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por Ley, aprobado en el Parlamento Vasco. Se establecerá también que nadie será discriminado por razón de su nacionalidad ni será privado arbitrariamente de ella", explicita el título preliminar.

Los socialistas también critican que el documento establece categorías ciudadanas inaceptables, porque aunque pretende reconocer igualdad de derechos civiles y políticos para quienes tienen “vecindad administrativa” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, "prevé una distinción expresa por razón de nacionalidad vasca. La pluralidad no se puede garantizar sobre una línea de reconocimiento, sino en el desarrollo legal de los derechos", asegura el PSE.

El título preliminar, además de recoger el carácter confederal de la relación entre Euskadi y España, se arroga el derecho de lanzar consultas, incluso para decidir la relación que los vascos quieren con el resto de España y propone dejar exenta a Euskadi de los mecanismos constitucionales de intervención, como el 155: "Deben eliminarse mecanismos de suspensión unilateral de normas, intervención de la autonomía, etc., y establecer procedimientos de lealtad y cooperación institucional".
 
. Frente a esa confianza, el reparo hacia el País Vasco que, tras repetidos intentos, no obtiene su Estatuto hasta ya iniciada la Guerra Civil. El reparo ante este segundo caso lo encontramos en las mismas irónicas palabras de Azaña. Escribe así en 1933: "Fuimos a Guernica. Visitamos el Árbol y la Casa de Juntas, donde hay una porción de cachivaches que pretenden ser antigüedades y reliquias de una tradición". La crueldad en las expresiones constituyó, como en muchos casos lo demuestra, algo que Azaña no evitaba. Claro está que este mismo carácter de excepcionalidad tuvo también y de inmediato el argumento del agravio comparativo con otras regiones por parte de los enemigos del Estatuto. De ahí se derivaron no pocas consecuencias.
Y, por último, acaecía que el PSOE, el partido mejor organizado al llegar la República, nunca se mostró autonomista. Como tampoco los sindicatos de UGT y CNT. Sus apellidos de "internacionalistas" lo impedían de entrada. Por eso costó tanto sacar adelante la aprobación de Estatutos. Bastaría con recordar la famosa expresión de Prieto oponiéndose con fuerza a la creación de un segundo Vaticano en España, al referirse al País Vasco. Aquí, por demás, andaba por medio la desconfianza hacia el PNV y su profundo catolicismo. Superar todas estas circunstancias constituía una batalla de difícil victoria.

El artículo primero del Estatuto comenzaba así: "Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto". Y en su artículo tercero se podía leer lo que sigue: "Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Éstos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República". Me parece oportuno el recuerdo de estos dos artículos. Ni en ellos ni en el resto de los no citados aparecen en ningún momento palabras tales como Nación, Nacionalidad, Hecho Diferencial, Soberanía compartida, Estado Asociado, Federalismo Asimétrico, etcétera, ahora tan al uso por el reverdecer de nuestros nacionalismos.

El Estatuto corrió la misma historia de vaivenes por la que atravesó el régimen republicano. Suspendido por el Gobierno Lerroux-Gil Robles en el segundo bienio, vuelto a poner en vigencia por el Frente Popular, derogado y condenado por el sistema autoritario que se implanta en 1939. Y allá, el solitario de la Pobleta, el Manuel Azaña que nunca quiso encabezar el Gobierno cercano a la guerra. Allá, completamente aislado quien había optado, sin condiciones, por la Presidencia de una República cuya vida se extinguía. No había servido su famoso discurso en el mismísimo Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, y cuando el resultado bélico era ya previsible, pidiendo, en "nombre de la patria eterna", "Paz, Piedad y Perdón". Poco tiempo después es cuando aparecen sus reproches. La cuestión catalana perdurará "como un manantial de perturbaciones (...) y es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del pueblo español". Ahora parece que es Ortega quien habla. Azaña condena la insurrección libertaria y alude al llamado "eje Barcelona-Bilbao" como obstáculo para el triunfo en la guerra. Y es que al que fuera el gran protagonista y el gran hombre de Estado se le había ido de las manos "su República". Y con ella, "su Estatuto". Le quedaba la nostalgia, la sinceridad ante las causas de los acontecimientos y, por encima de todo ello, el inmenso cariño a la España que nunca había dudado en llamar así: "La patria eterna".

