Modificación de la Ley de Educación denominada Celaá

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Gritos en el Congreso durante el debate de la 'ley Celaá'​

"Libertad, libertad", clamaban los diputados de PP, Vox y Cs tras el agradecimiento de la ponente de la ley, la socialista Luz Martínez Seijo, a las fuerzas que apoyan la reforma​

El apoyo que consiguió el dictamen, que contó con los 'síes' de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, sería suficiente​

Si en la votación se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario​




El Pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como Ley Celaá, así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto. A primera hora de la tarde se producirá la votación.

El debate ha acabado en bronca en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP, Vox y Cs, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.





Martínez Seijo ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de difundir mentiras sobre que la Lomloe va a acabar con la libertad de los padres para elegir centro educativo o que puedan pedir enseñanza en castellano. "Ya está bien de utilizar la palabra libertad solo para los que tienen recursos y obvian a los que no los tienen y no tienen libertad para decidir", ha dicho la diputada socialista. Asimismo, ha criticado que los centros concertados estén "manipulando" y "utilizando" a menores de edad en los patios de sus colegios para ponerles en contra de la norma a través de lectura de manifiestos.

Tras lo sucedido, la ministra Isabel Celaá ha comentado a los periodistas en los pasillos del Hemiciclo que hubiera sido deseable que el debate de las enmiendas se hubiera producido en unos términios de sosiego político en lugar de las tensiones y gritos que han protagonizado la mañana.

La Cámara Baja somete a debate y votación el dictamen que aprobó el pasado viernes la Comisión de Educación y FP del Congreso tras más de 10 horas de votación de las enmiendas que los grupos parlamentarios defendieron para su inclusión en el articulado.

El apoyo que consiguió la semana pasada el dictamen, que contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de este jueves, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), al tratarse de una reforma de una ley orgánica, y los diputados de estas cinco formaciones sumarían precisamente un total de 176 votos a favor.


 

Los puntos más polémicos de la 'ley Celaá': del castellano a la religión​

Estos días se debaten y votan las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa (LOMLOE) y algunas de ellas están dando mucho de qué hablar. Hablamos con Luz Martínez Seijo, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ponente de la ley, para que explique el detalle de algunas de las principales modificaciones​

Alumnos en el Colegio Ábaco

Alumnos en el Colegio Ábaco / Marta Fernández Jara (EUROPA PRESS)
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TWITTER DE ELISA MUÑOZELISA MUÑOZ
Madrid
11/11/2020 - 09:58 h. CET

La nueva reforma educativa --la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), llamada comúnmente ley Celaá-- ha llegado al Congreso para su tramitación definitiva. Antes se debaten más de mil enmiendas al proyecto presentado por el Gobierno, entre ellas, algunas que han suscitado mucha polémica.

La Educación sigue siendo un arma política más. Mientras los ciudadanos siguen reclamando un pacto de Estado en esta materia, lo que ocurre en la práctica es que cuando cambia el signo político en la Moncloa, se prepara un nuevo texto con modificaciones a la anterior propuesta educativa. Así, la ley Celaá pretende cambiar algunos de los aspectos más controvertidos de la ley Wert, como los que tienen que ver con la lenguas cooficiales, la religión o la enseñanza concertada. Con la ayuda de Luz Martínez Seijo, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ponente de la ley, desentrañamos algunos de los puntos más polémicos.

No, no desaparece el castellano de las aulas en comunidades con lenguas cooficiales​

La lengua siempre es uno de los principales conflictos en materia de Educación y la terminología siempre se lee con detalle, aunque muchas veces no sea más que un cambio de palabras que no se traduzca en grandes modificaciones en la práctica. La semana pasada PP, Ciudadanos y Vox, que ya han anunciado su intención de llevar al Constitucional la nueva ley de Educación después de que se aprobara una enmienda que eliminaba del texto la especificación del castellano como "lengua oficial del Estado" y que establece que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