Manuel Ramírez es catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de diciembre de 2005
 
Vamos a permitir que nos chuleen 600.000 votantes
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE PAÍS VASCO
Escrutado: 100 %
Escaños totales: 18
Votos contabilizados: 1.156.698 67,44 %
Abstenciones: 558.364 32,56 %
Votos nulos: 7.827 0,68 %
Votos en blanco: 7.682 0,67 %
VOTOS POR PARTIDOS EN PAÍS VASCO
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO
6 333.730 29,05 %
PNV 5 286.215 24,91 %
PSE-EE 3 163.628 14,24 %
EH Bildu 2 152.782 13,3 %
PP 2 147.639 12,85 %

C's 0 40.326 3,51 %
PACMA 0 9.275 0,81 %
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 2.916 0,25 %
UPyD 0 1.496 0,13 %
EB-AZ 0 1.020 0,09 %
PCPE 0 956 0,08 %
VOX 0 927 0,08 %
P-LIB 0 204 0,02 %
Ln 0 75 0,01 %

  • Diferencia votos entre Bidu y el PP 5143
 
Los sindicatos se levantan contra Sánchez por avalar la ley vasca de abusos policiales
Los principales sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil prevén reunirse en septiembre para estudiar medidas contra la retirada del recurso por parte del Gobierno

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Policía Nacional antidisturbios Javier Martínez
DIEGO MOLPECERES
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10.08.2018 - 05:15

En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales.

La pugna entre Policía y Guardia Civil originó el cese del jefe de la UCOLa pugna entre Policía y Guardia Civil originó el cese del jefe de la UCO
Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se reunirán en septiembre para marcar una nueva hoja de ruta y estudiar posibles medidas contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se lo advertimos públicamente y no descartamos que podamos tomar alguna acción judicial en contra de esa decisión que, a todas luces, nos parece una prevaricación", afirma en declaraciones a Vozpópuli Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP(Sindicato Unificado de Policía) en Euskadi. Tampoco descartan posibles movilizaciones.


El PSOE acordó hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes llega sin que esas modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con indemnizaciones. Según explicó el pasado viernes el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, "en ningún momento se pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales".

El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la conservadora UGC (Unión de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una manipulación de lo que ha sucedido", apostilla.

Carta a los ministerios
Hace dos semanas hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interiorcomo al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de "violencia de motivación política".


Además de recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo "sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en la moción de censura contra Rajoy. "Es una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo recibido para llegar al Gobierno. Pero a los guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata Rodríguez Prendes.

Hay un recurso contra la ya creada comisión de expertos para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la ya creada comisión de expertos (que contemplaba la propia ley) para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera, podría paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo. El Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial porque preveía investigar y esclarecer los casos. Un informe del Instituto Vasco de Criminología cifra en 4.113 el número de torturas y abusos llevados a cabo por agentes de policía, de los que sólo 202 han sido investigados.

Mesa de trabajo
En la mesa de trabajo que se reunirá tras el verano se encuentran el SUP, CEP, UFP y SPP, además de AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC. También está la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) y Covite
 
"La carta que José Antonio Aguirre, lehendakari en el exilio, escribió a Hitler en 1940, y que no sería la primera vez que leía en el Parlamento: «Creemos en el talento político del Führer, en su sagacidad, en su alto espíritu de comprensión y esperamos que en el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España, el problema vasco habrá de ser tenido en cuenta. Porque el problema vasco está íntimamente ligado al problema racial alemán, y, por lo tanto, es lógico y natural esperar que el Führer lo acoja y lo resuelva con la mayor simpatía"

Santiago Abascal en su libro No me rindo.
 
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