Tanto la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, como la portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, en esta entrevista, insisten en que esa modificación no supone en ningún caso que el castellano desaparezca de las aulas de las comunidades donde haya lenguas cooficiales, al contrario: "El sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno en la lengua castellana, en las otras lenguas oficiales donde lo sean, y en, al menos, un idioma extranjero, deseablemente dos. Por eso la ley establece que las Administraciones educativas aseguren que los centros realicen los análisis y evaluaciones, de modo que se garantice que todos los alumnos tienen la competencia lingüística en el nivel que corresponde en todas las lenguas. Además se establece que impulsarán la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas. Así se aumentará, por ejemplo, las horas de gallego en una zona donde la lengua predominante sea el castellano y de castellano donde la lengua socialmente más implantada sea el gallego", explica la ponente de la ley.
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LA FIRMA DE ÀNGELS BARCELÓ
Con la lengua y Ciudadanos hemos topado

Los padres podrán seguir eligiendo en qué centros estudian sus hijos​

La ley Celaá busca reforzar la educación pública y la concertada lleva meses mostrando su rechazo a una reforma que mengua algunos de los privilegios que ha mantenido desde hace muchos años. La Plataforma Concertados, que aúna a seis organizaciones, denuncia que "la LOMLOE quiere suprimir la libre elección de las familias y la demanda social como criterio para mantener o reducir aulas, además de reforzar el criterio de zonificación, que restringe todavía más esta libertad". Una afirmación que sólo es cierta en parte. Las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro pero la ley pretende garantizar que el proceso de admisión a los distintos centros sea más transparente y que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza.

"Lo que se elimina es el criterio de "la sintonía de los padres" con el proyecto educativo, que atenta contra la libertad de las familias y facilita que sean los centros educativos los que seleccionen al alumnado en contra de la igualdad de acceso y no discriminación que son constitucionales", explica Martínez Seijo.

La nueva ley primará en el proceso de admisión la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. Y ningún criterio por sí solo (excepto el de proximidad) podrá suponer más del 30% de los puntos.
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FIRMAS CONTRA LA LEY
El PP inicia una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá

Eliminación del concepto de "demanda social"​

La ley Wert permitía a los ceder suelo público para construir centros concertados bajo el concepto "demanda social" que desaparece con esta ley y que es una de las principales críticas de este tipo de escuelas. "El concepto de demanda social es un eufemismo para dar cobertura a la práctica extendida en algunas comunidades autónomas de ceder suelo municipal, incluso en zonas sin centros públicos, para centros privados de nueva creación promovidos por empresas sin trayectoria educativa a las que se concedía de antemano el concierto", detalla Martínez Seijo.

Bajo el paragüas de la "demanda social" muchos centros han visto incrementada su oferta considerablemente y se han dado casos en los que se ha utilizado ese suelo público para fines que poco tenían que ver con educación, como ocurrió en un colegio de Madrid donde se construyó un gimnasio privado.

La nota de Religión no contará para becas o el expediente​

El 60% de los centros concertados de España son religiosos. Bajo el lema Más libres, más plurales, más iguales, asociaciones de centros concertados y de padres impulsan movilizaciones para "parar la ley Celaá" y reclamar un pacto de Estado. Además de criticar la eliminación del concepto de demanda social, inciden especialmente en el hecho de que la nueva ley "vuelve a postergar la enseñanza de la religión". Incluso algunos centros católicos están transmitiendo la idea a la comunidad educativa de que se elimina esa asignatura por completo y que en su lugar se impartirá Educación en valores cívicos y éticos, con el fin de "adoctrinar".

La portavoz de Educación socialista aclara que la asignatura de Religión podrá seguir ofertándose pero recuerda que "el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la LOMCE". La nota de Religión no contará para becas o el expediente y ahora no tendrá asignatura espejo, como era hasta ahora Valores Éticos, para los que no quisieran religión.

"La LOMLOE plantea una asignatura o contenido transversal de Educación en valores cívicos y éticos para todos, en la que se puedan abordar temas como las instituciones democráticas, la Constitución, y los derechos y deberes de los ciudadanos", explica Martínez Seijo, y añade que, en este caso, sí contará para el expediente.

Los centros de educación especial no desaparecen​

Naciones Unidas elaboró en 2018 un duro informe en el que acusaba a España de tener "un sistema paralelo" de educación especial que considera que discrimina a los alumnos con ese tipo de necesidades. La ONU instaba a nuestro país a asegurar una educación inclusiva en centros ordinarios para todos los alumnos con discapacidad y acabar con el sistema de centros especiales.

En consonancia con este mandato, la LOMLOE propone incrementar los recursos de los centros ordinarios paulatinamente, "para que ninguna familia se quede sin escolarizar a su hijo o hija en un centro ordinario porque los centros no tengan los recursos ni los medios adecuados", señala Martínez Seijo que asegura que "el proyecto de Ley de Educación en ningún caso plantea el cierre de los centros de educación especial". Además establece que las Administraciones educativas continúen prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial "para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

Control a las cuotas de los concertados​

Hay una realidad de la que poco se habla: la mayoría de centros concertados cobran una cuota extra a los padres amparándose en argumentos de lo más variopintos: de una valla que nunca acaba de construirse a supuestas actividades complementarias de pago que se programan en horario de tiempo lectivo. Cobros en algunos casos muy altos que estas escuelas suman a los fondos públicos y que la ley Celaá pretende eliminar.

La ley quiere obligar a las comunidades autónomas a que controlen que la concertada no cobre cuotas de forma obligatoria pero podrán seguir existiendo de forma voluntaria. La forma de controlar esas recaudaciones en paralelo y lo que pase después si el alumno no paga esa cuota voluntaria es difícil de descifrar. De momento se trata en una declaración de intenciones contra una práctica que, según Martínez Seijo, "adultera el sentido del concierto, excluye a familias a las que se niega la libertad de elegir y hace competencia desleal a los centros privados,a demás de desprestigiar al conjunto de la concertada".

Fin a fondos públicos para centros que separan por s*x*​

La semana pasada también se aprobó la enmienda que prohibirá a los centros que segreguen por sexos recibir dinero público. Un punto que entra dentro de una serie de medidas que busca el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres entre las que se incluye también el impulso desde las Administraciones educativas al incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional, con menor demanda femenina.

 
Como si los.publicos no los pagáramos con nuestros impuestos
Yo pago el público también y no lo uso. Uso el concertado porque quiero unos valores para mi hijo que la pública, lo siento, pero hoy en día no me los da.
Pero no me quejo de tener que pagar un publico y no usarlo. Lo que hay es mucho sectarismo y mucho odio ,sobre todo a la religión católica,que es a la que pertenecen la mayoría de los concertados. Y que no me vengan con argumentos progres, que no cuela.
 

El Congreso rechaza una enmienda de la derecha para defender la escuela concertada frente a la pública en el último debate de la ley Celaá​

  • La mayoría del pleno apoyará la LOMLOE en la votación que tendrá lugar esta tarde, según han anticipado los grupos durante el debate de la mañana, que ha concluido con la bancada de la derecha en pie y golpeando la barandilla al grito de "libertad"

Foco
EDUCACIÓN
La ministra de Educación, Isabel Celaá, a su llegada al Congreso que este jueves. EFE/ Mariscal
Daniel Sánchez Caballero
19 de noviembre de 2020 11:43h
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Habremus ley Celaá. El Congreso ha comprometido en la mañana de este jueves su apoyo a la nueva ley de Educación (LOMLOE). Si ningún diputado se equivoca a la hora de pulsar el botón, así de apretada puede estar la votación, en algún momento de la tarde, cuando acaben los debates del Pleno, la ley Celaá será aprobada por el Congreso de los Diputados, finalizando de esta manera el primer y más importante trámite parlamentario.
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Si nadie cambia su sentido del voto respecto al anunciado durante la sesión matutina y con la incertidumbre de Bildu, que no ha desvelado su posición aunque se intuye una abstención, el Gobierno obtendrá 177 votos a favor (PSOE, UP-ECP, ERC, PNV y Más País) y 165 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Navarra Suma, CUP, Coalición Canaria y el PRC) junto a 7 abstenciones (Bildu, Teruel Existe y BNG).

El dictámen ha salido adelante con la forma que el PSOE ha querido: el partido escribió la ley y ha ido aprobando todas las enmiendas que presentó y otras que apoyó, especialmente pero no solo de Unidas Podemos. Ninguna de las más de 300 enmiendas que se han aprobado lo han hecho sin el consentimiento del PSOE, pese al susto de última hora esta mañana. PNV y Junts presentaron a última hora de ayer una enmienda en defensa de la escuela concertada que rápidamente consiguió el apoyo de PP, VOX, Ciudadanos y otros votos sueltos de partidos pequeños como UPN y el PRC. La enmienda pretendía eliminar el punto 5 del artículo 109, sobre la oferta de plazas, que dice: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública". También, donde la LOMLOE habla de "garantizar la existencia suficiente de plazas públicas", añadía un "y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población".

En esas, con la abstención de ERC la enmienda habría salido adelante. El partido alimentó la incertidumbre sin desvelar el sentido de su voto, sobre el que había dudas por la alta presencia de la escuela concertada en Catalunya. Finalmente rechazó la enmienda y la garantía de ofertas de plazas queda en la ley adjudicada a la red pública.

El debate se ha desarrollado con corrección hasta el final de la intervención de la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo. Cuando iba acabando la parlamentaria, desde el sector que ocupa la derecha en el Congreso ha ido incrementándose el nivel de ruido, hasta interrumpir a la portavoz. Cuando esta ha conseguido acabar, todo el frente derecho del hemiciclo se ha levantado y se ha empezado a gritar "libertad, libertad" mientras golpeaban sus escaños.

Los gritos de la bancada de la derecha, seguidos con más entusiasmo por algunos diputados que otros, han sido respondidos por aplausos entre los partidos que componen el Gobierno por la aprobación de la ley (aunque formalmente será esta tarde). Bajo la protesta de PP y Vox está el elemento que más ha separado a los dos grupos durante la tramitación de la ley: el papel de la concertada, que el texto rebaja algo no de manera directa, pero sí reforzando la educación pública como garante de la oferta educativa.

Antes de la bronca, cada partido ha reiterado la posición que venían explicando en la Comisión de Educación estas semanas pasadas y dejando claro las posturas tan alejadas entre bloques, que ha resumido Sergi Miquel, de JxCat. "Necesitábamos una ley no de un bando, sino un poco de todos", ha afirmado tras agradecer al PSOE su "buena disposición" al diálogo pese a no haberse entendido. Sandra Moneo, del PP, ha sido menos amable con el Gobierno: "Es una ley profundamente ideologizada, que suprime la cultura del esfuerzo y la búsqueda de calidad", y ha acusado al Gobierno de romper con todo: con la lengua por el castellano, con la "demanda" de la sociedad de alcanzar un pacto y con la libertad de las familias. Martínez Seijo, del PSOE, le ha reprochado que defiendan solo la libertad de quien más tiene y ha reprochado la campaña que está realizando la escuela concertada contra la ley, con el uso de alumnado menor de edad incluido. Javier Sánchez Serna ha defendido que hoy es "un mal día para quien defiende que la educación es un privilegio de clase" y ERC ha destacado que "no es nuestra ley, pero es mejor de lo que había y era un deber moral desactivar la ley Wert", mientras Miquel, de JxCat, le ha afeado a la izquierda "su obsesión por que todo sea público".

La LOMLOE pasa ahora al Senado, por tanto, donde no se prevén grandes cambios por la mayoría que tiene el PSOE. La ley mantiene los cambios que se han acordado estas semanas: se elimina la referencia la castellano como lengua vehicular de la enseñanza, se pone la escuela pública como garante de la oferta educativa y se tratará de reducir la segregación del alumnado distribuyéndolo de manera equitativa por la red de centros sostenidos con fondos públicos, no habrá Ética en 4º, entre otros.

 
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